VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-80/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT-JLI.4- SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-80/2024

PARTE ACTORA:

ALEJANDRO AREVALO MORONES

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIA:

SILVIA DIANA ESCOBAR CORREA

Ciudad de México, a 19 (diecinueve) de febrero de 2025 (dos mil veinticinco).

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes, ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones, y le absuelve del pago de otras.

Í N D I C E

G L O S A R I O..........................................3

A N T E C E D E N T E S...................................4

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S...................5

PRIMERA. Jurisdicción y competencia..........................5

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable.........................7

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación...............7

3.1.  De la demanda.....................................8

3.2.  De la contestación.................................10

G L O S A R I O

1 Aprobado mediante acuerdo INE/JGE13/2021, que fue modificado mediante acuerdo INE/JGE56/2022, este último aprobado el 17 (diecisiete) de febrero de 2022 (dos mil veintidós) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 (nueve) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), consultable en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5651360&fecha=09/05/2022#gsc

.tab=0, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios y el criterio esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN

PARTICULAR (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 2009 [dos mil nueve], página 2479 y registro 168124).

A N T E C E D E N T E S

1.     Relación jurídica. La parte actora afirma que prestó sus servicios para el INE de noviembre de 1990 (mil novecientos noventa) al 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil), bajo el régimen de honorarios; indicando que en la actualidad se desempeña como “secretario en Junta Distrital” con adscripción a la Junta Distrital y cuya relación continúa vigente.

2.   Acuerdos de suspensión de plazos. El 13 (trece) de marzo de 2024 (dos mil veinticuatro)2, el pleno de esta Sala Regional emitió un acuerdo por el que decretó la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la sustanciación de los Juicios Laborales. Dicha suspensión fue ampliada mediante acuerdos de 7 (siete) de octubre y 21 (veintiuno) de noviembre.

3.  Juicio Laboral

3.1.    Demanda. El 25 (veinticinco) de octubre, la parte actora presentó Juicio Laboral contra el INE para demandar el reconocimiento de la relación laboral por el periodo señalado y el pago de diversas prestaciones.

3.2.    Turno. Con la demanda de la parte actora se integró el expediente SCM-JLI-80/2024 que se turnó a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

3.3.   Recepción. El 30 (treinta) de octubre la magistrada recibió dicho expediente y -entre otras cuestiones- informó sobre la referida suspensión de plazos.

2 En lo sucesivo las fechas referidas corresponden a 2024 (dos mil veinticuatro), salvo precisión expresa de otro año.

3.4.     Admisión y emplazamiento. Una vez reanudados los plazos para la sustanciación de los Juicios Laborales, el 8 (ocho) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), la magistrada admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

3.5.   Contestación a la demanda. El 22 (veintidós) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), el INE contestó la demanda, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas; por lo que, el 23 (veintitrés) siguiente, la magistrada tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora3 y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos.

3.6.   Audiencia y cierre de instrucción. El 10 (diez) de febrero de 2025 (dos mil veinticinco) fue realizada la audiencia en la que, ante la falta de conciliación entre las partes, fueron admitidas y desahogadas las pruebas correspondientes, se expusieron alegatos y -al no quedar diligencias pendientes- fue cerrada la instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio por tratarse de una demanda presentada por una persona que reclama la falta de reconocimiento de la relación laboral -por un periodo específico- y el pago de diversas prestaciones, refiriendo que en la actualidad se desempeña como persona

3 La parte actora (a través de su persona apoderada en este juicio) presentó un escrito con relación a esa vista el 29 (veintinueve) de enero de 2025 (dos mil veinticinco).

secretaria en junta distrital, adscrita a la Junta Distrital; lo que tiene fundamento en:

      Constitución: artículos 41 base VI y 99 párrafo cuarto fracción VII.

      Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación4:

artículos 166-III.e), 173 y 176-XII.

      Ley de Medios: artículos 3.2.e) y 94.1.b).

      Acuerdo INE/CG130/2023 que establece el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

Cabe señalar que la Constitución prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver los Juicios Laborales; así, cuando una persona que dice mantener una relación laboral con el INE plantea una vulneración a sus derechos y la expone en una demanda, le sujeta a emitir la sentencia que en derecho corresponda.

Lo anterior, con independencia de que el INE pueda invocar diversas excepciones y defensas con el propósito de evidenciar que quien promueve carece de acción y derecho para reclamar las prestaciones, debido a la inexistencia de un vínculo laboral.

En este entendido, determinar la existencia o no de dicho vínculo forma parte de la controversia, como en el caso acontece, de ahí que sea un supuesto que actualiza la jurisdicción de este Tribunal

4 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS,

consultables  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta

-respectivamente- en el tomo VIII, julio de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), página 308; tomo V, abril de 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 178; y tomo II, agosto de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646.

Electoral5.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del personal del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERA. Requisitos de la demanda y contestación

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO6.

5 Atribución establecida por la Constitución en el artículo 99 párrafo cuarto fracción

VII. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de rubro JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 80, séptima parte, página 21 y registro 245837).

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

3.1.  De la demanda

3.1.1.  Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora señaló su nombre y asentó su firma autógrafa, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causa, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, así como ofreció y anexó pruebas.

3.1.2.       Oportunidad. La demanda es oportuna porque la pretensión principal de la parte actora es el reconocimiento de la relación laboral que afirma le unió con el INE por un periodo específico (desde noviembre de 1990 [mil novecientos noventa] al 15 [quince] de febrero de 2000 [dos mil]), y que sigue vigente, reclamando el pago de diversas prestaciones derivadas de esa situación.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido7 que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado y, en consecuencia, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, como sucede en el caso, ya que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los plenos de circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA  DE  LA  ACCIÓN  PARA  IMPUGNAR  EL

7 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022, SCM-JLI-36/2022, SCM-JLI-5/2024 y SCM-JLI-12/2024.

RECONOCIMIENTO  DE  LA  ANTIGÜEDAD  LABORAL,  PUEDE

PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO8; que establece que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “De la prescripción”.

Además, al tratarse de una omisión atribuida al INE, resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 15/2011 de la Sala Superior de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE DE OMISIONES9.

3.1.3.     Legitimación. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que se trata de una persona que acude a reclamar la falta de reconocimiento de una relación laboral que afirma sostiene con el demandado, así como el pago de diversas prestaciones.

3.1.4.  Interés jurídico. La parte actora lo tiene dado que se trata de una persona que manifiesta que prestó sus servicios al demandado en diversos periodos y busca su reconocimiento.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

8 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019 (dos mil diecinueve), tomo III, página 2357 y registro 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 29 y 30.

3.2.  De la contestación

3.2.1.  Forma. La contestación fue recibida por escrito, en que se hace referencia a los hechos y agravios de la demanda, objeciones a las pruebas de la parte actora, se oponen excepciones y defensas, aunado a que ofrece y anexa pruebas.

3.2.2.  Oportunidad. El escrito fue presentado en el plazo de 10 (diez) días hábiles, previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues si el INE fue notificado de la admisión de la demanda el 8 (ocho) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), el plazo transcurrió del 9 (nueve) al 22 (veintidós) de ese mes y año10, y la contestación fue presentada el último día para ello, siendo evidente su oportunidad.

3.2.3.  Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha pues acude por conducto de una persona apoderada a quien se le reconoció su calidad en el acuerdo de 23 (veintitrés) de enero de 2025 (dos mil veinticinco).

CUARTA. Acciones y excepciones

4.1.  Acciones y pretensiones de la parte actora

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de una relación laboral entre ella y el INE, en un periodo específico, por su cargo -actualmente- como persona secretaria en junta distrital, adscrita a la Junta Distrital, y se condene al demandado a:

10 Sin contar el 11 (once), 12 (doce), 18 (dieciocho) y 19 (diecinueve) de enero de 2025 (dos mil veinticinco), por tratarse de días inhábiles conforme al artículo 94.3 de la Ley de Medios, al ser un asunto que no está relacionado con algún proceso electoral en curso, en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE

TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES (consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, 2009 [dos mil nueve], páginas 23 a 25).

[a]     el reconocimiento de la relación laboral de noviembre de 1990 (mil novecientos noventa) al 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil);

[b]     el pago de aportaciones a ISSSTE y FOVISSSTE, durante el tiempo que no se haya hecho, considerando que tuvieron una “relación laboral” de noviembre de 1990 (mil novecientos noventa) al 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil) y hasta en tanto subsista la misma;

[c]     como consecuencia del reconocimiento del periodo antes referido, la entrega de la constancia de servicios y -de igual forma- los formatos y comprobantes de haber cubierto la seguridad social ante el ISSSTE que como aportaciones se condene en el presente asunto;

[d]     la entrega de la hoja de movimientos en la que se vea reflejado el tiempo laborado por la parte actora en el INE;

[e]     la entrega de los recibos (formatos) de la Tesorería General del ISSSTE (denominados “Recibo electrónico TG-4, Recibo de retiro de fondos, recibo de caja, copia de los formatos emitidos por la Tesorería General del ISSSTE, [… y Formato por pago de LaudoSIRI]”), respecto del pago de aportaciones y cuotas a favor de la parte actora, que respalden todo el periodo reconocido;

[f]       el pago de tiempo extraordinario laborado por el último año de servicio, correspondiente a 20 (veinte) horas extras semanales o “cinco horas extras diarias más las sabatinas”;

[g]     el pago del incentivo por años de servicios trabajados, de conformidad con el Manual;

[h]     la actualización y pago del “quinquenio”, de acuerdo con la antigüedad real (que se reconozca) de la parte actora;

[i]        el pago de las prestaciones establecidas en el Manual, como son “despensa oficial”, “apoyo para despensa”, “ayuda para alimentos “, “día de reyes”, “día del niño (de la niñez)”, “vales de fin de año”, “prima quinquenal”, así como

las aportaciones al FONAC y beneficios subsidiarios a este, y las demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo laborado en el INE y -en particular- las que corresponden a 1 (un) año anterior a la presentación de la demanda.

4.2.  Excepciones y defensas del demandado

El demandado hizo valer en la contestación, las siguientes excepciones y defensas:

[a]     improcedencia de la pretensión;

[b]     oscuridad, imprecisión y defecto legal en la demanda;

[c]     falta de acción y derecho de la parte actora para reclamar la inscripción retroactiva y el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE;

[d]     falta de legitimación para reclamar el pago de quinquenio actualizado;

[e]     oscuridad al no señalar hechos de forma indiciaria y menos el periodo por el que lo reclama el incentivo por años de servicio, así como falta de acción y derecho para reclamarlo;

[f]       falta de acción y derecho para reclamar el pago al FONAC, y falta de legitimación para reclamarlo;

[g]     oscuridad, imprecisión y defecto legal en la demanda para reclamar las prestaciones establecidas en el Manual; y,

[h]     falta de acción y derecho para reclamar la “expedición de la hoja única de servicio”.

No es posible analizar las excepciones de manera previa al estudio de la controversia, pues de la argumentación planteada se advierte que están íntimamente relacionadas con el fondo de ésta; es decir, con el tipo de relación que unió a las partes y el derecho o no a las prestaciones reclamadas; por tanto, su estudio se efectuará en el apartado correspondiente al análisis de fondo

del asunto, ya que constituye la base de la materia de impugnación en el presente juicio.

QUINTA. Pruebas admitidas y desahogadas

5.1.  De la parte actora

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

[1]     La instrumental pública de actuaciones.

[2]     La presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

[3]     Documentales consistentes en:

a)       Los recibos de pago:

b)       Comprobantes “DE APORTACIÓN AL TRABAJADOR/SAR-

COMERMEX-INVERLAT” correspondientes a:

 1° (primer) bimestre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro);

 2° (segundo) bimestre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro); y

 3° (tercer) bimestre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro).

c)       Copia simple de reconocimiento emitido por el entonces IFE a favor de la parte actora, de fecha julio de 2000 (dos mil), por su participación en las labores del Proceso Electoral Federal 1999-2000 (mil novecientos noventa y nueve – dos mil).

d)       Impresión de CFDI a favor de la parte actora, por el periodo de pago del 16 (dieciséis) al 30 (treinta) de septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro).

e)       Escrito de 9 (nueve) de octubre de 2024 (dos mil veinticuatro), en que la parte actora solicita copia del expediente personal integrado con motivo de su contratación para el INE y de los demás documentos referidos en el inciso anterior.

Por lo que hace a la copia del expediente personal de la parte actora integrado con motivo de su contratación y demás documentos al respecto, señalando que no estaban en su poder, en la audiencia de ley se determinó que no había lugar a acordar favorablemente, puesto que el demandado los acompañó a la contestación, por lo que ya forman parte de la instrumental de actuaciones.

5.2.  Del demandado

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció el demandado, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

[1]     Documental consistente en copia certificada del expediente personal de la parte actora;

[2]     Documental consistente en los contratos firmados por las partes;

[3]     Documental consistente en el aviso de inscripción de la persona trabajadora de 5 (cinco) de abril de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro);

[4]     Documental consistente en “inscripciones” al pago de cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado, así como Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (y Personas Trabajadoras) del Estado;

[5]     Instrumental de actuaciones; y,

[6]     Presuncional legal y humana.

5.3. Valor de las pruebas

Las pruebas ofrecidas por las partes y que en su oportunidad fueron admitidas y desahogadas, serán valorados en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, así como a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley del Trabajo.

SEXTA. Determinación de la controversia

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de la relación laboral entre ella y el INE de noviembre de 1990 (mil novecientos noventa) al 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil), con el cargo -actualmente- de “secretario en Junta Distrital” y adscripción a la Junta Distrital, cuya relación -según afirma- continúa vigente11.

Asimismo, la parte actora demanda el pago de diversas prestaciones.

El INE hace valer que no existió una relación de naturaleza laboral con la parte actora, sino civil y de carácter temporal, así como que en ciertos periodos no existió contrato alguno; por tanto, desde su perspectiva, la parte actora carece de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de una relación laboral, así como de la antigüedad correspondiente.

En ese sentido, la controversia en este juicio se centrará en analizar la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes en el periodo controvertido.

11 Cuestión en la que coinciden las partes, como puede verse en la demanda y la contestación.

Posteriormente, se estudiará si es procedente el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora en tanto que la determinación de la antigüedad y del tipo de relación que existe entre las partes puede incidir en su procedencia, por lo que es necesario resolver ese punto de la controversia en primer lugar.

SÉPTIMA. Análisis de fondo

7.1.  Naturaleza de la relación jurídica entre las partes

En principio, es preciso señalar que el criterio que ha adoptado esta Sala Regional en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral y prestaciones inherentes a la misma se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior12 para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está vinculada con el derecho humano a la seguridad social previsto constitucionalmente13.

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior14 es que, tras la determinación de la antigüedad, aplica el plazo de 1 (un) año para controvertir

12 En el juicio SUP-JLI-18/2022.

13 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-17/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-08/2021 y SUP-JLI-10/2021.

14 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-19/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-3/2021,  SUP-JLI-4/2021,  SUP-JLI-5/2021,  SUP-JLI-8/2021, SUP-JLI-10/2021 y SUP-JLI-19/2021.

el acto respectivo15.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivados de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les corresponden en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Dado que la parte actora solicita que sea reconocida la relación laboral que -afirma- sostuvo con el INE de noviembre de 1990 (mil novecientos noventa) al 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil), corresponde al demandado demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo es de naturaleza civil. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO16.

El artículo 20 de la Ley del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge -con independencia del acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

15 Criterio que también sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte 2a./J. 30/2001 de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL EN LA EMPRESA. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A INCONFORMARSE CON AQUELLA QUE DETERMINE EL PATRÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PUEDE PRESCRIBIR SI EL RECONOCIMIENTO RELATIVO PROVIENE DE LA COMISIÓN MIXTA

A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de 2001 [dos mil uno], página 192).

16 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, Tomo IX, mayo de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), página 480.

1.       La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

2.       La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea y tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

3.       El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte17 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación como laboral o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el INE se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, esta Sala Regional de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas, analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

17 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

(consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 187-192, Quinta Parte, página 185). Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995 [mil novecientos noventa y cinco], página 289).

7.1.1.  Prestación de un trabajo personal

La Sala Regional concluye que la relación entre la parte actora y el INE implicaba la prestación de un trabajo personal por parte de la primera.

Esto a partir de las documentales ofrecidas y admitidas en este juicio, que al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, así como la falta de pruebas que pudieran desacreditar su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

En la demanda la parte actora señala que prestó sus servicios al INE desde noviembre de 1990 (mil novecientos noventa); mientras que el demandado:

 niega algún tipo de relación -entre otros periodos- de noviembre de 1990 (mil novecientos noventa) al 31 (treinta y uno) de agosto de 1993 (mil novecientos noventa y tres),

 indica que sí sostuvieron un vínculo contractual desde el 1° (primero) de septiembre de 1993 (mil novecientos noventa y tres) al 15 (quince) de febrero de 2000 (dos mil), con excepción:

o    del 20 (veinte) de diciembre de 1993 (mil novecientos noventa y tres) al 1° (primero) de enero de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro),

o    del 6 (seis) de febrero al 15 (quince) de marzo de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro),

o    del 1° (primero) de julio de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro) al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1997 (mil novecientos noventa y siete),

o    del 16 (dieciséis) de enero al 4 (cuatro) de abril de 1999 (mil novecientos noventa y nueve),

o    del 16 (dieciséis) al 30 (treinta) de abril de 1999 (mil novecientos noventa y nueve) y,

o    del 1° (primero) de julio al 31 (treinta y uno) de diciembre de 1999 (mil novecientos noventa y nueve).

Con independencia de la fecha de inicio de la relación jurídica, el demandado reconoce que la parte actora se desempeñó como “Auxiliar de módulo esp.”, “Responsable de módulo esp.”, “Especialista de campo”, “Responsable de módulo”, “Responsable de módulo ‘A’”, “Auxiliar Técnico ‘C’”, “Auxiliar Técnico ‘B’” y Auxiliar Técnico ‘A’”.

Conforme a las copias certificadas de las constancias de nombramiento presentada por el INE, se advierte la contratación de la parte actora para desempeñarse en los siguientes cargos:

Asimismo, conforme a las copias certificadas de los contratos presentados por el INE, se advierte la contratación de la parte actora para desempeñarse en los siguientes cargos:

Las actividades para las que se contrató a la parte actora implicaron realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, tal como se advierte de las funciones descritas en los contratos:

En concordancia con esto, en su contestación, el INE reconoce que la parte actora realizaba tales actividades en los periodos indicados18.

Los documentos ofrecidos por el INE al constar en copias

18 Páginas 10 a 11 de la contestación de demanda.

certificadas constituyen documentales públicas19 y reflejan que la parte actora se obligó a prestar “sus servicios”20 -como literalmente señalan las constancias de nombramiento y contratos referidos- en favor del demandado en las funciones descritas.

Como puede verse, la descripción de las funciones para las que se contrató a la parte actora coincide con lo manifestado en su demanda y demuestra el desempeño de funciones que implicaban realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues lo controvertido es la naturaleza de dicha relación.

7.1.2.  Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que ha trabajado para el demandado siempre lo ha hecho de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que este le ha proporcionado, bajo sus órdenes y supervisión.

El demandado manifiesta que la parte actora “no realizó durante el periodo controvertido sus actividades cumpliendo órdenes específicas de este Instituto, por tanto, es inexistente el elemento de subordinación”21.

Al respecto, de las constancias de nombramiento y los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades que describen no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas,

19 De conformidad con el artículo 16.1 y 16.2 de la Ley de Medios.

20 Como puede verse, por ejemplo, en la cláusula primera de las copias certificadas de las constancias de nombramiento y diversos contratos, respectivamente, presentados por el INE.

21 Página 19 de la contestación de demanda.

orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE (entonces IFE) e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho instituto.

En el caso, el IFE tenía entre sus atribuciones organizar las elecciones además de las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas de personas electoras, como lo establece el artículo 41 base V apartado B inciso a) párrafo 3 de la Constitución. En ese sentido, el artículo 69.1.c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -aplicable en el momento de las constancias de nombramiento y en que se celebraron los contratos entre las partes-22 establecía como uno de los fines del INE el de integrar el Registro Federal de Electores (y Personas Electoras), atribución que también está contemplada para el INE en el artículo 30.1.c) de la Ley Electoral.

La Dirección Ejecutiva de dicho registro tenía -y continúa teniendo de acuerdo a la Ley Electoral23- entre sus atribuciones, la de formar el padrón electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral; en términos del artículo 92.1 incisos d), e) y j) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -aplicable en el momento de las constancias de nombramiento y en que se celebraron los contratos entre las partes-.

Es importante mencionar que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el INE por conducto de su Dirección Ejecutiva

22 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 (quince) de agosto de 1990 (mil novecientos noventa), así como sus reformas y adiciones correspondientes.

23 Artículo 54.1 [b), c) y h)] de la Ley Electoral.

del Registro Federal de Electores (y Personas Electoras), así como de sus vocalías en las juntas locales y distritales24.

En el caso, las funciones que fueron encomendadas a la parte actora y constan en las constancias de nombramiento y contratos analizados se vinculan de manera directa con las actividades relacionadas con la actualización de productos electorales entre los que se encuentra la expedición de la credencial para votar.

En ese sentido, la Sala Regional considera que no era posible que la parte actora realizara de manera independiente sus labores ni con sus propios elementos.

Así, no se actualiza en el caso una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que dichos servicios son realizados con medios propios de quien los presta.

Cabe señalar que en las constancias de nombramiento se establece que la parte actora “se obliga a prestar sus servicios […] bajo la dirección y vigilancia” y “SE OBLIGA A DESENPEXAR (sic) TODAS LA LABORES RELACIONADAS CON SU OBLIGACION PRINCIPAL, EN LA PLAZAS O ZONAS QUE LE SEAN ORDENADAS POR ‘EL INSTITUTO’ A TRAVES DE SU COORDINADOR TECNICO DISTRITAL

[o VOCAL, según cada caso” (sic)25. Asimismo, en los contratos la parte actora “se obliga a realizar en forma eficiente los servicios materia de este contrato […]”26, redacción que se mantuvo en todos los contratos que se suscribieron entre las partes durante su relación.

24 De acuerdos con los artículos 100.1.b) y 111.1.d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -aplicable en el momento de las constancias de nombramiento y en que se celebraron los contratos entre las partes-, así como actualmente en los artículos 126.2 y 138.2 de la Ley Electoral.

25 Cláusulas primera y tercera de todas las constancias de nombramiento.

26 Cláusulas CUARTA de los todos los contratos.

Así, de la valoración de las pruebas, esta Sala Regional tiene por probado que, en los hechos, la parte actora estaba sujeta a las instrucciones y órdenes del personal del demandado y que recibió instrucciones directas e indirectas sobre la prestación de sus servicios en los diversos cargos que ejerció.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades que desempeñó la parte actora no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del INE (entonces IFE), quien tenía la atribución de supervisarlas, corregirlas y de considerarlas incumplidas, terminar el vínculo; también podía establecer el lugar donde deberían ser desarrolladas, cuestiones que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Asimismo, dadas las funciones que la parte actora ha desempeñado a favor del demandado puede desprenderse que no presta el servicio con recursos propios, sino que lo realiza con los medios que le fueron proporcionados por el demandado a fin de cumplir las funciones y atribuciones constitucionales y legales de este, bajo las órdenes y supervisión del órgano al que estaba adscrito.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que estos son realizados con medios propios de quien los realiza; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el INE.

Por tanto, se advierte que entre las partes existió una relación laboral lo que se evidencia pues las actividades convenidas que la denominada “prestador del servicio” -la parte actora- debería realizar no podía llevar a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del INE, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre, sino que las hizo bajo la supervisión del funcionariado del demandado.

Incluso en las cláusulas QUINTA de los contratos analizados, se indica que la parte actora, como persona prestadora de servicios, se obligó a entregarle al demandado informes de las actividades realizadas.

La entrega de reportes para justificar el desempeño de las funciones para las que fue contratada la parte actora implicaba una interacción con otras personas que prestaban sus servicios también para el demandado en las diversas áreas de adscripción, lo que permite inferir27 que no podía realizar sus actividades en un tiempo autoadministrado ni en un horario libre ni con recursos y elementos propios.

De ahí que la sola denominación de los contratos y las constancias que exhibió el INE son insuficientes para acreditar una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte que las actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del INE (entonces IFE) y con equipo, espacios y horarios proporcionados por el mismo.

Sirve  de  sustento  la  jurisprudencia  I.1o.T.  J/52  de  rubro

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE

27 A partir de la valoración de las copias certificadas de los contratos, en términos del artículo 16.2 de la Ley de Medios.

HONORARIOS  NO  SON  SUFICIENTES  PARA  ACREDITAR  UNA

RELACIÓN DE ESA NATURALEZA28 que señala que para determinar que una relación es civil es necesario acreditar que la persona prestadora del servicio es profesionista, que lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.