JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SCM-JRC-169/2018 Y ACUMULADOS[1]

PARTE ACTORA:

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRAS PERSONAS

PARTE TERCERA INTERESADA:

MORENA Y OTRAS PERSONAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIOS:

MIGUEL BARBA MEDINA Y DANIEL ÁVILA SANTANA[2]

Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciocho.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, en sesión pública revoca la sentencia que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió en el juicio TECDMX/JEL/214/2018 y acumulados, que a su vez confirmó el acuerdo IECM/ACU-CG-300/2018 del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, relacionado con la asignación de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de representación proporcional, así como la entrega de las constancias respectivas, con base en lo siguiente:

G L O S A R I O

A N T E C E D E N T E S

I. Jornada Electoral. El (1º) primero de julio de (2018) dos mil dieciocho[3], se llevó a cabo la jornada para elegir entre otras, a las personas integrantes del Congreso Ciudad de México.

II. Cómputo de la elección de Diputaciones de RP. El (7) siete de julio, el IECM emitió el Acuerdo 300, en el cual realizó el cómputo total de la elección de Diputaciones de RP, declaró la validez y calificación de dicha elección y entregó las constancias de asignación correspondientes.

III. Controversia Local

1. Juicios Electorales y de la Ciudadanía. El Acuerdo 300 fue impugnado por diversas personas candidatas y los partidos políticos PVEM, PH, PAN, PRI, PES, MC, MORENA, PRD y PT.

2. Sentencia Impugnada. El (14) catorce de agosto, el Tribunal Local, emitió la Sentencia Impugnada en la que entre otras cosas modificó el cómputo total de la elección impugnada; modificó el ejercicio de la fórmula de asignación de Diputaciones de RP; y confirmó las asignaciones y la entrega de constancias respectivas.

IV. Juicios de Revisión y de la Ciudadanía

1. Demandas. Los días (14) catorce, (15) quince y (16) dieciséis de agosto, la sentencia emitida por el Tribunal Local fue impugnada a través de diversos Juicios de Revisión y de la Ciudadanía.

2. Recepciones y turnos. Presentados los medios de impugnación y recibidas las constancias en esta Sala Regional, los días (19) diecinueve, (21) veintiuno y (22) veintidós de agosto, se integraron los expedientes SCM-JRC-169/2018,
SCM-JRC-170/2018, SCM-JRC-171/2018, SCM-JRC-172/2018, SCM-JRC-178/2018, SCM-JRC-179/2018, SCM-JRC-180/2018, SCM-JRC-181/2018, SCM-JRC-182/2018, SCM-JDC-1042/2018 SCM-JDC-1043/2018, SCM-JDC-1044/2018, SCM-JDC-1045/2018, SCM-JDC-1046/2018, SCM-JDC-1047/2018, SCM-JDC-1048/2018, SCM-JDC-1050/2018, SCM-JDC-1051/2018, SCM-JDC-1052/2018, SCM-JDC-1053/2018, SCM-JDC-1054/2018 mismos que fueron turnados a la ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas quien los tuvo por recibidos los días (20) veinte, (22) veintidós y (23) veintitrés de agosto.

3. Solicitud de Facultad de Atracción. El (22) veintidós de agosto, la Sala Regional envió a la Sala Superior la solicitud de facultad de atracción planteada por la actora en el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1052/2018; misma que fue resuelta el (30) treinta de agosto en sentido de que este órgano jurisdiccional era competente para conocer la controversia planteada.

4. Admisiones. En su oportunidad la Magistrada admitió los juicios de la ciudadanía y de revisión.

5. Propuesta de desechamiento del Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1042/2018. El 6 (seis) de septiembre, la Magistrada propuso desechar el Juicio de la Ciudadanía
SCM-JDC-1042/2018 por falta de interés jurídico ya que Santiago Torreblanca Engell no impugnó el Acuerdo 300 ante el Tribunal Local; proyecto que fue rechazado por la mayoría quienes resolvieron que dicha persona sí tenía interés jurídico y legitimación para impugnar la Sentencia Impugnada por lo que debían estudiarse el resto de los requisitos de procedencia y de ser el caso, admitirse y analizar la posibilidad resolverlo de manera conjunta con el resto de impugnaciones relacionadas. Al haber quedado vinculada la Magistrada Instructora por la decisión del Pleno, admitió dicho juicio.

6. Cierre. En su oportunidad, al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar en los medios de impugnación en que se actúa, cerró la instrucción.

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N TO S

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, toda vez que fueron promovidos por partidos políticos y diversas personas que se ostentan como candidatas y candidatos a una diputación en el Congreso de la Ciudad de México, quienes controvierten la Sentencia Impugnada; hipótesis que actualiza la competencia de esta Sala Regional y entidad federativa en la que ejerce jurisdicción, con fundamento en:

   Constitución Federal. Artículos 41 párrafo segundo Base VI, y 99 párrafo cuarto fracciones IV y V.

   Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 186 fracción III incisos b) y c), y 195 fracciones III y IV inciso b).

   Ley de Medios. Artículos 79 párrafo 1, 80 párrafo 1 inciso f), 83 párrafo 1 inciso b), 86 párrafo 1 y 87 párrafo 1 inciso b).

   Acuerdo INE/CG329/2017, aprobado por el Consejo General del INE que establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una de ellas.

SEGUNDA. Acumulación

Del análisis de las demandas en estudio, esta Sala Regional advierte que existe conexidad en la causa, pues todas controvierten la Sentencia Impugnada, señalan a la misma autoridad responsable -Tribunal Local- y pretenden la revocación de dicha resolución.

En esas condiciones, con la finalidad de evitar la emisión de sentencias contradictorias y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, lo conducente es acumular los expedientes:

al diverso SCM-JRC-169/2018, por ser el más antiguo.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios; y 79 y 80 párrafo tercero del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados.

TERCERA. Parte Tercera Interesada

De conformidad con lo previsto en los artículos 17, párrafo 4 y 91 de la citada Ley de medios, se tiene a las personas y partidos políticos compareciendo como parte tercera interesada a los presentes juicios, haciendo valer un derecho incompatible con la pretensión de las actoras y actores.

Asimismo, sus escritos de comparecencia cumplen con los requisitos atinentes, en virtud de que se identifica su nombre contiene su firma autógrafa o la de su representación, señalaron domicilio y autorizados para recibir notificaciones, así también se precisaron las razones de su interés jurídico.

Los escritos fueron presentados dentro del plazo de setenta y dos horas establecido en el artículo 17 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, de acuerdo a las certificaciones del plazo de publicitación de los medios de impugnación remitidas por el Tribunal Local, como se señala a continuación.

Por lo que hace a los juicios SCM-JDC-1046/2018,
SCM-JDC-1047/2018, SCM-JDC-1048/2018, SCM-JRC-170/2018, SCM-JRC-180/2018 según las certificaciones remitidas por la responsable, no se presentó escrito de parte tercera interesada en el plazo indicado.

Con relación al juicio de revisión SCM-JRC-169/2018, no es procedente reconocer la calidad de tercero interesado a MORENA, al haber comparecido fuera del plazo establecido para tal efecto.

Al respecto se precisa que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, se establece la obligación de la autoridad u órgano responsable de dar publicitación al medio de impugnación recibido durante un plazo de setenta y dos horas, contadas desde su recepción.

Por su parte, el párrafo 4 del citado artículo establece que es dentro de ese plazo cuando las personas terceras interesadas pueden comparecer mediante escritos con los requisitos que ahí se expresan; disposición que igualmente menciona el artículo 91 de la Ley de Medios, la cual regula el Juicio de Revisión en análisis.

En el caso, como se desprende de la razón de publicación de la demanda que originó el juicio SCM-JRC-169/2018, el plazo concedido para tal efecto corrió de las (17:20) diecisiete horas con veinte minutos del (18) dieciocho de agosto a las (17:20) diecisiete horas con veinte minutos del (21) veintiuno siguiente.

Por tanto, si el escrito presentado por MORENA se recibió en la Oficialía de Partes de la responsable a las (19:50) diecinueve horas con cincuenta minutos del (21) veintiuno de agosto, y el límite para su presentación fue a las (17:20) diecisiete horas con veinte minutos de ese día, es innegable que su presentación fue extemporánea y por tanto, no es procedente reconocerle tal carácter.

Lo anterior se ve reforzado del contenido del oficio y su certificación anexa, en los que el Magistrado Presidente del Tribunal Local informó que, respecto del plazo otorgado para la comparecencia de tercero interesado, se recibió escrito fuera del tiempo previsto para tal efecto.

Constancias que al tratarse de documentales públicas tienen pleno valor probatorio, atento a lo dispuesto por los artículos 14 párrafos 1 inciso a) y 4 incisos b), c) y d) y 16 párrafo 2 de la Ley de Medios, por ser documentos expedidos por quien tiene facultades para ello y sin que exista prueba en contrario de su contenido.

CUARTA. Causales de Improcedencia

4.1. Violación determinante. Respecto de los juicios
SCM-JDC-1050/2018, SCM-JDC-1051/2018, SCM-JDC-1052/2018 y SCM-JRC-178/2018 la parte tercera interesada señala son improcedentes porque la violación reclamada no es determinante para desarrollo del proceso electoral, en virtud de que no afecta el resultado de las elecciones y en tal sentido no hay determinancia que pueda afectar el resultado de las y los candidatos electos por el principio de RP.

La causal de improcedencia es improcedente debido a que la revocación de la Sentencia Impugnada puede ser determinante para establecer quiénes integrarán el próximo Congreso; pues puede implicar una modificación de la asignación de curules derivado de los agravios expuestos, de ahí que la decisión que en esta resolución se emita, incidiría en dicha definición, de ahí que se estime que la violación alegada cumple con el requisito[4] de determinada exigida para los Juicios de Revisión.

No pasa desapercibido para esta Sala Regional que si bien, el requisito especial de determinancia solo es exigido en los Juicios de Revisión, los argumentos hechos valer en los Juicios de la Ciudadanía se encuentran vinculados directamente con el fondo de la controversia, por tanto, su estudio se reserva para ser estudiados como fondo del presente juicio.

2. Solicita exclusivamente la inaplicación de una norma electoral. La Parte Tercera Interesada en el juicio
SCM-JDC-1054/2018 y SCM-JRC-182/2018 considera que son improcedentes en términos del artículo 10 párrafo 1 inciso f) porque únicamente solicitan la inaplicación de una porción normativa.

A consideración de la Sala Regional, la causal de improcedencia es infundada en razón de que la Parte Tercera Interesada parte de la premisa falsa de que la parte actora en dicho juicio solicita exclusivamente la inaplicación de diverso artículo del Código Local, sin embargo, de la lectura integral de la demanda se advierte que controvierte la Sentencia Impugnada pues considera que hace nugatorio su derecho de acceso a la debida administración de justicia ya que con el argumento de que se trata de cosa juzgada no estudia el fondo del asunto, por lo que solicita la inaplicación del 27 fracción VI inciso i de dicho código.

Por tanto, es dable concluir que contrario a lo señalado por la Parte Tercera Interesada, en la demanda no se solicita de manera exclusiva una inaplicación de la norma, sino que tal solicitud la hace depender del estudio que se realice de la Sentencia como acto impugnado.

Por tanto, los argumentos hechos valer para el estudio de inaplicación propuesto está vinculado directamente con el fondo de la controversia, por lo tanto, la solicitud respectiva debe ser estudiada en el fondo de la presente resolución. Esta determinación tiene sustento, por analogía, en el criterio orientador contenido en la jurisprudencia P./J.135/2001 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE[5].

QUINTA. Requisitos de Procedencia

Los medios de impugnación reúnen los requisitos previstos en los artículos 8 párrafo 1, 9 párrafo 1, 13 párrafo 1 inciso a) fracción I, 79 párrafo 1, 80 párrafo 1, 86 párrafo 1 y 88 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente:

A. Generales: Comunes a los Juicios de Revisión y de la Ciudadanía

a) Forma. Este requisito está cumplido porque la parte actora presentó sus demandas por escrito haciendo constar sus nombres -y en el caso de los partidos políticos, la firma de sus representantes-, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas para dichos efectos, identificaron a la responsable, señalaron la Sentencia Impugnada y expusieron los hechos y agravios correspondientes.

b) Oportunidad. Las demandas fueron interpuestas dentro del plazo de 4 (cuatro) días que refiere el artículo 8 de la Ley de Medios, tal como se desprende de la tabla inserta:

Aunado a lo anterior, por lo que hace al Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1052/2018, este requisito debe tenerse por cumplido debido a que quien lo promueve combate tanto la Sentencia Impugnada como la omisión de investigar, deslindar responsabilidades y juzgar los efectos de la creación “del fideicomiso constituido por MORENA para apoyar a las personas damnificadas por el sismo del (19) diecinueve de septiembre del (2017) dos mil diecisiete”.

En ese sentido, para la Sala Regional es oportuna la demanda por lo que hace a la impugnación de las omisiones, ya que el plazo para presentarla se renueva de momento a momento mientras éstas persistan[6]. Por otro lado, también está satisfecho este requisito en cuanto a la Sentencia Impugnada dado que se le notificó el (16) dieciséis de agosto[7], así que el plazo de (4) cuatro días para presentar la demanda transcurrió del (17) diecisiete al (20) veinte de agosto y justo en esta fecha presentó la demanda.

Atento a lo anterior, es posible concluir que las demandas fueron presentadas de manera oportuna.

c) Legitimación y personería. Los juicios son promovidos por parte legítima, pues quienes actúan son por una parte varias ciudadanas y ciudadanos que combaten la Sentencia Impugnada, y por otra los partidos políticos que cuentan con legitimación para promover el presente medio de impugnación.

Por su parte, quienes suscriben las demandas en nombre de los partidos, son sus representantes con personería suficiente para comparecer en su nombre, de acuerdo con el artículo 13 párrafo 1 fracción III y 88 párrafo primero inciso b) de la Ley de Medios, pues fueron quienes acudieron en representación de dichos institutos a promover los juicios en la instancia local y además el Tribunal Local les reconoce tal carácter en su informe circunstanciado.

d) Interés Jurídico. Las y los ciudadanos y los partidos cumplen el requisito porque comparecen ante esta Sala Regional con el objeto de que se revoque la Sentencia Impugnada, por considerar, en el primero de los casos, que cuentan con derecho de acceder a una diputación, y en el caso de los partidos, por considerar que cuentan con un mayor derecho a las asignaciones de Diputaciones de RP.

e) Definitividad y firmeza. El requisito previsto en el artículo 99 párrafo cuarto fracción IV de la Constitución Federal y el artículo 86 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios está cumplido ya que la Sentencia Impugnada es definitiva y firme al no existir algún medio de defensa susceptible de agotarse antes de acudir ante esta instancia jurisdiccional federal, de conformidad con la Ley de Medios Local.

Asimismo, por cuanto hace a la definitividad en el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1052/2018, podría estimarse que este requisito no está agotado por cuanto hace a la omisión atribuida al IECM, la cual, aduce Rosa Nelly de la Vega Urrutia, viola su derecho a ser votada.

Esto es así pues la Ley Procesal Local prevé el Juicio de la Ciudadanía para lograr la reparación de este tipo de trasgresiones[8], sin embargo, la Sala Regional considera que no procede escindir esta parte de la demanda para que sea resuelta por el Tribunal Local debido a la correlación que guarda con las omisiones que la misma actora imputa a la responsable y al Consejo General del INE y al dividir la causa se correría el riesgo de producir resoluciones contradictorias o incluso hacer irreparable la violación alegada, de resultar procedente[9].

Ahora bien, este requisito está satisfecho respecto a la omisión atribuida al Tribunal Local y la Sentencia Impugnada, al ser el órgano especializado en materia electoral lo que lo convierte en la máxima autoridad en la materia en la Ciudad de México, de acuerdo con la Constitución Federal[10], Constitución Local[11], Ley Procesal Electoral[12] y Código Local[13], por lo que no existe un medio de impugnación local susceptible de controlar sus actos u omisiones.

El requisito sobre la supuesta omisión del Consejo General del INE está cubierto pues los actos y omisiones de dicho órgano no pueden ser revisados por el Tribunal Local.

Debe resaltarse que la Sala Superior, al resolver el expediente
SUP-JDC-451/2018 resolvió que la competencia para resolver la demanda formada con la demanda SCM-JDC-1052/2018 correspondía a esta Sala Regional.

B. Especiales: de los Juicios de Revisión

a) Violaciones Constitucionales. En relación con este presupuesto, los partidos plantean una vulneración de diversos artículos de la Constitución Federal, por lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito especial de procedencia establecido en el artículo 86 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, ya que debe entenderse como requisito de procedencia y no como un análisis propiamente de los agravios, lo que supondrían entrar al fondo de la cuestión planteada[14].

b) Violación Determinante. El requisito establecido en el artículo 86 párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios está cumplido porque la Sentencia Impugnada puede ser determinante para establecer quiénes integrarán el próximo Congreso; de ahí que la decisión de la Sala Regional incidirá en dicha definición, de ahí que se estime cumplido el requisito tal como se ha razonado al desestimar la causal de improcedencia hecha valer por la Parte Tercera Interesada.

c) Reparabilidad. En este caso está satisfecho el requisito previsto en el artículo 86 párrafo 1 incisos d) y e) de la Ley de Medios debido a que la reparación solicitada por los partidos políticos es material y jurídicamente posible dentro de las etapas que comprenden el proceso electoral y antes de la toma de posesión de las Diputaciones de RP[15].

SEXTA. Amigo de la Corte (“Amicus Curiae”)

El (29) veintinueve de agosto, Moisés Antonio Mota Terrón, ostentándose como amigo de la corte, presentó un escrito con el objetivo de demostrar matemáticamente que José Omar Castañeda Zamudio debió estar dentro de los primeros lugares de la lista definitiva del PRD, al tratarse de una persona joven, y con ello cumplir con la acción afirmativa respectiva.

Este Tribunal ha reconocido la posibilidad de que se presenten escritos de “amigos y amigas de la Corte” en materia electoral cuando las controversias jurídicas involucran el respeto, protección y garantía de derechos fundamentales o temas jurídicamente relevantes, siempre que el escrito sea presentado antes de la resolución del asunto, por una persona ajena al proceso y que tenga la finalidad o intención de aumentar el conocimiento en el juicio, mediante razonamientos o información científica y jurídica pertinente para resolver la cuestión planteada, criterio sostenido en la Jurisprudencia 8/2018 de rubro AMICUS CURIAE. ES ADMISIBLE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL[16].

Así, los escritos de amigos y amigas de la Corte surgen como un instrumento para generar una mejor toma de decisión judicial; es un auxilio para allegar legislación o jurisprudencia foránea o nacional, doctrina jurídica o relativa al contexto fáctico que -a juicio de quienes firman tales escritos-, deba atender la autoridad jurisdiccional.

Por otro lado, implican una herramienta de participación pues aunque los argumentos planteados no son vinculantes, permiten que las personas hagan escuchar su opinión -en ocasiones especializada- sobre aspectos de interés y trascendencia en la vida política y jurídica de la nación mexicana, pero sobre todo, en cuestiones que se relacionen con el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales.

En ese sentido, Moisés Antonio Mota Terrón pretende que con tal carácter sea tomado en consideración su escrito, en el cual, en esencia, refiere que la lista definitiva del PRD se encuentra mal integrada porque fue formada de la integración de las listas “A” y “B” en términos del artículo 24 del Código Local y considera que el primero de la lista debería ser José Omar Castañeda Zamudio.

Sin embargo, a juicio de esta Sala Regional no es posible considerar su escrito, pues puede desprenderse que su intención no es aumentar el conocimiento de esta Sala mediante razonamientos o información científica y jurídica pertinente para resolver la cuestión planteada, sino que uno de los actores se vea favorecido por una decisión jurisdiccional.

Es decir, su planteamiento no se encuentra enfocado a defender a los jóvenes en general o a velar por una acción afirmativa joven, sino que, va encaminado a que José Omar Castañeda Zamudio sea incluido en los primeros lugares de la lista definitiva para que le sea asignado un escaño en la integración del Congreso. Esto resulta evidente de lo siguiente:

Al ser evidente que el escrito no tiene como fin presentar de manera objetiva ante esta Sala, conocimientos específicos respecto a la controversia planteada en el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1044/2018 que versa sobre acciones afirmativas juveniles sino que su única finalidad es que se beneficie o resuelva a favor del actor de dicho juicio, esta Sala Regional considera que no es procedente admitir el escrito de presentado supuestamente como amigo de la Corte.

SÉPTIMA. Estudio

Debido a la cantidad de juicios que se resuelven y considerando que cada uno de ellos contiene diversos agravios, se analizarán de manera temática, especificando en cada tema qué juicios están relacionados con la temática. Después, en cada tema se hace una síntesis de los agravios y se contestan, sin que esto perjudique a las y los promoventes pues todos sus agravios serán estudiados en atención al principio de exhaustividad, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2000[17].

Los temas en que se agruparon los agravios son los siguientes y pueden ser consultados en las páginas que a continuación se indica:

Í N D I C E

7.1.  Solicitud de Recuento

 [SCM-JRC-170/2018 y SCM-JRC-178/2018]

A. Síntesis de Agravios

Omisión legislativa del recuento de votos

En esencia, el PES y PH señalan que el Tribunal local no realizó el recuento de votos solicitado, tolerando una omisión del poder legislativo de regular dicha figura.

Lo anterior pues el Tribunal Local razonó en la Sentencia Impugnada que no podía acordar la petición del recuento de votos porque dicha figura no estaba contemplada en la ley, por tanto, era improcedente.

Sustentan su pretensión en la necesidad de acceder a la información cierta y confiable de que los votos depositados en las más de 16,000 (dieciséis mil) casillas en la Ciudad de México no fueron computadas de manera independiente e imparcial.

B. Estudio del Agravio

Para estudiar el agravio planteado por el PES y PH es necesario saber qué contestó el Tribunal Local en la Sentencia Impugnada al respecto.

¿Qué resolvió el Tribunal Local?

El Tribunal Local consideró inoperante el agravio pues señaló que el artículo 116 fracción IV inciso l), de la Constitución Federal, dispone que las leyes de los estados en materia electoral deberán establecer un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad y señala que la legislación local establecerá los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación.

Esto es, la Constitución Federal señala las bases respecto de los recuentos de la votación, dejando a las legislaturas locales la confección del sistema correspondiente y, en ese sentido, la legislación electoral local preveía una serie de supuestos para llevar cabo el recuento de votación.

Realizó un análisis del artículo 27 Apartado D, párrafo 5 de la Constitución Local y concluyó que la autoridad electoral debe realizar el recuento total de los votos emitidos en la jornada electoral siempre que el resultado de la elección arroje una diferencia entre el primero y el segundo lugar igual o inferior al uno por ciento.

Asimismo, realizó el estudio de la Ley Electoral y advirtió que dicha disposición ordena en su artículo 111 que las leyes locales deben regular el sistema de medios de impugnación jurisdiccionales por los cuales deben resolverse las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales.

Señaló que dichos procedimientos jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia.

Por otra parte, consideró que la atribución de ordenar el recuento total de la votación en sede jurisdiccional corresponde al Pleno, según lo contempla el artículo 180 fracción VIII del Código Local.

Aunado a lo anterior, estableció que el párrafo 119 de la Ley Procesal regula los requisitos que deben satisfacerse para el recuento total de la votación los cuales son el que se hubiere impugnado la totalidad de las casillas de la elección respectiva; haya sido solicitado por la parte actora en su demanda; el resultado de la elección en la cual se solicite el recuento total, arroje una diferencia entre el primer y segundo lugar igual o inferior al uno por ciento; la existencia de duda fundada sobre la certeza de los resultados de la elección respectiva; y que la autoridad electoral administrativa hubiera omitido realizar el recuento de aquellos paquetes electorales en los cuales se hubiese cuestionado fundadamente el resultado por parte de la representación de la parte actora y tal hecho hubiese quedado debidamente asentado en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital que corresponda al ámbito de la elección que se impugna.

Atento a lo anterior advirtió que, el recuento de votos de una elección solamente tiene cabida en aquellos casos que la propia ley autoriza. En el entendido de que se trata de supuestos determinados normativamente y que la causa en que se sustenta la petición debe estar plenamente justificada.

En ese contexto advirtió que la parte actora solicitaba que se pronunciara respecto al derecho de recuento total de votos que conformaron el cómputo total de la elección de Diputadas y Diputados al Congreso, sin embargo, concluyó que no era posible atender dicha solicitud, pues la propia normativa electoral no contemplaba dicho supuesto.

¿Qué resuelve esta Sala Regional?

El agravio es infundado en una parte e inoperante en otra.

A juicio de esta Sala Regional, resulta infundada la pretensión del PES y PH en el sentido de que el Tribunal Local no realizó el recuento de votos solicitado, tolerando así una omisión del poder legislativo por las siguientes razones:

Si bien, de la revisión del expediente se advierte que en su demanda primigenia el PES y PH solicitaron el recuento argumentando una ausencia de normas jurídicas que lo regularan, el Tribunal Local estableció que el recuento solamente tiene cabida en aquellos casos que la propia ley autoriza y que la petición debe estar plenamente justificada.

Para ello, definió los supuestos establecidos en la Ley Procesal Local y concluyó que el PES y PH que solicitaron el recuento no se encontraban en alguno de ellos.

Sin embargo, lo infundado del agravio radica en que la pretensión de los partidos políticos ante la instancia local es la de introducir nuevos elementos a la norma que establece la procedencia de los recuentos, sin embargo, tal situación no podía ser atendida por el Tribunal Local porque la autoridad jurisdiccional solo se encuentra facultada para hacer interpretación de esta y no para añadir supuestos a solicitud del PES y el PH.

Aunado a lo anterior, esta Sala Regional advierte que el Juicio Electoral competencia del Tribunal Local no es la vía para solicitar el recuento, pues para ello existe un diseño legal que establece el momento y la entidad ante la cual debe solicitarse[18], es decir una vez concluido el cómputo de la elección de que se trate y ante la Consejo Distrital respectivo.

Además, solo podrá solicitarse al Tribunal Local que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales, cuando existan elementos que adviertan inconsistencias o irregularidades con la determinación respecto de votos nulos y en el manejo de las boletas. Siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección, lo que hace que la solicitud ante la Autoridad Responsable resulte además extemporánea.

Lo anterior con base en la Jurisprudencia 22/2009 de rubro CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA[19].

Por otra parte, resultan inoperantes los agravios expuestos pues no combaten de manera frontal ni directa las razones en que se sustentó la Sentencia Impugnada, como se explica.

Es importante resaltar que los motivos de disenso expresados en el Juicio de Revisión deben estar dirigidos a controvertir la constitucionalidad y legalidad de la resolución que se impugna.

Esto es así, pues la exposición de argumentos que combaten de manera frontal y directa las consideraciones en que se sustenta la Sentencia Impugnada, es el medio adecuado para demostrar ante el tribunal de revisión, que la decisión tomada por el órgano primigenio y las razones que las sustentan no están apegadas a la Constitución Federal ni a las leyes, lo cual no se satisface con manifestaciones genéricas donde esencialmente se reproducen lo expuesto en la primera instancia, sino con la exposición de los argumentos y motivos que se tienen para no compartir la decisión del Tribunal Local, estableciéndose así, la materia de la decisión entre Sentencia Impugnada y el actuar indebido del Tribunal Local.

En el caso, los agravios del PES y PH son reiterativos pues, en esencia, sostiene que el Tribunal Local debió declarar procedente el recuento solicitado, en mérito del derecho a la información de que gozan sus militantes, permitiéndoles con ello, conservar sus registros, manifestaciones que fueron expuestas y resueltas en la Sentencia impugnada.

En otras palabras, no manifiestan por qué es incorrecta la conclusión a que llegó el Tribunal Local en el sentido de confirmar la inviabilidad del recuento, -solo vuelven a afirmar-, que el mismo debió ser procedente con las mismas razones que en el juicio local. De ahí la inoperancia anunciada.

Lo anterior, aplicando las razones esenciales que dan sustento a la jurisprudencia emitida por Sala Superior, de rubro AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD[20], la cual sostiene que son inoperantes los argumentos que constituyen los agravios expuestos en primera instancia, pues con ellos no se controvierten las razones sostenidas en la Sentencia Impugnada.

Aunado a lo anterior, como se mencionó, en atención a lo previsto en el artículo 23 párrafo 2 de la Ley de Medios, en el Juicio de Revisión, no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un juicio de estricto Derecho, que impide a esta Sala Regional suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando éstos no puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, imponiendo a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el deber de resolver la controversia estrictamente con los agravios expuestos por las y los actores.

En este sentido, si bien se ha admitido que la expresión de agravios se pueda tener por formulada con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, el Juicio de Revisión tiene como requisito indispensable para tener por formulados los agravios, la expresión clara de la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio que ocasiona el acto o sentencia impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio.

Finalmente, no pasan inadvertidas a esta Sala Regional las manifestaciones del PES y PH relacionadas con la aplicación del control de constitucionalidad y convencionalidad en la Sentencia Impugnada, así como la mención de la no aplicación legal, sin embargo, para que esta Sala Regional pueda efectuar un control de esa magnitud, requiere que la parte actora señale el precepto legal que considera afectó sus derechos por serle aplicado y contraponerlo con algún artículo de la Constitución Federal, lo que no hicieron ni el PES ni el PT en sus demandas.

Ello es acorde con el contenido de la tesis 1a. CLXXVIII/2016 (10a.), emitido por la Suprema Corte, con el rubro REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, SI EL RECURRENTE SE LIMITA A REFERIR QUE ES INCONSTITUCIONAL, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS LÓGICO JURÍDICOS TENDENTES A DEMOSTRARLO.

7.2.  Firmeza de los Lineamientos

 [SCM-JRC-181/2018]

A. Síntesis del Agravio

El PAN señala que es incorrecta la apreciación del Tribunal Local respecto que los Lineamientos deban considerarse definitivos y firmes, ya que se tratan de una norma heteroaplicativa que surte sus efectos hasta el momento en que se realiza la asignación.

B. Estudio

El agravio es infundado.

El agravio es infundado porque parte de una premisa incorrecta al afirmar que los Lineamientos son normas heteroaplicativas y en consecuencia surten efectos hasta el momento en que se realiza la asignación de Diputaciones de RP.

Lo anterior, porque -como lo indica el Tribunal Local- los Lineamientos adquirieron firmeza y definitividad al no haberlos impugnado oportunamente, por lo que esta Sala Regional considera que es un acto consentido.

Sirve como criterio orientador la jurisprudencia con clave
II.3. j/69 de rubro: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA[21].

En este sentido, para que se tenga por consentido un acto, deben observarse los siguientes requisitos:

a)    Que el acto impugnado tenga existencia jurídica cierta.

b)    Que el acto impugnado cause un perjuicio a quien promueve.

c)     Que quien promueva se haya conformado con el acto impugnado o bien, externe manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.

Así, se consiente expresamente un acto cuando una persona realiza una conducta espontánea conforme a lo que ordena aquél, sometiéndose en sus efectos. Mientras que el consentimiento será tácito, cuando su pasividad permita o tolere que el acto produzca sus consecuencias jurídicas.

Bajo este contexto, los Lineamientos tienen existencia jurídica, pues éstos fueron aprobados por el IECM por unanimidad de votos en sesión pública el 8 (ocho) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), mediante el acuerdo IECM-ACU-CG-094/2017.

Por otro lado, le generó perjuicio al PAN en el momento en el que se aprobaron los Lineamientos, pues si bien la asignación de Diputaciones de RP se realizó mediante el Acuerdo 300, lo cierto es que el PAN conoció -desde que se aprobaron los Lineamientos- el método mediante el cual se asignarían las diputaciones al Congreso, por lo que el perjuicio al PAN se generó al momento de su aprobación y no con la asignación, por lo que su inconformidad con los Lineamientos debió haberla hecho valer dentro de plazo que establece la Ley de Medios a partir del 8 (ocho) de diciembre.

Finalmente, el PAN se conformó tácitamente con los Lineamientos, pues su representante ante el IECM estuvo presente en la sesión del Instituto Local del 8 (ocho) de diciembre de 2017 (dos mil diecisiete), mediante la cual aprobó el acuerdo IECM-ACU-CG-094/2017 por el que se aprobaron los Lineamientos, mismo que estuvo identificado en el orden del día en el punto 2.

En este sentido, el representante del PAN tuvo pleno conocimiento del contenido de los Lineamientos y método por el cual se asignarían las Diputaciones de RP.

Es posible arribar a esta conclusión, pues del Acta de la Vigésima Octava Sesión de 2017 (dos mil diecisiete), correspondiente a la Décima Quinta Sesión Extraordinaria[22] -la cual se cita como hecho notorio en términos del artículo 15 párrafo primero de la Ley de Medios-, es posible advertir que el representante del PAN estuvo presente al momento de la discusión de la aprobación del acuerdo identificado en el orden del día en el punto 2, pues realizó diversas intervenciones respecto de los Lineamientos, aunado a que presentó su inconformidad con ellos, como es posible constatarlo en la página 19 (diecinueve) de la referida Acta.

De ahí que esta Sala Regional concluya que el PAN se conformó con la emisión de los Lineamientos, máxime que mediante el acuerdo IECM-ACU-CG-094/2017 se aprobaron los Lineamientos y los “Lineamientos para la postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018”, los cuales fueron impugnados por el PAN ante el Tribunal Local y posteriormente ante esta Sala Regional -dando origen a los Juicios de Revisión
SCM-JRC-6/2018 y SCM-JRC-14/2018-, sin embargo, a pesar de haber sido aprobados en el mismo acuerdo y sesión, el PAN no impugnó los Lineamientos que ahora pretende combatir.

Por lo anteriormente expuesto, resulta infundado el agravio del PAN, pues pretende combatir un acto que deriva de un acto consentido -que adquirió firmeza y definitividad- el cual no combatió en su momento.

7.3.  Inexistencia de Cosa Juzgada

 [SCM-JDC-1054/2018 y SCM-JRC-182/2018]

A. Síntesis del Agravio

Respecto a este particular, el Actor del PT y el PT sostienen que indebidamente el Tribunal Local consideró que se actualizaba la figura de la cosa juzgada para analizar la constitucionalidad del artículo 27, fracción VI, inciso i) del Código Local e inaplicarlo al caso concreto; razón por la cual, el Tribunal Local habría faltado a su deber de exhaustividad al omitir valorar la inaplicación que se solicitaba y los argumentos que se dieron para ello.

Al respecto, el Actor del PT da las siguientes razones para no tener por actualizada la cosa juzgada:

a.     La Suprema Corte, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 63/2017 y sus acumuladas, si bien analizó la constitucionalidad de los incisos g) a k) del artículo 27 del Código Local, no hizo un análisis como el que el Actor del PT solicita, pues él pidió la inaplicación sobre la base de la violación a su derecho humano a ser votado en su vertiente de ocupar un cargo de elección popular.

b.    La Suprema Corte realizó un control abstracto de constitucionalidad de una norma y en contraste, él solicitó la inaplicación de la norma en comento; es decir, pretendía la realización de un control concreto de constitucionalidad a partir de una afectación real a sus derechos y no hipotética, como la que valoró la Suprema Corte.

Por otra parte, el PT da las siguientes razones para no tener por actualizada la cosa juzgada:

a.     De acuerdo al PT, la norma cuestionada tiene el carácter de heteroaplicativa, de ahí que, a partir de su aplicación, pudiera ser impugnada.

b.    No se actualiza la cosa juzgada refleja pues es necesario que se acrediten las identidades de cosa, personas acción y causa; lo que no se acredita en el caso.

c.     La Suprema Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad no se pronunció respecto a la validez de que el partido de menor votación habría de ser el primero cuyos géneros en la lista habrían de modificarse para la asignación de Diputaciones de RP.

B. Estudio del Agravio

Los planteamientos hechos por el Actor del PT y el PT se encuentran relacionados entre sí y están dirigidos a cuestionar la legalidad de la Sentencia Impugnada a partir de la vulneración al principio de exhaustividad y la supuesta indebida determinación de la existencia de cosa juzgada respecto de diversos planteamientos que expusieron ante la instancia local; por tanto, al estar estrechamente vinculados, por cuestiones de método, serán estudiados de manera conjunta.

Ello no les causa perjuicio pues, es criterio de este Tribunal Electoral que no es trascendente la forma en cómo los agravios son analizados, sino el estudio que se hace de los mismos[23].

El agravio es fundado pero inoperante en una parte y en otra infundado.

A juicio de esta Sala Regional, el agravio resulta fundado, pues, como lo sostienen el Actor del PT y el PT, el Tribunal Local erróneamente consideró que se actualizaba la cosa juzgada respecto de la constitucionalidad del artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local, por lo que resultaba jurídicamente imposible realizar el análisis de control concreto de constitucionalidad que solicitaban los actores para efectos de que fuera inaplicado el artículo.  

Si bien en la Acción de Inconstitucionalidad 63/2017 y acumulados, la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local, declarando la validez del mismo, ello fue bajo un ejercicio de control abstracto de la norma, y por ende, con independencia de que pudiera considerarse que el Actor había solicitado su inaplicación, en realidad, pudo reconducir sus argumentos en un ejercicio de suplencia, para considerar que en realidad pretendía una inadecuada interpretación de las reglas previstas en dicho precepto, y proceder a realizar el análisis correspondiente a sus planteamientos, con base en las atribuciones que, las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano -como lo es el Tribunal Local- cuentan para realizar control concreto de las normas e inaplicar al caso en específico, cuando son indebidamente aplicadas en su interpretación una vez declarada su validez.

Por tanto, la sola realización de un ejercicio de control abstracto realizado por la Suprema Corte no necesariamente impedía al Tribunal Local realizar el control concreto de la norma solicitado por la parte actora en aquél juicio; sino que debieron analizarse, primero, las razones sobre las que se sostenía la solicitud de inaplicación para así valorar si a partir de ellas, resultaba procedente el análisis solicitado; esto, ya que la declaración de validez de la norma realizada por la Suprema Corte no tiene efectos de definitividad o generar la improcedencia de ulteriores solicitudes de inaplicación, salvo por lo que hace a los puntos de inconstitucionalidad ya tratados a través de la acción correspondiente. Por tanto, le asiste esencialmente la razón al Actor del PT y al PT. Se explica.  

Conforme al artículo 1 párrafo 1 y 2 de la Constitución Federal todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte; así, las normas relativas a dichos derechos deben interpretarse bajo el principio pro persona, que implica favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus derechos. 

El artículo anterior está relacionado con el artículo 133 de la Constitución Federal que resguarda el principio de supremacía constitucional, acorde con el cual, la Constitución Federal, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, son la Ley Suprema de toda la Unión. Además, dispone que las y los jueces deben apegarse siempre a dichas normas, a pesar  de las disposiciones en contrario que puedan existir reguladas; es decir, les faculta para que inapliquen normas que sean contrarias al máximo ordenamiento legal[24].

Bajo ese contexto, actualmente existen dos vías de control constitucional: directas e indirectas. En primer término, como vías directas están previstas las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto, a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación y que se ejercen bajo el control abstracto (o concentrado) de constitucionalidad; en segundo término, como vías indirectas de control por parte del resto de los órganos jurisdiccionales del país, control concreto (o difuso), en el que pueden inaplicar la norma al caso que se somete a su consideración[25].

Al respecto, por cuanto hace al control abstracto, es eminentemente constitucional, pues su finalidad descansa en determinar si el contenido de un precepto jurídico se ajusta o no con las disposiciones que consagra la propia Constitución Federal, en aras de la preservación del principio de supremacía constitucional; es decir, bajo este control se determina la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma.

En cambio, el control concreto -que es el que ejercen el resto de los órganos jurisdiccionales del país-, se constriñe a resolver conflictos en específico con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, dando cumplimiento a la garantía de debido proceso. Es ahí donde el juzgador o juzgadora ordinaria, al aplicar la norma, realiza el contraste entre la disposición regulatoria y los derechos humanos, pudiendo concluir la inaplicación de la norma cuando se justifique y se exponga de manera fundada y motiva que es contraria al principio de supremacía constitucional[26].

Respecto a la inaplicación de una norma, derivado de un ejercicio de control concreto, debe señalarse que en inicio las normas gozan de presunción de validez constitucional, y antes de que se determine la inaplicación por presunción de inconstitucionalidad, se debe privilegiar, primero, la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto de la norma, a efecto de salvaguardar el derecho alegado contra el contenido de la norma[27]:

a.     Interpretación conforme en sentido amplio. El orden jurídico debe interpretarse a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (artículo 1° constitucional).

b.    Interpretación conforme en sentido estricto. Cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la norma, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

En el caso en concreto, todo lo anterior evidencia que el Tribunal Local cuenta con facultad expresa para realizar control concreto respecto de una norma, de la que se alegue la vulneración de derechos en el contexto del caso particular y que, de resultar fundado, pueda ser inaplicada, previa interpretación conforme en sentido amplio o en sentido estricto, que permitan salvaguardar el derecho alegado.

De ahí que esta Sala Regional considere que el Tribunal Local partió de una premisa errónea al considerar que, toda vez que la Suprema Corte se había pronunciado respecto de la constitucionalidad del artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local, se actualizaba la figura procesal de cosa juzgada y en consecuencia, se veía impedido para realizar un control concreto de constitucionalidad de la norma.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, si bien existe la actualización de la figura procesal de “cosa juzgada” ello es solo respecto del análisis constitucional de la norma que realizó la Suprema Corte en sentido abstracto a partir de los conceptos de invalidez formulados por las partes, sin hacer dicho análisis a partir un caso en específico; en ese sentido, no puede tenerse actualizada la figura de cosa juzgada en un caso en específico sin antes revisar qué temas fueron valorados para determinar la constitucionalidad de la norma, pues podrían introducirse nuevos cuestionamientos a los valorados inicialmente por la Suprema Corte al analizar la constitucionalidad de una norma y a partir de ellos, presentarse la posibilidad de ejercer un control concreto.

Lo anterior, pues la acción de inconstitucionalidad es promovida en interés de la regularidad constitucional, su estudio se hace contrastando la norma impugnada con la Constitución, y no a partir del estudio de un caso específico, pues su finalidad es corroborar que la norma no sea contraria a la disposición constitucional, dicho análisis se realiza en abstracto sin que medie el estudio de un asunto en concreto en el que se alegue la vulneración a derechos de particulares. Es decir, en la acción de inconstitucionalidad no puede ser ejercida para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente pudiera causar la norma alegada de inconstitucionalidad, pues en el supuesto de que alguna persona resienta afectación a su esfera de derechos, tiene medios legales adecuados para reclamarla[28].

En ese sentido, para el análisis de una norma en concreto, es decir, en un asunto materializado -no hipotético- en el que se alegue la afectación real y directa de derechos a la esfera jurídica de una persona, existe el control concreto de la constitucionalidad, a partir del cual se estudiaran las circunstancias particulares del caso y el grado de afectación a los derechos, pudiendo realizarse la inaplicación de la norma al caso, lo que no implica tildarla de inconstitucional en términos generales.

En este sentido, el Actor del PT y el PT alegan la vulneración a derechos político-electorales de forma directa y específica a un caso, por lo que se actualiza la posibilidad de un análisis de control de constitucionalidad concreto.

Sentado esto, frente a una lectura de los motivos de inconstitucionalidad planteados, en tanto esgrimen razones distintas a las consideradas por la Suprema Corte para declarar la validez de la norma, no se actualiza la cosa juzgada impidiendo el análisis de la procedencia de la solicitud de inaplicación de normas realizado en la especie.

La figura procesal denominada “cosa juzgada” está vinculada al principio de seguridad jurídica -que tiene como objetivo producir certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Estado de Derecho- consagrado en el artículo 14 y 17 de la Constitución Federal; así, tiene un doble sentido, material y formal.

El valor formal se encuentra vinculado al momento procesal en que una resolución judicial queda firme, y en consecuencia, lo decidido en ella es inmutable y no admite ya ser impugnada por otros medios de defensa, sea por la preclusión en el plazo para impugnar o por ser la última instancia quien resolvió la controversia; por otro lado, el valor material significa que no puede volverse a entablar un siguiente proceso cuyo objeto sea idéntico a otro anteriormente resuelto y en estado firme, con el que tenga identidad de causa, sujetos y objeto[29].

Así, para que se actualice esta figura deben cumplirse algunas identidades[30] entre uno y otro juicio para que cobre aplicación la figura de la cosa juzgada, siendo necesaria la concurrencia de los siguientes elementos:

a.     Identidad del objeto.

b.    Identidad de la causa.

c.     Identidad de las personas.

En el caso, no existe identidad en la causa.

La identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, solo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis.

Así, es conveniente referir los conceptos de invalidez hechos valer ante la Suprema Corte y los agravios ahora expuestos para la inaplicación del artículo 27 fracción VI inciso i), a saber:

Como se observa, en la Acción de Inconstitucionalidad se planteó el argumento de que no se justificaba que, en la sustitución de fórmulas del género sobrerrepresentado, en aras de garantizar la integración paritaria del Congreso, se iniciara con los partidos que recibieron los menores porcentajes de la votación local emitida.

En el Juicio Local, el Actor del PT sostuvo, primero, que se vulneraba su derecho a ser votado en la vertiente de ostentar el cargo, segundo, que la aplicación de dicho artículo impedía que se cumpliera el principio de paridad en la integración del grupo parlamentario del PT.

En este sentido, es evidente que no existe identidad entre los planteamientos valorados por la Suprema Corte y los sostenidos en esta instancia, razón suficiente para no actualizar la figura de la cosa juzgada.

En efecto, al no actualizarse la cosa juzgada, toda vez que el Actor del PT y el PT en la demanda que presentaron ante la instancia local expusieron como agravio la supuesta inconstitucionalidad del artículo que nos ocupa, y solicitaron la inaplicación del mismo al caso concreto, el Tribunal Local debió entrar al análisis y pronunciamiento de dicho planteamiento bajo el control concreto de la constitucionalidad y no solo argumentar que toda vez que la Suprema Corte ya se había pronunciado al respecto se encontraba jurídicamente imposibilitado para analizarlo a partir de los argumentos de los actores.

Ello, justamente porque no solicitaron el análisis de la constitucionalidad del artículo, facultad que en términos del artículo 105 fracción II de la Constitución Federal es exclusiva de la Suprema Corte, por lo que bajo esa lógica hubiera sido improcedente el estudio; lo que solicitaron fue la inaplicación al caso en concreto, y como ha quedado expuesto ese análisis lo pueden emprender los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano, como lo es el Tribunal Local.

En conclusión, a juicio esta Sala, el Tribunal Local indebidamente determinó que no podía realizar el análisis del artículo para determinar si debía ser inaplicado, o no, al caso en concreto, pues cuenta con la facultad expresa de realizar el control concreto de las normas.

No obstante, lo anterior no implica que el Tribunal Local haya vulnerado el principio de exhaustividad -como lo alegan el Actor del PT y el PT, cuando señalan que el Tribunal Local faltó a su deber de exhaustividad al omitir valorar la inaplicación que se
solicitó-, ya que si bien no realizó el análisis para la inaplicación del artículo, lo cierto es que sí atendió dicho planteamiento, de ahí que el agravio relativo a que el Tribunal Local vulneró el principio de exhaustividad sea infundado. 

El principio de exhaustividad implica que las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, cuyas resoluciones admitan ser controvertidas en posterior instancia, están obligadas a estudiar todos y cada uno de los planteamientos que la parte actora someta a su conocimiento como motivos de agravio, pues ello lleva a asegurar el estado de certeza jurídico que deben brindar sus resoluciones.

Situación que, además, abona a la impartición de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, pues si las autoridades se pronuncian sobre la totalidad de los agravios sometidos a su conocimiento, la instancia revisora tendrá la oportunidad de fallar respecto de la totalidad de la inconformidad, evitando el retraso en la solución de las controversias, que no solo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos.

Lo anterior es criterio de la Sala Superior, al sostener la jurisprudencia 43/2002, de rubro PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN[31]; así como en la jurisprudencia 12/200 de rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE[32].

En ese sentido, vulnerar el principio de exhaustividad se traduce en que las autoridades dejen de atender o pronunciarse respecto de alguna cuestión planteada por la parte actora del procedimiento o juicio respectivo.

Dicho lo anterior, el Tribunal Local no vulneró el principio expuesto, pues se pronunció respecto de la inaplicación y no dejó de atenderlos, y sostuvo las consideraciones que ya fueron razonadas. 

* * *

No obstante lo fundado del agravio analizado antes, en estima de esta Sala Regional, lo alegado por el Actor del PT en la instancia local es insuficiente para realizar el análisis de constitucionalidad al caso concreto e inaplicación que pretendía; razón por la cual, dicho agravio resulta, a la postre, inoperante, se explica.

Agravio hecho valer en la Instancia Local

a.       Integración no paritaria de bancadas

De una lectura de la demanda que presentó el Actor del PT ante el Tribunal Local, podemos advertir que la acusación de inconstitucionalidad y solicitud de inaplicación del artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local, se argumentó como sigue:

       Como base de su agravio, el Actor del PT acusó que se había incumplido el principio de paridad en la conformación de los grupos parlamentarios; ya que no solo se debería ordenar que el principio de paridad se actualice en la integración del Congreso Local, sino en la integración de sus grupos parlamentarios.

       Particularmente el actor acusa la indebida integración de la bancada del PT, que dice, debió integrarse por 2 (dos) mujeres y 1 (un) hombre, no con 3 (tres) mujeres, como se impuso. Adicionalmente, acusa que el grupo parlamentario del PAN no tiene una integración paritaria, puesto que se conformó por 4 (cuatro) hombres y 7 (siete) mujeres.

       En función de la integración no paritaria de las bancadas, el Actor del PT alegó que existió una discriminación en su contra, pues su derecho a acceder a un cargo se vio limitado por su género y se le impidió participar en condiciones equitativas. Esto, ya que el Instituto Local sustituyó la Fórmula 1 de la lista A -conformada por hombres- con la Fórmula 4 de la misma lista -conformada por mujeres-, provocando así que todas las diputaciones del PT fueran asignadas a mujeres.

       Por esta discriminación y por el hecho de que considera, que el artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local establece limitaciones adicionales a las de la Constitución Federal y Constitución Local, el Instituto Local debió realizar una interpretación conforme a derechos humanos para no afectar su derecho a ser votado.

Como se anticipó, el análisis de constitucionalidad que el Actor del PT pretendía que se realizara resultaba improcedente; esto, en tanto el agravio resulta inoperante.

Lo anterior, toda vez que el Actor del PT parte de una premisa errónea al considerar que el respeto al principio de paridad implicaba garantizar la integración paritaria al interior de los grupos parlamentarios del Congreso Local.

De acuerdo al segundo párrafo de la fracción II del artículo 41 constitucional, los partidos tienen como fin, entre otros, promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, lo que deberán de hacer mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legislaturas federales y locales.

Por otra parte, el párrafo 3 del artículo 232 de la Ley Electoral, prevé que los partidos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los Congresos de los estados.

Ahora, si bien el ideal de una integración estrictamente paritaria sería la conformación de un órgano que en todas sus células observara una conformación paritaria -como comisiones, fracciones parlamentarias u órganos de gobierno-, este no es un valor protegido por las reglas de paridad existentes en nuestro sistema jurídico, que enfocan sus esfuerzos en conseguir, en principio, la integración paritaria del congreso en su conjunto.

Esto, parte del entendimiento de un congreso como un órgano colegiado de deliberación política, de tal manera que, en primer lugar, atendiendo a la finalidad de generar condiciones de acceso a las mujeres al poder público, deba procurarse su presencia en el ámbito de toma de decisiones; esto es, a través del aseguramiento de su presencia en el órgano en su conjunto.

En este sentido, el primer fin de la aplicación de las reglas de paridad desarrolladas en los diferentes sistemas jurídicos es garantizar una integración paritaria de los órganos colegiados; fin que no puede entenderse como sacrificable en aras de procurar la integración paritaria de las células que lo integran, como en este caso las fracciones parlamentarias.

Esto viene a colación en tanto la interpretación que propone el Actor del PT implicaría entender que es más importante la integración paritaria de una bancada que la integración paritaria del órgano en su conjunto; siendo que el primero no fue ponderado como un valor y el segundo sí, tanto, que se diseñó un mecanismo para garantizar la integración paritaria de la legislatura en su conjunto.

Lo anterior se estima así, porque la consecuencia práctica de la interpretación que propone el Actor del PT, sería la de determinar que prevaleciera la integración paritaria de la bancada del PT, generando que ésta fuera integrada por 2 (dos) mujeres y 1 (un) hombre y no por 3 (tres) mujeres, como actualmente lo hace. No obstante, esto rompería con la integración paritaria del órgano en su conjunto -legislatura-, puesto que ello provocaría que se restara un lugar ocupado por una mujer para que pudiera ser ocupado por un hombre.

Ahora bien, con independencia de lo antes expuesto, se estima que el Actor del PT parte de una premisa errónea al considerar que la prevalencia de la integración de una bancada solo con mujeres, implicaría una violación al principio de paridad.

La inclusión de la paridad como un valor constitucional estuvo animada por una aspiración de igualdad y real el reconocimiento de la incapacidad del sistema de generar orgánicamente condiciones igualitarias entre hombres y mujeres en el acceso al poder político; en este sentido, el sistema jurídico, primero a través de la implementación de reglas de cuotas y ahora con la paridad, ha tenido que crear condiciones artificiales tendentes a crear un piso parejo entre hombres y mujeres para el acceso a los cargos públicos.

En este sentido, la creación de las normas de cuotas de género, acciones afirmativas o reglas de paridad, han partido también de un reconocimiento de un contexto de desigualdad histórica que ha mantenido a las mujeres ajenas al desarrollo de sus capacidades en la vida pública, relegando su actuación al ámbito de la vida privada.

Así, bajo las condiciones que histórica y actualmente envuelven el acceso al poder político, la finalidad inmediata de las normas de paridad, busca favorecer el acceso de las mujeres al poder político, como un mecanismo que allane el camino hacia la consecución de la igualdad material -de oportunidades- entre hombres y mujeres.

Esta Sala Regional al resolver los Juicios de Revisión
SCM-JRC-23/2017 y el SCM-JRC-158/2018 y sus acumulados, consideró que la previsión de derechos por sí sola era insuficiente para garantizar el acceso a las funciones públicas en un esquema de igualdad entre mujeres y hombres, de ahí que para lograr esta igualdad fuera necesario establecer mecanismos que la garantizaran sustancialmente, siendo uno de ellos las acciones afirmativas, que buscan que los grupos humanos se encuentren en una situación de mayor igualdad.

Sobre esta línea, la Sala estimó que las acciones afirmativas a favor de las mujeres constituyen medidas de carácter temporal que tienen por finalidad reducir la desigualdad que históricamente han enfrentado y si bien implican un trato diferenciado, éste tiene por objeto generar condiciones de igualdad.

No obstante, también consideró que los mecanismos concretos constituidos para la generación de estas condiciones, son “piso mínimo” y no un “techo" para la participación política de las mujeres. Esto, ya que una representación igualitaria implica ir más allá de una igualdad en el punto de partida, lo que supone que la igualdad real de las mujeres frente a los hombres no se consigue con la integración de Congresos Paritarios, sino que ésta es el efecto de una igualdad real.

Así, se consideró que el derecho a la igualdad, reconocido en la Constitución Federal, así como en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, exige no solo el establecimiento de la igualdad formal, sino el reconocimiento de la existencia de grupos socialmente desiguales y, consecuentemente, la implementación de medidas de carácter positivo para revertir la posición de desigualdad de aquellos.

A consideración de esta Sala Regional, la igualdad garantiza a toda persona no solo un trato igualitario ante la ley, sino una igualdad real que reconoce las diferencias de hecho entre las personas y que para lograr las mismas condiciones en derechos y oportunidades requiere un trato diferenciado.

Sentado lo anterior, se señaló que, si bien la regla paritaria para la postulación de candidaturas es de 50-50 (cincuenta-cincuenta), esta fue una medida implementada con el objetivo de generar escenarios de una igualdad real entre los géneros.

En ese orden de ideas, se estimó que visualizar a la paridad en un concepto de 50-50 (cincuenta-cincuenta) como una meta en la integración de un órgano legislativo, es contrario a una interpretación con perspectiva de género de las normas, pues supone que una vez alcanzado tal objetivo, deben cesar los efectos de la acción afirmativa, lo que implicaría la creación de un “techo” o “tope” que limitaría la participación de las mujeres, quienes no podrían tener más de ese porcentaje de representatividad, aun cuando la sociedad evolucione hacia la igualdad real de manera natural.

Por lo anterior, se consideró que el hecho de que las acciones afirmativas tengan por resultado la integración de un órgano legislativo con más mujeres que hombres, de ninguna manera se traduce en que se haya conseguido la igualdad real que se busca, sino que es el efecto de una medida que refuerza el compromiso del Estado Mexicano por conseguir la igualdad real.

En ese sentido, se estimó que interpretar en términos estrictos las disposiciones que establecen una cuota de género u otra medida afirmativa, sería contraria a la lógica de efecto útil y a la finalidad de las acciones afirmativas, las cuales no se limitan a un aspecto cuantitativo sino -preponderantemente- cualitativo, pues en la integración de los órganos de gobierno, estarían impedidas para acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos.

Por lo anterior, la Sala Regional ha enfatizado que, si un órgano de gobierno queda integrado por un número mayor de mujeres, no es razonable pensar que ello deriva de una práctica discriminatoria hacia los hombres, porque el género masculino se encuentra en una situación de hecho en la que puede ejercer en libertad sus derechos políticos sin limitaciones por razón de género.

7.4.  Variación de la Controversia

 [SCM-JDC-1044/2018 y SCM-JRC-181/2018]

(i) Adición del “factor cero” en la asignación de diputaciones

A.  Síntesis

El PRD señala que en su demanda de Juicio Electoral Local[33], expuso en su agravio segundo[34] que su intención era controvertir el Acuerdo 300, al considerar que vulneraba los artículo 14, 16, 17, 39, 41, 54 fracción VI y 122 de la Constitución Federal, así como los diversos 2, 3, 29, apartado B párrafo 2 inciso c) de la Constitución Local, en tanto que a la luz de dichas normas, el Acuerdo 300 conculcaba la adecuada representación del pueblo, la función adecuada de la representación política de los partidos y la proporción directa entre la votación obtenida por un partido político y el número de escaños ocupados; y no como erróneamente lo abordó el Tribunal Local al determinar que la litis (controversia) consistía en que el Instituto Local no tomó en cuenta el principio de proporcionalidad pura y el “factor cero” o “base cero” para la asignación de las Diputaciones de RP.

De la revisión de su demanda de Juicio Electoral Local, esta Sala Regional advierte que el PRD expuso que a su consideración, la asignación que realizó el Instituto Local no se ajustaba al fin último de la representación proporcional.

Por otro lado, también se advierte que para robustecer su afirmación, expuso que dicho fin es que la asignación de curules que se atribuya a cada partido sea proporcional al número de votos que se hayan emitido en su favor para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, razón por la cual resulta necesario proporcionar un factor cero para revisar los límites de sobre y subrepresentación de cada partido.

A propósito de dicho factor, señaló que resultaba relevante al momento de realizar la asignación controvertida, en tanto que su aplicación permite a las autoridades electorales garantizar que cada partido efectivamente tenga el número de diputaciones que le corresponden, con relación al porcentaje de votación obtenido en la elección, y se propicien los equilibrios necesarios, realizando los ajustes que estimen convenientes para evitar la sobre y subrepresentación de los partidos en la conformación del Congreso.

B.  Estudio

El agravio es infundado.

Con base en lo expuesto, esta Sala Regional advierte que la variación de la litis (controversia) que denuncia es infundada, ello en atención a que, en la demanda de Juicio Electoral, el PRD se quejó de que el Instituto Local no tomó en consideración el “factor cero” para verificar que ningún partido estuviera sobre o sub representado, razón por la cual resulta lógico que el Tribunal Local limitara el estudio de su agravio a verificar si en el Acuerdo 300, el IECM tomo en consideración el principio de proporcionalidad pura, así como el “factor cero”, que expuso en demanda, al momento de asignar las diputaciones controvertidas y revisar la legalidad de la misma, por lo que resulta falso la variación que denuncia, ya que la responsable, analizó lo planteado.

(ii) Precisión de la votación a tomar en consideración al momento de la designación

A. Síntesis

Por otro lado, denuncia que el motivo de disenso con el Instituto Local fue que los factores que tomó en consideración para la asignación de Diputaciones de RP no fueron los correctos para obtener el resultado final, pues tomó en consideración la votación local emitida. Dice que contrario a lo que estudió el Tribunal Local, su disenso no era respecto de la fórmula que aplicó el IECM para la asignación de Diputaciones de RP, sino solo los factores utilizados.

Afirma que para una correcta asignación de las Diputaciones de RP, contrario a lo que hicieron el Tribunal Local y el IECM, al momento de aplicar la fórmula para la designación de las diputaciones controvertidas debe aplicarse el factor de votación válida emitida en lugar de la votación local emitida.

B. Estudio

El agravio es infundado.

Al respecto, esta Sala Regional estima que la variación de la litis (controversia) que señala es infundada porque existe una gran cantidad de medios de impugnación contra el Acuerdo 300, situación que implica una gran cantidad de planteamientos por atender de manera integral.

En ese sentido, si el fin último de estos medios de impugnación es verificar que la asignación de diputaciones que realizó el Instituto Local se encuentra apegada Derecho, resulta lógico y admisible que el Tribunal Local haya revisado de manera integral la fórmula que aplicó el Instituto Local haya sido la correcta, y como parte de ese estudio integral, determinara cuáles eran los factores y elementos correctos -en el caso votación local emitida o votación válida emitida- para la aplicación y desarrollo de la fórmula.

Es decir, uno de los elementos que estudió el Tribunal Local al revisar si la fórmula aplicada y desarrollada por el IECM para asignar las Diputaciones de RP era correcta o no, fue justamente los factores tomados en cuenta para el desarrollo de la fórmula, cuestión controvertida por el partido en este , por lo que al estudiar sus agravios de ese modo, respondió sus agravios.

(iii) Incorrecta determinación de la controversia relacionada con la aplicación de la Acción Afirmativa Joven

A. Síntesis

José Omar Castañeda Zamudio[35], considera que el Tribunal Local varió la controversia en razón de que su argumentación estuvo dirigida a manifestar los actos y omisiones que presentaba el Acuerdo 300, respecto de la aplicación y la efectiva tutela de la acción afirmativa joven, esto a efecto de revisar la correcta aplicación de dicha acción y que no se hiciera nugatorio el derecho de las personas jóvenes a acceder, de manera efectiva, a una diputación; y no, como lo estableció el Tribunal Local combatir las consideraciones que el IECM estableció en el acuerdo IECM/ACU-CG-150/2018, a través del cual registró la lista “A” con 10 (diez) fórmulas de candidaturas para la elección de Diputaciones de RP.

B. Estudio

El agravio es infundado.

De la demanda que presentó en aquella instancia[36], esta Sala Regional advierte que José Omar Castañeda Zamudio expuso varios planteamientos a fin de denunciar que el Acuerdo 300 violaba el principio de proporcionalidad pura en tanto que, al aplicarla no se disminuían diputaciones a aquellos partidos que se encontraban sobrerrepresentados ni se repartieron entre los subrepresentados, como -desde su óptica- era el caso del PRD.

De igual forma, respecto de la acción afirmativa joven, señaló que toda vez que el Acuerdo 300 establece que la conformación de la lista “A” del PRD se compone de 10 (diez) fórmulas y no de 17 (diecisiete) y únicamente incluye 2 (dos) fórmulas de jóvenes y no 4 (cuatro) como establece el artículo 14 del Código Local, situación que a su juicio limita el acceso a una diputación y, en consecuencia, impacta de manera directa la acción afirmativa de jóvenes.  

Con base en lo expuesto, José Omar Castañeda Zamudio afirmó que debía ser considerado dentro de los primeros lugares en la integración de la lista definitiva del PRD, y no en el quinto lugar de la lista, a fin de que no se hiciera nugatorio el derecho de acceso a las personas jóvenes en un espacio de representación popular.

Ahora bien, lo infundado de su agravio radica en que, para que la responsable pudiera determinar si efectivamente tenía un mejor derecho para ocupar uno de los primeros lugares de la lista “A” del PRD, primero debía verificar las razones por las cuales se limitó dicha lista y si esta determinación estuvo apegada a Derecho, para posteriormente atender su planteamiento relativo a que como parte de un sector vulnerable debía de ocupar uno de los primeros lugares del listado definitivo.

En ese sentido, la afirmación que realiza José Omar Castañeda Zamudio, respecto a que el Tribunal Local modificó la controversia, es incorrecta, toda vez que los agravios que tenía contra el Acuerdo 300, debían ser realizados a la luz de las Listas del PRD pues el Acuerdo 300 solamente materializó el orden de prelación de cada candidatura según las listas presentadas por los partidos.

7.5.  Acción Afirmativa Joven

 [SCM-JDC-1044/2018]

A. Síntesis de Agravios

José Omar Castañeda Zamudio dice que el Tribunal Local no realizó una interpretación sistemática sobre la aplicación de la acción afirmativa para personas jóvenes prevista en el artículo 14 del Código Local que posee diversas lagunas, por lo que era necesario su análisis a la luz del Sistema Jurídico Mexicano y no de forma aislada, máxime que existen diversas normas en materia de juventud, tales como los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las que se advierte que las razones de edad son motivos para reglamentar de forma especial el ejercicio de derechos políticos, a fin de garantizar la participación de personas jóvenes en el gobierno del país sin restricciones indebidas.

Los artículos 35 fracciones I y II de la Constitución Federal y 29 incisos A) y B) de la Constitución Local, establecen el derecho de las personas jóvenes de acceder a cargos de elección popular y garantizar el pluralismo mediante el acceso de tal sector, lo cual se corrobora con lo dispuesto en los artículos 11 apartado E y 53 de la Constitución Local que garantizan la participación de las personas jóvenes en actividades políticas y en el acceso a los aludidos cargos, de ahí que el rango de edad es congruente con la normativa nacional y local, tal como se advierte de los artículos 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 2 de la Ley de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México y 14 del Código Local.

Finalmente, manifiesta que en el contexto del Sistema Jurídico Mexicano se encuentra la problemática para aplicar la acción afirmativa de personas jóvenes, la cual se puede analizar sobre la siguiente óptica:

      El rango de edad para que puedan ser consideradas las personas jóvenes es diverso al de la normativa específica sobre juventud, por lo que el Tribunal Local omitió pronunciarse sobre la constitucionalidad del rango de edad.

      Acorde a la normativa que prevé la acción afirmativa para personas jóvenes, existe un porcentaje mínimo por ley de candidaturas que deben destinarse para jóvenes, pero no estableció un criterio de distribución para la aplicación a aquellos, por lo que se corre el riesgo de que aparezcan en los últimos lugares de la lista A de candidaturas por el principio de mayoría relativa o se les ubique en los distritos menos votados de un partido.

      Respecto de la integración de la lista definitiva, la norma es omisa en plantear la frecuencia con la que se debe alternar a una persona joven dentro de la lista definitiva, por lo que se debe tomar como ejemplo el principio de paridad de género, donde la alternancia es del 50% (cincuenta por ciento), lo cual se traduce en que la relación de la lista deberá ser hombre-mujer, en tal virtud, una persona joven de acuerdo al porcentaje previsto en el artículo 14 del Código Local, debe aparecer como mínimo cada 4 (cuatro) espacios para hacer efectiva la acción afirmativa.

B. Respuesta

Los agravios son inoperantes.

¿Qué impugnó José Omar Castañeda Zamudio en el Tribunal Local?

Este órgano jurisdiccional considera necesario señalar los motivos de inconformidad hechos valer por José Omar Castañeda Zamudio en el Tribunal Local, que en esencia fueron los siguientes:

Que la integración de las listas cerradas “A” y “B” y “Definitiva” de MORENA y el PT, así como la conformación de la lista “A” del PRD le causó agravio por limitar el acceso de las personas jóvenes a espacios de RP. Por tanto, afirma que debió ser considerado dentro de los primeros lugares en la integración de la lista “Definitiva” y su pretensión era que se le colocara en los primeros lugares de la mencionada lista, por considerar que la lista “A” del PRD estaba indebidamente integrada y limitaba el acceso de las personas jóvenes a espacios de representación.

Por lo que respecta a la “acción afirmativa y mejor derecho”, manifestó que conforme a los establecido en el artículo 14 del Código Local, cada partido deberá incluir al menos 7 (siete) fórmulas de personas jóvenes entre 18 (dieciocho) y 35 (treinta y cinco) años en el caso de las candidaturas de MR; y 4 (cuatro) fórmulas de personas jóvenes por RP.

En atención a lo anterior manifestó que le causaba agravio el acuerdo del IECM, en virtud de que la lista “A” del PRD se conformó de 10 (diez) fórmulas y no 17 (diecisiete) y solo integró 2 (dos) fórmulas de personas jóvenes y no 4 (cuatro) como lo señala la ley.

Asimismo, mencionó que esa configuración impactó de manera directa a la acción afirmativa de personas jóvenes establecida en el artículo 14 del Código Local, ya que al no existir 4 (cuatro) fórmulas de jóvenes se limitó de manera desproporcionada el acceso a una curul.

¿Qué resolvió el Tribunal Local?

Al estudiar los agravios de José Omar Castañeda Zamudio, el Tribunal Local consideró lo siguiente

o       Respecto de la solicitud de realizar una acción afirmativa en su calidad de joven, porque manifestó contar con un mejor derecho para acceder a una Diputación de RP, se calificó de infundado, toda vez que su causa de pedir la centraba en la integración de la lista “A”, que es una lista cerrada que se confeccionó mediante la autodeterminación de los partidos y en la cual, José Omar Castañeda Zamudio aceptó participar en determinado lugar.

o       Precisó que la lista referida se aprobó el 19 (diecinueve) de abril, mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-150/2018, por lo que si no la impugnó a tiempo, consintió tal acto y no era válido que a partir de la demanda que en ese momento resolvía, pretendiera controvertirla. Ello, con base en la razón esencial de la tesis VI/98 de rubro: CONSENTIMIENTO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ANTERIORES APOYADOS EN LOS MISMOS FUNDAMENTOS QUE EL RECLAMADO.

Además de que tenía especial relevancia el principio de definitividad de las etapas, que ya se habían agotado, por lo que considerar otra cosa sería darle a José Omar Castañeda Zamudio una segunda oportunidad para impugnar la lista, cuando el Tribunal Local está obligado a tutelar la defintividad y certeza de los actos concatenados que van generándose en el proceso electoral.

Por tanto, el Tribunal Local resolvió que si José Omar Castañeda Zamudio se quejó medularmente del lugar que ocupaba en la lista “A” del PRD, debía haberlo hecho en el momento procesal oportuno, con la finalidad de no regresar a etapas anteriores y no era posible atender su agravio.

¿Qué resuelve esta Sala Regional?

Esta Sala Regional considera que los agravios de José Omar Castañeda Zamudio relativos a la presunta inconstitucionalidad del rango de edad de las cuotas de juventud, la ausencia de mecanismos de distribución de éstas y la alternancia para las fórmulas de personas jóvenes cada 4 (cuatro) espacios son inoperantes porque son aspectos que debió hacer valer ante el Tribunal Local, para que pudiera revisar tales cuestiones y se pronunciara al respecto, cuando en realidad, en aquella instancia solo expresó agravios respecto al lugar que ocupaba en la Lista “A” del PRD.

Sin embargo, estos argumentos no fueron planteados en la instancia local, por lo que son novedosos y no pueden ser estudiados por esta Sala Regional, ya que lo que se está revisando es la Sentencia Impugnada. Así, pretender que se revise una cuestión que no fue planteada ante el Tribunal Local, implica pretender que se revise un acto o cuestión que no está en la Sentencia Impugnada materia del litigio y equivaldría a juzgar la legalidad y constitucionalidad de dicha resolución del Tribunal Local a partir de elementos externos que no le fueron expresados y sobre los cuales, por tal razón, no estuvo en posibilidad de pronunciarse[37].

7.6.  Falta de Exhaustividad e Indebida Fundamentación y Motivación

 [SCM-JDC-1043/2018, SCM-JDC-1046/2018,

 SCM-JDC-1054/2018, SCM-JRC-171/2018 y

 SCM-JRC-180/2018]

A.  Síntesis de Agravios

(i) Falta de Exhaustividad

a. SCM-JDC-1043/2018

Ismael Figueroa Flores señala que el Tribunal Local no realizó un estudio pormenorizado de las constancias que se agregaron al juicio y con su actuar desconoció de manera deliberada, con falta de profesionalismo o técnica jurídica e ignoró y pasó por alto “EL ESTUDIO DE FONDO DE TODOS Y CADA DE LOS ELEMENTOS VERTIDOS EN EL LIBELO PRIMIGENIO”, en violación al artículo 14 de la Constitución Federal.

b) SCM-JDC-1046/2018

Los Actores “Por la CDMX al Frente” señalan que la Sentencia Impugnada dejó de pronunciarse respecto al derecho de la Coalición de participar en la asignación de Diputaciones de RP.

c) SCM-JDC-1054/2018

El Actor del PT señala que el Tribunal Local no fue exhaustivo, ya que no estudió el fondo de la controversia planteada, pues no atendió la solicitud de inaplicación del artículo 27 fracción IV inciso i) del Código Local ni se pronunció sobre los agravios que planteó respecto del principio de igualdad y equidad, sobre la colisión de principios, las prerrogativas y obligaciones de los partidos, lo que provocó el favorecimiento exagerado de un género, sobre la asignación de diputaciones asignadas al PAN, además, refiere que al PT se le aplicó una fórmula de reasignación de diputaciones por el simple hecho de ser un partido minoritario que vulneró su derecho a la auto organización, al considerar indebidamente que existía una cosa juzgada.

De igual manera, estima que la Sentencia Impugnada no fue exhaustiva, ya que omitió analizar si los hechos planteados constituían o no violencia política de género.

d) SCM-JRC-171/2018

El PAN refiere que el Tribunal Local no fue exhaustivo pues no hizo referencia en ningún apartado de la Sentencia Impugnada a lo resuelto por la Suprema Corte en las Acciones de Inconstitucionalidad 15/2017 y 63/2017.

e) SCM-JRC-180/2018

MORENA señala que el Tribunal Local no fue exhaustivo pues realizó una interpretación sesgada y tendenciosa de lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Federal y 29 de la Constitución Local. Para evidenciarlo, transcribe la Sentencia Impugnada y manifiesta que la resolución no atiende en sus términos lo integrado en el expediente TECDMX-JEL-320/2018 -acumulado-.

(ii) Indebida Fundamentación y Motivación

a) SCM-JDC-1046/2018

Los Actores “Por la CDMX al Frente” sostienen que de la lectura de los puntos resolutivos de la Sentencia Impugnada se desprende que no es clara ni precisa la referencia al fundamento y motivación soporte de cada uno, aunado a que en los resolutivos quinto al noveno no expresó la consideración que la llevó a esas conclusiones.

b) SCM-JDC-1054/2018

El Actor del PT considera que el Tribunal Local no fundamentó ni motivó debidamente la imposibilidad para realizar el referido control de constitucionalidad, pues a su juicio, los criterios de la Sala Superior en los que el Tribunal Local basó su determinación no resultaban aplicables.

Por otra parte, refiere que el Tribunal Local no fundamentó ni motivo de manera adecuada la Sentencia Impugnada, pues la única razón que tomó en cuenta para confirmar la asignación de Diputaciones de RP, fue que el Actor era hombre y, por lo tanto, no le correspondía ser designado como diputado por dicho principio.

B.  Estudio

(i) Falta de Exhaustividad

MARCO NORMATIVO

El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Tal mandato impone el deber de cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia. El primero, obliga a quien juzga a agotar cuidadosamente en la sentencia o resolución, todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes en la demanda en apoyo de sus pretensiones.

Estas consideraciones se sustentan en las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior 12/2001 y 43/2002, de rubros EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE, y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN[38].

El principio de congruencia de las resoluciones tiene sustento en la obligación de quien juzga de resolver una controversia, haciendo pronunciamiento sobre las pretensiones planteadas por las partes, sin omitir algún argumento ni añadir circunstancias que no se hayan hecho valer; tampoco debe contener consideraciones contrarias entre sí, o con los puntos resolutivos.

Conforme a lo anterior, la resolución que se emita: a) no debe contener más de lo planteado por las partes; b) no debe contener menos de lo manifestado por las partes y, c) no debe resolver algo distinto a lo planteado en la controversia.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 28/2009, de rubro CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA[39] en la que se sostiene que, la congruencia interna debe ser entendida como la armonía de las distintas partes constitutivas de la sentencia, lo cual implica que no debe haber argumentaciones y resolutivos contradictorios entre sí; respecto a la congruencia externa se sostiene que debe existir coincidencia entre lo resuelto con la litis planteada por las partes.

En ese sentido, los motivos de agravio hechos valer, en cada caso, resultan infundados en atención a lo siguiente.

RESPUESTA DE ESTA SALA REGIONAL

a) SCM-JDC-1043/2018 y SCM-JRC-180/2018

De la lectura integral las demandas, puede advertirse que Ismael Figueroa Flores hace un señalamiento genérico en torno a que el Tribunal Local no realizó un estudio pormenorizado de las constancias que se agregaron al Juicio de la Ciudadanía local y que con su actuar desconoció de manera deliberada y con falta de profesionalismo o técnica jurídica, así como ignoró y pasó por alto el estudio de fondo de todos y cada de los elementos vertidos en la demanda primigenia, mientras que en el Juicio de Revisión, MORENA se limitó a hacer una transcripción de la Sentencia Impugnada, manifestando que la resolución no atiende en sus términos lo integrado en el expediente TECDMX-JEL-320/2018 -acumulado-, sin señalar de manera específica qué agravios de los expresados en sus demandas no fueron contestados por el Tribunal Local o qué constancias pormenorizadas fueron las que no estudió.

Adicionalmente, esta Sala Regional advierte que en la Sentencia Impugnada sí hay apartados específicos en que el Tribunal Local señala que contesta los agravios del Actor de Ismael Figueroa Flores y MORENA, por lo que es inoperante que la Sentencia Impugnada carezca de exhaustividad.

b) SCM-JDC-1046/2018

Esta Sala Regional considera que el agravio de los Actores “Por la CDMX al Frente” en que consideran que en la Sentencia Impugnada omitió realizar algún pronunciamiento respecto a su derecho a participar en la asignación de Diputaciones de RP, es infundado.

Esto es así, pues contrario a lo que sostienen, el Tribunal Local en el apartado B.3. de la Sentencia Impugnada, denominado “Derecho a participar en la asignación de diputaciones por el principio de RP” concluyó que la falta de alguno de los requisitos previstos en el artículo 26 del Código Local para poder acceder a la asignación de una Diputación de RP, implica la pérdida del derecho, por lo que al advertir que los promoventes no cumplieron con el requisito relativo a alcanzar el umbral mínimo del 3% (tres por ciento), desestimó sus argumentos.

Así, es incorrecto lo afirmado por los actores en el sentido de que el Tribunal Local omitió realizar pronunciamiento sobre su supuesto derecho a integrar el Congreso Local mediante una Diputación de RP, de ahí que esta Sala Regional califica como infundado el agravio en análisis.

c) SCM-JDC-1054/2018

Respecto del agravio del Actor del PT, consistente en que el Tribunal Local no contestó las manifestaciones que hizo valer en su demanda local, relativas a que al PT le fue aplicada una medida de compensación para lograr una integración paritaria del Congreso Local [prevista artículo 27 fracción VI incisos g), h), i) y k) del Código Local], simplemente por ser minoría, de ahí que no es objetiva ni proporcional y con la cual se vulnera el principio de auto organización del referido partido ya que únicamente se limitó a referir que se trataba de una cosa juzgada, esta Sala Regional lo considera infundado.

Esto es, el Actor del PT refiere que el Tribunal Local no fue exhaustivo, pues de su agravio solo dijo que era cosa juzgada. De lo anterior, es posible advertir que parte de la idea equivocada de considerar, que el principio de exhaustividad constituye una obligación de las autoridades resolutoras de contestar los agravios planteados de una determinada forma; sin embargo, como ya fue explicado en el respectivo marco normativo, una sentencia es exhaustiva cuando en ella se atienden todas las manifestaciones que constituyen la controversia planteada, independientemente de la calidad o contenido de la respuesta que sea dada, de ahí lo infundado del agravio.

No obstante, contrario a lo que refiere el Actor del PT, es posible advertir que el Tribunal Local, en el apartado D.2 del considerando (11°) décimo primero de la Sentencia Impugnada, califica como infundado el agravio referido, al considerar que la medida de compensación mencionada no transgrede el derecho de auto organización del PT. Por otra parte, explicó que la medida no era aplicable solamente a los partidos minoritarios y expresó las razones por las que consideró que era objetiva y proporcional, mencionando que la misma fue calificada como constitucional por la Suprema Corte.

d) SCM-JRC-171/2018

El PAN argumenta que toda vez que el Tribunal Local no hizo referencia en ningún apartado de la Sentencia Impugnada a lo resuelto por la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y 63/2017, transgredió el principio de exhaustividad.

El agravio expresado es infundado, porque el Tribunal Local sí consideró lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y 63/2017, como se expone a continuación.

Expuso el Tribunal Local en el apartado A.2., de la Sentencia Impugnada, denominado “Implementación de la Proporcionalidad Pura y Factor Cero o Base Cero, en la Asignación de Diputaciones RP”, que la desaparición de la proporcionalidad pura atendió a que las y los legisladores establecieron reglas a seguir por la autoridad para poder aplicar el principio de proporcionalidad de tal manera que la sub y sobrerrepresentación estuvieran reguladas de forma que no pudieran sobrepasar los límites establecidos en la ley.

Consideró que la proporcionalidad pura no es viable en la actualidad del sistema electoral mexicano, con excepción de alguna circunstancia específica, pues si se pretendiera aplicar a los partidos con menor número de votos no podrían siquiera participar en la distribución de los escaños debido a que su votación obtenida no es suficiente para alcanzar el “costo” de una curul.

Señaló que del mismo modo sería difícil alcanzar el número de votos exactos que permitan cubrir el costo de los escaños, por lo que existirán situaciones de sub y sobrerrepresentación de alguno o varios partidos, sin embargo, la intención es que sean en el menor porcentaje posible.

En virtud de ello, razonó que la legislatura determinó que en el caso de la Ciudad de México resulta más viable combinar ambos sistemas, como lo es el tener 33 (treinta y tres) diputaciones de MR y 33 (treinta y tres) de RP, pues la finalidad de esto radica en que se vea reflejada la voluntad del pueblo para que pueda estar representado aún y cuando su partido no se encuentre dentro de los que obtuvieron múltiples escaños por MR, por lo que la aplicación del sistema de RP resulta ser un tipo de compensación para permitir el equilibrio y representación de las minorías.

Por lo que, en ese contexto, precisó que la Suprema Corte en las Acciones de Inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas y la 63/2017 y sus acumuladas, declaró la validez de los artículos de la Constitución Local y del Código Local relativos a RP, así como la invalidez de las fracciones II, IV y IV, esta última en la porción normativa “superior al cuatro por ciento de su votación local emitida”, del artículo 27 del código referido.

De ahí que, una vez que analizó la poca funcionalidad de la proporcionalidad pura en el sistema electoral de la Ciudad de México y al determinar que no existe una norma vigente que contemple dicho principio, además, concluyó que las y los legisladores determinaron que su aplicación era inviable.

Por lo que consideró que, en el presente proceso electoral de la Ciudad de México, el sistema de proporcionalidad pura no se encuentra vigente.

Además, conforme a lo resuelto en las Acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas, así como a la 63/2017 y acumuladas, sostuvo que el límite de diputaciones que puede tener un partido por los principios de MR y RP es de 40 (cuarenta).

Es decir, contrario a lo manifestado por el promovente, es claro que el Tribunal Local atendió las consideraciones sostenidas por la Suprema Corte en las referidas Acciones de Inconstitucionalidad, para llegar a la conclusión de que en la Ciudad de México no está vigente el sistema de proporcionalidad pura y para precisar el número máximo de diputaciones al que puede acceder un partido por ambos principios; con lo que es claro que no le asiste razón al PAN, ya que el Tribunal Local sí se pronunció sobre lo resuelto por la Suprema Corte, de ahí lo infundado del agravio.

(ii) Indebida Fundamentación y Motivación

MARCO NORMATIVO

Debe señalarse que el artículo 16 de la Constitución Federal establece, en su primer párrafo, la obligación de que todo acto de autoridad que pueda incidir en los derechos de las y los gobernados se encuentre debidamente fundado y motivado.

Al respecto, debe resaltarse que se configura una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad se invocan diversos preceptos legales; sin embargo, los mismos resultan inaplicables al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa.

Por su parte, una incorrecta motivación acontece en el supuesto en que se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

Por tanto, es de concluir que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación implica la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, correspondiente a la Séptima Época, cuyo rubro es el siguiente: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION[40].

Asimismo, la Sala Superior ha señalado que las autoridades cumplen con la exigencia de la debida fundamentación y motivación cuando en la sentencia expresan las razones y motivos que conducen a adoptar una determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y señalan con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustentan la determinación adoptada[41].

RESPUESTA DE ESTA SALA REGIONAL

Los planteamientos de las personas que promueven son infundados de conformidad con lo siguiente.

a) SCM-JDC-1046/2018

Argumentan los Actores “Por la CDMX al Frente” que los resolutivos de la Sentencia Impugnada no hacen referencia clara y precisa a la fundamentación y motivación que los sustenta, y agregan que específicamente en los resolutivos quinto al noveno, el Tribunal Local no expresó la consideración que la llevó a dichas conclusiones.

Lo inoperante del agravio radica en que los promoventes parten de una premisa errónea al considerar que las sentencias son actos que se integran por un conjunto de secciones que no guardan relación entre sí, de ahí que sea necesario que entre éstas existan referencias precisas entre sus apartados, toda vez que, en su concepto, la falta de referencia a la consideración que sustenta la conclusión expresada en los puntos resolutivos violenta los principios de fundamentación y motivación.

Así, contrario a lo afirmado, una sentencia debe ser entendida como un acto que expresa los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirven de base para la resolución del asunto, de lo que se deduce que la sentencia debe entenderse como un acto jurídico completo y no a través de algunas de sus partes, porque si bien en el ámbito jurisdiccional es práctica común dividir una sentencia en proemio, resultandos, considerandos y resolutivos, ello no implica que en cada una de esas partes se expresen los motivos y fundamentos que sustentan la parte relativa, sino que las resoluciones o sentencias deben ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta; lo anterior en términos de la jurisprudencia 5/2002 de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES[42].

En consecuencia, la fundamentación y motivación de la Sentencia Impugnada no depende de la falta de referencia al considerando que permitió al Tribunal Local llegar a las conclusiones expresadas en los puntos resolutivos, ya que las sentencias se integran por diversos apartados que constituyen una unidad, es decir, se trata de un acto constituido por todas sus partes, por lo que su análisis debe ser completo; de ahí lo inoperante del agravio analizado.

b) SCM-JDC-1054/2018

En relación con el agravio del Actor del PT, en el que manifiesta que la Sentencia Impugnada no está debidamente fundada y motivada, pues los criterios de la Sala Superior en los que el Tribunal Local basó la imposibilidad de atender la solicitud inaplicación del artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local, no resultaban aplicables, ya que no establecen la imposibilidad del Tribunal Local de estudiar la constitucionalidad de normas cuya validez ya hubiera sido objeto de pronunciamiento de la Suprema Corte, esta Sala Regional lo califica como infundado.

Esto es así, pues contrario a lo que estima el Actor del PT, los precedentes de la Sala Superior en los recursos de reconsideración SUP-REC-1324/2017 y su acumulado
SUP-REC-1324/2017 a los que hizo referencia el Tribunal Local, sí refieren que la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma cuya inaplicación se solicitó en aquellas ocasiones. En ese sentido, el Tribunal Local consideró que no podía volver a analizar la constitucionalidad de una norma que ya había sido analizada en ese sentido por la Suprema Corte.

Así, a juicio de esta Sala Regional, la decisión del Tribunal Local está debidamente fundada y motivada, pues las razones y preceptos legales que utilizó para sustentarla sí resultan aplicables al caso, toda vez que, para dar contestación a su solicitud de inaplicar una norma cuya constitucionalidad ya había sido objeto de pronunciamiento de la Suprema Corte, basó su determinación en criterios de Sala Superior en los que se razonó que, en dicho supuesto, no era posible volver a realizar un análisis de constitucionalidad de las normas, de ahí lo infundado del agravio.

7.7.  Violación de Paridad de Género y Violencia Política por Razón de Género

 [SCM-JDC-1045/2018, SCM-JDC-1052/2018,

 SCM-JDC-1054/2018, SCM-JRC-182/2018]

Previo al análisis de los agravios hechos valer respecto a este particular, es de precisar que, si bien en distintos juicios se hacen valer acusaciones de violación a las reglas de paridad y la actualización de hechos de violencia política de género[43], tales violaciones se hacen depender del análisis de otros temas y solo como resultado de, lo que los actores consideran, una incorrecta actuación de la responsable en temas como la integración de las listas definitivas de candidaturas o la indebida asignación de curules.

Sobre esta línea, en tanto no podrían analizarse autónomamente las violaciones a las normas de paridad o los hechos de violencia, estos argumentos serán analizados conjuntamente con las irregularidades de las que se hacen depender.

(i) Inaplicación del artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local [SCM-JDC-1054/2018]

A.  Síntesis de Agravios

El Actor del PT solicita la inaplicación de la norma y que se establezca un mecanismo de sustitución de Diputaciones de RP, pues tal disposición no admite una interpretación conforme en sentido amplio y su aplicación al caso concreto genera que se viole su derecho a ser votado.

B. Estudio

Este agravio es inoperante.

Al respecto, el agravio expuesto resulta inoperante, pues como se expuso con anterioridad, el Actor del PT parte de una premisa errónea al considerar que el respeto al principio de paridad implicaba garantizar la integración paritaria de los grupos parlamentarios del Congreso Local.

Lo anterior, ya que en función del análisis realizado sobre el agravio hecho valer con relación a la actualización de la figura de la cosa juzgada [6.3], se determinó que el análisis de la inaplicación del artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local, resultaría improcedente; toda vez que la argumentación hecha al respecto, partía de una premisa falsa.

Por esta razón, resultaría ocioso analizar la procedencia de la realización de un análisis de inconstitucionalidad que antes ya se desestimó.

(ii) Violación al principio de paridad en la integración de las Bancadas

A.  Síntesis de Agravios

a.       Bancada del PT [SCM-JDC-1054/2018]

En este punto, el Actor del PT acusa que se hubiera determinado que la bancada del PT debería integrarse con 3 (tres) mujeres, pues esta integración no es paritaria; en su lugar, considera que el grupo parlamentario del PT debió integrarse con 2 (dos) mujeres y 1 (un) hombre.

b.       Bancada del PAN [SCM-JDC-1054/2018]

El Actor del PT acusa que la asignación de Diputaciones de RP del PAN incumplió los principios de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ya que dicho grupo parlamentario se integró con 4 (cuatro) mujeres y 7 (siete) hombres; lo que dejó subrepresentadas a las mujeres en ese grupo parlamentario.

c.       Bancada del PRI [SCM-JDC-1045/2018]

La Actora del PRI señala que su fracción parlamentaria no está integrada de manera paritaria, ya que está conformada por 5 (cinco) integrantes, de los cuales 3 (tres) son hombres y 2 (dos) son mujeres.

En atención a la falta de integración paritaria, la Sentencia Impugnada incurre en acciones discriminatorias que conllevan violencia política de género, pues se limitó a aplicar la norma, dejando de lado la interpretación ampliada en favor de los derechos de las mujeres. Esto, pues de acuerdo a criterios sostenidos por la Sala Superior, cuando se asignen Diputaciones de RP y el número a asignar sea impar, la conformación debe favorecer la integración de mujeres.

B.  Estudio

Este agravio es inoperante.

En función del análisis realizado sobre el agravio hecho valer con relación a la actualización de la figura de la cosa juzgada [6.3], se determinó que el Actor del PT partía de una premisa falsa al acusar la violación del principio de paridad porque éste no hubiera sido atendido en la conformación de los grupos parlamentarios del Congreso, pues resultaba primordial, más que asegurar la integración paritaria de las bancadas, del órgano en su conjunto.

En este sentido, toda vez que este agravio ya se analizó dentro del análisis de otro de los hechos valer en los juicios que se resuelven, es ocioso reiterar las consideraciones antes expuestas.

(iii) Violación al principio de autodeterminación de los partidos políticos [SCM-JDC-1054/2018]

A. Síntesis de Agravio

El Actor del PT considera que, si bien, conforme a la jurisprudencia 36/2015 de la Sala Superior de rubro REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA, en atención al principio de paridad es posible modificar la lista de candidaturas en la designación, esto está sujeto a que no se afecte de manera desproporcionada otros principios de la materia, situación que se actualiza en el caso, pues se viola la autodeterminación del PT.

B. Estudio

Para responder a este planteamiento, es necesario hacer cita a lo resuelto por el Tribunal Local en la Sentencia Impugnada.

¿Qué resolvió el Tribunal Local?

Respecto a este tema, el PT y el Actor del PT, señalaron que el Instituto Local inobservó que al PT se le impuso una integración con un grupo parlamentario de 3 (tres) mujeres, despojando al hombre que encabezaba el primer lugar de la lista A para ejercer el cargo de la diputación, lo que trasgredió el derecho del PT de autodeterminación y autoorganizar la postulación de candidaturas.

A su consideración, a pesar de que los partidos realizan sus postulaciones 50% (cincuenta por ciento) mujeres y hombres, se establece un instrumento para que en la integración final del Congreso, sean los partidos que constituyen las minorías parlamentarias, quienes deben sustituir los géneros de sus candidaturas para resolver la sobrerrepresentación de un género en la totalidad del Congreso y no quienes tienen una mayor sobrerrepresentación del género que provoca el desequilibrio.

El Tribunal Local consideró infundado el agravio porque advirtió que de acuerdo a lo razonado el Acuerdo 300, la sustitución de la diputación del PT, se realizó conforme al artículo 27 fracción VI incisos g), h), i) y k), del Código Local.

Así, el Tribunal Local argumentó que el Instituto Local:

a.     Justificó correctamente las medidas por adoptar en razón del principio de paridad de género en la distribución de Diputaciones de RP, para lo cual consideró los hechos y el contexto en que se llevó a cabo las asignaciones de diputaciones, en términos del artículo 27 fracción VI incisos g) del Código Local. 

b.    Advirtió la necesidad de implementar la medida para asegurar la paridad y explicó los parámetros de su aplicación, conforme al artículo 27 fracción VI incisos h) del Código Local. 

c.     Especificó el número de diputaciones que debían ser modificadas para alcanzar la integración paritaria y que se alternaría a los partidos empezando con el que hubiera recibido el menor porcentaje de votación, de acuerdo con el artículo 27 fracción VI inciso i) del Código Local.

d.    Consideró el porcentaje de los partidos y el número de mujeres y hombres que resultaron de la asignación, por lo que concluyó que las Diputaciones de RP asignadas al PT, le correspondían a 2 (dos) mujeres, en apego al artículo 27 fracción VI inciso k) del Código Local.

En ese sentido, el Tribunal Local estimó que el Instituto Local actuó correctamente y apegado a la normatividad debido a que realizó la deducción de la única diputación que resultaba necesaria para lograr un congreso paritario.

Además, el Tribunal Local consideró que conforme al artículo 27 fracción VI incisos h), i), j) y k) del Código Local, el principio de paridad de género por sustitución como medida compensatoria en la integración final, no se aplica para la integración de las fracciones parlamentarias en el Congreso, sino del congreso en su totalidad.

Por lo que hace al derecho de auto organización y autodeterminación de los partidos, el Tribunal Local consideró que no se transgredió, porque ese derecho tiene límites y formas en que se debe cumplir, además, en la etapa compensatoria cede al momento de aplicar el principio de paridad y las acciones afirmativas a favor los sectores históricamente desprotegidos.

El Tribunal Local estableció que el derecho de autodeterminación del PT no se encuentra violentado, ya que cede frente al principio de igualdad en el momento de aplicar el principio de paridad y las acciones afirmativas a favor de sectores históricamente desprotegidos.

En ese sentido, aunque el Tribunal Local reconoció que los partidos tienen derecho de auto organizarse y estructurarse mediante los mecanismos que eligieran, esta prerrogativa está limitada en términos de la Constitución Federal; siendo tal el caso el de la restricción que implica la atención al principio de paridad.

En ese sentido, el Tribunal Local consideró que, como lo había sostenido la Sala Superior al resolver el expediente
SUP-REC-936/2014 y acumulados, el derecho de auto organización de los partidos cede frente a los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, además de paridad de género, de tal forma que, con la modificación de listas y la compensación de la desigualdad generada contra el ejercicio de las mujeres en sus derechos, se logra una participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular, particularmente, en el Congreso.

¿Qué resuelve esta Sala Regional?

El agravio es inoperante.

Lo anterior es así, pues el Actor del PT se limitó a argumentar que si bien es posible realizar modificaciones en el orden de las listas en la asignación de diputaciones, esto está sujeto a que no se afecte de manera desproporcionada otros principios de la materia, situación que se actualiza en el caso, pues se viola la autodeterminación del PT.

Sentado esto, el Actor del PT fue omiso en dialogar con las razones que expuso la Sentencia Impugnada para contestar el agravio relacionado con la violación al derecho de auto determinación del PT con motivo de la alteración en el orden de su lista para la designación de candidaturas.

En este sentido, no controvirtió el argumento toral del Tribunal Local, en el que, a partir de reconocer a la autodeterminación como un derecho de los partidos, se razonó la aceptabilidad de restricciones frente a las cuales, este derecho cedería para la garantía de otros o el respeto a principios como el de igualdad que buscaba la paridad; así, aun cuando el Tribunal Local reconoció un sacrificio del principio de autodeterminación del PT, lo consideró válido y justificado.

En este orden de ideas, debió razonarse por qué, contrario a lo que sostuvo el Tribunal Local, no resultaría una restricción válida al derecho de autodeterminación de los partidos, el aseguramiento de la integración paritaria de los órganos públicos -como el Congreso Local- o la garantía del derecho de igualdad en su vertiente material.

Así, pudo haber argumentado por qué no resultaría aceptable, a la luz del principio de autodeterminación de los partidos, una medida que ordenara cambiar el orden de la lista de candidaturas que habrían de utilizarse para la asignación de curules del PT, teniendo como efecto que fuera asignada una diputación a una candidata también designada por el partido y que conformaba su lista, aunque en diferente lugar.

O en su defecto, por qué razones tales como la atención a las reglas de paridad o la consecución de un estado de igualdad material entre hombres y mujeres, no serían una justificación lo suficientemente fuerte para limitar el derecho de auto organización del PT.

(iv) Indebido análisis de acusación de violencia política contra Actor del PT [SCM-JDC-1054/2018]

A. Síntesis de Agravios

El Actor del PT acusa la actualización, en su contra, de violencia política en razón de género, ya que tanto el IECM como el Tribunal Local, le impiden acceder a una diputación por ser hombre. Sobre esta línea acusa que el Tribunal Local:

a.     Descartó la posibilidad de que los hombres pudieran sufrir violencia política de género y de que, en consecuencia, pudieran denunciarla; así, al igual que pasa con los hombres víctimas de violencia intrafamiliar, lo invisibiliza y deja en estado de indefensión a los hombres que pudieran ser víctimas de violencia política de género.

b.    Lo discriminó al exigirle que aportara elementos para acreditar los hechos de violencia política ejercida en su contra.

c.     Fue omiso en revisar el cumplimiento de los elementos para la actualización del tipo de violencia política en razón de género en su contra.

B. Estudio

¿Qué resolvió el Tribunal Local?

Para analizar el argumento propuesto por el Actor del PT es necesario hacer referencia a las consideraciones expuestas al respecto por el Tribunal Local.

El Tribunal Local partió de precisar que el Actor del PT había hecho valer que de las 3 (tres) diputaciones obtenidas por el PT[44], una de ellas tuvo que asignarse a él, porque aplicando correctamente los principios de igualdad y de paridad de género -derivado de que la diputación de mayoría relativa fue obtenida por una mujer- lo correcto era que las 2 (dos) Diputaciones de RP fueran asignadas a 1 (una) mujer y 1 (un) hombre y no a 2 (dos) mujeres, lo que provocó que el grupo parlamentario del PT estuviera integrado únicamente por mujeres, lo cual violaba su derecho a ser votado y además trasgredía su dignidad, transformándose en violencia político electoral en razón de género.

En ese sentido, también precisó que el Actor del PT había estimado que al no otorgársele un espacio en el Congreso, se violaban sus derechos político-electorales y con ello, se actualizaba el tipo de violencia política de género en su contra.

Tomando en consideración lo anterior, aunado a la alegación de violencia política que hizo otra actora, se consideró pertinente analizar si se actualizaba la conducta de violencia política de género que se hacía valer.

En ese sentido, tomó la definición de violencia política del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en el ámbito de competencia del Tribunal Local, y la de violencia política en razón de género del artículo 4 apartado C párrafo III del Código Local; además de lo sostenido al respecto por el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres sobre los medios para identificar los actos de violencia de política contra las mujeres con base en el género y los elementos necesarios para acreditar la existencia de la violencia política de violencia de género dentro de un debate político.

No obstante, también consideró que la simple manifestación respecto a supuestos hechos de violencia política en razón de género, por sí mismas, no bastaban para tener por acreditada dicha conducta en perjuicio de quien lo hacía valer, de ahí que debiera analizarse cada caso en particular.

Respecto al caso específico del Actor del PT, el Tribunal Local estimó que si bien los protocolos y los criterios jurídicos señalados referían que la violencia política en razón de género se enfocaba principalmente en las mujeres, no se excluía que pudieran ser utilizados en conductas denunciadas hacia un hombre; ya que la finalidad de tales instrumentos, se enfocaba en erradicar actos y omisiones que hubieran generado una afectación a los derechos político-electorales, que si bien se había presentado históricamente en perjuicio de las mujeres, podría afectar tanto a hombres como a mujeres.

No obstante lo anterior, concluyó que no se actualizó la supuesta violencia política de género en contra del Actor del PT, esto, ya que del análisis del expediente, no existían elementos de prueba -ni siquiera constancias que aportaran indicios leves- de que el Consejo General del IECM pudiera haber ejercido la violencia política de género denunciada.

En este tenor, estimó que no era posible sostener que el IECM, al emitir el Acuerdo 300, provocara presión, acoso, hostigamiento, coacción, discriminación o que implicara una amenaza o privación de la libertad o de la vida en razón de género en perjuicio del Actor del PT, por lo que no se actualizó alguno de los supuestos del artículo 4 apartado C fracción III del Código Local.

Lo anterior, ya que la conducta que el Actor del PT atribuyó como violencia política de género, descansaba sobre una posible indebida aplicación del principio de paridad de género por parte del Instituto Local, no así, a partir de la acusación de episodios concretos de violencia.

¿Qué resuelve esta Sala Regional?

El agravio es inoperante.

En primer lugar, el agravio parte de considerar que el Tribunal Local desestimó la posibilidad de que el Actor del PT, siendo hombre, pudiera sufrir violencia política de género.

No obstante, pese a lo acusado por el Actor del PT, de una lectura de la Sentencia Impugnada, puede advertirse que antes de estudiar el caso del Actor del PT, el Tribunal Local puntualizó que si bien las normas y protocolos identificaban a la violencia política de género como una conducta que principalmente se efectuaba en contra de las mujeres, estos hechos podrían ser sufridos también por hombres y que, por tanto, las disposiciones normativas previstas al respecto, también resultarían aplicables a su caso de acreditarse la actualización de hechos de violencia política en razón de género.

Por otra parte, también parte de una premisa incorrecta al considerar que el Tribunal le exigió aportar elementos de prueba para acreditar los hechos presuntamente sufridos; ello, pues el Tribunal Local más bien consideró que no existían elementos que apuntaran hacia una causa probable de existencia de un escenario de violencia política de género contra el Actor del PT. Esto es, aun cuando tal órgano analizó sus acusaciones y pruebas para tratar de desprender de ellas elementos que pudieran ayudar a descubrir un episodio o trato sistemático de violencia de género en contra del Actor del PT, no se encontraron indicativos de tal.

Más bien, apuntó que la supuesta violencia política de género se hacía descansar sobre el hecho de que no se le hubiera asignado una diputación con motivo del desarrollo del sistema de asignación de Diputaciones de RP.

Así, se tiene que el Tribunal Local advirtió que el Actor del PT razonó la configuración de violencia política de género como resultado del desarrollo de la fórmula diseñada para la integración del Congreso Local y no como un evento autónomo; razón que le llevó a no analizar la actualización de los elementos que configurarían una conducta de violencia política de género.

Con independencia de lo anterior, esta Sala Regional considera que no resultaría un proceder discriminatorio la exigencia de la aportación de elementos -aun circunstanciales- para la acreditación de los hechos de violencia de género sufridos por el Actor del PT. Esto, pues si bien se reconoce la dificultad que ello representa para las víctimas de tales eventos, no les lleva al relevo absoluto de la carga de la prueba para acreditar sus manifestaciones.

En este sentido, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a flexibilizar las exigencias en torno al rigor probatorio y tomar un papel más activo en colaboración con la víctima para allegarse de los elementos necesarios para determinar la existencia o inexistencia de los escenarios de violencia política por razón de género; empero, esto será siempre que se hubieran advertido elementos indicativos de la existencia de un escenario de tales hechos de violencia.

7.8.  Omisiones respecto al Fideicomiso

 [SCM-JDC-1052/2018]

A. Síntesis de Agravio

La Actora del PRD considera que el Instituto Local, el Tribunal Local y el Consejo General del INE han omitido investigar el que denomina “Fideicomiso de MORENA”, identificar a quienes integran una posible “empresa criminal”, así como juzgar y sancionarles por los resultados alcanzados en la elección mediante su creación, lo que tuvo como consecuencia que ella no ganara en el distrito electoral en que compitió. Para ella, esto constituye una grave violación a sus derechos humanos, que se ve reflejada en la Sentencia Impugnada.

Argumenta la Actora del PRD que sus derechos humanos a ser votada y a la verdad se violan por la Sentencia Impugnada al confirmar la asignación de Diputaciones de RP y la entrega de las constancias respectivas sin que exista una resolución en la que se hayan investigado los hechos y sancionado a las personas involucradas ni adoptando las medidas necesarias para remediarlas, a fin de asignarle una Diputación de RP.

Para la Actora del PRD, la falta de investigación le agravia porque deja sin aclarar el origen de los recursos y sus consecuencias para una posible nulidad de la elección, así como si su utilización fue indebida.

A partir de un reportaje periodístico[45] y declaraciones que atribuye a Horacio Duarte Olivares[46], la Actora del PRD desprende diversas hipótesis y datos respecto al monto recaudado por el fideicomiso, su forma de financiación, personas beneficiadas y cómo operó para obtener una mayor preferencia electoral. También considera demostrado que es clara la finalidad político-electoral del fideicomiso ya que para generar el censo de personas beneficiadas y entregar los recursos, MORENA utilizó su estructura, asimismo, recibió recursos de sus bancadas en el Congreso de la Unión.

Por lo anterior, la Actora del PRD supone que existe una represión generalizada contra un grupo de partidos políticos y/o población de candidatas y candidatos por parte del Estado, lo que significa una violación grave a sus derechos humanos que debería ser juzgada con los principios aplicables a los delitos de lesa humanidad, de ahí la necesidad de promover este recurso a fin de que se le restituya en su derecho humano a ser votada violado por los actos y/o Sentencia Impugnada y le asigne una diputación por RP.

B. Estudio

Los agravios son infundados en una parte e inoperantes en otra.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal reconocen los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica que se traducen en la obligación de las autoridades a limitar sus actos a las atribuciones que le confiere la ley, de forma tal que la afectación en la esfera de los derechos de las personas que pudieran producir no sea arbitraria[47].

Así, las autoridades deben actuar dentro del ámbito de su competencia, es decir, de las atribuciones que tiene conferidas para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.

La competencia no solo limita a las autoridades, sino que también la encauza a realizar determinados actos, de forma tal que la simple inactividad no configura una omisión ya que para eso es imprescindible que exista el deber de llevarlos a cabo[48].

En nuestro sistema electoral, la Constitución Federal establece la atribución del INE de verificar el origen y la aplicación de los recursos de los partidos nacionales y locales. También previó la posibilidad de delegarla a los organismos públicos locales[49].

Asimismo, reservó a la ley su desarrollo y la definición de los órganos técnicos que deban realizar la revisión e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones[50]. También dispondrán los montos máximos de sus erogaciones en los procesos internos y campañas, de los que puede recibir de su militancia y simpatizantes, los procedimientos de vigilancia durante la campaña, del origen y uso de todos sus recursos, y dispondrá las sanciones aplicables[51].

En consecuencia, la Ley de Partidos y la Ley Electoral establecen las obligaciones de los partidos así como los términos y procedimientos de la fiscalización[52].

En el desarrollo de la atribución constitucional del Consejo General del INE, las leyes generales en materia electoral disponen que deben vigilar el origen de los recursos de los partidos políticos, coaliciones, agrupaciones políticas y candidaturas, así como que se apliquen de acuerdo a sus fines, con apego a las normas aplicables[53].

Este control es ejercido por el Consejo General del INE a través de la revisión de los informes de gasto (precampaña, campaña y ordinario) y de la instauración de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización[54].

El objeto de tales procedimientos es resolver las quejas, denuncias o los iniciados de oficio que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados de la financiación de los quienes deben cumplir con las obligaciones de la fiscalización[55].

La resolución de este tipo de procesos y la imposición de sanciones, le corresponde al Consejo General del INE[56], que ejerce esta atribución y realiza todos los actos preparatorios para resolver los procedimientos administrativos sancionadores, a través de la Comisión de Fiscalización[57].

La Comisión de Fiscalización cuenta con un órgano técnicamente independiente -pero sometido a su supervisión- para cumplir con sus atribuciones, la UTF[58].

La UTF investiga y sustancia las quejas y los procedimientos oficiosos en esta materia[59] y presenta a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución, en los que puede proponer la imposición de sanciones de encontrar acreditada la contravención de las disposiciones en materia de fiscalización[60].

Es claro entonces que el Consejo General del INE, por conducto de la Comisión de Fiscalización y la UTF, es el órgano con las atribuciones constitucionales y legales para tomar las determinaciones sobre la existencia de las infracciones a las disposiciones que regulan el origen y destino de los recursos de -entre otros- los partidos y la imposición de sus sanciones, a la que arriban después de la sustanciación de un procedimiento en el que son investigadas las quejas, denuncias o los iniciados oficiosamente, realizado por la UTF con la supervisión de la Comisión de Fiscalización.

Ahora es necesario establecer cuál es la competencia del Tribunal Local y el ICEM.

El IECM tiene como atribuciones: (a) organizar las elecciones locales, ejerciendo las atribuciones que no están reservadas para el INE[61], (b) sustanciar y resolver los procedimientos ordinarios sancionadores por las infracciones cometidas dentro y fuera del proceso electoral, y (c) investigar y sustanciar el procedimiento especial sancionador por trasgresiones a las normas de la propaganda política o electoral, la del tipo calumniosa y actos anticipados de precampaña o campaña, que son investigados por el organismo público local y resueltos por el Tribunal Electoral[62].

Resulta claro que el Instituto Local solo tiene atribuciones para investigar cuando se trata de actos relacionado a la propaganda y actos anticipados de precampañas y campañas locales. Si bien podría recibir en delegación la fiscalización de los partidos políticos, no es su atribución natural y solo puede ejercerla de manera excepcional[63].

Ahora bien, las atribuciones con las que cuenta el Tribunal Local están conformadas de acuerdo al sistema de medios de impugnación que aseguren la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, previsto por la Constitución Federal [64]. En la Ciudad de México, es atribución del Tribunal Local resolver ese tipo de medios, integrado por el juicio electoral y el Juicio de la Ciudadanía local previstos para combatir las irregularidades de los procesos electorales, controlar la regularidad constitucional, convencional y legal de los actos y resoluciones emitidos en esta materia, y atender las violaciones a los derechos político electorales[65].

El juicio electoral procede contra: (a) actos y resoluciones de los órganos de del Instituto Local, (b) las violaciones las normas de los instrumentos de participación ciudadana, (c) los cómputos distritales y entregas de constancias de mayoría o asignación cuando impugne partidos políticos, coaliciones o candidaturas sin partido, (d) actos y resoluciones de un procedimiento administrativo sancionador, y (e) otros supuestos que puedan desprenderse de la ley[66].

El Juicio de la Ciudadanía puede promoverse para combatir[67]: (a) en general, contra las violaciones a los derechos político-electorales[68], (b) actos de los partidos políticos en los procesos internos de selección de dirigencias o candidaturas,
(c) sanciones, y (d) violaciones derivadas de procesos de participación ciudadana.

También es la instancia resolutora de los procedimientos especiales sancionadores sustanciados por el Instituto Local[69].

Como puede verse, el Tribunal Local tampoco tiene en sus atribuciones realizar investigaciones o resolver sobre las infracciones de los partidos políticos a la normas relativas a la fiscalización, ni siquiera podría controlar los actos del IECM en el caso de que se le haya delegado esta atribución debido a que la Constitución Federal establece la competencia de este Tribunal para resolver las impugnaciones al respecto[70].

Para la Sala Regional, el contenido de las normas constitucionales y legales expuestas demuestran que son inexistentes las omisiones de investigar, juzgar y sancionar a las personas involucradas en la supuesta creación del que la Actora del PRD denomina “Fideicomiso creado por MORENA” que atribuye al Tribunal Local y al IECM, ya que no tienen las atribuciones que les impongan deberes de realizar tales actos respecto a la fiscalización de los partidos, por el contrario, la Constitución Federal y las leyes generales la reservan para el Consejo General del INE.

Aunque es posible que tal atribución pudiera delegarse a organismos públicos locales, como lo es el Instituto Local, el presupuesto indispensable para considerar la existencia de una omisión al respecto es que el Consejo General del INE hubiera decidido encomendarle su realización, lo que en el caso no sucedió.

En cuanto a la omisión que la Actora del PRD acusa del Consejo General del INE, la Sala Regional considera que tampoco existe, ya que sí realizó una investigación sobre la creación del fideicomiso e incluso, multó a MORENA al resolver el procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización promovido por el PRI[71].

En efecto, la Sala Regional advierte de la Resolución INE/CG638/2018, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 15 párrafo 1 de la Ley de Medios[72], el Consejo General, determinó lo que se expone a continuación.

Los argumentos del PRI que motivaron a denunciar a MORENA y su entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, fueron con motivo del supuesto apoyo hecho con recursos públicos que recibe por parte del INE a personas afectadas por el sismo del 19 (diecinueve) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete); con la finalidad de investigar la procedencia de todos los recursos y la aplicación de los provenientes de su financiamiento público a fines distintos a los autorizados por la normativa o en su caso, el instrumento bancario de la especie de fideicomiso.

Ahora bien, el INE concluyó que sí existió un fideicomiso y que el Comité Técnico –quien operaba sus fines económicos- estaba conformado por diversas personas vinculadas con MORENA; y que las actuaciones de dicho Comité no eran libres, autónomas e independientes del partido, por lo que concluyó que las acciones del fideicomiso le eran atribuibles y al infringir diversas disposiciones fuera de las vías legales en materia de fiscalización, se actualizó un fraude a la ley.

Ante ello, el Consejo General del INE sancionó a MORENA en razón de las conductas infractoras, multándolo con el 250% (doscientos cincuenta por ciento) del monto involucrado, cantidad que asciende a un total de $78’818,566.37 (setenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil quinientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N.), lo que consistió en una reducción del apoyo público hasta el 50% (cincuenta por ciento) para alcanzar el equivalente a $197’046,415.92 (ciento noventa y siete millones cuarenta y seis mil cuatrocientos quince pesos 92/100 M.N.).

Así, resulta evidente que el Consejo General del INE no fue omiso en investigar, juzgar y sancionar los hechos puesto a su conocimiento.

Respecto a la omisión de investigar e identificar a las personas que la Actora del PRD estima integraron una “empresa criminal” y el origen de los recursos, la Sala Regional considera que no le asiste la razón ya que el Consejo General del INE sí realizó una investigación con la finalidad de establecer responsabilidades y su procedencia, sin embargo, con los elementos de prueba que contenía el expediente no logró esclarecer en su totalidad estos hechos.

* * *

La Actora del PRD considera que las supuestas omisiones de investigar el que denomina “Fideicomiso de MORENA”, de identificar a quienes integran la que dice es una posible “empresa criminal”, así como juzgar y sancionarles por los resultados que alcanzó en la elección mediante su creación, tuvo como consecuencia que no ganara en el distrito electoral correspondiente; lo anterior pues para ella, esto constituye una grave violación a sus derechos humanos, que se ve reflejada en la Sentencia Impugnada.

La Sala Regional considera inoperantes los argumentos de la Actora del PRD respecto a que la Sentencia Impugnada violó directamente sus derechos humanos a ser votada y a la verdad, al confirmar la asignación de Diputaciones de RP y la entrega de las constancias respectivas sin que exista una resolución en la que se hayan investigado los hechos y sancionado a las personas involucradas.

Esto se debe a que, resulta un hecho notorio[73] para la Sala Regional que el 31 (treinta y uno) de agosto, la Sala Superior revocó lisa y llanamente la Resolución INE/CG638/2018 al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-209/2018 y acumulados, al considerar “…no se demostró que el financiamiento del partido político tuviera como origen o destino el del fideicomiso, y tampoco se investigó que la aplicación del dinero del fideicomiso tuviera un propósito electoral o político que beneficiara directamente al partido MORENA, razón por la cual no existieron elementos suficientes para acreditar la ilicitud y sancionar a los sujetos denunciados..” , lo que derivó en una indebida fundamentación y motivación, así como la violación a la garantía de audiencia de MORENA.

De esta forma, la Actora del PRD no podría alcanzar su pretensión de obtener una Diputación de RP ya que no puede estimarse que la Sentencia Impugnada violó sus derechos humanos a ser votada y a la verdad o que se está ejerciendo una represión por parte del Estado, cuando ya existe una resolución inatacable que consideró no demostradas las infracciones de las que ella hace depender la vulneración a sus derechos humanos.

Igualmente resultan inoperantes los agravios sobre la falta de investigación que deja sin aclarar las consecuencias que tendría para determinar una posible nulidad de la elección, ya que para uno de los presupuestos de análisis de esta causa de nulidad por rebase en los topes de gasto de campaña requiere su acreditación de manera objetiva y material[74], sin embargo, en el caso la determinación de la Sala Superior revoca la decisión que había considerado comprobada la infracción en el indebido origen y destino de los recursos de MORENA.

La Sala Regional también considera inoperantes los agravios respecto a la operación y beneficio político-electoral que
-sostiene la Actora del PRD- obtuvo MORENA debido a que la Sala Superior estableció la falta de acreditación de las infracciones que -sostiene la Actora- se los habrían proporcionado.

Adicionalmente, la Actora del PRD no hizo valer estos argumentos ante el Tribunal Local.

Esto imposibilitó al Tribunal Local analizar este argumento para tomar su decisión sobre la asignación de las Diputaciones de RP y aunque la Ley Procesal Local contempla la suplencia de la queja para resolver los medios de impugnación sometidos a su autoridad, limita su aplicación a que se precise la lesión que ocasiona el acto o Sentencia Impugnada[75], lo que para la Sala Regional incluso podría evidenciarse de los hechos relatados en la demanda.

Del análisis de la demanda presentada ante el Tribunal Local, la Sala Regional no advierte que la Actora del PRD expusiera este razonamiento, lo que le impide confrontar el agravio hecho valer en esta instancia con las consideraciones de la Sentencia Impugnada.

Cabe aclarar que si bien se han analizado las supuestas omisiones de investigar, juzgar y sancionar a quienes tuvieron participación en la creación y operación del fideicomiso, en este punto el agravio de la Actora del PRD se dirige a tratar de demostrar un defecto en la Sentencia Impugnada, por lo que es necesario revisar los planteamientos realizados en la cadena impugnativa y si estos introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el ésta, no puede considerarse apto para que dé lugar a modificarla o revocarla[76].

Al respecto, la Sala Regional considera que, tal como lo razonó la Sala Superior al resolver la consulta de competencia planteada en este Juicio de la Ciudadanía[77], no es procedente introducir a la controversia que se está revisando en esta instancia, nuevos hechos y argumentos para revocar la Sentencia Impugnada, de ahí que deba calificar como inoperante este agravio.

7.9.  Fórmula para la Asignación de Diputaciones de RP

7.9.1.  Integración de las Listas

 [SCM-JDC-1044/2018, SCM-JDC-1046/2018 y

 SCM-JDC-1048/2018 y SCM-JDC-1052/0218]

A.  Síntesis de Agravios

Las y los Actores “Por la CDMX al Frente” argumentan que la Sentencia Impugnada no es exhaustiva, pues el Tribunal Local atendió de manera parcial sus agravios y omitió considerarles para incluirles en la lista B y, de esa manera, en la designación de curules, a pesar de haber participado en fórmula de candidaturas a Diputaciones de MR y haber obtenido una votación copiosa.

A su juicio, ello se debió a que sus agravios fueron analizados de forma genérica junto con los de otras personas actoras, y no de forma específica (puntual y exhaustiva). Señalan que el estudio del Tribunal Local se limitó a establecer que MC no alcanzó el 3% (tres por ciento) de la votación, pero no se pronunció respecto de su derecho de votar y ser votados.

Asimismo, alegan la omisión del Tribunal Local de fundar y motivar su determinación, dejándolos en estado de indefensión.

Por su parte la Actora del PRD argumenta que el Tribunal Local alteró el porcentaje de participación de las y los candidatos en los distritos, impactando y alterando de manera directa su ubicación en la lista B del PRD, de acuerdo con el orden de prelación de mayor a menor porcentaje.

Además, afirmó ser víctima de violencia política en razón de género por el indebido cálculo en su perjuicio en la integración de la lista B y la lista definitiva.

Ahora bien, Ismael Figueroa Flores manifiesta que resulta indebido que el Tribunal Local consideró que la conformación de las listas de partidos diversos al que lo postuló no le depara perjuicio, pues todas las acciones que limiten las candidaturas a Diputaciones de RP que le corresponden al PRD, tiene trascendencia, al afectar su derecho a acceder a una curul.

Que acorde a la integración de las listas definitivas, prevista en el artículo 29 apartado B párrafo 1 de la Constitución Local existe una condición de la necesidad de la lista A y la lista B para la conformación de la lista final, por lo que se debe revisar si una lista parcial A o B es suficiente para la conformación de la lista definitiva, acorde al párrafo 25 fracción V del Código Local.

Que el Tribunal Local determinó en forma indebida que la lista A es suficiente para integrar la lista C, aunado a que la lista B no era necesaria para integrar la lista definitiva, particularmente, respecto del caso de MORENA, lo cual no tiene sustento legal, aunado a que, si un partido no cuenta con una lista B, se le deben aplicar las reglas de sobrerrepresentación.

Que respecto de la indebida integración de la lista del PT, además de considerar que la lista B no es necesaria para integrar la lista definitiva, el Tribunal Local decide ir contra el principio de que nadie puede alegar a su favor su propio dolo, al ceder su lista B a MORENA, con lo cual la determinación de las diputadas y diputados que pueden acceder por RP provendrán solo de decisiones internas de los partidos mediante lista cerrada, rompiendo el equilibrio que debe guardar la lista definitiva al incorporar en la representación proporcional al voto ciudadano mediante la integración de la lista B que tiene naturaleza en una lista abierta.

B.  Estudio

B.1. Falta de Exhaustividad

En cuanto a la falta de exhaustividad, los agravios son infundados.

El artículo 17 de la Constitución Federal dispone que toda resolución emitida por la autoridad debe ser pronta, completa e imparcial, en los términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la exhaustividad al emitir la sentencia. La Sala Superior, en la jurisprudencia 43/2002[78], consideró que el principio de exhaustividad se cumple al estudiar todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas al conocimiento de una autoridad y no únicamente algún aspecto concreto.

En su demanda de Juicio de la Ciudadanía local, los Actores “Por la CDMX al Frente” afirmaron que el Instituto Local
-indebidamente- negó su participación en el procedimiento de asignación de Diputaciones de RP a pesar de tener derecho a ello y que tal circunstancia violaba su derecho a ser votados.

Medularmente, alegaron en aquella instancia: a) que era incorrecto la afirmación que MC no había obtenido el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida porque el artículo 460 del Código Local no señala expresamente que deba tomarse en cuenta, únicamente, la votación obtenida en la elección de diputados locales y en las elecciones federales dicho partido obtuvo más del 3% (tres por ciento); b) que, con la determinación, el Instituto Local violó en su perjuicio y en el de la ciudadanía las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues dejó de tomar en cuenta la voluntad de los votantes para la asignación de Diputaciones de RP al no incluir las listas de MC en dicho procedimiento a pesar de que dicho partido las registró en tiempo y forma; c) que el Acuerdo 300 es contrario a los principios que rigen la materia electoral, pues el Instituto Local no tomó en cuenta la elección concurrente para cargos federales y locales, e impuso de manera arbitraria y caprichosa el cómputo para determinar la asignación de Diputaciones de RP; y, d) que el Instituto Local, al negarles su derecho a participar en la asignación de Diputaciones de RP, violó su derecho de votar y ser votados, pues –de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Local y las disposiciones del Código Local– bastaba con que hubieran sido registrados como candidatos de MR para que, de no obtener el triunfo y sí una votación mayoritaria, fueran incluidos en la lista de asignación de Diputaciones de RP.

El Tribunal Local analizó sus agravios y los declaró infundados.

En el punto B.3 de la Sentencia Impugnada, como señalan los Actores “Por la CDMX al Frente”, el Tribunal Local sostuvo que sus argumentos se construyeron sobre una premisa falsa: que los Actores tienen derecho de participar en la asignación de diputaciones RP aún y cuando los partidos no alcanzaron el umbral mínimo de 3% (tres por ciento) requerido por la normativa electoral.

Ello pues señaló que el umbral de porcentaje mínimo en la asignación de Diputaciones de RP era obligatorio por ser -de acuerdo con la Suprema Corte[79]- uno de los principios aplicables a las elecciones locales, por lo que lo refirió como un impedimento al acceso de la RP para los partidos que no alcanzan dicho porcentaje.

El Tribunal Local determinó que, de acuerdo con el artículo 26 del Código Local, uno de los requisitos para que los partidos tuvieran acceso a la asignación de diputaciones de RP era obtener cuando menos el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida; que para efecto de determinar qué partidos o coaliciones tienen derecho para participar en la asignación de Diputaciones de RP, la votación válida emitida resultaba de restar al total de votos emitidos, la relativa a candidaturas no registradas y votos nulos. Con base en lo anterior, el Tribunal Local concluyó que los Actores “Por la CDMX al Frente” no cumplieron el requisito relativo a alcanzar el umbral mínimo de 3% (tres por ciento), establecido en el artículo 26 fracción II del Código Local.

Asimismo, concluyó que el Acuerdo 300 no violó en su perjuicio el derecho de acceder a un cargo de elección popular, pues para participar en la asignación de una curul era indispensable cumplir con los requisitos establecidos por la normativa electoral, lo que en el caso no ocurrió.

En el apartado B.7, determinó que el hecho que MC no hubiera alcanzado el umbral mínimo requerido de 3% (tres por ciento) de la votación correspondiente y que, por tanto, no participara en la distribución de Diputaciones de RP no era violatoria del derecho al voto de la ciudadanía, pues era una consecuencia jurídica propia para los partidos que no cumplieran con los requisitos de la norma electoral.

Por otra parte, en el apartado B.4 de la Sentencia Impugnada, el Tribunal Local señaló que partían de una premisa falsa al considerar que al haberse dado el caso de elecciones concurrentes y toda vez que MC obtuvo más del 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida a nivel federal, debió tomarse en cuenta dicha votación para determinar que sí cumplió con el requisito referido, al ser la que más les beneficia. Ello le llevó a desestimar dicho agravio. Esta cuestión que ya fue analizada en esta Sentencia, por lo que se omite el resto de la argumentación sostenida por el Tribunal Local.

De lo anterior, esta Sala Regional concluye que -contrario a lo afirmado por los Actores “Por la CDMX al Frente”- el Tribunal Local analizó todos y cada uno de los agravios expuestos en las respectivas demandas. Por lo que el hecho que el estudio no fuera realizado en los términos en que los actores consideran debió hacerse, no implica por sí mismo que el estudio no haya sido exhaustivo.

En concreto, los Actores “Por la CDMX al Frente” afirman que el Tribunal Local únicamente se pronunció respecto a la falta de cumplimiento de MC del requisito del 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida, pero omitió hacerlo respecto de su derecho a votar y ser votados. Dicha afirmación es incorrecta pues, como ya quedó expuesto en los párrafos anteriores, el Tribunal Local analizó ambas cuestiones y concluyó que no existía el derecho autónomo de los Actores a participar en la asignación de Diputaciones de RP, sino que tal supuesto dependía de que el partido que los postuló obtuviera el mínimo de votación requerido por la ley, lo que en el caso no sucedió, por lo que sus derechos no habían sido violados.

Por tanto, esta Sala Regional considera infundado el presente agravio.

B.2. Alteración del porcentaje de participación para integrar la lista “B”

Respecto del agravio de la Actora del PRD, en que argumenta que el Tribunal Local alteró el porcentaje de participación de los candidatos y candidatas en los distritos, impactando y alterando de manera directa su ubicación en la lista B del PRD, el agravio es infundado.

Esto, pues dicho argumento se centra en intentar evidenciar los supuestos errores cometidos por el Instituto Local, y confirmados por el Tribunal Local, al momento de calcular su porcentaje de votación.

En esencia, señala que el Instituto Local debió descontar de la votación local emitida en el Distrito 29[80], la correspondiente al PES, pues dicho partido -a su juicio- no alcanzó el porcentaje mínimo requerido por ley. Señala que al no haberlo hecho así, su porcentaje final fue de 20.16% (veinte punto dieciséis por ciento), y no de 20.98% (veinte punto noventa y ocho por ciento), lo que la llevó a la posición 5 de la Lista B.

Sin embargo, es incorrecta la premisa de la que parte: que se omitió deducir de la votación local emitida los 4,140 (cuatro mil ciento cuarenta) votos del PES, por no haber obtenido el 3% (tres por ciento) mínimo de la votación a nivel estatal.

Ello, pues el artículo 24 fracción IV del Código Local
–como lo señaló el Tribunal Local- dispone que las fórmulas de candidaturas a las diputaciones de MR que no lograron el triunfo en el distrito que participaron, pero que alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes de la votación local emitida, comparados respecto de otras fórmulas de su propio partido formarán parte de la Lista B.

La fracción XII del referido artículo establece que por votación local emitida se entiende “(…) la que resulte de deducir de la votación válida emitida, la votación a favor de (las y) los candidatos sin partido y los votos a favor de los partidos que no alcanzaron el umbral del 3% de la votación válida emitida (…)”.

Por su parte, las fracciones XI y XII del artículo 24 del Código Local disponen que la votación válida emitida es la que resulte de deducir de la votación total emitida (la suma de todos los votos depositados en las urnas de la elección respectiva), los votos a favor de las candidaturas no registradas y los votos nulos; además, la votación válida emitida es la que sirve para determinar si los partidos alcanzan el umbral del 3% (tres por ciento) de la votación.

De la lectura de las anteriores disposiciones, esta Sala Regional concluye que las leyes aplicables refieren en todo momento a la elección que se pretende analizar. En el caso, dado que se buscaba determinar las fórmulas de candidaturas a diputaciones de MR que integran la Lista B de un partido, las elecciones analizadas fueron las correspondientes a las diputaciones de MR en cada distrito en que participó el partido.

Es preciso tomar en consideración que de acuerdo con el propio artículo 24 fracción IV del Código Local, la forma de determinar la prelación de la Lista B es atendiendo dos criterios: a) el porcentaje de votación recibida por la fórmula en comparación con las demás candidaturas no ganadoras del mismo partido; y b) la alternancia entre géneros para lograr una integración paritaria.

Por tanto, para poder realizar una comparación cierta y objetiva entre las distintas fórmulas es preciso atender únicamente los valores de cada una de las elecciones. Es decir, hay que tomar en cuenta solamente la votación obtenida por los partidos que participaron en el respectivo distrito. De lo contrario, se estarían introduciendo elementos ajenos a cada una de las elecciones distritales que no harían sino distorsionar la representatividad de las candidaturas que no lograron el triunfo, y que no permitiría hacer comparaciones objetivas entre ellos.

Ahora, de la Sentencia Impugnada se desprende que, basándose en el acta de cómputo distrital correspondiente, el Instituto Local tomó los siguientes datos:

(13,5067 – 65 – 4,779) = 130,223

Los anteriores valores no fueron controvertidos por la Actora del PRD. Con base en ellos, y de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 24 del Código Local, el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida, que sirve como como umbral de acceso, se obtuvo de la siguiente manera:

3% de 130,223 = 3,906.96

La Actora coincide con la Sentencia Impugnada respecto de la votación de MC, Nueva Alianza y PH:

De ahí que el descuento de dichas cantidades respecto de la votación válida emitida realizada por el Instituto Local tampoco sea materia de controversia y pueda considerarse correcto.

Ahora, de acuerdo con la Actora del PRD, además de la votación obtenida por MC, Nueva Alianza y PH, debía descontarse de la votación válida emitida la correspondiente al PES. Ello, porque dicho partido no obtuvo el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida a nivel estatal; esto es, el PES no alcanzó la votación mínima requerida para conservar su registro ante el Instituto Local.

Los argumentos de la Actora del PRD son infundados conforme a lo expuesto por esta Sala Regional en párrafos previos, ya que la introducción de variables de otros comicios, a la elección que se analiza es contraria a la propia construcción normativa de la Lista B. Por tanto, el Instituto Local no estaba obligado a descontar la votación del PES tomando en cuenta sus resultados a nivel estatal, sino que lo debido era analizar si su votación en el distrito había superado o no el umbral del 3% (tres por ciento) de la votación distrital válida emitida.

En ese sentido, si bien no fue referido por el Tribunal Local en la Sentencia Impugnada, la Actora señala que la votación obtenida por PES en el Distrito 29 de la Ciudad de México fue de 4,140 (cuatro mil ciento cuarenta) votos, cantidad que es superior a 3,906.96 (tres mil novecientos seis punto noventa y seis) votos, que corresponde al 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida en dicho distrito.

Así, resulta claro que la votación obtenida por PES, al haber superado el umbral de acceso, debía formar parte de la votación local emitida en ese distrito y en el caso, tanto el Instituto Local como el Tribunal Local lo consideraron así en sus cálculos.

Por tanto, esta Sala Regional considera que fue correcta la actuación del Instituto Local y la confirmación del Tribunal Local en lo que respecta al cálculo de la votación local emitida en el Distrito 29 y en consecuencia, en la determinación del porcentaje de votación de la Actora del PRD y su lugar en el orden de prelación de la Lista B del PRD.

Es por ello, que el agravio es infundado.

B.3. Violencia política en razón de género

En cuanto al agravio relativo a la presunta violencia política en razón de género alegada por la Actora del PRD, el mismo es inoperante.

Lo anterior, dado que el único acto de violencia política de género denunciada es el cálculo que -según la Actora- indebidamente realizó el Instituto Local en la integración de las Listas B y Definitiva del PRD. Sin embargo, esta Sala Regional se pronunció respecto de dicho cálculo en el apartado anterior y consideró correcta la actuación tanto del Instituto Local como del Tribunal Local en la integración de la Lista B del PRD y en la posición de la Actora en la misma.

Por tanto, dado que el cálculo tachado de indebido es considerado correcto por esta Sala Regional, no existe base para considerar el mismo como un acto de violencia política por motivo de género en contra de la Actora.

De ahí que sea inoperante dicho agravio.

B.4. Indebida integración de las listas “A”, “B” y “C”

En cuanto a los argumentos de Ismael Figueroa Flores por los que controvierte los razonamientos que llevaron al Tribunal Local a confirmar la conformación de las listas son, por una parte inoperantes y por la otra, infundados.

En primer término, respecto a que fue indebido que el Tribunal Local considerara que la conformación de las listas de partidos diversos al que lo postuló no le deparan perjuicio, resulta inoperante.

Lo anterior pues, tal y como lo expone el Tribunal Local, Ismael Figueroa Flores parte de una premisa equivocada al considerar que la conformación de las listas de partidos diversos al que lo postuló le pueden perjudicar; esto, pues las 33 (treinta y tres) curules que se asignan a los partidos por RP, se determinan a través del porcentaje de votación que hubiera obtenido cada partido, una vez que se conoce el número de diputaciones que se le debe asignar, se tomará en consideración la lista definitiva de sus candidaturas.

De esta manera, la única posibilidad de Ismael Figueroa Flores de obtener una diputación es encontrarse en la lista definitiva del partido que le postula; por tanto, no le puede perjudicar la integración de las listas de MORENA y PT, en que se registró a militantes de esos partidos.

De esta manera, ya que a ningún fin práctico conduciría el análisis y calificación del agravio es que resulta inoperante, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2001825 de la Segunda Sala de rubro AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS[81].

Ahora, son infundadas las manifestaciones de Ismael Figueroa Flores en cuanto a que el Tribunal Local, de forma indebida, determinó que la lista “A” es suficiente para integrar la lista “C”, y que en el caso de MORENA, permitió al PT transferirle su lista.

Esto es así pues, contrario a lo que afirma, el Tribunal Local consideró que en el caso de PT y MORENA, para integrar la lista “B” que establece la fracción II del artículo 23 de este Código Local, se debería de atender a lo establecido en su convenio para determinar en cuál de las listas de los partidos se encontraría; además, señaló que un candidato o candidata no podrá ser registrada en la lista “B” de dos o más partidos que hubieran intervenido en la formulación de las candidaturas comunes.

Asimismo, argumentó que en el caso es un hecho público y notorio que MORENA, PT y PES celebraron convenio de candidatura común “Juntos Haremos Historia”, mismo que fue registrado por el Instituto Local mediante acuerdo
IECM/RS-CG-07/2018 el 19 (diecinueve) de abril, en el que establecieron, en las cláusulas tercera y cuarta, que la candidatura común de diputaciones de MR al Congreso sería determinada por MORENA conforme al procedimiento interno de selección de candidaturas de dicho partido.

De igual manera, señaló que a MORENA le correspondía postular 31 (treinta y un) fórmulas de candidaturas a diputaciones de MR, mientras que al PT y PES (1) una a cada uno; y que se precisó en el respectivo convenio que la adscripción de las fórmulas de diputados o diputadas, en caso de resultar electos, sería la del origen partidario de la candidatura, y que en el Distrito 21 le correspondería al PES, el Distrito 25 al PT y los restantes a MORENA.

También refirió que en la cláusula CUARTA acordaron respecto a la integración de la lista “B”, que las candidaturas que no lograran el triunfo en la elección de MR participarían en la lista de MORENA.

Por lo anterior, puede advertirse que Ismael Figueroa Flores no tiene razón, pues el Tribunal Local en ningún momento determinó que la lista “A” es suficiente para integrar la lista “C”, sino que analizó y concluyó que fue correcta la determinación del Instituto Local, basándose en la legislación aplicable así como en el convenio que suscribieron los partidos en cuestión.

Por otra parte, también resulta infundado el argumento relativo a que la lista B no era necesaria para integrar la lista definitiva, pues el Tribunal Local determinó que Ismael Figueroa Flores parte de una premisa errónea: considerar que para la conformación de la lista “Definitiva” es necesario contar con ambas listas (“A” y “B”). Ello, pues la lista “B” -al estar integrada con los mejores porcentajes de votación de las candidaturas por MR que no obtuvieron el triunfo- puede sufrir variaciones atendiendo a los triunfos que obtuvo cada partido, pues si un candidato o candidata de MR obtiene el triunfo -que constituye la base de la conformación de la Lista “B”- por consecuencia no la integraría, y tampoco integraría la Lista Definitiva.

Además, señaló que existe otro supuesto que genera variación: que alguna de las fórmulas registradas por ambos principios resulte ganadora. Esto es, los partidos pueden registrar hasta 5 (cinco) fórmulas de candidaturas por ambos principios. En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca tanto en la lista “A” como en la “B”, con derecho a la asignación de una Diputación de RP, se le debe otorgar el lugar en el que esté mejor posicionada.

Asimismo, consideró que otra variante sería el contenido de los convenios de coalición o de candidatura común, pues en dichos convenios se estableció la forma en que se integrarían las listas de los respectivos partidos.

Por dichas razones, el Tribunal Local consideró que el supuesto de modificación se actualiza cuando alguna de las fórmulas registradas por ambos principios resulte ganadora, por tanto, ocupen el lugar de la respectiva lista en que esté mejor posicionada.

Consideraciones con las que concuerda esta Sala Regional, pues en la integración de la lista definitiva pueden actualizarse distintas variables e inclusive, por la naturaleza de la conformación de la lista pueden generarse hasta 2 (dos) bloques del mismo género; aún más, puede darse el caso de que la lista definitiva se integre únicamente con la lista “A” (por ejemplo, si un partido ganara todas las diputaciones de MR).

Por lo anterior, el agravio se califica infundado.

7.9.2.  Indebida Interpretación de criterios de Sub y Sobrerrepresentación

 [SCM-JRC-180/2018]

A.  Síntesis de Agravios

Señala MORENA, que el Tribunal Local transgredió los principios de legalidad y exhaustividad al no considerar que se encontraba en el supuesto de excepción a la sobrerrepresentación relativa a que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de Diputadas y Diputados por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la legislatura que exceda en 8 (ocho) puntos a su porcentaje de votación local emitida.

De esta manera, refiere que el Tribunal Local interpretó indebidamente la porción normativa aplicable a su caso, pues de ella se desprende que se encontraba en el supuesto de excepción, por lo que se le deberían asignar 40 (cuarenta) diputaciones.

B. Estudio

Este agravio es infundado.

El Tribunal Local analizó e interpretó la porción normativa aplicable, concluyendo que el agravio de MORENA partía de una premisa incorrecta al pretender que se aplique el límite máximo de 40 (cuarenta) diputaciones en atención a que obtuvo diputaciones de MR y RP y por tanto se encontraba en el supuesto de excepción que dispone la legislación.

Además, refirió que la propia responsable verificó si algún partido superó el techo de 40 (cuarenta) diputaciones por ambos principios o por una sobrerrepresentación superior al 8% (ocho por ciento), en cuyo caso le serian deducidos el número de Diputaciones de RP hasta ajustarse a los límites.

Que por ello, MORENA partió de la premisa equivocada al pretender que se aplique el límite máximo de 40 (cuarenta) diputaciones, en el entendido que obtuvo diputaciones de MR y RP y por ello al encontrarse en una excepción no se deba aplicar el límite de sobrerrepresentación del 8% (ocho por ciento) y en su lugar debe aplicarse solo el límite de 40 (cuarenta) diputaciones por ambos principios.

Asimismo, el Tribunal local refiere que los límites no representan 2 (dos) opciones supeditadas a una condicionante, sino que consiste en la aplicación de 2 (dos) topes que sirven para determinar por una parte la sobrerrepresentación por porcentaje y la otra por el número de diputaciones que no pasen de 40 (cuarenta), concluyendo que, en efecto, MORENA superó el techo de las 40 (cuarenta) diputaciones por ambos principios al igual que el de sobrerrepresentación del 8% (ocho por ciento), de ahí que fuera correcto que le dedujeran Diputaciones de RP por el límite de sobrerrepresentación superior al 8% (ocho por ciento)[82].

Al respecto, esta Sala Regional considera que el Tribunal Local, sí analizó e interpretó lo relativo a los límites de la sub y sobrerrepresentación, y si bien, no refirió puntualmente el supuesto relativo a la excepción a que hace referencia MORENA, lo cierto es que no le asiste la razón.

Esto es así, pues tal y como lo dispone la normativa, la excepción consiste en que el límite de la sobrerrepresentación en 8 (ocho) puntos porcentuales, únicamente resulta aplicable a aquellos partidos políticos que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida más el 8% (ocho por ciento).

En efecto, dicha excepción contrasta (2) dos componentes, el (1°) el porcentaje de votación válida emitida, mientras que el (2°) consiste en el porcentaje del congreso que representen los curules obtenidos por el partido en los distritos uninominales, en ese sentido, para que el partido se encuentre en el supuesto normativo, es necesario que el porcentaje de curules que obtuvo por MR supere el porcentaje de votación válida emitida, por ejemplo, que por dicho principio sus diputaciones correspondieran al 40% (cuarenta por ciento) del Congreso, mientras que su votación correspondiera al (30%) treinta por ciento, de esta manera el partido se encontraría sobrerrepresentado por más de 8 (ocho) puntos porcentuales, sin embargo como el porcentaje de sus triunfos uninominales es mayor, se encontraría en el caso de excepción.

Es decir, para que un partido pueda encontrarse en el caso de excepción, es necesario que su porcentaje de votación válida emitida sea menor, en más de 8 (ocho) puntos porcentuales, en relación con el porcentaje del congreso que representen las diputaciones que hubiera obtenido el partido por MR.

Cuestión que el caso no se actualiza, pues la votación válida emitida de MORENA corresponde al 45.07% (cuarenta y cinco punto cero siete por ciento), mientras que el porcentaje obtenido por dicho partido correspondiente a sus triunfos en los distritos uninominales, es igual al 43.93% (cuarenta y tres punto noventa y tres por ciento), pues obtuvo 29 (veintinueve) Diputaciones por el principio de mayoría relativa, es decir, su votación válida emitida supera el porcentaje de curules que obtuvo en los distritos uninominales, de ahí que MORENA no se encuentre en el supuesto de excepción y por lo tanto, no le asista la razón. 

7.9.3.  Solicitud de Inaplicación de diversos Artículos del Código Local

 [SCM-JDC-1042/2018, SCM-JDC-1051/2018, SCM-JRC-171/2018, SCM-JRC-172/2018 y SCM-JRC-181/2018]

(i)  Solicitud de inaplicación del artículo 22 párrafo 2 del Código Local

A.  Síntesis de Agravios

SCM-JRC-171/2018, SCM-JRC-181/2018 y SCM-JDC-1042/2018

El PAN, PRD y el Actor del PAN solicitan la inaplicación del artículo 22 párrafo 2 del Código Local.

Afirman que el Tribunal Local confirmó la utilización de la votación local emitida para el cálculo de la sub y sobrerrepresentación que prevé dicho artículo, el cual contraviene el mandato constitucional consignado en los artículos 122 y 28 de la Ley Electoral y 9 de la Ley de Partidos que establecen que ningún partido podrá contar con un porcentaje de diputaciones -por ambos principios- respecto del total del congreso, que exceda en 8 (ocho) puntos su votación emitida, ni podrá estar subrepresentado en esa misma proporción.

La aplicación de dicho artículo, vulnera -a su juicio- la adecuada representación de la soberanía del pueblo, la función de la representación política de los partidos y la proporción directa entre la votación obtenida por un partido y el número de escaños que ocupe.

B. Estudio

Este agravio es inoperante.

Esta Sala Regional califica como inoperante el agravio del PAN, PRD y el Actor del PAN en que solicitan la inaplicación del artículo 22 párrafo 2 del Código Local que implicó confirmar el uso de la votación local emitida para calcular la sub y sobrerrepresentación.