JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO (Y PERSONAS CIUDADANAS)

EXPEDIENTES: SCM-JRC-280/2021 Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA:

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRAS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS

PARTE TERCERA INTERESADA:

MORENA Y OTRAS

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIADO:

SILVIA DIANA ESCOBAR CORREA Y RAFAEL IBARRA DE LA TORRE[1]

Ciudad de México, a 13 (trece) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno)[2].

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública revoca parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en los juicios TEEM/JDC/1387/2021-1 y acumulados, y -en plenitud de jurisdicción- determina que es fundada una de las causas de nulidad de votación recibida en diversas casillas, por lo que realiza la recomposición y modifica el cómputo municipal, confirma la declaración de validez de la elección del ayuntamiento de Temixco, Morelos, y la entrega de las constancias de mayoría, además -dado el nuevo cómputo municipal- modifica el acuerdo IMPEPAC/CEE/373/2021, respecto de la asignación de regidurías del ayuntamiento referido y la entrega de las constancias respectivas, las cuales quedarán conforme se especifica en esta sentencia.

ÍNDICE

GLOSARIO

ANTECEDENTES

RAZONES   Y   FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

SEGUNDA. Acumulación

TERCERA. Perspectivas para analizar el asunto

3.1. De género

3.2. Intercultural

CUARTA. Parte tercera interesada

4.1. Comparecencias procedentes

4.2. Escritos improcedentes

QUINTA. Causales de improcedencia

5.1. Falta de interés jurídico del PVEM

5.2. Falta de legitimación, personería e interés jurídico de PODEMOS

5.3. Falta de legitimación e interés jurídico del PT

5.4. Falta de legitimación, personería e interés jurídico de la Parte Actora del JDC-2162

5.5. Falta de legitimación e interés jurídico de la Parte Actora del JDC-2167

SEXTA. Requisitos de procedencia

SÉPTIMA. Escrito de alegatos

OCTAVA. Estudio de fondo

8.1. Suplencia

8.2. Síntesis de agravios

8.3. Forma en que serán estudiados los agravios

8.4. Cuestión previa: control de constitucionalidad y convencionalidad

8.5. Estudio de agravios

8.5.1. Reencauzamiento de RIN a JDC

8.5.2. Demanda de RIN presentada por el PT. Desechamiento

8.5.3. Análisis de los agravios del RIN presentado por el PT. Estudio en plenitud de jurisdicción

8.5.3.1. Justificación

8.5.3.2. Comparecencia de MORENA

8.5.3.3. Causas de improcedencia hechas valer por MORENA

8.5.3.4. Requisitos de procedencia del RIN

8.5.3.5. Decisión de esta Sala Regional, en plenitud de jurisdicción, respecto del TEEM/RIN/23/2021-1

8.5.3.5.1. Casillas mencionadas en la demanda, sin precisar alguna causa de nulidad al respecto

8.5.3.5.2. Recibir la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la normativa (artículo 376-V del Código Local)

8.5.3.5.3. Haber mediado dolo o error en la computación de votos siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación (artículo 376-VI del Código Local)

8.5.3.5.4. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma (artículo 376-XI del Código Local)

8.5.3.5.5. Ejercer violencia física o presión sobre integrantes de la Mesa Directiva o sobre el electorado, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación (artículo 376-XII del Código Local)

8.5.3.5.6. Apertura tardía (sin fracción específica del artículo 376 del Código Local)

8.5.3.5.7. Causas de nulidad de la elección (artículo 377-III del Código Local)

8.5.4. Nulidad de votación recibida en casillas y en elección

8.5.4.1. Falta de exhaustividad

8.5.5. Resto de los agravios en estos juicios

8.5.6. Recomposición del cómputo municipal

8.5.7. Asignación de regidurías del Ayuntamiento

NOVENA. Sentido y efectos

RESUELVE

GLOSARIO

ANTECEDENTES

1. Jornada electoral. El 6 (seis) de junio se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral ordinario 2020-2021 en el estado de Morelos, en la que se eligieron -entre otros- los cargos del Ayuntamiento.

2. Sesión de cómputo. En sesión que inició el 9 (nueve) y terminó el 10 (diez) de junio, el Consejo Municipal realizó el cómputo de la elección del Ayuntamiento, obteniendo los siguientes resultados[3]:

Derivado de lo anterior, declaró la validez de la elección y entregó las constancias de mayoría a Juana Ocampo Domínguez y Natividad Tapia Castañeda (como presidenta municipal propietaria y suplente, respectivamente) y Andrés Duque Tinoco y Noel Salgado Mora (como síndico propietario y suplente, respectivamente), personas postuladas en candidatura común por los partidos MORENA, Nueva Alianza Morelos y Encuentro Social Morelos[6].

3. Acuerdo 373. En sesión de 13 (trece) de junio que concluyó al día siguiente, el Consejo Estatal aprobó el Acuerdo 373 en que -entre otras cuestiones- asignó las regidurías del Ayuntamiento y entregó las constancias respectivas[7].

4. Instancia local

4.1. Demandas. El 14 (catorce), 17 (diecisiete) y 18 (diecisiete) de junio, diversas personas y partidos políticos presentaron demandas para controvertir el Acuerdo 373[8].

4.2. Sentencia impugnada y aclaración. El 8 (ocho) de septiembre el Tribunal Local -en esencia- confirmó el cómputo y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento, modificó el Acuerdo 373 y reasignó las regidurías del mismo[9].

Dicha sentencia fue objeto de aclaración[10] mediante acuerdo plenario emitido por el Tribunal Local el 10 (diez) de septiembre, por el que se precisó el nombre[11] de una de las personas a quien le fue reasignada una regiduría del Ayuntamiento.

5. Juicios federales

5.1. Demandas y turnos. El 11 (once), 12 (doce) y 13 (trece) de septiembre, se presentaron -ante el Tribunal Local- demandas para controvertir la sentencia antes referida, con las cuales una vez que se recibieron en esta Sala Regional se formaron los juicios que se enlistan a continuación que fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas:

5.2. Instrucción. En su momento, la magistrada tuvo por recibidos los expedientes; posteriormente, una vez recibidas las constancias de trámite de los medios de impugnación admitió los juicios y en su oportunidad, cerró la instrucción.

RAZONES   Y   FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer estos juicios al ser promovidos por varios partidos políticos con registro en Morelos y personas ciudadanas a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Local en el juicio TEEM/JDC/1387/2021-1 y acumulados que -entre otras cuestiones- confirmó el cómputo y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento, modificó el Acuerdo 373, reasignó las regidurías y ordenó la entrega de las constancias respectivas; entidad federativa en la ejerce jurisdicción y tiene competencia, de conformidad con:

 Constitución General: artículos 41 base VI, 94 párrafo primero y 99 párrafos primero, segundo y cuarto fracciones IV y V;

 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 164, 165, 166-III-b), 166-III-c), 173, 175.1, 176-III y 176-IV-b);

 Ley de Medios: artículos 3.2-c), 3.2-d), 79.1, 80.1-f), 83.1-b), 86.1 y 87.1-b); y

 Acuerdo INE/CG329/2017[12] aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que establece el ámbito territorial de cada una de las 5 (cinco) circunscripciones plurinominales y su ciudad cabecera.

SEGUNDA. Acumulación

Del análisis de las demandas se advierte que hay conexidad en la causa al existir identidad de acto impugnado y autoridad responsable, pues las partes actoras controvierten la misma resolución del Tribunal Local relacionada con la elección del Ayuntamiento.

En esas condiciones, con la finalidad de evitar la emisión de sentencias contradictorias y en atención a los principios de economía y celeridad procesal lo conducente es acumular los juicios SCM-JRC-281/2021, SCM-JRC-282/2021,
SCM-JRC-283/2021, SCM-JRC-286/2021, SCM-JRC-287/2021, SCM-JDC-2162/2021, SCM-JDC-2165/2021, SCM-JDC-2167/2021, SCM-JDC-2173/2021 y SCM-JDC-2179/2021 al diverso
SCM-JRC-280/2021, que fue el primero que se recibió en esta sala.

Lo anterior con fundamento en los artículos 180-XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, así como 79 y 80.3 del Reglamento Interno de este tribunal.

En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

TERCERA. Perspectivas para analizar el asunto

En diversos juicios, las partes actoras hacen las siguientes manifestaciones:

 La Parte Actora del JDC-2162 refiere (en la página 23 del expediente) que, si bien no pertenece a una comunidad indígena, es mujer que se desarrolla en una profesión que implica atención directa a comunidades rurales y es jefa de familia.

 La Parte Actora del JDC-2167 señala (en la página 13 del expediente) que pertenece a la comunidad LGBTTTIQ+.

 La Parte Actora del JDC-2173 señala (en las páginas 11, 19 y 20 del expediente) que fue postulada mediante acción afirmativa en favor de la comunidad indígena y que tiene tal calidad.

 La Parte Actora del JDC-2179 menciona (en las páginas 13 a 18 del expediente) diversos ordenamientos que considera garantizan la observancia de la paridad de género y los derechos de las mujeres, y alega que la resolución impugnada transgredió sus derechos como mujer.

Por lo anterior, para el análisis de este asunto, esta Sala Regional utilizará las siguientes perspectivas:

3.1. De género

El derecho a la igualdad y no discriminación está protegido en el artículo 1º de la Constitución General, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones previstas en el propio ordenamiento fundamental.

Asimismo, dicho artículo dispone que queda prohibida toda discriminación motivada por una serie de categorías sospechosas, como son el origen étnico, el género, las discapacidades, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y esté dirigida a menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (por sus siglas CONAPRED) refiere como discriminación en general[13] la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales en la consecución de los objetivos que trace su particular proyecto de vida.

Particularmente menciona como discriminación de diversidad sexual[14] aquellos obstáculos que afrontan las personas LGBTTTIQ+ en el ejercicio de todo tipo de derechos y refiere que las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales en el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo de su identidad.

De acuerdo con la Suprema Corte “del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género”, para ello, quien imparte justicia “debe cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género” [15].

Por tanto, en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género u orientación sexual esta debe tomarse en cuenta para visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.

La perspectiva de género es la metodología y mecanismo para estudiar las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres.

La Suprema Corte emitió el Protocolo para para juzgar con perspectiva de género[16]; en el que señaló que, en cuanto a la administración de justicia, la perspectiva de género es una herramienta indispensable para lograr que las resoluciones funjan como un mecanismo primordial para acabar con la condición de desigualdad entre -entre otras personas- hombres y mujeres, eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, proscribir toda forma de discriminación basada en el género, y erradicar los estereotipos, prejuicios, prácticas y roles de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas (en particular mujeres, niñas y minorías sexuales).

Dicho protocolo dice que cuando se estudia una controversia con perspectiva de género, hay que considerar los elementos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO[17], consistentes en:
(i) identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; (ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de advertir las situaciones de desventaja provocadas por esta categoría; (iii) ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, siempre que el material probatorio sea insuficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género; (iv) cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta; (v) aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas; y (vi) evitar la utilización de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, y, a su vez, procurar el uso de lenguaje incluyente.

Dado que la mayoría de los casos relativos a la identidad de género y orientación sexual versan sobre los aspectos más íntimos de la vida de una persona, en el protocolo referido, la Suprema Corte sugiere que las personas juzgadoras sean particularmente cuidadosas con respetar la privacidad de las personas.

Por otra parte, tener en cuenta la perspectiva de género no se traduce en que el órgano jurisdiccional esté obligado a resolver el fondo conforme a las pretensiones planteadas atendiendo únicamente al género de alguna de las partes, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia para la interposición de cualquier medio de defensa[18], aunado a los criterios legales y jurisprudenciales que al caso resulten aplicables; ello, ya que las formalidades procesales, así como los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte -en su carácter de órganos terminales- son los mecanismos que hacen posible arribar a una resolución adecuada.

3.2. Intercultural

De acuerdo a las disposiciones de la Constitución General y tratados internacionales, la jurisprudencia aplicable, la Guía de actuación para los juzgadores [y juzgadoras] en materia de Derecho Electoral Indígena de la Sala Superior y el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas[19], este caso se resolverá considerando una perspectiva intercultural.

Si bien la Sala Regional asume la importancia y obligatoriedad de la aplicación de la perspectiva intercultural descrita, también reconoce los límites constitucionales y convencionales de su implementación, ya que la libre determinación no es un derecho ilimitado, sino que debe respetar los derechos humanos de las personas[20] y la preservación de la unidad nacional[21].

Asimismo, se considerarán los casos que impliquen perspectivas interseccionales.

CUARTA. Parte tercera interesada

4.1. Comparecencias procedentes

MORENA, Patricia Toledo Navarro, Alexis Noé García Peña y Carmen Yuliana Marín Luna presentaron escritos para comparecer como parte tercera interesada en los juicios
SCM-JRC-280/2021, SCM-JRC-281/2021, SCM-JRC-282/2021, SCM-JRC-283/2021, SCM-JDC-2162/2021, SCM-JDC-2165/2021 y SCM-JDC-2179/2021, según cada caso. Dichos escritos reúnen los requisitos del artículo 17.4 de la Ley de Medios, por lo que esta Sala Regional les reconoce como parte tercera interesada en los juicios indicados en que comparecieron, de conformidad con lo siguiente:

a. Forma. Los escritos fueron presentados ante el Tribunal Local en los que consta el nombre del partido compareciente y nombre y firma de quien acude en su representación o el nombre y firma de la persona ciudadana que acude por propio derecho, y están precisados los argumentos que estimaron pertinentes para defender sus intereses.

b. Oportunidad. Los escritos fueron presentados en las 72 (setenta y dos) horas señaladas en el artículo 17.1.b) de la Ley de Medios, por lo siguiente:

c. Legitimación e interés jurídico. Este requisito se encuentra satisfecho pues comparecen 3 (tres) personas ciudadanas
-quienes se ostentan como postuladas por MORENA y Movimiento Ciudadano a las regidurías del Ayuntamiento según cada caso- y un partido político con registro en Morelos.

En ese sentido hacen valer una pretensión incompatible con la de la parte actora, quien pretende la revocación de la sentencia impugnada, en cambio las referidas personas buscan la confirmación de dicha sentencia.

d. Personería de MORENA. Quien comparece en los juicios SCM-JRC-280/2021, SCM-JRC-281/2021 y SCM-JRC-283/2021, en representación de MORENA tiene reconocida la calidad con la que se ostenta pues fue parte tercera interesada en los recursos TEEM/RIN/20/2021-1, TEEM/RIN/21/2021-1 y TEEM/RIN/22/2021-1, calidad que le fue reconocida por el Tribunal Local[22]; además acompaña la constancia emitida por la secretaria del Consejo Municipal en que se acredita a dicha ciudadana como representante del partido político ante tal órgano (autoridad que emitió uno de los actos impugnados ante el Tribunal Local).

Asimismo, quien comparece en el juicio SCM-JDC-2162/2021 en representación de MORENA tiene reconocida la calidad con la que se ostenta pues acompaña la constancia emitida por el secretario ejecutivo del IMPEPAC, en la que se acredita a dicho ciudadano como representante de tal partido político ante ese órgano (autoridad que emitió uno de los actos impugnados ante el Tribunal Local).

4.2. Escritos improcedentes

Esta Sala Regional considera que no es procedente reconocer a Carmen Yuliana Marín Luna y Armando Hernández del Fabbro
-esta última persona ostentándose como representante propietario de MORENA ante el Consejo Estatal-, como parte tercera interesada en los juicios SCM-JRC-282/2021 y
SCM-JRC-286/2021, respectivamente, porque sus escritos fueron presentados fuera del plazo para tal efecto.

El artículo 17.4 de la Ley de Medios establece como uno de los requisitos de los escritos de quienes pretendan comparecer a juicio con el carácter de parte tercera interesada el presentarlos dentro de las 72 (setenta y dos) horas ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnada.

Ahora bien, los escritos firmados por Carmen Yuliana Marín Luna y Armando Hernández del Fabbro fueron presentados fuera del plazo referido por lo siguiente:

En ese sentido, sus escritos fueron presentados de manera extemporánea por lo cual resultan improcedentes.

QUINTA. Causales de improcedencia

Por ser de estudio preferente y de orden público se analizan las causales de improcedencia señaladas por la parte tercera interesada y las expresadas por la autoridad responsable, según cada caso.

5.1. Falta de interés jurídico del PVEM

MORENA señaló como causa de improcedencia del juicio
SCM-JRC-280/2021 la falta de interés jurídico del PVEM. Tal causa de improcedencia es infundada ya que el PVEM es quien interpuso el medio de impugnación local identificado con la clave TEEM/RIN/21/2021-1 al que recayó la resolución impugnada y manifiesta que dicha resolución afecta su esfera de derechos.

En términos de la jurisprudencia 7/2002 de rubro INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO[23], por regla general, el interés jurídico procesal se surte si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial de la parte actora, la que hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, siendo distinta la demostración de tal conculcación, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.

En el caso el PVEM alega que resiente una afectación a un derecho sustantivo pues señala que el Tribunal Local vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva ya que -entre otras cuestiones- calificó como inoperantes sus agravios y no declaró la nulidad de votación de diversas casillas en las que a su juicio existían irregularidades graves plenamente acreditadas, lo cual, -en caso de tener la razón- podría ser reparado por esta Sala Regional.

Por lo anterior, contrario a lo manifestado por MORENA, la Parte Actora del JRC-280 sí tiene interés jurídico.

5.2. Falta de legitimación, personería e interés jurídico de PODEMOS

En el juicio SCM-JRC-281/2021, MORENA hace valer como causas de improcedencia: [i] falta de legitimación y personería y [ii] falta de interés jurídico.

La causa de improcedencia relativa a la falta de legitimación es infundada porque PODEMOS está facultado para promover el Juicio de Revisión en términos del artículo 88.1 de la Ley de Medios al ser un partido político con registro en el estado de Morelos que controvierte la resolución impugnada en que fue parte actora -en aquella instancia promovió el TEEM/RIN/22/2021-1-.

Por lo que hace a la personería de PODEMOS su representante está acreditada ante el Consejo Estatal[24] por lo que dicha causal también es infundada.

Si bien MORENA señala que la persona que acudió en representación del partido ante la instancia local fue la representante de PODEMOS ante el Consejo Municipal, por lo que no debe reconocerse la personería a quien acude a este juicio -Yuriana Lázaro Landa-; contrario a lo razonado, esta Sala Regional considera que debe tenerse por cumplido dicho requisito, pues si bien es cierto que ante la instancia local acudió otra persona, también lo es que Yuriana Lázaro Landa cuenta con personería para representar a la Parte Actora del JRC-281, pues mientras el Consejo Municipal realizó el cómputo de la elección, el Consejo Estatal asignó las regidurías del Ayuntamiento -actos primigeniamente impugnados-, de ahí que también deba ser reconocida la personería de esta última, máxime que le fue reconocida por el Tribunal Local en su informe circunstanciado.

Por último, contrario a lo manifestado por MORENA, PODEMOS tiene interés jurídico, pues (considerando la jurisprudencia 7/2002, referida previamente) señala que el Tribunal Local vulnera los artículos 1, 16 y 17 constitucionales, ya que -entre otras cuestiones- calificó como inoperantes sus agravios y no declaró la nulidad de votación recibida en diversas casillas en las que existían irregularidades graves plenamente acreditadas, lo cual -en caso de tener la razón- podría ser reparado por esta Sala Regional. De ahí que también es infundada esta causa de improcedencia.

Por estas razones los requisitos de legitimación, personería e interés jurídico de PODEMOS están cumplidos.

5.3. Falta de legitimación e interés jurídico del PT

En el juicio SCM-JRC-283/2021 MORENA hace valer las causales de improcedencia correspondientes a la [i] falta de interés jurídico y [ii] falta de legitimación del PT.

Por lo que hace a la falta de legitimación, esta causal es infundada ya que el PT la tiene para promover el presente juicio, según el artículo 88.1 de la Ley de Medios, pues es un partido político nacional con registro local en el estado de Morelos y fue quien interpuso el recurso TEEM/RIN/23/2021-1 que fue desechado por la autoridad responsable.

Asimismo, contrario a lo manifestado por MORENA, el PT sí tiene interés jurídico en términos de la jurisprudencia 7/2002 (referida previamente) pues señala que el Tribunal Local vulneró su derecho de acceso a la justicia, al desechar injustificadamente la demanda que presentó en la instancia local por presuntamente carecer de firma autógrafa, lo que afecta su esfera de derechos. Por lo que tal causal también es infundada.

5.4. Falta de legitimación, personería e interés jurídico de la Parte Actora del JDC-2162

En el juicio SCM-JDC-2162/2021, MORENA hace valer como causas de improcedencia la [i] falta de legitimación y personería y [ii] falta de interés jurídico.

La Parte Actora del JDC-2162 tiene legitimación para acudir a esta instancia al tratarse de una ciudadana que acude por derecho propio y en su calidad de candidata a una regiduría al Ayuntamiento, a fin de controvertir la resolución que recayó al medio de impugnación identificado con la clave TEEM/JDC/1387/2021-1 en que fue actora y que fue uno de los que se resolvió de forma acumulada en la sentencia impugnada; por tanto, la causal resulta infundada.

Por lo que hace a la personería dicho requisito no es aplicable en este juicio al que acude una ciudadana por derecho propio, esto es no acude alguna persona en su representación, por lo que dicha causal resulta inatendible.

En relación con el interés jurídico -contrario a lo afirmado por MORENA- la Parte Actora del JDC-2162 alega que resiente una afectación a su esfera de derechos, pues la sentencia impugnada vulnera directamente su derecho político-electoral de ser votada, toda vez que sus agravios fueron declarados inoperantes bajo la lógica de que el PRI estaba fuera de los lugares de asignación de regidurías del Ayuntamiento y por eso no se le podría asignar una regiduría; de ahí que, considerando la jurisprudencia 7/2002 (referida previamente), la causal señalada es infundada.

Por las razones anteriores la Parte Actora del JDC-2162 cumple los requisitos de legitimación e interés jurídico.

5.5. Falta de legitimación e interés jurídico de la Parte Actora del JDC-2167

En el informe circunstanciado rendido por el Tribunal Local en el juicio SCM-JDC-2167/2021 hace valer las causales de improcedencia consistentes en la falta de legitimación e interés jurídico.

Dichas causas de improcedencia son infundadas, porque si bien es cierto que la Parte Actora del JDC-2167 no acudió a la instancia local, sí fue parte en dicha instancia el partido político que la postuló -MORENA- y toda vez que entre ella y el partido existe litisconsorcio activo necesario, no era necesario que acudiera a la instancia previa para considerar que tiene interés en combatir lo que resolvió el Tribunal Local en relación con lo impugnado por el partido que la postuló; esto, en términos de la tesis XIX/2004 de rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SE TIENE POR SATISFECHO EL REQUISITO, A PESAR DE QUE UNO DE LOS ACTORES NO AGOTE LA INSTANCIA PREVIA SI ENTRE ELLOS SE CONFIGURA EL LITISCONSORCIO[25].

Por lo anterior, al ser la Parte Actora del JDC-2167 una persona ciudadana que acude por derecho propio y considera que la resolución impugnada vulnera su derecho político-electoral a ser votada, pues -dice- fue incorrecta la asignación de regidurías del Ayuntamiento, tiene legitimación e interés jurídico.

SEXTA. Requisitos de procedencia

Los juicios reúnen los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 7, 8, 9.1,13.1-a), 13.1-b), 79, 80.1-f), 86.1 y 88.1-b) de la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

A. Requisitos Generales

6.1. Forma. Quienes promueven estos medios de impugnación presentaron sus demandas por escrito ante la autoridad responsable, en ellas se encuentran los nombres de las partes actoras y firmas autógrafas, identificaron la resolución que controvierten, expusieron los hechos y los agravios correspondientes y ofrecieron pruebas.

6.2. Oportunidad. Las demandas se presentaron en el plazo de 4 (cuatro) días previsto para tal efecto, como sigue:

Cabe precisar que, en el caso de Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP. Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable (Parte Actora del JDC-2167) si bien no compareció en la instancia local lo cierto es que surte efectos la notificación que se hizo por estrados a la ciudadanía en general[27] de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Superior 22/2015 de rubro PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS[28].

Por otro lado, si bien Rodrigo Uribe Carrillo (una de las personas que integran la Parte Actora del JDC-2165) y Ana María Hernández Allende (Parte Actora del JDC-2173) tampoco comparecieron en la instancia local, dado que la sentencia impugnada dejó sin efectos las constancias de asignación emitidas que acreditaba a tales personas como regidoras electas, aunque el Tribunal Local no las notificó personalmente
-como debió haber hecho en términos de la tesis XII/2019 de la Sala Superior[29]-, dado que señalan que conocieron tal resolución el 9 (nueve) de septiembre y través de su notificación por estrados, respectivamente, esta Sala Regional tendrá esos días fecha como la de conocimiento del acto impugnado.

6.3. Legitimación. Este requisito ya fue estudiado en la razón y fundamento correspondiente a las causales de improcedencia por lo que hace a los juicios SCM-JRC-281/2021,
SCM-JRC-283/2021, SCM-JDC-2162/2021 y
SCM-JDC-2167/2021.

Por lo que ve a los demás juicios, los partidos políticos actores tienen legitimación para promover los Juicios de Revisión según el artículo 88.1 de la Ley de Medios pues cuentan con registro en el estado de Morelos; mientras que las personas actoras que acuden en los Juicios de la Ciudadanía cumplen dicho requisito ya que son personas ciudadanas que promueven por derecho propio y se ostentan como candidatas a una regiduría en Temixco, Morelos.

6.4. Personería. Este requisito ya fue estudiado en la razón y fundamento correspondiente a las causales de improcedencia respecto al juicio SCM-JRC-281/2021.

Ahora bien, quienes suscriben las demandas en nombre del PVEM, Movimiento Ciudadano, PT, PRI y RPM, tienen facultades para representarlos en cada caso de acuerdo con los artículos 13.1-a)-I y 88.1-b) de la Ley de Medios[30].

En particular, por lo que hace al PVEM acude su representante ante el Consejo Estatal quien interpuso el medio de impugnación y su personería fue reconocida por el Tribunal Local en su informe circunstanciado; quien suscribe la demanda en nombre de Movimiento Ciudadano es su representante ante el Consejo Estatal y compareció como parte tercera interesada en el medio de impugnación al que recayó la resolución impugnada, personería que le fue reconocida por el Tribunal Local en su informe circunstanciado; por el PT acude su representante ante el Consejo Municipal y fue parte actora en el medio de impugnación al que recayó la resolución impugnada, además la personería fue reconocida por el Tribunal Local en su informe circunstanciado; en representación del PRI acude su representante acreditado ante el Consejo Estatal y el Tribunal Local reconoció su personería en su informe circunstanciado; y, quien suscribe la demanda en nombre de RPM es quien interpuso el medio de impugnación al que recayó la resolución impugnada, personería que le fue reconocida por el Tribunal Local en su informe circunstanciado.

6.5. Interés jurídico. Este requisito ya fue estudiado en la razón y fundamento correspondiente a las causales de improcedencia por lo que hace a los juicios SCM-JRC-280/2021,
SCM-JRC-281/2021, SCM-JRC-283/2021, SCM-JDC-2162/2021 y SCM-JDC-2167/2021.

Respecto de los demás medios impugnación, los partidos políticos cumplen este requisito porque formaron parte en la instancia local (ya sea como parte actora o parte tercera interesada) y controvierten, según el caso, la determinación del Tribunal Local al considerar que vulneró diversos principios en materia electoral con relación al cómputo de la elección y la asignación de regidurías del Ayuntamiento; mientras que las personas que acuden en los Juicios de la Ciudadanía también formaron parte de la instancia local (con excepción de Rodrigo Uribe Carrillo -una de las personas que integran la Parte Actora del JDC-2165-, la Parte Actora del JDC-2167 y la Parte Actora del JDC-2173, como fue precisado previamente) y señalan que la resolución del Tribunal Local vulnera su derecho político-electoral de ser votadas, y en el caso de una de las personas que integran la Parte Actora del JDC-2165 y la Parte Actora del JDC-2173, la sentencia impugnada dejó sin efectos las constancias de asignación emitidas que las acreditaban como regidor suplente y regidora propietaria electas del Ayuntamiento, lo que -a su juicio- vulnera su derecho político-electoral de ser votada.

6.6. Definitividad y firmeza. La sentencia impugnada es definitiva y firme ya que el Tribunal Local es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el estado de Morelos y sus resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no existe un medio de defensa que la parte actora deba agotar antes de acudir ante esta Sala Regional.

B. Requisitos especiales de los Juicios de Revisión

6.7. Violaciones constitucionales. Este requisito está cumplido pues se trata de una exigencia formal que se cumple con la enunciación de los preceptos constitucionales que se estiman transgredidos y no es necesario determinar la eficacia de lo alegado para estudiar la procedencia, ya que eso es parte del estudio del fondo.

En el caso, los partidos políticos actores señalan que se transgredieron los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 41, 99, 112, 115 y 116 de la Constitución General por lo que este requisito está satisfecho en términos de la jurisprudencia 2/97 de rubro JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA[31].

6.8. Violación determinante. Este requisito está cumplido pues la controversia gira en torno a si fue correcta o no la resolución del Tribunal Local en que resolvió -entre otras cuestiones- confirmar el cómputo y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento, modificar el Acuerdo 373 y reasignar las regidurías respectivas, lo cual podría incidir en el desarrollo del proceso electoral en curso y en sus resultados.

6.9. Reparabilidad. Está satisfecho el requisito previsto en el artículo 86.1-d) y 86.1-e) de la Ley de Medios, pues si la parte actora tuviera razón, podría revocarse la resolución impugnada y -en su caso- decretar la nulidad de la votación recibida en diversas casillas de la elección del Ayuntamiento, decretar un recuento de la votación y/o reasignar las regidurías correspondientes pues quienes integran el Ayuntamiento tomarán posesión hasta el 1° (primero) de enero del próximo año, en términos del artículo 112 de la Constitución Local.

SÉPTIMA. Escrito de alegatos

El 24 (veinticuatro) de noviembre, la Parte Actora del JRC-283 presentó un escrito con la intención de formular alegatos[32].

En el caso de los medios de impugnación en materia electoral su naturaleza es de litis cerrada, lo que significa que la controversia se fija a partir de la demanda y el acto o resolución controvertido, y no permite que se varíe el objeto del proceso -que se conforma con la causa de pedir y la pretensión- excepto si se reúnen los requisitos para presentar válidamente una ampliación de demanda.

Ahora bien, del escrito presentado por la Parte Actora del
JRC-283 se desprende que se enmarca en el ejercicio del derecho de audiencia que el pleno de la Sala Regional garantiza a las partes en términos de los Lineamientos para la Celebración de Audiencias de Alegatos relacionadas con asuntos de su competencia aprobados mediante acuerdo general de sala de 7 (siete) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho) por lo que este juicio se resolverá en atención a la controversia planteada en su demanda.

Lo anterior, implica que las manifestaciones hechas por el PT en el escrito referido serán consideradas como alegatos respecto del juicio SCM-JRC-283/2021, pero esta Sala Regional analizará la controversia según lo planteado en la demanda.

OCTAVA. Estudio de fondo

8.1. Suplencia

Los partidos actores de los juicios SCM-JRC-280/2021,
SCM-JRC-281/2021 y SCM-JRC-283/2021 solicitan que se supla en su favor la deficiencia de su queja.

Dicha petición es improcedente pues en términos del artículo 23.2 de la Ley de Medios, en el Juicio de Revisión no será aplicable la regla de la suplencia de la queja al ser un medio de impugnación de estricto derecho.

Por ello, la validez de la resolución impugnada por lo que toca exclusivamente a los Juicios de Revisión deberá ser revisada exclusivamente a la luz de los agravios expresamente planteados por los partidos políticos actores.

Esto es así, considerando que dichos juicios surgieron -y se han mantenido- como un medio de defensa que pueden instar únicamente los partidos políticos contra las resoluciones emitidas en procedimientos seguidos en forma de juicio por los órganos jurisdiccionales electorales en materia electoral, a fin de revisar que sus determinaciones hubieran atendido los principios constitucionales en la materia.

A pesar de lo antes señalado y aunque los Juicios de Revisión serán revisados bajo la óptica de estricto derecho, esta Sala Regional analizará los agravios considerando las jurisprudencias 3/2000 de la Sala Superior de rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR[33] y 4/99 de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR[34].

Además, en los Juicios de la Ciudadanía que se estudian sí se debe suplir la deficiencia en los agravios, en términos del artículo 23.1 de la Ley de Medios.

8.2. Síntesis de agravios

8.2.1. SCM-JRC-280/2021 y SCM-JRC-281/2021

El PVEM y PODEMOS solicitan en primer lugar la suplencia de la queja y que esta Sala Regional resuelva el asunto en plenitud de jurisdicción debido a que -dicen- el Tribunal Local faltó a los principios pro persona y de tutela jurisdiccional efectiva al hacer una indebida interpretación de lo manifestado en la demanda primigenia (en la que no solo impugnaban casillas en particular, sino también irregularidades graves que dejaban en duda el resultado de la elección) y -por ello- determinó que sus agravios eran inoperantes.

Señalan los siguientes 4 (cuatro) agravios:

1.  Que el Tribunal Local realizó una interpretación restrictiva de sus agravios al declararlos inoperantes, pues -de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal Electoral- debían analizarse de manera exhaustiva conforme a su pretensión y causa de pedir. Además, refieren que no se tomó en cuenta el principio pro persona, siendo un parámetro obligatorio de carácter interpretativo y aplicativo.

Señalan que la autoridad responsable realizó un análisis restringido de la causa de nulidad prevista en el artículo
376-VI del Código Local -error o dolo en el cómputo de votos- pues no mencionó la cantidad de boletas sobrantes y faltantes en por lo menos 77 (setenta y siete) casillas -que indicó en su escrito de inconformidad- alegando que se trataba de boletas y no votos, dejando de observar que eran irregularidades graves plenamente acreditadas.

2.  Falta de exhaustividad, debido a que en las demandas locales señalaron que 7 (siete) casillas no se integraron por las personas facultadas para ello, y el Tribunal Local omitió hacer un estudio exhaustivo de ello omitiendo requerir información al IMPEPAC para allegarse de más pruebas.

3.  Solicitan la aplicación del bloque de constitucionalidad y convencionalidad.

4.  Insisten que con relación a las 77 (setenta y siete) casillas impugnadas por error en el cómputo de los votos, había más boletas de las que fueron integradas en los paquetes electorales por lo que solicitan la apertura de paquetes pues existe discrepancia entre boletas recibidas y el total de boletas de cada casilla al sumar boletas sobrantes y -en su caso- la recomposición del cómputo de la elección del Ayuntamiento.

8.2.2. SCM-JRC-282/2021 y SCM-JDC-2165/2021

Movimiento Ciudadano y la Parte Actora del JDC-2165 estiman que se vulneró el principio de congruencia ya que el Tribunal Local no analizó los agravios como fueron planteados porque:

1.  Del expediente se advierte que ningún partido promovió recurso por estar sobre o subrepresentado, es decir, la autoridad responsable realizó un análisis oficioso sobre dicho tema en favor de MORENA.

2.  Vulneración al principio de seguridad jurídica por llevar a cabo un análisis de sobre y subrepresentación que no formaba parte del debate.

3.  La autoridad responsable varió el orden de la asignación de candidaturas indígenas aprobado en los Lineamientos de Candidaturas Indígenas.

4.  Arbitrariamente y sin causa de pedir intercaló la asignación de regidurías y grupo en situación de vulnerabilidad, variando el orden de asignación para favorecer a MORENA; también señalan que aunque tal partido político tuviera derecho a otra regiduría el Tribunal Local no debió modificar la 5ª (quinta) regiduría en perjuicio de la Parte Actora del JDC-2165.

5.  El Tribunal Local vulneró los principios de certeza e imparcialidad al inobservar diversos artículos de Lineamientos de Candidaturas de Grupos Vulnerables puesto que conforme a dicha norma, en primer término se debía ajustar el orden de registro de las candidaturas postuladas por los partidos políticos empezando por el partido de menor votación y así sucesivamente de manera ascendente hasta cumplir el número de asignaciones necesarias por municipio y una vez garantizada la integración de personas indígenas, se debía cumplir la asignación de una regiduría de persona integrante de un grupo en situación de vulnerabilidad, continuando con la misma dinámica de asignación; aunque la acción afirmativa de grupos en situación de vulnerabilidad se cumplió de manera natural con el triunfo de la presidencia municipal (postulada por MORENA) y la primera regiduría (asignada al PT).

6.  Señala que existió falta de exhaustividad, falta de claridad, violación a los principios de legalidad y debido proceso porque la autoridad responsable declaró improcedentes dos recursos de inconformidad promovidos por Patricia Toledo Navarro -candidata a la primera regiduría por MORENA- (TEEM/RIN/66/2021) y Guadalupe Luna Anzures -candidata a la segunda regiduría, postulada por Movimiento Ciudadano- (TEEM/RIN/82/2021) que mediante acuerdo de 2 (dos) de julio reencauzó a Juicios de la Ciudadanía locales (TEEM/JDC-1510/2021 y TEEM/JDC-1511/2021, respectivamente), lo que a juicio de Movimiento Ciudadano fue incorrecto porque debieron ser sobreseídos, sin embargo, lo expuesto por las candidatas formó parte de la controversia.

7.  Asimismo, considera que el Tribunal Local ilegalmente modificó la integración del Ayuntamiento sin agravio alguno de MORENA y le otorgó una regiduría más, es decir, la séptima regiduría por ser la de menor votación, aunque sus agravios fueron declarados infundados.

8.  También alega que se vulneró el sistema de representación proporcional, debido a que la autoridad responsable consideró que el factor porcentual de distribución se obtiene solamente de la votación efectiva, no obstante que la ley señala que dicho factor se obtiene del total de los votos emitidos en el municipio, el cual debe entenderse como los votos depositados en las urnas, lo cual es una contravención a la ley, en perjuicio de Movimiento Ciudadano y las candidaturas que postuló pues dicho proceder contraviene la vida interna y su derecho a su autoorganización.

8.2.3. SCM-JRC-283/2021

El PT refiere como único agravio que el Tribunal Local vulneró el principio pro persona y su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ya que hizo un análisis incongruente del medio de impugnación al haberlo desechado por considerar que carecía de firma autógrafa.

Para sustentar su afirmación y la visión restringida que hizo el Tribunal Local cita diversas jurisprudencias y tesis[35].

También refiere que el Tribunal Local partió de una negación del acceso a la justicia que puso en riesgo principios constitucionales que deben tener los órganos jurisdiccionales, como son los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Finalmente, el PT solicita a esta Sala Regional la aplicación del bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad por la supuesta omisión de parte del Tribunal Local de estudiar 77 (setenta y siete) casillas por la causal establecida en el artículo 376-VI Código Local y 7 (siete) casillas por la causal V del mencionado artículo, situación que considera grave ya que
-estima- existieron irregularidades en dichas casillas, que en su conjunto equivalen al 62.6% (sesenta y dos punto seis por ciento) de las casillas instaladas en Temixco.

8.2.4. SCM-JRC-286/2021

El PRI hace valer la transgresión de los principios de certeza, objetividad legalidad y seguridad jurídica debido a la falta de exhaustividad la sentencia impugnada que derivó en que le fuera retirada la séptima regiduría que se otorgó a otro partido político.

Señala en concreto los siguientes 3 (tres) agravios:

1.  El Tribunal Local efectuó una indebida aplicación del artículo 18 del Código Local relativo a la distribución de las regidurías del Ayuntamiento.

2.  Luego de desarrollar la fórmula -que a su juicio la autoridad responsable debía desarrollar- refiere que el Tribunal Local modificó la forma en que se deben asignar las regidurías y, como consecuencia de ello el PT se encuentra sobrerrepresentado.

3.  La autoridad responsable efectuó un análisis indebido, ilógico y carente de fundamentación respecto a la supuesta subrepresentación de MORENA en comparación con el PRI ya que el Tribunal Local señaló que MORENA tenía derecho por estar supuestamente subrepresentada en un 10.75% (diez punto setenta y cinco por ciento) considerando que el total de votos de los partidos que obtuvieron más del 3% (tres por ciento) sería el referente para de ahí determinar el porcentaje para distribuir las regidurías.

8.2.5. SCM-JRC-287/2021

RPM refiere como único agravio que se inaplicaron los artículos 18.2 del Código Local y 115 fracción VIII de la Constitución General al no asignarle directamente una regiduría por haber alcanzado el umbral del 3% (tres por ciento) en la elección del Ayuntamiento y asignar las regidurías bajo la fórmula de cociente natural y resto mayor.

Solicita la inaplicación del artículo 18.1 del Código Local por ser contrario al párrafo segundo del mismo precepto y no tener concordancia con los artículos 112 de la Constitución Local y 115 fracción VIII de la Constitución General, ya que no es acorde con el principio de representación proporcional y contiene una fórmula de asignación proporcional incompleta.

8.2.6. SCM-JDC-2162/2021

Xóchitl Antonia Rodríguez Leana considera que la sentencia impugnada le agravia por la supuesta incapacidad del Tribunal Local, en específico del magistrado ponente, de realizar una asignación acorde al sistema de representación electoral mexicano ya que -estima- realizó consideraciones subjetivas en la aplicación de la fórmula de asignación de regidurías del Ayuntamiento a favor de MORENA y -dice- contra el PRI, en específico contra la Parte Actora del JDC-2162.

Como causa de pedir señala que la autoridad responsable no realizó un análisis adecuado de los hechos planteados.

La Parte Actora del JDC-2162 expone que la sentencia impugnada le causa los siguientes agravios:

1.  El Tribunal Local realizó una indebida interpretación de la norma que llevó a una inexacta aplicación de la fórmula por lo que hace a los factores de sobre y subrepresentación.

2.  La inexacta aplicación de los límites de sobre y subrepresentación que realizó la responsable dieron lugar a que considerara inoperantes sus agravios bajo la lógica de que el PRI estaba fuera de los lugares de asignación de regidurías del Ayuntamiento y por eso no se le podía asignar una regiduría.

3.  Señala que se encuentra en posibilidad material y jurídica de que se le asigne la regiduría que -a su decir- fue indebidamente asignada a MORENA ya que al ser la primera en la lista registrada ante el IMPEPAC para ocupar el cargo correspondiente se debe valorar que es mujer, maestra de telesecundaria, en su profesión se desarrolla en atención directa a comunidades rurales y es madre soltera.

8.2.7. SCM-JDC-2167/2021

Eliminado. Fundamento Legal: Art. 116 de la LGTAIP. Datos personales que hacen a una persona física identificada o identificable considera que la sentencia impugnada le causa agravio porque las reasignaciones de las regidurías del Ayuntamiento que hizo el Tribunal Local carecen de certeza, “parcialidad”, objetividad y legalidad.

En primer lugar, solicita que el asunto se juzgue con perspectiva de género y diversidad sexual, considerando su condición de integrante de la comunidad LGBTTTIQ+.

En particular, señala los siguientes 2 (dos) agravios:

1.  Inadecuada aplicación e interpretación de los artículos 18 de la Constitución Local y 16 y 18 del Código Local ya que las regidurías debían asignarse conforme a los límites de sobre y subrepresentación previstos en la Constitución General para integrar los órganos legislativos conforme a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y acumuladas que originó la jurisprudencia P./J. 19/2013 (9a.)[36], así como la jurisprudencia 47/2016[37] de la Sala Superior.

Así, en consideración de la Parte Actora del JDC-2167 en una primera etapa de asignación directa debía adjudicarse una regiduría a los partidos políticos que hubieran alcanzado por lo menos el 3% (tres por ciento) de la votación emitida, del partido que mayor votación obtuvo al que menos. En consecuencia, de las 7 (siete) regidurías se le debía asignar una al PT y una a MORENA, por “factor porcentual simple de distribución”; posteriormente una al PAN, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, PRI y Encuentro Social Morelos, por cociente natural y resto mayor; sin embargo, analizando los límites de sobre y subrepresentación, Encuentro Social Morelos estaría sobrerrepresentado, por lo que su lugar debía ser ocupado por RPM.

2.  La última regiduría debería ser ocupada por la Parte Actora del JDC-2167 al estar inscrito en la primera posición de la fórmula aprobada y pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+.

En este contexto, considera que para garantizar las acciones afirmativas alcanzadas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y particularmente de la comunidad LGBTTTIQ+ debe permitirse la oportunidad de que el promovente integre el Ayuntamiento.

8.2.8. SCM-JDC-2173/2021

Ana María Hernández Allende considera que la sentencia impugnada violenta su derecho a ser votada, los principios constitucionales de representación proporcional, y los de sub y sobrerrepresentación.

Como único agravio expone que la aplicación de la fórmula para la asignación de regidurías del Ayuntamiento que hizo el Tribunal Local es errónea porque vulnera la seguridad jurídica, certeza e imparcialidad dada su tendencia a beneficiar a MORENA con una regiduría más.

La Parte Actora del JDC-2173 considera que la asignación de regidurías debe realizarse conforme a lo siguiente: [i] primero una asignación por factor simple de distribución y [ii] en una segunda asignación -si quedaran- por resto mayor; lo que encuentra fundamento en los artículos 16 y 18 del Código Local, de los que se tiene que el término “resto mayor” se refiere al remante de votos en una segunda asignación, en que se debe deducir la votación asignada mediante factor de distribución.

Por ello, si el factor simple de distribución fue de 4,439.28 (cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve punto veintiocho) y MORENA obtuvo 6,795 (seis mil setecientos noventa y cinco) votos, su resto mayor era de 2,355.72 (dos mil trescientos cincuenta y cinco punto setenta y dos); mientras que si el PRI obtuvo 2,404 (dos mil cuatrocientos cuatro) votos, debía tomarse esa votación para una segunda asignación, la cual era mayor a la de MORENA. Así -dice- el Tribunal Local dejó sin representación a la ciudadanía que votó en favor del PRI.

Finalmente añade que fue postulada en la posición 5 (cinco) de la planilla de regidurías del PRI mediante la acción afirmativa indígena por lo que en términos de los Lineamientos de Candidaturas Indígenas se le debe asignar la regiduría a ella.

8.2.9. SCM-JDC-2179/2021

Guadalupe Luna Anzures expone que la sentencia impugnada le causa perjuicio por la nueva asignación de regidurías del Ayuntamiento.

Considera que la sentencia impugnada carece de una adecuada fundamentación y motivación y no aplicó debidamente las normas sobre la paridad de género y protección de las mujeres.

Expone en concreto, los siguientes 2 (dos) agravios:

1.  La regiduría asignada a Movimiento Ciudadano no garantiza el acceso de las mujeres a puestos de representación política dado que la 5ª (quinta) regiduría debió de ser asignada a una mujer conforme a la jurisprudencia P./J. 1/2020 (10a.)[38].

2.  En la sentencia impugnada se le discrimina por ser mujer al no precisar porqué la 5ª (quinta) regiduría tuvo que ser asignada a una persona indígena y no otra, máxime que -de acuerdo a la votación que obtuvo el partido que la postuló- por alternancia y paridad de género, dicha regiduría se le debió asignar a ella cobrando relevancia la jurisprudencia P./J. 11/2019 (10a.)[39].

8.3. Forma en que serán estudiados los agravios

De la síntesis de agravios se advierten los siguientes temas:

Esta Sala Regional estudiará los agravios agrupados en los siguientes temas:

1.       Reencauzamiento de RIN a JDC.

2.       Demanda del RIN presentada por el PT.

2.1.     Desechamiento.

2.2.     Análisis -en plenitud de jurisdicción- de los agravios del RIN presentado por el PT. Solo en el supuesto que resultara incorrecto el desechamiento de la demanda (tema 1) y que esta Sala Regional considerara estudiar tales agravios en esta instancia.

3.       Nulidad de votación recibida en casillas y de elección. Exhaustividad.

4.       Asignación de regidurías -de ser procedente atendiendo a lo que resulte del estudio de los agravios anteriores-.

4.1.     Fórmula: solicitud de inaplicación del artículo 18.1 del Código Local, votación que debería considerarse, factor porcentual simple de distribución, sobre y subrepresentación.

4.2.     Paridad, asignación a personas indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior, en el entendido de que si los agravios 1 y 2 fueran suficientes para revocar parcialmente la sentencia impugnada y tuviera un efecto en el cómputo, se revisaría y de ser el caso asignarían las regidurías en plenitud de jurisdicción; de ser el caso se estudiaría el agravio relacionado con la nulidad de votación recibida en casillas que realizó el Tribunal Local
-respecto de las que no se vean afectadas por el análisis anterior.

En ese escenario, ya no sería necesario que esta Sala Regional analice los agravios relacionados con la asignación de las regidurías que hizo el Tribunal Local, dado que derivado de lo anterior esta Sala Regional debería hacer la asignación en plenitud de jurisdicción.

8.4. Cuestión previa: control de constitucionalidad y convencionalidad

El PVEM, PODEMOS y el PT solicitan que sea aplicado el control de constitucionalidad y convencionalidad que las autoridades jurisdiccionales deberán ejercer.

Tal solicitud es improcedente pues se limitan a hacer una petición general de la realización de un control oficioso de la convencionalidad de la sentencia impugnada sin apuntar en qué parte sería procedente y por qué implicaría la revocación de la sentencia impugnada o favorecería sus intereses, pues solo señalan que se vulneran los artículos 1, 14, 16, 17, y 35 de la Constitución General pero sin indicar qué porción exacta de la sentencia impugnada transgrede esos artículos o cómo.

Ello, sin que tampoco esta Sala Regional advierta que resulte procedente realizar este análisis, ni que se hubiera aplicado en perjuicio de la parte actora una disposición legal contraria al contenido de la Constitución General o a las disposiciones contenidas en un instrumento legal del que el Estado mexicano forme parte.

Así, como sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte en la tesis 1a. CCCLX/2013 (10a.) de rubro CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE[40], el control oficioso (ex officio) no significa que siempre y sin excepción los órganos jurisdiccionales deban hacer obligatoriamente un control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución General o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, sino que tal expresión significa que puede ser desarrollado en aquellos casos en que incidentalmente sea solicitado por las partes o bien, el tribunal advierta que la norma amerite dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales o materiales de admisibilidad.

En este sentido, la petición genérica de que se realice un control oficioso de la constitucionalidad o convencionalidad sin apuntar a una norma o su contenido, constituye una manifestación vaga y general que no confronta los argumentos del Tribunal Local, ni cuestiona de manera eficaz la validez de la aplicación de alguna norma en su perjuicio, sino que se limitan a referir que el citado control se aplique con motivo de las causas de nulidad -previstas en el artículo 376-V y 376-VI del Código Local- que la autoridad responsable omitió estudiar en 84 (ochenta y cuatro) casillas.

Por lo anterior y, se reitera, toda vez que no se advierte que en el caso se aplicara alguna disposición que diera pie a que esta Sala Regional realice el análisis de constitucionalidad y convencionalidad pretendido, esta petición es improcedente.

8.5. Estudio de agravios

8.5.1. Reencauzamiento de RIN a JDC

Tanto la Parte Actora del JDC-2165 como la Parte Actora del JRC-282 señalan que existió falta de exhaustividad, falta de claridad, transgresión a los principios de legalidad y debido proceso porque la autoridad responsable no declaró improcedentes 2 (dos) RIN promovidos por Patricia Toledo Navarro -candidata a la primera regiduría por MORENA- y Guadalupe Luna Anzures -candidata a la segunda regiduría, postulada por Movimiento Ciudadano- y mediante acuerdo de 2 (dos) de julio los reencauzó a Juicios de la Ciudadanía local.

Movimiento Ciudadano expone que fue incorrecto tal reencauzamiento porque los RIN debieron ser sobreseídos, sin embargo, lo expuesto en estos formó parte de la controversia. A decir de la Parte Actora del JDC-2165, no era procedente tal reencauzamiento al estar fundamentado en el reglamento interior del Tribunal Local, pero ningún reglamento puede estar por encima de la ley.

Dicho agravio es infundado, como se explica.

Esta Sala Regional advierte que en efecto, mediante acuerdo de 2 (dos) de julio, el Tribunal Local declaró improcedentes los RIN interpuestos por Patricia Toledo Navarro (TEEM/RIN/66/2021) y Guadalupe Luna Anzures (TEEM/RIN/82/2021) y los reencauzó a Juicios de la Ciudadanía locales (TEEM/JDC/1510/2021 y TEEM/JDC/1511/2021, respectivamente).

El artículo 41 párrafo tercero base VI de la Constitución General prevé que todos los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad; mientras que el artículo 17 constitucional tutela el acceso a la justicia, por lo que a fin de privilegiar dichos principios y el acceso a la justicia, las impugnaciones interpuestas por la ciudadanía o los partidos deben de ser conocidas por el medio idóneo, pues es la manera de garantizar certeza en las controversias que plantean ante los órganos jurisdiccionales electorales.

En el caso, como señaló el Tribunal Local, al ser medios de impugnación promovidos por ciudadanas en su carácter de candidatas a regidoras del Ayuntamiento, lo correcto era que fueran conocidos en la vía de Juicios de la Ciudadanía local, pues -de conformidad con el artículo 337 Código Local- dicha vía es procedente cuando -entre otras cuestiones- se aleguen transgresiones al derecho de una persona a ser votada o cuando consideren que un acto o resolución de la autoridad vulnera cualquier otro de los derechos político-electorales.

Por su parte, los RIN son una vía para que los partidos políticos controviertan -entre otros- en la etapa posterior a la jornada electoral, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o municipal en la elección de que se trate, la declaración de validez respectiva y la asignación de las regidurías de conformidad con los artículos 319, 323 y 324 del Código Local.

Tal cambio de vía fue conforme a derecho y no implica ninguna transgresión al debido proceso pues fue una actuación procesal a la que estaba obligada la autoridad responsable por ser los medios de defensa idóneos para conocer la controversia planteada por personas ciudadanas -a fin de controvertir la asignación de regidurías del Ayuntamiento, así como la entrega de las constancias respectivas-, quienes alegaron una afectación a sus derechos como ciudadanas y candidatas a la primera y segunda regiduría en el Ayuntamiento.

Lo anterior, sin que se acredite la actualización de una causa de improcedencia como se afirma en esta instancia, pues contrario a lo que señala Movimiento Ciudadano y la Parte Actora del
JDC-2165 la equivocación en la elección de la vía no trae como consecuencia el desechamiento, sino que -en aras de una tutela jurisdiccional efectiva- debe darse el trámite y cauce correspondiente a cada medio de impugnación con el fin de lograr su resolución.

Sirven de sustento a lo anterior las jurisprudencias 1/97 y 12/2004 de la Sala Superior de rubros MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA[41] y MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA[42].

Asimismo, resulta infundado el argumento sobre que tal actuación se llevó a cabo conforme al reglamento del Tribunal Local y dicho reglamento no está por encima de la ley.

Ello pues como ya se estableció, dicho reencauzamiento obedeció y se fundamentó en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en la propia regulación de los medios de impugnación del Código Local y no solo en lo establecido en el reglamento interno de la autoridad responsable que incluso en su artículo
94 BIS 2 establece que el error en la designación de la vía no dará lugar a la improcedencia del medio de impugnación intentado, sino al reencauzamiento.

Finalmente, Movimiento Ciudadano y la Parte Actora del
JDC-2165 refieren que la autoridad responsable transgredió el artículo 17 constitucional porque no tiene facultades para suplir la deficiencia de los argumentos de las partes o actuar oficiosamente en cuanto a aspectos que no formaron parte de la controversia y que -en el caso- implicaron la asignación de una regiduría más a MORENA.

Señalan que los agravios de los Juicios de la Ciudadanía locales reencauzados se consideraron inoperantes e infundados de forma “conveniente” debido a que el acto impugnado -Acuerdo 373- fue modificado para dejar intocada la primera regiduría de MORENA, esto es la asignada a Patricia Toledo Navarro, no obstante que el motivo de su impugnación fue que esa posición cubrió la cuota de grupo en situación de vulnerabilidad en la quinta regiduría del mismo partido.

Por lo que ve al recurso TEEM/RIN/61/2021-1 promovido por MORENA, señalan que el Tribunal Local declaró infundados sus agravios coincidentes con los formulados por su candidata a regidora en la primera regiduría de dicho partido, pero “convenientemente” la modificación a la asignación de las regidurías ordenada por el Tribunal Local otorgó a MORENA una regiduría más bajo el argumento de que estaba subrepresentado, sin que haya sido motivo de agravio por MORENA.

Dicho argumento es inoperante pues Movimiento Ciudadano y la Parte Actora del JDC-2165 parten de la premisa falsa de que el Tribunal Local asignó una regiduría más a MORENA con base en el cambio de vía de los RIN a Juicios de la Ciudadanía locales de los medios de impugnación TEEM/JDC-1510/2021 y TEEM/JDC-1511/2021 y que la asignación de la regiduría a Patricia Toledo Navarro deriva de dicha actuación procesal.

Sin embargo sus argumentos son vagos y genéricos para demostrar la relación existente entre el citado cambio de vía y la asignación de la regiduría cuestionada pues el hecho de que los agravios de esos medios de impugnación hayan sido declarados infundados e inoperantes, descansa en las razones que fueron expuestas y analizadas por el Tribunal Local, y no en la vía a la que fueron reencauzados dichos juicios.

Sirve de criterio orientador la jurisprudencia I.4o.A. J/48 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES[43].

De ahí que este agravio se considere infundado por una parte e inoperante por la otra.

8.5.2. Demanda de RIN presentada por el PT. Desechamiento

La Parte Actora del JRC-283 refiere que el Tribunal Local vulneró el principio pro persona y su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ya que hizo un análisis incongruente del medio de impugnación al haberlo desechado por considerar que carecía de firma autógrafa.

Este agravio es fundado por las siguientes razones.

El PT refiere que tanto el medio de impugnación como el escrito de presentación se encontraban firmados autógrafamente, para lo cual exhibe en su demanda un escrito de presentación con el sello de recibido del Tribunal Local, como se muestra:

Refiere que en la sentencia impugnada se establece que “no aparece la firma autógrafa del promovente”, cuando -a su juicio- ello no aconteció pues su escrito cumplió los requisitos referidos en la legislación federal y local relativos a las reglas generales de presentación de los medios de impugnación.

En principio, de la revisión del expediente local, esta Sala Regional advierte que la demanda que integra el recurso TEEM/RIN/23/2021-1 se trata de una copia simple que contiene el sello de la oficialía de partes de la autoridad primigeniamente responsable[44] y no existe escrito de presentación -como sostiene el PT-.

En el sello de recepción de la demanda que generó el recurso TEEM/RIN/23/2021-1, el Consejo Municipal asentó que fue recibido el escrito de demanda en 24 (veinticuatro) fojas y anexos, sin describir que contenga un escrito de presentación.

De igual manera, en el oficio IMPEPAC/CMETMX/0153/2021[45] por el cual el Instituto Local remitió a la autoridad responsable el recurso recibido no se desprende que haya sido recibido un escrito de presentación de demanda, pues únicamente señala que remite:

“escrito inicial del recurso de inconformidad promovido por el Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, ciudadana (sic) Mauricio Osorio Hernández, recibido en el Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos en fecha 14 [catorce] de junio de dos mil veintiuno y anexos”.

No obstante lo anterior, lo fundado del agravio radica en que en el sello de recepción del Consejo Municipal no se establece si la demanda fue recibida en original o en copia simple por lo que debe presumirse que se presentó en original.

Esto, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA[46].

Lo anterior, en el entendido de que también es aplicable a las autoridades encargadas de la recepción de los medios de defensa o promociones, aun cuando no sean órganos jurisdiccionales, ya que sobre ellas pesa la responsabilidad de hacer posible el acceso a la justicia de las personas promoventes.

Así, conforme al criterio citado es posible presumir por regla general que cualquier escrito o promoción recibido en la oficialía de partes de un tribunal o de una autoridad administrativa electoral es presentado en original y con firma autógrafa, ello porque las personas encargadas de dichas áreas tienen entre sus facultades la obligación de revisar que los documentos presentados cuenten, entre otros requisitos, con los señalados; por tanto, si al recibir documentación no se precisa que se presentó sin firma autógrafa, es válido presumir que se exhibió en original y con la firma referida. La conclusión anterior, salvo prueba que acredite lo contrario.

En el caso, la omisión de la oficialía de partes del Consejo Municipal de asentar si la demanda fue recibida en original o copia, es suficiente para considerar que fue recibida en original y privilegiar el derecho de acceso a la justicia del PT, en términos del artículo 17 de la Constitución General.

En ese sentido, al resolver el juicio SCM-JDC-162/2020 esta sala concluyó que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 citada “si al recibir una promoción las personas encargadas de la Oficialía de Partes no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la firma referida”.

Asimismo, la Sala Superior estableció en el Juicio de la Ciudadanía SUP-JDC-294/2021 que la prueba que de forma directa y ordinaria acredita las condiciones en que se presentó una demanda es el acuse de recibo y la información que se asienta[47] y señaló que para determinar si una demanda se presentó sin firma debe acudirse a dicho acuse para constatar si al momento de la presentación del escrito se advirtió esta circunstancia y se puso en conocimiento de la parte demandante.

El acuse de recibo es el único elemento que en principio, protege o genera una garantía de seguridad jurídica en favor de la persona demandante en torno a las condiciones en que presentó su demanda (si lo hizo en original, el número de páginas, las pruebas que acompaña, entre otras).

Si no se asientan estos elementos, debe generarse una presunción en favor de la afirmación posterior de la parte actora en cuanto a los mismos, pues el trámite de la recepción de una demanda recae en el órgano responsable. El deber de quien promueve es solamente constatar que lo que declara el personal de la oficialía respectiva coincide con la realidad.

En el caso del requisito de firma autógrafa, en el acuse de recepción se debe asentar de manera clara y expresa que el medio de impugnación “se recibió sin firma” o en “copia simple”, pues si ello no se hace opera en favor de la parte actora la presunción de que presentó su demanda en original firmada.

Ahora bien, del análisis del sello de acuse de recibo del Consejo Municipal se advierte que no fue asentado que la demanda del PT había sido recibida en copia simple, sino que únicamente se asentó lo siguiente:

[Debajo del sello de recepción] 1 memoria usb de la Rosca negra 32 GB. Copia certificada de 59 fojas de actas de escrutinio y cómputo

[En la parte superior de la hoja] 1 Jgo de copias certificadas 143 Fojas de actas de escrutinio y cómputo 143 anexos desglosados por casillas

Asimismo, en el acuse de recibo de la oficialía de partes del Tribunal Local no se asentó si la demanda se recibió en copia simple o en original, sino que únicamente fue señalado lo siguiente:

Recibí escrito en 24 fojas y anexos siguientes:

1.- Sobre cerrado

2.- Juego de diversas documentales

3.- 4 juegos de copias certificadas en diferentes fojas

4.- Original en una foja

5.- Original en una foja

[texto testado]

6.- Original en 30 fojas

7.- 4 juegos de copias certificadas

8.- Informe en 21 fojas

Así, ante la ausencia de señalamiento expreso de la manera en que fue recibida la demanda -original o copia-, se genera la presunción de que el representante del PT la presentó en original y con firma autógrafa -como sostiene el PT en su demanda-.

Tal presunción se refuerza con lo manifestado por el PT en la demanda del juicio SCM-JRC-283/2021 -en esta instancia- en la que afirma que sí presentó su medio de impugnación local de forma autógrafa, es decir, conevidente manifestación de su voluntad de controvertir el acto impugnado ante el Tribunal Local.

En ese contexto, si bien, como lo afirma el Tribunal Local, en el expediente del RIN no está la firma autógrafa en la demanda que originó el recurso TEEM/RIN/23/2021-1, conforme a los criterios señalados debió notar que el acuse no contaba con las características necesarias para corroborar esa situación, y en ese sentido no debió desechar la demanda por tal causa.

* * *

Derivado de lo anterior, lo procedente es revocar parcialmente la sentencia impugnada.

8.5.3. Análisis de los agravios del RIN presentado por el PT. Estudio en plenitud de jurisdicción

8.5.3.1. Justificación

Al haber resultado fundado el agravio de la Parte Actora del
JRC-283 lo ordinario sería ordenar al Tribunal Local que analizara si la demanda cumple con los demás requisitos de procedencia del medio de impugnación y -en su caso- emitiera una nueva resolución en que analizara las causas de nulidad hechas valer.

No obstante ello, esta Sala Regional considera necesario conocer en plenitud de jurisdicción -con fundamento en el artículo 6.3 de la Ley de Medios- dicha controversia, para dar certeza a las partes y a la ciudadanía respecto del resultado de la votación de la elección del Ayuntamiento y su validez, considerando que
-de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución Local- el ejercicio de los ayuntamientos en Morelos inicia el 1° (primero) de enero próximo, y es necesario contar con tales datos para -en su caso- proseguir con el análisis de los demás temas sometidos a controversia, con relación a la elección señalada.

8.5.3.2. Comparecencia de MORENA

MORENA compareció[48] -a través de su representante- ante la instancia local, a fin de hacer valer diversas causas de improcedencia y argumentos en el TEEM/RIN/23/2021-1.

Esta Sala Regional considera que el escrito de MORENA reúne los requisitos del artículo 327 del Código Local, por lo que debe reconocérsele como parte tercera interesada en el juicio local señalado.

a. Forma. El escrito fue presentado ante el Consejo Municipal y en él consta el nombre del partido compareciente y nombre y firma de quien acude en su representación; asimismo, se precisaron los argumentos que el partido político estimó pertinentes para defender sus intereses.

b. Oportunidad. El escrito fue presentado en las 48 (cuarenta y ocho) horas señaladas en el artículo 327 del Código Local, pues el plazo para comparecer inició de las 21:23 (veintiún horas con veintitrés minutos) del 15 (quince) de junio a la misma hora del 17 (diecisiete) siguiente, mientras que la presentación del escrito fue a las 20:48 (veinte horas con cuarenta y ocho minutos) del 17 (diecisiete) de junio.

c. Legitimación e interés jurídico. Este requisito está satisfecho pues comparece un partido político nacional con registro en Morelos que hace valer una pretensión incompatible con la del PT, que pretende la revocación del cómputo municipal del Ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y de la entrega de las constancias respectivas, en cambio MORENA busca su confirmación.

d. Personería de MORENA. Quien comparece en representación de MORENA tiene reconocida la calidad con la que se ostenta pues acompaña la constancia emitida por la secretaria del Consejo Municipal en que se acreditó a dicha ciudadana como representante del partido político ante tal órgano (autoridad que emitió uno el acto impugnado).

8.5.3.3. Causas de improcedencia hechas valer por MORENA

MORENA hace valer las causas de improcedencia del RIN presentado por el PT, consistentes en (i) falta de precisión en la elección que se impugna, conforme al requisito mencionado en el artículo 329-II-a) del Código Local y falta de individualización de casillas y (ii) extemporaneidad.

Dichas causas de improcedencia son infundadas por las siguientes razones.

El artículo 329-II-a) del Código Local establece que uno de los requisitos para la interposición de un RIN es mencionar la elección que se impugna señalando expresamente si se objeta el cómputo, la declaración de validez de la elección y, por consecuencia, en su caso, el otorgamiento de las constancias respectivas. También refiere que en ningún caso podrá impugnarse más de una elección con el mismo recurso.

Resulta infundada dicha causa de improcedencia, pues el PT es claro en mencionar como acto impugnado el escrutinio y cómputo municipal del Ayuntamiento, así como la entrega de constancias respectivas, por lo que es indudable que sí señaló expresamente la elección que impugnaba y los actos que se objetaban.

Asimismo, resulta infundada tal causal de improcedencia debido a que -contrario a lo afirmado por el MORENA- el PT sí realizó una individualización de las casillas atendiendo a la supuesta actualización de las causales de nulidad previstas en el Código Local, por lo que -con independencia si esa individualización se encuentra realizada de manera correcta en los anexos de la demanda o no y si se cumplen los extremos para declarar su nulidad- ello será materia de análisis del fondo del asunto.

Ahora bien, a juicio de MORENA, el RIN presentado por el PT también es improcedente porque operó la notificación automática al interior del Consejo Municipal, por lo que debe tomarse como punto de partida el 10 (diez) de junio para realizar el cómputo respectivo, ya que ese día inició y concluyó el cómputo de la elección municipal de Ayuntamiento por lo que lo considera extemporáneo.

Dicho argumento resulta infundado pues considerando que la sesión de cómputo municipal del Ayuntamiento concluyó el 10 (diez) de junio[49] y la demanda de RIN fue presentada el 14 (catorce) siguiente[50], es evidente su oportunidad de acuerdo al plazo previsto en el artículo 328 del Código Local. Ello, con independencia de si operó o no la notificación automática, pues en el caso, lo relevante es que la demanda fue presentada a las 4 (cuatro) días contados a partir de la conclusión del cómputo municipal.

8.5.3.4. Requisitos de procedencia del RIN

La demanda del PT cumple los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 319-III-a), 323, 324-I, 328.2, 329-I, 329-II y 331.1 del Código Local, conforme a lo siguiente:

Requisitos generales

a.       Forma. El PT presentó su demanda por escrito ante la autoridad responsable (Consejo Municipal) y cumple con los demás requisitos de forma, en el entendido que el referente a la firma autógrafa fue analizado en el apartado anterior.

b.       Oportunidad. Este requisito fue analizado en el apartado anterior.

c.       Legitimación y personería. El recurrente tiene legitimación para promover el RIN ya que es un partido político, que acude a través de su representante ante el Consejo Municipal, lo que se reconoce en el informe circunstanciado correspondiente[51].

Requisitos especiales

d.       Tipo de elección. El recurrente se inconforma con el escrutinio y cómputo, y declaración de validez de la elección del Ayuntamiento.

e.       Indicación específica. Este requisito fue analizado en el apartado anterior.

8.5.3.5. Decisión de esta Sala Regional, en plenitud de jurisdicción, respecto del TEEM/RIN/23/2021-1

En la demanda que originó el TEEM/RIN/23/2021-1[52] el PT controvirtió el cómputo realizado en diversas actas de escrutinio y cómputo de la elección del Ayuntamiento y por tanto la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas.

Los agravios se estudiarán de acuerdo a las causales de nulidad de la votación recibida en casilla o de la elección del Ayuntamiento:

8.5.3.5.1. Casillas mencionadas en la demanda, sin precisar alguna causa de nulidad al respecto

El PT presentó su demanda de RIN junto con 143 (ciento cuarenta y tres) anexos en los que -dice- están precisadas las causas de nulidad de la votación recibida en diversas casillas.

De la revisión de los anexos, esta Sala Regional advierte que las casillas 632 contigua 1, 916 contigua 2, 917 contigua 1 y 917 contigua 2, están mencionadas en la demanda, pero no existe anexo al respecto.

Asimismo, se señalan los anexos 68, casilla 631 básica; 72, casilla 632 contigua 1; 139, casilla 916 contigua 2; 141, casilla 917 contigua 1; y 142, casilla 917 contigua 2, pero el PT no presentó algún anexo al respecto.

Por lo anterior, ante la falta de manifestaciones del PT, el análisis respecto de tales casillas resulta inatendible.

8.5.3.5.2. Recibir la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la normativa (artículo 376-V del Código Local)

El PT refiere que hay falta de certeza jurídica en 143 (ciento cuarenta y tres) casillas cuyas inconsistencias -dice- están precisadas en los anexos de la demanda; en estos entre otras cuestiones controvierte la integración de las Mesas Directivas que se precisan más adelante al estudiar cada caso concreto (a efecto de evitar repeticiones innecesarias).

Como agravio segundo alega la transgresión al principio de certeza derivado de la integración de las Mesas Directivas, señalando lo siguiente:

Además, señala que en la casilla 661 básica (sic) Raúl Díaz Durán fue sustituido por Gabriela Salazar Joaquín; María Guadalupe Aguilar Vargas fue sustituida por Nely Jazmín Nogolpe Salinas; Pedro Adán Manzanares Rosa (sic) fue sustituido por José Luis Rodríguez Valdez, quienes no se encuentran en el encarte y desconoce si pertenecen a la sección electoral.

Asimismo, en la casilla 614 básica Gerson Jair Mayorga Sarabia fue sustituido por Daniela Itzel García Sotelo quien no se encuentran en el encarte y desconoce si pertenecen a la sección electoral; además de que no se justificó por qué se retiró la secretaria 1, ni fue señalado quién ocupó su lugar.

También señala como agravios cuarto y sexto que en el acta de jornada electoral no aparece la firma de ninguna persona funcionaria.

Finalmente, como agravios noveno y décimo primero señala que el mal comportamiento de las personas funcionarias de casilla por “el mal corrimiento de funcionarios” trasgrede la normativa electoral.

Marco normativo

La causa de nulidad consiste en:

Artículo 376 La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

...

V. La recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y este Código …

Por mandato constitucional y legal, las personas funcionarias de las Mesas Directivas deben asegurarse que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto del electorado sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que tienen facultades para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en la casilla correspondiente.

En cuanto a su integración, el artículo 119 del Código Local dispone que se integran, ubican y funcionan en términos de lo dispuesto en la Ley Electoral. Esta última establece en su artículo 82 que se conforman por una presidencia, una secretaría, 2 (dos) personas escrutadoras y 3 (tres) suplentes generales.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de quienes integren dichas mesas, la Ley Electoral contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de las personas designadas y dar transparencia al procedimiento de su integración. Además, establece las funciones de cada una de las personas integrantes de las Mesas Directivas.

De conformidad con lo anterior, las personas designadas en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, según lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Electoral.

Sin embargo, ante la eventualidad de que las personas originalmente designadas incumplan sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a integrar la Mesa Directiva, si esta no se instala a las 8:15 (ocho horas con quince minutos), el artículo 210 del Código Local establece el procedimiento que debe seguirse para sustituir a quienes la integran.

Ese procedimiento consiste en que la instalación de la Mesa Directiva se realice por sus integrantes propietarios o propietarias, a partir de las 8:15 (ocho horas con quince minutos) del día de la elección debiendo respetar las reglas establecidas en el artículo 210 del Código Local, que establecen:

a.       Si estuviera la persona designada presidenta, designará a las personas necesarias recorriendo en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de las personas ausentes con las propietarias presentes y habilitando a las suplentes presentes para los espacios faltantes; en ausencia de las personas designadas, se nombrarán de entre quienes se encuentren en la casilla;

b.       Si no estuviera la persona designada como presidenta, pero estuviera la designada como secretaria, asumirá las funciones de la presidencia de la Mesa Directiva y procederá a integrar la mesa en los términos señalados en el punto anterior;

c.        Si no estuvieran las personas designadas como presidenta o secretaria, pero estuviera alguna de las personas escrutadoras, asumirá las funciones de la presidencia y procederá a integrar la Mesa Directiva de conformidad con lo señalado en el punto A;

d.       Si solo estuvieran las personas suplentes, una de ellas asumirá las funciones de la presidencia, las demás personas, las de la secretaría y escrutinio, procediendo a instalar la casilla y nombrando a las personas necesarias de entre el electorado presente en la casilla, verificando previamente que sus nombres aparezcan en la lista nominal de la sección correspondiente y tengan credencial para votar;

e.       Si no asistiera ninguna de las personas funcionarias de la Mesa Directiva, el Consejo Distrital correspondiente tomará las medidas necesarias para instalarla y designará al personal y cerciorándose de su instalación;

f.          Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Local, a las 10:00 (diez horas), quienes representan a los partidos políticos y candidaturas independientes ante esa casilla designarán por mayoría a quienes se necesite para integrar la Mesa Directiva, de entre las personas presentes en la casilla, verificando previamente que se encuentren inscritas en la lista nominal de la sección correspondiente y tengan credencial para votar;

g.       En todo caso, integrada la Mesa Directiva conforme a lo anterior, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

h.       En el supuesto del inciso f) se requerirá:

La presencia de una jueza o juez o titular de notaría pública, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

En ausencia de las personas referidas en el punto anterior, bastará que quienes funjan como representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a quienes integrarán la Mesa Directiva.

i.          Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el inciso f), deberán recaer en personas electoras que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en las y los representantes de los partidos políticos o en las personas representantes de las candidaturas independientes.

j.          Las personas funcionarias y representantes que actuaron en la casilla, deberán, sin excepción, firmar las actas.

En consecuencia, las personas que sean designadas como funcionarias de Mesa Directiva, ante la ausencia de quienes lo fueran en propiedad o suplencia por nombramiento de la autoridad electoral pueden corresponder a la casilla básica o a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección porque se trata de residentes en dicha sección.

De las consideraciones antes referidas se desprende que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto será recibido y custodiado por autoridades legítimas, lo que significa que la norma sanciona con nulidad la recepción de los votos por parte de autoridades no establecidas de acuerdo con los lineamientos legales, a fin de que los resultados de la elección sean ciertos y firmes, de modo que los votos se traduzcan verdaderamente en el fundamento de las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo.

Este valor se vulnera: (i) cuando la Mesa Directiva se integra por personas que carecen de las facultades legales para ello; y (ii) cuando la Mesa Directiva no se integra con todas las personas designadas -en este caso tienen relevancia las funciones autónomas, independientes, indispensables y necesarias, que realiza cada una, así como la plena colaboración entre éstas, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del voto-.

Por otra parte, cabe señalar que al resolver el recurso
SUP-REC-893/2018 la Sala Superior sostuvo que si la parte actora omite proporcionar algún elemento mínimo, como la casilla y el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona, dichos agravios son inoperantes.

Razonó que debe evitarse que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permita que quienes promueven trasladen a los tribunales la carga de demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de las casillas.

Además, expuso que -de otra forma- la parte actora podría afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por personas funcionarias que no estaban facultadas para ello y el órgano jurisdiccional respectivo tendría la obligación de: a) revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral, para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; y b) corroborar si esas personas aparecen en los respectivos encartes y listados nominales.

En ese sentido concluyó que bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las Mesas Directivas de cada elección.

A partir de lo anterior, tanto la Sala Superior como esta sala han sido consistentes en señalar que es necesario que se provean elementos mínimos indispensables para que el órgano jurisdiccional detecte los casos que son señalados como irregulares y -con base en esto- proceda al estudio de los supuestos de nulidad.

No obstante, si la parte actora proporciona elementos mínimos que permitan identificar los casos que son señalados como irregulares, como son la casilla correspondiente y el cargo ejercido irregularmente, esta Sala Regional ha considerado[53] que no se sitúa en el supuesto de un agravio genérico que obligara al órgano jurisdiccional a llevar a cabo la revisión oficiosa de la totalidad de la integración de las Mesas Directivas cuestionadas, en términos de la referida sentencia del recurso
SUP-REC-893/2018 que expresamente indica que si las partes proporcionan un elemento mínimo “como podría ser justamente el nombre” (o el cargo).

Finalmente, es relevante señalar que en la jurisprudencia 1/2001 de rubro ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES)[54] y 17/2002 de rubro ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA[55], la Sala Superior determinó que el hecho de que no esté asentada la firma de alguna persona funcionaria de la casilla es insuficiente -por sí solo- para demostrar que no estuvo presente durante la jornada electoral y por tanto la votación fue recibida por personas u organismos distintos a los facultados por la ley para tal fin, ni por ello dar lugar a la nulidad de la votación recibida en una casilla.

Caso

El PT controvirtió la integración de las Mesas Directivas. De lo señalado en la demanda (antes transcrito) y en los anexos a la misma, y el análisis de la documentación al respecto (actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las diversas casillas), esta Sala Regional advierte lo siguiente: