VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-69/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI- OT-JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-69/2024

PARTE ACTORA:

MARÍA LUISA ROJAS HERNÁNDEZ

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO EN FUNCIONES:

LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA

SECRETARIO:

GERARDO RANGEL GUERRERO

COLABORÓ:

GHISLAINE F. FOURNIER LLERANDI

Ciudad de México, veintiséis de febrero de dos mil veinticinco1.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes y ordena al Instituto Nacional Electoral pagar diversas prestaciones a la parte actora, mientras que le absuelve de otras.

Í N D I C E

1 En adelante, las fechas se entenderán de dos mil veinticinco, salvo precisión en contrario.

GLOSARIO

2 Precisando que en todos los términos de esta sentencia en que se refiera a trabajadores, servidores y prestadores de servicios, deberá entenderse la inclusión de trabajadoras, servidoras y prestadoras de servicios.

A N T E C E D E N T E S

I.  Relación jurídica.

La actora afirma que inició su relación con el Instituto demandado el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno, desempeñando diversos cargos en el 40 distrito electoral del entonces IFE –sin señalar la entidad correspondiente–, bajo el concepto de “HONORARIOS”, de manera permanente, continuada, subordinada e ininterrumpida hasta el treinta y uno agosto de dos mil nueve, en un primer momento, la cual retomó el uno de febrero de dos mil dieciséis y se mantuvo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, pues con posterioridad –a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro– se le otorgó una plaza presupuestal o de personal de la rama administrativa como operadora de equipo tecnológico en la Junta Distrital.

II.  Juicio laboral.

1.    Demanda. El treinta de agosto de dos mil veinticuatro la actora presentó ante esta Sala Regional demanda de juicio laboral contra el INE, a fin de demandar el reconocimiento de la relación laboral que tiene con el demandado por los períodos mencionados, así como el pago de diversas prestaciones.

2.       Turno.  Con  dicha  demanda  se  formó  el  expediente

SCM-JLI-69/2024, el cual fue turnado a la ponencia del

3 Precisando que en todos los términos de esta sentencia en que se refiera a electores y ciudadanos, deberá entenderse la inclusión de electoras y ciudadanas.

magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera, quien lo tuvo por recibido en su momento.

3.      Suspensión de plazos. Mediante acuerdos generales aprobados por el pleno de este órgano jurisdiccional se determinó suspender los plazos legalmente establecidos para sustanciar y resolver los juicios laborales desde el trece de marzo de la anualidad pasada, estableciendo que la reanudación de los términos y sustanciación de dichos juicios sería a partir del uno de enero.

4.     Admisión y emplazamiento al demandado. El ocho de enero se admitió el juicio laboral en que se actúa y se acordó emplazar a juicio al INE, quien contestó la demanda el veintidós de enero siguiente.

5.   Fijación de fecha para la celebración de la audiencia. El veinticuatro de enero se ordenó dar vista a la parte actora con la contestación de la demanda remitida por el Instituto y se fijaron las dieciocho horas del doce de febrero para llevar a cabo la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos.

6.   Audiencia. En la fecha y hora señaladas tuvo verificativo la mencionada audiencia, se desarrollaron las etapas correspondientes, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes y al no existir diligencias ni pruebas pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de dictar resolución.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio, pues fue

promovido por una persona que impugna del INE la falta de reconocimiento de la relación laboral –por dos periodos específicos–, derivado de lo cual reclama el pago de diversas prestaciones como trabajadora del demandado en la Junta Distrital –cuya sede se ubica en la Ciudad de México–, entidad federativa respecto de la cual ejerce jurisdicción. Lo anterior, con fundamento en:

Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación4. Artículos 166 fracción III inciso e) y 176 fracción XII.

Ley de Medios. Artículos 3 numeral 2 inciso e) y 94 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG130/2023. Aprobado por el Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable. En los juicios laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

4 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda, en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K –todas de Tribunales Colegiados de Circuito–, cuyos rubros son: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL; RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES; y, RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS, consultables en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta –respectivamente– en el tomo VIII, julio de 1998, página 308; tomo V, abril de 1997, página 178; y tomo II, agosto de 1995, página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646.

a)       La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

b)      La Ley del Trabajo;

c)       El Código Federal de Procedimientos Civiles;

d)      Las leyes de orden común;

e)       Los principios generales de derecho; y,

f)         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERA. Procedencia. Requisitos de la demanda y la contestación. Esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo estudio es preferente, conforme al criterio orientador contenido en la tesis L/97, de rubro: ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO5.

De la demanda. El medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

a)      Forma. La demanda se presentó por escrito, haciendo constar el nombre de la parte actora, además de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, identificar el acto

5 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997, página 33.

impugnado, exponer hechos, agravios, ofrecer pruebas y asentar su firma autógrafa.

b)  Oportunidad. La demanda es oportuna porque la pretensión principal de la parte actora es el reconocimiento de la relación laboral –por dos periodos específicos– que afirma le une con el INE, así como el pago de diversas prestaciones.

En este sentido, resultan aplicables las razones esenciales de las jurisprudencias 15/2011, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE

DE OMISIONES6 –en la cual se precisa que las omisiones constituyen transgresiones de tracto sucesivo, por lo que sus efectos se actualizan día a día, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna mientras subsista la supuesta inactividad del demandado–, así como 38/2009, de rubro: DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS PLAZOS PARA SU RECLAMO SE RIGEN POR LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD   Y   SERVICIOS   SOCIALES   DE   LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO7 –en la que se sostiene el criterio de que es imprescriptible el derecho a ejercer acciones relacionadas con prestaciones de carácter de seguridad social, pues la parte promovente reclama la cobertura de las cuotas de seguridad social respectivas–.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador de la jurisprudencia PC.I.L. J/54 L (10a.), de rubro: SEGURIDAD

6 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, páginas 29 y 30.

7 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 5, 2010, páginas 26 a 28.

SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE

PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO8, la cual señala que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado a solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento mientras subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “DE LA PRESCRIPCIÓN”.

c)  Legitimación. La parte actora está legitimada para promover el juicio, pues acude para reclamar del INE –entre otras cuestiones– el reconocimiento de su relación laboral con el demandado y diversas prestaciones conforme a su antigüedad.

d)    Interés jurídico. Está acreditado, pues los agravios de la demanda de la persona accionante están encaminados a que se reconozca la relación laboral que la une con el INE, siendo el presente medio la vía apta para que, de asistirle razón, se le restituya en los derechos que señala vulnerados.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

8 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre de 2019, tomo III, página 2357, registro digital: 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

De la contestación. El escrito presentado por el INE cumple con los requisitos atinentes, por lo siguiente.

a)   Forma. La contestación fue presentada por escrito en que el demandado hizo constar su denominación y el nombre de la persona que actúa en su representación, señaló correo electrónico para recibir notificaciones, expresó sus excepciones y defensas, ofreció pruebas y fue firmado autógrafamente.

b)         Oportunidad. La contestación del demandado fue presentada en el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues fue notificado de la admisión de la demanda el nueve de enero, por lo que el plazo para formularla transcurrió del diez de enero al veintitrés posterior9; en consecuencia, si el escrito de contestación se presentó en la oficialía de partes de esta Sala Regional el veintidós de enero, es evidente su oportunidad.

c)   Legitimación y representación. La capacidad procesal del demandado está satisfecha, pues acude por conducto de una persona apoderada, como se reconoció en el acuerdo de instrucción de veinticuatro de enero, así como en el desahogo de la audiencia celebrada el doce de febrero.

CUARTA. Acciones y excepciones.

a)  Acciones y pretensiones de la parte actora. La parte actora pretende que esta Sala Regional declare el reconocimiento de una relación laboral que –según señala– el demandado ha sido omiso en reconocer, y específicamente reclama las siguientes

9 Sin contar sábados y domingos por ser inhábiles.

prestaciones:

1.          El reconocimiento de la relación laboral entre la parte actora y el INE durante los periodos comprendidos entre el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno y el treinta y uno agosto de dos mil nueve, así como entre el uno de febrero de dos mil dieciséis y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

2.          El reconocimiento de la antigüedad y la expedición de la constancia de servicios por los periodos en que ha existido la relación laboral.

3.          Prestaciones de seguridad social, consistentes en la

inscripción retroactiva y el pago de cuotas del:

1. ISSSTE; 2. FOVISSSTE; y, 3. El pago de cuotas y aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

4.          Pago de tiempo extra laborado durante el último año consistente en diez horas extras semanales más las sabatinas.

b)      Excepciones y defensas. El INE opuso las siguientes excepciones y defensas:

        Inexistencia de la relación laboral entre las partes, toda vez que durante los períodos señalados no existió relación jurídica de carácter laboral entre la accionante y el INE.

        Falta de acción y derecho de la parte actora para reclamar: a) Prestaciones laborales y extralaborales;

b) Prestaciones de carácter social; y, c) Tiempo extraordinario.

        Falsedad, ya que los reclamos de la parte actora se apoyan en hechos y argumentos falsos.

        Improcedencia de la acción y falta de derecho de la parte accionante para demandar prestaciones de índole laboral, por tratarse de prestaciones que únicamente se otorgan a las personas trabajadoras del INE, calidad que no tenía la actora durante los períodos referidos.

        Plus petitio10, ya que la parte promovente pretende el pago de prestaciones a las que no tiene derecho, ante la inexistencia de relación jurídica alguna con el INE.

        Falta de legitimación de la parte actora, pues en caso de que se estime existente la relación laboral entre las partes debe considerarse que, para tener derecho a las prestaciones del Manual, es necesario que la persona haya obtenido el nombramiento que lo acredite como personal de plaza presupuestal en la estructura del INE de manera previa a su ingreso, lo que no ocurre en el caso.

        Defecto y oscuridad en la demanda, pues del apartado que la parte actora denomina HECHOS Y AGRAVIOS no se desprende una diferencia entre ambos conceptos, por lo que el Instituto no puede controvertir de manera adecuada lo plasmado por la accionante, quedando en estado de indefensión.

Marco probatorio.

Para solucionar la controversia se acudirá al material probatorio ofrecido por las partes, el cual fue admitido y desahogado de acuerdo con lo señalado en la correspondiente audiencia.

Al respecto es pertinente señalar que los medios probatorios ofrecidos por las partes y que en su oportunidad fueron

10 Petición excesiva.

admitidos, serán valorados en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Medios, así como a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley del Trabajo.

QUINTA. Estudio de fondo.

A. Planteamiento y metodología

Esta Sala Regional considera que resulta infundada la excepción alegada por el INE respecto al defecto y oscuridad de la demanda, pues la promovente, como se señaló en el requisito de forma de esta, fue clara en exponer los hechos y agravios que a su decir le causan perjuicio.

Así, se advierte que, a partir de lo expresado por las partes, la controversia en el presente asunto consiste en determinar la existencia o no de una relación laboral entre estas y, en caso de acreditarse, la procedencia de diversas prestaciones, las cuales se analizarán agrupadas por temas, lo que no genera afectación alguna, pues lo trascendental es que todas sean estudiadas11.

En ese entendido, se procede a estudiar el caso concreto, conforme a lo siguiente:

Tema I. Naturaleza de la relación jurídica entre las partes. Tema II. En su caso, la temporalidad de la relación laboral y la expedición de la constancia de servicios.

Tema III. Prestaciones de seguridad social.

11 En el caso de las prestaciones reclamadas resulta aplicable la razón esencial de la jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6.

Tema IV. Prestación relacionada con el pago de tiempo extra laborado.

Tema I. Naturaleza de la relación jurídica entre las partes.

La parte actora sostiene la existencia de una relación laboral con el INE durante los siguientes periodos:

a)    Del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno agosto de dos mil nueve; y,

b)    Del uno de febrero de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

Por su parte, con relación al reclamo de reconocimiento de relación laboral, el demandado señala que la pretensión de la parte actora es improcedente, bajo el argumento de que la relación entre las partes durante los periodos mencionados fue de carácter civil.

Así, dada la contradicción de afirmaciones, ha de partirse de la noción de que la carga probatoria de demostrar que la relación jurídica era de naturaleza diversa a la laboral preeminentemente correspondía a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, de rubro: RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO12.

12 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, tomo IX, mayo de 1999, página 480.

Al respecto debe decirse que el artículo 20 de la Ley del Trabajo define una relación laboral como aquella que –con independencia del acto que le dé origen– surge de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

1.     La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

2.     La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

3.     El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte13 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

13 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro: SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE

TRABAJO. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 187-192, quinta parte, página 185. Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA.

Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995, página 289.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el demandado se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, así como las pruebas admitidas y desahogadas por las partes14, esta Sala Regional analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

1.  Prestación de un trabajo personal. La relación entre la parte actora y el demandado implicaba la prestación de un trabajo personal de la primera en favor del segundo, como se demuestra a continuación.

El demandado aportó diversos contratos firmados entre las partes respecto de los siguientes periodos y cargos:

14 Valoradas conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley de Medios, así como 2, 5, 33 y 841 de la Ley de Trabajo.

Documentales que, valoradas en conjunto, generan convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original15.

En este sentido, los contratos descritos reflejan que la parte actora se obligó, en diferentes momentos, a prestar sus servicios –como literalmente señalan los contratos– en favor del demandado como:

               Responsable de módulo

               Auxiliar de módulo “ESP”

               Auxiliar técnica “E”

               Auxiliar técnica “C”

               Operadora capturista CEDAT

               Operadora de equipo tecnológico

               Operadora de equipo tecnológico “B”

15 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, según cada caso.

Además de los contratos, se encuentran en el expediente –aportados por la parte actora– los originales de diversas credenciales expedidas por el demandado, en las que se le acredita para efectuar distintas tareas en la Junta Distrital, tales como: a) Operadora de equipo tecnológico –emitidas por el INE en dos mil uno, dos mil tres, dos mil cinco y dos mil siete–; y,

b) Capturista –expedida en dos mil cuatro16–.

Así, las funciones para las cuales fue contratada la actora implicaron realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, como se advierte del contenido de los contratos17.

16 Con motivo del programa “TÉCNICA CENSAL PARCIAL 2004. RESECCIONAMIENTO”.

17 Funciones visibles en los contratos presentados por el INE.

En ese sentido, es pertinente asentar que en cada contrato el Instituto hizo del conocimiento de la parte actora las condiciones del trabajo, las actividades a realizar u objeto del trabajo –lo que implica la prestación de un trabajo personal–, así como en su caso la retribución económica por el trabajo realizado.

De lo anterior se advierte que las condiciones de trabajo que ofreció el Instituto fueron claras y precisas, por lo que la persona interesada en acceder a dichos puestos era conocedora de los alcances de tal oferta (objeto de trabajo, persona a la que debería rendir cuentas y la retribución económica que recibiría en cada caso).

A su vez, la parte actora manifestó su voluntad de contratarse con el Instituto, cuestión que es un hecho notorio y reconocido por las partes al hallarse en el expediente los contratos firmados entre ellas.

Con base en lo relatado, esta Sala Regional considera que el acuerdo de voluntades para la existencia de una prestación de servicios personales se actualizó, tal como consta en los contratos que obran en el expediente.

2.  Subordinación. La parte actora señala que durante el tiempo que trabajó para el demandado siempre lo hizo de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que le proporcionó y siempre bajo sus órdenes y supervisión.

Por su parte, el demandado manifiesta que la parte actora jamás estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas del funcionariado del demandado.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional  concluye  que  las  actividades  señaladas  con

anterioridad no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del demandado e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho Instituto.

Cabe señalar que en las distintas cláusulas de los diversos contratos se precisaron, entre otras obligaciones a cargo del accionante, las siguientes:

-         Coordinar las actividades en módulo y realizar los trámites de actualización correspondientes, así como clasificar y controlar los documentos generados, además de la cobertura del área asignada y elaborar reportes diarios para la persona responsable de zona.

-         Apoyar a la persona responsable de módulo en la realización de los trámites de actualización, así como informar a la ciudadanía de las fechas, horarios y lugares de ubicación de los módulos.

-         Coadyuvar en la elaboración de los análisis y las verificaciones de avance de labores, así como en los informes o reportes periódicos.

-         Capturar la información de las actas de escrutinio y cómputo recibidas en las terminales de captura, así como transmitir la información.

-         Capturar y actualizar la información de la ciudadanía en el padrón electoral, entregar la credencial, efectuar el monitoreo de las cifras, así como leer y retirar credenciales no entregables.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que debían ser analizadas en un contexto integral, y también ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del propio demandado, lo que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Por otra parte, dadas las funciones que la parte actora desempeñó a favor del demandado puede desprenderse que no prestaba el servicio con recursos propios, sino que lo realizaba con los medios que le fueron proporcionados por el demandado, lo que se advierte de los contratos en que incluso se acordaron términos que denotan la subordinación de la parte actora al demandado para la realización de sus labores.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que dichos servicios son realizados con medios propios de quien presta el servicio; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el demandado.

Así, se advierte que entre las partes existió una relación jurídica laboral lo que se evidencia pues las actividades convenidas que la parte accionante debería realizar como “prestadora del servicio” no podrían ser llevadas a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del demandado, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre.

De ahí que la sola denominación de los contratos y las constancias que exhibió el INE son insuficientes para acreditar

una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte que las actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del demandado y con equipo, espacios y horarios proporcionados por el mismo.

Sirve de sustento la jurisprudencia I.1o.T. J/52 de rubro: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA18, la

cual señala que para determinar que una relación es civil es necesario acreditar que la persona prestadora del servicio es profesionista, que el servicio lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.

Por lo anterior, los contratos aportados como prueba acreditan el elemento de subordinación de una relación laboral, ya que ejecutaron con medios proporcionados por el demandado y no eran propiedad de la parte actora, no podrían desarrollarse al libre albedrío o voluntad de la parte actora, las actividades fueron asignadas y supervisadas por personal del demandado, debían realizarse atendiendo a los horarios de prestación de servicios y atención a la ciudadanía del demandado y debían ser realizados en un espacio físico determinado por dicho instituto.

3.   Pago de un salario. Se actualiza también el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

18 Jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito que resulta orientadora para esta sala y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, junio de 2006, Tomo XXIII, página 1017.

Lo anterior, porque de los contratos celebrados entre las partes y de las constancias exhibidas por las partes se desprende que el demandado entregaría a la parte actora cierta cantidad de dinero en retribución por el trabajo que desempeñaría para este.

En efecto, de la lectura de los contratos que se han listado, se advierte que el demandado se obligó a pagar a la parte actora, por la prestación de sus servicios, un salario o sueldo.

Tal entrega se acredita con distintos recibos de pago aportados por la parte actora, documentos privados que logran generar convicción de su contenido, ya que ninguna de las partes objetó las pruebas de su contraria en cuanto a su autenticidad, sino solamente en cuanto a lo que se pretendía acreditar con ellas.

No obsta que el INE denomine “HONORARIOS” al pago que proporcionaba a la parte actora por la prestación de su servicio, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales que la denominación de honorarios no determina por sí misma que la relación jurídica entre las partes contratantes sea de naturaleza civil, porque –como se señaló– esta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, y dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias con los rubros: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA19; y, CONTRATO DE PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS.  LOS  RECIBOS  DE

19 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2007, tomo XXV, página 1396.

HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA20.

En tal sentido, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, toda vez que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, relacionadas con la organización de las elecciones y la conformación del RFE, las que no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual.

Así, está acreditado que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral, por lo que la excepción de falta de acción y derecho de la parte actora para reclamar el reconocimiento de la relación laboral, al fundarse en argumentos que sostienen que la relación era de naturaleza civil y no acreditarse ello, resulta improcedente.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro: RELACION LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA21.

Tema II. Temporalidad de la relación laboral y, en su caso, expedición de la Constancia de servicios.

Una vez definida la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, procede ahora analizar su temporalidad.

20 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, junio de 2006, página 1017.

21 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), página: 379.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido que, de conformidad con los artículos 784 fracciones I, II y VII y 804 fracción I de la Ley del Trabajo, en caso de controversia el demandado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto al ingreso de la parte trabajadora, de la antigüedad o discontinuidad en la relación que le unió con la parte actora, y los contratos de trabajo, debido a que tiene la obligación de conservar los documentos relativos a esos hechos. En caso de no exhibirlos en el juicio, establece la presunción de que es cierto lo que afirma la parte trabajadora al respecto22.

Resulta aplicable la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VII.2o.T. J/41 (10a.) de rubro: ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN23.

Con base en lo anterior, en este apartado deberá establecerse:

1. La fecha de inicio de la relación laboral; y, 2. Si existió, o no, continuidad en la contratación.

La parte actora señala específicamente en su demanda que la relación laboral con el demandado inició el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno, mientras que de los contratos aportados por el INE se desprende que dicha relación inició el uno de enero de mil novecientos noventa y tres.

De este modo, en primer lugar debe determinarse cuándo inició la relación entre la parte actora y el IFE –ahora INE–, para luego

22 Según los artículos 784 fracciones I y II, 804 fracciones I, II y V, y 805 de la Ley del Trabajo.

23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de 2019, tomo II, página 2270.

establecer si esta tuvo una continuidad durante los períodos comprendidos del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de agosto de dos mil nueve, así como entre el uno de febrero de dos mil dieciséis y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, conforme a los medios de convicción aportados por las partes.

Como se estableció previamente en esta resolución, el INE aporta un contrato sin número, bajo la denominación: CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO, mediante el cual

se designó a la actora como como “Responsable de módulo”, cuya vigencia ampara el período comprendido entre el uno de enero y el quince de febrero de mil novecientos noventa y tres.

Por su parte, la accionante aportó el original del documento denominado  “PROGRAMA  NUEVO  PADRÓN.  CONSTANCIA  DE

NOMBRAMIENTO POR OBRA DETERMINADA”, en el cual se designa a la accionante como “VISITADORA DOMICILIARIA A” en el entonces Distrito Federal, el cual fue expedido el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno, con vigencia a partir del uno de febrero de esa misma anualidad.

Dichas documentales cuentan, valoradas en forma conjunta con el resto de las constancias del expediente y al no estar cuestionada su autenticidad, generan convicción en este órgano jurisdiccional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original24, lo que lleva a concluir que la fecha de inicio de la relación laboral fue, como sostiene la actora en su

24 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios.

demanda, el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno25.

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Precisado lo anterior, procede ahora determinar si la relación que inició en la fecha previamente señalada fue continua hasta el treinta y uno de agosto de dos mil nueve –en un primer período– y si esta reinició el uno de febrero de dos mil dieciséis, para mantenerse hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

Al respecto, como se refirió en el apartado que antecede, en el expediente constan diversos contratos que acreditan la relación laboral en los siguientes períodos: