VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-39/2025

Fecha de clasificación: 27 de octubre de 2025, mediante acuerdo CT-CI-PDP-JLI-SCM-SE31/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica.

Periodo de clasificación: No aplica.

Fundamento Legal: No aplica.

Rúbrica del titular de la unidad responsable:

Héctor Floriberto Anzurez Galicia

Secretario General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-39/2025

PARTE ACTORA:

AHIDETH VALENCIA MIRAMÓN

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIA:

SILVIA DIANA ESCOBAR CORREA1

Ciudad de México, a 13 (trece) de agosto de 2025 (dos mil veinticinco)2.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes, ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones y le absuelve del pago de otra.

Í N D I C E

G L O S A R I O...........................................2

A N T E C E D E N T E S....................................3

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N T O S......................4

PRIMERA. Jurisdicción y competencia.........................5

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable........................6

TERCERA. Requisitos de la demanda y de la contestación..........6

1 Con la colaboración de Gabriela Vallejo Contla.

2 En lo sucesivo las fechas referidas corresponden a 2025 (dos mil veinticinco), salvo precisión expresa de otro año.

3.1.  De la demanda.....................................7

G L O S A R I O

Audiencia Audiencia de conciliación, admisión y desahogo

de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 101 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet

Constitución Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos

Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral3

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado

INE, Instituto o demandado

Instituto Nacional Electoral

3 Consultable en https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/1007/20/1%20.

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado

Juicio Laboral Juicio para dirimir los conflictos o diferencias

laborales de los servidores (y personas servidoras) del Instituto Nacional Electoral

Ley Burocrática Ley Federal de los Trabajadores (y Personas

Trabajadoras) al Servicio del Estado

Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales

Manual Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral4

Suprema Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación

A N T E C E D E N T E S

1.  Relación jurídica

1.    Inicio. La parte actora afirma que comenzó a prestar sus servicios para el demandado el 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) con el cargo de “OPERADORA DE EQUIPO TECNOLÓGICO A2” en la 09 Junta Distrital del INE en la Ciudad de México, y el 1° (primero) de enero de 2024 (dos mil veinticuatro) se le otorgó una plaza presupuestal, cuya relación continua vigente.

4 Aprobado mediante acuerdo INE/JGE13/2021, que fue modificado mediante acuerdos INE/JGE56/2022 y INE/JGE102/2025, este último aprobado el 21 (veintiuno) de mayo, consultable en la página de internet oficial del INE en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/183267/JG Eor202505-21-ap-3-1-a.pdf , lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios y el criterio esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009 [dos mil nueve], página 2479 y registro 168124).

2.  Juicio Laboral

2.1.  Demanda. El 16 (dieciséis) de julio5, la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE para demandar -entre otras cuestiones- el reconocimiento de la relación laboral y el pago de diversas prestaciones.

2.2.        Turno. Con la demanda se integró el expediente SCM-JLI-39/2025 que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

2.3.   Recepción, admisión y emplazamiento. El 18 (dieciocho) de julio, la magistrada instructora tuvo por recibido el expediente en la ponencia a su cargo, admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

2.4.  Contestación de la demanda. El 30 (treinta) de julio6 el INE contestó la demanda, opuso excepciones, defensas y ofreció pruebas.

2.5.     Audiencia y cierre de instrucción. Por lo anterior, la magistrada -entre otras cuestiones- dio vista con la contestación de demanda a la parte actora y citó a las partes a la Audiencia que fue realizada el 7 (siete) de agosto, en la que, ante la falta de conciliación, fueron admitidas y desahogadas las pruebas que se ofrecieron y aportaron, se expusieron alegatos y -al no quedar diligencias pendientes- fue cerrada la instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

5 Como puede advertirse del sello de recepción de oficialía de partes de esta Sala Regional en la página 1 del expediente de este juicio.

6 Según sello de recepción de oficialía de partes de esta Sala Regional plasmado en la contestación de demanda.

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio al ser promovido por una persona que se ostenta como trabajadora en una Junta Distrital del INE en la Ciudad de México, a fin de demandar -entre otras cuestiones- el reconocimiento de la relación laboral -por un periodo en específico- y el pago de diversas prestaciones; lo que tiene fundamento en:

 Constitución: artículos 41 base VI y 99 párrafo cuarto fracción VII.

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

artículos 260 y 263-XI.

 Ley de Medios: artículos 3.2.e) y 94.1.b).

 Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE que establece el ámbito territorial de las 5 (cinco) circunscripciones plurinominales electorales y su ciudad cabecera7.

Cabe señalar que la Constitución prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver los Juicios Laborales; así, cuando una persona que dice mantener una relación laboral con el INE plantea una vulneración a sus derechos y la expone en una demanda, le sujeta a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

Lo anterior, con independencia de que el INE pueda invocar diversas excepciones y defensas con el propósito de evidenciar que, quien promueve, carece de acción y derecho para reclamar las prestaciones debido a la inexistencia de un vínculo laboral.

En este entendido, determinar la existencia o no de dicho vínculo forma parte de la controversia, como en el caso acontece. De ahí

7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 (veintinueve) de marzo de 2023 (dos mil veintitrés).

que sea un supuesto que actualiza la jurisdicción de este Tribunal Electoral8.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley Federal del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERA. Requisitos de la demanda y de la contestación Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si se encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de

8 Atribución establecida por la Constitución en el artículo 99 párrafo cuarto fracción

VII. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de rubro JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 80, séptima parte, página 21, registro 245837).

rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO9.

3.1.  De la demanda

3.1.1.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora señaló su nombre y asentó su firma autógrafa, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causa, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, así como ofreció y aportó pruebas.

3.1.2.       Oportunidad. La demanda es oportuna porque la pretensión principal de la parte actora es el reconocimiento de la relación laboral que afirma le unió con el INE -por un periodo específico- y que sigue vigente, reclamando el pago de diversas prestaciones derivadas de esa situación.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido10 que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado y, en consecuencia, es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, como sucede en el caso, ya que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia PC.I.L. J/54 L (10a.) del Pleno en materia del Trabajo del Primer Circuito de rubro SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES  OMITIDAS  ANTE  EL  INSTITUTO  RELATIVO  ES

9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

10 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022, SCM-JLI-36/2022, SCM-JLI-5/2024 y SCM-JLI-47/2024.

IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL,

PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO11; que establece que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “De la prescripción”.

Además, al tratarse de una omisión atribuida al INE, resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 15/2011 de la Sala Superior de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE DE OMISIONES12.

3.1.3.     Legitimación. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que se trata de una persona que acude a reclamar la falta de reconocimiento de una relación laboral que

-afirma- sostiene con el demandado, así como el pago de diversas prestaciones.

3.1.4.  Interés jurídico. La parte actora lo tiene dado que se trata de una persona que manifiesta que trabajó para el demandado en un periodo y busca el reconocimiento de dicha relación laboral.

11 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019 (dos mil diecinueve), tomo III, página 2357 y registro 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 29 y 30.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

3.2.  De la contestación

3.2.1.  Forma. La contestación fue recibida por escrito en que se hace referencia a los hechos y agravios de la demanda, objeciones a las pruebas de la parte actora, se oponen excepciones y defensas, aunado a que ofrece y anexa pruebas.

3.2.2.       Oportunidad. La contestación de la demanda fue presentada en el plazo de 10 (diez) días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues si el INE fue notificado de su admisión el 18 (dieciocho) de julio, el plazo correspondiente transcurrió del 21 (veintiuno) de julio al 1° (primero) de agosto13 y la contestación fue presentada el 30 (treinta) de julio, por lo que es evidente su oportunidad.

3.2.3.   Legitimación y representación. La capacidad procesal del demandado está satisfecha, pues acudió a contestar la demanda por conducto de su representante legal14, como se reconoció en el acuerdo de instrucción de 1° (primero) de agosto.

13 Sin contar los 19 (diecinueve), 20 (veinte), 26 (veintiséis) y 27 (veintisiete) de julio, por ser sábados y domingos, que son inhábiles de conformidad con los artículos 94.3 de la Ley de Medios, 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 47-IV y 715 de la Ley Federal del Trabajo -de aplicación supletoria en este juicio en términos del artículo 95.1 de la Ley de Medios-, y el acuerdo general 6/2022 emitido por la Sala Superior.

14 Acudió la persona encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, quien tiene personería suficiente para comparecer en su nombre. en términos del artículo 67.1.m) del Reglamento Interno del INE y que la Junta General Ejecutiva del INE emitió el acuerdo INE/JGE162/2024 que en su punto segundo dispone: “Con relación a la diversa normativa donde se hagan referencias a la Dirección Jurídica, deberán entenderse como Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, hasta en tanto el Consejo General modifique la normatividad reglamentaria interna y esta Junta General, los manuales o lineamientos administrativos del Instituto Nacional Electoral para ser congruente con la Reforma efectuada”. Dicho acuerdo              puede              ser              consultado              en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/177695/JG Eex202411-20-ap-2.pdf

CUARTA. Acciones y excepciones

4.1.  Acciones y pretensiones de la parte actora

De su demanda puede advertirse que la parte actora pretende:

a)  Reconocimiento de la relación laboral entre la parte actora y el INE, desde el 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés);

b)  Pago de cuotas y aportaciones de seguridad social que no hubiera realizado el INE, relativas a la inscripción retroactiva al ISSSTE y FOVISSSTE -incluido el subconcepto de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez- desde el 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho);

c)  Pago de tiempo extraordinario, correspondiente a 10 (diez) horas extras semanales y 18 (dieciocho) horas extras por guardias sabatinas, por lo que hace a 1 (un) año anterior a la presentación de la demanda;

d)  Pago de la prima quinquenal de acuerdo con la antigüedad que se reconozca de la parte actora; y,

e)  Expedición y entrega de la constancia de servicios conforme al periodo cuyo reconocimiento se solicita.

4.2.  Excepciones y defensas del demandado

El demandado hizo valer en la contestación, las siguientes excepciones y defensas:

a)  Improcedencia del reconocimiento de la antigüedad por el periodo reclamado, ya que niega la acción y derecho de la parte actora en virtud de que -dice- le prestó sus servicios en diversos periodos de manera interrumpida, a través de la suscripción de diversos e independientes contratos de carácter civil, incluso no se le impuso un horario para cumplir con las actividades para las cuales fue contratada.

b)  Improcedencia de las prestaciones laborales, ya que opone

la excepción de prescripción “de todas y cada una de las

prestaciones accesorias que demanda la [parte actora] y que no hayan sido reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente generó el derecho a percibirlas”.

c)  Falta de legitimación para reclamar el pago de las prestaciones extralegales previstas en el Manual porque, en caso de que se estime la existencia de la relación de trabajo, el INE determinó que solo serían pagadas a ciertas personas de las que trabajan en dicho instituto -personas trabajadoras con plaza presupuestal- y la parte actora no fue parte de ese colectivo.

d)  Falta de acción y derecho para reclamar las prestaciones de seguridad social del 1° (primero) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés) porque -dice- la parte actora prestó sus servicios favor del Instituto mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

e)  Pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social a partir del 1° (primero) de enero de 2019 (dos mil diecinueve).

f)    Falta de acción y derecho, así como oscuridad, imprecisión y defecto legal en la demanda respecto al pago de horas extras porque -considera- la parte actora omitió señalar la hora en que iniciaba y culminaba el supuesto horario de labores, así como las horas extras que reclama, ni fue sujeta a un horario.

No es posible analizar las excepciones de manera previa al estudio de la controversia, pues de la argumentación planteada se advierte que están íntimamente relacionadas con el fondo de esta; es decir, con el tipo de relación que unió a las partes y el derecho o no a las prestaciones reclamadas; por tanto, su estudio se efectuará en el apartado correspondiente al análisis

de fondo del asunto, ya que constituye la base de la materia de impugnación en el presente juicio.

QUINTA. Pruebas

5.1.  De la parte actora

En la Audiencia se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

[1]     Instrumental pública de actuaciones.

[2]     Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

[3]     Documentales consistentes en las impresiones de los recibos de pago:

[4]     Contratos celebrados por la parte actora y el demandado por los siguientes periodos:

a)    Del 1° (primero) de enero al 30 (treinta) de junio de 2018 (dos mil dieciocho);

b)    Del 1° (primero) de abril al 30 (treinta) de junio de 2018 (dos mil dieciocho);

c)     Del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho); y

d)    Del 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve).

[5]     Declaraciones anuales de impuestos federales correspondientes a los ejercicios fiscales del 2018 (dos mil dieciocho) al 2023 (dos mil veintitrés).

[6]     Formatos denominados “Información de ingresos y retenciones por sueldos y salarios”, de los ejercicios fiscales de enero a diciembre de los años 2018 (dos mil dieciocho) al 2023 (dos mil veintitrés)15.

15 La parte actora señala 7 (siete) formatos que corresponden a las anualidades de 2018 (dos mil dieciocho) al 2023 (dos mil veintitrés), repitiendo 2 (dos) veces el

[7]     Credenciales expedidas a favor de la parte actora, conforme a lo siguiente:

[8]     Copia del expediente personal integrado con motivo de la contratación de la parte actora por el INE y otros documentos.

[9]     Acuse original del escrito de 14 (catorce) de julio de 2025 (dos mil veinticinco), en que la parte actora solicitó a la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México copia de su expediente personal integrado con motivo de su contratación para el INE y demás documentos.

5.2.  Del demandado

En la Audiencia se admitieron las siguientes pruebas que ofreció el INE, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

[1]     Copia certificada del expediente personal de la parte actora, expedido por la persona vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, el cual contiene los documentos siguientes:

a)    Contratos, que celebraron las partes.

[2]      1 (un) disco compacto que contiene los recibos CFDI expedidos a favor de la parte actora correspondientes a los años 2018 (dos mil dieciocho) a 2025 (dos mil veinticinco).

[3]     Copia certificada del “Reporte de Expediente de Personal”, emitido por la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, mismo que contiene entre otros:

 El “Formato Único de Movimientos”.

formato de 2023 (dos mil veintitrés), sin embargo solo adjunta 6 (seis) formatos, uno por cada año del 2018 (dos mil dieciocho) al 2023 (dos mil veintitrés).

[4]     El “AVISO DE ALTA DEL TRABAJADOR”.

[5]     La instrumental de actuaciones.

[6]     La presuncional legal y humana.

5.3. Valor de las pruebas

Las pruebas ofrecidas por las partes y que en su oportunidad fueron admitidas y desahogadas, serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, así como a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.

SEXTA. Determinación de la controversia

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de la relación laboral entre ella y el INE del 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), cuya relación continuaba vigente cuando presentó la demanda16; asimismo, la parte actora demanda el pago de diversas prestaciones.

El INE hace valer que al inicio no existió una relación de naturaleza laboral, sino civil y de carácter temporal; por tanto, desde su perspectiva, la parte actora carece de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de una relación laboral, así como de la antigüedad correspondiente.

En ese sentido, la controversia en este juicio se centrará en analizar la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes en el periodo controvertido.

16 Cuestión en la que coinciden las partes, como puede verse en la demanda y la contestación, en el entendido que a partir del 1° (primero) de enero de 2024 (dos mil veinticuatro) contó con una plaza presupuestal (ver las hojas 10 y 18 de la contestación de la demanda).

Posteriormente, se estudiará si es procedente el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora en tanto que la determinación de la antigüedad y del tipo de relación que existe entre las partes puede incidir en su procedencia, por lo que es necesario resolver ese punto de la controversia en primer lugar.

SÉPTIMA. Análisis de fondo

7.1.  Naturaleza de la relación jurídica entre las partes

En principio, es preciso señalar que el criterio que ha adoptado esta Sala Regional en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral y prestaciones inherentes a la misma se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior17 para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está vinculada con el derecho humano a la seguridad social previsto constitucionalmente18.

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior19 es que, tras la determinación

17 SUP-JLI-18/2022.

18 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-17/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-08/2021 y SUP-JLI-10/2021.

19 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-19/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-3/2021,  SUP-JLI-4/2021,  SUP-JLI-5/2021,  SUP-JLI-8/2021, SUP-JLI-10/2021 y SUP-JLI-19/2021.

de la antigüedad, aplica el plazo de 1 (un) año para controvertir el acto respectivo20.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivados de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les corresponden en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Dado que la parte actora solicita que sea reconocida la relación laboral que -afirma- sostuvo con el INE del 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), corresponde al demandado demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo es de naturaleza civil. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO21.

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge -con independencia del acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

20 Criterio que también sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte 2a./J. 30/2001 de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL EN LA EMPRESA. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A INCONFORMARSE CON AQUELLA QUE DETERMINE EL PATRÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PUEDE PRESCRIBIR SI EL RECONOCIMIENTO RELATIVO PROVIENE DE LA COMISIÓN MIXTA

A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de 2001 [dos mil uno], página 192).

21 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo IX, mayo de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), página 480.

1.     La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

2.     La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea y tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

3.     El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte22 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación como laboral o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el INE se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, esta Sala Regional de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas, analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

7.1.1.  Prestación de un trabajo personal

22 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

(consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 187-192, Quinta Parte, página 185). Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995 [mil novecientos noventa y cinco], página 289).

La Sala Regional concluye que la relación entre la parte actora y el INE implicaba la prestación de un trabajo personal por parte de la primera.

Esto a partir de las documentales ofrecidas y admitidas en este juicio, que al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, así como la falta de pruebas que pudieran desacreditar su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

En la demanda la parte actora señala que prestó sus servicios al INE del 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés); mientras que el demandado reconoce la existencia de una relación contractual en ese periodo.

Al respecto el INE presentó copia certificada de los contratos que se describen a continuación:

De esos contratos se advierte la descripción de las siguientes actividades para las que se contrató a la parte actora:

Los documentos ofrecidos por el INE constituyen pruebas documentales que -al no estar controvertida la existencia de su original ni existir alguna prueba en contra- generan convicción sobre los hechos que contienen23.

De esos documentos se advierte que la parte actora se obligó a prestar “sus servicios” -como literalmente señalan los contratos presentados por el INE- en favor del demandado en las funciones descritas.

Como puede verse, la descripción de las funciones para las que se contrató a la parte actora coincide con lo manifestado en su demanda y demuestra el desempeño de funciones que implicaban realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, sino que lo es la naturaleza de dicha relación.

23 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios.

7.1.2.  Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que ha trabajado para el demandado siempre lo ha hecho de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que éste le ha proporcionado, bajo sus órdenes.

El demandado manifiesta que a la parte actora “no se le impuso un horario para cumplir con las actividades para las cuales fue contratada, lo cual pudiera presumir la existencia de relación de naturaleza diversa a la civil [y ella] autoadministraba sus tiempos, tomaba decisiones, supervisaba y ejecutaba sus funciones conforme a su criterio”24.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades que describen no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho Instituto.

En el caso, el INE tiene entre sus atribuciones organizar las elecciones además de las actividades relacionadas con la capacitación electoral, la geografía electoral, el padrón electoral y las listas de personas electoras, como lo establece el artículo 41 base V apartado B inciso a) párrafos 1 a 3 de la Constitución. En ese sentido, el artículo 30.1.c) de la Ley Electoral establece como uno de los fines del INE el de integrar el Registro Federal de Electores (y Personas Electoras).

La Dirección Ejecutiva de dicho registro tiene -de acuerdo con el artículo 54.1 [b), c) y h)] de la Ley Electoral- entre sus

24 Página 9 de la contestación de demanda.

atribuciones, la de formar el padrón electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral.

Es importante mencionar que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el INE por conducto de la Dirección Ejecutiva correspondiente, así como de sus vocalías en las juntas locales y distritales, de acuerdos con los artículos 126.2 y 138.2 de la Ley Electoral.

En el caso, las funciones que fueron encomendadas a la parte actora y constan en los contratos analizados, se vinculan de manera directa con las actividades relacionadas con la actualización de productos electorales entre los que se encuentra la expedición de la credencial para votar.

En ese sentido, la Sala Regional considera que no era posible que la parte actora realizara de manera independiente sus labores ni con sus propios elementos.

Así, no se actualiza en el caso una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que dichos servicios son realizados con medios propios de quien los presta.

Cabe señalar que en los contratos la parte actora se obliga a que “[…] ENTREGAR AL ‘INSTITUTO’ INFORMES QUINCENALES O MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, SEGÚN SEA EL CASO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES DE LAS AREAS DEL ‘INSTITUTO’ O DEL PERSONAL DE MANDO QUE ESTOS DESIGNEN PARA TAL EFECTO. SUPERVISAR Y VIGILAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

‘PRESTADOR DE SERVICIOS’[…]”25 (sic), o “[… HACER] DEL CONOCIMIENTO DE ‘EL INSTITUTO’ DE MANERA MENSUAL Y DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE QUIEN VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS CONSTATAR LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS […]”26 (sic).

Así, de la valoración de las pruebas, esta Sala Regional tiene por acreditado que, en los hechos, la parte actora estaba sujeta a las instrucciones y órdenes del personal del demandado y que recibió instrucciones directas e indirectas sobre la prestación de sus servicios en los diversos cargos que ejerció.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades que desempeñó la parte actora no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del INE, quien tenía la atribución de supervisarlas, corregirlas y de considerarlas incumplidas, terminar el vínculo; también podía establecer el lugar donde deberían ser desarrolladas, cuestiones que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Asimismo, dadas las funciones que la parte actora ha desempeñado a favor del demandado puede desprenderse que no presta el servicio con recursos propios, sino que lo realiza con los medios que le fueron proporcionados por el demandado a fin de cumplir las funciones y atribuciones constitucionales y legales de este, bajo las órdenes y supervisión del órgano al que estaba adscrito.

25 Cláusulas SEXTA del contrato de fecha 1° (primero) de enero de 2018 (dos mil dieciocho).

26 Cláusulas SÉPTIMA de los demás contratos.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que éstos son realizados con medios propios de quien los hace; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el INE.

Por tanto, se advierte que entre las partes existió una relación laboral, lo que se evidencia pues las actividades convenidas que la denominada “prestador del servicio” -la parte actora- debería realizar no podía llevar a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del INE, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre, sino que las hizo bajo la supervisión del funcionariado del demandado.

Incluso en las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA de los contratos analizados, se indica que la parte actora, como persona prestadora de servicios, se obligó a entregarle al demandado informes de las actividades realizadas.

La entrega de reportes para justificar el desempeño de las funciones para las que fue contratada la parte actora implicaba una interacción con otras personas que prestaban sus servicios también para el demandado en las diversas áreas de adscripción, lo que permite inferir27 que no podía realizar sus actividades en un tiempo autoadministrado ni en un horario libre ni con recursos y elementos propios.

De ahí que la sola denominación de los contratos que exhibió el INE es insuficiente para acreditar una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte que las actividades que

27 A partir de la valoración de las copias certificadas de los contratos, en términos del artículo 16.2 de la Ley de Medios.

realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del INE y con equipo, espacios y horarios proporcionados por el mismo.

Sirve de sustento, con carácter orientador para esta Sala Regional, la jurisprudencia I.1o.T. J/52 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA

RELACIÓN DE ESA NATURALEZA28, que señala que para determinar que una relación es civil es necesario acreditar que la persona prestadora del servicio es profesionista, que lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.

Por lo anterior, en concepto de esta Sala Regional de las constancias de nombramiento y los contratos analizados se advierte que, en el caso, se reúnen los elementos de una relación laboral consistentes en el personal y la subordinación, ya que sus actividades se efectuaron con medios proporcionados por el INE que no eran propiedad de la parte actora y bajo su dirección, al no poder desarrollarse al libre albedrío o voluntad de la parte actora dado que le eran asignadas y supervisadas por personal del INE, para realizarse atendiendo a los horarios de prestación de servicios y atención a la ciudadanía del demandado, por lo que también debían ser realizados en un espacio físico determinado por el referido instituto.

28 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, junio de 2006 (dos mil seis), tomo XXIII, página 1017.

7.1.3.  Pago de un salario

Se actualiza también el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

Lo anterior, porque de los recibos de pago presentados por la parte actora, así como los CFDI y contratos presentados por el demandado, valoradas en conjunto29, se advierte la entrega de una cantidad de dinero a cambio de las labores de la parte actora.

En efecto, de los contratos, se advierte que el demandado se obligó a pagar a la parte actora por la prestación de sus servicios, un salario o sueldo; además, se emitieron a la parte actora los recibos de pago correspondientes.

Si bien el INE denominó -en los CFDI- “percepciones y deducciones” al pago que proporcionaba a la parte actora por la prestación de su servicio y en los contratos exhibidos -en la cláusula SEGUNDA de todos- refiere que la cantidad señalada como contraprestación será por el concepto de “honorarios”, lo cierto es que se tiene acreditada la entrega de un salario, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales que la denominación como “honorarios” no determina por sí misma que la relación jurídica entre las partes contratantes sea de naturaleza civil, porque como se señaló, esta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad y dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito de rubros CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL,  EL  PAGO  DE  HONORARIOS  NO  DETERMINA  LA

29 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, según cada caso.

EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA30 y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA31.

De esta forma se tiene por acreditado el tercer elemento relativo al pago de un salario a favor de la parte actora.

* * *

En tal sentido, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, toda vez que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, que no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual.

Así, está acreditado que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral, por lo que es infundada la excepción de falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro RELACIÓN LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA32.

7.2.  Temporalidad y continuidad de la relación laboral

Esta Sala Regional ha sostenido que, de conformidad con los artículos 784 fracciones I, II y VII y 804-I de la Ley Federal del

30 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, abril de 2007 (dos mil siete), tomo XXV, página 1396.

31 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIII, junio de 2006 (dos mil seis), página 1017.

32 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, noviembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), página 379.

Trabajo, en caso de controversia el demandado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto al ingreso de la parte trabajadora, de la antigüedad o discontinuidad en la relación que le unió con la parte actora, y los contratos de trabajo, debido a que tiene la obligación de conservar los documentos relativos a esos hechos. En caso de no exhibirlos en el juicio, establece la presunción de que es cierto lo que afirma la parte trabajadora al respecto33.

Resulta aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Séptimo de Circuito VII.2o.T. J/41 (10a.) de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN34.

En este apartado debe establecerse: la fecha de inicio de la relación laboral; y, si existió, o no, continuidad en la contratación.

En este juicio no existe controversia sobre el periodo que la parte actora solicita se reconozca como de relación laboral.

Esto porque la parte actora señala que trabajó para el INE del 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), en el entendido que a partir del 1° (primero) de enero de 2024 (dos mil veinticuatro) le fue otorgada una plaza presupuestal y la relación continuaba vigente al presentar la demanda; mientras que el demandado reconoce la existencia de diversos contratos con la parte actora en el periodo reclamado, así como que el 1° (primero) de enero

33 Según los artículos 784 fracciones I y II, 804 fracciones I, II y V, y 805 de la Ley Federal del Trabajo.

34 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de 2019 (dos mil diecinueve), Tomo II, página 2270.

de 2024 (dos mil veinticuatro) comenzó a ocupar una plaza presupuestal35.

De ahí que esta Sala Regional reconozca la relación laboral entre las partes del 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés), en el entendido que continuaba vigente en la fecha en que se presentó la demanda.

Ello porque se debe reconocer la continuidad, toda vez que se trata de actividades permanentes del demandado y no hubo algún lapso entre la suscripción de los contratos. Al respecto, resulta orientador el criterio contenido en la tesis XIX.3o.2 L del Tercer Tribunal Colegiados del Décimo Noveno Circuito de rubro CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN LOS QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE36.

En mérito de lo expuesto, la Sala Regional considera infundada la excepción del demandado de improcedencia del reconocimiento de la antigüedad por el periodo reclamado.

De ahí lo conducente sea analizar la procedencia del pago de las demás prestaciones que reclama la parte actora.

7.3.  Demás prestaciones reclamadas

Como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, la parte actora reclamó las siguientes prestaciones:

[a]     el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social que no hubiera realizado el INE, relativas a la inscripción

35 Ver páginas 6, 7 y 18 de la contestación de demanda.

36 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, junio de 2003 (dos mil tres), página 955.

retroactiva al ISSSTE y FOVISSSTE -incluido el subconcepto de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez- desde el 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho);

[b]     el pago de tiempo extraordinario a razón de 10 (diez) horas extras semanales y 18 (dieciocho) horas extras por guardias sabatinas, por lo que hace a 1 (un) año anterior a la presentación de la demanda;

[c]     el pago de la prima quinquenal de acuerdo con la antigüedad que se reconozca; y,

[d]     la entrega de la constancia de servicios.

7.3.1.  Prestaciones de seguridad social

La parte actora reclama el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el tiempo que no se haya hecho.

Este reclamo se funda en el artículo 206.2 de la Ley Electoral en cuanto a que el personal del INE será incorporado al régimen del ISSSTE37.

Cabe señalar que el pago de cuotas de seguridad social está íntimamente relacionado con el derecho a la pensión y, por tanto, no se rige por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo ni las normas que rigen las relaciones laborales de las personas servidoras públicas federales, sino por la Ley del ISSSTE que dispone en su artículo 248 que el derecho a la pensión es imprescriptible.

Por tanto, si la pretensión de la parte actora es que el INE cubra las cuotas de seguridad social desde el inicio de la relación laboral (por lo periodos reconocidos), y están íntimamente ligadas al derecho a la pensión de la parte actora, su acción

37 Lo que, en términos del artículo 3 de la Ley del ISSSTE comprende los seguros de salud, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía, vejez.

relacionada con tales derechos también es imprescriptible.

Sirve de apoyo de manera orientadora, lo establecido en la jurisprudencia I.6o.T. J/21 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL38.

El demandado señala que la parte actora no tiene derecho a la inscripción retroactiva de tal prestación por el periodo reclamado que alega porque se trató de una relación de carácter civil.

Ahora bien, toda vez que se acreditó que existe una relación laboral entre las partes (por el periodo indicado), el INE debe cumplir las obligaciones derivadas de esa relación y acreditar el pago de las prestaciones de seguridad social reclamadas del 2 (dos) de enero de 2018 (dos mil dieciocho) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023 (dos mil veintitrés).

Por ello, el INE debe acreditar la inscripción retroactiva, el reporte y pago de las cuotas a su cargo que no hubieran sido cubiertas, así como el entero de las aportaciones que debió retener a la parte actora respecto de las cotizaciones al ISSSTE y al FOVISSSTE desde el inicio de la relación laboral reconocida y por el periodo señalado; esto, en el entendido de que el pago de la prestación de seguridad social incluye los subconceptos relativos al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, como lo solicita la parte actora.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido39 que debe entenderse que las cuotas y aportaciones que deben pagarse

38 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 17, abril de 2015 (dos mil quince), tomo II, página 1628.

39 Como lo ha hecho, por ejemplo, mediante acuerdo plenario de cumplimiento emitido en el Juicio Laboral SCM-JLI-11/2024.

respecto de la condena por el pago de la prestación en estudio son aquellas de carácter obligatorio.

Sobre esa base, al analizar el artículo 3 de la Ley del ISSSTE se desprende40 que los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez son obligatorios, por lo que deben ser cubiertos por el INE cuando se le ordene el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE, como en el caso.

Apoya este criterio la razón esencial de la jurisprudencia 2a./J. 3/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO41.

De ahí que sea infundada la excepción de falta de acción y derecho para reclamar las prestaciones de seguridad social, opuesta por el demandado.

Además, el demandado opuso la excepción de pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social a partir del 1° (primero) de enero de 2019 (dos mil diecinueve), para lo cual aportó (pruebas que fueron admitidas y desahogadas en la Audiencia):

[i] los CFDI de 2019 (dos mil diecinueve) a 2023 (dos mil veintitrés), y [ii] el “AVISO DE ALTA DEL TRABAJADOR” al ISSSTE con fecha de ingreso 1° (primero) de enero de 2019 (dos mil diecinueve).

De los recibos de pago (CFDI) del 1° (primero) de enero de 2019 (dos mil diecinueve) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 2023

40 Criterio sustentado en el acuerdo plenario de 3 (tres) de julio en el juicio SCM-JLI-11/2024.

41 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011 (dos mil once), página 1082 y registro 162717.

(dos mil veintitrés) a nombre de la parte actora se advierten deducciones por conceptos relacionados a la seguridad social, así como al subconcepto de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; documentos que constituyen documentales privadas -de conformidad con el artículo 16.1 y 16.3 de la Ley de Medios- con valor indiciario que, al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente, las manifestaciones de las partes, y no haber algún elemento probatorio en contra, logran generar convicción suficiente de su contenido.