VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SCM-JLI-93/2024

Fecha de clasificación: 25 de abril de 2025, mediante acuerdo CT-CI-OT- JLI.4-SO04/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su cuarta sesión ordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: No aplica Periodo de clasificación: No aplica Fundamento Legal: No aplica

Rúbrica de la titular de la unidad responsable:

Berenice García Huante

Secretaria General de Acuerdos

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES (Y PERSONAS SERVIDORAS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SCM-JLI-93/2024

PARTE ACTORA: MARÍA ISABEL SAIZ RAMÍREZ

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIA: ADRIANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil veinticinco.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada reconoce la relación laboral entre las partes y ordena al Instituto Nacional Electoral el pago de diversas prestaciones.

Í N D I C E

6.2.  Del demandado...................................16

6.3.  Valor de las pruebas...............................19

SÉPTIMA. Determinación de la controversia...................19

OCTAVA. Análisis de fondo...............................20

8.1.  Naturaleza de la relación jurídica entre las partes.........20

8.1.1.  Prestación de un trabajo personal..................22

8.1.2.  Subordinación.................................26

8.1.3.  Pago de un salario..............................31

8.2.  Temporalidad y continuidad de la relación laboral........33

8.3.  Demás prestaciones reclamadas.....................35

8.3.1.  Prestaciones de seguridad social..................35

8.3.3.  Solicitud de constancia de servicios................38

NOVENA. Efectos de la sentencia...........................39

R E S U E L V E.........................................40

G L O S A R I O

A N T E C E D E N T E S

1.     Relación jurídica. La parte actora afirma que prestó sus servicios para el INE del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo de dos mil, bajo el régimen de honorarios; indicando que en la actualidad se desempeña como “Líder de Proyecto” con adscripción en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya relación continúa vigente.

2.   Acuerdos de suspensión de plazos. El trece de marzo de dos mil veinticuatro2, el pleno de esta Sala Regional emitió un acuerdo por el que decretó la suspensión de los plazos legalmente establecidos para la sustanciación de los Juicios Laborales. Dicha suspensión fue ampliada mediante acuerdos de siete de octubre y veintiuno de noviembre.

3.  Juicio Laboral

1 Aprobado mediante acuerdo INE/JGE13/2021, que fue modificado mediante acuerdo INE/JGE56/2022, este último aprobado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós y publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós, consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5651360&fecha=09/05/2022#gsc

.tab=0, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios y el criterio esencial de la jurisprudencia XX.2o.J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR (publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 2479 y registro 168124).

2 En lo sucesivo las fechas referidas corresponden a dos mil veinticuatro, salvo precisión expresa de otro año.

3.1.     Demanda. El veintinueve de noviembre, la parte actora presentó ante la Sala Superior Juicio Laboral contra el INE para demandar el reconocimiento de la relación laboral por el periodo señalado y el pago de diversas prestaciones.

3.2.   Rencauzamiento. El cinco de diciembre mediante acuerdo plenario la Sala Superior determinó reencauzar la demanda a esta Sala Regional para conocer y resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencia laborales de las personas servidoras del instituto demandado.

3.3.    Turno. Con la demanda de la parte actora se integró el expediente SCM-JLI-93/2024 que se turnó a la ponencia a cargo del magistrado José Luis Ceballos Daza.

3.4.     Admisión y emplazamiento. Una vez reanudados los plazos para la sustanciación de los Juicios Laborales, el veinte de enero de dos mil veinticinco, el magistrado admitió la demanda y emplazó a juicio al INE.

3.5.  Contestación a la demanda. El cuatro de febrero de dos mil veinticinco, el INE contestó la demanda, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas; por lo que, el siete siguiente el magistrado tuvo por contestada la demanda, con ella dio vista a la parte actora3 y citó a las partes a la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos.

3.6.  Audiencia y cierre de instrucción. El veinticinco de febrero de dos mil veinticinco fue realizada la audiencia en la que, ante la falta de conciliación entre las partes, fueron admitidas y desahogadas las pruebas correspondientes, se expusieron alegatos y -al no quedar diligencias pendientes- fue cerrada la

3 La parte actora (a través de su persona apoderada en este juicio) presentó un escrito con relación a esa vista el once de febrero de dos mil veinticinco.

instrucción.

R A Z O N E S Y F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio por tratarse de una demanda presentada por una persona que reclama la falta de reconocimiento de la relación laboral -por un periodo específico- y el pago de diversas prestaciones, refiriendo que en la actualidad se desempeña como líder de proyecto en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; lo que tiene fundamento en:

      Constitución: artículos 41 base VI y 99 párrafo cuarto fracción VII.

      Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación4:

artículos 166-III.e), 173 y 176-XII.

      Ley de Medios: artículos 3.2.e) y 94.1.b).

      Acuerdo INE/CG130/2023 que establece el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

Cabe señalar que la Constitución prevé la competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver los Juicios Laborales; así, cuando una persona que dice mantener una relación laboral con el INE plantea una vulneración a sus derechos y la expone en una demanda, le sujeta a emitir la sentencia que en derecho

4 Esto, en el entendido de que este juicio se rige por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de la presentación de la demanda en términos del criterio orientador establecido en las tesis VI.2o. J/140, I.8o.C. J/1 y XVI.2o.1 K

-todas de Tribunales Colegiados de Circuito- de rubros RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES y RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE

PROCEDIMIENTOS, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta -respectivamente- en el tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y ocho, página 308; tomo V, abril de mil novecientos noventa y siete, página 178; y tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, página 614. Con los siguientes registros digitales: 195906, 198940 y 204646.

corresponda.

Lo anterior, con independencia de que el INE pueda invocar diversas excepciones y defensas con el propósito de evidenciar que quien promueve carece de acción y derecho para reclamar las prestaciones, debido a la inexistencia de un vínculo laboral.

En este entendido, determinar la existencia o no de dicho vínculo forma parte de la controversia, como en el caso acontece, de ahí que sea un supuesto que actualiza la jurisdicción de este Tribunal Electoral5.

Acuerdo SUP-JLI-49/2024 emitido por la Sala Superior el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro por el que determinó que esta Sala Regional era la competente para conocer de la presente controversia.

SEGUNDA. Régimen jurídico aplicable

En los Juicios Laborales, además de la Ley de Medios, el Estatuto y las normas internas del INE, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

a.       La Ley Burocrática.

b.       La Ley del Trabajo.

c.       El Código Federal de Procedimientos Civiles.

d.       Las leyes de orden común.

e.       Los principios generales de derecho.

f.         La equidad.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Medios, siempre que no contravenga al régimen laboral del

5 Atribución establecida por la Constitución en el artículo 99 párrafo cuarto fracción

VII. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de rubro JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA (consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 80, séptima parte, página 21 y registro 245837).

personal del INE previsto en la Ley Electoral y el Estatuto.

Asimismo, en el estudio del presente juicio se aplicarán disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TERCERA. Excepción contra la procedencia de este Juicio Laboral

El demandado opone la excepción de prescripción, debido a la existencia de: [i] una constancia de servicios de fecha diez de noviembre de dos mil tres, con número de folio; C-DIP/10708-03 en la cual se consigna, entre otros datos, que la fecha de ingreso al IFE fue el dieciséis de marzo del año dos mil, con un nombramiento de confianza; [ii] una constancia de servicios de fecha primero de marzo de dos mil diez, con número de folio C- DIP/30538-2010 en la cual se consigna, entre otros datos, que la fecha de ingreso al IFE fue el dieciséis de marzo del año dos mil, con un nombramiento de confianza, y [iii] un formato único de movimientos y/o constancia de nombramiento a nombre de la parte actora, mediante el cual se consigna, entre otras cuestiones, un movimiento de nuevo ingreso con fecha dieciséis de marzo de dos mil, en el puesto de especialista técnico(a).

Por lo anterior, el demandado considera que la parte actora tuvo conocimiento con antelación (en los años y fechas referidos) que la prestación de servicios que realizó con anterioridad al dieciséis de marzo del año dos mil no le era reconocida como antigüedad por el INE. Siendo así, si la parte actora presentó su demanda el veintinueve de noviembre, estima que resulta incuestionable la extemporaneidad.

Esta Sala Regional desestima la excepción de prescripción

referida porque la pretensión principal de la parte actora es el

reconocimiento de la relación laboral que afirma le unió con el INE por un periodo específico (del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo de dos mil), y que sigue vigente, reclamando el pago de diversas prestaciones derivadas de esa situación.

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido6 que el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado y, en consecuencia, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, como sucede en el caso, ya que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los plenos de circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE

PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO7; que establece que el derecho de las personas trabajadoras al servicio del Estado para solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes son exigibles en cualquier momento en tanto subsista el vínculo laboral, ya que la prescripción para esos casos no quedó

6 Entre otros, en los juicios SCM-JLI-1/2022, SCM-JLI-5/2022, SCM-JLI-36/2022, SCM-JLI-5/2024, SCM-JLI-12/2024 y SCM-JLI-62/2024.

7 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de dos mil diecinueve, tomo III, página 2357 y registro 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

contemplada en el título quinto de la Ley del ISSSTE denominado “De la prescripción”.

En la contradicción de criterios que dio lugar a la jurisprudencia referida -con carácter orientador- se arribó a las conclusiones siguientes:

a.  En torno a si el derecho al reconocimiento de antigüedad de una persona trabajadora al servicio del Estado es susceptible de prescribir y en qué condiciones:

 el reconocimiento de antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado, conforme al artículo 50-III de la ley burocrática;

 por principio, ese derecho es imprescriptible mientras subsiste la relación laboral, pues la antigüedad se genera día con día;

 cuando el reconocimiento de la antigüedad proviene de una comisión mixta, integrada por representantes de la parte patronal y la trabajadora, conforme a las condiciones generales de trabajo, al reglamento de escalafón o alguna otra disposición similar, en que se haya dado a la persona trabajadora la oportunidad de hacer las aclaraciones y demostraciones correspondientes, y esta no impugna la resolución definitiva emitida, opera la prescripción; y,

 el solo conocimiento o notificación a la persona trabajadora de la hoja única de servicios, expedida por la parte patronal que consigne los años de servicios prestados por el empleado o empleada, no es apta para que prescriba la acción de reconocimiento de antigüedad del trabajador o trabajadora, salvo que exista prueba fehaciente de su conformidad expresa, manifestaciones de voluntad que impliquen dicho

consentimiento; o una vez que la persona trabajadora hubiese realizado las aclaraciones y demostrado con pruebas idóneas los errores u omisiones de dicho documento, y la dependencia expida una resolución definitiva al respecto, pues entonces iniciará el término de prescripción genérico de un año, con base en el artículo 112 de la Ley Burocrática, a partir de tales hechos.

b.  En torno a si los derechos de seguridad social para que la parte patronal “equiparada” haga la inscripción retroactivamente y entere las aportaciones omitidas al ISSSTE para gozar de los beneficios relativos, prescriben; en su caso, en qué circunstancias, en esa contradicción de criterios se estableció lo siguiente:

 el acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución, así como su ley reglamentaria, es la existencia de una relación de trabajo con las dependencias de los Poderes de la Unión y del Gobierno de la Ciudad de México; por lo cual, una vez acreditado ese vínculo laboral, se hacen exigibles a la persona titular de la dependencia respectiva las obligaciones relativas a la seguridad social;

 el título quinto "De la prescripción" de la Ley del ISSSTE no establece la prescripción respecto al derecho de las personas trabajadoras a solicitar su inscripción y el entero retroactivo de las aportaciones para gozar de los beneficios correspondientes, por lo cual debe considerarse dicha excepción no es oponible en tales casos, una vez que la parte promovente ha demostrado la existencia del vínculo laboral, aun cuando este hubiese

concluido, en tanto el vínculo laboral continúa vigente, pues se genera día con día; máxime que se trata de prestaciones derivadas de un derecho fundamental cuyas bases mínimas prevé el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución; por lo que, al ser inherentes a la persona humana, una vez demostrado su derecho a ellas, su vigencia no prescribe; y,

 cuando el derecho a la seguridad social se reclama como consecuencia de la acción de reconocimiento de antigüedad, prescribe en los mismos términos que esta.

En los precedentes de esta Sala Regional8, se razonó que, aun en los casos en los que existiera un documento como la constancia de servicios, al ser un documento expedido unilateralmente, no era idóneo o apto para que a partir de su emisión se debiera computar el plazo para que prescribiera la acción de reconocimiento de antigüedad de la parte actora.

Por tanto, en el caso, los documentos que señala el demandado no son idóneos para que a partir de su emisión se debiera computar el plazo de prescripción de la acción de reconocimiento de antigüedad de la parte actora, al no existir prueba fehaciente de su conformidad; ahí que se desestime la causal en estudio9.

Además, al tratarse de una omisión atribuida al INE, resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 15/2011 de la Sala Superior de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN TRATÁNDOSE DE OMISIONES10.

8 Ver las resoluciones de los Juicios Laborales SCM-JLI-3/2021, SCM-JLI-14/2021, SCM-JLI-1/2022 a SCM-JLI-6/2022 y SCM-JLI-89/2022, entre otros.

9 Criterio similar fue establecido al resolver el Juicio Laboral SCM-JLI-11/2024.

10 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, dos mil once, páginas 29 y 30.

CUARTA. Requisitos de la demanda y contestación

Antes de estudiar la controversia, esta Sala Regional debe verificar si están satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción intentada, cuyo examen es preferente. Sirve como criterio orientador la tesis L/97 de la Sala Superior de rubro ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO11.

4.1.  De la demanda

4.1.1. Forma. La demanda cumple los requisitos establecidos en los artículos 96.1 y 97 de la Ley de Medios, pues en ella la parte actora señaló su nombre y asentó su firma autógrafa, identificó el acto reclamado, mencionó los agravios que le causa, manifestó las consideraciones de hecho y de derecho en que funda su demanda, así como ofreció y anexó pruebas.

4.1.2. Oportunidad. La demanda es oportuna en términos de lo establecido en la tercera razón y fundamento de esta sentencia.

4.1.3. Legitimación. La legitimación de la parte actora está satisfecha toda vez que se trata de una persona que acude a reclamar la falta de reconocimiento de una relación laboral que afirma sostiene con el demandado, así como el pago de diversas prestaciones.

4.1.1.  Interés jurídico. La parte actora lo tiene dado que se trata de una persona que manifiesta que prestó sus servicios al demandado en diversos periodos y busca su reconocimiento.

Lo anterior, en el entendido de que la legitimación e interés jurídico se revisan como una cuestión de carácter formal.

11 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 1, año mil novecientos noventa y siete, página 33.

4.2.  De la contestación

4.2.1.  Forma. La contestación fue recibida por escrito, en que se hace referencia a los hechos y agravios de la demanda, objeciones a las pruebas de la parte actora, se oponen excepciones y defensas, aunado a que ofrece y anexa pruebas.

4.2.2.  Oportunidad. El escrito fue presentado en el plazo de diez días hábiles, previsto en el artículo 100 de la Ley de Medios, pues si el INE fue notificado de la admisión de la demanda el veinte de enero de dos mil veinticinco, el plazo transcurrió del veintiuno de enero al cuatro de febrero de este año12, y la contestación fue presentada el último día para ello, siendo evidente su oportunidad.

4.2.3.  Legitimación y representación. En cuanto a la capacidad procesal del demandado está satisfecha pues acude por conducto de una persona apoderada a quien se le reconoció su calidad en el acuerdo de siete de febrero de dos mil veinticinco.

QUINTA. Acciones y excepciones

5.1.  Acciones y pretensiones de la parte actora

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de una relación laboral entre ella y el INE, en un periodo específico, por su cargo -actualmente- como líder de

12 Sin contar los días veinticinco, veintiséis de enero, así como primero, dos y tres de febrero de dos mil veinticinco, por tratarse de días inhábiles conforme al artículo

94.3 de la Ley de Medios, al ser un asunto que no está relacionado con algún proceso electoral en curso, en términos de la jurisprudencia 1/2009-SRII de rubro PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE  TODOS LOS DÍAS Y  HORAS COMO HÁBILES

(consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, número 4, dos mil nueve, páginas 23 a 25).

proyecto siendo readscrita a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y se condene al demandado a:

[a]     el reconocimiento de la relación laboral -por tiempo indeterminado- desde el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo de dos mil;

[b]     el pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE correspondiente al periodo del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo de dos mil, y

[c]     la entrega de una constancia laboral, correspondiente al tiempo laborado de manera ininterrumpida, a partir del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

5.2.  Excepciones y defensas del demandado

El demandado hizo valer en la contestación, las siguientes excepciones y defensas13:

[a]     falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo de dos mil, al tratarse de un vínculo de naturaleza civil;

[b]     son improcedentes las prestaciones relativas a la inscripción retroactiva y el pago de cuotas al ISSSTE y FOVISSSTE;

[c]     se niega acción y derecho para reclamar el seguro de retiro y cesantía ininterrumpida, al sostenerse que la relación entre las partes tuvo una naturaleza civil, y

[d]     no existe fundamento válido para ordenar la expedición de

Constancia de Servicios.

13 En el entendido que la excepción de prescripción que hizo valer el demandado fue analizada previamente.

En similares términos lo resolvió esta Sala Regional al resolver el SCM-JLI-62/2024.

No es posible analizar las excepciones de manera previa al estudio de la controversia, pues de la argumentación planteada se advierte que están íntimamente relacionadas con el fondo de ésta; es decir, con el tipo de relación que unió a las partes y el derecho o no a las prestaciones reclamadas; por tanto, su estudio se efectuará en el apartado correspondiente al análisis de fondo del asunto, ya que constituye la base de la materia de impugnación en el presente juicio.

SEXTA. Pruebas admitidas y desahogadas

6.1.  De la parte actora

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció la parte actora, las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

1.  Instrumental pública de actuaciones.

2.  Presuncional en su aspecto humano.

3.  Las documentales siguientes:

i)    Original de la denominada “constancia de servicios” de fecha cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, signada por el Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral, a nombre de la parte actora;

ii)  Impresión del denominado “Expediente electrónico único SINAVID” de la Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a nombre de la parte actora; con fecha de emisión veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

iii)  Impresión del “Directorio de Personal” correspondiente al portal electrónico del Instituto Nacional Electoral, en el que se consigna el nombre de la parte actora.

6.2.  Del demandado

En la audiencia de ley se admitieron las siguientes pruebas que ofreció el demandado (contenidas en una memoria USB14 anexa a la contestación de demanda), las cuales fueron desahogadas en su oportunidad:

i)  Archivo denominado “EXPEDIENTE CERTIFICADO MARÍA ISABEL SAIZ RAMÍREZ.pdf”, constante de doscientas tres hojas, con la documentación siguiente:

     Evaluaciones del desempeño y anexos;

     Consentimientos para ser asegurada;

     Constancias de cursos y reconocimientos a nombre de la parte actora;

     Avisos de modificación de sueldos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (y personas trabajadoras) del Estado;

     Constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados, etcétera;

     Tres Constancias de servicios a nombre de la parte actora;

     Diversos Formato único de movimientos y/o Constancia de nombramiento;

     Documento de actualización de datos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (y personas trabajadoras) del Estado;

14 USB que por sus siglas en inglés significa universal serial bus, que se refiere a un dispositivo periférico que usualmente se utiliza para el almacenamiento de datos.

     Documento de elección, formato para ejercer el derecho de optar por el régimen del artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE o por el Bono de Pensión;

     Dos Curriculum vitae (hoja de vida) de la parte actora;

     Carta renuncia signada por la parte actora en virtud de su incorporación a otro puesto dentro del Instituto Federal Electoral;

     Constancia de registro de la parte actora en el Registro Federal de Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria;

     Licencias médicas otorgadas a la parte actora;

     Diversos censos realizados por Recursos Humanos a la parte actora;

     Acta de nacimiento de la parte actora;

     Certificado de terminación de estudios de la parte actora (Colegio de Bachilleres);

     Credencial para votar con fotografía a nombre de la parte actora;

     Solicitud de empleo de la parte actora al entonces Instituto Federal Electoral;

     Hoja de registro a nombre de la parte actora en la entonces entonces Junta Local Ejecutiva en el D.F. del Instituto Federal Electoral;

     Diversas cartas de recomendación expedidas a favor de la parte actora, y

     Certificación de la Directora del Secretariado, respecto de la señalada documentación.

ii)    Archivo denominado “SCM-JLI-92-2024 SAIZ RAMIREZ MARIA ISABEL EXPEDIENTE CERTIFICADO 34 FOJAS.pdf”,

constante de treinta y seis hojas, con:

1) La documentación siguiente:

     Acta de nacimiento a nombre de la parte actora;

     Constancia de registro de la parte actora en el Registro Federal de Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria;

     Certificado de terminación de estudios de la parte actora (Colegio de Bachilleres);

     Credencial para votar con fotografía a nombre de la parte actora;

     Un recibo de la Comisión de Aguas del Distrito Federal;

     Copia del denominado “aviso de alta del trabajador” ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a nombre de la parte actora.

     Diversos contratos celebrados entre la parte actora y el Instituto demandado, correspondientes a los periodos siguientes:

     Certificación del Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.

2.  Instrumental pública de actuaciones, y

3.  Presuncional legal y humana.

6.3. Valor de las pruebas

Las pruebas ofrecidas por las partes y que en su oportunidad fueron admitidas y desahogadas, serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, así como a la verdad sabida y buena fe guardada, en términos de lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley del Trabajo.

SÉPTIMA. Determinación de la controversia

La parte actora pretende que esta Sala Regional reconozca la existencia de la relación laboral entre ella y el INE del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo del dos mil), con el cargo -actualmente- de “Líder de Proyecto” con adscripción en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya relación -según afirma- continúa vigente15.

Asimismo, la parte actora demanda el pago de diversas prestaciones.

El INE hace valer que no existió una relación de naturaleza laboral con la parte actora, sino civil y de carácter temporal; por tanto, desde su perspectiva, la parte actora carece de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de una relación laboral, así como de la antigüedad correspondiente.

En ese sentido, la controversia en este juicio se centrará en analizar la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes en el periodo controvertido.

Posteriormente, se estudiará si es procedente el pago de las

15 Cuestión en la que coinciden las partes, como puede verse en la demanda (página 10) y la contestación (página 31).

prestaciones reclamadas por la parte actora en tanto que la determinación de la antigüedad y del tipo de relación que existe entre las partes puede incidir en su procedencia, por lo que es necesario resolver ese punto de la controversia en primer lugar.

OCTAVA. Análisis de fondo

8.1.  Naturaleza de la relación jurídica entre las partes

En principio, es preciso señalar que el criterio que ha adoptado esta Sala Regional en relación con el reconocimiento de la antigüedad de la relación laboral y prestaciones inherentes a la misma se ajusta a la dinámica trazada por la Sala Superior16 para este tipo de controversias.

Al respecto, la Sala Superior ha reconocido que la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, en virtud de que se actualiza con cada día que transcurre y está vinculada con el derecho humano a la seguridad social previsto constitucionalmente17.

Así, ha considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a la determinación y reconocimiento de su antigüedad, en términos de la fracción VIII, base B, del artículo 123 de la Constitución y, específicamente el personal del INE, en el otorgamiento de diversas prestaciones.

De igual manera, se destaca que la única excepción reconocida por la Sala Superior a lo anterior18 es que, tras la determinación de la antigüedad, aplica el plazo de un año para controvertir el

16 SUP-JLI-18/2022.

17 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-17/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-08/2021 y SUP-JLI-10/2021.

18 Entre otros, al resolver los juicios SUP-JLI-19/2020, SUP-JLI-25/2020, SUP-JLI-3/2021,  SUP-JLI-4/2021,  SUP-JLI-5/2021,  SUP-JLI-8/2021, SUP-JLI-10/2021 y SUP-JLI-19/2021.

acto respectivo19.

En mérito de lo anterior, es pertinente precisar que el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras del INE, derivados de su antigüedad, atiende a las circunstancias y parámetros concretos en que se ubiquen, lo que permite dilucidar las prestaciones que legalmente les corresponden en aras de proteger sus derechos fundamentales.

Dado que la parte actora solicita que sea reconocida la relación laboral que -afirma- ha sostenido con el INE del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo de dos mil, corresponde al demandado demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo es de naturaleza civil. Lo que tiene sustento en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO20.

El artículo 20 de la Ley del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge -con independencia del acto que le dé origen- de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

19 Criterio que también sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte 2a./J. 30/2001 de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL EN LA EMPRESA. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A INCONFORMARSE CON AQUELLA QUE DETERMINE EL PATRÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 158 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO PUEDE PRESCRIBIR SI EL RECONOCIMIENTO RELATIVO PROVIENE DE LA COMISIÓN MIXTA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO

(consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de dos mil uno, página 192).

20 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y nueve, página 480.

1.       La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

2.       La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea y tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

3.       El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte21 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación como laboral o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es claro que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el INE se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, esta Sala Regional de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas, analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral:

8.1.1.  Prestación de un trabajo personal

La Sala Regional concluye que la relación entre la parte actora y

21 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro  SUBORDINACIÓN.  ELEMENTO  ESENCIAL  DE LA RELACIÓN  DE

TRABAJO (consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 187-192, Quinta Parte, página 185). Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA

(consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de mil novecientos noventa y cinco, página 289).

el INE implicaba la prestación de un trabajo personal por parte de la primera.

Esto a partir de las documentales ofrecidas y admitidas en este juicio que, al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, así como la falta de pruebas que pudieran desacreditar su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

En la demanda la parte actora señala que prestó sus servicios al INE del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo del dos mil; mientras que el demandado reconoce la existencia de una relación contractual a partir del dieciséis de marzo del dos mil.

Con independencia de la fecha de inicio de la relación jurídica, el demandado reconoce que la parte actora se desempeñó como “Auxiliar de servicios Electorales”, “Especialista Técnico” y “Responsable de verificación B”.

Conforme a los documentos presentados por el INE, se advierten los siguientes cargos:

22 Página 83 del anexo -USB- agregado a la contestación de la demanda; en el archivo denominado “EXPEDIENTE CERTIFICADO MARÍA ISABEL SAIZ RAMÍREZ.pdf”.

Por su parte, también se advierte que el INE aportó los documentos siguientes:

De los documentos enviados por el INE únicamente se advierte la descripción de las siguientes actividades para las que se

23 Página 177 del anexo -USB- agregado a la contestación de la demanda; en el archivo denominado “EXPEDIENTE CERTIFICADO MARÍA ISABEL SAIZ RAMÍREZ.pdf”.

24 Página 179 del anexo -USB- agregado a la contestación de la demanda; en el archivo denominado “EXPEDIENTE CERTIFICADO MARÍA ISABEL SAIZ RAMÍREZ

pdf”.

25 Página 181 del anexo -USB- agregado a la contestación de la demanda; en el archivo denominado “EXPEDIENTE CERTIFICADO MARÍA ISABEL SAIZ RAMÍREZ.pdf”.

contrató a la parte actora:

En concordancia con esto, en su contestación, el INE reconoce que la parte actora tuvo los referidos cargos en los periodos indicados26.

Los documentos ofrecidos por el INE al constar digitalizados con la certificación al respecto constituyen pruebas técnicas que -al no estar controvertida la existencia de su original ni existir alguna prueba en contra- generan convicción sobre los hechos que contienen27.

De esos documentos se advierte que la parte actora se obligó a prestar “sus servicios” en favor del demandado en las funciones descritas.

Como puede verse, la descripción de las funciones para las que se contrató a la parte actora coincide con lo manifestado en su demanda y demuestra el desempeño de funciones que implicaban realizar actos materiales, concretos y objetivos en favor del demandado; lo cual, incluso, no es un hecho controvertido, pues lo controvertido es la naturaleza de dicha

26 Página 14 de la contestación de demanda.

27 De conformidad con los artículos 14.1.c, 14.6, 16.1 y 16.3 de la Ley de Medios.

relación.

8.1.2.  Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que ha trabajado para el demandado siempre lo ha hecho de forma subordinada, con las herramientas e implementos de trabajo que este le ha proporcionado, bajo sus órdenes y supervisión.

El demandado manifiesta que la parte actora “…durante el periodo controvertido la actora realizaba sus funciones de manera independiente, por lo que no existió dirección o subordinación alguna…”28.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba, esta Sala Regional concluye que las actividades que describen no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del INE (entonces IFE) e, incluso, solamente podían ser realizadas en un espacio físico determinado por dicho instituto.

En el caso, el IFE tenía entre sus atribuciones organizar las elecciones además de las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas de personas electoras, como lo establece el artículo 41, base V, apartado B, inciso a) párrafo 3 de la Constitución. En ese sentido, el artículo 69.1.c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -aplicable en el momento de las constancias de nombramiento y en que se celebraron los contratos entre las partes-29 establecía como uno de los fines del INE el de integrar el Registro Federal de Electores (y Personas Electoras), atribución que también está contemplada

28 Página 22 de la contestación de demanda.

29 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de mil novecientos noventa, así como sus reformas y adiciones correspondientes.

para el INE en el artículo 30.1.c) de la Ley Electoral.

La Dirección Ejecutiva de dicho registro tenía -y continúa teniendo de acuerdo a la Ley Electoral30- entre sus atribuciones, la de formar el padrón electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral; en términos del artículo 92.1 incisos d), e) y j) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -aplicable en el momento de las constancias de nombramiento y en que se celebraron los contratos entre las partes-.

Es importante mencionar que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el INE por conducto de su Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (y Personas Electoras), así como de sus vocalías en las juntas locales y distritales31.

En el caso, las funciones que fueron encomendadas a la parte actora, y que constan en los contratos analizados se vinculan de manera directa con las actividades relacionadas con la actualización de productos electorales entre los que se encuentra la expedición de la credencial para votar.

En ese sentido, la Sala Regional considera que no era posible que la parte actora realizara de manera independiente sus labores ni con sus propios elementos.

Así, no se actualiza en el caso una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que

30 Artículo 54.1 [b), c) y h)] de la Ley Electoral.

31 De acuerdo con los artículos 100.1.b) y 111.1.d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales -aplicable en el momento de las constancias de nombramiento y en que se celebraron los contratos entre las partes-, así como actualmente en los artículos 126.2 y 138.2 de la Ley Electoral.

dichos servicios son realizados con medios propios de quien los presta.

Cabe señalar que en algunas de los contratos se establece que la parte actora se obliga a prestar sus servicios en la Junta Local del Distrito Federal del Instituto Federal Electoral; además, de que se obliga a prestar en forma eficiente los servicios materia de este contrato en el lugar que le sea asignado por el Instituto, y pudiendo ser asignado a otra área del Instituto, dependiendo de las necesidades.

Así, de la valoración de las pruebas, esta Sala Regional tiene por probado que, en los hechos, la parte actora estaba sujeta a las instrucciones y órdenes del personal del demandado y que recibió instrucciones directas e indirectas sobre la prestación de sus servicios en los diversos cargos que ejerció.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades que desempeñó la parte actora no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente, sino que debían ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del INE (entonces IFE), quien tenía la atribución de supervisarlas, corregirlas y de considerarlas incumplidas, terminar el vínculo; también podía establecer el lugar donde deberían ser desarrolladas, cuestiones que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Asimismo, dadas las funciones que la parte actora ha desempeñado a favor del demandado puede desprenderse que no presta el servicio con recursos propios, sino que lo realiza con los medios que le fueron proporcionados por el demandado a fin de cumplir las funciones y atribuciones constitucionales y legales

de este, bajo las órdenes y supervisión del órgano al que estaba adscrito.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que estos son realizados con medios propios de quien los realiza; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el INE.

Por tanto, se advierte que entre las partes existió una relación laboral, lo que se evidencia pues las actividades convenidas que la denominada “prestador del servicio” -la parte actora- debería realizar no podía llevar a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al del INE, y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre, sino que las hizo bajo la supervisión del funcionariado del demandado.

Incluso en las cláusulas QUINTA de los primeros contratos analizados, se indica que la parte actora, como persona prestadora de servicios, se obligó a entregarle al demandado informes de las actividades realizadas.

La entrega de reportes para justificar el desempeño de las funciones para las que fue contratada la parte actora implicaba una interacción con otras personas que prestaban sus servicios también para el demandado en las diversas áreas de adscripción, lo que permite inferir32 que no podía realizar sus actividades en un tiempo autoadministrado ni en un horario libre ni con recursos y elementos propios.

De ahí que la sola denominación de los contratos y las constancias que exhibió el INE son insuficientes para acreditar una relación distinta a la laboral, pues de los mismos se advierte

32 A partir de la valoración de las copias certificadas de los contratos, en términos del artículo 16.2 de la Ley de Medios.

que las actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del INE (entonces IFE) y con equipo, espacios y horarios proporcionados por el mismo.

Sirve de sustento la razón esencial de la jurisprudencia I.1o.T. J/52 de rubro CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR

UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA33 que señala que para determinar que una relación es civil es necesario acreditar que la persona prestadora del servicio es profesionista, que lo preste con sus propios medios y que se determine expresamente que tiene libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional; situación que no ocurrió en este caso.

Por lo anterior, en concepto de esta Sala Regional de las documentales analizadas se advierte que, en el caso, se reúnen los elementos de una relación laboral consistentes en el personal y la subordinación, ya que sus actividades se efectuaron con medios proporcionados por el INE que no eran propiedad de la parte actora y bajo su dirección, al no poder desarrollarse al libre albedrío o voluntad de la parte actora dado que le eran asignadas y supervisadas por personal del INE (entonces IFE), para realizarse atendiendo a los horarios de prestación de servicios y atención a la ciudadanía del demandado, por lo que también debían ser realizados en un espacio físico determinado por el referido instituto.

33 Jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito que resulta orientadora par esta sala y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, junio de dos mil seis, Tomo XXIII, página 1017.

8.1.3.  Pago de un salario

Se actualiza también el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

Lo anterior, porque de los documentos presentados por el demandado y las manifestaciones de las partes, valoradas en conjunto34, se advierte la entrega de una cantidad de dinero a cambio de las labores de la parte actora.

En efecto, de los contratos se advierte que la parte actora aceptó del demandado la retención del impuesto sobre la renta, mientras que éste se obligó a pagar a la parte actora por la prestación de sus servicios, un salario o sueldo.

Ahora bien, en el caso si bien es cierto no obran en el expediente los recibos de pago correspondientes, también lo es que la parte actora sostiene que no lo fueron entregados; sin embargo, la Suprema Corte ha reconocido que corresponde a la parte patronal conservar la documentación relativa a la relación laboral35, por lo que al no haberse exhibido se presume su existencia.

Además, no obsta que el INE denomine “honorarios” al pago que proporcionaba a la parte actora por la prestación de su servicio, pues ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales que la denominación de honorarios no determina por sí misma que la relación jurídica entre las partes contratantes sea de naturaleza civil, porque –como se señaló– esta debe definirse sobre la base

34 De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, según cada caso.

35 Conforme a la razón esencial de la jurisprudencia de rubro: RELACION LABORAL, LA PRESUNCION DE SU EXISTENCIA SE ACTUALIZA SI CONFORME A LA PRUEBA DE INSPECCION, EL PATRON NO EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORME A LA LEY ESTA OBLIGADO A CONSERVAR,

consultable en: Apéndice 1917—septiembre dos mil once. Tomo VI. Laboral Primera Parte— Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección, página 1105.

de los conceptos de subordinación, temporalidad, y dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito de rubros CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA36 y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA37.

De esta forma se tiene por acreditado el tercer elemento relativo al pago de un salario a favor de la parte actora.

En tal sentido, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, toda vez que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del INE, que no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual.

Así, está acreditado que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral, por lo que es infundada la excepción de falta de acción y derecho para reclamar el reconocimiento de la relación laboral.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro RELACIÓN LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA38.

36 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de dos mil siete, Tomo XXV, página 1396.

37 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006 (dos mil seis), página 1017.

38 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página: 379.

8.2.  Temporalidad y continuidad de la relación laboral

Esta Sala Regional ha sostenido que, de conformidad con los artículos 784 fracciones I, II y VII y 804-I de la Ley del Trabajo, en caso de controversia el demandado tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones respecto al ingreso de la parte trabajadora, de la antigüedad o discontinuidad en la relación que le unió con la parte actora, y los contratos de trabajo, debido a que tiene la obligación de conservar los documentos relativos a esos hechos. En caso de no exhibirlos en el juicio, establece la presunción de que es cierto lo que afirma la parte trabajadora al respecto39.

Resulta aplicable la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VII.2o.T. J/41 (10a.) de rubro ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN40.

En este apartado debe establecerse: la fecha de inicio de la relación laboral; y, si existió, o no, continuidad en la contratación.

En este juicio no existe controversia sobre el inicio de la relación, ya que la parte actora reclama el reconocimiento desde el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete, mientras que el demandado se limita a sostener que esa relación fue de tipo civil; lo que ya ha quedado desvirtuado.

Por lo anterior, no existe discrepancia en la fecha en que comenzó la relación laboral entre las partes; por lo que se

39 Según los artículos 784 fracciones I y II, 804 fracciones I, II y V, y 805 de la Ley del Trabajo.

40 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de dos mil diecinueve, Tomo II, página 2270.

concluye que la relación laboral entre las partes inició el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Ahora bien, respecto a la continuidad de la relación laboral, se tiene que, en el presente caso, existe una continuidad de la relación laboral entre las partes -del periodo que controvertido abarca del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y siete al quince de marzo del dos mil- porque, a pesar de que se trató de contratos temporales, lo cierto es que no puede considerarse que entre las partes existió una serie de vínculos temporales, porque las actividades pactadas en ellos están inscritas en las atribuciones permanentes del INE, como ya fue explicado.

En ese sentido, los contratos suscritos con una vigencia determinada no son suficientes para demostrar que existieron una serie de relaciones sucesivas temporales dado que, de acuerdo con el artículo 37-I de la Ley Federal del Trabajo y su interpretación en la tesis XIX.3o.2 L de rubro: CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, HIPÓTESIS EN LOS QUE LOS CONTRATOS SUCESIVOS POR TIEMPO DETERMINADO SON CONTRARIOS A LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y ADQUIEREN EL CARÁCTER DE41, los contratos