JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-74/2022.

ACTORA: ELIMINADO. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP. Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA.

SECRETARIAS: BERTHA LETICIA ROSETTE SOLIS Y DENNY MARTÍNEZ RAMÍREZ.

Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

El Pleno de esta Sala Regional, en sesión privada de esta fecha, resuelve el juicio identificado al rubro en el sentido de reconocer la naturaleza laboral y continua de la relación existente entre las partes, a partir del cinco de febrero del dos mil dieciséis, así como condenar al INE al pago de las prestaciones que se precisan en esta sentencia, y absolverlo en otras, con base en lo siguiente.

GLOSARIO

Contenido

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica entre las partes.

II. Juicio laboral SCM-JLI-74/2022.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

TERCERA. Contestación de demanda.

CUARTA. Procedencia.

QUINTA. Pretensión de la actora.

SEXTA. Estudio de fondo.

SÉPTIMA. Sentido de la sentencia y efectos.

RESUELVE

ANTECEDENTES

I. Relación jurídica entre las partes.

1. Inicio. La actora afirma que el inicio de su relación con el Instituto demandado data del uno de febrero del dos mil dieciséis, tiempo en el que refiere haber desempeñado el cargo de capturista, así como de “Operadora de Equipo Tecnológico A2”, mismo que actualmente desempeña en la Junta Distrital.

2. Falta de reconocimiento del tiempo trabajado. Al efecto, la actora refiere que el veinticinco de septiembre del año en curso, el Vocal Secretario de la Junta Distrital, le refirió que no se reconocían como relación laboral los años comprendidos del dos mil dieciséis a la presente fecha, lo que a decir de la parte actora es contrario a derecho, porque su vínculo jurídico con el demandado fue documentado en diversos contratos por “honorarios” lo que, en su concepto, constituye una simulación para desconocer la naturaleza jurídica de su relación con el INE y, en consecuencia, su antigüedad.

II. Juicio laboral SCM-JLI-74/2022.

1. Demanda. Inconforme con la falta de reconocimiento de su relación laboral por parte del INE, así como con la falta de pago de algunas prestaciones a las que considera tener derecho, el diez de octubre del año en curso, la actora presentó su demanda.

2. Turno. Por acuerdo del diez de octubre del año en curso, se integró el expediente SCM-JLI-74/2022, el cual fue turnado a la Ponencia a cargo del Magistrado José Luis Ceballos Daza, para los efectos previstos en el Libro Quinto de la Ley de Medios y capítulo II del Título Sexto del Reglamento.

3. Recepción en ponencia, admisión y emplazamiento. Mediante proveído del doce de octubre del año en curso, el magistrado instructor, entre otras cuestiones, radicó el expediente del juicio al rubro indicado en la ponencia a su cargo, admitió la demanda y ordenó emplazar a juicio al Instituto demandado.

4. Contestación, vista y citación para Audiencia. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el INE contestó la demanda enderezada en su contra y, mediante proveído del veintiocho posterior, entre otras cuestiones, se ordenó dar vista a la actora con el escrito respectivo a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, al tiempo en que se citó a las partes para la Audiencia bajo la modalidad de videoconferencia.

5. Audiencia y suspensión. El dieciséis de noviembre del año en curso, tuvo lugar la Audiencia con la comparecencia −bajo la modalidad de videoconferencia− de la parte actora y su apoderado, así como el Instituto demandado, por conducto de su apoderada.

Debido a que el magistrado instructor consideró necesario realizar un requerimiento al ISSSTE, con el objeto de contar con mayores elementos para resolver la controversia, en términos de lo dispuesto por el artículo 138, fracción IX del Reglamento, la Audiencia fue suspendida.

Asimismo, en esa diligencia se tuvo a la parte demandada por desistida de la prueba confesional que ofreció a cargo de su contraria, en términos de las manifestaciones formuladas por su apoderada.

6. Reanudación. El siete de diciembre de este año, fue reanudada la Audiencia, en la que se desahogaron por su propia y especial naturaleza, las pruebas que se admitieron a cada una de las partes, incluida la información requerida por el magistrado instructor al ISSSTE.[2]

Una vez que no quedaron diligencias ni pruebas pendientes por ser desahogadas, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes y se declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Competencia y Jurisdicción.

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver esta controversia, al tratarse de un juicio laboral entre el INE y la actora, quien lo promovió para reclamar, principalmente, la falta de reconocimiento de la naturaleza laboral de la relación que refiere mantener con el demandado desde el uno de febrero del dos mil dieciséis, la cual aduce como vigente a la presente fecha, así como para reclamar el pago de diversas prestaciones derivadas de ese vínculo.

Hipótesis normativa competencia de esta autoridad jurisdiccional y entidad que se ubica dentro de la circunscripción donde ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 166, fracción III, inciso e), y 176, fracción XII.

Ley de Medios. Artículos 3, párrafo 1 inciso e); y 94 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG329/2017[3] de veinte de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo General del Instituto demandado, por el que aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.

Se precisa que en los juicios que tienen por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el INE y sus servidores (as), además de la Ley de Medios, el Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, el Estatuto, así como la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a) La Ley Federal de (las y) los Trabajadores al Servicio del Estado.

b) La Ley Federal del Trabajo.

c) El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d) Las leyes del orden común.

e) Los principios generales de derecho.

f) La equidad.

Lo anterior, con base en lo previsto en el artículo 95 de la Ley de Medios, en donde se establece la supletoriedad de los ordenamientos jurídicos listados, en el entendido de que ello acontece siempre que no se contravenga al régimen laboral de las y los servidores del INE, previsto en la LGIPE y el Estatuto.

TERCERA. Contestación de demanda.

En primer lugar y por ser de orden preferente, se analizarán las excepciones hechas valer por el Instituto demandado que pudieran tener incidencia con la procedencia de este juicio, para luego revisar las relacionadas con el fondo.

A.   Excepciones que pudieran tener incidencia en la procedencia de este juicio.

        Improcedencia de la vía[4] para reclamar la incorporación de la actora a la rama correspondiente del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, ya que está sujeta al presupuesto de egresos de la federación y al procedimiento establecido en la normativa de ese instituto, por lo que arguye que, para acceder a dicha prestación, la promovente debería agotar previamente los procedimientos previstos en los ordenamientos aplicables.

Al respecto, esta Sala Regional, considera que el estudio de esta excepción corresponde al fondo de la controversia, la cual se centra en determinar la naturaleza de la relación existente entre las partes y, si a partir de ello, resultaría o no procedente su reclamo de ser incorporada a la rama correspondiente del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa.

De ahí que esta cuestión no podría ser materia de pronunciamiento para efecto de procedencia del presente juicio.

B.   Excepciones respecto a la naturaleza de la relación de la actora con el Instituto demandado.

                    Falta de acción y derecho para exigir el reconocimiento de la relación laboral desde la fecha que refiere la actora, atento a que la naturaleza del vínculo existente fue de índole civil, con independencia de que refiere que su relación con la actora data del uno de enero del dos mil diecisiete.

                    Inexistencia de un vínculo laboral y falsedad. Las cuales se sustentan en la idea de que la relación jurídica entre las partes se justificó al amparo de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales los cuales, en su momento, concluyeron su vigencia. Aunado a que la prestación recibida por la parte actora por sus servicios fue por concepto de “honorarios”.

Asimismo, el INE sostiene que es falsa la aseveración respecto a que el Vocal Secretario de la Junta Distrital le hubiera manifestado verbalmente que no debían tenerse por reconocidos los años que alegó como laborados por haber considerado que era una prestadora de servicios.

En concepto de esta Sala Regional, las excepciones y defensas hechas valer en este apartado no podrían ser estudiadas de manera previa, ello, porque se encuentran íntimamente relacionadas con el fondo de la controversia, la cual se centra en determinar, precisamente, la naturaleza de la relación existente entre las partes en el periodo alegado por la actora (quien refiere que el vínculo jurídico con el INE inició desde el uno de febrero del dos mil dieciséis) y, en consecuencia, el eventual pago del resto de las prestaciones reclamadas.

C.   Excepciones en relación con prestaciones accesorias al reconocimiento de la relación laboral.

En su escrito de contestación de demanda, el INE hizo valer diversas excepciones y defensas en torno a las prestaciones accesorias reclamadas por la parte actora, a saber:

                    Plus petitio[5]. El Instituto demandado considera que al reclamar prestaciones propias del personal con plaza presupuestal, el reclamo de la actora va más allá de aquello que le corresponde, por tanto, estima que debe tenerse por fundada la excepción de plus petitio.

          Prescripción de cada una de las prestaciones demandadas y que no fueron reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente se generó el derecho a percibirlas, para lo cual el INE aduce que si la demanda se presentó el diez de octubre de dos mil veintidós, estarían prescritas aquellas que fueron exigibles con anterioridad al diez de octubre de dos mil veintiuno.

          Falta de acción y derecho para reclamar todas las prestaciones accesorias. El INE aduce que, para que la parte actora tuviera derecho a las prestaciones consistentes en el pago de cuotas y aportaciones ante el ISSSTE y FOVISSTE, “Despensa Oficial”, “Apoyo para Despensa”, “Ayuda de Alimentos” y demás prestaciones reclamadas, constituía un presupuesto necesario, la existencia de una relación de carácter laboral entre las partes, ya que las mismas se otorgan al personal de plaza presupuestal, en tanto que la actora fue contratada bajo un esquema de contratación civil.

No obstante, refiere que la actora fue dada de alta en el ISSSTE a partir del uno de enero del dos mil dieciocho a la presente fecha.

Por lo que respecta al reclamo de las prestaciones del “Día de Reyes”, “Día del Niño” y “Día de la madre”, el INE opone la excepción de pago, en términos de los listados que adjuntó a su escrito de contestación de demanda.

Ahora bien, en relación con el reclamo de los “Vales de fin de año”, el Instituto demandado sostiene que esta prestación se otorga al personal operativo de plaza presupuestal, sin que la actora cumpla con esa calidad. Asimismo, aduce que, en su caso, el derecho a esta prestación no se genera dado que se otorga a las personas trabajadoras en activo a fin de año.

Finalmente, por lo que respecta al reclamo de la “Prima Quinquenal”, el INE sostiene que la actora carece de acción y derecho para su reclamo, bajo el argumento de que jamás existió una relación laboral con la actora y no forma parte de su personal de plaza presupuestal.

     Falta de acción y derecho para reclamar el pago de horas extras, así como la de falsedad. Ello, porque el INE sostiene que el horario de labores en las Juntas Distritales y Locales, de conformidad con el artículo 544, fracción II del Manual, es el comprendido de las (8:30 horas) ocho horas con treinta minutos a las (16:00) dieciséis horas, de lunes a viernes con media hora intermedia para ingerir alimentos.

De ahí que afirme que es falso lo aducido por la promovente en el sentido de que su jornada comenzaba y terminaba en el horario que refiere en su escrito de demanda.

Lo anterior, con independencia de que en términos del artículo 38 del Estatuto se requiere de autorización expresa de las y los superiores jerárquicos para trabajar tiempo extraordinario.

Al propio tiempo, y sin que ello implique un reconocimiento sobre la procedencia del reclamo de esa prestación, el INE hace valer la excepción de pago por concepto de compensación con motivo de las cargas de trabajo y labores extraordinarias derivadas del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República, previsto por el período del cuatro de febrero al trece de abril del dos mil veintidós.

Al respecto, esta Sala Regional considera que el análisis de las excepciones invocadas por la parte demandada en este apartado, también constituye una cuestión que no podría tener lugar de manera previa al estudio que se haga sobre el fondo de la controversia, ya que se encuentran íntimamente relacionadas con la definición sobre la naturaleza jurídica del vínculo que une a las partes y con el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de su pago.

Por tanto, las excepciones se analizarán en el estudio de fondo de las prestaciones reclamadas por la parte actora.

CUARTA. Procedencia.

Previo al estudio de fondo de la controversia, corresponde a esta Sala Regional verificar que se encuentren satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro: “ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO”.[6]

Así, del análisis de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que se encuentran satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada por la promovente, como se explica a continuación:

1. Forma.

En la demanda consta el nombre de la actora, así como de su apoderado, el motivo de su inconformidad como fuente de afectación de sus derechos laborales, así como los hechos que sustentan su impugnación, las pruebas que ofreció y su firma autógrafa.

2. Oportunidad.

-         Del escrito de demanda.

La demanda es oportuna, porque la pretensión principal de la parte actora es el reconocimiento del tiempo que tiene su vínculo jurídico con el instituto demandado, el cual refiere como iniciado el uno de febrero del dos mil dieciséis, así como el reconocimiento de la naturaleza laboral de esa relación, la cual aún se encuentra vigente.

Al respecto, la Sala Regional ha sostenido el criterio[7] de que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme a los artículos 50, fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores (as) al Servicio del Estado y 158 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral −como sucede en el caso-, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los Plenos de Circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro: “SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO”,[8] el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado "De la prescripción".

Asimismo, y en relación con la oportunidad de las demás prestaciones exigidas, este requisito se debe tener por satisfecho en términos de los argumentos señalados en la razón y fundamento “TERCERA” de esta sentencia, en el sentido de que el derecho de la actora para reclamar las prestaciones correspondientes por el periodo que señala haber laborado −desde el uno de febrero del dos mil dieciséis−, es una cuestión que corresponde al fondo del asunto.

De ahí que, para efectos de procedencia, debe tenerse por satisfecho el presente requisito.

-         De la contestación de demanda.

Se surte el requisito de oportunidad, toda vez que el INE produjo su contestación dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de su emplazamiento a juicio, en términos de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Medios.

En efecto, el emplazamiento a juicio del INE tuvo lugar el doce de octubre del año en curso, por lo que el plazo para producir su contestación transcurrió del trece al veintiséis del mes indicado.[9]

En ese orden de ideas, si la contestación de demanda se presentó en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional en la fecha límite, esto es, el veintiséis de octubre del año en curso, es evidente que se cumplió con tal requisito.

3. Legitimación y personería.

En cuanto a la capacidad procesal de las partes, la de la actora se encuentra satisfecha, toda vez que acude por derecho propio, a efecto de demandar del INE, entre otras cuestiones, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones.

Al efecto, se destaca que el Instituto demandado, en su escrito de contestación, reconoció la existencia de un vínculo jurídico con la promovente, circunstancia que adicionalmente se robustece con las diversas documentales aportadas por las partes, y de las cuales se desprende la legitimación de la actora para acudir al presente juicio para controvertir actos que considera conculcatorios de sus derechos laborales.

En cuanto al INE, se destaca que compareció por conducto de su apoderada, a quien se le reconoció su calidad mediante acuerdo del veintiocho de octubre del año en curso, así como en el acta de la Audiencia celebrada el dieciséis de noviembre de la misma anualidad.

4. Interés jurídico. Se surte este requisito dado que la actora es una ciudadana que reclama del Instituto demandado el reconocimiento de sus años de servicio ─del uno de febrero del dos mil dieciséis a la fecha de presentación de la demanda─; el entero retroactivo de las cuotas de seguridad social por dicho período, entre otras prestaciones que, según lo refiere la promovente, derivan de la relación laboral existente entre las partes.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

QUINTA. Pretensión de la actora.

Esta Sala Regional advierte que el reclamo principal de la promovente consiste en que le sea reconocida la naturaleza laboral de la relación jurídica que refiere sostener con el INE desde el uno de febrero del dos mil dieciséis, así como el pago de otras prestaciones, a saber:

“a) Se reclama el reconocimiento de la relación laboral entre la suscrita actora y el Instituto Nacional Electoral, desde la fecha de mi ingreso 01 de febrero de 2016 hasta la fecha (2022), en el entendido que en la fecha antes indicada de ingreso, se me hizo firmar un supuesto contrato de prestación de servicios profesionales, mismo que fue renovándose en varias ocasiones, teniendo una categoría y desempeñando en un inicio labores Capturista y posteriormente de Operadora de Equipo Tecnológico, funciones que desde luego no tienen el carácter de eventuales ni de una prestación de servicios profesionales ya que fueron inherentes al área de Junta Distrital ejecutiva-Módulo de Atención Ciudadana, en donde desempeño mi trabajo que tiene que ver con captura de datos de los ciudadanos para la expedición de la credencial para votar con fotografía, así como la atención y orientación a los ciudadanos que acuden al MAC, y apoya al responsable de módulo en las diversas actividades que se realizan en el centro laboral, donde se me asignó las funciones como Operadora de Equipo Tecnológico por el periodo de 2016 a la fecha (2022), se me asignaron mediante una figura o simulación jurídica de honorarios, o supuesta prestación de servicios profesionales pero que, como he narrado, siempre he estado subordinada y desempeñando un trabajo directamente para el Instituto, razón por la que se demanda el reconocimiento de la relación laboral entre la suscrita y el Instituto al darse el elemento distintivo de una relación laboral como lo es la SUBORDINACIÓN, que no es otra cosa que la disposición a la que se encuentra la persona para con su empleador, no importando la forma en la que se sabe se contrata al personal y que por cuestiones presupuestales se sabe que es más sencillo hacerlo por supuestos honorarios o prestación de servicios que en una plaza de la rama administrativa, reconocimiento que se demanda de la fecha de ingreso 01 de febrero de 2016 a la fecha (2022) y con efectos de que se me siga reconociendo mientras dure mi relación laboral con el mismo Instituto.

b) De igual forma se reclama el pago de las aportaciones que se deban realizar al ISSSTE durante el tiempo que no se hayan hecho, ya que la hoy demandante he tenido una relación ininterrumpida con el Instituto desde el día 01 de febrero de 2016, en el entendido que la parte patronal deberá acreditar haber cubierto las cuotas antes señaladas.

c) Se demanda el pago de la cantidad que resulte de todas y cada una de las prestaciones que dejé de percibir, que me corresponden como trabajadora y que se encuentran establecidas en el Título Sexto, Sección primera del Manual de normas administrativas den materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral aprobado mediante Acuerdo INE/JGE13/2021, tales como “Despensa oficial”, “Apoyo para despensa”, “Ayuda para Alimentos”, “Día de Reyes”, “Día del niño”, “Día de la Madre”, “Vales de Fin de Año”, “Prima Quinquenal”, y demás prestaciones que deje de percibir durante el tiempo que he laborado para el INE y muy en especial se reclaman las que corresponden a un año anterior a la presentación de la demanda. Mismas que deberán ser cuantificadas en el incidente de liquidación y que no se puede alegar para tal efecto oscuridad si tomamos en consideración que estoy demandando y precisando qué prestaciones son y la razón por la que me corresponden.

…

…

d) Se demanda el pago de tiempo extraordinario laborado por la suscrita durante el último año al servicio y bajo la subordinación del Instituto Nacional Electoral reclamando el pago de 10 horas extras semanales a salario integrado, por lo que hace al último año de labores, amé de que laboraba bajo una jornada que se iniciaba a las 11:00 horas y ésta no concluía hasta las 22:00 horas, de lunes a viernes de cada semana y cubriendo inclusive guardias sabatinas, contando únicamente como tiempo para descanso, tomar alimentos y reponer energías, el comprendido de las 14:00 a las 15:00 horas de cada día laborable, pero dentro de la fuente de trabajo, tomando mis alimentos en el área designada para tal efecto, de lo que se colige concluir válidamente que laboraba como tiempo extraordinario el comprendido de las 20:00 a las 22:00 horas de cada día laborable, por lo que se reclama su pago, es decir, dos horas extras diarias más las sabatinas que tenía que cubrir, quedando a cargo de la parte demandada la carga de la prueba de acreditar el horario si lo controvierte, de conformidad con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria.

Dicho horario si bien es cierto no se encuentra previsto dentro de la normatividad institucional, lo cierto es que todo el personal del área donde me desempeño lo tenemos que acatar, porque en dicha área, después del cierre de atención al público, tenemos que realizar conteo de credenciales, realizar reportes y enviarlos por correo electrónico al departamento de actualización al Padrón, así mismo la demanda para realizar el trámite de Credencial es demasiada y el personal con el que se cuenta en el MAC., no es suficiente. De igual manera se manifiesta y bajo protesta de decir verdad que la hoy demandante se encuentra realizando tareas de Responsable de Módulo, en virtud de que no se cuenta temporalmente con la persona que ocupa dicha plaza.

No omito señalar que la fuente de trabajo lleva control de asistencia, a cuyo registro están obligados la totalidad de los trabajadores, de conformidad con las disposiciones institucionales. Se afirma lo anterior, porque la jornada de trabajo es una carga procesal que no corresponde a los trabajadores sino a los empleadores e incluso este H. Tribunal en diversos juicios ha condenado a su pago.

…

…

e).- De ser el caso de que esta H. Autoridad determine procedente el reconocimiento como “trabajadora” y no como prestadora de servicios profesionales como de forma arbitraria se le ha considerado durante todos estos años bajo una simulación, cuando la realidad de los hechos es que la demandante es trabajadora del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, dicho lo anterior se solicita ordenar al INE incorporar a la trabajadora dentro de la rama correspondiente del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa tal y como este H. Tribunal lo ordenó en el diverso “SCM-JLI-21/2020”.

SEXTA. Estudio de fondo.

A partir de lo expresado por las partes, esta Sala Regional advierte que la controversia en el presente asunto consiste en determinar las siguientes cuestiones:

1.     Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, su fecha de inicio y su carácter continuo.

2.     La procedencia de su inscripción y pago del entero retroactivos de sus cuotas de seguridad social que no se hubiera realizado.

3.     La procedencia de las demás prestaciones que son reclamadas por la promovente.

B. Marco probatorio.

Para solucionar la controversia se atenderá al material probatorio admitido a las partes, mismo que fue desahogado en la correspondiente Audiencia, a excepción de la prueba confesional a cargo de la parte actora, en tanto que la apoderada del Instituto demandado se desistió de dicha probanza.

De la actora:

                    Constancia original expedida a favor de la actora el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por su participación en los cursos de “Inducción al SGC, Enfoque a Procesos, Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades, Indicadores, Información Documentada, Acciones Correctivas y Herramientas de Mejora”.

                    Original de solicitud de expedición de copias certificadas del expediente personal suscrita por la actora, acusada de recibido por la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México el seis de octubre del dos mil veintidós.

                    Copia de su expediente personal que sea remitido por el Instituto demandado.

                    Original de credenciales expedidas por el Instituto demandado a nombre de la actora el cinco de febrero de dos mil dieciséis; uno de septiembre del dos mil dieciséis; y con vigencia del uno de enero del dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del mismo año.

                    Documentales privadas consistentes en impresiones de comprobantes fiscales del año dos mil diecisiete, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintidós.

                    Instrumental pública de actuaciones, en todo lo que favorezca a sus intereses;

                    Presuncional en su doble aspecto en todo lo que favorezca a sus intereses;

Del Instituto demandado:

                    Documental privada[10] consistente en copia certificada del expediente de la parte actora, en donde, entre otras documentales, obran los contratos siguientes, a saber:

                    Documentales consistentes en copia de avisos de alta y baja de la actora al ISSSTE:

                    Documental privada[11] consistente en copia certificada de comprobantes fiscales digitales expedidos a favor de la actora los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós:

                    Recibo del trece de abril del dos mil veintidós por concepto de compensación por labores extraordinarias por la revocación de mandato.

                    Listado de pagos de vales de despensa por día de la madre dos mil veintidós, listado de pago de vales de despensa por día de reyes y por el día del niño (a), todos ellos correspondientes al año dos mil veintidós.

                    Instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a sus intereses.

                    Presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a sus intereses.

Probanzas, a partir de las cuales el Instituto demandado pretende acreditar que la relación jurídica sostenida con la actora fue de naturaleza civil y que la misma comenzó a partir del uno de enero de dos mil diecisiete[12] y no como lo refiere la actora (uno de febrero de dos mil dieciséis), así como sus excepciones y defensas.

También forma parte del marco probatorio para la solución de esta controversia, la documental pública que fue remitida por el ISSSTE a este órgano jurisdiccional en desahogo del requerimiento que fue formulado por el magistrado instructor en la Audiencia iniciada el dieciséis de noviembre del año en curso, consistente en el informe relativo a los períodos en los que la parte actora fue inscrita por el Instituto demandado en el ISSSTE.

De modo que, atendiendo además a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, esta Sala Regional advierte que son hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes que:

     Que a la fecha de presentación de la demanda se encuentra subsistente el vínculo jurídico entre las partes;

     Que el cargo que desempeña a la fecha de presentación de la demanda es el de “Operador de Equipo Tecnológico A2”, adscrita a la Junta Distrital.

Dicho lo anterior, se aclara que el periodo controvertido respecto del cual la actora reclama que le sea reconocida la naturaleza laboral de su relación con el Instituto demandado es a partir del uno de febrero del dos mil dieciséis a la presente fecha.

En ese entendido, se procede a estudiar el caso concreto motivo del conflicto, conforme al orden expuesto en el apartado de planteamiento.

C. Caso concreto.

1.     Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes y su fecha de inicio.

La promovente sostiene la existencia de una relación laboral ininterrumpida con el INE hasta la presente fecha, la cual reputa como iniciada desde el uno de febrero de dos mil dieciséis.

Por su parte, el INE niega que el vínculo jurídico existente con la actora sea de naturaleza laboral y que su comienzo se pueda reputar en la fecha indicada por aquella, para lo cual argumenta que se trata de una relación de naturaleza civil, derivada de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales, la cual se debe considerar como iniciada al uno de enero del dos mil diecisiete.

Dada la contradicción de afirmaciones, se destaca que la carga probatoria de demostrar que la relación jurídica era de naturaleza diversa a la laboral y la fecha de su inicio, preeminentemente corresponde a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

Lo anterior, con base en la de jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”.[13]

En ese sentido, para estar en condiciones de esclarecer la naturaleza del vínculo jurídico que unió a las partes en dicho período, se deben analizar las características propias de una relación laboral, para luego, determinar si, a partir de las pruebas aportadas por las partes ─teniendo en consideración que la principal carga probatoria le corresponde al INE─ podrían encontrarse elementos propios de una relación laboral o de otro tipo, así como la fecha de su inicio.

Ello, porque la naturaleza laboral de la relación no depende de la denominación que las partes atribuyan a los contratos en los que se finca su acuerdo de voluntades, como se explica.

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, define una relación laboral como un trabajo personal, subordinado que se realiza a cambio del pago de un salario, con independencia del acto que le dé origen.

Definición, a partir de la cual se obtienen los siguientes elementos que definen una relación laboral:

a.     La prestación de un trabajo personal que implica hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta un trabajador o trabajadora en beneficio de quien le emplea.

b.    La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando ostentado por la parte patronal, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, el o la trabajadora.

c.     El pago de un salario, en contraprestación por el trabajo prestado.

Así, en el caso concreto se tiene que la promovente, para demostrar la temporalidad de su relación con el INE y que la misma fue de tipo laboral y continua desde el uno de febrero de dos mil dieciséis a la fecha de presentación de la demanda, aportó diversas documentales.

Por su parte, el INE ofreció diversos contratos para acreditar que el vínculo jurídico entre las partes fue de naturaleza civil, el cual refiere como iniciado el uno de enero de dos mil diecisiete, por tanto, aduce que no podría tenerse por computada la temporalidad de la relación jurídica desde el uno de febrero del dos mil dieciséis como lo pretende la actora.

Expuesto lo anterior, se analizará si a partir de la valoración de la documentación de referencia se podrían tener por satisfechos los elementos para afirmar que el vínculo existente entre las partes inició desde el uno de febrero del dos mil dieciséis a la presente fecha y, en su caso, si el mismo puede reputarse de naturaleza laboral y continuo hasta la fecha.

                                                                                                         Prestación de un trabajo personal.

La promovente refiere que ingresó a laborar para el demandado el uno de febrero del año dos mil dieciséis, en el que se desempeñó primordialmente como “Operador de Equipo Tecnológico”.

Por su parte, al contestar la demanda, el INE manifestó que la relación jurídica entre las partes no rebasó, en cada caso, un año fiscal; por tanto, con la suscripción de cada nuevo contrato se inició una nueva relación jurídica de naturaleza civil entre las partes.

Ahora bien, es de observar que de los documentos que fueron aportados por las partes se desprende que el vínculo jurídico existente entre ellas se remonta al año dos mil dieciséis, así como que las funciones que desempeñó la promovente para el Instituto demandado fueron primordialmente como Operadora de Equipo Tecnológico, según se ilustra a continuación:

Así, del cuadro ilustrativo que antecede y de las copias de los contratos que el INE adjuntó a su escrito de contestación y pruebas aportadas por la parte actora, se pueden apreciar los cargos y las funciones que, en cada caso, fueron desempeñadas por ella, misma que da cuenta de una relación iniciada desde el mes de febrero del año dos mil dieciséis a la presente fecha con características de un trabajo personal de la promovente a favor del demandado.

Documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 1 y 16, numeral 3 de la Ley de Medios, si bien por su naturaleza tienen un valor indiciario, lo cierto es que, al no estar controvertidas en cuanto a su autenticidad y contenido por alguna de las partes, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, generan convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original. 

De ahí que, para este órgano jurisdiccional existan elementos probatorios que acreditan el acuerdo de voluntades entre el Instituto demandado y la parte actora respecto del tipo de trabajo que sería desarrollado por ella y la remuneración que recibiría como contraprestación.

Sin que sea obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que por lo que respecta a los cargos que desempeñó la actora en el año dos mil dieciséis, no se desprendan elementos que permitan advertir la naturaleza de las funciones que le fueron encomendadas.

Ello, porque el INE concretó su defensa a negar la existencia de algún vínculo jurídico por dicha anualidad, pero no acreditó que las funciones desempañadas por la promovente fueran distintas de aquellas que le son propias a dicho instituto demandado.

Pero, adicionalmente, se tiene que el primer puesto desempeñado por la actora fue el de “capturista”, cuyas funciones han sido descritas en otros medios de impugnación conocidos por este órgano jurisdiccional;[15] en tanto que el segundo de los cargos que ejecutados por la actora en esa anualidad estuvo el de operadora de equipo tecnológico −que es el que actualmente ocupa (aunque bajo la modalidad de “A2”)−, cuyas funciones han quedado descritas en términos del cuadro ilustrativo que antecede.

                                                                                                         Subordinación.

Ahora bien, de la descripción que se hace en cada uno de los contratos aludidos, respecto de las tareas que fueron encomendadas a la parte actora, se aprecia que las mismas están vinculadas con la función estatal que le corresponde al Instituto demandado, relativa a la organización de las elecciones.

Se arriba a dicha conclusión toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a) párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el INE tiene entre sus atribuciones de forma integral y directa, las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas nominales de personas electoras.

Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 30, párrafo 1, inciso c) de la Ley Electoral establece como uno de los fines del Instituto, la integración del Registro Federal Electoral.

En concordancia con lo anterior, el artículo 54, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley Electoral establece que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral tiene entre sus atribuciones, la de formar el Padrón Electoral y expedir las credenciales para votar con fotografía.

Por su parte, los artículos 134 al 146 de la ley de referencia regulan lo relativo a los procedimientos del señalado registro, dentro de los que se encuentran los relativos al padrón electoral, la lista nominal de personas electoras y las citadas credenciales para votar.

En particular, los artículos 126, párrafo 2, así como 138, párrafo 2 de la Ley Electoral, establecen que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el Instituto demandado, por conducto de la Dirección Ejecutiva correspondiente, así como de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales.

Ahora bien, de los contratos exhibidos por el INE este órgano jurisdiccional advierte que no era dable que la actora realizara su trabajo con recursos propios, sino que, por la naturaleza de las funciones que fueron descritas en cada uno de esos instrumentos, ello tenía que ser realizado con los medios que le fueron proporcionados por el propio Instituto demandado y bajo su supervisión.

Así, la subordinación, como elemento distintivo de la relación de trabajo quedó acreditada, ya que el Instituto disponía de la fuerza de trabajo de la actora, quien debía realizar las actividades que le fueron encomendadas, encontrándose sujeta a entregar reportes de sus actividades,[16] así como a tener disponibilidad para apoyar en las diversas actividades que pudieran requerirse.

De ello se deduce que el INE pactó directrices que solo se podrían exigir a quien presta un trabajo y no a quien presta servicios profesionales ya que, en este último caso, la persona contratada únicamente debe desempeñar el servicio pactado, en forma libre, sujetándose solamente a un plazo fijado.

En dicho contexto, se desestiman las excepciones y defensas que hace valer el Instituto demandado y que se fundan sobre la base de que la relación jurídica que sostuvo con la parte actora fue de naturaleza civil; alegación que se desestima, toda vez que del clausulado de dichos instrumentos se desprenden elementos que permiten inferir la naturaleza de una relación de corte laboral y no civil -por lo que ve a la subordinación-, como se ha explicado.

Por lo anterior, esta Sala Regional considera que a pesar de que los contratos se identifican como de “prestación de servicios”, reúnen en los hechos los elementos de una relación laboral, entre ellos, el de subordinación, máxime si se considera que de las constancias del expediente se desprenden elementos para acreditar la dependencia económica de la actora respecto del INE.

Resulta orientador para la anterior conclusión el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 20/2005[17] de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”, así como la tesis I.9o.T. J/51 de rubro: “RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO CONDUCENTE”.[18]

                                                                                                         Salario.

Finalmente, en concepto de esta Sala Regional, también debe considerarse actualizado el tercer elemento característico de una relación laboral: el pago de un salario.

En efecto, el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria dispone que el salario es la retribución que debe pagar la parte patronal a la persona trabajadora por las funciones que le son encomendadas.

Así, en cada uno de los contratos aportados por el Instituto demandado, puede advertirse que fue pactada una cláusula que establece una cuantía determinada que habría de pagarse de forma quincenal a la parte actora para retribuirle por las actividades realizadas en favor del INE.

En ese sentido, de los recibos de pago exhibidos por la promovente −los cuales no fueron objetados en cuanto a su autenticidad y contenido− es posible advertir que el Instituto demandado pagaba a la parte actora diversas cantidades por los diversos cargos que desempeñó, especialmente por lo que respecta a los años dos mil diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós.[19]

Ahora bien, no es obstáculo para considerar la existencia de la relación laboral, la identificación o denominación del pago realizado por el Instituto a la parte actora, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales[20] que aunque la contraprestación por el trabajo realizado sea designada bajo la nomenclatura de “honorarios”, ello por sí mismo, no es indicativo de que la naturaleza jurídica del vínculo existente entre las partes contratantes sea de carácter civil, pues ésta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, dependencia económica, entre otros.

En tal sentido, esta Sala Regional considera que la promovente probó su acción en cuanto a la existencia del vínculo de naturaleza laboral, porque se reitera que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, las cuales no pueden ser consideradas como de carácter esporádico o eventual, aunado a que, según se advirtió al analizar el elemento de subordinación, la dependencia económica.

Así, toda vez que el INE no demostró que la relación que mantuvo con la actora fue de naturaleza distinta a la laboral, las excepciones de: inexistencia de relación laboral, relación jurídica temporal entre las partes, improcedencia de la acción, derecho y falsedad, se desestiman, dado que en el caso concreto se encuentran demostrados los elementos característicos de una relación de orden laboral.

Al fundarse estas excepciones en argumentos que sostienen que la relación era de naturaleza civil, y no acreditarse ello, éstas son improcedentes, tal como señala la jurisprudencia de rubro: “RELACION LABORAL, NEGATIVA DE LA”.[21]

                                                                                                         Inicio y continuidad de la relación laboral.

La controversia en este aspecto se centra en determinar a partir de qué fecha se puede tener por iniciada la relación laboral entre las partes y si la misma debe reputarse continua.

Al respecto, de las pruebas admitidas a las partes, esta Sala Regional advierte que la relación laboral entre ellas puede considerarse iniciada desde el cinco de febrero del dos mil dieciséis y no del uno de febrero (como lo aduce la promovente), ni el uno de enero del dos mil diecisiete (como lo afirma el INE).

No obstante que el INE no hizo valer la excepción alguna para desvirtuar la continuidad del vínculo jurídico entre las partes, lo cierto es que es preciso esquematizar la cronología de dicha relación a efecto de estar en posibilidad de determinar desde cuándo debe reputarse iniciada.

En efecto, de la valoración conjunta de las copias certificadas de los contratos celebrados entre las partes que fueron ofrecidas por el INE, así como de las pruebas aportadas por la actora, se tiene que la relación jurídica entre las partes tuvo la siguiente cronología: