AGRAVIOS

ÚNICO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA DEL ACTO IMPUGNADO, VIOLENTANDO LA FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Causa agravio al suscrito el ACTO que por esta vía se impugna, habida cuenta que carece de la debida fundamentación y motivación; conculcándose, en consecuencia, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así por los siguientes razonamientos lógico- jurídicos.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone categóricamente que:

TRANSCRIPCIÓN

Según este artículo son cuatro las garantías de seguridad jurídica que se contienen en el mismo: a) la garantía de irretroactividad de la ley; b) la garantía de audiencia, c) la garantía de exacta aplicación de la ley y, por último, d) la garantía de legalidad en materia civil y administrativa.

Al respecto, cabe hacer mención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá sujetarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias, de ahí que es necesario que cualquier procedimiento que tenga como fin un acto de privación en contra de un derecho del gobernado, independientemente de la disciplina jurídica de que se trate, deberá sujetarse estrictamente a la mencionada garantía de seguridad jurídica, sin que la materia electoral sea la excepción.

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:

TRANSCRIPCIÓN

En este sentido, es oportuno señalar que el citado dispositivo constitucional contiene lo que se denomina como "garantía de legalidad", que condiciona todo acto de molestia en la expresión, fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Esto es, que ambas condiciones de validez constitucional del acto de molestia deben concurrir necesariamente en el caso concreto, para que aquél no implique una violación a la mencionada garantía.

Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las referidas vertientes, consiste en vigilar que todo acto emitido por la autoridad competente esté debidamente fundado y motivado, lo que significa, por una parte, la obligación que tienen los órganos de autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por otra, invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta en su emisión, para que los motivos aducidos y las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sean congruentes, con el propósito de que los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya que de lo contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la autoridad respectiva.

Sobre el particular, cabe citar como criterio orientador la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

TRANSCRIPCIÓN

En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya indicados tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean administrativas o jurisdiccionales, emitir sus resoluciones en los términos ya precisados, con el objeto de no vulnerar en perjuicio del gobernado tal derecho humano previsto en la Norma fundamental, razón por la cual, las determinaciones que lleve a cabo dicha autoridad, como es en el caso, el emitir una  determinación como lo es el acto hoy impugnado tuvo que cumplir con lo establecido en la garantía de legalidad, lo que en la especie, no aconteció.

Ello es así, pues límpidamente se advierte del acto reclamado, que el órgano responsable no motivó ni fundamentó debidamente la determinación de confirmar la asignación de regidurías, violentando flagrantemente los principios de legalidad, así como derechos político — electorales tanto de candidaturas como de la ciudadanía electora en el actual proceso electoral, previstos en los artículos 14, 16 y 35, fracciones I y ll, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

En efecto, en el punto TERCERO del Acuerdo impugnado, claramente se advierte que la responsable indicó lo siguiente:

TRANSCRIPCIÓN

De lo anteriormente transcrito, es evidente, como se adelantó, que el órgano responsable no motivó ni fundamentó debidamente su determinación, pues la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional contraviene toda garantía de legalidad pues carece de una debida motivación y fundamentación para ello, aunado a que se aleja del procedimiento debido de asignación de regidurías por ese principio.

Conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución general otorga libertad de configuración a los congresos estatales para fijar el número de regidores y síndicos en los municipios, así como para introducir el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 112, establece que los municipios serán gobernados por un ayuntamiento, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y el número de regidurías determinados por la ley.

De igual modo, señala que la presidencia y la sindicatura serán electas conforme al principio de mayoría relativa, y las regidurías por el principio de representación proporcional.

En concordancia, el Código electoral local dispone en su artículo 17, que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal y una sindicatura electas por el principio de mayoría relativa, y regidurías electas por el principio de representación proporcional.

De conformidad con el artículo 18, del Código electoral local, la asignación de regidurías de representación proporcional se sujetará a las siguientes reglas:

          Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos el tres por ciento del total de los sufragios emitidos en el municipio; el resultado se divide entre el número de regidurías por asignar, para obtener un factor porcentual simple de distribución. Se otorga a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de factores alcance hasta completar las regidurías previstas.

          Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor.

          Al momento de realizar la asignación de regidurías, el Consejo Estatal observará las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y subrepresentación, para ello se deberá observar la misma fórmula establecida para la asignación diputaciones por el principio de representación proporcional.

En concordancia con lo anterior, el artículo 16, fracción l, párrafo segundo, del Código electoral local establece que ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida.

Esta disposición no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento, en todo caso, deberá observarse que ningún partido político sobrepase de doce diputados por ambos principios.

Debe resaltarse que la disposición señala que la verificación de los límites de sub y sobre representación debe ser de la totalidad de la legislatura, es decir, de los cargos que, por completo, conforman el órgano.

En términos de artículo 18 del código comicial local, respecto de las regidurías debe seguirse las siguientes reglas:

- Se deberá garantizar la paridad de género en la integración de los cabildos:

          Verificar que una vez asignadas las regidurías se logre la integración paritaria.

          De no existir la integración paritaria se determinarán cuantas regidurías prevalecen del género sobrerrepresentado y se sustituirán por tantas fórmulas sea necesario del género sub representado.

          Se alternarán a los partidos políticos que hayan recibido regidurías por el principio de representación proporcional, empezando por el que haya recibido el menor porcentaje de la votación emitida y, de ser necesario, continuar en orden ascendiente hasta cubrir la paridad.

          En todos los casos la sustitución deberá provenir de la lista de donde haya sido deducido, respetando la prelación.

- Se deberá garantizar la representación de las personas indígenas y grupos vulnerables:

          Se verificará que una vez integrado el cabildo conforme a la votación obtenida por los partidos políticos, se cumpla con el número de candidaturas indígenas respecto del total de municipio correspondiente, observando el principio de paridad de género.

          En caso contrario se determinará cuantas candidaturas indígenas son necesarias para que se cumpla con el número que corresponde al municipio en cuestión y se sustituirán tantas formulas como sean necesarias para alcanzar dicho porcentaje. Para este fin, se alternarán a los partidos políticos que hayan recibido regidurías por el principio de representación proporcional, empezando por el partido que recibió el menor porcentaje de votación emitida, y de ser necesario continuando con el partido que haya recibido el segundo menor porcentaje de la votación emitida y así sucesivamente en el orden ascendente hasta cubrir las regidurías que correspondan a candidaturas indígenas.

          Si a un partido se le deduce una regiduría asignada a una persona no indígena, tendrá que ser sustituida por una candidatura indígena, pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir de la lista donde haya sido deducida, respetando la prelación y la paridad de género.

En consecuencia, si bien la responsable inaplicó la fracción I) del artículo 18 del código comicial en cuanto a la aplicación de los límites de sub y sobrerrepresentación en la integración de los ayuntamientos en el estado de Morelos; toda vez que en dicha norma, los límites de sub y sobrerrepresentación pierden su operatividad y funcionalidad como se razona a continuación:

La porción normativa respecto de la cual se solicita la inaplicación por considerarla contraria a los principios en materia de representación proporcional, conforme al artículo 115 de la Constitución general, es la siguiente:

TRANSCRIPCIÓN

Para realizar el control de regularidad constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los métodos y el orden en que deben ser empleados, a saber: i) interpretación conforme en sentido amplio; ii) interpretación conforme en sentido estricto; e iii) inaplicación de la ley. En el caso concreto, deberá realizarse el estudio de control de regularidad constitucional, de forma tal que la conclusión resultará en la determinación de la inaplicación de la norma.

La Constitución otorga libertad de configuración a los congresos estatales para fijar el número de regidores y síndicos en los municipios, así como para introducir el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.

Esta libertad de configuración legislativa es aún más relevante cuando se trata del sistema de representación proporcional, ya que, si bien el legislador local constitucionalmente debe velar por ese principio, ello no implica que la Constitución establezca fórmulas específicas, o métodos determinados de asignación.

Ahora bien, la libertad de configuración legislativa no es absoluta. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sustentado reiteradamente el criterio consistente en que las legislaturas locales gozan de libertad legislativa para expedir leyes en materia electoral, sin embargo, esas facultades no son irrestrictas, puesto que se deben ejercer en observancia de los principios y bases establecidos en la Constitución general y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las entidades federativas no están obligadas a replicar el contenido del principio de representación proporcional que se delimita para la legislatura federal, porque pueden establecer las reglas de integración y la mecánica de conformación del poder legislativo local, lo cual también resulta aplicable en la conformación de ayuntamientos.

Lo anterior, fue reiterado al resolver la contradicción de tesis 382/2017, en el sentido de que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos.

En dicho criterio se sostiene que el texto constitucional exige a las entidades federativas que las normas que regulen la integración de los ayuntamientos por medio de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional no estén configuradas de manera que esos principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal.

Esa valoración deberá hacerse caso por caso y en atención a la configuración establecida por cada legislador estatal, es decir, será de acuerdo con las reglas de configuración impuestas legislativamente y sus efectos en la integración de los entes municipales Io que será objeto de análisis para apreciar si la legislación estatal respectiva salvaguarda o no adecuadamente los principios de mayoría relativa y de representación proporcional exigidos constitucionalmente, sin que exista una regla previa y específica de rango constitucional que requiera de manera forzosa el cumplimiento de límites de sobre- y subrepresentación determinados en la integración de los Ayuntamientos.

Al respecto, el artículo 115, base VIII, de la Constitución general, contempla el principio de representación proporcional en el sistema electoral para integrar los órganos de gobierno municipales.

El sistema de representación proporcional está orientado a la protección de dos valores: la proporcionalidad y el pluralismo político. La primera busca una conformación del órgano público lo más apegada posible a la votación que cada opción político-electoral obtuvo; mientras que el segundo, procura una conformación plural del órgano de elección popular, en la medida en que se concede voz y voto a todas las corrientes políticas con un grado de representatividad relevante.

Esta garantía constitucional de pluralismo político, como lo ha sostenido el máximo Tribunal, tiene como objetivos primordiales:

          La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano respectivo, siempre que tengan cierta representatividad

          Que cada partido alcance en el seno del órgano colegiado correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

          Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado, de manera coincidente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los límites de sobre y subrepresentación tienen como finalidad garantizar la representatividad y pluralidad en la integración del órgano legislativo, ya que, mediante las limitantes señaladas, se permite que formen parte de la integración del órgano legislativo los candidatos postulados por partidos minoritarios y se impide, a su vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación.

En decir, la aplicación de los límites constitucionales de sub y sobrerrepresentación se debe realizar tomando en cuenta los valores y principios constitucionales que articulan el principio de representación proporcional, obligatorio para las entidades federativas, conforme a la misma disposición constitucional, en específico, los relativos a la representatividad y a la pluralidad en la integración de los órganos municipales.

Como se vio en líneas anteriores, el legislador de Morelos estableció la verificación de los límites de sobre y subrepresentación en la asignación de regidurías de representación proporcional.

Dicha regulación local contempla que para la instrumentación de los referidos límites deberá aplicarse la misma fórmula establecida para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.

Ahora bien, como se ha precisado, el establecimiento de dichos límites fue implementado por el legislador local para garantizar el pluralismo político en la integración de los ayuntamientos.

En este sentido, para considerar la constitucionalidad de la norma en cuestión debe atenderse a si con su implementación dicho principio mantiene o no su operatividad y funcionalidad, lo que en la especie no se actualiza.

Por lo que es evidente que, aun cuando el legislador estatal, en ejercicio de su libertad configurativa, determinó aplicar el mismo parámetro al órgano legislativo local y a los órganos colegiados municipales, son evidentes sus diferencias en cuanto a número de integrantes que justifican la modulación de la disposición en cuestión.

De ahí que en casos como el del ayuntamiento que motiva la presente controversia, su integración se limita a cinco integrantes, lo que planea escenarios en los que se mantiene un reducido margen matemático de lograr alcanzar que ninguna de las fuerzas políticas representadas rebase el límite de sobrerrepresentación.

Ahora bien, en el caso concreto, desde el estudio de la controversia se desarrolla en la verificación de la representatividad de las fuerzas políticas al interior del cabildo, por lo que hace al Partido del Trabajo y al haber obtenido los cargos de mayoría relativa (presidencia y sindicatura), ya cuenta con una representatividad del 40% y si se le era asignada una regiduría alcanzaría un 60%, lo que excedería su límite de sobrerrepresentación, que es del 51.56%.

Sin embargo, aclaro que, aunque se sobrerrepresentaba al ascender a un 60%, igual situación ocurriría con el Partido Nueva Alianza, pues también excederían su límite de sobrerrepresentación, pues alcanzarían un 20% de representatividad cuando su límite es del 19.85%.

Lo anterior se observa del ejercicio de asignación que realizó la responsable, mismo que se anexa al presente.

De lo anterior, se desprende que atendiendo a la eficacia del voto en la jornada electoral resultaba idóneo otorgar la regiduría al Partido del Trabajo por ser el partido con mayor fuerza política, lo que garantiza el principio de proporcionalidad y el de pluralismo político, frente a una ponderación de valores entre los límites de sub y sobrerrepresentación.

En el caso en estudio, la situación genera que los límites de sub y sobrerrepresentación pierdan su operatividad y funcionalidad, por lo que debe se inaplicó el último párrafo del artículo 18 del Código Electoral local.

Lo anterior en atención a que su aplicación no cumple la finalidad que buscan pues todos los partidos exceden su límite de sobrerrepresentación, por lo que en el caso no es posible verificar el límite de sobrerrepresentación en los términos establecidos en el Código Electoral local, pues ello podría llevar al supuesto de tener que dejar de asignar una regiduría, ya que, de asignarla, ello implicaría forzosamente la sobrerrepresentación del partido al que le sea asignada.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estimado, como en el precedente judicial SUP-REC-2140/2021 Y ACUMULADO, que debe asignarse una regiduría por resto mayor al Partido del Trabajo e inaplicarse el principio de sobrerrepresentación de conformidad con el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 382/2017.

Por ende, la aplicación estricta de los límites de sub y sobrerrepresentación implicarían resultados disfuncionales o no operativos que se traducirían en que todos los partidos con derecho a la asignación se encontrarían sobrerrepresentados y en consecuencia se debería omitir la asignación de la regiduría correspondiente; situación que no es viable legal y jurídicamente. De ahí que, en el caso concreto, al tratarse de una circunscripción conformada con tan solo cinco personas, de aplicarse los límites con el porcentaje determinado por la legislatura local, se vuelve inviable.

Lo anterior, ya que para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, los partidos deben obtener más del 3% de votos para acceder a los cargos, situación que disminuye la posibilidad de acceso a las regidurías de partidos pequeños.

Es por ello por lo que, de cumplirse estrictamente con los límites de sub y sobrerrepresentación, resultaría matemáticamente imposible, precisamente por los pocos cargos que se distribuyen por representación proporcional, siendo en el caso concreto tres regidurías.

Al respecto, es importante mencionar que los principios de mayoría relativa y representación proporcional están íntimamente relacionados con la naturaleza de las decisiones que se toman en los ayuntamientos, pues su finalidad es la integración del órgano colegiado y su gobernabilidad.

De tal forma que la mayoría relativa tiene como finalidad lograr la gobernabilidad, es decir, la posibilidad de tomar decisiones, y la representación proporcional busca que las fuerzas sociales y los grupos políticos se encuentren representados, es decir, que la pluralidad se vea reflejada en el órgano de gobierno.

En ese sentido, en el gobierno municipal la representación proporcional utilizada para la elección de parte de los integrantes del ayuntamiento se introdujo para lograr tener gobiernos que dialogaran con la oposición para fortalecer el pluralismo político.

Sin embargo, atendiendo a las reglas en Morelos y las cantidades con que se deben calcular los límites de sobre y subrepresentación, impiden su aplicación pues eso podría llevar a no asignar una regiduría, lo que sería contrario a la voluntad de la ciudadanía y vulneraría el derecho al ejercicio del cargo de esa tercera regiduría.

En consecuencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha concluido que es inviable como en el presente caso la aplicación de los límites señalados como están establecidos en la legislación local, específicamente en el Código electoral local.

Máxime que si bien la libertad configurativa es una facultad de los congresos para regular los criterios de representación proporcional aplicables a los municipios, por sí misma no es una razón suficiente para justificar la aplicación de los límites de sobre y subrepresentación en la integración de los órganos municipales, ya que es necesario verificar en cada caso concreto si esos límites son funcionales.

De ahí que sea aplicable el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 382/2017, pues si los límites de sub y sobrerrepresentación pierden su operatividad y funcionalidad, en atención a que su aplicación implicaría no cumplir su finalidad, dichos límites no pueden aplicarse.

El Tribunal Electoral tiene la facultad de inaplicar normas al caso concreto, para lo cual confronta una disposición con la Constitución general y, en caso de ser incompatible, determina su inaplicación a fin de no considerarla para resolver la controversia. Sin que ello implique desconocer los criterios adoptados en precedentes relativos a la misma temática.

Por lo que debe privilegiarse la asignación al Partido del Trabajo, que es la designación por resto mayor; ello para lograr a cabalidad la integración completa del ayuntamiento.

Lo anterior es así, pues dicha asignación cumple con lo dispuesto por el artículo 18 del código comicial en relación a las acciones afirmativas en relación con personas indígenas. Ello es así pues conforme al acuerdo de registro de candidaturas por el Partido del Trabajo, la primera asignación corresponde al género hombre y recae en Jaime Bahena Landa y su suplente, quienes además tienen la calidad de personas indígenas.

Es por todo cuanto se ha dicho que el acuerdo que ahora se tilda de ilegal conculca los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen la materia electoral, previstos en los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

AGRAVIOS

ÚNICO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA DEL ACTO IMPUGNADO, VIOLENTANDO LA FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Causa agravio al suscrito el ACTO que por esta vía se impugna, habida cuenta que carece de la debida fundamentación y motivación; conculcándose, en consecuencia, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así por los siguientes razonamientos lógico- jurídicos.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone categóricamente que:

TRANSCRIPCIÓN

Según este artículo son cuatro las garantías de seguridad jurídica que se contienen en el mismo: a) la garantía de irretroactividad de la ley; b) la garantía de audiencia, c) la garantía de exacta aplicación de la ley y, por último, d) la garantía de legalidad en materia civil y administrativa.

Al respecto, cabe hacer mención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá sujetarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias, de ahí que es necesario que cualquier procedimiento que tenga como fin un acto de privación en contra de un derecho del gobernado, independientemente de la disciplina jurídica de que se trate, deberá sujetarse estrictamente a la mencionada garantía de seguridad jurídica, sin que la materia electoral sea la excepción.

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:

TRANSCRIPCIÓN

En este sentido, es oportuno señalar que el citado dispositivo constitucional contiene lo que se denomina como "garantía de legalidad", que condiciona todo acto de molestia en la expresión, fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. Esto es, que ambas condiciones de validez constitucional del acto de molestia deben concurrir necesariamente en el caso concreto, para que aquél no implique una violación a la mencionada garantía.

Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las referidas vertientes, consiste en vigilar que todo acto emitido por la autoridad competente esté debidamente fundado y motivado, lo que significa, por una parte, la obligación que tienen los órganos de autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por otra, invocar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta en su emisión, para que los motivos aducidos y las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sean congruentes, con el propósito de que los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya que de lo contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la autoridad respectiva.

Sobre el particular, cabe citar como criterio orientador la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

TRANSCRIPCIÓN

En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya indicados tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean administrativas o jurisdiccionales, emitir sus resoluciones en los términos ya precisados, con el objeto de no vulnerar en perjuicio del gobernado tal derecho humano previsto en la Norma fundamental, razón por la cual, las determinaciones que lleve a cabo dicha autoridad, como es en el caso, el emitir una  determinación como lo es el acto hoy impugnado tuvo que cumplir con lo establecido en la garantía de legalidad, lo que en la especie, no aconteció.

Ello es así, pues límpidamente se advierte del acto reclamado, que el órgano responsable no motivó ni fundamentó debidamente la determinación de confirmar la asignación de regidurías, violentando flagrantemente los principios de legalidad, así como derechos político — electorales tanto de candidaturas como de la ciudadanía electora en el actual proceso electoral, previstos en los artículos 14, 16 y 35, fracciones I y ll, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

En efecto, el órgano responsable no motivó ni fundamentó debidamente su determinación, pues la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional contraviene toda garantía de legalidad pues carece de una debida motivación y fundamentación para ello, aunado a que se aleja del procedimiento debido de asignación de regidurías por ese principio.

Conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución general otorga libertad de configuración a los congresos estatales para fijar el número de regidores y síndicos en los municipios, así como para introducir el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 112, establece que los municipios serán gobernados por un ayuntamiento, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y el número de regidurías determinados por la ley.

De igual modo, señala que la presidencia y la sindicatura serán electas conforme al principio de mayoría relativa, y las regidurías por el principio de representación proporcional.

En concordancia, el Código electoral local dispone en su artículo 17, que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal y una sindicatura electas por el principio de mayoría relativa, y regidurías electas por el principio de representación proporcional.

De conformidad con el artículo 18, del Código electoral local, la asignación de regidurías de representación proporcional se sujetará a las siguientes reglas:

          Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos el tres por ciento del total de los sufragios emitidos en el municipio; el resultado se divide entre el número de regidurías por asignar, para obtener un factor porcentual simple de distribución. Se otorga a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de factores alcance hasta completar las regidurías previstas.

          Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor.

          Al momento de realizar la asignación de regidurías, el Consejo Estatal observará las disposiciones constitucionales relativas a la sobre y subrepresentación, para ello se deberá observar la misma fórmula establecida para la asignación diputaciones por el principio de representación proporcional.

En concordancia con lo anterior, el artículo 16, fracción l, párrafo segundo, del Código electoral local establece que ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida.

Esta disposición no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el ocho por ciento, en todo caso, deberá observarse que ningún partido político sobrepase de doce diputados por ambos principios.

Debe resaltarse que la disposición señala que la verificación de los límites de sub y sobre representación debe ser de la totalidad de la legislatura, es decir, de los cargos que, por completo, conforman el órgano.

En términos de artículo 18 del código comicial local, respecto de las regidurías debe seguirse las siguientes reglas:

- Se deberá garantizar la paridad de género en la integración de los cabildos:

          Verificar que una vez asignadas las regidurías se logre la integración paritaria.

          De no existir la integración paritaria se determinarán cuantas regidurías prevalecen del género sobrerrepresentado y se sustituirán por tantas fórmulas sea necesario del género sub representado.

          Se alternarán a los partidos políticos que hayan recibido regidurías por el principio de representación proporcional, empezando por el que haya recibido el menor porcentaje de la votación emitida y, de ser necesario, continuar en orden ascendiente hasta cubrir la paridad.

          En todos los casos la sustitución deberá provenir de la lista de donde haya sido deducido, respetando la prelación.

- Se deberá garantizar la representación de las personas indígenas y grupos vulnerables:

          Se verificará que una vez integrado el cabildo conforme a la votación obtenida por los partidos políticos, se cumpla con el número de candidaturas indígenas respecto del total de municipio correspondiente, observando el principio de paridad de género.

          En caso contrario se determinará cuantas candidaturas indígenas son necesarias para que se cumpla con el número que corresponde al municipio en cuestión y se sustituirán tantas formulas como sean necesarias para alcanzar dicho porcentaje. Para este fin, se alternarán a los partidos políticos que hayan recibido regidurías por el principio de representación proporcional, empezando por el partido que recibió el menor porcentaje de votación emitida, y de ser necesario continuando con el partido que haya recibido el segundo menor porcentaje de la votación emitida y así sucesivamente en el orden ascendente hasta cubrir las regidurías que correspondan a candidaturas indígenas.

          Si a un partido se le deduce una regiduría asignada a una persona no indígena, tendrá que ser sustituida por una candidatura indígena, pero en todos los casos dicha sustitución deberá provenir de la lista donde haya sido deducida, respetando la prelación y la paridad de género.

En consecuencia, si bien la responsable inaplicó la fracción I) del artículo 18 del código comicial en cuanto a la aplicación de los límites de sub y sobrerrepresentación en la integración de los ayuntamientos en el estado de Morelos; toda vez que en dicha norma, los límites de sub y sobrerrepresentación pierden su operatividad y funcionalidad como se razona a continuación:

La porción normativa respecto de la cual se solicita la inaplicación por considerarla contraria a los principios en materia de representación proporcional, conforme al artículo 115 de la Constitución general, es la siguiente:

TRANSCRIPCIÓN

Para realizar el control de regularidad constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los métodos y el orden en que deben ser empleados, a saber: i) interpretación conforme en sentido amplio; ii) interpretación conforme en sentido estricto; e iii) inaplicación de la ley. En el caso concreto, deberá realizarse el estudio de control de regularidad constitucional, de forma tal que la conclusión resultará en la determinación de la inaplicación de la norma.

La Constitución otorga libertad de configuración a los congresos estatales para fijar el número de regidores y síndicos en los municipios, así como para introducir el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.

Esta libertad de configuración legislativa es aún más relevante cuando se trata del sistema de representación proporcional, ya que, si bien el legislador local constitucionalmente debe velar por ese principio, ello no implica que la Constitución establezca fórmulas específicas, o métodos determinados de asignación.

Ahora bien, la libertad de configuración legislativa no es absoluta. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sustentado reiteradamente el criterio consistente en que las legislaturas locales gozan de libertad legislativa para expedir leyes en materia electoral, sin embargo, esas facultades no son irrestrictas, puesto que se deben ejercer en observancia de los principios y bases establecidos en la Constitución general y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las entidades federativas no están obligadas a replicar el contenido del principio de representación proporcional que se delimita para la legislatura federal, porque pueden establecer las reglas de integración y la mecánica de conformación del poder legislativo local, lo cual también resulta aplicable en la conformación de ayuntamientos.

Lo anterior, fue reiterado al resolver la contradicción de tesis 382/2017, en el sentido de que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos.

En dicho criterio se sostiene que el texto constitucional exige a las entidades federativas que las normas que regulen la integración de los ayuntamientos por medio de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional no estén configuradas de manera que esos principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal.

Esa valoración deberá hacerse caso por caso y en atención a la configuración establecida por cada legislador estatal, es decir, será de acuerdo con las reglas de configuración impuestas legislativamente y sus efectos en la integración de los entes municipales Io que será objeto de análisis para apreciar si la legislación estatal respectiva salvaguarda o no adecuadamente los principios de mayoría relativa y de representación proporcional exigidos constitucionalmente, sin que exista una regla previa y específica de rango constitucional que requiera de manera forzosa el cumplimiento de límites de sobre- y subrepresentación determinados en la integración de los Ayuntamientos.

Al respecto, el artículo 115, base VIII, de la Constitución general, contempla el principio de representación proporcional en el sistema electoral para integrar los órganos de gobierno municipales.

El sistema de representación proporcional está orientado a la protección de dos valores: la proporcionalidad y el pluralismo político. La primera busca una conformación del órgano público lo más apegada posible a la votación que cada opción político-electoral obtuvo; mientras que el segundo, procura una conformación plural del órgano de elección popular, en la medida en que se concede voz y voto a todas las corrientes políticas con un grado de representatividad relevante.

Esta garantía constitucional de pluralismo político, como lo ha sostenido el máximo Tribunal, tiene como objetivos primordiales:

          La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano respectivo, siempre que tengan cierta representatividad

          Que cada partido alcance en el seno del órgano colegiado correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

          Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado, de manera coincidente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los límites de sobre y subrepresentación tienen como finalidad garantizar la representatividad y pluralidad en la integración del órgano legislativo, ya que, mediante las limitantes señaladas, se permite que formen parte de la integración del órgano legislativo los candidatos postulados por partidos minoritarios y se impide, a su vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación.

En decir, la aplicación de los límites constitucionales de sub y sobrerrepresentación se debe realizar tomando en cuenta los valores y principios constitucionales que articulan el principio de representación proporcional, obligatorio para las entidades federativas, conforme a la misma disposición constitucional, en específico, los relativos a la representatividad y a la pluralidad en la integración de los órganos municipales.

Como se vio en líneas anteriores, el legislador de Morelos estableció la verificación de los límites de sobre y subrepresentación en la asignación de regidurías de representación proporcional.

Dicha regulación local contempla que para la instrumentación de los referidos límites deberá aplicarse la misma fórmula establecida para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.

Ahora bien, como se ha precisado, el establecimiento de dichos límites fue implementado por el legislador local para garantizar el pluralismo político en la integración de los ayuntamientos.

En este sentido, para considerar la constitucionalidad de la norma en cuestión debe atenderse a si con su implementación dicho principio mantiene o no su operatividad y funcionalidad, lo que en la especie no se actualiza.

Por lo que es evidente que, aun cuando el legislador estatal, en ejercicio de su libertad configurativa, determinó aplicar el mismo parámetro al órgano legislativo local y a los órganos colegiados municipales, son evidentes sus diferencias en cuanto a número de integrantes que justifican la modulación de la disposición en cuestión.

De ahí que en casos como el del ayuntamiento que motiva la presente controversia, su integración se limita a cinco integrantes, lo que planea escenarios en los que se mantiene un reducido margen matemático de lograr alcanzar que ninguna de las fuerzas políticas representadas rebase el límite de sobrerrepresentación.

Ahora bien, en el caso concreto, desde el estudio de la controversia se desarrolla en la verificación de la representatividad de las fuerzas políticas al interior del cabildo, por lo que hace al Partido del Trabajo y al haber obtenido los cargos de mayoría relativa (presidencia y sindicatura), ya cuenta con una representatividad del 40% y si se le era asignada una regiduría alcanzaría un 60%, lo que excedería su límite de sobrerrepresentación, que es del 51.56%.

Sin embargo, aclaro que, aunque se sobrerrepresentaba al ascender a un 60%, igual situación ocurriría con el Partido Nueva Alianza, pues también excederían su límite de sobrerrepresentación, pues alcanzarían un 20% de representatividad cuando su límite es del 19.85%.

Lo anterior se observa del ejercicio de asignación que realizó la responsable, mismo que se anexa al presente.

De lo anterior, se desprende que atendiendo a la eficacia del voto en la jornada electoral resultaba idóneo otorgar la regiduría al Partido del Trabajo por ser el partido con mayor fuerza política, lo que garantiza el principio de proporcionalidad y el de pluralismo político, frente a una ponderación de valores entre los límites de sub y sobrerrepresentación, así como la gobernabilidad de la mayoría.

En el caso en estudio, la situación genera que los límites de sub y sobrerrepresentación pierdan su operatividad y funcionalidad, por lo que debe se inaplicó el último párrafo del artículo 18 del Código Electoral local.

Sin embargo, la autoridad soslayó la gobernabilidad necesaria en el ejercicio de las funciones del Cabildo.

Lo anterior en atención a que su aplicación no cumple la finalidad que buscan pues todos los partidos exceden su límite de sobrerrepresentación, por lo que en el caso no es posible verificar el límite de sobrerrepresentación en los términos establecidos en el Código Electoral local, pues ello podría llevar al supuesto de tener que dejar de asignar una regiduría, ya que, de asignarla, ello implicaría forzosamente la sobrerrepresentación del partido al que le sea asignada.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estimado, como en el precedente judicial SUP-REC-2140/2021 Y ACUMULADO, que debe asignarse una regiduría por resto mayor al Partido del Trabajo e inaplicarse el principio de sobrerrepresentación de conformidad con el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 382/2017.

Por ende, la aplicación estricta de los límites de sub y sobrerrepresentación implicarían resultados disfuncionales o no operativos que se traducirían en que todos los partidos con derecho a la asignación se encontrarían sobrerrepresentados y en consecuencia se debería omitir la asignación de la regiduría correspondiente; situación que no es viable legal y jurídicamente. De ahí que, en el caso concreto, al tratarse de una circunscripción conformada con tan solo cinco personas, de aplicarse los límites con el porcentaje determinado por la legislatura local, se vuelve inviable.

Lo anterior, ya que para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, los partidos deben obtener más del 3% de votos para acceder a los cargos, situación que disminuye la posibilidad de acceso a las regidurías de partidos pequeños.

Es por ello por lo que, de cumplirse estrictamente con los límites de sub y sobrerrepresentación, resultaría matemáticamente imposible, precisamente por los pocos cargos que se distribuyen por representación proporcional, siendo en el caso concreto tres regidurías.

Al respecto, es importante mencionar que los principios de mayoría relativa y representación proporcional están íntimamente relacionados con la naturaleza de las decisiones que se toman en los ayuntamientos, pues su finalidad es la integración del órgano colegiado y su gobernabilidad.

De tal forma que la mayoría relativa tiene como finalidad lograr la gobernabilidad, es decir, la posibilidad de tomar decisiones, y la representación proporcional busca que las fuerzas sociales y los grupos políticos se encuentren representados, es decir, que la pluralidad se vea reflejada en el órgano de gobierno.

En ese sentido, en el gobierno municipal la representación proporcional utilizada para la elección de parte de los integrantes del ayuntamiento se introdujo para lograr tener gobiernos que dialogaran con la oposición para fortalecer el pluralismo político.

Sin embargo, atendiendo a las reglas en Morelos y las cantidades con que se deben calcular los límites de sobre y subrepresentación, impiden su aplicación pues eso podría llevar a no asignar una regiduría, lo que sería contrario a la voluntad de la ciudadanía y vulneraría el derecho al ejercicio del cargo de esa tercera regiduría.

En consecuencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha concluido que es inviable como en el presente caso la aplicación de los límites señalados como están establecidos en la legislación local, específicamente en el Código electoral local.

Máxime que si bien la libertad configurativa es una facultad de los congresos para regular los criterios de representación proporcional aplicables a los municipios, por sí misma no es una razón suficiente para justificar la aplicación de los límites de sobre y subrepresentación en la integración de los órganos municipales, ya que es necesario verificar en cada caso concreto si esos límites son funcionales.

De ahí que sea aplicable el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 382/2017, pues si los límites de sub y sobrerrepresentación pierden su operatividad y funcionalidad, en atención a que su aplicación implicaría no cumplir su finalidad, dichos límites no pueden aplicarse.

El Tribunal Electoral tiene la facultad de inaplicar normas al caso concreto, para lo cual confronta una disposición con la Constitución general y, en caso de ser incompatible, determina su inaplicación a fin de no considerarla para resolver la controversia. Sin que ello implique desconocer los criterios adoptados en precedentes relativos a la misma temática.

Por lo que debe privilegiarse la asignación al Partido del Trabajo, que es la designación por resto mayor; ello para lograr a cabalidad la integración completa del ayuntamiento y su gobernabilidad.

Lo anterior es así, pues dicha asignación cumple con lo dispuesto por el artículo 18 del código comicial en relación a las acciones afirmativas en relación con personas indígenas. Ello es así pues conforme al acuerdo de registro de candidaturas por el Partido del Trabajo, la primera asignación corresponde al género hombre y recae en Jaime Bahena Landa y su suplente, quienes además tienen la calidad de personas indígenas.

Es por todo cuanto se ha dicho que el acuerdo que ahora se tilda de ilegal conculca los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen la materia electoral, previstos en los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.