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VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-46/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI- OT-JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-46/2024

ACTORA:

NANCY ESTHER AGUILAR GUTIÉRREZ

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO EN FUNCIONES:

LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA

SECRETARIAS:

NOEMÍ AIDEÉ CANTÚ HERNÁNDEZ Y ÁNGELES NAYELI BERNAL REYES

Ciudad de México, veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

El Pleno de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada de esta fecha resuelve el expediente identificado en el rubro en el sentido de reconocer la relación laboral entre las partes, condenar al Instituto demandado al pago de algunas prestaciones, pero absolverle de otras, con base en lo siguiente.

Í N D I C E

I.                 Planteamiento......................................12

II.               Marco probatorio....................................13

III.             Caso concreto.....................................13

1.               Naturaleza de la relación jurídica entre las partes............13

2.               Inicio y continuidad de la relación laboral..................28

3.   Prestaciones relacionadas con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral              43

4.               Prestaciones económicas.............................49

A.              Horas extras.......................................50

B.              Prima quinquenal...................................57

SEXTA. Sentido de la sentencia y efectos.....................61

R E S U E L V E.........................................63

G L O S A R I O

De los hechos narrados por las partes y de las constancias que obran en el expediente, esta Sala Regional advierte lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

I.  Relación jurídica.

1.   Inicio. La actora afirma que inició su relación con el Instituto demandado a partir del uno de enero de dos mil ocho, laborando de manera ininterrumpida desempeñando distintos cargos dentro de la estructura del INE hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en tanto que afirma el uno de enero de dos mil veinticuatro se le otorgó una plaza presupuestal.

2.  Relación jurídica actual.

La promovente refiere que la relación que le une con el Instituto continúa vigente, desempeñándose actualmente en la Junta Distrital como Operadora A2.

Asimismo, señala que el siete de mayo de dos mil veinticuatro1, solicitó una copia de su expediente laboral, sin embargo, afirma que la persona de Enlace Administrativo de la Junta Distrital le señaló que “...el periodo que reclamo por esta vía, no se encontraba reconocido como laborado”.

II.  Acuerdo de suspensión de plazos.

El trece de marzo, mediante acuerdo general, el Pleno de esta Sala Regional decretó la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la sustanciación de los Juicios laborales2.

III.  Juicio laboral.

1.   Demanda. El catorce de mayo, la promovente presentó ante esta Sala Regional demanda de juicio laboral contra el INE a fin de demandar, destacadamente, el reconocimiento de la relación que estima es de naturaleza laboral que la une con ese instituto desde el uno de enero de dos mil ocho.

2.      Turno y radicación. Con dicha demanda, se formó el expediente SCM-JLI-46/2024 que fue turnado a la ponencia del magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera el catorce de mayo, quien en su oportunidad radicó el juicio aludido.

3.    Admisión y emplazamiento al demandado. Una vez que se reanudaron los plazos para la sustanciación de los juicios laborales, el ocho de enero de dos mil veinticinco se admitió el juicio en que se actúa, asimismo se acordó emplazar al INE, quien contestó la demanda el veintidós de enero siguiente.

1 En adelante, las fechas aluden al año dos mil veinticuatro, salvo precisión en contrario.

2 Emitiendo con posterioridad los acuerdos de siete de octubre y veintiuno de noviembre en que se amplió el pazo de suspensión aludido.

4.   Fijación de fecha para la celebración de la Audiencia. El veinticuatro de enero posterior se ordenó dar vista a la actora con la contestación de la demanda remitida por el Instituto y se fijó el trece de febrero de dos mil veinticinco, a las dieciocho horas con cero minutos como fecha para llevar a cabo la Audiencia.

5.   Desarrollo de la Audiencia y cierre de instrucción. En la fecha señalada inició la Audiencia, desarrollándose las etapas correspondientes y una vez que no quedaron diligencias ni pruebas pendientes de ser desahogadas, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes y se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de dictar resolución.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia.

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver esta controversia, al tratarse de un juicio laboral entre el Instituto y la actora quien lo promovió para reclamar la falta de reconocimiento de la relación que identifica como laboral, así como diversas prestaciones derivadas de dicha relación a las que estima tiene derecho, al estar adscrita actualmente, según refiere, a la Junta Distrital; supuesto competencia de esta Sala Regional y entidad federativa -Ciudad de México- donde ejerce jurisdicción.

Lo anterior, tiene su fundamento en:

Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3. Artículos 166 fracción III inciso e) y 176 fracción XII.

Ley de Medios. Artículos 3 párrafo 2 inciso e) y 94 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG130/2023, aprobado por el Consejo General del INE que establece el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

Se precisa que en los juicios que tienen por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el INE y sus servidores (as), además de la Ley de Medios, el Estatuto, así como la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a)  La Ley burocrática.

b)  La Ley del Trabajo.

c)  El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d)  Las leyes del orden común.

e)  Los principios generales de derecho.

f)  La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral de las y los servidores del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto. Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán

3 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE

LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta -respectivamente- en el tomo VIII, julio de 1998, página 308; tomo V, abril de 1997, página 178; y tomo II, agosto de 1995, página 614.

disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

TERCERA. Procedencia.

I.       Escrito de demanda

En la especie están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, de conformidad con lo establecido en la tesis L/97 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro: ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO4, como se detalla a continuación:

1.   Forma. En la demanda consta el nombre de la promovente, el acto que identifica como generador de un perjuicio a sus derechos laborales, los hechos que sustentan su impugnación, las pruebas que ofreció y su firma autógrafa.

2.   Oportunidad. La demanda es oportuna porque la pretensión principal es el reconocimiento de la relación laboral que la actora afirma existe con el INE -de manera ininterrumpida- desde el uno de enero de dos mil ocho, que sigue vigente, y reclama el pago de diversas prestaciones derivadas de esa circunstancia.

Al respecto, la Sala Regional ha sostenido el criterio5 de que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme a los artículos 50 fracción III de la Ley burocrática y 158 de la Ley del Trabajo, mismo que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral -como sucede en el caso-, toda vez que la

4 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo I, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 881.

5 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022 y SCM-JLI-36/2022.

antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia PC.I.L. J/54 L (10a.), de rubro: SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO6.

En dicha tesis, se ha razonado que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes es exigible en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “De la prescripción”.

3.       Legitimación. La legitimación de la promovente está satisfecha toda vez que se trata de una persona que acude para reclamar la falta de reconocimiento de una relación laboral que afirma ha sostenido con el INE -y que continúa vigente-, así como el pago de diversas prestaciones derivadas de dicha relación.

4.  Interés jurídico. La actora lo tiene, dado que es una persona

6 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre de 2019, Tomo III, página 2357.

que manifiesta haber prestado sus servicios al INE desde el año dos mil ocho, por lo que demanda el reconocimiento de la relación laboral ininterrumpida desde esa fecha, en el entendido que continúa vigente, así como el pago de diversas prestaciones, pues la falta de ello, según refiere, vulnera sus derechos.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

II.                 Escrito de contestación

Del análisis del expediente, se desprende que están satisfechos los requisitos de la contestación de la demanda, como se explica:

1.   Forma. La contestación fue presentada por escrito, en ella el demandado hizo constar su denominación y el nombre de la persona que actúa en su representación, señaló correo para recibir notificaciones, expresó sus excepciones y defensas, ofreció pruebas y fue firmado autógrafamente.

2.   Oportunidad. Esta se recibió dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de su emplazamiento al juicio, en términos del artículo 100 de la Ley de Medios.

Lo anterior, pues el emplazamiento a juicio del INE se realizó el nueve de enero de dos mil veinticinco, por lo que el plazo que tenía para contestar la demanda transcurrió del diez al veintitrés siguiente, sin considerar los sábados ni domingos, en términos del artículo 7 párrafo 2 de la Ley de Medios.

En ese orden de ideas, si la contestación de la demanda se presentó el veintidós de enero de dos mil veinticinco, es evidente su oportunidad.

3.     Representación (personería). En cuanto a la capacidad procesal del demandado, se encuentra satisfecha, toda vez que acudió por conducto de sus personas apoderadas, a quienes, en cada caso, se les reconoció tal calidad7.

CUARTA. Contexto y controversia.

Para un mejor entendimiento de la controversia a resolver, se considera necesario contextualizarla de conformidad con los apartados que a continuación se establecen.

I.                    Acciones y pretensiones de la actora

Esta Sala advierte que el reclamo principal de la promovente consiste en que le sea reconocida la relación de trabajo que refiere haber sostenido con el INE por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, ya que se le otorgó una plaza presupuestal el uno de enero (en el entendido de que se encuentra vigente), así como que por consecuencia se le paguen diversas prestaciones; mismas que en el escrito de demanda refiere en los términos siguientes:

a).- Se reclama el reconocimiento de la relación laboral entre la suscrita actora y el Instituto Nacional Electoral, desde la fecha de mi ingreso 01 de enero del año 2008 y hasta la fecha en la que se me otorgó la plaza presupuestal o del personal de la rama administrativa que fue el 01 de enero del año 2024, en el entendido que en la fecha antes indicada de ingreso, se me hizo firmar un supuesto contrato de prestación de servicios profesionales, mismo que fue renovándose en varias ocasiones…

7 Personalidad que fue reconocida tanto en el acuerdo emitido el veinticuatro de enero del año en curso, como en el diverso acuerdo de trece de febrero siguiente.

b).- Se reclama el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social que no hubiera realizado el INE, relativas a la inscripción retroactiva y el pago de cuotas al ISSSTE, FOVISSSTE, el pago de cuotas y aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez…

c).- Se demanda el pago de tiempo extraordinario laborado por la suscrita durante el último año al servicio y bajo la subordinación del Instituto Nacional Electoral, reclamando el pago de 10 horas extras semanales a salario integrado, por lo que hace al último año de labores, amén de que laboraba bajo una jornada que se iniciaba a las 08:00 am y ésta no concluía hasta las 18:00 pm, de lunes a viernes de cada semana, contando únicamente como tiempo para descanso, tomar alimentos y reponer energías, el comprendido de las 13:30 a las 14:00 horas de cada día laborable… por lo que se reclama su pago, es decir dos horas extras diarias…

d).   Se demanda el pago y/o en su caso la actualización de la prima quinquenal.

e).     Asimismo, y de ser el supuesto que este H. Tribunal reconozca el periodo que se reclama en la presente demanda, se solicita ordenar al demandado, expida a favor de la accionante "Constancia de Servicios"…

II.                 Excepciones y defensas

En su contestación, el demandado formuló las excepciones y defensas que enseguida se señalan:

1.  Improcedencia de la acción y derecho. El INE afirma que la parte actora carece de acción y de derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral por el periodo controvertido, toda vez que durante dicho lapso las partes sostuvieron diversos vínculos contractuales de carácter civil.

2.     Falta de acción y derecho para reclamar el pago de aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE, porque la promovente prestó sus servicios al Instituto mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil, bajo el régimen de honorarios en el periodo controvertido.

3.    Excepción de prescripción, con relación a todas aquellas prestaciones accesorias que la parte actora no haya reclamado

dentro del plazo de un año anterior a la fecha en que presentó su demanda.

4.  Falta de acción y derecho para reclamar el pago de horas extras, pues el INE afirma que desde la fecha en que la parte actora ingresó como trabajadora del Instituto se ha desempeñado en la jornada laboral establecida en el Manual.

5.  Falta de acción y derecho para reclamar el pago de prima quinquenal, debido a la imprecisión y oscuridad en el reclamo de la promovente y no acreditar tener derecho para que sea beneficiaría de dicha prestación extralegal, pues debe tener cinco años de antigüedad en una plaza presupuestal, lo que estima no es el caso.

6.  Falta de acción y derecho para reclamar la expedición de su constancia de servicios, en tanto que, para el demandado a partir del artículo 537 del Manual es un documento que se emite al personal que ya no labora o presta sus servicios al INE y en el caso si la actora se encuentra activa como trabajadora, no procede su emisión.

QUINTA. Estudio de fondo.

I.                    Planteamiento

Esta Sala Regional advierte que, a partir de lo expresado por las partes, la controversia en el presente asunto consiste en determinar las siguientes cuestiones:

1.     Naturaleza de la relación que -de ser el caso- existió entre las partes desde el uno de enero de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés (y que continúa vigente).

2.     La antigüedad que debe ser reconocida a la promovente y, en su caso, el entero retroactivo de sus cuotas y aportaciones de seguridad social que no se hubiera realizado.

3.     La procedencia de las demás prestaciones que son reclamadas por la promovente.

II.                 Marco probatorio

Para solucionar la controversia se acudirá al material probatorio ofrecido por las partes que fue admitido y desahogado de acuerdo con lo señalado en la correspondiente Audiencia.

Al respecto es pertinente señalar que los medios probatorios ofrecidos por las partes y que en su oportunidad fueron admitidos, serán valorados en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Medios, así como a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria.

En ese entendido, se procede a estudiar el caso concreto, conforme a lo siguiente:

III.               Caso concreto

1.     Naturaleza de la relación jurídica entre las partes

La promovente sostiene la existencia de una relación laboral ininterrumpida con el INE a partir del uno de enero de dos mil ocho hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, ya que afirma pasó a formar parte de las plazas presupuestales del Instituto el uno de enero de dos mil

veinticuatro (en el entendido de que su relación se encuentra vigente), mientras que el demandado negó la existencia de una relación de trabajo durante el periodo aludido.

Ello porque, a su decir, la promovente prestó sus servicios a favor del Instituto de manera interrumpida mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

Ahora bien, con independencia de que las manifestaciones de las partes sean distintas respecto a la fecha de inicio de la relación jurídica y los periodos en que ésta se desarrolló, lo que será analizado más adelante, lo cierto es que, de inicio, dada la contradicción de afirmaciones, ha de partirse de la noción sobre que la carga probatoria de demostrar que la relación jurídica era de naturaleza diversa a la laboral preeminentemente correspondía a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, de rubro: RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO8.

En ese sentido, para estar en condiciones de esclarecer qué tipo de relación unió a las partes en dicho período, se deben analizar las características propias de una relación laboral, para luego, determinar si, a partir de las pruebas aportadas por las partes

-teniendo en consideración que la principal carga probatoria le

8 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 480.

corresponde al INE- podrían encontrarse elementos propios de una relación laboral o de otro tipo.

Ello, porque la naturaleza laboral de la relación no depende de la denominación que las partes atribuyan a los contratos en los que se finca su acuerdo de voluntades, como se explica.

El artículo 20 de la Ley del Trabajo, define una relación laboral como un trabajo personal, subordinado, mediante el pago de un salario, con independencia del acto que le dé origen.

Definición, a partir de la cual se obtienen los siguientes elementos de una relación laboral:

a.     La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio de quien le emplea.

b.    La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando ostentado por la parte patronal, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el o la trabajadora.

c.     El pago de un salario, en contraprestación por el trabajo prestado.

Si bien el primer y tercer elemento pueden darse en relaciones jurídicas distintas a la laboral, lo cierto es que el elemento sustancial que la distingue de aquellas es precisamente el de la subordinación en la prestación del servicio, el cual debe entenderse como la facultad de la persona empleadora de disponer de la fuerza de trabajo del obrero u obrera quien, a su vez, tiene la correlativa obligación de acatar sus órdenes.

Lo anterior tiene sustento en las tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro: RELACIÓN LABORAL, EXISTENCIA DE LA9 y en la jurisprudencia de rubro: RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA10.

Cabe señalar que la relación laboral es un acuerdo de voluntades en el que una parte se obliga a desempeñar un trabajo encomendado por su contratante (elemento de subordinación), bien sea a favor de éste o de otro, y por cuya realización recibirá aquella el pago de una retribución económica (salario11), extremos éstos que podrán o no documentarse.

A diferencia de los elementos que se requieren para acreditar una relación laboral entre el Estado y quienes trabajen para él, tratándose del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, en los numerales 2606 al 2615 del Código Civil Federal se prevé, en síntesis, que el contrato de prestación de servicios es el acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte, a la que se designa profesor (a) o profesionista, se obliga a realizar un trabajo a favor de otra, llamada cliente, a cambio de una remuneración que recibe el nombre de “honorarios”.

Por otra parte, de las características de una relación laboral y del contrato de prestación de servicios profesionales, se obtiene que la diferencia radica en el requisito de subordinación jurídica permanente durante la jornada laboral, que se da en la primera y que, como se ha referido, consiste en el poder jurídico de mando que ejerce la persona patrona sobre el

9 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Materia Laboral, página 35.

10 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995, página 289.

11 Artículo 20 de la Ley del Trabajo.

esfuerzo físico, mental, o ambos, respecto de la persona trabajadora, en relación con el deber de obediencia por parte de quien presta el servicio.

De ahí que, tratándose de una relación laboral, cuya característica primordial es la subordinación, la persona empleadora determina dónde, cuándo y cómo realizar lo que es materia de la relación laboral.

En cambio, respecto de la prestación de servicios profesionales, quien los presta lo hace generalmente con elementos propios y no recibe órdenes precisas, por tanto, no existe la subordinación, que implica el deber de obediencia, ya que el servicio se presta en forma independiente.

Cabe indicar que la falta de alguno de los elementos característicos de la relación de trabajo, que permiten diferenciarla de otro tipo de vínculos como el de naturaleza civil, derivado de la prestación de servicios profesionales independientes, conllevaría a la determinación de no tenerla por acreditada.

Precisado lo anterior, esta Sala Regional analizará en el caso concreto la existencia de los elementos determinantes de la relación laboral de acuerdo con las constancias del expediente, y las pruebas admitidas y desahogadas que fueron ofrecidas por las partes12.

a.     Prestación de un trabajo personal.

Es de observar que de los documentos que se tienen a la vista, en particular los presentados por el Instituto al dar contestación

12 Valoradas conforme a los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, así como 2, 5, 33 y 841 de la Ley del Trabajo.

a la demanda, se desprende que, dentro del periodo controvertido -uno de enero del dos mil ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés (en el entendido de que la relación entre las partes se encuentra vigente)-, existe constancia de que la actora desempeñó los siguientes puestos en los periodos que enseguida se precisan:

Documentales que, valoradas en conjunto, generan convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original13.

De los referidos instrumentos, se desprende que el Instituto precisó las actividades a realizar, las funciones designadas, así como el pago que se erogaría por los servicios de la parte actora, conforme a lo siguiente:

13 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, según cada caso, en relación con el 841 de la Ley del Trabajo.

En ese sentido, el Instituto hizo del conocimiento del promovente, las condiciones del trabajo; actividades a realizar (objeto del trabajo), es decir, la prestación de un trabajo personal en los puestos referidos, la obligación de entregar al Instituto informes mensuales de sus actividades, así como en su caso la retribución económica por el trabajo realizado (salario).

De lo anterior se advierte que las condiciones de trabajo que ofreció el Instituto fueron claras y precisas, por lo que la persona interesada en acceder a dichos puestos era conocedora de los alcances de tal oferta (objeto de trabajo, patrón al que quedaría subordinada y el salario que recibiría en su caso).

A su vez, la promovente manifestó su voluntad de contratarse con el INE, cuestión que es un hecho reconocido por las partes sin que exista controversia al respecto, al hallarse en autos los contratos signados entre ambos.

Con base en las relatadas circunstancias, esta Sala Regional considera que el acuerdo de voluntades para la existencia de la relación de trabajo se actualizó, no solamente por la presentación de la solicitud de la actora, sino además dada la correspondiente aprobación y firma del funcionariado pertinente del Instituto, según cada caso, tal como consta en los contratos ofrecidos por el demandado.

b.    Subordinación

En ese orden de ideas, se destaca que las actividades señaladas en los contratos mencionados se encuentran vinculadas con la función estatal que le corresponde al Instituto de organizar las elecciones federales.

Se arriba a dicha conclusión toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 Base V Apartado B inciso a) párrafo

3 de la Constitución, el INE (así como el entonces Instituto Federal Electoral) tiene entre sus atribuciones de forma integral y directa, las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas nominales de personas electoras.

Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 30 párrafo 1 inciso c) de la Ley Electoral14 establece como uno de los fines del Instituto, la integración del Registro Federal Electoral.

En concordancia con lo anterior, el artículo 54 párrafo 1 incisos

b) y c) de la Ley Electoral establece que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral tiene entre sus atribuciones, la de formar el Padrón Electoral y expedir las credenciales para votar con fotografía.

Por su parte, los artículos 134 al 146 de la ley de referencia regulan lo relativo a los procedimientos del señalado Registro, dentro de los que se encuentran los relativos al Padrón Electoral, la lista nominal de personas electoras y las citadas credenciales para votar.

En particular, los artículos 126 párrafo 2, así como 138 párrafo 2 de la Ley Electoral, establecen que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva correspondiente, así como de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales.

14 Y en su momento, el atinente del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en tanto el lapso del reclamo de la parte actora se refiere al periodo en que dicho ordenamiento se encontraba vigente y relacionado con el otrora Instituto Federal Electoral, por lo que bajo tal precisión debe entenderse en las subsecuentes menciones a la Ley Electoral.

Ahora bien, de los contratos exhibidos por el INE en su escrito de contestación se advierten las funciones que el actor llevó a cabo en distintos puestos, cuya naturaleza permite a este órgano jurisdiccional concluir que es indudable que el promovente no llevó a cabo su trabajo con recursos propios, sino que lo realizó con los medios que le fueron proporcionados por el demandado y bajo su supervisión.

Tales actividades se encuentran insertas dentro de las funciones propias del Instituto tal como se ha descrito en líneas precedentes y del objetivo pretendido se infiere que no pueden ser realizadas de manera autónoma e independiente por parte de quien supuestamente presta sus servicios, ya que deben ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el Instituto al vincularse de manera directa con las actividades relacionadas con la actualización de productos electorales entre los que se encuentra la expedición de la credencial para votar.

En ese sentido, es indudable que las personas contratadas por el INE en los puestos señalados están obligadas a seguir los parámetros de dicho empleador, ya que no sería posible que efectuaran sus actividades en forma autónoma sin tomar en consideración las directrices de las autoridades del Registro Federal Electoral que depende del propio Instituto de conformidad con lo que prevé el artículo 126 de la Ley Electoral.

De esta manera, se considera que la subordinación, como elemento distintivo de la relación de trabajo quedó acreditada, ya que el Instituto disponía de la fuerza de trabajo de la actora, quien debía realizar las actividades que le fueron encomendadas, encontrándose sujeta a entregar reportes de sus actividades, así como a tener disponibilidad para apoyar en las diversas actividades que pudieran requerirse.

De ello se deduce que el Instituto pactó directrices que solo se podrían exigir a quien presta un trabajo y no a quien presta servicios profesionales ya que, en este último caso, la persona contratada únicamente debe desempeñar el servicio pactado, en forma libre, sujetándose solamente a un plazo fijado.

En dicho contexto, se desestiman las excepciones y defensas que hace valer el demandado y que se fundan sobre la base de que la relación jurídica que sostuvo con la promovente fue de naturaleza civil ello, porque de la documentación aportada por el Instituto (en específico, los contratos) se desprenden elementos que permiten inferir la naturaleza de una relación de corte laboral y no civil -por lo que ve a la subordinación-, como se ha explicado.

Por lo anterior, esta Sala Regional estima que a pesar de que los contratos se identifican como de “prestación de servicios profesionales”, reúnen en los hechos los elementos de una relación laboral.

Resulta orientador para la anterior conclusión el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 20/2005 de rubro: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES15.

15 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315.

Asimismo, orienta la tesis I.9o.T. J/51 de rubro: RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO CONDUCENTE16.

c.     Pago de un salario

Finalmente, también está actualizado el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

En efecto, el artículo 82 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria, dispone que el salario es la retribución que debe pagar la parte patronal a la persona trabajadora por las funciones que le son encomendadas.

Así, en cada uno de los contratos aportados por el Instituto, puede advertirse que fue pactada una cláusula que establece una cuantía determinada que habría de pagarse de forma mensual o quincenal -según cada caso- a la parte actora para retribuirle por las actividades realizadas en favor del INE.

En ese sentido, además, de los recibos de pago exhibidos por la promovente, -los cuales no fueron objetados en cuanto a su autenticidad y contenido- es posible advertir que el Instituto demandado le pagaba diversas cantidades por los puestos que desempeñó durante el periodo que se encuentra controvertido.

16 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXV, abril de 2007, página 1524.

Ahora bien, no es obstáculo para considerar la existencia de la relación laboral, la identificación o denominación del pago realizado por el Instituto a la promovente, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales17 que la existencia de honorarios no determina, por sí misma, que la relación jurídica entre quienes contratan sea de naturaleza civil, pues ésta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, dependencia económica, entre otros.

Así lo establecen las jurisprudencias I.7o.T. J/25 y I.1o.T. J/52, de rubros: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA18 y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR

UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA19, respectivamente.

En tal sentido, esta Sala Regional considera que la promovente probó su acción en cuanto a la existencia del vínculo de naturaleza laboral porque las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, las cuales no

17 Tal criterio se encuentra contenido en las tesis de rubros: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315. RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO

CONDUCENTE, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1524.

18 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tribunales colegiados de Circuito, Tomo XXV, abril de 2007, página 1396.

19 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXIII, junio de 2006, página 1017.

pueden ser consideradas como de carácter esporádico o eventual.

Así, toda vez que el INE no demostró que la relación que mantuvo con la actora fue de naturaleza distinta a la laboral, las excepciones de la improcedencia de la acción y derecho se desestiman ya que, al haberse acreditado el vínculo laboral entre las partes, no pueden subsistir debido a que solo podían formularse válidamente con el alcance que les imprime el demandado ante una relación de carácter civil, lo cual no ocurrió.

En ese sentido, se encuentra acreditado que la relación fue de naturaleza laboral. Al fundarse estas excepciones en argumentos que sostienen que la relación era de naturaleza civil, y no acreditarse ello, éstas son improcedentes, tal como señala la jurisprudencia de rubro: RELACION LABORAL, NEGATIVA DE LA20.

2.     Inicio y continuidad de la relación laboral

Como se ha referido, entre las partes existe controversia respecto al inicio de la relación jurídica laboral y su continuidad dado que, por un lado, la actora refiere que inició su relación -de carácter laboral- con el Instituto demandado el uno de enero de dos mil ocho y que ésta ha sido ininterrumpida.

Por otro lado, el INE indica que en el periodo controvertido -es decir, del uno de enero de dos mil ocho y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés- las partes “…sostuvieron diversos vínculos contractuales de carácter civil por honorarios eventuales para realizar actividades relacionadas con procesos electorales, así como honorarios permanentes”.

20 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 90, Sexta Parte, Laboral Tesis, página 73.

Además, el Instituto agrega que al haber existido diversas relaciones contractuales entre las partes durante el periodo reclamado, no es posible considerarlo como un solo vínculo jurídico, puesto que “…cada uno tuvo un inicio y una conclusión y respecto de las cuales el accionante se encontraba en aptitud de demandar el reconocimiento una vez concluida cada una de ellas.”.

En ese tenor, aduce que no asiste acción y derecho a la actora para demandar el reconocimiento de la relación laboral de manera ininterrumpida en el periodo controvertido y niega “lisa y llanamente la relación laboral y de cualquier naturaleza con la accionante”, en los siguientes periodos:

        Del uno de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

        Del uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

        Del uno de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil diez.

        Del uno de marzo al quince de julio de dos mil doce.

Lo anterior, sin que ninguna de las partes controvierta que a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro la actora comenzó a laborar en una plaza presupuestal del INE y que la relación aludida continúa vigente.

En principio, con base además en las pruebas documentales aportadas por la actora, se advierte que, contrario a lo sostenido por el INE, la relación que le unió con la actora fue -como se ha explicado- de naturaleza laboral y además ininterrumpida durante el lapso controvertido, según se explica enseguida.

Por un lado, se destaca que los contratos suscritos con una vigencia determinada no son suficientes para demostrar que existieron una serie de relaciones temporales interrumpidas dado que, de acuerdo con el artículo 37 fracción I de la Ley del Trabajo y su interpretación en la tesis XIX.3o.2 L de rubro: CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN LOS QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA  DEL  SERVICIO  Y  ADQUIEREN  EL

CARÁCTER DE21, los contratos laborales por tiempo determinado solo están permitidos cuando lo exija la naturaleza del servicio a prestar -lo que, además, es indispensable probar- y que en el caso no acontece.

Como se ha mencionado, en autos existen como pruebas ofrecidas y aportadas por la parte actora diversos recibos de pago emitidos por el demandado a nombre de la promovente, que permite observar indicios de la existencia de la relación aludida en distintos periodos, tal como se hizo constar al ser objeto de admisión y desahogo en la Audiencia correspondiente, conforme al tenor literal siguiente:

…

Recibos de pago de salario que se describen a continuación:

2008

Del 01 al 15 de enero, del 16 al 31 de enero, del 01 al 15 de abril,

del 16 al 30 de abril, del 01 al 15 de mayo, del 16 al 31 de mayo,

del 01 al 15 de junio, del 16 al 30 de junio, del 01 al 15 de julio,

del 16 al 31 de julio, del 01 al 15 de agosto, del 16 al 31 de agosto,

del 01 al 15 de septiembre, del 16 al 30 de septiembre, del 01 al

15 de octubre, del 16 al 31 de octubre, del 01 al 15 de noviembre,

del 16 al 30 de noviembre, del 01 al 15 de diciembre, del 16 al 31 de diciembre, del 01 de enero al 31 de diciembre, emitidos por el entonces Instituto Federal Electoral.

21 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 955.

2009

Del 01 al 15 de enero, del 16 al 31 de enero, del 01 al 15 de

febrero22, del 01 al 15 de febrero, del 22 al 28 de febrero, del 01 al 15 de marzo, del 16 al 31 de marzo, del 01 al 15 de abril, del 16 al 30 de abril, del 01 al 15 de mayo, del 16 al 31 de mayo, del

01 al 15 de junio, del 16 al 30 de junio, del 01 al 08 de julio, del

09 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio, del 16 al 31 de julio, del 01

al 15 de agosto, del 1523 al 31 de agosto, del 01 al 15 de

septiembre, del 16 al 30 de septiembre, del 01 al 15 de octubre,

del 16 al 31 de octubre, del 01 al 15 de noviembre, del 01 al 15 de diciembre, del 16 al 31 de diciembre, emitidos por el entonces Instituto Federal Electoral.

2010

Del 01 al 15 de enero, del 16 al 31 de enero, del 01 al 15 de

febrero, del 16 al 28 de febrero, del 01 al 15 de marzo, del 16 al

31 de marzo, del 01 al 15 de abril, del 16 al 30 de abril, del 01 al