VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-36/2022

Fecha de clasificación: 21 de octubre de 2022, aprobada en la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la información del TEPJF mediante acuerdo CT-CI-OT-24-2022.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: Confidencial por contener datos personales o elementos y/o situaciones sensibles.

Periodo de clasificación: Sin temporalidad por ser confidencial.

Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

                                                           Laura Tetetla Román

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-36/2022

PARTE ACTORA:

JUAN CARLOS RIVERA SÁNCHEZ

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIA:

PERLA BERENICE BARRALES ALCALÁ

COLABORÓ:

ANA CAROLINA VARELA URIBE

Ciudad de México, a 25 (veinticinco) de agosto de 2022 (dos mil veintidós)[1].

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes y ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones mientras que le absuelve de otras.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

1. Relación jurídica

1.1. Inicio. La parte actora señala que comenzó a prestar sus servicios para el INE a partir del 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) como orientador de módulo del XXIII Distrito Electoral ubicado en el entonces Distrito Federal; refiere que desde esa fecha hasta el 16 (dieciséis) de febrero del año 2000 (dos mil) desempeñó diversas categorías para el demandado y percibió distintos salarios[3].

1.2. Plaza presupuestal. La parte actora manifiesta que el 16 (dieciséis) de febrero del año 2000 (dos mil)[4] -y así lo reconoce el INE en la contestación[5]- le fue asignada una plaza presupuestal o de personal de la rama administrativa como secretario de junta distrital del entonces IFE.

1.3 Relación jurídica actual. Refiere que actualmente desempeña el cargo de secretario y se encuentra adscrito a la Junta Distrital; siendo sus funciones actividades secretariales en general.

2. Juicio Laboral

2.1. Demanda. El 21 (veintiuno) de junio[6], la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE a fin de demandar el reconocimiento de la relación laboral por el periodo de 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) hasta el 16 (dieciséis) de febrero del año 2000 (dos mil), así como el pago de diversas prestaciones.

2.2 Turno. El día de la presentación de la demanda[7], se integró el expediente SCM-JLI-36/2021 que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

2.3. Recepción, admisión y emplazamiento. El 23 (veintitrés) de junio, la magistrada recibió dicho expediente, admitió la demanda, y emplazó a juicio al INE.

2.4. Contestación a la demanda. El 7 (siete) de julio[8] el INE contestó la demanda, opuso excepciones y defensas, asimismo ofreció pruebas.

2.5. Recepción de la contestación y audiencia. El 12 (doce) de julio, la magistrada tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos a desahogarse por videoconferencia[9] la cual se celebró en su oportunidad[10] y en la que, una vez desahogadas la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes y al no quedar diligencias pendientes, la magistrada cerró la instrucción el 12 (doce) de agosto.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio, por tratarse de una demanda presentada para impugnar del INE -entre otras cuestiones- el reconocimiento de una relación laboral que según señala la parte actora inició cuando fue contratada como orientador de módulo del XXIII Distrito Electoral ubicado en el entonces Distrito Federal el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) siendo que el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil) se le otorgó la plaza presupuestal como parte del personal de la rama administrativa del demandado. Además, la parte actora refiere que actualmente se desempeña como secretario en la Junta Distrital; entidad federativa que está dentro del ámbito territorial donde esta sala ejerce jurisdicción. Lo anterior, tiene su fundamento en:

   Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
166-III.e) y 176.

   Ley de Medios. Artículos 3.2.e) y 94.1.b).

   Acuerdo INE/CG329/2017 que estableció el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera[11].

Cabe señalar que la Constitución prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver los Juicios Laborales; así, cuando una persona que dice haber mantenido una relación laboral con el INE plantea una vulneración a sus derechos y la expone en una demanda, sujeta a este Tribunal Electoral a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

Lo anterior, con independencia de que el INE pueda invocar diversas excepciones y defensas con el propósito de evidenciar que quien promueve carece de acción y derecho para reclamar las prestaciones, debido a la inexistencia de un vínculo laboral.

En este entendido, determinar la existencia o no de dicho vínculo forma parte de la controversia, como en el caso acontece, de ahí que sea un supuesto que actualiza la jurisdicción de este Tribunal Electoral[12].

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable. En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La LFTSE.

b.       La Ley Federal del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento.

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación. Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO[13].

3.1 De la demanda

3.1.1 Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Ley de Medios pues fue presentada por escrito, en ella la parte actora plasmó su nombre y firma, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causan perjuicio, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.

3.1.2 Oportunidad. La demanda es oportuna pues la parte actora alega una supuesta omisión de reconocer la relación laboral que le une con el INE y reclama el pago de diversas prestaciones derivadas de esa circunstancia.

Al respecto, la Sala Regional ha sostenido el criterio[14] de que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme a los artículos 50-III de la LFTSE y158 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral -como sucede en el caso-, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los Plenos de Circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO[15], el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado "De la prescripción".

Adicionalmente, al tratarse de una omisión, también resulta procedente la jurisprudencia de la Sala Superior ha señalado 15/2011 de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATANDOSE DE OMISIONES[16] que las omisiones
-como acto reclamado- constituyen violaciones de tracto sucesivo, ya que sus efectos se actualizan día a día, debiéndose tener por presentada la demanda -en el caso- en forma oportuna mientras subsista la supuesta inactividad del demandado, es decir, el reconocimiento del inicio de su relación laboral.

3.1.3 Legitimación. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que acude personalmente, alegando la falta de reconocimiento de una relación laboral que afirma haber sostenido con el demandado desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) y demandando el pago de diversas prestaciones.

3.1.4 Interés jurídico. La parte actora lo tiene dado que se trata de una persona que manifiesta prestar sus servicios al INE desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos), por lo que demanda el reconocimiento de la relación laboral por el periodo que no le ha sido reconocido, esto es, desde esa fecha hasta el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil) -antes de que le fuera otorgada una plaza
presupuestal-, así como el pago de diversas prestaciones, lo que según refiere vulnera sus derechos humanos y laborales.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

3.2. De la contestación

3.2.1 Oportunidad. El escrito fue presentado en el plazo de 10 (diez) días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios pues el INE fue notificado del acuerdo de admisión de la demanda el 23 (veintitrés) de junio, por lo que el plazo transcurrió del 24 (veinticuatro) de junio al 7 (siete) de julio[17] y la contestación se presentó este último día, por lo que es evidente su oportunidad.

3.2.2 Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha pues acude por conducto de una persona apoderada a quien se le reconoció su calidad en el acuerdo 12 (doce) de julio.

CUARTA. Acciones y pretensiones de la parte actora. De su demanda puede advertirse que la parte actora pretende que esta Sala Regional declare el reconocimiento de una relación laboral que según señala el demandado ha sido omiso en reconocer, y específicamente reclama las siguientes prestaciones:

a.     El reconocimiento de la relación laboral entre la parte actora y el demandado desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) y hasta el 16 (dieciséis) de febrero del año 2000 (dos mil), fecha en que refiere le fue otorgada la plaza presupuestal o de personal de la rama administrativa.

b.    El pago de las cuotas y aportaciones que el INE omitió realizar al ISSSTE desde que la parte actora ingresó a laborar, ya que refiere que ha tenido una relación laboral ininterrumpida con el INE desde el “16 (dieciséis) de diciembre de 1990 (mil novecientos noventa)”[18]. El pago de la cantidad que resulte de todas y cada una de las prestaciones que establecidas en el Manual, tales como “Despensa oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para alimentos”, “Día de reyes”, “Día del niño [de la niñez]”, “Día de la madre”, “Vales de fin de año”, “Prima quinquenal” que refiere dejó de percibir durante el tiempo que ha laborado para el INE, especialmente, las que corresponden a un año anterior a la presentación de la demanda. El pago de 15 (quince) horas extras semanales a razón de salario integrado por lo que hace al último año de labores, más las horas extras sabatinas que tenía que cubrir en las guardias que le asignaban cubrir[19].

c.     Pago del incentivo por años de servicios de conformidad con el artículo 395 del Manual[20].

QUINTA. Pruebas admitidas y desahogadas

5.1 De la parte actora

Para acreditar lo anterior, se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

1.      Instrumental de actuaciones

2.      Presuncional en su doble aspecto, legal y humana

3.      Documentales privadas[21] consistentes en:

a.   Comprobantes de pago de los periodos siguientes:

b.   Originales de credenciales:

c.   Original de reconocimiento otorgado a favor de la parte actora por el IFE por su participación en el programa “Nueva Credencial para votar con fotografía” en su etapa regional que se llevó a cabo de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) a agosto de 1993 (mil novecientos noventa y tres) firmado por las personas titulares de la Dirección General y Ejecutiva del Registro Federal de Electores (y Personas Electoras).

d.   Original del reconocimiento otorgado por el entonces IFE a favor de la parte actora, por su comprometida participación en las labores del Proceso Electoral Federal 1999-2000, de fecha julio de 2000 (dos mil), firmado por las personas titulares de la Vocalía Ejecutiva, de Organización Electoral, Secretaría y del Registro Federal Electoral.

4.      Copia del expediente personal de la parte actora. La parte actora señala que solicitó su expedición por escrito el 6 (seis) de junio, con las constancias (1) de su contratación, (2) de sus sueldos, salarios, conceptos y asimilados, crédito al salario y subsidio al empleado (y personas empleadas) correspondientes a los ejercicios fiscales del año 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 2000 (dos mil), (3) los informes mensuales y quincenales, y (4) los controles de asistencia que se llevan en la fuente de trabajo.

5.2 Del demandado

Para demostrar sus excepciones al INE le fueron admitidas y desahogadas las siguientes pruebas:

1.   Documentales consistentes en:

a.   Copia certificada de (2) dos expedientes personales de la parte actora[22] que contienen la siguiente documentación:

         Primer expediente personal:

         Segundo expediente personal

b.   Listado de pagos de vales de despensa con motivo de la prestación del día del padre 2021 (dos mil veintiuno);

c.   Listado de nómina denominadas vales de fin de año “QNA” 23/2020 (veintitrés diagonal dos mil veinte) y “QNA” 23/2021 (veintitrés diagonal dos mil veintiuno);

d.   Copias certificadas de listas de asistencia del personal a la Junta Distrital, que comprenden desde el 1° (primero) de junio del año 2021 (dos mil veintiuno) al 30 (treinta) de junio del año 2022 (dos mil veintidós)[106].

e.   Impresión de 40 (cuarenta) recibos de nómina a favor de la parte actora, consistentes en Certificados Fiscales Digitales por Internet de pagos quincenales correspondientes a los años 2020 (dos mil veinte), 2021 (dos mil veintiuno) y 2022 (dos mil veintidós)[107].

f.     Impresión del expediente electrónico SINAVID[108]  de la parte actora;

2.   Instrumental de actuaciones; y

3.   Presuncional legal y humana.

SEXTA. Determinación de la controversia y estudio de fondo

6.1 Controversia

La pretensión de la parte actora es que esta Sala Regional reconozca la existencia de la relación laboral que alega existió desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos)[109] siendo que hasta el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil) se le otorgó una plaza presupuestal como parte del personal de la Rama Administrativa del demandado; asimismo, demanda el pago de diversas prestaciones.

Debe precisarse que el periodo a probar va desde la fecha de inicio indicada hasta el 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil), en el entendido de que no es un hecho controvertido entre las partes que el 16 (dieciséis) de febrero de ese año se otorgó a la parte actora la plaza presupuestal o del personal de la Rama Administrativa, en la que actualmente labora[110].

En primer lugar, el INE niega que el inicio de la relación haya sido el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) y señala que comenzó el 1º (primero) de marzo de 1993 (mil novecientos noventa y tres), que no fue de naturaleza laboral sino civil y tuvo interrupciones en el periodo reclamado[111].

En consecuencia, el demandado hace valer la improcedencia de la acción y falta de derecho de la parte actora para reclamar el pago de prestaciones de índole laboral como antigüedad laboral, inscripción retroactiva, pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda de alimentos, día de reyes, día de la niñez, día de las madres, vales de fin de año, prima quinquenal, horas extras e incentivo por años de servicio y demás prestaciones.

Dicho lo anterior, primero, se analizará la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes en el periodo controvertido.

Posteriormente, se estudiará si es procedente el pago de las prestaciones hechas valer por la parte actora en tanto que la determinación de la antigüedad puede incidir en aquellas en las que los montos a los que tiene derecho aumentan conforme los años trabajados (prima quinquenal) o el paso de los años permite su disfrute (incentivo por años de servicio), por lo que es conveniente resolver ese punto de la controversia primero.

6.2 Naturaleza de la relación jurídica entre la parte actora y el INE

En principio, es preciso señalar que el criterio que ha adoptado esta Sala Regional en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral y prestaciones inherentes a dicho reconocimiento, se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior[112] para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está vinculada con el derecho fundamental a la seguridad social previsto constitucionalmente[113].

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior[114] es que previamente se haya emitido un documento o determinación en la cual se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes, supuesto en que resultaría aplicable el plazo de 1 (un) año para controvertir el acto respectivo.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivados de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les corresponden en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Caso concreto

Dado que la parte actora solicita que sea reconocida la relación laboral que -afirma- sostuvo con el INE del 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) hasta el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil), corresponde al demandado demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo es de naturaleza civil.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO[115].

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge -con independencia del acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

1.     La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio del empleador o empleadora.

2.     La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la o el trabajador.

3.     El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte[116] ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre un servidor o servidora pública y el INE se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, esta Sala Regional, de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas por las partes[117], analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

1.     La prestación de un trabajo personal

A juicio de la Sala Regional, la relación entre la parte actora y el INE implicaba la prestación de un trabajo personal por parte de la primera como se demuestra a continuación.

La parte actora señala que empezó a trabajar para el demandado como orientador de Módulo en el entonces XXII Distrito Electoral el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos), cuestión que el demando niega y sostiene que en realidad la relación inició el 1º (primero) de marzo de 1993 (mil novecientos noventa y tres), pero se rigió por las disposiciones de carácter civil.

Si bien el demandado negó la existencia de relación laboral, no ofreció pruebas para demostrarlo a pesar de tener la carga probatoria para hacerlo y constar en el expediente indicios de que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral.

Esto, pues dentro de las pruebas aportadas por la parte actora consta el reconocimiento que le fue entregado por su participación en las actividades para emitir credenciales para votar con fotografía durante el período de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) a agosto de 1993 (mil novecientos noventa y tres).

También constan 2 (dos) recibos de pago exhibidos por la parte actora y expedidos por el entonces IFE que, a pesar de ser documentos privados al no estar objetados en cuanto a su autenticidad, demuestran la existencia de la relación entre las partes de forma previa al contrato más antiguo ofrecido como prueba por el demandado [de 1º (primero) de marzo de ese año]:

1.     De 1º (primero) de febrero de 1993 (mil novecientos noventa y tres).

2.     De 21 (veintiuno) a 28 (veintiocho) de febrero de 1993 (mil novecientos noventa y tres).

En estos recibos se identifica a la parte actora como parte trabajadora ya que textualmente asientan que se expiden a “Nombre del empleado”, que tiene una categoría específica y cuenta con adscripción a un área determinada.

Por su parte el INE solo afirma que su relación es de carácter civil, sin ofrecer las pruebas concernientes al tipo de contrato que sostenía con la parte actora, como tiene obligación legal de hacerlo.

En efecto, de acuerdo con los artículos 784-VII de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la parte patronal acreditar su dicho cuando exista controversia sobre el contrato de trabajo.

En el caso, la controversia en este punto se fija en que la parte actora señala haber desarrollado un trabajo subordinado relacionado con las funciones del demandado, en el área que le asignó, conforme a un horario fijado por el mismo y con las herramientas que le proporcionó[118], es decir, como persona orientadora de Módulo.

Es importante destacar que el desarrollo de labores en el Módulo está relacionado con una de las atribuciones constitucionales con las que se dotó al IFE en su creación[119], es decir, las actividades relacionadas con el padrón electoral, ya que los trámites para su actualización y creación se desarrollaban en los mismos.

También en estos se obtenía la credencial para votar, que en el año de 1992 (mil novecientos noventa y dos) se introdujo a su formato la fotografía de la ciudadanía[120], actividad en la que laboró la parte actora, tal como se acredita con el reconocimiento ofrecido por la parte actora por su participación durante el período de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) a agosto de 1993 (mil novecientos noventa y tres).

Si bien el reconocimiento y los recibos dan cuenta de una relación entre las partes en que la parte actora prestó sus servicios al entonces IFE relacionados con las que -desde entonces- eran atribuciones exclusivas y permanentes de dicho instituto, el demandado no ofrece alguna prueba que demuestre una relación o contrato distinto al laboral, a pesar de tener la obligación para hacerlo, según los artículos 784-VII y 804-I de la Ley Federal del Trabajo.

En consecuencia, está actualizado el supuesto previsto en el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo que establece la presunción de ser ciertos los hechos de la demanda cuando no se conserven y exhiban en juicio los documentos establecidos en el artículo 804 de la misma ley, por lo que al inicio de su relación, la parte actora desempeñó una labor personal dentro de los horarios asignados por el demandado y con los instrumentos que le proporcionó.

Respecto a los cargos que desempeñó posteriormente[121], el INE exhibió 9 (nueve) constancias de nombramientos otorgados a la parte actora, 5 (cinco) contratos que suscribió con esta, 1 (un) “Formato Único de Movimientos y/o Constancia de Nombramiento” y 3 (tres) cédulas de evaluación del desempeño del personal de la Rama Administrativa, tal como se expone en el cuadro siguiente:

Estas constancias constituyen documentales privadas con valor indiciario[140], pero al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, y no haber sido controvertidos en cuanto a su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

Del análisis de las constancias de nombramientos la Sala Regional advierte que tienen estas notas en común:

(i)                Se identifica a la parte actora como “el trabajador”.

(ii)              Señala que la relación de trabajo es “de confianza” y por “tiempo determinado”.

(iii)           La parte contratada se compromete a estar bajo la dirección y vigilancia del demandado, así como a seguir sus instrucciones.

(iv)           Los servicios se prestarán en el lugar que le designe el demandado.

(v)              Fija un horario para desempeñar sus funciones y un día de descanso a la semana.

(vi)           Pacta el pago de un salario y la entrega de un aguinaldo a favor de la parte actora.

Las actividades que llevaba a cabo en cada uno de los puestos en que se nombró a la parte actora son las siguientes:

Por otro lado, los contratos suscritos a partir de 1996 (mil novecientos noventa y seis) tienen estos rasgos comunes:

(i)                Se denomina a la parte actora como “prestador de servicios”.

(ii)              Establece las instalaciones de uno de los órganos del demandado como la sede donde debe prestar sus servicios, pero que puede enviársele a otra área dependiendo las necesidades del servicio.

(iii)           Pactaron una cantidad como contraprestación a favor de la parte actora, pero se niega el derecho a cualquier otra prestación diversa.

(iv)           El demandado tiene las facultades de supervisar y vigilar la prestación de servicios y sugerir las modificaciones que considere pertinentes.

(v)              Indica la vigencia del contrato.

Las actividades para las que se le contrató son las que siguen:

Como puede verse desde el inicio de la relación que unió a las partes, la parte actora se ha desempeñado en actividades vinculadas a la credencialización de la ciudadanía, la creación y actualización del padrón electoral, así como a la precisión de la geolocalización de las personas votantes.

La descripción de las funciones de los cargos en que se nombró o contrató a la parte actora coinciden con lo manifestado en la demanda, están vinculadas a las atribuciones del demandado y demuestran que ha desempeñado actos materiales, concretos y objetivos a su favor.

En efecto, desde el inicio de la relación entre las partes, la parte actora se desempeñó realizando actividades relacionadas con la formación del padrón electoral que desde entonces era atribución exclusiva del IFE[141] y a partir del cual se emiten las credenciales para votar, mismas a las que han estado vinculados los nombramientos que ha recibido la parte actora y puestos para el que le ha contratado.

Cabe destacar que una vez el demandado le incorporó a la Rama Administrativa como profesional de servicios especializados, la parte actora se mantuvo en el mismo sector de las atribuciones del demandado.

Por tanto, la Sala Regional concluye que la parte actora realizaba funciones propias de las facultades del INE, pues estaban relacionadas con la expedición de credenciales para votar, geolocalización y asegurar la documentación e información presentada por la ciudadanía, de ahí que pueda concluirse que prestaba un trabajo personal en beneficio del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues lo controvertido es la naturaleza de dicha relación[142].

2. Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que trabajó para el INE siempre lo hizo de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que le proporcionó y siempre bajo órdenes y supervisión de otras personas funcionarias del INE.

Por su parte, el demandado manifiesta que la parte actora jamás estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas del funcionariado del INE.

Al respecto, de los recibos correspondientes al mes de febrero de 1993 (mil novecientos noventa y tres), el reconocimiento por sus labores en la credencialización realizadas en 1992-1993 y contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades señaladas con anterioridad no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho instituto
-cuestión que se estableció en sus nombramientos[143] y contratos[144]-.

Cabe señalar que en los recibos de pago referidos, se le identificó claramente como “empleado” y que de los nombramientos que se le entregaron al inicio de la relación se estableció que se obligaba a prestar sus servicios “…bajo la dirección y vigilancia …” del demandado, de quien debería “…seguir todas y cada una [de] las instrucciones que reciba en relación a la forma y lugar en que deba desarrollar el trabajo…”[145].

En los contratos que presentó el demandado puede verse que estaba facultado para “…supervisar y vigilar la adecuada prestación de los servicios y sugerir las modificaciones que considere necesarias…”[146].

Las actividades que desempeñó la parte actora estuvieron relacionadas con la creación y actualización del padrón electoral, a partir del cual se emiten las credenciales para votar, que es una atribución exclusiva del demandado, desde que estuvo constituido como IFE[147] y como en actual conformación del INE[148], misma que realiza a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral[149].

La Dirección Ejecutiva de dicho registro tiene entre sus atribuciones la de formar el padrón electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que debían ser analizadas en un contexto integral, en virtud de que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del demandado lo que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Por otra parte, dadas las funciones que la parte actora desempeñó para el INE -otrora IFE- en el periodo controvertido no las realizó con recursos propios, sino con los medios que le proporcionó el demandado; lo que se advierte de los nombramientos y contratos en que incluso se acordó que la parte actora prestaría sus servicios en el lugar o lugares que designara y en los horarios establecidos por este.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que estos son realizados con medios propios de quien los presta; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el demandado.

Por tanto, se advierte que entre las partes existió una relación jurídica laboral lo que se evidencia pues las actividades establecidas en los nombramientos -en el que incluso se le reconoció como trabajador- y convenidas en los contratos que la parte actora debería realizar no podía llevar a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del demandado, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre, sino que las hizo bajo la supervisión de su funcionariado.

De ahí que la sola denominación de los contratos exhibidos por el demandado -en que se identifica a la parte actora como “el prestador de servicios”- es insuficiente para acreditar una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte que las actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones de su personal y con equipo, espacios y horarios proporcionado por el mismo.

Sirve de sustento la jurisprudencia I.1o.T. J/52 de rubro CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA[150] que establece como criterio para distinguir una relación es civil la comprobación de que la persona prestadora del servicio es profesionista, que el servicio lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.

Esto, pues de los nombramientos y contratos electrónicos analizados se advierte que en el caso se reúnen los elementos de una relación laboral ya que las actividades que debía realizar la parte actora se efectuaron con medios proporcionados por el demandado que no eran propiedad de la parte actora y bajo la dirección del INE -antes IFE- al no poder desarrollarse al libre albedrío o voluntad de la parte actora dado que le eran asignadas y supervisadas por personal del demandado para realizarse atendiendo a sus horarios de prestación de servicios y atención a la ciudadanía, por lo que también debían ser realizados en un espacio físico determinado por este.

De lo anterior es evidente que la parte actora estuvo subordinada a las instrucciones del demandado para desempeñar las labores para las que se le contrató y otorgó nombramiento, por lo que la relación que existió entre las partes fue de naturaleza laboral, porque esta solo puede existir cuando tiene el elemento de la subordinación[151].

3. Pago de un salario

También se actualiza el tercer elemento de la relación laboral consistente en el pago de un salario.

Lo anterior, porque de los recibos, nombramientos y contratos exhibidos por el demandado se desprende que entregaría a la parte actora cierta cantidad de dinero en retribución por el trabajo que desempeñaría para este.

Tal entrega se acredita con los recibos de pago y de las aportaciones que el demandado hizo a favor de la parte actora por concepto de ahorro para el retiro[152], que se admitieron como pruebas de la parte actora y corresponde al período controvertido[153], como se ve en la siguiente relación:

La Sala Regional tiene por acreditado el pago de un salario a partir de lo que se advierte de los recibos y comprobantes exhibidos por la parte actora, los que si bien se trata de documentos privados, logran generar convicción de su contenido ya que la parte demandada no objetó estas pruebas en cuanto a su autenticidad sino solamente en cuanto a lo que se pretendía acreditar con ellas[154].

Asimismo, opera la presunción establecida en el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo, debido a que el demandado tenía la obligación de conservar y exhibir en juicio los recibos de pago de salario -según lo establece el artículo 804 de la misma ley-, sin embargo, al contestar la demanda negó la existencia de estos documentos[155].

No obsta a esta determinación que el demandado denomine el pago entregado a la parte actora en los recibos correspondientes a los años 1999 (mil novecientos noventa y nueve) y 2000 (dos mil) como “honorarios”, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales que la denominación de honorarios no determina por sí misma que la relación jurídica entre las partes contratantes sea de naturaleza civil, porque como se señaló, esta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, y dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubros CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA[156]; y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA[157].

* * *

En tal sentido, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral porque como quedó expresado las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del demandado que no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual. Por su parte, el INE no logró demostrar que la relación que mantuvo con la parte actora era de naturaleza civil.

De esta forma, resultan improcedentes las excepciones del demandado que se sustentaron en el supuesto carácter civil de la relación, al no acreditar su afirmación, tal como señala las tesis del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito de rubro RELACION LABORAL, NEGATIVA DE LA[158] y I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro RELACION LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA[159].

6.3 Temporalidad y continuidad de la relación laboral

Esta Sala Regional ha sostenido que, de conformidad con los artículos 784 fracciones I, II y VII y 804-I de la Ley Federal del Trabajo, en caso de controversia el demandado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto al ingreso de la parte trabajadora, de la antigüedad o discontinuidad en la relación que le unió con la parte actora, y los contratos de trabajo, debido a que tiene la obligación de conservar los documentos relativos a esos hechos. En caso de no exhibirlos en el juicio, establece la presunción de que es cierto lo que afirma la parte trabajadora al respecto[160].

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VII.2o.T. J/41 (10a.) de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN[161].

En el caso, la parte actora solicitó la exhibición de su expediente personal en el que incluyera sus contratos, controles de asistencia, comprobantes de pago de salarios e informes mensuales. Si bien el demandado entregó el expediente, señaló que esos documentos no existían.

Esta cuestión se tomará en cuenta en este apartado en que se analiza el inicio y continuidad en la relación laboral, punto de controversia entre las partes.

El demandado afirmó que no existió continuidad de la relación en los siguientes periodos[162]:

a.     Sobre el primer periodo de interrupción [20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) a 28 (veintiocho) de febrero de 1993 (mil novecientos noventa y tres)]

La Sala Regional considera acreditado que la relación inició el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) en el cargo de orientador de Módulo en el entonces XXII Distrito Electoral, a pesar de que el demandado niega este hecho y afirma que la relación inició el 1º (primero) de marzo de 1993 (mil novecientos noventa y tres). Se explica.

La Sala Regional considera que opera la presunción que se desprende del artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo y la presentación de pruebas de la parte actora por el periodo en que el INE afirmó no existía un vínculo que les uniera ya que si bien el demandado negó la existencia de relación laboral y que haya iniciado en la fecha indicada en la demanda y, a su vez, afirmó que inició en una posterior, no ofreció pruebas para demostrarlo a pesar de tener la carga probatoria para hacerlo y constar en el expediente indicios de que la relación que unió a las partes comenzó antes de la fecha referida por el INE.

Esto se debe a que existen pruebas en el expediente que acreditan la existencia de una relación antes de la fecha que el demandado reconoció como inicio de la relación:

(i)                El reconocimiento por su participación en las actividades para emitir credenciales para votar con fotografía durante el período de noviembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) a agosto de 1993 (mil novecientos noventa y tres).

(ii)              2 (dos) recibos de pago expedidos por el entonces IFE

1.     De 1º (primero) de febrero de 1993 (mil novecientos noventa y tres).

2.     De 21 (veintiuno) a 28 (veintiocho) de febrero de 1993 (mil novecientos noventa y tres).

Si bien se trata de documentos privados, al no estar objetados en cuanto a su autenticidad, demuestran la existencia de la relación entre las partes de forma previa al contrato más antiguo ofrecido como prueba por el demando [de 1º (primero) de marzo de ese año].

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que demandado no ofrece pruebas de sus afirmaciones lo que genera, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la presunción de ser cierto lo que afirma la parte actora y acredita con las pruebas referidas.

En efecto, de acuerdo con los artículos 784 fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la parte patronal acreditar su dicho cuando exista controversia sobre la fecha de ingreso y la antigüedad de la parte trabajadora.

La controversia en este punto versa sobre el ingreso y antigüedad de la parte actora, por lo que se actualizan esos supuestos normativos.

Esta carga no se libera con la presentación de pruebas que corresponden a un periodo diverso al que está en controversia, como sucede en el caso en que el demandado exhibió un contrato del 1º (primero) de marzo de 1993 (mil novecientos noventa y tres)[163], ya que estaba en posibilidades de comprobar su dicho a través de los documentos que tiene la obligación conservar y exhibir en juicio, según el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, tales como lista de raya o nómina, o controles de asistencia.

Estos documentos, aunque de carácter general, serían aptos para demostrar -de ser el caso- la veracidad de la afirmación del INE respecto a que la parte actora no laboró para el demandado desde la fecha que señala en la demanda, lo cual no implicaba para el INE la demostración de un hecho negativo sino la acreditación respecto al inicio de la relación laboral entre las partes.

En estos términos lo han considerado los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis aislada I.11o.T.77 L (10a.) de rubro ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). CUANDO DEMANDAN SU RECONOCIMIENTO, EL PATRÓN PUEDE OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA ACREDITAR QUE AQUÉLLOS NO PRESTARON SUS SERVICIOS EN EL PERIODO RECLAMADO, LO CUAL NO IMPLICA DEMOSTRAR UN HECHO NEGATIVO[164].

Sin embargo, el demandado no ofreció lista de raya o nómina, controles de asistencia o alguno que pudieran acreditar sus afirmaciones y pudieran desvirtuar las pruebas aportadas por la parte actora; incluso negó la existencia tanto de ese tipo de documentos como de pago de salarios o sueldos y los que pudieran comprobar el disfrute de vacaciones por todo el período del que la parte actora solicita el reconocimiento de la relación laboral, a pesar de que los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo le imponen la obligación de tenerlos y exhibirlos en juicio cuando existe controversia sobre la fecha de ingreso, antigüedad y el tipo de contrato.

En ese sentido, también lo considera la Suprema Corte en los casos en que la parte patronal admite que la parte trabajadora le ha prestado servicios, pero niega el periodo indicado por esta o señala uno diverso, casos en que le corresponde probar sus afirmaciones en atención al principio general del derecho de que quien niega tiene la obligación de probar cuando esto envuelva la afirmación, tal como puede verse en la tesis aislada de rubro ANTIGÜEDAD, PRUEBA DE LA[165].

Esta carga para el INE es razonable y justificada ya que tiene la obligación[166] de conservar los documentos fundamentales de la relación laboral y está en mejor posición para hacerlo dado que recae en el mismo su creación para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, fiscal y de seguridad social.

Al respecto, resulta orientadora la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito III.3o.T.8 L (10a.) de rubro CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA LABORAL. LA IMPUESTA AL PATRÓN RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, AL SER RAZONABLE Y JUSTIFICADA POR TENER UNA SITUACIÓN DE MAYOR DISPONIBILIDAD Y FACILIDAD DE LOS MEDIOS PROBATORIOS[167].

La exhibición de estos documentos también fue solicitada por la parte actora, que ofreció como prueba su expediente personal por el período controvertido -que previamente solicitó al INE-, que pidió integrar con las (1) de su contratación, (2) de sus sueldos, salarios, conceptos y asimilados, crédito al salario y subsidio al empleado [o personas empleadas] correspondientes a los ejercicios fiscales del año 1992 (mil novecientos noventa y dos) al 2000 (dos mil), (3) los informes mensuales y quincenales, y (4) los controles de asistencia que se llevan en la fuente de trabajo.

Esta prueba -que también ofreció y exhibió el INE- se admitió en la audiencia de 12 (doce) de agosto.

El INE entregó 2 (dos) copias de los expedientes personales, uno por el periodo controvertido y otro desde que la parte actora se incorporó a la Rama Administrativa, sin embargo, negó la existencia de recibos de pago de salario, informes mensuales, constancias de vacaciones, tarjetas o controles de asistencia a nombre de la parte actora, a pesar de que en caso de ser su patrón tenía la obligación de conservar y exhibir en el juicio los documentos relativos a la controversia sobre el inicio de la relación y la antigüedad como persona trabajadora de la parte actora.

Así, de la presunción que opera conforme al artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo, así como al reconocimiento y recibos de pago ofrecidos y admitidos como pruebas de la parte actora, se puede inferir que -contrario a lo sostenido por el INE- existió una relación previa a la que reconoció en la contestación de la demanda.

En consecuencia, está actualizado el supuesto previsto en el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo que establece la presunción de ser ciertos los hechos de la demanda cuando no se conserven y exhiban en juicio los documentos establecidos en el artículo 804 de la misma ley, por lo que se tiene como inicio de la relación el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) en un puesto que implicaba el desempeño de una labor personal dentro de los horarios asignados por el demandado y con los instrumentos que le proporcionó.

b.    Sobre el segundo [11 (once) al 15 (quince) de febrero de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro)] y tercer período de interrupción [1º (primero) al 7 (siete) de marzo de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro)]

Se admitieron como pruebas de la parte actora los comprobantes de pago de las aportaciones que el demandado hizo a su favor en la subcuenta de ahorro para el retiro correspondientes a los primeros 4 (cuatro) bimestres de ese año, lo que incluye el mes de febrero.

Estas aportaciones le corresponden a la parte patronal y se calculan sobre el salario de la parte trabajadora [2% (dos por ciento) del monto base de cotización], según lo establece el artículo 168-I de la Ley del Seguro Social[168].

Estos comprobantes acreditan la existencia del vínculo continuo de la parte actora con el demandado en estos periodos, a pesar de ser documentos privados, ya que no fueron objetados por el INE en cuanto a su autenticidad.

En ese sentido, la brecha de unos cuantos días que existe entre los nombramientos exhibidos por el demandado no es suficiente para acreditar la interrupción de la relación laboral, ya que en esos documentos se estableció que la parte actora realizaría actividades relacionadas con sus atribuciones constitucionales y legales permanentes, de ahí que surja la presunción de que la relación de trabajo era continua[169].

Esto se debe a que según la Ley Federal del Trabajo las relaciones de trabajo pueden tener distintas duraciones: por obra, tiempo determinado, temporada o por tiempo indeterminado[170].

Se entenderá que las relaciones de trabajo son por tiempo indeterminado, salvo que expresamente se estipule lo contrario y este justificado por la naturaleza del trabajo, se sustituya temporalmente a otra persona trabajadora y en los demás casos que establece la propia ley[171], de ahí que es una condición para su validez que la parte empleadora justifique su existencia temporal[172].

Sin embargo y a pesar de que los nombramientos de este periodo establecen que se otorgan “…por tiempo fijo…”, en el caso no está acreditada la naturaleza temporal de la relación.

En torno a dicha temática, esta Sala Regional ha sostenido de manera reiterada que la mera ausencia de contratos o elementos adicionales en períodos específicos no es suficiente para tener por cierta la interrupción del vínculo jurídico, máxime tratándose de contratos relacionados con las funciones que el INE tiene que desempeñar de manera permanente, como en el caso acontece[173].

En ese sentido, se considera que la parte actora tiene razón en que la relación laboral continuó durante los meses de febrero y marzo de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro).

c.     Sobre el cuarto [23 (veintitrés) de agosto de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro) a 30 (treinta) de septiembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis)] y quinto periodo de interrupción [1º (primero) de enero de 1997 (mil novecientos noventa y siete) a 31 (treinta y uno) de diciembre de 1998 (mil novecientos noventa y ocho)]

En relación a estos periodos, se admitieron a las partes las pruebas que se detallan a continuación:

Del análisis de las afirmaciones de las partes y los documentos privados ofrecidos y admitidos a las mismas, valorados conforme a las reglas de la Ley de Medios y la Ley Federal del Trabajo[175], la Sala Regional concluye que está acreditada la existencia de la relación laboral entre las partes:

   Por todo el periodo del 1º (primero) al 31 (treinta y uno) de agosto de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro) en virtud de que el demando enteró íntegramente la aportación a la subcuenta de ahorro para el retiro correspondiente a ese mes.

   Del 29 (veintinueve) de febrero al 3 (tres) de abril de 1996 (mil novecientos noventa y seis) dado que la credencial original exhibida acredita el desempeño del cargo de notificador en ese lapso.

   Del 1º (primero) de septiembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis) a 28 (veintiocho) de febrero de 1997 mil novecientos noventa y siete) dado que la parte actora detalló en la solicitud de empleo que presentó al demandado[176] que durante ese lapso se desempeñó para el entonces IFE como responsable de zona.

La Sala Regional considera que esta prueba es un indicio de que, en efecto, las partes mantuvieron una relación laboral en el periodo indicado dado que la ofreció el propio demandado y de la que puede inferirse un grado de veracidad suficiente porque de acuerdo a las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia[177] y el principio de buena fe guardada[178], la información contenida en la solicitud era fácilmente verificable por el entonces IFE ya que debía constar en sus propios registros, por lo que si forma parte del expediente personal y se ha exhibido en este juicio sin que el propio INE desestime su contenido, la Sala Regional considera verosímiles sus manifestaciones.

Según se advierte de la misma solicitud y de la credencial original presentada por la parte actora de febrero a agosto de 1997 (mil novecientos noventa y siete) ocupó el cargo de supervisor de capacitación electoral el que la Sala Regional considera regido por las normas civiles y no laborales[179].

   Del 1º (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1998 (mil novecientos noventa y ocho) como se advierte de los comprobantes de pago exhibidos por la parte actora, en especial, del que ampara el pago de la gratificación por fin de año ya que especifica como periodo considerado todo el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho).

También se toma en consideración Esta conclusión se la manifestación contenida en la solicitud de empleo[180] que presentó ante el demandado en la que señaló haberse desempeñado como auxiliar de Módulo de septiembre de 1998 (mil novecientos noventa y ocho) a enero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

Esta prueba es una fuente de indicios sobre la continuidad de la relación en ese periodo en atención que el oferente es el propio demandado, ya que según a las reglas de la lógica, sana crítica y experiencia[181] y el principio de buena fe guardada[182], el recuento de los empleos anteriores en los que la parte actora relató haber desempeñado para este era fácilmente verificable al ser información parte de sus propios registros y del expediente personal en su poder, constancia que ofreció sin desestimar su contenido, por lo que debe concederse verosimilitud sobre su contenido.

Además, si bien el INE debió conservar y ofrecer las pruebas de sus afirmaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 784 fracciones II, III, VIII y XII de la Ley Federal del Trabajo, no exhibió en este juicio documentos que pudieran acreditar la falta de continuidad alegada que podría apreciarse de los registros de asistencia[183], listas de raya[184], constancias de las jornadas trabajadas[185], documentos que podrían acreditar la inexistencia del vínculo como sostiene en su defensa.

Estos documentos se generan para documentar la relación laboral y están a cargo de quien emplea a las personas, por eso la carga de la prueba pesa sobre la parte patronal para exhibirlos en los juicios en que se controviertan la existencia y condiciones de trabajo, tal como lo establece el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo.

Esta carga probatoria no solo es proporcional y está justificada[186], sino que también es acorde con los principios aplicables a las relaciones de trabajo, es decir, lograr la igualdad sustantiva de las personas trabajadoras frente a quien les emplea[187] y que tiene a su cargo generar y resguardar los documentos que acreditan su relación de trabajo, por lo que les dejaría en desventaja si se abstuviera de presentar los documentos en base a los que pueden ejercer sus derechos.

Para evitarlo, el artículo 805 de al Ley Federal del Trabajo establece la presunción de ser ciertos los hechos referidos por la parte actora, si la parte patronal no conserva y exhibe en juicio los documentos que legalmente tiene la obligación de presentar. Presunción que opera en este caso y que junto con los documentos presentados, permiten concluir la continuidad de la relación por el año 1998 (mil novecientos noventa y ocho).

d.    Sobre el sexto período de interrupción [1º (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve)]

La Sala Regional considera que -contrario a lo señalado por el INE- existen pruebas en el expediente para acreditar que existía la relación laboral entre las partes del 1º (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

En efecto, le fueron admitidos a la parte actora los siguientes recibos de pago:

1.     1º (primero) a 15 (quince) de septiembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

2.     16 (dieciséis) al 30 (treinta) de septiembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

Por otro lado, el demandado presentó el cuestionario que respondió la parte actora para integrar el Censo de Recursos Humanos del entonces IFE correspondiente a 1999 (mil novecientos noventa y nueve), con fecha de llenado el 30 (treinta) de diciembre de ese año[188].

También forman parte de sus pruebas el contrato número 09091600002-200001-18500 celebrado entre el entonces IFE y la parte actora como “auxiliar técnico A” el 1° (primero) de enero del 2000 (dos mil). Este contrato estableció una vigencia de la fecha de suscripción hasta el 15 (quince) de febrero de ese año[189].

Si bien estas pruebas no se refieren los meses de julio y agosto de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), la Sala Regional considera que la ausencia de contratos o recibos de pago por este periodo no es suficiente para considerar que se interrumpió el vínculo laboral de las partes.

Esto se debe a que la parte actora desempeñó -antes y después de este período- los cargos de auxiliar técnico[190] cuyas actividades están vinculadas a las atribuciones permanentes del demandado para la credencialización de la ciudadanía.

Además, el INE se abstuvo de presentar los documentos que pudieran acreditar esta interrupción o que demostraran el carácter temporal de la relación, a pesar de que tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los recibos de pago de salarios, los controles de asistencia, los documentos relacionados con la seguridad social o a la terminación de la relación de trabajo[191].

Sin embargo, solo alegó la inexistencia de las constancias de salarios, controles de asistencia y contratos relacionados con la parte actora alegando el supuesto carácter civil de la relación[192].

Tampoco objetó los recibos presentados por la parte actora relativos a septiembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), a pesar de alegar que durante ese periodo no tuvieron una relación jurídica.

En ese sentido, la Sala Regional considera que -contrario a lo alegado por el demandado- sí está acreditada la relación laboral entre las partes del 1º (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

Cabe destacar que no es punto controvertido entre las partes que el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil) la parte actora fue incorporada a la Rama Administrativa del demandado. Tampoco es parte de la controversia que sostuvieron un vínculo continuo desde el 1º (primero) de enero al 15 (quince) de febrero de ese año[193].

* * *

Del análisis hecho en este apartado la Sala Regional reconoce la relación laboral entre las partes desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) hasta el 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil), con las interrupciones siguientes:

En mérito de lo expuesto, la Sala Regional considera parcialmente procedente la excepción del demandado respecto de la falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral por todo el periodo demandado por la parte actora, sin embargo, desestima esta excepción respecto a demandar el cumplimiento de las prestaciones que derivan de la naturaleza laboral de la relación entre las partes.

6.4 Prestaciones reclamadas

Además del reconocimiento del vínculo laboral que le une con el INE, la parte actora solicita el pago de las siguientes prestaciones:

(i)         El pago de las cuotas y aportaciones que el INE omitió realizar al ISSSTE, desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos).

(ii)      El pago de la cantidad que resulte de todas y cada una de las prestaciones que se encuentran establecidas en el Manual, tales como “Despensa oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para alimentos”, “Día de reyes”, “Día del niño [y de la niñez]”, “Día de la madre”, “Vales de fin de año”, “Prima quinquenal” y demás prestaciones que refiere la parte actora dejó de percibir durante el tiempo que ha laborado para el INE, especialmente, las que corresponden a 1 (un) año anterior a la presentación de la demanda.

(iii)    El pago de 15 (quince) horas extras semanales a razón de salario integrado por lo que hace al último año de labores, más las horas extras sabatinas que tenía que cubrir en las guardias que le asignaron[194].

(iv)    Pago del incentivo por años de servicios de conformidad con el artículo 395 del Manual[195].

En el análisis de la procedencia de cada prestación, la Sala Regional tomará en cuenta los requisitos de su exigibilidad y su vigencia al momento de demandar.

Al respecto, la Ley Federal del Trabajo establece como un plazo genérico el de 1 (un) año a partir del día siguiente a aquel en que fueran exigibles[196]. Las excepciones a ese plazo son las siguientes:

-  En 1 (un) mes, las acciones de la parte patronal para disciplinar las faltas de las personas trabajadoras y hacerles descuentos en sus salarios[197].

-  En 1 (un) mes, las acciones de las personas trabajadoras para separarse del trabajo[198].

-  En 2 (dos) meses, las de las personas trabajadoras que sean separadas del trabajo[199].

-  En 2 (dos) años, las acciones de las personas trabajadoras para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, de las personas beneficiarias en los casos de muerte por riesgos de trabajo y para solicitar la ejecución de una sentencia[200].

Precisado lo anterior, se analizarán cada una de las prestaciones demandadas.

6.4.1 Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE

Por otro lado, la parte actora reclama el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social desde su ingreso al entonces IFE. En ese sentido debe señalarse que esta Sala Regional ha reconocido que la fecha de inicio de la relación laboral que unió a las partes es el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos).

El reclamo de la parte actora se funda en el artículo 206.2 de la Ley Electoral en cuanto que el personal del INE será incorporado al régimen del ISSSTE.

Cabe señalar que el pago de cuotas de seguridad social está íntimamente relacionado con el derecho a la pensión y, por tanto, no se rige por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo ni las normas que rigen las relaciones laborales de las personas servidoras públicas federales, sino por la Ley del ISSSTE que dispone en su artículo 248 que el derecho a la pensión es imprescriptible.

Por tanto, si la pretensión de la parte actora es que el INE cubra las cuotas de seguridad social desde el inicio de la relación laboral, y están íntimamente ligadas al derecho a la pensión de la parte actora, su acción relacionada con tales derechos, también es imprescriptible.

Sirve de apoyo de manera orientadora, lo establecido en la jurisprudencia I.6o.T. J/21 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL[201].

El demandado señala que la parte actora no tiene derecho a la inscripción retroactiva de tal prestación por el periodo reclamado que alega porque se trató de una relación de carácter civil -por prestación de servicios profesionales-. Además, señala que dio de alta a la parte actora a partir de que ingresó como trabajador de plaza presupuestal (o en la Rama Administrativa) el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil), tal como consta en su expediente electrónico único del SINAVID.

Al respecto, tal como lo señala el demandado, dicho expediente electrónico único del SINAVID que se adjuntó a la demanda del que se advierte un historial de cotización en el ISSSTE a partir del 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil) a la fecha de expedición del mismo [6 (seis) de julio].

Ahora bien, toda vez que se acreditó que existió una relación laboral entre las partes, el INE debe cumplir las obligaciones derivadas de esa relación y debe ordenársele pagar las prestaciones de seguridad social reclamadas desde el inicio de la relación laboral acreditada, esto es, desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos), fecha en que la parte actora empezó a prestar sus servicios para el demandado, sin que sea obstáculo la existencia de los períodos de interrupción establecidos en esta determinación.

En efecto, en el cómputo de la antigüedad debe tomarse en cuenta el tiempo que realmente haya prestado sus servicios una persona trabajadora, por lo que no le afecta la existencia de interrupciones[202].

Como ha quedado explicado previamente, se reconoce la existencia de la relación laboral de las partes desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos), con las interrupciones siguientes:

En ese sentido, debe condenarse al demandado a la inscripción retroactiva, el reporte y pago de las cuotas a su cargo que no hubieran sido cubiertas, así como el entero de las aportaciones que debió retener a la parte actora respecto de las cotizaciones al ISSSTE y FOVISSSTE de la siguiente forma[203]:

a.     A partir de la fecha en la cual se originó la primera relación, es decir, el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos) y hasta el 31 (treinta y uno) de agosto de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro).

b.    A partir de la fecha en que comenzó la segunda relación, o sea, el 29 (veintinueve) de febrero al 3 (tres) de abril de 1996 (mil novecientos noventa y seis).

c.     A partir de la fecha en que comenzó la tercera relación, es decir, 1º (primero) de septiembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis) al 28 (veintiocho) de febrero de 1997 (mil novecientos noventa y siete).

d.    A partir del 1º de enero de 1998 (mil novecientos noventa y ocho) al 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil).

Apoya este criterio la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito XVI.1o.T.51 L (10a.), de rubro ANTIGÜEDAD. ES IMPROCEDENTE SU RECONOCIMIENTO "DESDE QUE INICIÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO", SI QUEDÓ PROBADO O EL TRABAJADOR ACEPTÓ QUE DEJÓ DE LABORAR POR CIERTO PERIODO PARA EL PATRÓN, AL TRATARSE DE DOS RELACIONES LABORALES DIFERENTES[204].

También resulta aplicable la razón esencial contenida en la jurisprudencia 2a./J. 3/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO[205].

Por estas razones, se desestima la excepción del demandado respecto a que la parte actora no tiene derecho a reclamar la inscripción retroactiva ni el entero de cuotas y aportaciones de seguridad social, dado que se acreditó que existió un vínculo de naturaleza laboral entre las partes.

En ese sentido, dado que en el expediente no hay pruebas suficientes para calcular dicho monto, el INE deberá realizar los cálculos correspondientes, conforme a los salarios de la parte actora y los lineamientos y directrices establecidos en la norma aplicable pues la obligación de enterar las mismas fue responsabilidad del INE y no de la parte actora[206].

Además, deberá darse vista con copia certificada de esta sentencia al ISSSTE y al FOVISSSTE para que actúe en el ámbito de sus atribuciones.

Por lo anterior, el INE deberá inscribir retroactivamente a la parte actora en el ISSSTE y el FOVISSSTE[207] por los periodos que se ha reconocido en esta sentencia[208].

6.4.2 Prestaciones previstas en el Manual

Para determinar el derecho que tiene la parte actora a recibir las prestaciones reclamadas se aplicará el Manual vigente, es decir, el reformado por el acuerdo INE/JGE56/2021 el 17 (diecisiete) de febrero, en tanto que era el aplicable al momento de presentar la demanda[209]; en el entendido que no formó parte de la controversia si actualmente las partes sostenían una relación laboral o no, sino el reconocimiento de un periodo previo a que la parte actora ingresara a la plaza presupuestal en la que labora actualmente.

6.4.2.1 Pago del incentivo por años de servicios[210]

La parte actora reclama el pago de esta prestación alegando que a la fecha cuenta con casi 30 (treinta) años de servicio.

Al respecto, el demandado señala que no tiene acción ni derecho a recibir esta prestación porque es necesario haber cumplido los años de servicios que se reconocen de manera interrumpida, cuestión que no sucede en el caso[211].

En ese sentido, el INE alega que tiene derecho a recibir el incentivo por 20 (años) de servicios, que son los que han transcurrido sin interrupciones desde el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil), incentivo que ya se le entregó el 28 (veintiocho) de abril de 2020 (dos mil veinte).

La Sala Regional considera procedente la excepción del demandado ya que, tal como lo afirma, el artículo 441 del Manual establece entre otras condiciones para acceder a este incentivo es necesario:

(i)                No haber estado bajo un régimen laboral distinto al de plaza presupuestal.

(ii)              No existir interrupciones en el cómputo de los servicios.

En el caso, está acreditado que la parte actora ocupó la plaza de Supervisor de Capacitación Electoral del 1º (primero) de febrero al 31 (treinta y uno) de agosto de 1997 (mil novecientos noventa y siete), como señaló en la solicitud de empleo que presentó ante el entonces IFE[212]. Al respecto, fue admitida la prueba ofrecida por la parte actora la credencial original que acredita el desempeño de ese cargo desde el 1º (primero) de marzo al 30 (treinta) de abril del mismo año.

Por otro lado, como ha determinado la Sala Regional, si bien se reconoce la existencia de una relación laboral desde el 20 (veinte) de diciembre de 1992 (mil novecientos noventa y dos), esta ha tenido 3 (tres) periodos de interrupciones siendo que el último terminó el 31 (treinta y uno) de diciembre de 1997 (mil novecientos noventa y siete).

Ahora bien, con independencia de la fecha en que el INE determinó el inicio de la relación laboral entre las partes para efectos del cómputo de los años de servicios ininterrumpidos[213] incluso si se contara desde el 1° (primero) de enero de 1998 (mil novecientos noventa y ocho) -que es la fecha en que según lo determinado anteriormente inició de manera ininterrumpida la relación laboral entre las partes- a la fecha de resolución no cambiaría el hecho de que actualmente no ha cumplido 25 (veinticinco) años de servicio.

Así, resulta que la parte actora no cumple lo establecido en las fracciones I y III del artículo 441 del Manual para ser acreedor en este momento del incentivo que reclama, por lo que debe absolverse al demandado de esta prestación.

Lo anterior, no es obstáculo para que -de reunir las condiciones establecidas por las disposiciones aplicables-, la parte actora reciba en lo futuro dicha prestación.

6.4.2.2 Pago de horas extras y días de descanso semanal (séptimo día)

La parte actora refiere que laboraba en una jornada que iniciaba a las 8:00 (ocho horas) y concluía a las 21:00 (veintiún horas) de lunes a viernes de cada semana, y que inclusive cubría guardias sabatinas, contando como tiempo para descanso, tomar alimentos y reponer energías, el comprendido de las 13:00 (trece horas) a las 14:00 (catorce horas) de cada día laborable dentro de la fuente de trabajo, tomando sus alimentos en el área designada para tal efecto. En consecuencia, pide el pago de 15 (quince) horas extras semanales.

El demandado, por su parte, señaló que la parte actora ha desempeñado sus labores dentro de la jornada laboral sin exceder los máximos legales y que, en todo caso, le corresponde acreditar que trabajó 15 (quince) horas extras semanales.

El demandado sostiene además que, de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto, el tiempo extraordinario obedece a circunstancias especiales y requiere de autorización por escrito, sin que haya acreditado estas dos circunstancias.

Finalmente, el demandado señala que de los listados de nómina[214] se aprecia que la parte actora no laboró tiempo extraordinario.

En todo caso, el INE señala que como parte de su personal se le pagaron dos compensaciones para cubrir las labores extraordinarias del proceso electoral 2020-2021[215] y de la revocación de mandato[216], como consta en los CFDI correspondientes.

Horas extras

En primer término, debemos partir de que la actora reclama el pago de tiempo extraordinario en general, sin especificar o relacionarlo directamente con el proceso electoral concurrente 2020-2021.

Si bien la Sala Regional ha sostenido[217] que el pago de las horas extras durante el proceso electoral se retribuye con el pago del “bono o compensación” respectiva, en el caso y contrario a lo que señala el demandado, el reclamo de la parte actora no se ubica dentro de los supuestos temporales para recibir dicho concepto.

En efecto, la forma de pagar las actividades extraordinarias (que comprende tanto las horas extras como los días festivos y descanso semanal[218]) que se llevarían a cabo en el proceso electoral concurrente 2020-2021 se estableció en el INE/JGE21/2021.

En dicho acuerdo, se estableció que el pago de esa prestación extraordinaria se realiza en dos partes, cada una de ellas corresponde a un mes de sueldo tabular.

La primera se generó para quienes trabajaron durante el periodo del 8 (ocho) de septiembre de 2020 (dos mil veinte) al 31 (treinta y uno) de enero de 2021 (dos mil veintiuno) y se pagaría en la primera quincena de marzo de 2021 (dos mil veintiuno). En caso de no haberse laborado todo el periodo, se pagaría una parte proporcional[219].

La segunda parte correspondió a las personas que laboraron entre el 1º (primero) de febrero al 1º (primero) de junio y su pago se realizaría en la primera quincena de junio de 2021 (dos mil veintiuno). Corresponde una parte proporcional a quienes no hayan laborado el tiempo completo[220].

Sin embargo, la parte actora no solicita el pago de la compensación por el proceso electoral concurrente 2020-2021, sino del tiempo extraordinario que laboró el último año, es decir, del 21 (veintiuno) de junio de 2021 (dos mil veintiuno) al 21 (veintiuno) de junio siguiente, tomando en cuenta la fecha de la presentación de la demanda.

En ese sentido, si la última parte de la compensación se entregó para cubrir las labores extraordinarias realizadas durante el periodo comprendido entre el 1º (primero) de febrero al 1º (primero) de junio de 2021 (dos mil veintiuno), es evidente que
-contrario a lo que señala el INE- el reclamo de la parte actora no está satisfecho por haber recibido el bono del proceso electoral pasado.

Si bien correspondía a la parte actora acreditar que trabajó 15 (quince) horas semanales, al responder la demanda y como medio de defensa a esta prestación, el INE entregó las copias certificadas de listas de asistencia del personal a la Junta Distrital que comprenden desde el 1° (primero) de junio de 2021 (dos mil veintiuno) al 30 (treinta) de junio del año 2022 (dos mil veintidós)[221] con las que pretendía acreditar sus afirmaciones respecto a que la jornada de la parte actora no excedió los límites legales[222]. 

De estas listas, que hacen prueba plena al no estar objetadas en cuanto a su autenticidad, se desprende que en 111 (ciento once) jornadas laborales, la parte trabajadora hizo tiempo extraordinario.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo si bien puede extenderse la jornada de trabajo[223], no debe ser por más de 3 (tres) horas diarias ni más de 3 (tres) veces por semana, para dar un total de 9 (nueve) horas semanales[224].

Las horas extras que se mantengan en el límite semanal referido, se pagarán 100% (ciento por ciento) más del salario de las horas de la jornada (es decir al doble)[225]. En caso de que se exceda el límite semanal, las horas excedentes de pagaran 200% (doscientos por ciento) más de las horas de jornada (por lo que deben cubrirse al triple)[226].

Cabe destacar que no está vedado el trabajo sabatino, aunque puede convenirse que también en ese día se descanse[227], sin embargo, no existe una sanción -como en el caso del séptimo día o el día de descanso semanal obligado[228]- si la jornada semanal incluye laborar los sábados.

A lo que sí está sujetas las labores sabatinas es a cumplir la jornada máxima, ya sea diurna, nocturna o mixta[229]. En ese sentido, se han considerado en este apartado las horas extras laboradas por la actora en los días sábado.

Si bien en algunos casos el tiempo extra consistió en minutos o fracciones de hora, la Segunda Sala de la Suprema Corte estableció que estos deben acumularse semanalmente para formar horas completas y poder liquidar su pago[230].

También es necesario destacar que el cómputo de las horas extras se hizo considerando que la parte actora trabaja en una jornada diurna y atendiendo si, de acuerdo con los registros, la parte actora había salido a tomar sus alimentos o, por el contrario, había permanecido en la Junta Distrital, ya que en ese caso debe contabilizarse todo el tiempo como efectivo de la jornada de trabajo[231]. Tiempo que no se tomó en cuenta para computar las horas trabajadas, si en las listas constaba que había dejado la sede distrital[232].

Ahora, por lo que hace al año 2022 (dos mil veintidós), para esta Sala Regional constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 15.1 de la Ley de Medios que en este año tuvo lugar el proceso de “Revocación de mandato de presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024”.

Al respecto, el INE, mediante el acuerdo INE/JGE33/2022[233] aprobó el pago de una compensación por cargas de trabajo y labores extraordinarias derivadas de la puesta en marcha de ese proyecto, respecto al periodo comprendido del 4 (cuatro) de febrero al 13 (trece) trece de abril del 2022 (dos mil veintidós).

A continuación, se expone en la siguiente relación las horas extras completas laboradas semanalmente por la parte actora, en el entendido de que si bien puede acumularse los minutos o fracciones, debe pagarse semanalmente la horas completas, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo en los artículos 66, 67 y 68, y lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la Contradicción de Tesis 107/2018 en la que consideró a la hora como medida para el pago del tiempo extraordinario conforme a la ley, por lo que es exigible el pago del tiempo extraordinario por hora completa adicional laborada; no obstante, debe destacarse que el cálculo del tiempo extra a la jornada es semanal y que dentro de ese periodo es acumulable, puesto que a través de tal sumatoria es como se determinan las horas de pago doble y triple. Por ello, si dicho tiempo es acumulable a la semana, los minutos o fracciones de hora también lo son durante ese lapso, de tal modo, que si suman horas completas es exigible su pago.