VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-81/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI- OT-JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica.

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-81/2024

PARTE ACTORA: LETICIA SALINAS NEPOMUCENO

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIA: ADRIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ciudad de México, doce de marzo de dos mil veinticinco1.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada de esta fecha reconoce la relación laboral entre las partes y condena al Instituto Nacional Electoral al pago de diversas prestaciones, con base en lo siguiente:

Í N D I C E

1 En lo subsecuente, las fechas serán alusivas al presente año, salvo precisión expresa.

III.     Pago de aportaciones al Instituto de Seguridad Social........34

IV.    Análisis sobre las demás prestaciones reclamadas..........37

V.       Solicitud de constancia de servicios......................50

SEXTA. Sentido de la sentencia y efectos......................51

R E S U E L V E.........................................53

G L O S A R I O

De los hechos narrados por las partes y de las constancias que obran en el expediente, esta Sala Regional advierte lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

1.  Relación jurídica.

a.    Inicio. La parte actora afirma que inició su relación con el Instituto demandado a partir del primero de febrero de dos mil diecisiete.

Además, que fue hasta el primero de enero de dos veinticuatro, que se le otorgó una plaza presupuestal.

b.   Relación jurídica actual. Las partes reconocen que, a partir del año dos mil veinticuatro, a la actora se le otorgó una plaza presupuestal que se considera de carácter laboral y que continúa vigente.

2.  Juicio laboral

a.  Demanda. El veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, la parte actora presentó demanda de juicio laboral contra el

Instituto, a fin de demandar el reconocimiento de la relación laboral desde el momento en que ingresó a laborar para el INE, así como el pago de diversas prestaciones.

b.       Turno. Con dicha demanda se formó el expediente SCM-JLI-81/2024 que fue turnado a la ponencia del magistrado José Luis Ceballos Daza.

c.  Suspensión de plazos en esta Sala Regional. Por acuerdos de esta Sala Regional de trece de marzo, siete de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro se decretó la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la sustanciación de los Juicios Laborales como sigue:

        Del trece de marzo al quince de octubre de dos mil veinticuatro;

        Del dieciséis de octubre al treinta de noviembre de dos mil veinticuatro; y

        Del primero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

d.  Radicación, admisión y emplazamiento. El veinte de enero se tuvo por recibido el expediente en la ponencia instructora; se admitió la demanda y se emplazó a juicio al Instituto, quien contestó el treinta de enero pasado.

e.  Vista y citación para la audiencia. Mediante acuerdo de seis de febrero se dio vista a la parte actora con la contestación de demanda y se fijó la fecha2 para llevar a cabo la Audiencia.

El siete de febrero siguiente, la persona apoderada de la parte actora desahogó la vista otorgada.

2 A las dieciséis horas del veintiocho de febrero.

f.     Audiencia. La Audiencia se realizó en la modalidad de videoconferencia con la comparecencia de la persona representante de la parte actora y ella, en la cual fueron admitidas las pruebas que ofrecieron las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, salvo las consignadas en la referida audiencia.

Una vez que no quedaron diligencias ni pruebas pendientes de ser desahogadas, se tuvieron por vertidos los alegatos de las partes, se cerró la instrucción, quedando el juicio en estado de resolución.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio que fue promovido por una persona que impugna del INE la falta de reconocimiento de la relación laboral -por un periodo específico- como trabajadora del demandado y reclama el pago de diversas prestaciones derivadas de dicha relación; supuesto normativo y entidad federativa -Ciudad de México- en que esta Sala Regional ejerce jurisdicción y competencia. Lo anterior, tiene su fundamento en:

Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3. Artículos 166 fracción III, inciso e) y 176 fracción XII.

3 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE

LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta -respectivamente- en el tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y ocho, página 308; tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, página 178; y tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646, respectivamente.

Ley de Medios. Artículo 94 párrafo1 inciso b).

Acuerdo INE/CG130/2023, aprobado por el Consejo General del INE, que establecieron el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una de ellas.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable. En los juicios laborales, además de la Ley de Medios, el Reglamento Interno de este tribunal, el Estatuto y las normas internas del Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a)  La Ley burocrática.

b)  La Ley del Trabajo.

c)  El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d)  Las leyes de orden común.

e)  Los principios generales de derecho.

f)    La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral de las personas servidoras del Instituto según lo previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

TERCERA. Procedencia

I.       Demanda

Están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada por la parte actora de conformidad con la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro: ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES

SCM-JLI-81/2024

OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO4, como se detalla a continuación:

a.   Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Ley de Medios, pues fue presentada por escrito, en el que se hizo constar el nombre y la firma autógrafa de la parte actora; se asentó un domicilio y un correo electrónico para oír y recibir notificaciones; se identificó el acto impugnado y se expusieron los hechos motivos de lesión y ofreció los medios de prueba que estimó pertinentes.

b.        Oportunidad. La demanda es oportuna porque la pretensión principal es el reconocimiento de la relación laboral -por un periodo específico- que la parte actora afirma existe y le une con el Instituto y reclama el pago de diversas prestaciones derivadas de esa circunstancia.

Al respecto, la Sala Regional ha sostenido el criterio5 de que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme a los artículos 50 fracción III de la Ley burocrática y 158 de la Ley del Trabajo, el cual es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral -como sucede en el caso-, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los Plenos de Circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro: SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS

4 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año mil novecientos noventa y siete, página 33.

5 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022, SCM-JLI-36/2022, SCM-JLI-37/2022 y SCM-JLI-6/2023.

SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO6,

el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado "De la prescripción".

Además, al tratarse de una omisión atribuida al INE, resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 15/2011 de la Sala Superior de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATANDOSE DE OMISIONES7.

De acuerdo con esta jurisprudencia, las omisiones constituyen vulneraciones de tracto sucesivo, ya que sus efectos se actualizan día a día. Así, cuando el acto impugnado sea una omisión, se debe tener presentada la demanda de forma oportuna mientras subsista la supuesta inactividad del demandado8.

c.   Legitimación. El requisito se encuentra satisfecho toda vez que se trata de una persona que acude a reclamar la falta de reconocimiento de una relación laboral que afirma sostiene con el demandado, así como el pago de diversas prestaciones.

6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre dos mil diecinueve, Tomo III, página 2357 Registro digital: 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011 (dos mil once), páginas 29 y 30.

8 Criterio similar se sostuvo al resolver el Juicio Laboral SCM-JLI-8/2024.

d.  Interés jurídico. La parte actora lo tiene dado que se trata de una persona que manifiesta que prestó sus servicios al demandado desde el primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, y busca su reconocimiento.

II.  Contestación de la demanda

Del análisis del expediente, se desprende que están satisfechos los requisitos de la contestación de la demanda, como se explica:

a.   Forma. La contestación fue presentada por escrito en que el demandado hizo constar su denominación y el nombre de la persona que actúa en su representación, señaló correo electrónico para recibir notificaciones; expresó sus excepciones y defensas, ofreció pruebas y firmó el escrito por la persona que legalmente lo representa en términos del artículo 67, párrafo 1, inciso m) del Reglamento Interior del INE.

b.  Oportunidad. La contestación de la demanda se recibió en el plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de que el demandado fue emplazado al juicio, en términos del artículo 100 de la Ley de Medios.

Lo anterior, pues dicho emplazamiento sucedió el veinte de enero y el plazo de diez días hábiles que establece el artículo

100 de la Ley de Medios, comenzó el día siguiente hábil

-veintiuno de enero- y concluyó el cuatro de febrero9.

En consecuencia, si la contestación de demanda se presentó en la oficialía de partes de esta Sala Regional el cuatro de febrero,

9 Sin contar el veinticinco y veintiséis de enero, así como el primero, dos y tres de febrero por ser sábados y domingos o día inhábil -según corresponda-, de acuerdo con el artículo 7 párrafo 2 de la Ley de Medios, punto segundo del Acuerdo General 6/2022 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

es evidente que fue oportuna en términos del artículo 7, párrafo 2 de la Ley de Medios.

c.       Personería. En cuanto a la capacidad procesal del demandado, se encuentra satisfecha, toda vez que acude por conducto de la persona representante legal para la defensa de los intereses del Instituto, a quien se reconoció su calidad en la Audiencia del veintiocho de febrero pasado.

CUARTA. Contexto y controversia.

Para un mejor entendimiento de la controversia a resolver, se considera necesario contextualizarla de conformidad con los apartados que a continuación se establecen.

I.                    Acciones y pretensiones de la parte actora

De la demanda puede advertirse que la parte actora pretende, esencialmente, que esta Sala Regional determine que la naturaleza de la prestación de servicios que realizó a favor del Instituto desde el primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés (la cual continúa vigente), es de naturaleza laboral y con base en ello, solicita que se condene al demandado a reconocer ese vínculo y pagarle diversas prestaciones.

En este contexto, de la demanda se desprende lo siguiente:

a.    Inicio y duración de la relación jurídica. La parte actora señala que inició su relación jurídica con el INE a través de contratos suscritos desde el primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, la cual continúa vigente, dado que posteriormente obtuvo una plaza presupuestal.

b.   Actividades encomendadas y contraprestación. La parte actora sostiene que durante el lapso en que suscribió los referidos contratos de prestación de servicios profesionales, sus funciones estuvieron dentro de la rama administrativa del Instituto y relacionadas de manera directa, entre otras, con el Padrón Electoral y cartografía electoral, sujeto a un horario y salario quincenal.

c.  Prestaciones que reclama la parte actora. Las prestaciones reclamadas en la demanda son las siguientes:

1.     Reconocimiento de la relación laboral entre la parte actora y el demandado desde el primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

2.     Pago de cuotas y aportaciones ante el Instituto de Seguridad Social durante el tiempo que no se reconoció una relación laboral entre la parte actora y el demandado; así como el pago de cuotas y aportaciones de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

3.     Actualización de la prima quinquenal.

4.     Pago de tiempo extraordinario laborado durante el último año de labores, a razón de diez horas extra semanales a salario integrado.

5.     La expedición de la “constancia de servicios”.

II.                 Excepciones y defensas

En su contestación, el demandado formuló las siguientes excepciones:

1.       Improcedencia de la pretensión, porque la relación que se sostuvo con la actora fue de carácter civil mediante la suscripción de diversos contratos de prestación de

servicios, por lo que se niega la existencia de una relación laboral

2.       Falta de acción y derecho a la parte actora para reclamar el reconocimiento de la relación laboral por el periodo del primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, porque se celebraron diversos contratos que fueron independientes de prestación de servicios de honorarios de carácter temporal.

3.       Se niega lisa y llanamente la relación laboral y de cualquier naturaleza durante los periodos siguientes:

i)  primero de enero al quince de marzo de dos mil veinte y

ii)  primero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

4.       Se niega acción y derecho de la actora para reclamar las prestaciones de seguridad social.

5.       La excepción de prescripción con relación a la prima quinquenal y respecto de todas y cada una de las prestaciones que no hayan sido reclamadas dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que se presentó la demanda.

6.       Se niega acción y derecho de la actora para reclamar la prestación de horas extra debido a que se requiere autorización para poder laborar tiempo extraordinario.

7.       Se opone la excepción de oscuridad y defecto legal en la demanda respecto del pago de horas extra.

8.       Se niega acción y derecho a la actora para reclamar la constancia de servicios.

III.     Controversia

Una vez determinadas las posiciones de las partes, la controversia consiste en determinar las siguientes cuestiones:

        Si existió una relación laboral entre la parte actora y el

demandado desde el primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés (en el entendido de que las partes reconocen que a la fecha se encuentra vigente un vínculo laboral).

        El pago de aportaciones que se deban realizar al Instituto de Seguridad Social durante el tiempo que no se hubiera realizado.

        La procedencia de las demás prestaciones reclamadas por la parte actora (prima quinquenal y tiempo extra laborado).

        La expedición de “constancia de servicios”.

IV.    Pruebas

El análisis de la presente controversia se realizará atendiendo a lo expuesto en la demanda y su contestación.

De igual forma, se analizarán las pruebas que ofrecieron las partes, las cuales fueron admitidas y desahogadas en la Audiencia.

Así, como pruebas de la parte actora, fueron admitidas y desahogadas las siguientes:

1.  Instrumental pública de actuaciones.

2.  Presuncional legal y humana.

3.  Las documentales siguientes:

i)    Siete documentales consistentes en informe de ingresos y retenciones por sueldos y salarios de los siguientes ejercicios anuales:

ii)  Original del acuse de recibo del escrito de veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, presentado ante la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral en el que la actora solicitó, entre otras cuestiones, copia certificada de su expediente laboral.

A su vez, las pruebas ofrecidas por el demandado que fueron admitidas y desahogadas en la Audiencia son las siguientes:

1.  Las documentales siguientes:

i)  Copia certificada del expediente laboral de la actora integrado por el Instituto demandado, en el que, entre otros documentos, constan los siguientes:

i.i)    Copia de la Clave Única de Registro de Población a nombre de la parte actora.

i.ii) Copia de la constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes a nombre de la parte actora.

i.iii)    Copia del acta de nacimiento a nombre de la parte actora.

i.iv)   Copia de la constancia de estudios de licenciatura a nombre de la parte actora.

i.v)     Copia de la credencial para votar con fotografía a nombre de la parte actora.

i.vi)    Copia de un comprobante de domicilio de la parte actora.

i.vii)  Copia de una carta declaratoria de la parte actora.

i.viii)   Copia de la manifestación de conocimiento sobre la obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses.

i.ix)   Copia de la autorización y consentimiento de la parte actora para ser asegurada y para designar a personas beneficiarias.

i.x)    Diez contratos de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el Instituto demandado, correspondientes a los periodos siguientes:

i.xi)   Copia de ochenta y tres informes de actividades sobre los servicios prestados por la actora.

i.xii)  Copia certificada del “Reporte de expediente personal” de la actora.

i.xiii)  Copia de once avisos de alta ante el ISSSTE.

2.  Instrumental pública de actuaciones, y

3.  Presuncional legal y humana.

QUINTA. Estudio de fondo. Por cuestión de método, tal como se anunció, esta Sala Regional analizará, en primer término, si la naturaleza jurídica de la relación que unió a la parte actora con el demandado durante el lapso indicado en la demanda fue de carácter civil o laboral, pues solamente si se concluye que fue de carácter laboral, resultará viable analizar el inicio y la vigencia de dicho vínculo, así como la procedencia de las prestaciones laborales reclamadas.

I.     Naturaleza de la relación jurídica

Dado que la parte actora solicita que sea reconocida la relación laboral por un periodo determinado que -afirma- sostuvo con el INE, corresponde al demandado demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo es de naturaleza civil. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro: RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO10.

10 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, página 480.

El artículo 20 de la Ley del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge -con independencia del acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

1.     La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

2.     La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

3.     El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte11 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el INE se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

11 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro: SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE

TRABAJO. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, Quinta Parte, página 185. Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA.

Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de mil novecientos noventa y cinco, página 289.

En consecuencia, esta Sala Regional, de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas por las partes12, analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

1.  Prestación de un trabajo personal.

La relación entre la parte actora y el INE implicaba la prestación de un trabajo personal de la primera en favor del segundo, como se demuestra a continuación.

Con su contestación, el demandado presentó diez contratos firmados entre la parte actora y el demandado; dichos contratos aportados por el INE constituyen documentales que, valoradas en conjunto, generan convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original13.

Al respecto, los referidos contratos reflejan que la parte actora se obligó a prestar “sus servicios” -como literalmente señalan los contratos- en favor del demandado desempeñando diversos cargos: AUXILIAR DE ATENCIÓN CIUDADANA “A1” y OPERADOR DE EQUIPO TECNOLÓGICO “A2”.

Dichas funciones implicaron realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, como se advierte del contenido de los contratos:

12 Valoradas conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley de Medios, así como 2º, 5º, 33 y 841 de la Ley de Trabajo.

13 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, según cada caso.

En ese sentido, es pertinente asentar que, en cada contrato, el Instituto hizo del conocimiento de la parte actora las condiciones del trabajo, las actividades a realizar (objeto del trabajo), es decir la prestación de un trabajo personal, así como en su caso la retribución económica por el trabajo realizado.

De lo anterior se advierte que las condiciones de trabajo que ofreció el Instituto fueron claras y precisas, por lo que la persona interesada en acceder a dichos puestos era conocedora de los alcances de tal oferta (objeto de trabajo, persona a la que debería rendir cuentas y la retribución económica que recibiría en su caso).

A su vez, la parte actora manifestó su voluntad de contratar con el Instituto, cuestión que es un hecho notorio y reconocido por las partes al hallarse en el expediente los contratos firmados entre ellas.

Con base en las relatadas circunstancias, esta Sala Regional considera que el acuerdo de voluntades para la existencia de

una prestación de servicios personales se actualizó, tal como consta en los contratos ofrecidos por el demandado; de ahí que pueda concluirse que la parte actora prestó un trabajo personal en beneficio del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues el litigio entre las partes es la naturaleza de dicha relación.

2.  Subordinación.

La parte actora señala que durante el tiempo que trabajó para el demandado lo hizo de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que le proporcionó.

Por su parte, el demandado manifiesta que la parte actora no estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas del funcionariado del INE, debido a que la promovente autoadministraba sus tiempos, tomaba decisiones supervisaba y ejecutaba sus funciones conforme a su criterio.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades señaladas con anterioridad no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho Instituto.

Cabe señalar que en los diversos contratos se precisó de forma clara que la parte actora “…se obliga a realizar en forma eficiente los servicios materia de este contrato…”, redacción que se advierte de los contratos; además, en diverso apartado se incluyó la determinación “…Como parte integrante de los servicios objeto del presente contrato, ‘el o la prestadora de servicios’ hará del conocimiento de ‘el Instituto’ de manera mensual y durante la vigencia del presente contrato las

actividades realizadas en el periodo, siendo responsabilidad de quien verifica el cumplimiento de estas constatar la realización de las mismas…”

Esta conclusión es relevante para determinar si en este caso, la relación que existió entre la parte actora y el INE fue de naturaleza laboral, porque esta solo puede existir cuando tiene el elemento de la subordinación14.

Se arriba a dicha conclusión porque el INE tiene entre sus atribuciones las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas de personas electoras, como lo establece el artículo 41, base V, apartado B, inciso a) párrafo 3 de la Constitución. En ese sentido, el artículo 30.1.c) de la Ley Electoral que establece como uno de los fines del INE el de integrar el Registro Federal Electoral.

La Dirección Ejecutiva de dicho registro tenía -y continúa teniendo de acuerdo con la Ley Electoral- entre sus atribuciones, la de formar el padrón electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral; en términos del artículo 54.1 inciso b) y g) de la Ley Electoral.

Es importante mencionar que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el INE, por conducto de su Dirección Ejecutiva, así como de sus vocalías en las juntas locales y distritales.

Aunado a lo anterior, las funciones que fueron encomendadas a la parte actora y constan en los documentos analizados se

14 Conforme con lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Trabajo.

vinculan de manera directa con las actividades relacionadas con la actualización de productos electorales entre los que se encuentra la expedición de la credencial para votar.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que debían ser analizadas en un contexto integral, y debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del propio INE lo que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Por otra parte, dadas las funciones que la parte actora desempeñó a favor del INE puede desprenderse que no prestaba el servicio con recursos propios, sino que lo realizaba con los medios que le fueron proporcionados por el demandado; lo que se advierte de los contratos en que incluso se acordó que la parte actora se obligaba a cumplir con los controles y procedimientos establecidos por el demandado.

Ello se advierte pues -como ya se dijo- en los mismos se señaló que la persona prestadora de servicios se obligaba a prestar en forma eficiente los servicios materia del contrato, además de haberse precisado la facultad del INE para verificar el cumplimiento de las actividades realizadas.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que dichos servicios son realizados con medios propios de quien presta el servicio; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el demandado.

Así, se advierte que entre las partes existió una relación jurídica laboral lo que se evidencia pues las actividades convenidas que la parte actora debería realizar como “prestadora del servicio” no podrían ser llevadas a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del Instituto.

De ahí que la sola denominación de los contratos y las constancias que exhibió el INE son insuficientes para acreditar una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte que las actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del demandado y con condiciones estipuladas por el mismo.

Sirve de sustento la jurisprudencia I.1o.T. J/52 de rubro: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA15 que

señala que para determinar que una relación es civil es necesario acreditar que la persona prestadora del servicio es profesionista, que el servicio lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.

Por lo anterior, los contratos aportados como prueba acreditan el elemento de subordinación de una relación -se ejecutaron con medios proporcionados por el INE (no eran propiedad de la parte actora)-, no podrían desarrollarse al libre albedrío o voluntad de la promovente -las actividades fueron asignadas y supervisadas por personal del INE y debían realizarse atendiendo a  la  prestación  de servicios  y atención  a  la

15 Jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito que resulta orientadora para esta sala y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, junio de dos mil seis, Tomo XXIII, página 1017.

ciudadanía del demandado-, por lo que también debían ser realizados en un espacio físico determinado por dicho instituto-.

Lo que evidencia que la parte actora estuvo subordinada a las instrucciones del demandado para desempeñar las labores para las que se le contrató y otorgó nombramiento; por lo que la relación que existió entre las partes en relación con los cargos referidos en los contratos fue de naturaleza laboral, porque esta solo puede existir cuando tiene el elemento de la subordinación16.

Por lo anterior, esta Sala Regional estima que a pesar de que los contratos se identifican como de “prestación de servicios” reúnen elementos de una relación laboral, como se ha analizado, el de la subordinación.

El criterio anterior, encuentra sustento en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 20/2005 de rubro: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO   DE   PRESTACIÓN   DE   SERVICIOS

PROFESIONALES17 y la tesis de rubro: RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y

16 Conforme con lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Trabajo.

17 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315.

DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO CONDUCENTE18.

3.  Pago de un salario

También está actualizado el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

En efecto, el artículo 82 de la Ley del Trabajo dispone que el salario es la retribución que debe pagar la parte patronal a la trabajadora por su trabajo.

Así, en cada uno de los contratos aportados por el Instituto, puede advertirse que fue pactada una cláusula que establece una cuantía determinada que habría de pagarse de forma quincenal o mensual a la parte actora para retribuirle por las actividades que realizaba a favor del demandado.

En ese sentido, es posible advertir que fue estipulado que el Instituto pagaría a la parte actora por los servicios prestados, pagos mensuales durante la vigencia de cada uno de ellos, ya que en todos se pactó el pago de un salario a cambio de las actividades que desempeñaría de la promovente.

Esto es así, toda vez que entre las cláusulas de dichos instrumentos se previó el pago de una cantidad como contraprestación de los servicios prestados por la parte actora durante la vigencia de todos y cada uno de ellos19, de lo que deviene que durante el lapso que ha durado el vínculo entre las partes, se ha otorgado un salario.

Ahora bien, no es obstáculo para considerar la existencia de la relación laboral, la identificación o denominación del pago

18 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXV, abril de 2007, página 1524, 19 Los contratos que constan en el expediente personal de la parte actora que fue remitido por el Instituto al contestar su demanda.

realizado a la parte actora, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales20 que la existencia de honorarios no determina, por sí misma, que la relación jurídica entre quienes contratan sea de naturaleza civil, pues ésta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito de rubros: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA21 y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA22.

Con base en lo razonado, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, puesto que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del Instituto.

En ese sentido, se consideran improcedentes las excepciones aducidas por el demandado para sostener la defensa de una relación de carácter civil, como la de inexistencia de relación de

20 Tal criterio se encuentra contenido en las tesis de rubros: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de dos mil cinco, página 315. RELACIÓN DE TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO

CONDUCENTE. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tomo XXV, abril de dos mil siete, página 1524.

21 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de dos mil siete, Tomo XXV, página 1396.

22 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de dos mil seis, página 1017.

trabajo y validez de la relación jurídica que existió entre las partes, que sostuvo en su contestación.

Ello, en razón de que dichas excepciones -en la forma en que fueron planteadas- solamente podían ser operantes ante una relación de carácter civil, lo cual no ocurrió pues está acreditado que la relación fue de naturaleza laboral.

II.                 Temporalidad y continuidad de la relación laboral

Esta Sala Regional ha sostenido que, de conformidad con los artículos 784, fracciones I, II y VII y 804-I de la Ley del Trabajo, en caso de controversia el demandado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto al ingreso de la parte trabajadora, de la antigüedad o discontinuidad en la relación que le unió con la parte actora, y los contratos de trabajo, debido a que tiene la obligación de conservar los documentos relativos a esos hechos. En caso de no exhibirlos en el juicio, establece la presunción de que es cierto lo que afirma la parte trabajadora al respecto23.

Resulta aplicable la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VII.2o.T. J/41 (10a.) de rubro: ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN24.

En este apartado debe establecerse: 1. La fecha de inicio de la relación laboral y, 2. Si existió, o no, continuidad en la contratación.

23 Según los artículos 784 fracciones I y II, 804 fracciones I, II y V, y 805 de la Ley del Trabajo.

24 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de dos mil diecinueve, Tomo II, página 2270.

Al respecto, la parte actora afirma que su relación laboral inició el primero de febrero de dos mil diecisiete y continuó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, periodo cuyo reconocimiento de la relación laboral pretende.

Al efecto, la parte actora explica que a partir del primero de enero de dos mil veinticuatro le fue otorgada una plaza presupuestal.

El INE niega la existencia de algún tipo de relación laboral entre las partes durante el periodo reclamado pues refiere que, si bien existió un vínculo contractual que les unió, lo cierto es que fue de naturaleza civil.

Como se advierte, no existe controversia entre la fecha de inicio de la relación que unió a las partes, pues ambas coinciden en que existió una relación entre ellas desde el primero de febrero de dos mil diecisiete, y aunque el INE refiera que fue de naturaleza civil, ello ya quedó desvirtuado en el apartado previo, en que se analizó que la relación sí fue de carácter laboral.

En consecuencia, esta Sala Regional concluye que la fecha de inicio de la relación laboral existente entre las partes es el primero de febrero de dos mil diecisiete.

Por otro lado, respecto a la continuidad de la relación existe controversia entre las partes, pues mientras la parte actora afirma haber laborado para el demandado sin interrupción, el INE señala en su contestación que no hubo continuidad en la relación, pues cada contrato tuvo una vigencia determinada, en tanto tuvieron un inicio y una conclusión en cada periodo que se contrató a la parte actora, quien conoció y aceptó los términos de cada periodo contratado.

Además; en su contestación a la demanda, el Instituto mencionó que, del primero de enero al quince de marzo de dos mil veinte,

y del primero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la parte actora no ostentó ningún tipo de relación o vínculo con el demandado.

Esto es, niega de manera llana la existencia de toda relación laboral o civil durante ese lapso, y precisamente con base en esa posición negativa, omite aportar algún otro dato o elemento que pudiera llegar a ilustrar de manera efectiva, cuál fue el estado de la eventual existencia, o no, de alguna relación durante ese lapso.

Bajo esa premisa, en supuestos de esta naturaleza, cobra aplicación una regla probatoria primigenia que eleva una carga original al Instituto la cual está fincada en la obligación que tiene en su carácter de patrón de conservar -entre otros documentos- los contratos de trabajo o documentos que amparen la relación jurídica existente entre las partes y que en el ámbito procesal se traduce en el deber de aportar esos documentos a juicio, premisa probatoria que encuentra respaldo en el artículo 804 de la Ley del Trabajo.

Ahora bien, esa presunción no puede adquirir en todos los casos, una dimensión sumamente amplia que pueda traducirse en el acreditamiento total de la continuidad de la relación laboral únicamente sobre la base temporal formulada por la parte actora, pues en estos casos debe privilegiarse un análisis que pondere la naturaleza de los cargos, las funciones inherentes al cargo que desempeñaba la parte trabajadora, el contexto institucional, la mayor o menor interrupción que pueda advertirse respecto de esos cargos, la periodicidad del funcionamiento del Instituto y las labores realizadas por la parte trabajadora y otros factores que puedan dar solidez y verosimilitud al planteamiento de continuidad que se haga valer.

A partir de esos elementos, una justipreciación razonable debe evaluar entre la negativa amplia que formule la parte demandada

-en este caso el Instituto- con relación al tipo de relación jurídica laboral y los mayores o menores elementos de convicción (pruebas y constancias que haya en el expediente) que puedan derrotarla en cada caso particular.

De ese modo, es posible afirmar que el Instituto, como patrón, y quien tiene los medios de convicción necesarios de acuerdo a sus funciones y atribuciones para probar la falta de continuidad de la relación laboral, es a quien correspondía en todo caso haber acreditado que la relación fue objeto de interrupción en algún momento, lo que podría haber acreditado con algún aviso de terminación, las altas o bajas de la parte actora, un convenio entre las partes, alguna renuncia o algún otro documento que acreditara fehacientemente que la relación que está acreditado existía desde antes entre las partes había terminado.

Esto, porque de conformidad con los artículos 784, fracciones I, II y VII y 804, fracción I de la Ley del Trabajo -de aplicación supletoria25- el demandado tienen la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto de la antigüedad o discontinuidad de la relación que le unió con la parte actora, ya que ella afirmó en su demanda que el vínculo laboral se dio sin interrupciones.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido que la mera ausencia de contratos o elementos adicionales en periodos específicos no es suficiente para tener por cierta la interrupción del vínculo jurídico26.

Ello porque dicha necesidad probatoria deriva de la acreditación de la naturaleza laboral de la relación controvertida, en donde es

25 De conformidad con el artículo 95 de la Ley de Medios.

26 En las sentencias de los juicios laborales SCM-JLI-3/2020, SCM-JLI-11/2020, SCM-JLI-13/2020, SCM-JLI-14/2020, SCM-JLI-19/2020, SCM-JLI-22/2020, SCM-

JLI-25/2021, SCM-JLI-17/2022 y SCM-JLI-14/2023, entre otros precedentes.

trascendente corroborar que las funciones que se desempeñaron estén relacionadas con las actividades que constitucionalmente son consideradas como permanentes para el Instituto lo que permite concluir que dichas actividades no fueron actividades por tiempo determinado, además de que si el cargo desempeñado ha sido el mismo y corresponde justamente a las referidas actividades permanentes del demandado, es evidente que la materia del trabajo no se extingue de manera transitoria.

En el caso, debe señalarse que, en el expediente existen elementos que permiten concluir que en el periodo reclamado sí existió una relación continua entre las partes, se explica.

El Instituto presentó, como pruebas, un total de diez contratos celebrados entre él y la parte actora respecto de los años que van del dos mil diecisiete al dos mil veintitrés, y de ellos es posible desprender que la parte actora recibió desde el mes de febrero de dos mil diecisiete un salario por parte del demandado de forma continua.

Lo anterior, al haberse acreditado que la naturaleza de la relación entre las partes era laboral y del análisis de la documentación presentada por el Instituto, no se desprende que dicho vínculo hubiese finalizado, ya que, por el contrario, se observa que se trataba de una renovación contractual quincenal, mensual, bimestral o anual, es decir, continuada.

Ello, sin que pase desapercibido que, incluso, el demandado presentó un contrato que amparan los lapsos cuestionados que van del primero de enero al quince de marzo de dos mil veinte, y del primero al treinta y uno de diciembre de dos mil

veinte27, por lo que no existe causa válida para que el demandado desconozca la relación de trabajo que sostuvo con la parte actora en dichos periodos.

Al respecto, resultan orientadoras la jurisprudencia 2a./J. 123/2009 de rubro: ACCIÓN DE PRÓRROGA DE CONTRATO POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA INSUBSISTENCIA DE LA MATERIA DE TRABAJO QUE ORIGINÓ LA CONTRATACIÓN RELATIVA28 y la tesis XIX.3o.2 L, de rubro: CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN LOS QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE29.

En el último de los referidos criterios se reconoce que conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción I de la Ley del Trabajo, los contratos laborales por tiempo determinado solamente están permitidos cuando lo exija la naturaleza del servicio que se preste, lo que, además, es indispensable probar.

Por ello, no puede concluirse la existencia de contratos transitorios, temporales o de obra determinada, si la persona trabajadora ha sido contratada para una actividad normal y permanente por varios años.

En esa perspectiva, si la naturaleza del trabajo no lo justifica, debe reconocerse que constituye una relación laboral por

27 Contrato identificado con la nomenclatura NH-HP-54091300002-HP163973- 54684-7, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre, con el puesto de Operador de equipo tecnológico ‘A2’.

28 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, página 467.

29 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XVII, junio de dos mil tres, página 955.

tiempo indefinido, pues lo contrario podría generar una estrategia que violentaría el principio de estabilidad laboral en perjuicio de las personas trabajadoras, lo que las colocaría en un claro estado de desventaja y vulnerabilidad laboral.

Por lo expuesto, esta Sala Regional concluye que debe reconocerse la existencia de un contrato laboral indefinido, dado que las características y naturaleza de los servicios prestados no justifican que en los hechos se trate de una actividad transitoria o cuya materia se extinga en un tiempo determinado y además porque no hay en el expediente prueba alguna que corrobore las alegaciones del demandado, a quien correspondía la carga de la prueba.

En mérito de lo expuesto, se desestiman las excepciones del demandado respecto de improcedencia de la acción y la falta de derecho de la parte actora; la interrupción en la prestación de sus servicios, la inexistencia de un vínculo jurídico en ciertos lapsos, al quedar comprobada la existencia de un contrato laboral continuo e indefinido entre las partes.

En este contexto, lo procedente es reconocer la existencia de una relación laboral continua entre la parte actora y el demandado, así como una antigüedad en el Instituto, desde el primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, con la precisión de que aunque el Instituto no reconoció los periodos que se han referido, es de destacarse que no aportó elementos para probar su dicho, por lo que ha quedado reconocido que las partes han mantenido una relación laboral por el periodo controvertido, toda vez que se probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, dado que las actividades que desempeña durante el tiempo de dicha contratación correspondieron a las esenciales y propias del Instituto, las

cuales no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual.

En este tenor, el Instituto no demostró las excepciones y defensas que opuso respecto al tipo de relación jurídica que lo une con la parte actora, como la inexistencia de la relación de trabajo entre las partes, motivo por el cual se le ordena tomar en cuenta que la parte actora ostentó una antigüedad contada a partir del primero de febrero de dos mil diecisiete, fecha en la cual ingresó a trabajar para el demandado.

En mérito de lo anterior, a juicio de esta Sala Regional es procedente que se reconozca la relación laboral que ha sostenido con la parte actora desde el primero de febrero de dos mil diecisiete, de forma continua e ininterrumpida.

III.              Pago de aportaciones al Instituto de Seguridad Social

En su demanda la parte actora reclama el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social desde que comenzó a laborar para el demandado, al considerar que éste fue omiso en su pago.

De inicio, debe señalarse que esta Sala Regional ha reconocido que la fecha de ingreso de la promovente como personal del INE es el primero de febrero de dos mil diecisiete.

Ahora bien, cabe señalar que el pago de cuotas de seguridad social está íntimamente relacionado con el derecho a la pensión y, por tanto, no se rige por las disposiciones de la Ley del Trabajo ni las normas que rigen las relaciones laborales de las personas servidoras públicas federales, sino por la Ley del ISSSTE que dispone en su artículo 248 que el derecho a la pensión es imprescriptible.

Por tanto, si la pretensión de la parte actora es que el INE cubra las cuotas de seguridad social desde el inicio de la relación laboral, y están íntimamente ligadas al derecho a la pensión, su acción relacionada con tales derechos también es imprescriptible.

Sirve de apoyo de manera orientadora, lo establecido en la jurisprudencia I.6o.T. J/21 de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL30.

En el caso, el demandado señala que la parte actora no tiene derecho a la inscripción retroactiva de tal prestación por el periodo reclamado porque se le inscribió una vez que tuvo derecho a ello.

No obstante lo anterior, ante lo razonado en líneas precedentes se desprende que entre las partes sí existió una relación laboral, cuya duración ininterrumpida se dio desde el primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés (en la inteligencia que fue el primero de enero de dos mil veinticuatro cuando ingresó a una plaza presupuestal y la relación laboral sigue vigente).

Por ello, debe ordenarse al Instituto la inscripción retroactiva, el reporte y pago de las cuotas a su cargo que no hubieran sido cubiertas, así como el entero de las aportaciones que debió retener a la parte actora respecto de las cotizaciones al ISSSTE y al FOVISSSTE desde el inicio de la relación laboral acreditada, para completar de manera ininterrumpida la cotización en el periodo antes señalado; esto, en el entendido de

30 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1628.

que el pago de la prestación de seguridad social incluye los subconceptos relativos al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, como lo solicita la parte actora.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido31 que debe entenderse que las cuotas y aportaciones que deben pagarse respecto de la condena por el pago de la prestación en estudio son aquellas de carácter obligatorio.

Sobre esa base, al analizar el artículo 3 de la Ley del ISSSTE se desprende32 que los seguros de retiro, cesantía en edad avanza y vejez son obligatorios, por lo que deben ser cubiertos por el INE cuando se le ordene el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE, como en el caso.