VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-72/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT-JLI.4- SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-72/2024

PARTE ACTORA:

EZEQUIEL ANTONIO SOSA CAPISTRÁN

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO EN FUNCIONES:

LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA

SECRETARIADO:

RUTH RANGEL VALDES Y NOE ESQUIVEL CALZADA

Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinticinco1.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce el despido injustificado de la parte actora, condena al demandado al pago de algunas prestaciones, pero le absuelve del pago de otras.

Í N D I C E

GLOSARIO.............................................2

ANTECEDENTES.........................................3

RAZONES Y FUNDAMENTOS...............................4

PRIMERA. Jurisdicción y competencia......................4

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable......................5

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación...........6

3.1.  De la demanda.....................................6

3.2.  De la contestación...................................7

CUARTA. Pruebas admitidas y desahogadas.................8

1 Las fechas están referidas a este año, salvo que expresamente esté indicado otro.

4.1 De la parte actora...................................8

G L O S A R I O

A N T E C E D E N T E S

1.  Relación jurídica

1.1  Inicio. La parte actora señala que inició la prestación de sus servicios laborales para el INE, a partir del quince de julio de dos mil veintitrés, en su calidad de asistente de recursos materiales y servicios, adscrito a la Junta Local.

En fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés se le otorgó el cargo de jefe de departamento de recursos materiales y servicios, con fecha de vencimiento del quince de septiembre de dos mil veinticuatro.

1.2  Terminación de la relación laboral. La parte actora señala que el treinta de agosto del año pasado, el INE dio por terminada injustificadamente la relación laboral, sin hacerle del conocimiento las razones del despido.

2.  Juicio Laboral

2.1        Demanda. El dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro3, la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE, a fin de demandar el despido injustificado, reinstalación al

2 El manual puede ser consultado en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127466/JGEor2022 02-17-ap-9-8-a.pdf?sequence=2&isAllowed=y,.

3 Como puede advertirse del sello de recepción de oficialía de partes de esta Sala Regional en la página 1 de la demanda.

cargo que venía desempeñando, así como el pago de diversas prestaciones.

2.2        Turno. Con la demanda se integró el expediente SCM-JLI-72/2024 que se turnó a la ponencia a cargo del magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera.

2.3   Recepción, admisión y emplazamiento. En su momento, el magistrado en funciones recibió dicho expediente, admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

2.4  Contestación a la demanda. El INE contestó la demanda el veintitrés de enero4, opuso excepciones y defensas, y ofreció pruebas.

2.5   Recepción de la contestación y audiencia. El veintisiete siguiente, el magistrado tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se celebró el trece de febrero de forma presencial y en la que, una vez desahogadas la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y al no quedar diligencias pendientes, cerró la instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio que fue promovido por una persona que se ostenta como trabajadora del INE adscrita a la Junta Local y reclama, entre otras cosas, el despido injustificado, reinstalación al cargo que

4 Como puede advertirse del sello de recepción de oficialía de partes de esta Sala Regional en la página 1 de la contestación de demanda.

venía desempeñando, así como el pago de diversas prestaciones; supuesto normativo y entidad federativa en que esta Sala Regional ejerce jurisdicción -Hidalgo- y competencia. Lo anterior, tiene su fundamento en:

   Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

166-III.e) y 176-XII5.

   Ley de Medios. Artículos 3.2.e) y 94.1.b).

   Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las

5 (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       Ley Burocrática

b.       La Ley Federal del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de

5 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS,

consultables  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta

-respectivamente- en el tomo VIII, julio de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), página 308; tomo V, abril de 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 178; y tomo II, agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646.

Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal INE, previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno de este tribunal.

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO6.

3.1.  De la demanda

3.1.1.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora hizo constar su nombre, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causan perjuicio, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, exhibió pruebas y en la misma consta su firma autógrafa.

3.1.2.   Oportunidad. La demanda es oportuna porque la parte actora reclama el despido injustificado, reinstalación al cargo que venía desempeñando, pago de salarios devengados y otras prestaciones, por parte del INE.

Por tanto, se tiene por satisfecho este requisito, pues de los hechos narrados por la parte actora se advierte que alega que el

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

treinta de agosto del dos mil veinticuatro, fue indebidamente destituido, por lo que el plazo de quince días para promover el presente juicio transcurrió del dos al veintitrés de septiembre del año pasado7; por tanto, si la demanda se presentó el dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, es evidente su oportunidad.

3.1.3.     Legitimación e interés jurídico. Se encuentran por satisfechos, toda vez que la parte actora acude por derecho propio, para controvertir -entre otras cuestiones- el despido injustificado, reinstalación al cargo que venía desempeñando, pago de salarios devengados y otras prestaciones, por parte del INE; lo cual estima le causa un perjuicio, siendo el presente juicio la vía apta para que, de asistirle razón, se le restituya los derechos que señala vulnerados.

Esto, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

3.2.  De la contestación

3.2.1.       Oportunidad. La contestación de la demanda fue presentada en el plazo de 10 (diez) días hábiles previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues el INE fue notificado de la admisión de la demanda el nueve de enero, por lo que el plazo transcurrió del diez al veintitrés de enero8 y la contestación se presentó el último día para ello, siendo evidente su oportunidad.

7 Ello sin contar el día dieciséis de septiembre, así como los sábados y domingos, por ser días inhábiles, de conformidad con el artículo 96 párrafo 1 de la Ley de Medios, acorde con lo previsto en los artículos 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 66 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

8 Sin contar el 11 (once), 12 (doce), 18 (dieciocho) y 19 (diecinueve) de enero por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley de Medios, y el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; al ser sábados y domingos; así como en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE

TODOS  LOS  DÍAS  Y  HORAS  COMO  HÁBILES,  consultable  en  Gaceta  de

3.2.2.        Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha, pues acude por conducto de una persona apoderada como se reconoció en la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se celebró el trece de febrero.

CUARTA. Pruebas admitidas y desahogadas

4.1 De la parte actora

En la audiencia prevista en el artículo 101 de la Ley de Medios, se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

1.     La documental, consistente en circular INE/DEA/DP/021/2023 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2023 dos mil veintitrés y su nombramiento de fecha 11 once de octubre de 2023 dos mil veintitrés amparado por oficio INE/DEA/DP/5300/2023.

2.     La documental consistente en archivo con captura de mensaje en la aplicación Teams, Whatsapp y correos enviados a sus jefes inmediatos y consistentes en el cumplimiento de sus actividades encomendadas que muestran las horas extras aproximadas de su hora de entrada y salida de labores.

3.     La documental consistente en copia de la denuncia por hostigamiento laboral que presentó el dos de agosto de dos mil veinticuatro ante la Dirección del Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral del INE y a la que se le asignó el número INE/DJ/HASL/437/2024 y ante el Comité de Ética del mismo Instituto con números de denuncias 114/2024 y 115/2024, que podrán ser cotejadas con su original.

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 (dos mil nueve), páginas 23 a 25.

4.     La de audio digital de la grabación de la reunión de fecha 30 treinta de agosto de 2024 dos mil veinticuatro, que obra en la memoria o USB [Universal Serial Bus por sus siglas en inglés] que acompañó su demanda y en la que se desprende que en lugar de concedérsele la voz para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación a supuestas faltas de cumplimiento a sus labores, se le dio a conocer el término de la relación laboral. Además de que la USB [Universal Serial Bus por sus siglas en inglés] también contiene mensajes y respuestas que se describen en el Hecho II de su demanda, sobre la entrega de los trabajos encomendados.

5.     La instrumental de actuaciones.

6.     La presuncional en su doble aspecto de legal y humana.

4.2. Del demandado

Para demostrar sus excepciones al INE se admitieron y desahogaron las siguientes pruebas:

1.     La documental consistente en copia certificada del expediente laboral de la parte actora.

2.     La documental consistente en copia certificada del expediente conformado con motivo de la terminación de la relación laboral con la parte actora, que contiene.

        Acta circunstanciada de 30 treinta de agosto de 2024 dos mil veinticuatro.

        El oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024, de 30 treinta de agosto de 2024 dos mil veinticuatro, suscrito por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva.

        Razón de la diligencia realizada el 2 dos de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro.

        Razón de notificación por estrados realizada el 2 dos de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro.

3.     La documental consistente en 30 treinta certificados Digitales (CFDI) expedidos a favor de la parte actora durante los años 2023 dos mil veintitrés y 2024 dos mil veinticuatro.

4.     La documental consistente en las circulares INE/DEA/0019/2023 e INE/DEA/32/2023, emitidas por la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto.

5.     La instrumental pública de actuaciones.

6.     La presunción legal y humana.

QUINTA. Contexto del asunto y controversia

5.1.  Contexto del asunto

El asunto tiene como origen el vínculo entre la parte actora y el INE, que se creó a partir del quince de julio de dos mil veintitrés, en el que, en fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés se le otorgó el cargo de jefe de departamento de recursos materiales y servicios, con fecha de vencimiento del quince de septiembre de dos mil veinticuatro.

En este sentido, la parte actora indica que antes del término del contrato, el INE dio por terminada la relación laboral (treinta de agosto del año pasado), cuando, además de estar injustificada y de no hacerle de conocimiento las razones del despido, el vínculo debió concluirse hasta mayo de dos mil veinticinco, de conformidad con la circular 21 o, en su caso, el quince de septiembre del dos mil veinticuatro (conforme a los términos de lo estipulado en un inicio).

Por su parte, el INE considera que no es materia de controversia la relación laboral, ni la fecha de ingreso que la parte actora refiere en su demanda, sin embargo, relativo al despido, el INE expone que la relación se culminó el treinta de agosto del año pasado, derivado de la pérdida de la confianza por acciones y omisiones de la parte actora en el desarrollo de

sus funciones, cuestiones que sí se le dieron a conocer con la finalidad de agotar su garantía de audiencia y defensa, lo que no ejerció en el momento correspondiente.

5.2.  Metodología

Esta Sala Regional analizará el asunto bajo los temas siguientes:

1.- Temporalidad de la relación laboral, atendiendo a la Circular 21

2.- Despido injustificado

3.- Prestaciones económicas

Lo anterior porque en primer lugar se tiene que definir la temporalidad en que el vínculo de las partes se acordó, para después, estar en aptitud de determinar si el INE despidió injustificadamente a la parte actora y, de ser el caso, a qué prestaciones se le debe (o no) condenar a la parte demandada.

SEXTA. Estudio de fondo

1. Temporalidad de la relación laboral

En este aspecto, la parte actora refiere que, si bien el plazo especificado en el contrato celebrado entre las partes fue hasta el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, de conformidad con la circular 21, el vínculo debió extenderse hasta mayo de dos mil veinticinco, esto es, ocho meses más que lo estipulado en el contrato respectivo.

Bajo lo expuesto, esta Sala Regional estima que el vínculo de la relación laboral que debe tomarse en cuenta es el convenido por las partes en el contrato y no el indicado en la circular 21.

Lo anterior porque la relación entre las partes no estaba sujeta a una ampliación a partir de la existencia de la circular 21, como lo sostiene la parte actora.

Para explicar la anterior conclusión, esta Sala Regional desarrollará la naturaleza y alcances de una relación laboral temporal y la circular 21.

Relación laboral temporal y alcances de la circular 21

Sobre estos temas, la Sala Superior9 ha determinado que en términos del numeral 8 del Estatuto, el personal de la rama Administrativa son las personas que, habiendo obtenido su nombramiento en una plaza presupuestal del Instituto, prestan sus servicios de manera regular y una relación laboral temporal es el nombramiento por tiempo determinado para contratar a prestadores de servicios o personas ajenas al Instituto.

Esto tiene relación con el artículo 92 del Estatuto que establece que el ingreso a la rama administrativa en una plaza vacante comprende procedimientos de reclutamiento y selección de personas aspirantes a través de alguno de los siguientes mecanismos:

    Designación directa 10 . Las personas titulares de las unidades responsables tienen la facultad para elegir, a través de la designación directa, a quienes ocuparán una plaza vacante de la rama administrativa en aquellos cargos y puestos que dependen de manera directa de quien les designa.

    Personas encargadas de despacho 11 . Las plazas podrán ser ocupadas a través de personas encargadas de despacho, cuando por necesidades institucionales y para el adecuado funcionamiento de las unidades responsables se requiera la ocupación urgente.

9 SUP-JLI-79/2023.

10 Artículo 105 del Estatuto.

11 Artículo 108 del Estatuto.

    Concurso12. El concurso es un conjunto de procedimientos para el reclutamiento y selección de aspirantes para ingresar u ocupar cargos o puestos de la rama administrativa.

    Readscripción administrativa13. La readscripción administrativa es el cambio de ubicación física y administrativa del personal para realizar las funciones inherentes a un cargo o puesto específico con un mismo nivel administrativo u homólogo a este.

    Relación laboral temporal 14 . El nombramiento por tiempo determinado para contratar personas prestadoras de servicios o ajenas al INE a fin de ocupar de manera urgente una plaza vacante o de nueva creación en la rama administrativa, que procederá ante necesidades institucionales o cuando a la persona titular de una plaza se le haya concedido una licencia.

    Ascenso15. El ascenso es el movimiento mediante el cual el personal de la rama administrativa de plaza presupuestal puede acceder a un cargo o puesto de nivel jerárquico superior, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 93 del Estatuto.

Para ello, se deben cumplir diversos requisitos16 y podrán participar en el concurso: el personal de la rama administrativa en activo; personas que integran el SPEN, personas prestadoras de servicios del INE, y personas aspirantes externas17.

En este sentido, la Sala Superior ha indicado que el artículo 124 del Estatuto dispone que la persona titular de la DEA emitirá el oficio que autorice la relación laboral temporal de la persona propuesta, el cual incluirá el cargo que ocupará, la adscripción y la vigencia que no podrá exceder de once meses y no podrá renovarse.

En términos del Manual18:

         El INE podrá autorizar a las Unidades Administrativas el nombramiento temporal por obra o tiempo determinado, para contratar a prestadores de servicios, personas ajenas a la Institución o a quienes no tengan la titularidad de una plaza presupuestal, para ocupar una plaza vacante o de nueva creación de la rama administrativa, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de ocupación de vacantes establecido en el Manual, en los siguientes casos:

12 Artículo 112 del Estatuto.

13 Artículo 118 del Estatuto.

14 Artículo 122 del Estatuto.

15 Artículo 125 del Estatuto.

16 Artículo 93 del Estatuto.

17 Artículo 96 del Estatuto.

18 Artículos 193 a 200 del Manual.

I.  Cuando exista la necesidad de ocupar de manera inmediata un puesto vacante y/o esté disponible el recuso correspondiente a las remuneraciones del puesto; y

II.  Cuando se haya otorgado licencia sin goce de sueldo en términos de los párrafos segundo y tercero del Artículo 65 del Estatuto.

         Las o los titulares de las Unidades Administrativas deberán solicitar mediante oficio a la DEA, por conducto de la Dirección de Personal, la ocupación temporal hasta por un plazo máximo de once meses improrrogables.

         Durante proceso electoral, revocación de mandato o consulta popular o todo aquel proceso de participación ciudadana, se suspenderá el cómputo de la vigencia, lo anterior, de acuerdo a los plazos de inicio y conclusión que se establezca para cada uno de ellos.

         Una vez ocupada la vacante y cumplidos los once meses no se podrá solicitar nuevamente la ocupación por la misma persona en esa misma plaza.

         Una vez otorgada la contratación mediante Relación Laboral Temporal, si ésta se ve interrumpida, suspendida o cancelada, la persona que la desempeñaba ya no podrá continuar con su ocupación.

         Las Unidades Administrativas serán las responsables de asegurar que la persona propuesta cumpla con el perfil del puesto establecido en el Catálogo. La temporalidad de esta ocupación concluirá en el momento que fenezca el plazo determinado de la contratación temporal.

         Las Unidades Administrativas deberán solicitar la ocupación de plazas vacantes en las modalidades de Relación Laboral Temporal, cuando menos con quince días hábiles de anticipación a la fecha que se tiene previsto ocupar la plaza, con el fin de analizar el caso y únicamente deberá de adjuntar a la solicitud, el curriculum vitae en formato institucional, comprobante de la escolaridad y de la experiencia. Se podrá exceptuar los quince días, siempre y cuando las Unidades funden y motiven la necesidad.

         El nombramiento que se autorice dará derecho al personal temporal a recibir las remuneraciones correspondientes al puesto que desempeñe, al igual que la garantía de seguridad social y de las prestaciones o derechos derivados de la relación laboral, estando en todo momento sujeto a los requisitos, términos y condiciones que se exijan para su otorgamiento en el Estatuto, Manual o en la normatividad aplicable en la materia. De igual forma estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones que al efecto establece el Estatuto, reglamento y demás disposiciones aplicables al personal del Instituto, siendo responsable por el ejercicio del puesto otorgado.

         La DEA a través de la Dirección de Personal, emitirá el oficio de autorización del nombramiento temporal, en el cual se incluirá nombre de candidato, puesto que ocupará, número de plaza, nivel, adscripción y periodo de inicio y término. Una vez autorizado el movimiento, las Coordinaciones Administrativas o los Enlaces Administrativos deberán, enviar la documentación que compruebe los requisitos establecidos por el Artículo 93 del Estatuto, el FUM, así como la documentación a que se refiere el Artículo 211 del Manual a la Dirección de Personal para su alta en el sistema de nómina.

De modo que, de la lectura de dichas directrices se observa que la ocupación temporal requiere la autorización de la persona titular de la DEA a través de un oficio.

Ahora bien, la conclusión del cargo es el cumplimiento del periodo mediante el cual la persona funcionaria correspondiente desempeñó determinado puesto o encargo en el servicio público19, lo cual da como resultado el movimiento de baja que, a su vez, representa la conclusión definitiva de la relación laboral del servidor público o servidora pública con el INE, implicando su desincorporación al sistema de nómina.

En ese contexto, debe indicarse que en términos generales los derechos laborales de los que gozan las personas en la modalidad en análisis es durante la temporalidad de dicha contratación, y dado que puede darse la posibilidad de una contratación mes a mes, al cumplirse la suma de una contratación de seis meses las personas trabajadoras temporales tienen derecho al pago de vacaciones y prima vacacional, sin que tal derecho pueda generar por sí misma la obligación de la ampliación de la contratación para que se gocen de los días correspondientes.

Ahora bien, la Sala Superior20, respecto a los alcances de la circular 21 ha determinado que la suspensión del cómputo de la vigencia (previsto en la circular 21) no opera como una extensión automática de la temporalidad por la que fue contratada la persona servidora pública del INE.

En este sentido, la Sala Superior ha indicado que el artículo 194 del Manual establece, entre otras cuestiones que, durante el

19 Artículo 219, fracción II del Manual.

20 SUP-JLI-79/2023.

proceso electoral, revocación de mandato, consulta popular o cualquier proceso de participación ciudadana, se suspenderá el cómputo de la vigencia; lo anterior de acuerdo con los plazos de inicio y conclusión que establezca para cada uno de ellos.

Tal disposición tiene como fin facilitar la operatividad del INE, al autorizarle suspender el plazo de la vigencia de ciertos cargos temporales, lo que está acotado a la temporalidad y plazos que estableció para ese cargo en particular.

Por lo que, bajo la lectura de la Sala Superior, el citado artículo 194 establece que el plazo máximo por el que puede ocuparse una plaza en la modalidad temporal es por once meses improrrogables, periodo en el cual deberá hacer todos los trámites de ocupación definitiva.

Por su parte, la Sala Superior ha enfatizado que los artículos 195 y 196 refieren que una vez que haya sido ocupada la vacante y cumplidos los once meses no se podrá solicitar la ocupación por la misma persona en esa misma plaza y tampoco podrá ocupar la plaza la misma persona si ésta se ve interrumpida, suspendida o cancelada.

De manera que con dicha autorización se garantiza la operatividad del Instituto pues impide que se actualicen supuestos que dejarían vacantes cargos de estructura ante la dificultad de ocuparlos por la persona titular de una plaza presupuestal por tiempo indeterminado.

No obstante, la Sala Superior ha estimado que de forma alguna puede entenderse que actualiza la obligación del INE de mantener a las personas trabajadoras temporales en dichos cargos  por  el  tiempo  que  dure  el  proceso  electivo

correspondiente o una extensión automática en favor de la persona trabajadora, en tanto que los nombramientos del personal temporal y las condiciones de su contratación se seguirán haciendo conforme a lo previsto en el Manual.

Manual que, como ya se indicó, refiere que, para este tipo de contrataciones, es necesario solicitar la ocupación relativa, lo que significa que, la circular 21 no opera de manera automática, sino que, para su materialización es requisito que el INE lleve a cabo los trámites correspondientes de solicitud y autorización respectiva.

Caso concreto

A partir de lo anterior, es que esta Sala Regional estima que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el plazo de la relación laboral temporal para el cargo de jefe de departamento de recursos materiales y servicios fue del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés al quince de septiembre de dos mil veinticuatro y no, hasta mayo de dos mil veinticinco (con base en la circular 21).

Lo anterior ya que, como se explicó, la suspensión del plazo que la persona directora de personal del INE autorizó mediante la circular 21, no implicó la ampliación automática del periodo por el que fue contratada la parte actora; ello dado que de la lectura de la circular se observa que ésta únicamente conllevó a que la persona directora de personal informara a las personas directoras ejecutivas, titulares de unidades técnicas, vocalías ejecutivas, coordinadoras y enlaces administrativas del INE que a partir del primero de septiembre de dos mil veintitrés, el cómputo del tiempo en la ocupación de las plazas del personal de la rama administrativa, a través de encargadurías de

despacho y relaciones laborales temporales, se suspenderían hasta que concluyera el proceso electoral federal 2023-2024; bajo las respectivas solicitudes de ampliación de los términos otorgados de dichos mecanismos, las cuales deberían continuar realizándose de manera normal, con el fin de mantener el control de las temporalidades otorgadas y evitar suspensión de pagos.

De manera que, la circular 21, no activó una ampliación en la relación laboral temporal de la parte actora, pues éste solo constituyó un medio informativo para el personal del INE, sobre la suspensión del cómputo de plazas temporales, bajo la condición de que dicha suspensión (o ampliación del plazo de los vínculos laborales temporales) se activaría a través de las respectivas solicitudes, lo que en el caso no sucedió, porque tanto de lo informado por el INE, así como de las pruebas aportadas por ambas partes, no se advierte alguna dirigida a evidenciar que personal del INE haya solicitado la activación de la suspensión del plazo sobre el contrato de la relación laboral temporal de la parte actora.

En este orden de ideas, la parte actora parte de una idea incorrecta acerca de que por la sola emisión de la circular 21, la relación laboral temporal con el INE se prolongó hasta mayo de dos mil veinticinco (y no hasta el quince de septiembre de dos mil veinticuatro), ya que, como se explicó, para generar la ampliación del plazo de su vínculo laboral temporal, con base en la circular 21, era necesario que se realizara el trámite respectivo por parte del personal del INE, lo que no sucedió en el caso concreto.

Bajo lo expuesto es que esta Sala Regional concluye que la relación laboral temporal entre las partes debe regirse por

la temporalidad convenida en un inicio (sobre el cargo de jefe de departamento de recursos materiales y servicios), esto es, del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés hasta el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.

2.- Despido injustificado

Sobre este tema, la parte actora manifiesta que el treinta de agosto del año pasado fue despedida de forma injustificada.

En este sentido, la parte actora expone que el treinta de agosto del año pasado, se le hizo de conocimiento, de forma verbal, la culminación de la relación laboral, mientras que se le confirmó el dos de septiembre del año pasado, mediante oficio INE/JLE/HGO/VS/1243/2024.

Bajo lo anterior, la parte actora relata que el treinta de agosto del año pasado fue convocada por el vocal secretario, y le informó que había inconformidades con su trabajo y desempeño, por lo que terminaba su relación laboral; haciéndole de conocimiento que se levantaría un acta administrativa, y en lugar de darle a conocer las faltas se le comunicó verbalmente que el despido se determinó por inconsistencias, incumplimientos e irregularidades y actos de hostigamiento y acoso laboral a una colega; lo que no es real porque esa persona fue quien le hostigó y violentó su dignidad.

De manera que, la parte actora narra que solicitó que, en caso de levantar el acta sin su presencia, se la hiciera llegar, porque se encontraba en estado de indefensión porque no se le dieron a conocer previamente a esa terminación unilateral de la relación laboral las faltas atribuidas, negándole el derecho de alegar a su favor.

Por su parte, el INE refiere que, si bien dio por terminada la relación laboral el treinta de agosto del año pasado, ello fue de forma justificada ante la pérdida de la confianza por el incumplimiento de diversas actividades que le fueron encomendadas a la parte actora y se abstuvo de realizar sus actividades con intensidad, cuidado y esmero. Además de que mediante Acta 12 y Oficio 1243 se le hicieron de conocimiento las inconsistencias e incumplimientos en los que incurrió, además de estar presente en la confección del Acta 12 otorgándosele su garantía de audiencia para que manifestara lo que a su derecho correspondiera.

Al respecto, esta Sala Regional estima que atendiendo a lo expuesto por las partes, así como a las pruebas del expediente, el despido de la parte actora es injustificado, porque como se explicará el INE si bien confeccionó el Acta 12 y Oficio 1243, no se observa que dicha documentación (y anexos) en donde se explican los motivos y pruebas acerca de la pérdida de la confianza hayan sido notificados a la parte actora para hacer de su conocimiento (real y material) el despido (y poderse defender adecuadamente), además de que en la diligencia por la que se levantó el Acta 12 tampoco se le hizo de conocimiento claro a la parte actora que en esa diligencia tenía derecho de exponer lo que a su derecho correspondiera, a ofrecer pruebas, etcétera.

Bajo este escenario, este órgano jurisdiccional estima que el INE no cumplió con los requisitos mínimos para justificar el despido. A lo anterior se añade que, si bien el INE en esta instancia hizo llegar tanto el Acta 12, así como el Oficio 1243 y sus Anexos, de lo cual se le dio vista a la parte actora, lo relevante es que a ésta no se le garantizó su defensa en el acto del despido y antes de que acudiera ante este órgano jurisdiccional (contando

con una temporalidad de quince días y no de tres días para poder confeccionar su defensa).

Además de que, la parte actora con el desahogo de la vista refuta tanto las inconsistencias que el INE señala, así como las pruebas e incluso agrega sus propios medios de prueba para desvanecer las razones de la parte demandada; lo que no es puesto a debate por el INE ante esta instancia.

Para desarrollar la conclusión asumida por esta Sala Regional, se desarrollará el marco normativo relacionado con la terminación de la relación laboral por pérdida de la confianza y, enseguida, se analizará el caso concreto.

Marco normativo sobre la terminación de la relación laboral por pérdida de la confianza

Esta Sala Regional al resolver los juicios SCM-JLI-83/2022 y SCM-JLI-8/2023, entre otros, retomó que la Sala Superior ha distinguido entre el procedimiento laboral disciplinario y la facultad de terminación o rescisión de la relación de trabajo prevista en el Estatuto 21 , destacando que esta última opera cuando se actualice, entre otras hipótesis, la pérdida de la confianza de las personas servidoras públicas en el desarrollo de las funciones que realiza a favor, sin condicionar su procedencia a la previa tramitación de un procedimiento laboral disciplinario.

Al respecto, la Sala Superior en el juicio SUP-JLI-22/2022 indicó que el artículo 167 del Estatuto contiene el conjunto de normas relativas a la terminación de las relaciones laborales22.

21 Al resolver el juicio SUP-JLI-19/2020, SUP-JLI-24/2020 y SUP-JLI-22/2022.

22 “Art. 167. La relación laboral del personal de la Rama Administrativa terminará por las causas siguientes: I. Renuncia; II. Retiro por edad y tiempo de servicio; Retiro voluntario por programas establecidos en el Instituto; IV. Incapacidad física o mental

En este sentido, indicó que de la interpretación sistemática y funcional del contenido de las disposiciones jurídicas que regulan las condiciones generales del trabajo del personal administrativo del Instituto, en el procedimiento de separación, debe atenderse a pautas objetivas que permitan servir de sustento para evidenciar los motivos por los que se determina dar por terminada la relación laboral respectiva.

Es decir, si bien del artículo 167 del Estatuto se advierte que el INE se encuentra facultado a rescindir de manera unilateral las relaciones de trabajo, dicha facultad no lo exime de su obligación de motivar y fundamentar su decisión.

En ese supuesto, de acuerdo con la Sala Superior, el derecho de audiencia y defensa de dichas personas se respeta en el momento en que en el oficio de notificación de la terminación de la relación de trabajo se les comunican e informan los motivos concretos que determinaron la pérdida de confianza, lo que es suficiente para considerar que se pudo preparar su defensa e impugnar y desvirtuar los motivos particulares de la terminación de la relación laboral en esa instancia.

que impida el desempeño de sus funciones, en términos del dictamen que emita el ISSSTE; V. Destitución o rescisión de la relación laboral, en los términos de este Estatuto; VI. Inhabilitación en el servicio público determinada por autoridad competente; VII. Cuando se lleve a cabo una reestructuración o reorganización que implique supresión o modificación de áreas del organismo o de su estructura ocupacional; VIII. Por la pérdida de confianza en el desarrollo de las funciones que se realizan a favor del Instituto; IX. Recibir sentencia ejecutoria que imponga una pena privativa de la libertad, por la comisión de un delito doloso grave; X. Por faltar a sus labores sin causa justificada o sin permiso, más de tres días en un periodo de treinta días; XI. Acciones u omisiones que constituyan incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones y prohibiciones establecidas en este Estatuto; XII. Como consecuencia de una resolución administrativa; XIII. Cuando por tercera vez consecutiva el resultado de su evaluación del desempeño sea menor a siete en una escala de cero a diez, en los términos que señale la normatividad aplicable; XIV. Fallecimiento, y XV. Las demás que establezca el presente Estatuto.

Indicando que, el artículo 167, párrafos primero, fracción VIII y segundo del Estatuto otorga la facultad al INE de rescindir la relación de trabajo por la pérdida de confianza sin procedimiento previo; esto es, bastará solo con la notificación mediante oficio en el que se indique la causa de la terminación.

En este sentido, la Sala Superior invocó por analogía las razones de la jurisprudencia 2a./J.95/2007 de rubro: TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA EN INJUSTIFICADO EL DESPIDO 23, conforme a la

cual para que una persona trabajadora de confianza esté en condiciones de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, es necesario que conozca la fecha y causa por la cual se le rescindió la relación laboral para lo cual debe dársele el aviso respectivo por escrito, pues la parte patronal está obligada a darlo a las personas trabajadoras en general, sin distinguir si son o no de confianza y si no lo hace, ese solo hecho bastará para considerar injustificado el despido.

De esta manera, como lo ha sostenido esta Sala Regional en diversos precedentes24, debe señalarse que con independencia de que el INE esté facultado para rescindir de manera unilateral algunas relaciones de trabajo, ello no lo exime de su obligación de motivar y fundamentar su decisión, permitiendo una debida defensa de sus personas trabajadoras.

23 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, mayo de 2007, página 1181.

24 Al respecto véase los juicios SCM-JLI-24/2020, SCM-JLI-3/2023, SCM-JLI- 7/2023, y SCM-JLI-34/2023, entre otros.

Lo anterior, dado que considerar que existe en favor del Instituto una facultad de libre remoción de sus personas trabajadoras por el simple hecho de ser “de confianza” equivaldría a aceptar que puede despedirlas en el momento que lo disponga sin razón alguna, lo que trastocaría los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso que su propia ley le impone observar25.

Al respecto, resulta orientadora la tesis aislada en materia laboral, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro es: TRABAJADORES DE CONFIANZA. EL MOTIVO RAZONABLE DE PÉRDIDA DE LA CONFIANZA, EXIGIDO PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRÓN, DEBE FUNDARSE EN DATOS OBJETIVOS26.

Caso concreto

Partiendo del marco normativo, esta Sala Regional estima que, en el caso, no se acredita que el INE haya cumplido con los requisitos mínimos para realizar el despido con causa justificada (por pérdida de la confianza).

Lo anterior porque de las pruebas, en específico del Acta 12, así como del audio ofrecido por la parte actora; se advierte que el INE no le dio a conocer las razones y base documental por las que se sostuvo la pérdida de la confianza, además, tampoco se observa que le haya hecho de conocimiento a la parte actora (el día del despido) que tenía la posibilidad de defenderse y aportar pruebas.

25 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JLI-11/2020.

26 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 1822.

Ello porque del Acta 12 de treinta de agosto del dos mil veinticuatro 27 , si bien se desprende que al inicio de dicha actuación, se encontraba presente la parte actora y que su finalidad era hacer constar las inconsistencias, incumplimientos e irregularidades de la parte actora que originaron la pérdida de la confianza; una vez que se delinearon las funciones de la parte actora y de señalar que el personal de la Junta Local percibieron y manifestaron diversos incumplimientos, irregularidades y actos de hostigamiento y acoso laboral de la parte actora; comenzaron a desarrollar las supuestas irregularidades base de la pérdida de la confianza.

No obstante, en primer lugar, no se observa que a la parte actora se le haya hecho saber con claridad que tenía derecho a ofrecer pruebas y alegatos, para cumplir con lo previsto en el artículo 633 fracción III del Manual.

Al respecto, es de considerar que las actas levantadas por el INE deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 633 del Manual que señala:

Artículo 633. El Personal del Instituto podrá levantar actas circunstanciadas, cuando se requiera describir circunstancias de modo, tiempo y lugar con el objeto de hacer constar un hecho o acto determinado; para efectos de lo anterior, en la misma se señalará:

I.  Día y hora en la que se levanta el acta;

II.  Personas que intervienen;

III.  Testigos de asistencia, de cargo y de descargo, en caso de existir; y

IV.  Narrativa de los hechos o circunstancias.

Las actas circunstanciadas, no deberán contener tachaduras o enmendaduras, abreviaturas, los números se escribirán con letra, salvo que se trate de cifras u operaciones aritméticas.

27 Pruebas que son de naturaleza privada -de conformidad con el artículo 16 párrafo 1 y 16 párrafo 3 de la Ley de Medios- con valor indiciario, pero al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, y no haber sido controvertida en cuanto a su autenticidad, sino aportada en idénticos términos por ambas partes, logran generar convicción de su contenido.

La declaración de los participantes en el acta llevará el siguiente orden, el jefe inmediato o persona que levanta el acta, testigos de cargo, persona a quien se levanta el acta, en su caso; testigos de descargo, en caso de existir, y testigos de asistencia. Una vez firmada el acta, no podrá variarse.

(énfasis añadido)

En ese sentido, esta Sala Regional observa que en el caso concreto, el Acta 12 levantada a la parte actora se llevó a cabo en presencia del funcionariado de la Junta Local, en la cual no consta que se le haya indicado a la parte actora como persona declarante que podía presentar testimonios de descargo y asistencia para desvirtuar las irregularidades que se le atribuyeron, aspecto que representa una providencia necesaria para garantizar de manera efectiva un derecho mínimo de defensa en la actuación administrativa que se lleva a cabo, de tal manera que asiste razón a la parte actora en cuanto a que no se le indicó y dio la oportunidad debida para ofrecer los medios de prueba respectivos28.

Este aspecto resulta relevante porque esta Sala Regional aprecia que no se le hizo de conocimiento a la parte actora, al inicio de la confección del Acta 12, cuáles eran los derechos de ésta en el desarrollo de dicha diligencia.

Asimismo, en segundo lugar, este órgano jurisdiccional también observa que no se le hizo de conocimiento ni las razones particulares de la pérdida de la confianza, ni la base documental (Anexos) del término de la relación laboral.

Ello, porque el análisis tanto del Acta 12, así como del audio ofrecido por la parte actora (el cual no fue objetado en cuanto a su autenticidad por el INE), se desprende que al inicio de la confección del  Acta  12,  esto  es,  cuando  empezaban  a

28 En similares términos lo razonó esta Sala Regional al resolver el juicio laboral SCM-JLI-24/2020 y el diverso SCM-JLI-38/2023.

relatarse los acontecimientos sobre la pérdida de la confianza, la parte actora interrumpió la diligencia y señaló que se retiraba, señalando que: “...podrán realizar su acta y en su momento me la podrán hacer llegar”.

En este sentido, esta Sala Regional considera que se encuentra acreditado que la parte actora al inicio de la diligencia de treinta de agosto del año pasado se retiró de ésta, momento en el cual no se había realizado ni concluido el Acta 12, lo que significa que no se le entregó dicho documento ni los Anexos respectivos a la parte actora para cumplir con las garantías mínimas para sostener que el despido fue justificado.

No pasa desapercibido que en el Acta 12, las manifestaciones de la parte actora (que concuerdan con el audio) se hayan insertado al final del Acta señalada, esto es, al concluir la descripción de los motivos por los que el INE sostuvo la pérdida de la confianza; porque del enlace que se realiza con el audio se desprende con claridad que esas manifestaciones se realizaron cuando el personal del INE iniciaba a leer el primer motivo de la pérdida de la confianza29 y no al final del contenido del Acta 12 como se describe en esa documental.

Ello, además se desprende de la propia transcripción que se realiza en el Acta 12, pues si bien, las expresiones de la parte actora se insertaron en dicha documental hasta el punto tercero, indicando lo siguiente:

“TERCERO. Debido a lo anteriormente señalado, siendo las quince horas con treinta y dos minutos, el Ing Sosa Capistran solicitó el uso de la palabra para manifestar lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos que se le atribuyen, así como la documentación anexa, a lo que manifestó:

29 Esto es, la página tres de trece del Acta 12.

…Me doy cuenta de que es un despido injustificado, podrán realizar su acta y en su momento me la podrán hacer llegar…Yo como tal me retiro por la indicación que me están dando que es un despido o una terminación laboral…”

(énfasis añadido)

Así, esta Sala Regional aprecia que de las propias manifestaciones descritas en el Acta 12 se observa que la parte actora señaló que no se había realizado el acta y que ésta se le tendría que hacer llegar en su momento, lo que significa que contrario a lo expuesto en el Acta 12, la parte actora no estaba en aptitud de desvirtuar los hechos atribuidos ni la documentación anexa de un documento que al momento de retirarse la parte actora aún no había sido confeccionada y, en consecuencia, entregada a la parte actora.

No obsta a lo anterior que, en la audiencia de Ley, la parte demandada, sobre el audio señalara que:

El audio digital reproducido en este acto toda vez que fue obtenido de manera ilícita, por no haber demostrado en el mismo contar con el permiso o autorización de las partes que en ella intervienen, lo cual se encuentra prohibido por la ley.

Con el audio se podrá corroborar que corresponde a la reunión levantada el treinta de agosto de dos mil veinticuatro, en la cual participa el hoy actor, y por la cual se le hacen saber los incumplimientos de las obligaciones y desacatamiento a las instrucciones inherentes al cargo.

Ello porque de que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución:

“…Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas  de  forma  voluntaria  por  alguno  de  los

particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley…”

Lo que significa que si una de las partes que participa en la comunicación autoriza la intervención, existe consentimiento y, con ello, se levanta el secreto de la comunicación entre las y los participantes en el proceso comunicante, motivo por el cual su contenido puede ser empleado por las y los particulares o por la autoridad30.

En este sentido, si la parte actora (quien ofreció el audio), intervino en la conversación que se encuentra en el audio, entonces, existe el consentimiento y se levanta el secreto de la comunicación entre las demás personas que participaron.

Más aún si la propia parte demandada reconoce (con las manifestaciones en la audiencia de Ley) que del audio se percibe la reunión que la parte actora y el INE tuvieron el treinta de agosto del año pasado en donde tuvo origen el despido que la parte actora asume como injustificado.

A lo anterior se añade que de las pruebas aportadas por el INE no se desprende que, en efecto, a la parte actora se le haya hecho de conocimiento, por escrito, las razones de la pérdida de la confianza y su base documental; por el contrario, del Acta 12 aportada por el INE en vinculación con el audio aportado por la parte actora se observa que:

30 DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 357.

-         A la parte actora no se le dio a conocer, al inicio de la diligencia, que tenía derecho a ofrecer personas testigas y pruebas para desvirtuar los hechos base de la pérdida de la confianza, esto es, los alcances de su derecho a una defensa en esa diligencia.

-         A la parte actora no se le entregó ni el Acta 12, ni los Anexos, pues al inicio de la diligencia se retiró de ésta y no, como se describe en la propia Acta 12, al final de la lectura de los hechos de la pérdida de la confianza.

Asimismo, esta Sala Regional no advierte que después de la confección del Acta 12 se le haya notificado a la parte actora esa documentación, pues si bien el INE ofrece el oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024 de treinta de agosto, oficio INE/JLE/HGO/VS/1243/2024 de dos de septiembre ambos del año pasado, así como la razón de notificación con motivo de la diligencia de dos de septiembre de dos mil veinticuatro31; de los oficios y de la razón de notificación se desprende lo siguiente:

Oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024

“…y que ha incurrido en un incumplimiento reiterado en sus obligaciones y en las actividades con intensidad, cuidado y esmero, dejando de observar las instrucciones que recibe de sus superiores jerárquicos, además de realizar actos de hostigamiento y acoso laboral.

Conductas que han ocasionado que se le pierda la confianza en el desarrollo de sus funciones, en consecuencia, se da por terminada su relación laboral con el Instituto Nacional Electoral, con efectos inmediatos. Lo anterior, sin perjuicio de que dé cumplimiento al Acto de Entrega-Recepción de la Jefatura del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, de conformidad con los Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las y los servidores públicos del Instituto

31 Pruebas que son de naturaleza privada -de conformidad con el artículo 16 párrafo 1 y 16 párrafo 3 de la Ley de Medios- con valor indiciario, pero al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, y no haber sido controvertida en cuanto a su autenticidad, sino aportada en idénticos términos por ambas partes, logran generar convicción de su contenido.

Nacional Electoral, al separarse de su empleo, cargo o comisión y en consecuencia haga entrega inmediata de los bienes bajo su resguardo, así como de aquellas claves, usuarios y/o contraseñas de carácter institucional que posea bajo su resguardo…”

(énfasis añadido)

Oficio INE/JLE/HGO/VS/1243/2024

“…derivado del oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024 de fecha treinta de agosto, así como su anexo consistente en el Acta Circunstanciada número AC12/INE/HGO/JLE/30-08-2024 por el cual se hizo conocedor de la terminación de su relación laboral…por medio del presente se requiere a efecto de que, a la brevedad posible, dé cumplimiento al acto de entrega-recepción de la jefatura del departamento de recursos materiales y servicios, realizando el acta…”

(énfasis añadido)

Razón de notificación

“PRIMERO. Mediante oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024 de fecha 30 de agosto de 2024, y su anexo consistente en el Acta Circunstanciada AC12/INE/HGO/JLE/30-08-2024…se notificó…la pérdida de la confianza en el desarrollo de sus funciones y en consecuencia, la terminación de su relación laboral con el Instituto Nacional Electoral…”

A partir de lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional, si bien en la razón de notificación se hace constar que el oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024 de fecha treinta de agosto de dos mil veinticuatro se integró con el Acta Circunstanciada AC12/INE/HGO/JLE/30-08-2024; ello no es suficiente para sostener, sin lugar a dudas que se le notificó a la parte actora el Acta 12 y sus Anexos.

Lo anterior porque del análisis integral de dichas constancias, en especial del oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024 de fecha treinta de agosto de dos mil veinticuatro, no se hace relación al Acta 12 y sus anexos, sino únicamente se hace una descripción genérica sobre que la parte actora incurrió en el incumplimiento de sus

obligaciones y que por ello se le perdió la confianza, además, de indicar que debía hacer entrega de los bienes bajo su resguardo.

En este orden de ideas, la razón de notificación no es una prueba suficiente para evidenciar que a través de esa diligencia (de dos de septiembre) se hizo de conocimiento tanto el Acta 12, como sus Anexos; ya que del oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024 en ninguna parte se da cuenta de que la finalidad del oficio es notificar el Acta 12 y sus anexos y que a dicho oficio se le hayan integrado dichas documentales.

Por el contrario, como ya se indicó, el oficio solo relata de forma genérica que la parte actora incumplió con sus obligaciones que originaron la pérdida de la confianza y el deber de realizar la entrega de bienes; lo que significa que de la lectura íntegra del oficio de referencia no existe algún dato objetivo que haga derivar que éste tenía como finalidad notificar el Acta 12 y sus anexos (en los que se describen de forma particularizada tanto los motivos de la pérdida de la confianza, así como la base documental para sostenerla) y que el oficio se integraba con dicha documentación; sino que lo que se desprende es que el Oficio INE/JLE/HGO/VS/1240/2024 solo narra que se perdió la confianza hacia la parte actora y que ésta tiene la obligación de hacer ciertos trámites administrativos derivados de la culminación de la relación laboral.

Bajo este escenario es que, a juicio de esta Sala Regional, no existe certeza de que se haya hecho de conocimiento completo y certero el Acta 12 y sus Anexos a la parte actora.

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que, dadas las circunstancias particulares del caso concreto, no se justificó plenamente el despido de la parte actora; advirtiéndose del Acta

12 que esa diligencia no resultó efectiva para garantizar la debida defensa de la parte actora, en tanto no se le dio a conocer la oportunidad de presentar testimoniales de descargo, ni se acreditó que se hiciera de su conocimiento de manera fundada y motivada, la descripción específica de las conductas que se le atribuyeron y sus Anexos.

En similares términos, lo concluyó esta Sala Regional al resolver, entre otros, los juicios SCM-JLI-35/2023 y SCM-JLI- 38/2023.

Lo anterior porque, como lo ha sostenido esta Sala Regional en diversos precedentes32, debe señalarse que con independencia de que el INE esté facultado para rescindir de manera unilateral algunas relaciones de trabajo, ello no lo exime de su obligación de motivar y fundamentar su decisión, permitiendo una debida defensa de sus personas trabajadoras; pues aun cuando en esta instancia, el INE remitió tanto el Acta 12, así como sus Anexos y la parte actora contestó la vista (de tres días concedido), ello no subsana los parámetros mínimos que el INE tiene que garantizarle a la parte trabajadora para que cuente con los elementos necesarios de defenderse tanto en el momento de la confección del Acta 12, así como en la preparación de su defensa ante este órgano jurisdiccional, que, además, de acuerdo a las reglas procesales correspondientes, tiene un plazo legal mayor al del desahogo de la vista que se le concedió.

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera trascendental que el INE, por regla general, cumpla con estas garantías mínimas para poder sostener que el despido es

32 Al respecto véase los juicios SCM-JLI-24/2020, SCM-JLI-3/2023, SCM-JLI- 7/2023, y SCM-JLI-34/2023, entre otros.

justificado (y la pérdida de la confianza), pues una postura contraria traería como efecto que el INE no ejecutara conforme a las garantías del debido proceso (y en beneficio de la persona trabajadora) el procedimiento para dar por terminada, de forma justificada la relación laboral y que hasta el juicio que se promueva, se presenten las constancias y las motivaciones correspondientes, con la finalidad de subsanar o materializar los elementos que, previo al juicio correspondiente, el INE tiene la obligación de llevar a cabo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.95/2007 de rubro: TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA EN INJUSTIFICADO EL DESPIDO33.

Criterio jurisprudencial conforme el cual para que una persona trabajadora de confianza esté en condiciones de preparar su defensa en forma adecuada y oportuna, es necesario que conozca la fecha y causa por la cual se le rescindió la relación laboral para lo cual debe dársele el aviso respectivo por escrito, pues la parte patronal está obligada a darlo a las personas trabajadoras en general, sin distinguir si son o no de confianza y si no lo hace, ese solo hecho bastará para considerar injustificado el despido.

De esta manera, contrario a lo señalado por el demandado en su contestación, no es jurídicamente posible considerar justificada la pérdida de confianza como sustento de la rescisión de la relación jurídica.

33 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, mayo de 2007, página 1181.

Así, esta Sala Regional estima que la base argumentativa de la parte actora se acredita, porque de las constancias del expediente se advierte que el INE no notificó las causas y motivos (ni base documental) del despido por pérdida de la confianza, lo que detonó que no se cumplieran con los requisitos mínimos para dar por terminada la relación laboral por la pérdida de la confianza.

A lo anterior se añade que, en este asunto, la parte actora con el desahogo de la vista refuta tanto las inconsistencias que el INE señala, así como las pruebas e incluso agrega sus propios medios de prueba para desvanecer las razones de la parte demandada; lo que no es puesto a debate por el INE.

En ese sentido, se desestima la excepción de válida conclusión de la relación contractual entre las partes, así como la excepción de falta de acción y de derecho que hizo valer el demandado, en tanto que se hizo depender de que se encontraba debidamente justificada la rescisión de la relación laboral entre las partes.

Ahora bien, relativo a la pretensión de la parte actora de ordenar la reinstalación, derivado del despido injustificado, no es procedente dicha pretensión, en atención a lo siguiente.

En primer lugar, conviene puntualizar que el artículo 108 de la Ley de Medios establece, a saber: