VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-82/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI- OT-JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-82/2024

PARTE ACTORA:

MARCO ISAAC HERNÁNDEZ AGUILAR

DEMANDADO:

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO EN FUNCIONES:

LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA

SECRETARIA:

PAOLA PÉREZ BRAVO LANZ

COLABORÓ:

LEONEL GALICIA GALICIA

Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco1.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada de esta fecha reconoce la relación de trabajo que unió a las partes en los términos que se precisan en la presente resolución; condena al Instituto Nacional Electoral al pago de diversas prestaciones, con base en lo siguiente:

ÍNDICE

G L O S A R I O..........................................2

A N T E C E D E N T E S....................................3

R A Z O N E S  Y  F U N D A M E N T O S.......................5

PRIMERA. Jurisdicción y competencia........................5

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable........................6

TERCERA. Requisitos de procedencia........................6

1 En adelante las fechas se entenderán de dos mil veinticinco salvo precisión en contrario.

CUARTA. Acciones y pretensiones de la parte actora............11

G L O S A R I O

De los hechos narrados por las partes y de las constancias que obran en el expediente, esta Sala Regional advierte lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

1.                 Relación jurídica

1.1.         Inicio. La parte actora sostiene que la prestación de sus servicios con el Instituto inició desde el uno de enero de dos mil dieciocho, al suscribir diversos contratos con el demandado, lo

2 Consultable en el siguiente vínculo electrónico: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5651360&fecha=09/05/202   2#gsc.tab=0 que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 numeral 1 de la Ley de Medios y el criterio esencial de la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito XX.2o.J/24, HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO

PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 2479 y registro 168124.

que se prolongó hasta el treinta y uno de diciembre año dos mil veintitrés.

1.2.         Asignación de plaza presupuestal. La parte actora refiere que el uno de enero de dos mil veinticuatro se le asignó una plaza presupuestal o del personal de la rama administrativa, con la que, hasta la fecha sigue activo en el Instituto.

2.                 Juicio Laboral

2.1.         Recepción y turno. El veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro la parte actora presentó escrito de demanda en la oficialía de partes de esta Sala Regional, con la cual se integró el expediente SCM-JLI-82/2024 que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera.

2.2.         Radicación. El veintinueve siguiente, el magistrado instructor radicó el expediente en la Ponencia a su cargo, toda vez que, en su momento, el Pleno había determinado suspender los plazos en la sustanciación de este tipo de juicios por las cargas de trabajo con motivo del proceso electoral 2023-2024 (dos mil veintitrés-dos mil veinticuatro).

2.3 Admisión y emplazamiento. Una vez que se levantó la suspensión de plazos y concluyó el periodo vacacional del INE, el ocho de enero se admitió la demanda y se emplazó a juicio al Instituto, quien contestó el veintitrés siguiente.

2.4.         Cita a audiencia. El veinticuatro de enero se tuvo al demandado contestando la demanda y se fijaron las dieciséis horas del once de febrero para la celebración de la audiencia. Además, se dio vista a la parte actora con el escrito de contestación para que manifestara lo que a su interés conviniera.

2.5.         Audiencia y cierre de instrucción. El once de febrero se llevó a cabo la audiencia que se realizó en la modalidad de videoconferencia con la comparecencia de la parte actora así como su apoderado y el del demandado, en la cual se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, se tuvieron por vertidos los alegatos y se cerró la instrucción, quedando el juicio en estado de resolución.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver esta controversia, al tratarse de un juicio laboral entre el Instituto y la parte actora, quien promovió para reclamar el reconocimiento de la relación laboral desde que inició a laborar para el demandado hasta el otorgamiento de la plaza presupuestal, así como el pago de diversas prestaciones derivadas de la relación jurídica que sostiene con el demandado, lo que es competencia de esta Sala Regional y entidad federativa en que ejerce jurisdicción; esto, con fundamento en:

Constitución. Artículo 99 párrafo cuarto fracción VII.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3. Artículos 166 fracción III, inciso e) y 176 fracción XII.

3 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda, en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K –todas de Tribunales Colegiados de Circuito–, cuyos rubros son: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS, consultables en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta – respectivamente– en el tomo VIII, julio de 1998, página 308; tomo V, abril de 1997, página 178; y tomo II, agosto de 1995, página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y

204646.

Ley de Medios. Artículo 94 párrafo1 inciso b).

Acuerdo INE/CG130/2023. Aprobado por el Consejo General del INE que estableció el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los juicios laborales, además de la Ley de Medios, el Reglamento Interno de este tribunal, el Estatuto y las normas internas del Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

        La LFTSE.

        La Ley Federal del Trabajo.

        El Código Federal de Procedimientos Civiles.

        Las leyes de orden común.

        Los principios generales de derecho.

        La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral de las personas servidoras del Instituto según lo previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno de este Tribunal Electoral.

TERCERA. Requisitos de procedencia

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como

criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO4.

3.1.  De la demanda

a.                 Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Ley de Medios, pues fue presentada por escrito en el que la parte actora hizo constar su nombre, señaló domicilio para recibir notificaciones, identificó los actos que controvierte, expresó agravios, realizó manifestaciones de hecho y de derecho en las que fundó sus pretensiones, ofreció pruebas y firmó autógrafamente su demanda.

b.                   Oportunidad. La demanda es oportuna porque la pretensión principal de la parte actora es el reconocimiento de la relación laboral –por un periodo específico– que afirma le unió con el INE, así como el pago de diversas prestaciones.

En este sentido, resultan aplicables las razones esenciales de las jurisprudencias 15/2011, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE

DE OMISIONES5 –en la cual se precisa que las omisiones, como actos reclamados constituyen transgresiones de tracto sucesivo, por lo que sus efectos se actualizan día a día, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna mientras subsista la supuesta inactividad del demandado–, así como 38/2009, de rubro: DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS PLAZOS PARA SU RECLAMO SE RIGEN POR LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año 1997 (mil novecientos noventa y siete), página 33.

5 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, páginas 29 y 30.

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO6 –en la que se ha

sostenido el criterio de que es imprescriptible el derecho a ejercer acciones relacionadas con prestaciones de carácter de seguridad social, pues la parte promovente reclama la cobertura de las cuotas de seguridad social respectivas–.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador de la jurisprudencia de los plenos de circuito PC.I.L. J/54 L (10a.), de rubro: SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE

PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO7, que señala que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “De la prescripción”.

En ese sentido, no podría considerarse extemporáneo el reclamo de la parte actora quien ejercita como acción principal el reconocimiento sobre el carácter laboral de la relación que sostuvo con el INE y el reconocimiento de sus años de servicio,

6 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 5, 2010, páginas 26 a 28.

7 Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre de 2019, tomo III, página 2357, registro digital: 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

a partir de dos mil dieciocho, vinculado al entero de sus cuotas de seguridad social por el tiempo que efectivamente hubiera laborado.

Ello, en términos de la jurisprudencia 38/2009, de rubro: DERECHOS DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS PLAZOS PARA SU RECLAMO SE RIGEN POR LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD   Y   SERVICIOS   SOCIALES   DE   LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO8 que sostiene que el derecho a ejercer acciones relacionadas con prestaciones de carácter de seguridad social es imprescriptible lo que hace que esta demanda sea oportuna pues no podrían estudiarse tales derechos sin estudiarse para ello el reclamo de la parte actora respecto al reconocimiento de la relación laboral con el INE.

Adicionalmente, la jurisprudencia 1/2011 SRI, de rubro: DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL

VÍNCULO LABORAL9, contempla la posibilidad de que el juicio laboral no se tenga que promover dentro del plazo previsto por el artículo 96 de la Ley de Medios cuando se reclame alguna prestación que por su naturaleza no dependa de la subsistencia del vínculo laboral o que no se supedite a que prospere la acción principal, en cuyo caso el plazo para demandarlas será de un año a partir de que sea exigible el derecho de que se trate; ello, siempre y cuando no exista una determinación del INE respecto de las prestaciones referidas, pues en ese supuesto se tendría que demandar dentro del plazo de quince días previsto en la Ley

8 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 5, 2010, páginas 26 a 28.

9 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2012, páginas 20, 21 y 22.

de Medios.

Respecto a esto último, la Sala Superior al emitir la resolución en el expediente SUP-RDJ-1/2011, en que aprobó la jurisprudencia referida, señaló que el plazo de un año para el reclamo de prestaciones será aplicable siempre y cuando no exista una determinación del INE mediante la cual se hubiera negado el pago de las prestaciones reclamadas y la misma se hubiera hecho del conocimiento completo y fehaciente de la parte actora, pues únicamente en caso de que existiera la comunicación de negación podría ser aplicable el plazo previsto por el artículo 96 numeral 1 de la Ley de Medios, lo que no sucede en este caso respecto del resto de las prestaciones reclamadas.

c.                 Legitimación e interés jurídico. La parte actora tiene la capacidad procesal y el interés para acudir a este juicio dado que acude por propio derecho a solicitar el reconocimiento de la relación laboral con el INE y el pago de diversas prestaciones derivadas de lo mismo.

d.                Definitividad. Conforme al Estatuto no existe alguna instancia que la parte actora deba agotar antes de acudir a este juicio. De ahí que, para efectos de procedencia, debe tenerse por satisfecho el presente requisito.

3.2.          De la contestación de la demanda

Del análisis del expediente, se desprende que están satisfechos los requisitos de la contestación de la demanda, como se explica:

a.                 Forma. La contestación fue presentada por escrito en que el demandado hizo constar su denominación y el nombre de la

persona que actúa en su representación, señaló correo electrónico para recibir notificaciones, expresó sus excepciones y defensas, ofreció pruebas y fue firmado autógrafamente.

b.                Oportunidad. La contestación del demandado fue presentada en el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo

100 de la Ley de Medios, pues el INE fue notificado de la admisión de la demanda el nueve de enero de dos mil veinticinco, por lo que el plazo para formularla transcurrió del diez al veintitrés de enero de ese año10 y la contestación se presentó el último día de manera oportuna.

c.                 Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha pues acude por conducto de una persona apoderada a quien se le reconoció su calidad mediante acuerdos de veinticuatro de enero y once de febrero.

CUARTA. Acciones y pretensiones de la parte actora

La parte actora pretende que esta Sala Regional declare el reconocimiento de una relación laboral que –según señala– el demandado ha sido omiso en reconocer, y específicamente reclama las siguientes prestaciones:

4.1.    El reconocimiento de la relación laboral entre la parte actora y el INE durante el periodo del uno de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

4.2.      El pago de las prestaciones de seguridad social, consistentes en la inscripción retroactiva y el pago de cuotas al ISSSTE; FOVISSSTE, así como el pago de cuotas y

10 Sin contar los días sábados y domingos por ser inhábiles de acuerdo con el artículo 7 numeral 2 de la Ley de Medios, al ser sábados y domingos.

aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez desde el uno de enero de dos mil dieciocho.

4.3.  Actualización de la prima quinquenal.

4.4.   El pago del tiempo extraordinario laborado, contemplado diez horas extras semanales por lo que hace al último año de labores.

4.3. La expedición de la constancia de servicios por el periodo en que señala que existió la relación laboral.

QUINTA. Excepciones y defensas del demandado

En su contestación, el demandado formuló las siguientes excepciones:

5.1.          Improcedencia del reconocimiento de la antigüedad por el periodo reclamado ya que los contratos celebrados entre la parte actora y el demandado fueron de naturaleza civil.

5.2.          Improcedencia y falta de legitimación con relación al pago de prestaciones extralegales.

5.3.          Falta de acción y derecho para reclamar la inscripción retroactiva ante el ISSSTE y FOVISSSTE, toda vez que la parte actora prestó sus servicios, mediante celebración de contratos regulados por la legislación civil.

5.4.          Oscuridad, imprecisión y defecto legal respecto al pago de horas extras, toda vez que, la reclamación del pago de prestaciones presupone la existencia de la causa de pedir, que está conformada por los motivos por los cuales se demanda el cumplimiento del derecho ejercitado.

5.5.          La improcedencia del pago de la prima quinquenal ya que dicha prestación se otorga en razón de la antigüedad a las y los servidores públicos, por cada cinco años de servicios

prestados a la federación, así como al otorgamiento al personal de plaza presupuestal de nivel operativo, de mando y homólogos, por ende, no se encuentra sustentado su derecho a reclamar tal prestación.

SEXTA. Pruebas admitidas y desahogadas

6.1.  De la parte actora

Para acreditar lo anterior, se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en la audiencia:

6.1.1.  La instrumental pública de actuaciones.

6.1.2.  Presuncional, en su doble aspecto legal y humana.

6.1.3.  Las documentales consistentes, en:

a.     Acuses de recibos e información de ingresos y retenciones por sueldos y salarios de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés.

b.     La documental consistente en constancia y carta de recomendación, en la cual se hace constar que la parte actora laboró desde el uno de septiembre de dos mil trece al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, ocupando el cargo de operador de equipo tecnológico, de la 21 Junta Distrital Ejecutiva del INE11.

c.     Copia del expediente personal motivo de la contratación de la parte actora que no obra en su poder.

11 La cual no aportó.

d.     Escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil veinticuatro presentado ante la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México.

e.     Constancias expedidas por el INE:

f.       Curso de Introducción al “SGC”, enfoque a Información Documentada, Acciones Correctivas y Herramientas de Mejora.

g.     Constancia de participación al curso Inducción al Código de Ética de la Función Pública Electoral y al Código de Conducta12.

h.     Credenciales expedidas por el INE, como operador de equipo tecnológico:

        Con vigencia del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

        Con vigencia del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

6.2.          De la parte demandada

Para acreditar lo anterior, se admitieron las siguientes pruebas que ofreció el demandado actora, las cuales fueron desahogadas en la audiencia:

6.2.1.      consistente en copia certificada del expediente personal del actor expedido por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Ciudad de México, el cual contiene la documentación siguiente:

a.     Contratos que celebró el actor con el INE durante diversos periodos por tiempos específicos, mismos que quedaron precisados en la tabla atinente, con lo cual se acredita la relación contractual de

12 Que aportó en copia simple.

naturaleza civil con intermitencias que hubo entre el actor y su mandante, siguientes:

b.   Aviso de alta del trabajador expedido por el ISSSTE con el objetivo de probar la fecha en la que la parte actora comenzó a percibir las prestaciones referentes a la seguridad social.

6.2.2.  La instrumental pública de actuaciones.

6.2.3.  La presuncional, en su doble aspecto legal y humana.

SÉPTIMA. Estudio de fondo

Una vez determinadas las posiciones de las partes, la controversia consiste en determinar las siguientes cuestiones:

A partir de lo expresado por las partes, esta Sala Regional advierte que la controversia en el presente asunto consiste en determinar las siguientes cuestiones:

13 Con la precisión que el contrato señala como periodo de vigencia del dieciséis de

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

14 Con la precisión que el contrato respectivo señala como periodo de vigencia del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

        Naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes por el periodo controvertido y su fecha de inicio.

        La antigüedad que debe ser reconocida a la parte promovente y, en su caso, el entero retroactivo de sus cuotas de seguridad social que no se hubieran realizado.

        La procedencia de las demás prestaciones que son reclamadas por el promovente.

Por cuestión de método, esta Sala Regional analizará, en primer término, si la naturaleza jurídica de la relación que unió al actor con el demandado es de carácter civil o laboral, así como en su caso su vigencia y continuidad por el periodo controvertido, pues solamente en caso que se concluya que fue de carácter laboral resultará viable analizar el reconocimiento de su antigüedad y la procedencia de las prestaciones laborales reclamadas.

Lo anterior, tomando en consideración, atendiendo además a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que son hechos no controvertidos y aceptados por ambas partes que:

     Que a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro, la parte actora ingresó a laborar en el INE en una plaza presupuestal, como personal de la rama administrativa, en la cual ha laborado hasta la fecha de presentación de la demanda y se encuentra subsistente el vínculo jurídico entre las partes.

     Que el cargo que desempeña a la fecha de presentación de la demanda es “operador de equipo tecnológico”,

adscrito a la Junta Distrital.

En consecuencia, el periodo controvertido respecto del cual el actor reclama que le sea reconocida la naturaleza laboral de su relación con el Instituto demandado es del uno de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

7.1.          Naturaleza de la relación jurídica

Ahora bien, con independencia de que las manifestaciones de las partes sean distintas respecto a la fecha de inicio de la relación jurídica, lo que será analizado más adelante, lo cierto es que, de inicio dada la contradicción de afirmaciones, ha de partirse de la noción sobre que la carga probatoria de demostrar que la relación jurídica era de naturaleza diversa a la laboral preeminentemente correspondía a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

En el caso, el promovente sostiene la existencia de una relación laboral ininterrumpida con el INE, desde su inicio el uno de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, la cual aduce no le es reconocida por el demandado, previo a que ingresó a una plaza presupuestal el uno de enero de dos mil veinticuatro la que continúa hasta la fecha.

Por su parte, el INE niega que el vínculo jurídico existente con la parte actora por el periodo en cita sea de naturaleza laboral, para lo cual argumenta que existieron diferentes relaciones contractuales entre las partes durante el periodo controvertido, pues la parte actora estuvo contratada como prestadora de servicios y que durante ese periodo no estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas puesto que se trató de una

relación de naturaleza civil, derivada de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales, la cual se dio en diversos periodos de forma discontinua.

De lo anterior, se desprende que por lo que hace a los contratos de prestación de servicios, dada la contradicción de afirmaciones, como se señaló la carga probatoria preeminentemente corresponde a quien supuestamente es la parte patronal, esto es, al INE.

Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, de rubro: RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO15.

En ese sentido, para estar en condiciones de esclarecer qué tipo de relación unió a las partes en qué período, se deben analizar las características propias de una relación laboral, para luego, determinar si, a partir de las pruebas aportadas por las partes

─teniendo en consideración que la principal carga probatoria le corresponde al INE─ podrían encontrarse elementos propios de una relación laboral o de otro tipo.

Ello, porque la naturaleza laboral de la relación no depende de la denominación que las partes atribuyan a los contratos en los que se finca su acuerdo de voluntades, pues con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, cualquiera que sea el acto que le dé origen.

15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tomo IX, mayo de 1999, registro digital: 194005, página 480.

Así, con base en dicha definición, se obtienen elementos para considerar la existencia de una relación de trabajo o laboral:

A.   Prestación de un trabajo personal, que implica la ejecución de actos materiales, concretos y objetivos, que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de quien la emplea.

B.   Subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando ostentado por quien la emplea, y que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

C.   Pago de un salario, en contraprestación por el trabajo prestado.

Si bien el primer y tercer elemento pueden darse en relaciones jurídicas distintas a la laboral, lo cierto es que el elemento sustancial que la distingue de aquellas es precisamente el de la subordinación en la prestación del servicio, el cual debe entenderse como la facultad de la persona empleadora de disponer de la fuerza de trabajo del obrero u obrera quien, a su vez, tiene la correlativa obligación de acatar sus órdenes.

Lo anterior tiene sustento en las tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro: RELACION LABORAL, EXISTENCIA DE LA16 y en la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: RELACION LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA17.

16 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Materia Laboral, página 35.

17 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995, página 289.

Cabe señalar que la relación laboral, como cualquier otro contrato, es un acuerdo de voluntades en el que una parte se obliga a desempeñar un trabajo encomendado por su contratante (elemento de subordinación), bien sea a favor de éste o de otro, y por cuya realización recibirá aquél el pago de una retribución económica (salario18), extremos éstos que podrán o no documentarse.

A diferencia de los elementos que se requieren para acreditar una relación laboral entre el Estado y quienes trabajen para él, tratándose del contrato de prestación de servicios profesionales, en los artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal se prevé, en síntesis, que el contrato de prestación de servicios es el acuerdo de voluntades en virtud del cual una parte, a la que se designa profesor o profesionista, se obliga a realizar un trabajo a favor de otra, llamada cliente, a cambio de una remuneración que recibe el nombre de “honorarios”.

Por otra parte, de las características de una relación laboral y del contrato de prestación de servicios profesionales, se obtiene que la diferencia radica en el requisito de subordinación jurídica permanente durante la jornada laboral, que se da en la primera y que como se ha referido, consiste en el poder jurídico de mando que ejerce la persona patrona sobre el esfuerzo físico, mental, o ambos, respecto del trabajador o trabajadora, en relación con el deber de obediencia por parte de quien presta el servicio.

De ahí que, tratándose de una relación laboral, cuya característica  primordial  es  la  subordinación,  la  persona

18 Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo.

empleadora determina dónde, cuándo y cómo realizar lo que es materia de la relación laboral.

En cambio, respecto de la prestación de servicios profesionales, quien los presta lo hace generalmente con elementos propios y no recibe órdenes precisas, por tanto, no existe la subordinación, que implica el deber de obediencia, ya que el servicio se presta en forma independiente.

Cabe indicar que la falta de alguno de los elementos característicos de la relación de trabajo, que permiten diferenciarla de otro tipo de vínculos como el de naturaleza civil, derivado de la prestación de servicios profesionales independientes, conllevaría a la determinación de no tenerla por acreditada.

Precisado lo anterior, esta Sala Regional analizará en el caso concreto la existencia de los elementos determinantes de la relación laboral de acuerdo con las constancias del expediente, y las pruebas admitidas y desahogadas que fueron ofrecidas por las partes.

A.   La prestación de un trabajo personal

De los contratos que integran el expediente personal ofrecido por la parte actora y aportado por el Instituto, se desprende que este último precisó, en cada caso, las actividades a realizar y las funciones designadas; los trámites para la contratación, así como el pago que se erogaría por los servicios del actor, siendo los siguientes:

De ellos se extrae que el promovente se obligó, mediante una serie de contratos, a prestar sus servicios en favor del demandado en diferentes funciones, que cambiaron a lo largo de su contratación (auxiliar de atención ciudadana, validador de la Verificación Nacional Muestral al Padrón Electoral, operador de equipo tecnológico “2A”, responsable de módulo “2A") que, implicaban la realización de actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado, como se desprende de los propios contratos y que son las siguientes:

19 Con la precisión que el contrato señala como periodo de vigencia del dieciséis de

octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

20 Con la precisión que el contrato respectivo señala como periodo de vigencia del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

Documentales que, valoradas en conjunto, generan convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original 21.

En ese sentido, es pertinente asentar que, en cada contrato, el Instituto hizo del conocimiento de la parte actora las condiciones del trabajo, las actividades a realizar (objeto del trabajo), es decir la prestación de un trabajo personal, así como en su caso la retribución económica por el trabajo realizado.

De lo anterior se advierte que las condiciones de trabajo que ofreció el Instituto fueron claras y precisas, por lo que la persona interesada en acceder a dichos puestos era conocedora de los alcances de tal oferta (objeto de trabajo, persona a la que debería rendir cuentas y la retribución económica que recibiría en su caso).

A su vez, la parte actora manifestó su voluntad de contratar con el Instituto, cuestión que es un hecho notorio y reconocido por las partes al hallarse en el expediente los contratos firmados entre ellas.

Con base en lo relatado, esta Sala Regional considera que el acuerdo de voluntades para la existencia de una prestación de

21 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, según cada caso.

servicios personales se actualizó, tal como consta en los contratos que obran en el expediente.

Por tanto, la Sala Regional concluye que la parte actora respecto a los cargos desempeñados conforme a los contratos aportados realizaba funciones propias de las facultades del INE, de ahí que pueda concluirse que prestaba un trabajo personal en beneficio del demandado, lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues lo controvertido es la naturaleza de dicha relación y su continuidad.

B.   Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que trabajó para el demandado siempre lo hizo de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que le proporcionó y siempre bajo sus órdenes y supervisión.

Por su parte, el demandado manifiesta que la parte actora jamás estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas del funcionariado del demandado.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades señaladas con anterioridad no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del demandado e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho Instituto.

Cabe señalar que en las distintas cláusulas de los diversos contratos se precisaron, entre otras obligaciones a cargo del accionante, las siguientes:

-         La de apoyar a la ciudadanía a identificar su domicilio en la cartografía electoral y el trámite de actualización que realizar; así como, recuperar y entregar notificaciones e invitaciones mediante visitas domiciliarias a la ciudadanía.

-         La de brindar atención a la ciudadanía que llega al módulo, de acuerdo con la normatividad establecida, organizándola y proporcionándole información, con el propósito de agilizar la atención en el módulo.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que debían ser analizadas en un contexto integral, y también ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del propio INE lo que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Por otra parte, dadas las funciones que la parte actora desempeñó a favor del demandado puede desprenderse que no prestaba el servicio con recursos propios, sino que lo realizaba con los medios que le fueron proporcionados por el demandado; lo que se advierte de los contratos en que incluso se acordaron términos que denotan la subordinación de la parte actora al demandado para la realización de sus labores.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que dichos servicios son realizados con medios propios de quien presta el servicio; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el demandado.

Así, se advierte que entre las partes existió una relación jurídica laboral lo que se evidencia pues las actividades convenidas que la parte accionante debería realizar como “prestadora del servicio” no podrían ser llevadas a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del demandado, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre.

De ahí que la sola denominación de los contratos y las constancias que exhibió el INE son insuficientes para acreditar una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte que las actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del demandado y con equipo, espacios y horarios proporcionados por el mismo.

Sirve de sustento la jurisprudencia I.1o.T. J/52 de rubro: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA22, que

señala que para determinar que una relación es civil es necesario acreditar que la persona prestadora del servicio es profesionista, que el servicio lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.

Por lo anterior, los contratos aportados como prueba acreditan el elemento de subordinación de una relación laboral, ya que se ejecutaron con medios proporcionados por el demandado y no eran propiedad de la parte actora, no podrían desarrollarse al

22 Jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito que resulta orientadora para esta sala y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, junio de 2006, Tomo XXIII, página 1017.

libre albedrío o voluntad de la parte actora, las actividades fueron asignadas y supervisadas por personal del demandado, debían realizarse atendiendo a los horarios de prestación de servicios y atención a la ciudadanía del demandado y debían ser realizados en un espacio físico determinado por dicho instituto.

C.   Salario

Se actualiza también el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

Lo anterior, porque de los contratos celebrados entre las partes y de las constancias exhibidas por las partes se desprende que el demandado entregaría a la parte actora cierta cantidad de dinero en retribución por el trabajo que desempeñaría para este.

En efecto, de la lectura de los contratos que se han listado, se advierte que el demandado se obligó a pagar a la parte actora, por la prestación de sus servicios, un salario o sueldo.

Tal entrega se acredita con distintos recibos de retenciones23 aportados la parte actora en donde se aprecia que quien retiene los impuestos es el INE, documentos privados que logran generar convicción de su contenido, ya que ninguna de las partes objetó las pruebas de su contraria en cuanto a su autenticidad, sino solamente en cuanto a lo que se pretendía acreditar con ellas.

No obsta que el INE denomine “HONORARIOS” al pago que proporcionaba a la parte actora por la prestación de su servicio, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales que la

23 Específicamente de los Informes de ingresos y retenciones por sueldos y salarios emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho a dos mil veintitrés.

denominación de honorarios no determina por sí misma que la relación jurídica entre las partes contratantes sea de naturaleza civil, porque como se señaló, esta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, y dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito de rubros: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA24; y, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA25.

En tal sentido, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, toda vez que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, relacionadas con la organización de las elecciones y la conformación del Registro Federal Electoral, actividades que no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual.

Así, está acreditado que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral, por lo que la excepción de falta de acción y derecho de la parte actora para reclamar el reconocimiento de la relación laboral, al fundarse en argumentos que sostienen que la relación era de naturaleza civil, y no acreditarse ello, es improcedente.

24 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2007, tomo XXV, página 1396.

25 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, junio de 2006, página 1017.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro: RELACION LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA26.

7.2.          Inicio y continuidad de la relación laboral.

Como fue referido, existe controversia respecto a su inicio y continuidad, por lo que procede determinar si ésta se desarrolló de forma continua o no.

En el caso, el actor demanda el reconocimiento de la relación laboral de forma continua desde su inicio el uno de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, un día antes de su ingreso a la plaza presupuestal el uno de enero de dos mil veinticuatro.

Por su parte, el demandado niega categóricamente que haya existido una relación alguna entre las partes en los periodos siguientes:

     Del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

     Del dieciséis de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Al efecto, esta Sala Regional ha sostenido que, de conformidad con los artículos 784 fracciones I, II y VII y 804 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, en caso de controversia el demandado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto de la antigüedad o discontinuidad en la relación que le unió con la

26 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), página: 379.

parte actora, debido a que tiene la obligación de conservar los documentos relativos a esos hechos. En caso de no exhibirlos en el juicio, establece la presunción de que es cierto lo que afirma la parte trabajadora al respecto27.

Resulta aplicable la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VII.2o.T. J/41 (10a.) de rubro: ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN28.

Ahora bien, esta Sala Regional considera que, toda vez que conforme lo razonado, la naturaleza de los contratos es laboral y no civil, y que ambas partes fueron coincidentes en señalar que la relación jurídica inició el uno de enero de dos mil dieciocho debe considerarse esta fecha como el inicio de la relación laboral.

Asimismo, por lo que hace a su continuidad lo procedente es analizar los periodos en los que el INE negó la relación jurídica entre las partes, pues derivado de lo razonado, esta Sala Regional, determinó que los cargos son de naturaleza laboral:

27 Según los artículos 784 fracciones I y II, 804 fracciones I, II y V, y 805 de la Ley Federal del Trabajo.

28 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de 2019, tomo II, página 2270.

Documentales que, valoradas en conjunto, generan convicción en esta Sala Regional respecto a su contenido y correspondencia con el documento original 30.

Ahora bien, el demandado niega de manera llana la existencia de toda relación laboral o civil durante esos lapsos, y precisamente con base en esa posición negativa, omite aportar algún otro dato o elemento que pudiera acreditar de manera efectiva dicha inexistencia de relación.

Ante dicha situación, cobra aplicación la reversión de la carga original al demandado, misma que se basa en su obligación como parte patronal de conservar –entre otros documentos– los contratos de trabajo o documentos que amparen la relación jurídica existente entre las partes, lo que en el ámbito procesal se traduce en el deber de aportar esos documentos a juicio, premisa probatoria que encuentra respaldo en el artículo 804 de la Ley del Federal del Trabajo.

Ahora bien, esa presunción no puede adquirir en todos los casos, una dimensión sumamente amplia que pueda traducirse en el acreditamiento total de la continuidad de la relación laboral únicamente sobre la base temporal formulada por la parte actora, pues en estos casos debe privilegiarse un análisis que pondere la naturaleza de los cargos, las funciones inherentes al

29 Visibles en el anexo que acompañó el demandado a su contestación en las fojas 184 a 188 de su folio.

30 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, según cada caso. Y conforme a lo previsto en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.

cargo que desempeñaba la parte trabajadora, el contexto institucional, la mayor o menor interrupción que pueda advertirse respecto de esos cargos, la periodicidad del funcionamiento del INE y las labores realizadas por la parte trabajadora, además de otros factores que puedan dar solidez y verosimilitud al planteamiento de continuidad que se haga valer.

A partir de esos elementos, un análisis razonable debe evaluar entre la negativa amplia que formule la parte demandada –en este caso el INE– con relación al tipo de relación jurídica laboral y los mayores o menores elementos de convicción (pruebas y constancias que haya en el expediente) que puedan derrotarla en cada caso particular.

De ese modo, es posible afirmar que al demandado, como patrón, es quien tiene los medios de convicción necesarios de acuerdo a sus funciones y atribuciones para probar la falta de continuidad de la relación laboral, razón por la cual le correspondía, en todo caso, haber acreditado que la relación fue objeto de interrupción en dichos periodos, lo que podría haber demostrado con algún aviso de terminación, las altas o bajas de la parte actora, un convenio entre las partes, alguna renuncia o algún otro documento que acreditara fehacientemente que la relación existente desde antes entre las partes había terminado.

Esto, porque de conformidad con los artículos 784 fracciones I,

II y VII y 804 fracción I de la Ley Federal del Trabajo –de aplicación supletoria– el demandado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto de la antigüedad o discontinuidad de la relación que le unió con la parte actora, ya que ella afirmó en su demanda que el vínculo laboral se dio sin interrupciones.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido que la sola ausencia de contratos o elementos adicionales en periodos específicos no es suficiente para tener por cierta la interrupción del vínculo jurídico31.

Esto, ya que la acreditación de la naturaleza laboral de la relación controvertida genera dicha carga probatoria, que se ve fortalecida –precisamente– porque las funciones que se desempeñaron están relacionadas con las actividades que constitucionalmente son consideradas como permanentes para el INE –como es la integración del Registro Federal Electoral–, lo que hace evidente que la materia del trabajo no se extingue de manera transitoria.

En el caso, debe señalarse que la parte actora no se limitó a afirmar la continuidad de la relación, sino que pretendió acreditar dicha afirmación con los contratos -ya que ofreció como prueba su expediente personal en donde constan los mismos- y la constancia de retenciones que ya han sido analizados, sin que el demandado aporte elementos que demuestren, fehacientemente, la interrupción de la relación que refiere, razón por la cual se presume que la relación tuvo un carácter ininterrumpido.

En efecto, de las pruebas aportadas por la parte actora, en específico los contratos y el recibo de pago antes referido, se advierte que en los periodos en los que no está acreditada la existencia de la relación, la cual es negada por el INE de manera

31 En las sentencias de los juicios laborales SCM-JLI-3/2020, SCM-JLI-11/2020, SCM-JLI-13/2020,              SCM-JLI-14/2020,              SCM-JLI-19/2020,              SCM-JLI-22/2020,

SCM-JLI-25/2021 y SCM-JLI-17/2022, entre otros.

genérica, hubo al menos reportes de actividades realizados por la parte actora.

No obsta a lo anterior el hecho de que en los periodos antes referidos no existe algún tipo de contrato o recibo, pues esta Sala Regional ha sostenido32 que la mera ausencia de contratos o elementos adicionales en periodos específicos no es suficiente para tener por cierta la interrupción del vínculo jurídico.

Ello, porque la necesidad probatoria deriva de la acreditación de la naturaleza laboral de la relación controvertida, en donde es trascendente corroborar que las funciones que se desempeñaron estén relacionadas con las actividades que constitucionalmente son consideradas como permanentes para el demandado lo que permite concluir que dichas actividades no fueron actividades por tiempo determinado, como es el caso de los módulos a los que la ciudadanía acude con la finalidad de actualizar el Registro Federal Electoral y donde está acreditado que el actor se desempeñaba como auxiliar de atención ciudadana, validador de la Verificación Nacional Muestral del Padrón Electoral, operador de quipo tecnológico y responsable de Módulo.

Por tal motivo y en atención al cargo que el accionante desempeñaba en ese momento, esta Sala Regional advierte que el mismo corresponde justamente a las actividades permanentes del demandado, razón por la cual resulta evidente que la materia del trabajo no se podía extinguir de manera transitoria.

32 En las sentencias de los juicios laborales SCM-JLI-3/2020, SCM-JLI-11/2020, SCM-JLI-13/2020, SCM-JLI-14/2020, SCM-JLI-19/2020, SCM-JLI-22/2020, SCM-JLI-25/2021,  SCM-JLI-17/2022,  SCM-JLI-14/2023,  SCM-JLI-47/2023  y

SCM-JLI-8/2024, entre otros precedentes.

Así, en el caso concreto, respecto a los periodos en que no hay contratos ni recibos –con relación a los cuales el demandado niega genéricamente la existencia de algún vínculo entre las partes–, al haberse acreditado que la naturaleza de la relación entre las partes era laboral y del análisis de la documentación presentada por el INE no se desprende que dicho vínculo hubiese finalizado en el periodo controvertido, sino que –por el contrario– se observa que se trataba de una renovación contractual quincenal, mensual, bimestral o anual; es decir, continuada.

Al respecto, resulta orientadora la jurisprudencia 2a./J. 123/2009, de rubro: ACCIÓN DE PRÓRROGA DE CONTRATO POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA INSUBSISTENCIA DE LA MATERIA DE TRABAJO QUE ORIGINÓ LA CONTRATACIÓN RELATIVA33 y la tesis XIX.3o.2 L, de rubro: CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN LOS QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE34.

En el último de los referidos criterios se reconoce que conforme a lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, los contratos laborales por tiempo determinado solamente están permitidos cuando lo exija la naturaleza del servicio que se preste, lo que, además, es indispensable probar.

33 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 467.

34 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 955.

Por ello, no puede concluirse la existencia de contratos transitorios, temporales o por obra determinada, si la persona trabajadora ha sido contratada para una actividad normal y permanente por varios años.

Atendiendo a lo expuesto, debe reconocerse que la relación laboral existió de manera continua por el periodo reclamado.

En ese sentido y toda vez que no existen pruebas en contra de la presunción de la continuidad de la contratación, debe reconocerse que la relación laboral que existió entre las partes fue continua desde el uno de enero de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

7.3.  Prestaciones reclamadas

Una vez determinada la naturaleza laboral de la relación jurídica que unió a las partes, así como su vigencia y continuidad, lo procedente es analizar lo relativo a las prestaciones que reclama siguientes:

a.       El pago de las prestaciones de seguridad social, consistentes en la inscripción retroactiva y el pago de cuotas al ISSSTE; FOVISSSTE, así como el pago de cuotas y aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez desde el uno de enero de dos mil dieciocho.

b.  Actualización de la prima quinquenal.

c.    El pago del tiempo extraordinario laborado, contemplado diez horas extras semanales por lo que hace al último año de labores.

d.  La expedición de la constancia de servicios por el periodo en que señala que existió la relación laboral.

En el análisis de la procedencia de cada prestación, la Sala Regional tomará en cuenta los requisitos de su exigibilidad y su vigencia al momento de demandar.

En tal sentido, la Ley Federal del Trabajo establece un plazo genérico de un año a partir del día siguiente a aquel en que fueran exigibles, pues de conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, la regla general para el reclamo de cualquier prestación generada con motivo de la relación laboral existente entre las partes es de un año a partir de que fueron exigibles.

En ese contexto, el análisis de las prestaciones se realizará considerando que, en su caso, las que le correspondan a un año anterior a la presentación de la demanda; es decir, al veintiocho de octubre de dos mil veintitrés por lo que se procede a su análisis únicamente respecto de dicho periodo.

a.  Prestaciones de seguridad social

La parte actora reclama el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social que no hubiera realizado el INE, relativas a la inscripción retroactiva y el pago de cuotas correspondientes al ISSSTE y FOVISSSTE, así como las cuotas y aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

En ese sentido debe señalarse que esta Sala Regional ha reconocido el periodo de la relación laboral que ha sido señalado con anterioridad.

El reclamo de la parte actora se funda en el artículo 206 numeral

2 de la Ley Electoral en cuanto a que el personal del INE será incorporado al régimen del ISSSTE.

Cabe señalar que el pago de cuotas de seguridad social está íntimamente relacionado con el derecho a la pensión y, por tanto, no se rige por las disposiciones de la Ley del Trabajo ni las normas que rigen las relaciones laborales de las personas servidoras públicas federales, sino por la Ley del ISSSTE que dispone en su artículo 248 que el derecho a la pensión es imprescriptible.