RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SCM-RAP-19/2025

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

SECRETARIO: JOSÉ RUBÉN LUNA MARTÍNEZ Y LUIS ROBERTO CASTELLANOS FERNÁNDEZ

Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil veinticinco.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve este recurso de apelación en el sentido de revocar -en lo que fue materia de impugnación- el dictamen consolidado INE/CG79/2025 y la resolución INE/CG86/2025, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido político MORENA, correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés, para los efectos precisados en esta sentencia.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

1. Dictamen y resolución impugnados. El diecinueve de febrero de dos mil veinticinco,[1] el Consejo General del INE aprobó la Resolución 86, derivada de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de MORENA correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés de los comités ejecutivos estatales, entre ellos, los de la Ciudad de México, Guerrero Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

2. Demanda. El veinticinco de febrero, el representante propietario de MORENA ante el Consejo General del INE interpuso recurso de apelación mismo que fue remitido a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, identificando con el expediente SUP-RAP-63/2025.

3. Acuerdo de escisión. El veintidós de marzo de este año, la Sala Superior emitió acuerdo plenario en el que escindió la demanda del partido recurrente, para que una parte de las conclusiones controvertidas se analizaran por dicho órgano jurisdiccional y otra, se examinara por esta Sala Regional, en el respectivo ámbito de sus jurisdicciones y competencias.

4. Recepción. El veinticuatro de marzo posterior, se recibió en esta Sala Regional el medio de impugnación y demás constancias; en esa misma fecha, el magistrado presidente ordenó integrar el expediente SCM-RAP-19/2025, mismo que fue turnado a su ponencia.

5. Instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el expediente en su ponencia, efectuó diversos requerimientos a fin de contar con elementos para resolver, que se desahogaron en su momento y, posteriormente, admitió la demanda y cerró la instrucción para dejar el recurso en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia.

Esta Sala Regional ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente recurso de apelación, toda vez que lo promueve un partido político nacional para controvertir la resolución del INE en la que se le impusieron diversas sanciones por las irregularidades encontradas en la revisión del informe anual de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés en la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, entre otros; supuesto normativo competencia de este órgano jurisdiccional, el cual está relacionado con entidades federativas respecto de las cuales ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento además en:

        CPEUM. Artículos 41 párrafo segundo Base VI y 99 párrafo cuarto fracción III.

        Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 253, fracción IV, incisos a) y f), 263, fracción I, 267, fracciones III y XV.

        LGSMIME. Artículos 3, numeral 2, inciso b), 40, numeral 1 y 44, numeral 1, inciso b).

        LGPP. Artículo 82 párrafo 1.

        Acuerdo General 1/2017, emitido por la Sala Superior, que delega hacia las salas regionales las impugnaciones de los actos o resoluciones de los órganos centrales del INE, en materia de fiscalización, relacionados con informes presentados por los partidos políticos en el ámbito estatal.

        Acuerdo INE/CG130/2023 aprobado por el Consejo General del INE, que estableció el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide el país.

        Acuerdo de Sala Superior, emitido el veintidós de marzo, en el recurso de apelación SUP-RAP-63/2025, en el que delimitó, entre otras cuestiones, la competencia de esta Sala Regional para resolver el presente recurso respecto de los agravios relacionados con las conclusiones de la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

SEGUNDA. Precisión del acto impugnado.

El recurrente señala como actos controvertidos tanto el dictamen consolidado como la resolución impugnada, al tenor de lo siguiente:

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023, (…) y RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MORENA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023, (…).

No obstante dicha formulación, esta Sala Regional tendrá como un solo acto impugnado las determinaciones referidas, ya que, mediante la resolución impugnada, el Consejo General del INE sancionó al recurrente, pero las consideraciones y argumentos que la sustentan están en el dictamen consolidado[2] y anexos que corresponden al mismo. En ese entendido, las consideraciones y argumentos contenidos en el referido dictamen forman parte integral de la resolución controvertida.

TERCERA. Requisitos de procedencia.

El medio de impugnación reúne los requisitos previstos en los artículos 7, 8, párrafo 1, 9, párrafo 1, 13, 40, párrafo 1, inciso b), 41 y 42, de la LGSMIME, conforme a lo siguiente:

a. Forma. El escrito fue presentado ante la autoridad responsable, haciendo constar la denominación del partido político recurrente y la firma autógrafa de su representante -según se hizo constar en la copia certificada de la demanda remitida por la Sala Superior cuando escindió una porción de esta y determinó que fuera esta Sala Regional quien la resolviera-, quien señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, así como personas autorizadas para tal efecto; asimismo, identificó el acto impugnado, expuso los hechos del caso, sus agravios y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.

b. Oportunidad. La demanda resulta oportuna, debido a que se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en la Ley de Medios.

Lo anterior, ya que la resolución impugnada se emitió en sesión del Consejo General del INE del diecinueve de febrero[3]; por lo que, el plazo de cuatro días para presentar la demanda transcurrió del veinte al veinticinco de febrero, sin contar los días veintidós y veintitrés de ese mismo mes, al haber sido sábado y domingo[4].

De ahí que, si el recurso se presentó el veinticinco de febrero, es inconcuso que la demanda resulta oportuna.

c. Legitimación y personería. El recurrente tiene legitimación para interponer el presente recurso en términos de los artículos 13, numeral 1, inciso b), fracción I y 45, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGSMIME, al tratarse de un partido político que controvierte las sanciones impuestas en el dictamen y la resolución que impugna.

Quien suscribió la demanda es su representante propietario ante el Consejo General del INE, quien cuenta con el reconocimiento de su personería por la autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado, en términos del artículo 18, numeral 2, inciso a) de la LGSMIME.

d. Interés jurídico. El recurrente tiene interés jurídico porque controvierte la resolución impugnada que determinó sancionarlo por las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado con motivo de la revisión de los informes anuales de las actividades ordinarias correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés; lo que, refiere, afecta su esfera jurídica.

e. Definitividad. El requisito está satisfecho, pues la norma electoral no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia.

CUARTA. Consideración previa.

De acuerdo con lo establecido por la Sala Superior en el acuerdo plenario dictado en el recurso de apelación SUP-RAP-63/2025, mediante el cual determinó escindir parte de la demanda de MORENA; esta Sala Regional conocerá acerca de la impugnación que dicho partido político plantea respecto de las siguientes conclusiones:

QUINTA. Estudio de fondo.

        Metodología.

De la demanda remitida por la Sala Superior, se observa que el recurrente endereza agravios encaminados a controvertir conclusiones del dictamen y las sanciones determinadas en la resolución del Consejo General del INE, relativas a la vigilancia de sus obligaciones en materia de fiscalización de los recursos locales que recibe en las entidades de Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En ese sentido, las conclusiones serán atendidas por entidad federativa; posteriormente, dado que se advierten temáticas de agravio con idénticos argumentos en las conclusiones relacionadas con el cálculo del remanente en cada una de las entidades, estas serán atendidas de manera conjunta[6].

        Análisis de conclusiones

I. Conclusiones de Ciudad de México

1. Conclusión 7.08-C1-MORENA-CM

-         Agravios

        El partido recurrente refiere una violación al principio de exhaustividad, legalidad y seguridad jurídica, al estimar que la autoridad fiscalizadora fue omisa en pronunciarse sobre los argumentos y documentales que ofreció en respuesta a los oficios de errores y omisiones.

Aduce que, contrario a lo que indicó la resolución impugnada -en cuanto a que no se presentó información que compruebe el origen del recurso-, sí se encuentra la documentación necesaria para comprobar los ingresos debidamente registrados ante el SIF, cumpliendo con ello la normativa electoral, en cuanto al reporte de aportaciones en efectivo, sin que se configurara el tipo administrativo de “ingresos no comprobados”.

De lo anterior es que el partido refiera que la falta de exhaustividad en que incurrió la autoridad responsable fue la de no valorar adecuadamente las documentales, ya que el partido presentó la información suficiente y necesaria para comprobar los ingresos.

Además, el partido recurrente acusa que la responsable omitió atender sus argumentos al contestar los oficios de errores y omisiones y que de ser tomados en cuenta se habría estimado suficientes las documentales entregadas.

        Indica que la autoridad responsable vulnera el principio de exacta aplicación de la Ley, al sancionarle sin que exista en los hechos, acción u omisión que configurara la conducta de “ingresos no comprobados”.

Ello, debido a que omitió realizar un análisis detallado de los argumentos y documentos que presentó, lo que dice vulnera su esfera jurídica por una indebida aplicación de la norma e imposición de una sanción.

        Desde la óptica del partido, la sanción impuesta atribuye al recurrente una obligación de investigar que a su decir le correspondía a la UTF.

Refiere que el proceso de investigación se limitó a un análisis parcial de los datos disponibles, sin recabar pruebas objetivas que vincularan de manera inequívoca al partido con la conducta imputada, por lo que había una carencia de elementos probatorios que justificaran la sanción.

A decir del recurrente, la autoridad fiscalizadora debió establecer comunicación directa con las personas aportantes involucradas; y, que el no haberlo hecho impidió recibir información adicional que aclarara las pretensiones sancionatorias.

-         Respuesta a los agravios

En concepto de esta Sala Regional, son fundados los agravios en los que refiere que la autoridad fiscalizadora vulneró el principio de exhaustividad, legalidad y seguridad jurídica, debido a que fue omisa en pronunciarse sobre los argumentos y documentales que ofreció el partido en respuesta a los oficios de errores y omisiones, tal como se aprecia de lo siguiente.

Fundamentación, motivación y exhaustividad

El artículo 16 párrafo primero de la Constitución establece la obligación de todas las autoridades de fundamentar y motivar sus actos. Fundamentar significa expresar el dispositivo legal aplicable al asunto, mientras que motivar es expresar las razones por las que el caso se adecua a esa norma jurídica.

Hay una indebida fundamentación cuando se invoca el precepto legal pero no es aplicable al asunto, y una incorrecta motivación cuando el dispositivo legal es aplicable pero las razones que establece la autoridad están en desacuerdo con el contenido de la norma; mientras que la falta de fundamentación y motivación implican la omisión de ambas[7].

Por otra parte, el principio de exhaustividad impone el deber de estudiar todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la controversia, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa de pedir, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones[8].

En la especie, mediante oficio INE/UTF/DA/41843/2024 notificado el 21 (veintiuno) de octubre de 2024 (dos mil veinticuatro), se hicieron del conocimiento del recurrente los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los ingresos y gastos registrados realizados en el SIF; respecto de la conclusión que nos ocupa, la autoridad observó lo siguiente:

“Ingresos

Financiamiento privado

3. De la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, se observó el registro de aportaciones de simpatizantes en efectivo, las cuales carecen de su respectiva documentación soporte; los casos en comento se detallan a continuación:

Se la solicita (sic) presentar en el SIF los siguiente:

• La documentación soporte que se señala en la columna denominada “Documentación faltante” del cuadro que antecede.

• Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, numeral 1 y 296, numeral 1 del RF.”

En respuesta al primer oficio de errores y omisiones, mediante escrito de 4 (cuatro) de noviembre de 2024 (dos mil veinticuatro), el sujeto obligado manifestó:

RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 3 del oficio número INE/UTF/DA/41843/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el primer periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

Para dar cabal cumplimiento a lo observado por esa autoridad, se añade a las referencias contables señaladas en el cuadro que antecede, la documentación soporte faltante.

De tal suerte que, al haberse presentado la documentación requerida se solicita atentamente a esta unidad se sirva a tener por atendida la presente observación por cuanto hace a este punto, privilegiando en todo momento -los principios de exhaustividad y de legalidad- para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado.

Ahora bien, mediante el oficio INE/UTF/DA/47633/2024 la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento del recurrente las observaciones que no quedaron atendidas en el primer oficio de errores y omisiones, y se señaló lo siguiente:

“Ingresos

Financiamiento privado

1.             De la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, se observó el registro de aportaciones de simpatizantes en efectivo, las cuales carecen de su respectiva documentación soporte; los casos en comento se detallan a continuación:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/41843/2024, notificado el 21 de octubre de 2024, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número CEE-CDMX/SF/435/2024 de fecha 4 de noviembre de 2024, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Para dar cabal cumplimiento a lo observado por esa autoridad, se añade a las referencias contables señaladas en el cuadro que antecede, la documentación soporte faltante.

De tal suerte que, al haberse presentado la documentación requerida se solicita atentamente a esta unidad se sirva a tener por atendida la presente observación por cuanto hace a este punto, privilegiando en todo momento -los principios de exhaustividad y de legalidad- para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado.”

Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verificación a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo siguiente:

Respecto a las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la observación, se corroboro que el sujeto obligado presentó la documentación soporte consistente en recibos de aportación “RMEF” y comprobantes de las transferencias realizadas, de su verificación se corroboró que cumplen con la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad; por tal razón, por lo que refiere a este punto, la observación quedó atendida.

Respecto a las pólizas señaladas con (2) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la observación, el sujeto obligado presentó los recibos de aportación y comprobantes de las transferencias, sin embargo, omitió presentar la documentación que permita corroborar el origen de los recursos aportados al partido político.

Se la solicita presentar nuevamente en el SIF los siguiente:

                La documentación soporte que se señala en la columna denominada “Documentación faltante” del cuadro que antecede.

                Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, numeral 1 y 296, numeral 1 del RF.”

A lo anterior el partido dio respuesta mediante el escrito de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, en el cual en lo que interesa manifestó:

“RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 1 del oficio número INE/UTF/DA/47633/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el segundo periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

Resulta importante traer a cuenta, los Lineamientos Generales para la Comprobación de Aportaciones de Militantes y Simpatizantes, de los cuales este Instituto Político ha cumplido con las disposiciones aplicables en su totalidad, particularmente en lo relativo al cuestionario de evaluación de riesgos, mecanismo que permite corroborar que las aportaciones recibidas tienen un origen lícito. En este sentido, y con base en la normativa, se acredita lo siguiente:

1. Capacidad económica de los aportantes: Las personas aportantes cuentan con capacidad económica suficiente para realizar las contribuciones observadas, tal como se desprende de los documentos y la información proporcionada, mismos que han sido adjuntados al Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

2. Cumplimiento del régimen fiscal de los aportantes: Las aportaciones en cuestión provienen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, quienes están debidamente registradas ante las autoridades fiscales, cumpliendo con sus obligaciones tributarias conforme a su régimen fiscal. Este hecho, lejos de configurar una irregularidad, es una manifestación de la licitud de los recursos aportados.

3. Documentación que avala la legalidad de los recursos: Este Instituto Político cumplió con la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos, así como con la documentación adicional prevista en los artículos 18 y 19 de los Lineamientos, incluyendo manifestaciones de origen lícito de los recursos, constancias de situación fiscal, y estado de cuenta bancario.

Es importante señalar que este Instituto Político, conforme al artículo 3 de los Lineamientos, no cuenta con facultades ni herramientas investigadoras para verificar a profundidad el origen de los recursos aportados más allá de lo dispuesto en la normativa. En este sentido, la normativa establece que los cuestionarios de evaluación, la recopilación de información, y los procedimientos de confirmación son mecanismos preventivos e indiciarios que, cuando se realizan conforme a lo establecido, permiten considerar lícitas las aportaciones.

La autoridad fiscalizadora, como señala el artículo 20 de los Lineamientos, conserva sus facultades para comprobar el origen de los recursos, siendo esta una función que excede las capacidades y atribuciones del sujeto obligado. En consecuencia, cualquier apreciación subjetiva que pretenda atribuir a este Instituto Político una omisión en el cumplimiento de la normativa carece de sustento.

Lo anterior en el entendido de que los partidos políticos carecen de facultades investigadoras o coercitivas para indagar a profundidad sobre el origen de los recursos más allá de las herramientas que establece la normativa. En este sentido, el cumplimiento del cuestionario, junto con la documentación adicional requerida en ciertos casos (manifestación de licitud, constancia de situación fiscal, etc.), agota las acciones que razonablemente puede realizar el partido para cumplir con la normativa electoral.

Exigir al partido que realice investigaciones más allá de lo normativamente previsto sería desproporcionado y atentaría contra los principios de certeza jurídica y confianza legítima en las instituciones políticas

En atención a lo anterior, resulta inviable pretender atribuir una irregularidad o sanción a este sujeto obligado por las siguientes razones:

1. Cumplimiento total de las disposiciones aplicables: Este Instituto Político no solo cumplió con los requisitos formales establecidos en la normativa, sino que, además, actuó diligentemente al recabar y verificar la documentación correspondiente, garantizando en todo momento el apego a los principios de legalidad y transparencia.

2. Falta de sustento objetivo en la observación: La presente observación realizada por esa autoridad se basa en interpretaciones subjetivas o en criterios no sustentados en hechos objetivos, ya que no existe un elemento que permita demostrar que el origen de los recursos es ilícito o que se haya incumplido con los requisitos normativos.

3. Ausencia de dolo o culpa en el actuar del Instituto: Este Instituto Político ha demostrado que actuó con diligencia y dentro del marco de sus facultades. Aun en el supuesto, sin conceder, de que existiera algún cuestionamiento adicional, tampoco podría configurarse una falta al deber de cuidado, ya que todas las acciones material y jurídicamente posibles fueron realizadas en tiempo y forma.

4. Principio de certeza jurídica y derecho a la defensa: Las observaciones basadas en inferencias subjetivas vulneran los principios de certeza jurídica y seguridad en el procedimiento sancionador, generando una imputación contraria a los derechos fundamentales del Instituto Político, al no existir pruebas objetivas que sustenten la presunta irregularidad.

Así las cosas, dicho cuestionario de evaluación de riesgos al que se refiere el artículo 11 de los Lineamientos Generales para la Comprobación de Aportaciones de Militantes y Simpatizantes no solo constituye un requisito formal, sino que tiene como finalidad servir como un mecanismo preventivo e indiciario que permita corroborar el origen lícito de los recursos aportados al partido político. En este sentido, su cumplimiento debe interpretarse como un elemento suficiente para justificar, en el ámbito de las atribuciones del sujeto obligado, que las aportaciones recibidas no derivan de actividades ilícitas ni constituyen una irregularidad.

I. EL CUESTIONARIO COMO EQUIVALENTE DE DOCUMENTACIÓN PROBATORIA

Se insta a esa autoridad, valorar el contenido del artículo 11 de los Lineamientos, mismo que establece que previo a la recepción de aportaciones, los sujetos obligados deben aplicar este cuestionario a las personas aportantes, con el objetivo de evaluar el nivel de riesgo de las aportaciones y establecer medidas proporcionales de comprobación en caso de riesgos moderados o altos.

En términos prácticos, el cuestionario:

                Recaba información relevante sobre la capacidad económica de los aportantes.

                Permite verificar el origen lícito de los recursos mediante datos proporcionados por los mismos aportantes.

                Funciona como una herramienta de prevención que dota al sujeto obligado de un marco razonable para identificar y mitigar posibles riesgos en las aportaciones.

En los casos en que las aportaciones sean por montos iguales o superiores a 1,605 UMA, o cuando el cuestionario arroje un riesgo moderado o alto, el artículo 18 de los Lineamientos exige documentación adicional, como:

                Manifestación de origen lícito de los recursos: Suscrita por el aportante, declarando que los fondos provienen de su patrimonio.

                Constancia de situación fiscal: Expedida por el SAT para validar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del aportante.

La recopilación de esta documentación, junto con el cuestionario, fortalece el proceso de comprobación, dando certeza sobre la licitud de las aportaciones. En este sentido, el cuestionario es parte integral del procedimiento preventivo y constituye evidencia que permite corroborar el origen de los recursos aportados al partido.

El cuestionario, por sí mismo, cumple con una función análoga a la de otros documentos probatorios en la verificación del origen de los recursos, debido a que:

                Contiene información directa proporcionada por el aportante, bajo su firma y responsabilidad.

                Permite evaluar elementos objetivos como el perfil financiero del aportante, el monto aportado y la naturaleza del ingreso, lo cual es suficiente para descartar indicios de irregularidad.

                Se vincula de manera directa con las disposiciones de los artículos 18 y 19 de los Lineamientos, que refieren a la recopilación de información y documentación como parte del mismo proceso preventivo.

II. CAPACIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LÍMITES DE SU RESPONSABILIDAD

Dado que los partidos políticos no cuentan con facultades de investigación similares a las de la autoridad fiscalizadora, el cuestionario y la documentación requerida constituyen los únicos mecanismos legales y materiales a disposición del sujeto obligado para evaluar las aportaciones. Pretender que el partido realice investigaciones adicionales sobre la veracidad de la información proporcionada excede sus capacidades legales y contraviene los principios de certeza y razonabilidad.

El cumplimiento del cuestionario y la recopilación de documentos establecidos en los Lineamientos debe considerarse suficiente para satisfacer los principios de licitud, legalidad y transparencia en las aportaciones, en atención a:

1. Principio de confianza legítima: La información proporcionada por el aportante y respaldada por su firma genera una presunción de veracidad, salvo prueba en contrario.

2. Proporcionalidad de las obligaciones: Los requisitos establecidos en los Lineamientos no pueden interpretarse de forma que impongan cargas excesivas o inalcanzables para los partidos políticos, quienes carecen de facultades investigadoras.

El cuestionario de evaluación de riesgos, acompañado de la documentación complementaria requerida en casos específicos, constituye un medio idóneo, suficiente y legalmente válido para corroborar el origen de los recursos aportados al partido. Al cumplir con esta obligación, el sujeto obligado demuestra su diligencia en la verificación de aportaciones y descarta la existencia de irregularidades atribuibles a su actuar.

En suma, a lo anteriormente desarrollado, se presentan la siguiente información:

                Respecto del proveedor David Zoriel Castillo Robles, y la aportación registrada mediante la póliza PN-IG-16-04-12-2023:

Se adjuntó el cuestionario de evaluación de riesgos en el apartado “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APORTANTE” con el nombre: “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.pdf”.

● Respecto del proveedor José Manuel Simón Clemente y la aportación registrada mediante la póliza PN-IG-10-04-12-2023:

Se adjuntó el cuestionario de evaluación de riesgos en el apartado “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APORTANTE” con el nombre: “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.pdf”.

Así por lo anterior, se solicita a esa autoridad realice un análisis conjunto de las manifestaciones aquí presentadas y de la documentación que acompaña a las pólizas para que pueda desestimar cualquier tipo de sanción a este Instituto Político.

Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto resulta importante precisar que, la autoridad fiscalizadora es la única facultada para investigar a fondo el origen de los recursos cuando existan indicios de irregularidades.

El artículo 3 de los Lineamientos es claro al señalar que los mecanismos preventivos no eximen a la autoridad fiscalizadora de ejercer sus facultades de comprobación, lo que implica que, si la autoridad busca imputar alguna irregularidad, deberá sustentarla en pruebas objetivas derivadas de sus propias investigaciones.

Por lo tanto, si la autoridad tiene dudas sobre el origen de los recursos aportados, deberá ejercer sus facultades de investigación para obtener la información adicional que considere pertinente. Esto incluye:

                Solicitar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

                Investigar posibles operaciones financieras mediante mecanismos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El cuestionario de evaluación de riesgos, junto con la documentación adicional recopilada por el partido, otorga la calidad de licitud a los recursos aportados. En caso de que la autoridad tenga dudas o pretenda imputar alguna irregularidad, deberá realizar investigaciones dentro de sus facultades para corroborar o desvirtuar dicha licitud. De lo contrario, cualquier sanción carecería de fundamento, pues no se puede exigir al partido más de lo que la ley establece.

De tal suerte que, por las aclaraciones realizadas en suma a la presentación de la documentación que acredita el origen de los recursos, se solicita atentamente a esta unidad se sirva a tener por atendida la presente observación, privilegiando en todo momento -los principios de exhaustividad y de legalidad- para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado.”

Una vez que la autoridad analizó las respuestas dadas por el partido recurrente, la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado consideró las observaciones como no atendidas por las razones siguientes:

No atendida

Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando el sujeto obligado manifestó haber cumplido con los lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes al presentar la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos debidamente requisitados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de los citados lineamientos el cual establece que la persona titular del órgano responsable de finanzas es el responsable de llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios de evaluación previa, así como la valoración  y aceptación en su caso, de las aportaciones.

Ahora bien, conviene señalar que por lo que se refiere a la aportación señalada con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del cuadro inicial de la presente observación, si bien se constató que el sujeto obligado presentó el cuestionario de evaluación de riesgos debidamente requisitado, sin embargo, omitió presentar la documentación que permita corroborar la veracidad de los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación de riesgos adjunto a la póliza en comento; ahora bien, de la verificación al cuestionario correspondiente al aportante José Manuel Simón Clemente, se corroboró que la ponderación asignada no es acorde a la información del aportante, toda vez que de la verificación a la información que obra en el portal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México (https://tudinero.cdmx.gob.mx/detalle_servidor_publico/125979), se observó que durante el ejercicio 2023, el C. José Manuel Simón Clemente, ostento el cargo de Director de Adquisiciones y Contratación de Servicios, en la Coordinación General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo cual lo coloca en el supuesto de considerarse una Persona Políticamente Expuesta, información que no coincide con lo declarado en el Cuestionario de Evaluación de Riesgos aplicado por el sujeto obligado. Así mismo, procede señalar que el consecutivo 7 del cuestionario aplicado al aportante tiene como objetivo indagar si (…) ¿Esta aportación, o en su caso, el monto acumulado de sus aportaciones al sujeto obligado en el mismo ejercicio fiscal, supera el 10% de sus ingresos anuales? (…), sin embargo, aun cuando el aportante declaró no entrar en dicho supuesto y que el origen de los recursos utilizados para realizar la aportación por un monto de $100,000.00 fueron los sueldos recibidos, de la verificación a la información del portal se advierte que sus ingresos anuales no le permiten otorgar el monto de la aportación realizada, toda vez que supera el 10% de sus ingresos anuales al considerar el sueldo mensual estimado neto que consta en dicho portal de transparencia; por tal razón por lo que se refiere a este punto, el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que permitan corroborar el origen de las aportaciones recibidas, por tal razón la observación quedó no atendida.

Por otra parte, respecto la aportación señalada con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del cuadro inicial de la presente observación, de la verificación al cuestionario de evaluación de riesgos realizado al C. David Zuriel Castillo Robles, se observó que lo declarado en el cuestionario específicamente lo relativo a los numerales 7 y 8, no puede ser corroborado por esta autoridad al ser contrastado con la información presentada y los movimientos reflejados en el estado de cuenta de dicho aportante. Complementario a lo anterior, resulta importante aclarar que aun cuando el sujeto obligado manifestó que carece de facultades para indagar a profundidad sobre el origen de los recursos, procede señalar que el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes refiere lo siguiente:

(…) Artículo 13. Atendiendo a los resultados del cuestionario de evaluación previa, los sujetos obligados deberán observar lo siguiente:

I. Las aportaciones serán objeto de la ejecución de procedimientos de confirmación cuando el cuestionario arroje una calificación de riesgo alto. En todo caso, será responsabilidad del órgano responsable de finanzas del sujeto obligado aceptar o no la aportación.

II. Aquellas aportaciones cuyos cuestionarios arrojen una calificación de riesgo alto o moderado requerirán de la recopilación de documentación adicional que permita generar mayor certeza respecto de su origen (…)

Derivado de lo anterior, el sujeto obligado omitió presentar documentación que permita verificar el origen de las aportaciones de los recursos recibidos en efectivo por parte del simpatizante señalado con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del cuadro inicial de la presente observación por $100,000.00, la observación no quedó atendida.”

Al respecto, esta Sala Regional considera que el agravio formulado resulta esencialmente fundado y suficiente para revocar la conclusión aquí analizada; esto en tanto se estima que la autoridad responsable no justificó adecuadamente su determinación.

En efecto, como se precisó en líneas anteriores, el deber de fundar y motivar impone a las autoridades de cualquier ámbito la carga de relacionar los fundamentos normativos que facultan su actuación con las razones jurídicas que sustentan su aplicación, esto es, que expliquen con argumentos lógicos porqué un caso específico ha de seguir un curso determinado. Asimismo, el principio de exhaustividad impone el deber de estudiar todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes; así como valorar los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso.

En la especie, el partido recurrente en la conclusión en análisis es sancionado por que, a decir de la autoridad fiscalizadora, el partido omitió presentar la documentación que comprobara el origen del recurso (Artículo 96, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización), esto respecto de dos aportaciones de personas simpatizantes en efectivo.

Ahora bien, los Lineamientos Generales para la Comprobación de Aportaciones de (personas) Militantes y Simpatizantes, en su artículo 8 y 9 establecen la obligación de la persona titular del órgano responsable de las finanzas de los partidos políticos de la realización de una evaluación previa, con la finalidad de verificar el origen de los recursos.

Asimismo, el referido artículo 9 establece cuáles son los factores de riesgo, en las aportaciones que reciban los partidos políticos; a saber:

“Artículo 9. Se consideran factores de riesgo en las aportaciones, los siguientes:

1.              Recibir aportaciones de PEP[9], así como de sus cónyuges, concubinas, concubinarios y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en segundo grado.

2.              Advertir, del análisis a los cuestionarios de evaluación previa o de la revisión a los documentos presentados por las personas aportantes, que se ubica en alguno de los supuestos siguientes:

I.                No cuenta con capacidad económica. Para tal efecto se considera que no existe capacidad económica para realizar aportaciones en, al menos, las siguientes situaciones:

a.              No se encuentra registrada con una actividad económica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b.              No se identifica con claridad la actividad económica de la persona aportante.

c.              Se advierte que sus ingresos anuales no le permiten otorgar el monto de la aportación que pretende realizar. Al respecto, se estima que una persona ciudadana podría destinar hasta el 10% de sus ingresos netos anuales para financiar campañas electorales o a partidos políticos para sus actividades ordinarias.

(…)”

[el resaltado es propio]

Del precepto señalado se observa que, entre los factores de riesgo que deben desprender los partidos de las evaluaciones que están obligados a realizar, es que precisamente quien realice la aportación -entre otros-:

a.     Sea persona políticamente expuesta (PEP).

b.     No cuente con capacidad económica.

De igual manera, los citados lineamientos en sus artículos 11, 12, 13 y 18 establecen los supuestos en que debe aplicarse el cuestionario de evaluación de riesgo; así como la documentación que deben aportar los partidos en caso de que sea necesario recopilar mayor información ante el supuesto de ubicarse en una calificación de riesgo alto o moderado, los cuales textualmente disponen:

Artículo 11. Previo a la recepción de aportaciones, los sujetos obligados deberán aplicar un cuestionario de evaluación de riesgo a quienes tengan la pretensión de hacer aportaciones. El cuestionario deberá firmarse por el Representante de Finanzas del sujeto obligado y por la persona aportante. Se adjunta al presente el formato en el Anexo 1.

Artículo 12. Para efectos de la obligación contenida en el artículo anterior, se considerarán todas las aportaciones que pretendan realizarse cuando el monto sea igual o superior al equivalente a 200 UMA. Para determinar el monto superior a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán todas las operaciones realizadas en el mismo periodo; es decir, las aportaciones recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda. Lo anterior, sin considerar si las aportaciones son realizadas para la operación ordinaria o con motivo de procesos electorales.

Artículo 13. Atendiendo a los resultados del cuestionario de evaluación previa, los sujetos obligados deberán observar lo siguiente:

I.               Las aportaciones serán objeto de la ejecución de procedimientos de confirmación cuando el cuestionario arroje una calificación de riesgo alto. En todo caso, será responsabilidad del órgano responsable de finanzas del sujeto obligado aceptar o no la aportación.

II.             Aquellas aportaciones cuyos cuestionarios arrojen una calificación de riesgo alto o moderado requerirán de la recopilación de documentación adicional que permita generar mayor certeza respecto de su origen, como se establece en el apartado E. De la recopilación de información y documentación de los ingresos, de los presentes Lineamientos.

Artículo 18. Tratándose de aportaciones en efectivo de una misma persona por montos que, acumulados en un mismo año, sean iguales o superiores al equivalente a 1,605 UMA, así como para aquellos casos en los que el cuestionario de evaluación previa a que se refiere el artículo 11 de los presentes lineamientos, arroje como resultado un riesgo moderado, adicionalmente a los requisitos que indica el RF para la comprobación de ingresos en efectivo, los sujetos obligados deberán recabar de sus aportantes:

a) Cuestionario de evaluación de riesgos a que refiere el artículo 11 de los presentes lineamientos.

b) Manifestación suscrita por las personas aportantes, en la cual señalen que la aportación realizada tiene un origen lícito y que se cubre con recursos provenientes de su patrimonio.

c) La constancia de situación fiscal de la persona aportante.

La documentación deberá adjuntarse a la póliza contable del SIF en el tipo de evidencia correspondiente, en la que se identifique que, de manera individual o acumulativa superó las 1,605 UMA o que, conforme a los resultados del cuestionario, se considere una aportación de riesgo moderado.

[el resaltado es propio]

Así, lo fundado de los agravios obedece a que el INE incumplió con su deber de precisar de manera fundada y motivada cuál era específicamente la documentación que omitió presentar el partido que permitía corroborar el origen de los recursos aportados de dos de sus personas simpatizantes; esto aunado a que, la autoridad fiscalizadora incumplió con el principio de exhaustividad, al dejar de analizar las documentales que aportó el partido para justificar el origen de tales aportaciones.

En efecto, como se detalló con antelación, en el primer oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora, observó que, de la documentación proporcionada en el SIF, respecto el registro de aportaciones de simpatizantes en efectivo, carecían de su respectiva documentación soporte, entre otros, de las siguientes personas:

En respuesta a esa observación, el partido manifestó que exhibía la documentación faltante y solicitó se tuviera por atendida la observación.

Posteriormente, en el segundo oficio de errores y omisiones, la autoridad fiscalizadora -con relación a esas dos personas aportantes- tuvo por no atendida la observación, y se concretó a señalar:

Respecto a las pólizas señaladas con (2) en la columna “Referencia” del cuadro inicial de la observación, el sujeto obligado presentó los recibos de aportación y comprobantes de las transferencias, sin embargo, omitió presentar la documentación que permita corroborar el origen de los recursos aportados al partido político.[10]

De lo anterior se observa que la autoridad fiscalizadora, al analizar la respuesta del partido y documentación que aportó, solamente se limitó a señalar que el partido omitió presentar la documentación que permitiera corroborar el origen de los recursos aportados al partido; sin que precisara de manera específica cuál era la documentación que omitió presentar el recurrente de acuerdo con los Lineamientos; esto aunado a que se abstuvo de analizar de manera fundada y motivada porqué consideraba que la documentación que presentó el partido era insuficiente para tener por atendida la observación.

Así, en el segundo oficio de errores y omisiones la UTF volvió a requerir la misma información al partido de sus dos personas aportantes esto es: i. recibo de aportación “RMEF”[11]; ii. comprobante de transferencia electrónica y/o cheque de la cuenta personal del aportante; y, iii. la documentación que permitiera corroborar el origen de los recursos aportados al partido.

En respuesta al segundo oficio de errores y omisiones el partido
-esencialmente- manifestó que, a fin de cumplir con su obligación de comprobar el origen de los recursos, se ajustó a los Lineamientos Generales para la Comprobación de Aportaciones de (personas) Militantes y Simpatizantes, esto al haber aportado el cuestionario a que se refiere el artículo 11 de dichos lineamientos, así como a la documentación complementaria a que se refiere el artículo 18 de esa misma normativa.

De igual manera, el recurrente le precisó a la autoridad electoral fiscalizadora que, dado que los partidos políticos no cuentan con facultades de investigación similares a las de esa autoridad, el cuestionario y la documentación complementaria constituían los únicos mecanismos legales y materiales a su disposición para evaluar las aportaciones; y, que pretender que el partido realizara investigaciones adicionales sobre la veracidad de la información proporcionada excedía sus capacidades legales.

Por tanto, indicó que el cuestionario de evaluación de riesgos, acompañado de la documentación complementaria requerida en casos específicos, constituía el medio idóneo, suficiente y legalmente válido para corroborar el origen de los recursos aportados al partido; y, que, al haber cumplido con esa obligación, demostraba su diligencia en la verificación de aportaciones debía descartarse la existencia de irregularidades atribuibles a su actuar.

Por lo anterior, destacó que, conforme al artículo 3 de los Lineamientos señalados, si bien se les dotan a los partidos de mecanismos preventivos para verificar el origen de las aportaciones, ello no eximía a la autoridad fiscalizadora de ejercer sus facultades de comprobación; por lo que, en su concepto, ello implicaba que, si la autoridad buscaba imputar alguna irregularidad, debería sustentarla en pruebas objetivas derivadas de sus facultades de investigación para obtener la información adicional, como pudiera haber sido

                Solicitar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

                Investigar posibles operaciones financieras mediante mecanismos previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De lo reseñado, se puede observar que el partido recurrente al dar respuesta a los oficios de errores y omisiones señaló que su proceder se ajustó a los Lineamientos, al haber aportado el cuestionario e información complementaria.

Ahora bien, en el Dictamen consolidado la autoridad fiscalizadora se concretó a señalar que no podía tener por atendida la observación, pues consideró que, si bien constató que el sujeto obligado presentó el cuestionario de evaluación de riesgos debidamente requisitado; sin embargo, omitió presentar la documentación que permitiera corroborar la veracidad de los resultados obtenidos en el cuestionario.

Para sustentar lo anterior, concluyó que:

-         De la verificación al cuestionario del aportante José Manuel Simón Clemente, corroboró que la ponderación asignada no era acorde a la información del aportante, toda vez que de la verificación a la información que obraba en el portal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas del Gobierno de la Ciudad de México (https://tudinero.cdmx.gob.mx/detalle_servidor_publico/125979), se observó que durante el ejercicio 2023 (dos mil veintitrés) José Manuel Simón Clemente, ostentó el cargo de Director de Adquisiciones y Contratación de Servicios, en la Coordinación General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo cual lo colocaba en el supuesto de considerarse una Persona Políticamente Expuesta, información que no coincidía con lo declarado en el Cuestionario de Evaluación de Riesgos aplicado por el sujeto obligado.

-         Que, aun cuando la citada persona declaró que la aportación no superaba el 10% (diez por ciento) de sus ingresos anuales, y que el origen de los recursos utilizados para realizar su aportación fueron los sueldos recibidos; de la verificación a la información del portal citado, se advertía que sus ingresos anuales no le permitían otorgar el monto de la aportación realizada, toda vez que superaba ese diez por ciento de sus ingresos anuales.

De ahí que, a consideración de la autoridad fiscalizadora, el sujeto obligado omitió presentar las evidencias que permitieran corroborar el origen de las aportaciones recibidas.

Por otra parte, respecto la aportación de David Zuriel Castillo Robles, la autoridad fiscalizadora únicamente señaló:

-         De la verificación al cuestionario de evaluación de riesgos que se le realizó se observó que lo declarado en los numerales 7 y 8, no podía ser corroborado por la autoridad fiscalizadora al ser contrastado con la información presentada y los movimientos reflejados en el estado de cuenta de dicho aportante.

Finalmente, la autoridad fiscalizadora señaló que aún cuando el partido manifestó que carecía de facultades para indagar a profundidad sobre el origen de los recursos, el artículo 13 de los Lineamientos para la comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes refería lo siguiente:

(…) Artículo 13. Atendiendo a los resultados del cuestionario de evaluación previa, los sujetos obligados deberán observar lo siguiente:

I. Las aportaciones serán objeto de la ejecución de procedimientos de confirmación cuando el cuestionario arroje una calificación de riesgo alto. En todo caso, será responsabilidad del órgano responsable de finanzas del sujeto obligado aceptar o no la aportación.

II. Aquellas aportaciones cuyos cuestionarios arrojen una calificación de riesgo alto o moderado requerirán de la recopilación de documentación adicional que permita generar mayor certeza respecto de su origen (…)

Bajo tales consideraciones la UTF concluyó que el partido omitió presentar documentación que permitiera verificar el origen de las aportaciones de los recursos recibidos en efectivo por parte del mencionado simpatizante.

De lo anterior se observa que, la autoridad fiscalizadora sustentó su determinación de sancionar al partido, por la omisión de presentar la documentación comprobatoria del origen de los recursos de las dos personas antes referidas, sin que en ningún momento precisara con claridad cuál fue la documentación que le faltó exhibir al partido, esto es, incumplió con su deber de fundar y motivar debidamente su determinación.

Asimismo, la autoridad fiscalizadora se abstuvo de dar respuesta a los planteamientos que formuló el partido en su segundo oficio de errores y omisiones, en los que el recurrente señaló que sí había cumplido con su obligación de comprobar el origen de las aportaciones en términos de los Lineamientos; esto al haber manifestado que aportó tanto el cuestionario, como la documentación complementaria a que se refiere el artículo 18 de dichos Lineamientos.

Así, pese a tales manifestaciones del partido en el proceso de fiscalización, la autoridad solamente se limitó a valorar el contenido de los cuestionarios como uno de los estados de cuenta -en relación al aportante David Zuriel Castillo Robles-; y, omitió analizar porqué la documentación aportada por el partido, en su caso, era o no suficiente para tener por demostrado el origen de las aportaciones; esto es, la autoridad de conformidad con el principio de exhaustividad debió establecer porqué la documentación aportada sí cubría o no lo alcances de la documentación complementaria establecida en el artículo 18 de los Lineamientos y el no haberlo hecho trastocó dicho principio.

En ese sentido, se considera que la responsable no justificó de manera objetiva su conclusión en cuanto a que el partido omitió presentar la documentación que comprobara el origen de las dos aportaciones en efectivo; máxime que, el partido sí adjuntó diversos elementos para justificar su origen, sin que la autoridad abordara su análisis.

Ello, sin soslayarse que, la autoridad fiscalizadora pretendió sustentar dicha omisión, en las inconsistencias que detectó en los cuestionarios de evaluación de riesgo que contestaron las personas aportantes.

Sin embargo, como se vio en párrafos anteriores, los Lineamientos solo se concretan a establecer la obligación del partido -para corroborar el origen de los recursos de las aportaciones de militantes en efectivo-, a través de la información que se recabe de tales cuestionarios, la constancia de situación fiscal y la manifestación de las personas aportantes de que los recursos son de origen lícito, lo que fue atendido.

Esto es, de una revisión de los Lineamientos Generales para la Comprobación de Aportaciones de (personas) Militantes y Simpatizantes, no se establece actualmente alguna consecuencia derivada respecto de los datos falsos o erróneos que en su caso asienten las personas físicas aportantes y mucho menos algún mecanismo en que los partidos puedan detectar tales inconsistencias; por lo que, en todo caso, corresponderá al INE revisar su reglamentación de estimar que la vigente resulta insuficiente para verificar el origen de las aportaciones de las personas militantes en efectivo y, en su caso, las consecuencias jurídicas que pudiera derivar de una información falsa proporcionada por las personas físicas aportantes, así como el ente responsable de ello y -de ser el caso- el procedimiento para garantizarle un debido proceso.

Así, ante lo fundado de los agravios analizados; lo conducente es revocar lisa y llanamente la resolución controvertida respecto de la conclusión 7.08-C1-MORENA-CM, así como la sanción que fue impuesta en consecuencia.

Finalmente, es de considerar que, al resultar fundados los agravios, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de disenso vinculados con la presente conclusión, esto en atención a que la parte recurrente ha alcanzado su pretensión.

2. Conclusiones 7.08-C6-MORENA-CM, 7.08-C7-MORENA-CM y 7.08-C8Bis-MORENA-CM

-         Agravios

El actor aduce una violación a los principios de legalidad y exhaustividad e indebida valoración probatoria, al considerar que la autoridad responsable le sancionó sin valorar adecuadamente con una perspectiva de género los argumentos que ofreció a la autoridad fiscalizadora durante los periodos de errores y omisiones, que en su concepto permitían concluir que los gastos que efectuó sí se encontraban vinculados al rubro de capacitación y formación de liderazgo político de las mujeres.

Refiere que el taller, la investigación y la editorial sí tenían una vinculación directa con el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, esto porque la formación de derechos humanos y cuestiones de género fortalece el liderazgo femenino, al empoderar a las mujeres como agentes de cambio capaces de diseñar y promover políticas públicas efectivas que protejan derechos fundamentales.

Señala que la autoridad fiscalizadora fundamentó su conclusión sancionatoria en que el material de sensibilización resultaba omiso al no abordar específicamente los derechos políticos de las mujeres; argumento que, considera el recurrente, es insostenible porque aduce que es inconcebible hablar de derechos políticos cuando las infancias continúan siendo víctimas de explotación y trata.

Aduce que el taller sobre explotación infantil se inscribe en el marco de las actividades de capacitación en liderazgo político de las mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 188 del Reglamento de Fiscalización, esto pues en su concepto el taller no se limitaba a abordar el fenómeno de la explotación infantil como un problema aislado, sino que lo integraba en una perspectiva diagnóstica que permitía identificar y comprender las raíces estructurales de la vulnerabilidad de las mujeres.

Precisa que el taller resulta pertinente al evidenciar cómo la explotación infantil, al perpetuar condiciones de desigualdad y violencia desde la infancia, configura un obstáculo significativo en el camino hacia el empoderamiento y la participación política de las mujeres.

Refiere que la capacitación impartida no se centra únicamente en la transmisión de datos o estadísticas, sino que busca sensibilizar y empoderar a las mujeres, proporcionándoles herramientas analíticas para identificar las prácticas que han contribuido a la marginación y exclusión en el ámbito político.

Por lo anterior, a consideración del partido, el material en cuestión se adhiere de manera rigurosa a los principios y objetivos consagrados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que se refiere a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, al no solo cumplir con la capacitación sino también con la elaboración de diagnósticos y estudios comparativos que permitan identificar y superar los obstáculos existentes en el sistema electoral que se traduzcan en acciones concretas de empoderamiento y consolidación de un liderazgo político inclusivo.

También, estima que la autoridad electoral -a través del cuadernillo de divulgación de Género y Democracia- ha incorporado elementos esenciales de la teoría de género reconociendo que las problemáticas que enfrentan las mujeres trascienden de lo estadístico o administrativo.

Indica que la observación de la autoridad fiscalizadora, en lo relativo a que la investigación carece de una conexión directa con los obstáculos en la organización y el fortalecimiento de liderazgos, ignora la riqueza y el alcance de la propuesta, esto porque se estudian fenómenos tan complejos como la explotación infantil y la violencia de género, que se vinculan con la exclusión política y la desigualdad estructural que afectan el desarrollo y la participación activa de las mujeres.

Aduce que sancionar la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?” equivale a obstaculizar un esfuerzo académico y social que contribuye a visibilizar y erradicar las raíces profundas de la discriminación y exclusión.

Ello, porque en su concepto el taller, la investigación y divulgación (materia de las tres conclusiones que se analizan), buscan de manera novedosa e inédita contribuir y garantizar en el rubro para el desarrollo de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, iniciativas que refiere están enmarcadas en los principios de la teoría de género.

Por último, refiere que si bien la autoridad dispone de diversos instrumentos normativos para regular el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; también es un hecho cierto que no existe un mecanismo objetivo, imperativo y preciso que contenga un catálogo de temáticas que efectivamente se vinculen de manera directa con el rubro de capacitación, esto al existir una laguna legal en cuanto a la definición exacta de las temáticas que se relacionen directamente con ese ámbito, por lo que en su concepto interpretaciones restrictivas pueden afectar la implementación de políticas públicas transformadoras.

-         Respuesta a los agravios.

Como se advierte de las síntesis de agravios, el partido recurrente engloba sus motivos de discordia, para controvertir las conclusiones 7.08-C6-MORENA-CM, 7.08-C7-MORENA-CM y 7.08-C8Bis-MORENA-CM, esto en tanto que, las infracciones actualizadas se relacionan con gastos del partido por un taller, investigación y divulgación de temas, referentes a tópicos de “La explotación sexual infantil" y “trata de personas”; que a decir de la autoridad carecían de objeto partidista, por no estar vinculados con el liderazgo político de las mujeres.

En esencia, el partido refiere que la autoridad fiscalizadora vulneró los principios de legalidad y exhaustividad, por no valorar con una perspectiva de género los argumentos que formuló durante el proceso de fiscalización -primera y segunda vuelta- dirigidos a evidenciar que los gastos erogados sí se relacionaban al rubro de capacitación y formación de liderazgo político de las mujeres.

Así, el recurrente, refiere que la autoridad fiscalizadora debió considerar lo siguiente:

        Los gastos que erogó sí se encontraban vinculados al rubro de capacitación y formación de liderazgo político de las mujeres, bajo una visión de género que no observó la autoridad.

        El taller, la investigación y la editorial sí tenían una vinculación directa con el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres, dado que con dichas temáticas se les empoderaba como agentes de cambio a fin de ser capaces de diseñar y promover políticas públicas efectivas que protejan derechos humanos.

        Es inconcebible hablar de derechos políticos, cuando las infancias continúan siendo víctimas de explotación y trata.

        El taller de explotación infantil se inscribe en el marco de las actividades de capacitación en liderazgo político de las mujeres, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento de Fiscalización, esto dado que se aborda como una problemática que permite identificar y comprender las raíces estructurales de la vulnerabilidad de las mujeres, que constituyen un obstáculo para su empoderamiento y participación política.

        La autoridad ignoró la riqueza y el alcance de la investigación realizada, la cual estudiaba fenómenos tan complejos como la explotación infantil y la violencia de género, que a decir del partido se vinculan a la exclusión política y la desigualdad estructural que afectan el desarrollo y participación activa de las mujeres.

        El taller, la investigación y divulgación buscan de manera novedosa e inédita contribuir y garantizar en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, esto ante la laguna legal en cuanto a la definición exacta de temática que se vinculan con ese ámbito.

En concepto de esta Sala Regional, los disensos expuestos por el recurrente son infundados, por lo siguiente:

Mediante oficio INE/UTF/DA/41843/2024 del 21 (veintiuno) de octubre de 2024 (dos mil veinticuatro), se hicieron del conocimiento del recurrente los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF; y, respecto de las conclusiones que nos ocupan, se precisó lo siguiente:

Con relación a la conclusión 7.08-C6-MORENA-CM:

“Capacitación y formación de liderazgo político de las mujeres

17.         Se observó el registro de pólizas por concepto de cursos; sin embargo, carecen del soporte documental que permita corroborar que los servicios fueron realizados, así como las evidencias que se vinculen con lo establecido en la normatividad; como se detalla en el Anexo 5.

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:

                Las pólizas con su respectivo soporte documental señalado en la columna "documentación faltante", que acredite la vinculación de los gastos observados con los proyectos para la Generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos.

                Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto con artículos 39, numeral 6, 46, numeral 1, 127, 163 numeral 1, inciso b), 173 numeral 1, incisos a) y b), 174, numeral 1, inciso b), 177 Bis, 186 y 188 numeral 1, del RF.

Respecto a la conclusión 7.08-C7-MORENA-CM:

Investigaciones Relacionadas con el Liderazgo Político de las Mujeres

18. Se observó el registro de pólizas por concepto de investigaciones; sin embargo, carecen del soporte documental que permita corroborar que los servicios fueron realizados, así como las evidencias que se vinculen con lo establecido en la normatividad; como se muestra a continuación:

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:

                Las pólizas con su respectivo soporte documental señalado en la columna "documentación faltante", que acredite la vinculación de los gastos observados con los proyectos para la Generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos.

                Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto con artículos 39, numeral 6, 46, numeral 1, 127, 163 numeral 1, inciso b), 173 numeral 1, incisos a) y b), 174, numeral 1, inciso b), 177 Bis, 186 y 188 numeral 1, del RF.

(…)

En lo referente a la conclusión 7.08-C8bis-MORENA-CM:

Divulgación, difusión, publicación y distribución de libros, revistas y folletos de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

19. De la verificación al SIF, se observó el registro de pólizas por concepto de divulgación de diversos materiales; sin embargo, carecen del soporte documental que permita corroborar que los servicios fueron realizados, así como las evidencias que se vinculen con lo establecido en la normatividad:

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:

         La documentación señalada en la columna denominada “Documentación Faltante”, con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad.

         Las aclaraciones que a su derecho convenga

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 numeral 6, 46 numeral 1, 127, 173 numeral 1, incisos a) y b); 183, numeral 1, 184, numeral 1; y 296 numeral 1 del RF.”

En respuesta a las citadas observaciones -primer oficio-, el recurrente presentó el escrito de 4 (cuatro) de noviembre de 2024 (dos mil veinticuatro), manifestando lo que a la letra se transcribe:

Respecto de la conclusión 7.08-C-MORENA-CM

Capacitación y formación de liderazgo político de las mujeres

(…)

RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 17 del oficio número INE/UTF/DA/41843/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el primer periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

En atención a la observación realizada por la autoridad se hace la aclaración que los contratos solicitados y las muestras de los eventos que permiten corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como el Acta Constitutiva final, en la cual se describe el cronograma, los resultados, impacto, cumplimiento de objetivos, metas, indicadores, fechas y periodos de ejecución de los proyectos registrados en el rubro "Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres", se encuentran como evidencias adjuntas a las pólizas contables señaladas en el anexo 5.

En consecuencia, a lo anteriormente señalado y toda vez, que se añadió la documentación requerida por esa autoridad, se hace atenta solicitud dar por atendida la presente observación y sin perjuicio a este Instituto, privilegiando -en todo momento- los principios de exhaustividad y legalidad, para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado, toda vez que, en razón a lo observado, son procedentes las manifestaciones realizadas.

En lo referente a la conclusión 7.08-C7-MORENA-CM

Investigaciones Relacionadas con el Liderazgo Político de las Mujeres

(…)

RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 18 del oficio número INE/UTF/DA/41843/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el primer periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

Respecto a la investigación observada, toda vez que fue relacionada con liderazgo político de las mujeres, se informa que se realizó con estricto apego al artículo 188 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dispone:

“(…)

2. Los trabajos de investigación deberán formularse con una metodología y garantizar los estándares de una investigación académica, preferentemente estarán organizados en secciones de acuerdo con la estructura de contenidos siguientes:

I. Introducción.

II. Justificación de la realización de la investigación e importancia de la misma.

III. Objetivos de la investigación.

IV. Planteamiento y delimitación del problema.

V. Marco teórico y conceptual de referencia.

VI. Formulación de hipótesis.

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis.

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación.

IX. Bibliografía

(…)”

Así las cosas se cumple con la petición por parte de esa autoridad de la muestra de la investigación Ahora bien, respecto de los mecanismos de difusión, se realizó un proyecto de tarea editorial que consistió e la impresión de la investigación, dicho proyecto está integrado en el Programa Anual de Trabajo (PAT) en el ejercicio 2023.

En esa línea, se presenta en la póliza contable PN-DR-10/09-10-23 la totalidad de la documentación señalada como faltante: los CV, constancias académicas, oficio donde describe la relación laboral empresa e investigadores.

A su vez, se solicita se tenga por atendida la presente observación toda vez que la documentación faltante fue presentada, asimismo se acredite el importe de $600,880.00 (seiscientos mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) como gasto efectivo en el rubro de Liderazgo Político de las Mujeres.

En consecuencia, a lo anteriormente señalado y toda vez, que se añadió la documentación faltante, se hace atenta solicitud a esa autoridad dar por atendida la presente observación y sin perjuicio a este Instituto, privilegiando -en todo momento- los principios de exhaustividad y legalidad, para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado, toda vez que, en razón a lo observado, son procedentes las manifestaciones realizadas.

En cuanto a la conclusión 7.08-C8bis-MORENA-CM:

Divulgación, difusión, publicación y distribución de libros, revistas y folletos de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

(…)

RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 19 del oficio número INE/UTF/DA/41843/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el primer periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

Se informa a la autoridad que la muestra de la publicación y la documentación faltante solicitada en el cuadro que antecede a dicha observación ya fue adjuntada en Documentación Adjunta al Informe y en las pólizas correspondientes.

Ahora bien, respecto a los mecanismos de difusión, estos se realizaron a través de los responsables de cada alcaldía el cual a su vez lo distribuyó a la ciudadanía en general y de la cual se adjunta la documentación soporte de estos mecanismos de difusión, mismos que son:

                Kárdex,

                Notas de entrada,

                Salida de almacén y

                Fotografías en el cual muestra que la ciudadanía recibió dicho material.

Adicionalmente se agregaron fotografías del material en almacén con el objeto de acreditar la materialidad de los gastos y el acta final con sus valores actualizados a lo realmente ejercido, el cronograma, los resultados, impacto, cumplimiento de objetivos, metas, indicadores, fechas y periodos de ejecución que corrobora las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En consecuencia, a lo anteriormente señalado y toda vez, que se añadió la documentación faltante, se hace atenta solicitud a esa autoridad dar por atendida la presente observación y sin perjuicio a este Instituto, privilegiando -en todo momento- los principios de exhaustividad y legalidad, para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado, toda vez que, en razón a lo observado, son procedentes las manifestaciones realizadas.”

Ahora bien, mediante el oficio INE/UTF/DA/47633/2024 se hizo del conocimiento del partido las observaciones que no quedaron atendidas del primer oficio de errores y omisiones, en lo que interesa podemos apreciar lo siguiente:

1.                 Respecto de la conclusión 7.08-C6-MORENA-CM:

Capacitación y formación de liderazgo político de las mujeres

Se observó el registro de pólizas por concepto de cursos; sin embargo, carecen del soporte documental que permita corroborar que los servicios fueron realizados, así como las evidencias que se vinculen con lo establecido en la normatividad; como se detalla en el Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/41843/2024.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/41843/2024, notificado el 21 de octubre de 2024, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número CEE-CDMX/SF/435/2024 de fecha 4 de noviembre de 2024, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En atención a la observación realizada por la autoridad se hace la aclaración que los contratos solicitados y las muestras de los eventos que permiten corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como el Acta Constitutiva final, en la cual se describe el cronograma, los resultados, impacto, cumplimiento de objetivos, metas, indicadores, fechas y periodos de ejecución de los proyectos registrados en el rubro "Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres", se encuentran como evidencias adjuntas a las pólizas contables señaladas en el anexo 5.

En consecuencia, a lo anteriormente señalado y toda vez, que se añadió la documentación requerida por esa autoridad, se hace atenta solicitud dar por atendida la presente observación y sin perjuicio a este Instituto, privilegiando -en todo momento- los principios de exhaustividad y legalidad, para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado, toda vez que, en razón a lo observado, son procedentes las manifestaciones realizadas.”

Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verificación a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo siguiente:

Respecto a las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 5, se corroboró que el sujeto obligado presentó los contratos de prestación de servicios, evidencia de pago, así como muestras de los eventos realizados consistentes en convocatoria al evento, programa, listas de asistencia, publicidad del evento, cuestionarios de entrada y salida, así como el material didáctico utilizado, sin embargo omitió presentar el curriculum del ponente, documentación que acredite la experiencia del mismo, el documento que señale el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos, así como las métricas utilizadas para medir el conocimiento alcanzado a través de la realización de la actividad de capacitación.

Respecto a las pólizas señaladas con (2) en la columna “Referencia” del Anexo 5, se corroboró que el sujeto obligado presentó los contratos de prestación de servicios, evidencia de pago, así como muestras de los eventos realizados consistentes en convocatoria al evento, programa, listas de asistencia, publicidad del evento, así como el material didáctico utilizado, sin embargo omitió presentar el curriculum del ponente, documentación que acredite la experiencia del mismo, cuestionarios de entrada y salida, el documento que señale el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos, así como las métricas utilizadas para medir el conocimiento alcanzado a través de la realización de la actividad de capacitación.

El argumento central por el cual se pide la documentación mencionada tiene el objetivo de corroborar la expertiz de las y los ponentes, aunado a que cuenten con la experiencia necesaria y los conocimientos para que impulsen el liderazgo de las mujeres. Por otro lado, la utilización de métricas corresponde a una herramienta que permite evaluar el desarrollo, obtención de conocimiento y el cumplimiento con lo demandado por esta autoridad fiscalizadora para romper con las brechas de género.

Respecto a las pólizas señaladas con (3) en la columna “Referencia” del Anexo 5, se corroboró que el sujeto obligado presentó los contratos de prestación de servicios, evidencia de pago, así como muestras de los eventos realizados consistentes en convocatoria al evento, programa, listas de asistencia, publicidad del evento, cuestionarios de entrada y salida, sin embargo omitió presentar el material didáctico utilizado, curriculum del ponente, documentación que acredite la experiencia del mismo, el documento que señale el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos, así como las métricas utilizadas para medir el conocimiento alcanzado a través de la realización de la actividad de capacitación.

Respecto a las pólizas señaladas con (4) en la columna “Referencia” del Anexo 5, se corroboró que el sujeto obligado presentó los contratos de prestación de servicios, evidencia de pago, así como muestras de los eventos realizados consistentes en convocatoria al evento, programa, publicidad del evento, así como el material didáctico utilizado, sin embargo omitió presentar las listas de asistencia, cuestionarios de entrada y salida, el curriculum del ponente, documentación que acredite la experiencia del mismo, el documento que señale el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos, así como las métricas utilizadas para medir el conocimiento alcanzado a través de la realización de la actividad de capacitación.

Respecto a las pólizas señaladas con (5) en la columna “Referencia” del Anexo 5, el sujeto obligado omitió presentar la totalidad de la documentación soporte consistente en contrato de prestación de servicios, comprobante fiscal en formato PDF y XML, evidencia de pago, muestras de las actividades de capacitación consistentes en convocatoria, programa, listas de asistencia, material didáctico utilizado, publicidad del evento, curriculum vitae de los ponentes y documentación que acredite su experiencia, cuestionarios de entrada y salida, las métricas utilizadas para medir el conocimiento alcanzado a través de la realización de la actividad de capacitación, así como el documento que señale el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos.

Respecto a las pólizas señaladas con (6) en la columna “Referencia” del Anexo 5, el sujeto obligado presentó la documentación soporte consistente en contrato de prestación de servicios, evidencia de pago, así como muestras de los eventos realizados consistentes en convocatoria al evento, programa, listas de asistencia, publicidad del evento, cuestionarios de entrada y salida, así como el material didáctico utilizado, sin embargo, de la verificación a la evidencia de los cuestionaros de entrada y salida aplicados a las asistentes, se corroboró que la evaluación realizada se enfocaba en la explotación sexual infantil, como se muestra a continuación:

“Examen de Inicio

Taller sobre Explotación Sexual Infantil para construir mejores Políticas Públicas que protejan los derechos de las mujeres, 23 de junio 2023

Pregunta 1: ¿Cuál es la definición de explotación infantil?

Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una señal de alerta de explotación sexual infantil?

Pregunta 3: ¿Cuál es uno de los impactos de la explotación sexual infantil en los niños?

Pregunta 4: ¿Cuál es uno de los desafíos comunes en la identificación de la explotación sexual infantil?

Pregunta 5: ¿Cuál es una medida esencial para apoyar a los niños víctimas de explotación sexual?”

Procede señalar que respecto al rubro de Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres “(…) contendrá información, concepciones y actitudes orientadas a propiciar la igualdad de oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder público, la participación en los procesos de toma de decisiones, la educación cívica, paridad de género, respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, así como la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. (…)”.

Como partidos políticos tienen la obligación de abordar problemáticas de índole público en el cual planteen soluciones para atenderlos. Sin embargo, en este rubro en específico correspondiente a la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo de las mujeres, no hay elementos que vinculen esta actividad con el rubro antes mencionado. La fiscalización con perspectiva de género que ha implementado la Unidad Técnica de Fiscalización tiene el objetivo de garantizar que los recursos económicos, materiales y humanos estén destinados al sector femenino en aras de empoderarlo en la toma de decisiones, participación y fortalecimiento de sus liderazgos. la fiscalización no es sólo de carácter cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, no solamente se verifica de forma cualitativa, pero también cuantitativa, lo que implica el desarrollo de actitudes y aptitudes para fortalecer la participación de las mujeres.

Ahora bien, el caso específico del curso no muestra alguna simetría o nexo directo en cómo la Explotación Sexual Infantil influye directamente en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres. Esta autoridad fiscalizadora reconoce que la explotación sexual es un tema que preocupa a diversos sectores de la ciudadanía, pero no es un tema que esté focalizado en la agenda de las mujeres. Los sujetos obligados deben impulsar actividades, herramientas y acciones que les permitan impulsar a los liderazgos femeninos para que tengan capacidad de incidencia en la toma de decisiones, aunado a un ejercicio real del poder político y esto solo se logrará con temas focalizados y dirigidos para que las mujeres tomen decisiones.

Históricamente los partidos políticos se han consolidado como actores políticos patriarcales y excluyentes, por lo que con la fiscalización con perspectiva de género se busca romper con estos techos que impiden a las mujeres participar. Un elemento adicional es que las actividades han estado ligadas a trabajo en el hogar no remunerado, actividades que reproducen los estereotipos de género o simplemente que no cuentan con una conexión directa con la promoción de liderazgos.

Derivado de lo anterior, se observó que el proyecto denominado “Taller sobre la explotación sexual infantil para construir mejores políticas que protejan los derechos de las mujeres” no se vincula con el rubro, toda vez que no se enfoca en el promover la participación política de las mujeres o la defensa de sus derechos político-electorales.

Se le solicita presentar nuevamente en el SIF, lo siguiente:

                Las pólizas con su respectivo soporte documental señalado en la columna "documentación faltante", que acredite la vinculación de los gastos observados con los proyectos para la Generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos.

                Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto con artículos 39, numeral 6, 46, numeral 1, 127, 163 numeral 1, inciso b), 173 numeral 1, incisos a) y b), 174, numeral 1, inciso b), 177 Bis, 186 y 188 numeral 1, del RF.

2.                 Respecto de la conclusión 7.08-C7-MORENA-CM:

Investigaciones Relacionadas con el Liderazgo Político de las Mujeres

Se observó el registro de pólizas por concepto de investigaciones; sin embargo, carecen del soporte documental que permita corroborar que los servicios fueron realizados, así como las evidencias que se vinculen con lo establecido en la normatividad; como se muestra a continuación:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/41843/2024, notificado el 21 de octubre de 2024, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número CEE-CDMX/SF/435/2024 de fecha 4 de noviembre de 2024, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(…)

Respecto a la investigación observada, toda vez que fue relacionada con liderazgo político de las mujeres, se informa que se realizó con estricto apego al artículo 188 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dispone:

(…)

1.             Los trabajos de investigación deberán formularse con una metodología y garantizar los estándares de una investigación académica, preferentemente estarán organizados en secciones de acuerdo con la estructura de contenidos siguientes:

I.          Introducción.

II.          Justificación de la realización de la investigación e importancia de la misma.

III.          Objetivos de la investigación.

IV.          Planteamiento y delimitación del problema.

V.          Marco teórico y conceptual de referencia.

VI.          Formulación de hipótesis.

VII.          Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis.

VIII.          Conclusiones y nueva agenda de investigación.

IX.          Bibliografía

(…)”

Así las cosas se cumple con la petición por parte de esa autoridad de la muestra de la investigación.

Ahora bien, respecto de los mecanismos de difusión, se realizó un proyecto de tarea editorial que consistió e la impresión de la investigación, dicho proyecto está integrado en el Programa Anual de Trabajo (PAT) en el ejercicio 2023.

En esa línea, se presenta en la póliza contable PN-DR-10/09-10-23 la totalidad de la documentación señalada como faltante: los CV, constancias académicas, oficio donde describe la relación laboral empresa e investigadores.

A su vez, se solicita se tenga por atendida la presente observación toda vez que la documentación faltante fue presentada, asimismo se acredite el importe de $600,880.00 (seiscientos mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) como gasto efectivo en el rubro de Liderazgo Político de las Mujeres.

En consecuencia, a lo anteriormente señalado y toda vez, que se añadió la documentación faltante, se hace atenta solicitud a esa autoridad dar por atendida la presente observación y sin perjuicio a este Instituto, privilegiando -en todo momento- los principios de exhaustividad y legalidad, para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado, toda vez que, en razón a lo observado, son procedentes las manifestaciones realizadas.”

Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verificación a la documentación presentada en el SIF, se corroboro que el sujeto obligado presento la documentación soporte la póliza señalada en el cuadro inicial de la observación, consistente en comprobante fiscal en formato PDF y XML, contrato de prestación de servicios, muestra de la investigación realizada y el registro de la obra ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, sin embargo omitió presentar las métricas utilizadas para medir el conocimiento alcanzado y la documentación que acredite la experiencia de las personas que participaron en la elaboración de dicha investigación. Adicional a lo anterior, procede señalar que de la verificación a la investigación en comento se observó que versa sobre la explotación sexual infantil y la trata de mujeres, como se muestra a continuación:

“Objetivo general

Analizar, con base en investigaciones, estudios, marcos jurídicos, cifras nacionales a internacionales, la problemática en México de la explotación sexual infantil y la trata de mujeres.

Objetivos específicos

•   Examinar datos, cifras y reportes, tanto nacionales como internaciones, que dan un panorama de la magnitud de la explotación sexual de menores de edad y de mujeres

•   Detallar las causas y consecuencias de la explotación sexual infantil y de mujeres

•   Conceptualizar términos legales y los comportamientos que predominan en la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

•   Establecer una serie de recomendaciones y rutas de acción para detener la explotación sexual tanto de niños como de mujeres.”

Procede señalar que, respecto al rubro de Investigaciones relacionadas con el liderazgo político de las mujeres, la normatividad señala con toda claridad lo siguiente:

“Artículo 188.

Conceptos integrantes de las actividades de investigación relacionadas con el liderazgo político de las mujeres

1. El rubro comprende la realización de análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, vinculados con las circunstancias de las mujeres en el ámbito político. Tales trabajos podrán dar elementos para planear el PAT mediante investigaciones diagnosticas, específicamente las relativas a los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y la cultura organizacional (…)”

El sujeto obligado responde que dicho análisis se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del Reglamente de Fiscalización. De una forma general se observa la mezcla de temas entre la explotación sexual de niños y la trata de mujeres; a lo largo del índice de la investigación se observa una predominancia del primer tema y no del segundo, lo cual respaldado por el artículo 188 del Reglamento de Fiscalización se deben introducir conceptos, estudios, análisis y diagnósticos que se vinculen al ámbito político. Derivado de este sustento metodológico establecido por esta autoridad es su reglamento es posible señalar lo siguiente:

                El tema de la explotación sexual infantil y la trata de mujeres no son temas que puedan vincularse directamente como si fueran casos homogéneos. En el estudio se explica que se utiliza el método comparado, empero, la selección de temas no muestra que haya una correlación que pueda ser medible con una metodología comparativa.

El método comparado ha sido fundamental en las Ciencias Sociales, el cual ha sido utilizado para comparar casos distintos, iguales o de universos acortados o extensos. Sin embargo, su importancia reside en que la selección del caso surgió de una exhaustiva investigación, de la saturación de información o de una anomalía en el universo seleccionado. Ahora bien, comparativistas como Alfred Stephan, Daniele Caramani o Guillermo O´Donnell destacan la importancia de una metodología que no sea alterada, estirada o se aplique de forma arbitraria a los casos seleccionados.

Metodológicamente, la investigación “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”, no se vincula con el rubro, ni con los temas planteados en el RF correspondiente a los retos o barreras que enfrentan las mujeres. La selección de las variables no genera una correlación entre estos temas; la rigurosidad de una investigación debe estar sustentada en una delimitación temporal, conceptual y que se enfoque a los lineamientos que ha establecido esta autoridad. Además, de la combinación de elementos que no necesariamente se plasman en la hipótesis, los objetivos y la justificación, las cuales están centradas en otros temas como la trata infantil.

En el caso concreto la predominancia del tema la explotación sexual infantil frente a la trata de mujeres no encuentra una correlación directa porque se abordan como si fueran temas similares. Por otro lado, no se hace uso de conceptos o análisis que profundicen en la investigación ligada al desarrollo de las mujeres; si bien la trata es un tema que preocupa a la ciudadanía, en la investigación no se explica la correlación con el ámbito político o tampoco se explica cómo las mujeres influyen en esta agenda.

                La investigación presentada por el partido político no comprueba que el tema de la explotación sexual de la niñez y la trata de mujeres correspondan a lo que se establece en el artículo 188 del RF “relativas a los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y la cultura organizacional”.

En consecuencia, los ejes plateados en la investigación no tienen una conexión directa con obstáculos ligados a la organización, toma de decisiones, fortalecimiento de liderazgos o propuestas de agendas que sean abrazadas por ellas. De esta forma, la investigación presentada por el sujeto obligado responde a otra índole, que es un problema público que no focaliza, ni analiza los obstáculos de las mujeres en espacios para la toma de decisiones.

Derivado de lo anterior, se observó que la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?” no se vincula con el rubro, toda vez que no desarrolla algún tema vinculado con las circunstancias de las mujeres en el ámbito político o los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política.

Se le solicita presentar nuevamente en el SIF, lo siguiente:

                Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto con artículos 39, numeral 6, 46, numeral 1, 127, 163 numeral 1, inciso b), 173 numeral 1, incisos a) y b), 174, numeral 1, inciso b), 177 Bis, 186 y 188 numeral 1, del RF.

3.                 Respecto de la conclusión 7.08-C8bis-MORENA-CM; 

Divulgación, difusión, publicación y distribución de libros, revistas y folletos de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

15. De la verificación al SIF, se observó el registro de pólizas por concepto de divulgación de diversos materiales; sin embargo, carecen del soporte documental que permita corroborar que los servicios fueron realizados, así como las evidencias que se vinculen con lo establecido en la normatividad:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/41843/2024, notificado el 21 de octubre de 2024, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con escrito de respuesta: número CEE-CDMX/SF/435/2024 de fecha 4 de noviembre de 2024, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se informa a la autoridad que la muestra de la publicación y la documentación faltante solicitada en el cuadro que antecede a dicha observación ya fue adjuntada en Documentación Adjunta al Informe y en las pólizas correspondientes.

Ahora bien, respecto a los mecanismos de difusión, estos se realizaron a través de los responsables de cada alcaldía el cual a su vez lo distribuyó a la ciudadanía en general y de la cual se adjunta la documentación soporte de estos mecanismos de difusión, mismos que son:

                Kárdex,

                Notas de entrada,

                Salida de almacén y

                Fotografías en el cual muestra que la ciudadanía recibió dicho material.

Adicionalmente se agregaron fotografías del material en almacén con el objeto de acreditar la materialidad de los gastos y el acta final con sus valores actualizados a lo realmente ejercido, el cronograma, los resultados, impacto, cumplimiento de objetivos, metas, indicadores, fechas y periodos de ejecución que corrobora las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En consecuencia, a lo anteriormente señalado y toda vez, que se añadió la documentación faltante, se hace atenta solicitud a esa autoridad dar por atendida la presente observación y sin perjuicio a este Instituto, privilegiando -en todo momento- los principios de exhaustividad y legalidad, para que la autoridad desestime cualquier tipo de sanción a mi representado, toda vez que, en razón a lo observado, son procedentes las manifestaciones realizadas.”

Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verificación a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo siguiente:

…

En cuanto a la divulgación de contenidos escritos y audiovisuales relacionados con la publicación denominada “La explotación sexual infantil: ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?, procede señalar que versan sobre violencia sexual cometida contra menores de edad, desarrollando temas como la trata de personas, el tráfico de niños, la violencia sexual y el abuso infantil, sin embargo, procede señalar que de conformidad con el “Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres”, refiere respecto al rubro de Divulgación y Difusión lo siguiente:

“Este subrubro se refiere a la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, orientados a la difusión de problemáticas, retos y avances en la participación política de las mujeres, así como la promoción de sus derechos en el ámbito político y los mecanismos de acceso para su ejercicio efectivo; de igual manera contempla la realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones para el adelanto en la materia.”

En razón de lo anterior, dichos contenidos no cumplen con el objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en las mujeres que favorezcan el desarrollo de competencias para su participación política.

Se le solicita presentar nuevamente en el SIF, lo siguiente:

                La documentación señalada en la columna denominada “Documentación Faltante”, con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad.

                Las aclaraciones que a su derecho convenga

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 numeral 6, 46 numeral 1, 127, 173 numeral 1, incisos a) y b); 183, numeral 1, 184, numeral 1; y 296 numeral 1 del RF.

En atención al segundo oficio de errores y omisiones, el partido dio respuesta, mediante el oficio CEN/SF/070/2024 de 3 (tres) de diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro), a los requerimientos que se le formularon y, respecto de las conclusiones que nos ocupan señaló:

Con relación a la conclusión 7.08-C6-MORENA-CM.

Capacitación y formación de liderazgo político de las mujeres

(…)

RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 13 del oficio número INE/UTF/DA/47633/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el segundo periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

Se presenta en las pólizas contables señaladas, la totalidad de la documentación solicitada.

(…)

Las problemáticas planteadas en la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”, visibiliza ante la sociedad, problemas significativos que no deben ser catalogados únicamente como un incumplimiento a la normativa establecida en el Reglamento de Fiscalización, en razón de lo siguiente:

Vinculación del Taller sobre Explotación Sexual Infantil con el Rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

La explotación sexual infantil es una problemática que afecta directamente el desarrollo de niñas y mujeres, perpetuando ciclos de desigualdad y violencia que obstaculizan su pleno ejercicio de derechos. La capacitación en este tema fortalece el liderazgo político de las mujeres al empoderarlas como agentes de cambio para diseñar y promover políticas públicas efectivas que protejan los derechos humanos.

I.                    JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.

El taller sobre Explotación Sexual Infantil no solo aborda una problemática de grave relevancia social, sino que también se inscribe directamente en el ámbito de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres por las siguientes razones:

             Intersección entre derechos de las mujeres y derechos de las niñas: La explotación sexual infantil afecta desproporcionadamente a niñas, perpetuando ciclos de desigualdad y violencia de género. Esto hace imperativo que las mujeres líderes, desde sus distintos espacios políticos, estén capacitadas para identificar, prevenir y erradicar este fenómeno, fortaleciendo políticas públicas que protejan los derechos de niñas y mujeres.

             Fortalecimiento de capacidades de incidencia política:

o    A través de la capacitación en temas de explotación sexual infantil, las mujeres líderes desarrollan competencias para incidir en la formulación de políticas públicas inclusivas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

o    Este tipo de talleres promueven un liderazgo político informado, con perspectiva de género y sensibilidad social, lo que refuerza el papel de las mujeres como agentes de cambio.

             Promoción de la agenda de género y derechos humanos: La capacitación en esta materia permite a las mujeres posicionarse como líderes que impulsan la agenda de género, no solo en el ámbito político, sino también en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

II. RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

El taller contribuye al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, alineándose con los principios establecidos en el artículo 41 de la CPEUM al impulsar su capacidad para atender temas prioritarios de la agenda pública.

De acuerdo con los principios y objetivos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y los lineamientos de promoción del liderazgo político de las mujeres:

             Capacitación:

El taller proporciona herramientas técnicas, legales y sociales para identificar las causas estructurales de la explotación sexual infantil, permitiendo a las mujeres líderes tener un enfoque integral al momento de diseñar, implementar o evaluar políticas públicas.

             Promoción:

o    Visibiliza una problemática directamente relacionada con la desigualdad de género y los derechos humanos.

o    Fomenta la participación activa de las mujeres en el diseño de estrategias preventivas y de atención que beneficien a niñas y adolescentes.

             Desarrollo del liderazgo político:

o    Empodera a las participantes al dotarlas de conocimiento práctico y estratégico, fortaleciendo su capacidad para liderar iniciativas y reformas en favor de las mujeres y las niñas.

o    Estimula la creación de redes de trabajo entre mujeres líderes y actores sociales para enfrentar la explotación sexual infantil desde una perspectiva integral y con enfoque de género.

III. VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

             Impacto directo en la erradicación de la violencia de género:

o    La explotación sexual infantil es una forma extrema de violencia de género que perpetúa sistemas de opresión hacia mujeres y niñas. Capacitar a mujeres líderes en este tema contribuye directamente a la erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento del tejido social.

             Generación de políticas públicas con enfoque de género:

o    Las mujeres capacitadas en esta temática estarán en mejores condiciones para impulsar políticas públicas integrales que no solo protejan a las víctimas, sino que también aborden las causas estructurales que perpetúan esta forma de violencia.

             Prevención y sensibilización:

o    El taller promueve un entendimiento profundo de los factores que fomentan la explotación sexual infantil, permitiendo diseñar campañas de prevención y sensibilización que tengan impacto a nivel comunitario y político.

En suma, el cuadernillo de divulgación Género y Democracia[12], del Instituto Nacional Electoral, también, tocan temas relacionados con la investigación observada, es decir, que la misma autoridad electoral, reconoce que los problemas planteados en el trabajo presentado por el partido, forman parte de problemáticas de las mujeres, independientemente de su edad y que se encuentran relacionados con la participación política y las políticas públicas, que emanan de lo que se plantea en la investigación, tal como es:

(…)

Durante muchas décadas, las leyes federales y locales en México siguieron privando a las mujeres de la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena al reproducir de múltiples formas su condición de sometimiento a los varones. Esto se evidencia, por ejemplo, en aquellos códigos que, todavía a finales del siglo XX, obligaban a las mujeres casadas a contar con permiso de sus esposos para obtener un trabajo, o en los muchos municipios del país que, hasta hace muy poco tiempo, seguían considerando legales los raptos de mujeres (y las consecuentes violaciones sexuales) como vía adecuada para acordar un matrimonio.

(…)

(…)

La violación y el hostigamiento sexual son prácticas cotidianas mediante las cuales muchos varones refrendan su derecho de exclusividad sobre el espacio público. En efecto, una mujer que sale a la calle, que trabaja fuera de su casa, que asiste a un bar o come sin compañía masculina en un restaurante, se expone, es decir, se coloca en un aparador y se arriesga por ello. La aparición pública de las mujeres, lejos de estar normalizada, sigue considerándose entonces transgresora.

(…)

(…)

Para la autora la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres son resultado de un largo proceso de construcción social en el que el varón ha sido beneficiado a costa del sometimiento femenino, y si bien se ha logrado el reconocimiento formal de los derechos civiles y políticos de la mujer, la desigualdad política continuará si no se lleva a cabo una transformación cultural que permita eliminar estas prácticas antidemocráticas desde el seno familiar.

(…)

(…)

Lo cierto es que la perspectiva de género (según se ha bautizado al esfuerzo por incluir la mirada feminista en los diversos campos del saber, la acción social, las políticas públicas, etcétera) implica atender al hecho de que en todas las relaciones sociales pervive una relación de poder y desigualdad entre hombres y mujeres legitimada por cánones culturales. Esta perspectiva debe obligar a quienes la aplican a detectar y procurar remediar aquellas situaciones que, pareciéndonos naturales, son efecto de prácticas misóginas, a menudo inconscientes, las más de las veces sutiles, pero no por ello menos eficaces (antes al revés) en la preservación de prácticas de discriminación contra las mujeres. Los impresionantes aportes académicos (en los campos filosófico, epistemológico y científico) del feminismo a raíz de la perspectiva de género, no han dejado de tener consecuencias en la redefinición de su matriz política.

(…)

(…)

Algunas políticas públicas que entienden muy a su modo la propuesta de equidad de género, cuando atienden, por ejemplo, problemas de desarrollo marcados por la discriminación hacia las mujeres, promueven su capacitación e incorporación en labores productivas típicamente femeninas, lo cual quiere decir relacionadas con la atención de los demás, la limpieza, elaboración de textiles, alimentos, o el desempeño de trabajos que merecen la más baja remuneración económica. Este peculiar enfoque de la perspectiva de género, al asignar a la mujer un trabajo básicamente asistencial, reproduce la vinculación de los hombres y las mujeres a sus sitios tradicionales, y con ello los códigos culturales que mantienen estas relaciones humanas en un marco de verticalidad e injusticia.

(…)

De lo anterior podemos dilucidar que, la observación hecha por esa fiscalizadora se limita únicamente a mencionar que los ejes plateados en la investigación no tienen una conexión directa con obstáculos ligados a la organización, toma de decisiones, fortalecimiento de liderazgos o propuestas de agendas que sean abrazadas por ellas, cuando todas las circunstancias planteadas tienen que ver con ello, esto visto desde el punto de vista de mi representado y más aún con los temas que divulga el mismo Instituto Nacional Electoral.

Por otra parte, se debe señalar, que mi representado en sus documentos básicos establece que:

(…)

Por ello, nos proponemos lograr un país plurinacional en el que imperen la plena igualdad, el respeto absoluto a las identidades y a las diferencias, y en el que quede superada para siempre toda discriminación en razón de idioma, cultura, sexo, género, edad, identidad, preferencias, religión, origen, nacionalidad, clase social, tendencia política e ideología; un país en el que mujeres, jóvenes, niñas, niños y minorías puedan vivir una vida libre de violencias, en el que las comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos al territorio, al agua, a su organización social, su cultura y su lengua; un país en el que las religiones minoritarias puedan gozar sin cortapisas de la libertad de culto y en el que sean debidamente establecidos y respetados los derechos reproductivos y de género.

En particular, morena lucha por el reconocimiento de los derechos plenos a las mujeres, el reconocimiento a su aportación al desarrollo y bienestar de los hogares, su igualdad económica y los derechos que concilien el trabajo remunerado y la vida familiar; reivindica la paridad y la participación social, la seguridad y la vida libre de violencia para todas las mujeres en todos los ámbitos, así como la justicia expedita, la educación, la salud y la calidad de vida y el respeto a las decisiones sobre su vida y su cuerpo. Nuestro partido promoverá la participación política de las militantes, su acceso a la actividad política en el partido y su formación y promoción en liderazgos. Impulsará, además, su postulación a las candidaturas, garantizando en todo momento la paridad, conforme a lo que definan las leyes electorales y acatando expresamente lo que disponga el texto constitucional, sobre paridad de género.

(…)

En ese tenor, queda claro que si esa fiscalizadora determina sancionar a mi representado por la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”. Estaría violentando una serie de derechos, tema tratado en la presente respuesta no solo desde la perspectiva de este instituto político, sino de una pequeña muestra de las ideas promovidas por el Instituto Nacional Electoral.

En ese tenor, se solicita que este taller sea reconocido como parte del rubro de capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres, dado que cumple con los siguientes objetivos:

o                Fortalecimiento de capacidades: Proporciona herramientas para incidir en políticas públicas.

o                Sensibilización: Empodera a las mujeres líderes para actuar frente a fenómenos de violencia de género.

o                Contribución al desarrollo social: Promueve el bienestar de niñas y mujeres, fortaleciendo su protección.

Dichos rubros contribuyen a que abordar la explotación sexual infantil es un componente esencial en el desarrollo de un liderazgo político inclusivo, informado y comprometido con la equidad y los derechos humanos.

Así, del análisis a lo ya expuesto se puede entender que la conclusión a la que llega la fiscalizadora parte de premisas erróneas de lo que significa la participación política de las mujeres y lo hace sin fundamentar y motivar su postura, violentando los principios de certeza, legalidad, exhaustividad y presunción de inocencia.

Cabe resaltar que, el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.

Por cuanto hace al principio de legalidad se enmarca, entre otras disposiciones, por lo dispuesto en los artículos 14, 16, 41 y 116, fracción IV de la Constitución Federal, porque si bien, cualquier acto de autoridad debe cumplir con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza particular del acto.

(…)

En lo tocante a la conclusión 7.08-C7-MORENA-CM.

Investigaciones Relacionadas con el Liderazgo Político de las Mujeres

RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 14 del oficio número INE/UTF/DA/47633/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el segundo periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

En el presente punto, derivado del análisis que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización, a la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?” establece que:

“(…) no se hace uso de conceptos o análisis que profundicen en la investigación ligada al desarrollo de las mujeres; si bien la trata es un tema que preocupa a la ciudadanía, en la investigación no se explica la correlación con el ámbito político o tampoco se explica cómo las mujeres influyen en esta agenda.

                        •La investigación presentada por el partido político no comprueba que el tema de la explotación sexual de la niñez y la trata de mujeres correspondan a lo que se establece en el artículo 188 del RF “relativas a los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y la cultura organizacional”.

En consecuencia, los ejes plateados en la investigación no tienen una conexión directa con obstáculos ligados a la organización, toma de decisiones, fortalecimiento de liderazgos o propuestas de agendas que sean abrazadas por ellas. De esta forma, la investigación presentada por el sujeto obligado responde a otra índole, que es un problema público que no focaliza, ni analiza los obstáculos de las mujeres en espacios para la toma de decisiones.

Derivado de lo anterior, se observó que la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?” no se vincula con el rubro, toda vez que no desarrolla algún tema vinculado con las circunstancias de las mujeres en el ámbito político o los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política. (…)”

Es necesario enfatizar que, el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido ya tener acceso a la función pública, ha sido establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, reconoce y protege el derecho y la oportunidad de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar ya ser elegido y el derecho a tener acceso a la función pública.

Se otorga al pueblo el derecho de elegir a sus propias afiliaciones políticas, sus representantes oficiales, su gobierno, y una constitución. Estas opciones y «el derecho de las personas a participar en los procesos.

Este derecho establece que las personas puedan participar directamente en la gestión de los asuntos públicos al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u ocupar cargos ejecutivos. También participan directa o indirectamente en la elección de los representantes locales, el parlamento, el jefe del Estado y en las consultas nacionales o referendos, por ejemplo, de adoptar o modificar la constitución.

Las asambleas populares, establecidas para tomar decisiones sobre asuntos locales y de representar los intereses de una comunidad en particular, en consulta con el gobierno de contar con la participación directa de los ciudadanos a través del debate público y el diálogo.

En los Cuadernillos de Divulgación de la Cultura Democrática de Políticas Públicas y Democracia9 y La participación ciudadana en la democracia10, del Instituto Nacional Electoral, establece que:

(…)

Las políticas públicas, entendidas en esta publicación como aquellas decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas públicas específicas a solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para ello, no son facultad exclusiva de un régimen democrático, pero sí las características de su formulación e implantación.

(…)

(…)

En un régimen democrático, las políticas públicas constituyen un aspecto sustancial para su consolidación. En primer lugar, implican la acción de gobierno en un entorno plural, de intereses diversos, donde las problemáticas son también plurales y diversas de acuerdo a los intereses y valoraciones de las personas. Requiere construir procesos abiertos y sistemáticos de deliberación para consensuar los problemas que se han de enfrentar y de qué manera, esto es, para definir las políticas públicas a desarrollar. Sin embargo, en esta labor se necesita la acción conjunta de gobernantes y gobernados. Una ciudadanía informada, activa y participativa es un componente distintivo de las políticas públicas en democracia, las cuales deben contemplar mecanismos de participación en condiciones de igualdad para determinar las problemáticas a atender, la definición y el diseño de las políticas a emprender, conocer de su implementación y, finalmente, evaluar los resultados.

(…)

También menciona temas relacionados lo que significa la participación, para el caso que nos ocupa a la participación política de los ciudadanos ya sean afines o no a nuestra propuesta política:

(…)

Participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo. La participación no existe entre los anacoretas, pues sólo se puede participar con alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas. De ahí que los diccionarios nos anuncien que sus sinónimos sean coadyuvar, compartir, comulgar. Pero al mismo tiempo, en las sociedades modernas es imposible dejar de participar: la ausencia total de participación es también, inexorablemente, una forma de compartir las decisiones comunes.

(…)

(…)

De la congruencia de estímulos externos –surgidos del ambiente en el que tiene lugar la organización colectiva–, y de motivos individuales para participar, surge naturalmente la confrontación de opiniones, de necesidades, de intereses o de expectativas individuales frente a las que ofrece un conjunto de seres humanos reunidos

(…)

(…)

Sin embargo, representación y participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la democracia. Ambos términos se requieren inexorablemente. Cuando aquella crítica a las formas tradicionales de representación democrática llegó al extremo de reclamar una democracia participativa capaz de sustituirla, olvidó por lo menos dos cosas: una, que la participación no existe de manera perfecta para todos los individuos y para todos los casos posibles; olvidó los dilemas básicos que ya comentamos. Pero olvidó también otra cosa: que la verdadera representación no puede existir, en la democracia, sin el auxilio de la forma más elemental de la participación ciudadana: los votos del pueblo. Ninguna representación democrática puede darse sin la participación de los electores, del mismo modo en que no existe forma alguna de participación colectiva en que no haya –al menos de manera embrionaria– un cierto criterio representativo. En el hogar democrático, ambas formas se entrelazan de manera constante, y en primer lugar, a través de los votos: la forma más simple e insustituible, a la vez, de participar en la selección de los representantes políticos.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la participación ciudadana se agote en las elecciones. Ni significa tampoco que los votos sean la única forma plausible de darle vida a la participación democrática. Para que esa forma de gobierno opere en las prácticas cotidianas, es ciertamente indispensable que haya otras formas de participación ciudadana más allá de los votos. Pero tampoco puede haber democracia sin un cuadro básico de representantes políticos.

(…)

(…)

si la condición básica de la vida democrática es que el poder dimane del pueblo, la única forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla reside en el derecho al sufragio. Es una condición de principio que, al mismo tiempo, sirve para reconocer que los ciudadanos han adquirido el derecho de participar en las decisiones fundamentales de la nación a la que pertenecen. Ser ciudadano, en efecto, significa en general poseer una serie de derechos y también una serie de obligaciones sociales. Pero ser ciudadano en una sociedad democrática significa, además, haber ganado la prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes y de influir en sus decisiones. De aquí parten todos los demás criterios que sirven para identificar la verdadera participación ciudadana.

(…)

De lo anterior podemos dilucidar que, las políticas públicas generadas a partir de las diversas problemáticas y la participación ciudadana en ellas también forman parte de la vida democrática de la sociedad, que están intrínsecamente relacionadas y que no solo se limita al derecho de votar y ser votado.

Las problemáticas planteadas en la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”, visibiliza ante la sociedad, problemas muy serios y que no deben ser catalogados únicamente como un incumplimiento a la normativa establecida en el Reglamento de Fiscalización.

VINCULACIÓN DEL TALLER SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL CON EL RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

La explotación sexual infantil es una problemática que afecta directamente el desarrollo de niñas y mujeres, perpetuando ciclos de desigualdad y violencia que obstaculizan su pleno ejercicio de derechos. La capacitación en este tema fortalece el liderazgo político de las mujeres al empoderarlas como agentes de cambio para diseñar y promover políticas públicas efectivas que protejan los derechos humanos.

I. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

El taller sobre Explotación Sexual Infantil no solo aborda una problemática de grave relevancia social, sino que también se inscribe directamente en el ámbito de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres por las siguientes razones:

             Intersección entre derechos de las mujeres y derechos de las niñas:
La explotación sexual infantil afecta desproporcionadamente a niñas, perpetuando ciclos de desigualdad y violencia de género. Esto hace imperativo que las mujeres líderes, desde sus distintos espacios políticos, estén capacitadas para identificar, prevenir y erradicar este fenómeno, fortaleciendo políticas públicas que protejan los derechos de niñas y mujeres.

             Fortalecimiento de capacidades de incidencia política:

o    A través de la capacitación en temas de explotación sexual infantil, las mujeres líderes desarrollan competencias para incidir en la formulación de políticas públicas inclusivas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

o    Este tipo de talleres promueven un liderazgo político informado, con perspectiva de género y sensibilidad social, lo que refuerza el papel de las mujeres como agentes de cambio.

             Promoción de la agenda de género y derechos humanos:
La capacitación en esta materia permite a las mujeres posicionarse como líderes que impulsan la agenda de género, no solo en el ámbito político, sino también en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

II. Relación con los principios rectores del liderazgo político de las mujeres

El taller contribuye al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, alineándose con los principios establecidos en el artículo 41 de la CPEUM al impulsar su capacidad para atender temas prioritarios de la agenda pública.

De acuerdo con los principios y objetivos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y los lineamientos de promoción del liderazgo político de las mujeres:

             Capacitación:
El taller proporciona herramientas técnicas, legales y sociales para identificar las causas estructurales de la explotación sexual infantil, permitiendo a las mujeres líderes tener un enfoque integral al momento de diseñar, implementar o evaluar políticas públicas.

             Promoción:

o    Visibiliza una problemática directamente relacionada con la desigualdad de género y los derechos humanos.

o    Fomenta la participación activa de las mujeres en el diseño de estrategias preventivas y de atención que beneficien a niñas y adolescentes.

             Desarrollo del liderazgo político:

o    Empodera a las participantes al dotarlas de conocimiento práctico y estratégico, fortaleciendo su capacidad para liderar iniciativas y reformas en favor de las mujeres y las niñas.

o    Estimula la creación de redes de trabajo entre mujeres líderes y actores sociales para enfrentar la explotación sexual infantil desde una perspectiva integral y con enfoque de género.

III. Vinculación con la protección de los derechos de las mujeres

             Impacto directo en la erradicación de la violencia de género:

o    La explotación sexual infantil es una forma extrema de violencia de género que perpetúa sistemas de opresión hacia mujeres y niñas. Capacitar a mujeres líderes en este tema contribuye directamente a la erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento del tejido social.

             Generación de políticas públicas con enfoque de género:

o    Las mujeres capacitadas en esta temática estarán en mejores condiciones para impulsar políticas públicas integrales que no solo protejan a las víctimas, sino que también aborden las causas estructurales que perpetúan esta forma de violencia.

             Prevención y sensibilización:

o    El taller promueve un entendimiento profundo de los factores que fomentan la explotación sexual infantil, permitiendo diseñar campañas de prevención y sensibilización que tengan impacto a nivel comunitario y político.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es un instrumento internacional clave para robustecer el argumento de que el taller sobre explotación sexual infantil contribuye directamente al desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La CEDAW enfatiza la eliminación de las barreras estructurales que perpetúan la discriminación y promueve la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político.

1.             Obligaciones generales del Estado parte:

o    El artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece la obligación de los Estados de tomar medidas apropiadas para modificar patrones socioculturales de conducta que perpetúan la discriminación de género, incluyendo la violencia y la explotación.

o    Al abordar la explotación sexual infantil, el taller se alinea con esta disposición al contribuir a erradicar una de las formas más graves de violencia y desigualdad, que afecta particularmente a niñas y mujeres.

2.             Participación política de las mujeres:

o    El artículo 7 de la CEDAW exige que los Estados garanticen que las mujeres participen en igualdad de condiciones en la vida política y pública. Un taller que empodera a las mujeres líderes para abordar la explotación sexual infantil fortalece sus habilidades para incidir en decisiones políticas, legislativas y de políticas públicas relacionadas con los derechos de niñas y mujeres.

o    La capacitación en temas sensibles como la explotación sexual infantil también promueve la sensibilización necesaria para garantizar que las mujeres en roles políticos impulsen agendas inclusivas y con enfoque de género.

3.             Protección de los derechos de niñas y mujeres:

o    El artículo 16 de la CEDAW, resalta la necesidad de adoptar medidas especiales para proteger a las niñas contra la explotación y el abuso, subrayando el vínculo entre la infancia y las desigualdades que enfrentan las mujeres. Capacitar a mujeres líderes en esta problemática fomenta su capacidad para promover marcos normativos y acciones políticas que garanticen la protección integral.

4.             Medidas de acción afirmativa:

o    El artículo 4 de la multicitada Convención, permite medidas temporales especiales para acelerar la igualdad sustantiva. La capacitación en liderazgo político mediante la sensibilización sobre temas como la explotación sexual infantil debe considerarse una medida afirmativa que fortalece a las mujeres en el ámbito político, superando barreras que limitan su participación.

FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO

El taller cumple con diversos objetivos de la CEDAW al capacitar a las mujeres líderes sobre un tema crucial para la igualdad de género. Con esta capacitación:

                 Se eliminan barreras estructurales que perpetúan desigualdades, garantizando que las mujeres líderes sean agentes de cambio en la protección de derechos.

                 Se impulsa la agenda de género, con enfoque en políticas públicas que beneficien a las niñas y mujeres.

                 Se fortalecen las capacidades políticas y sociales de las mujeres, promoviendo su rol como defensoras de derechos humanos.

                  

El taller sobre explotación sexual infantil no solo se vincula con el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, sino que también está en plena consonancia con las disposiciones de la CEDAW. Este instrumento internacional proporciona un marco normativo sólido para defender la pertinencia del taller como una acción concreta para fortalecer la participación política, la equidad de género y la erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres.

Así, por lo anteriormente manifestado, se solicita que este taller sea reconocido como parte del rubro de capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres, dado que cumple con los siguientes objetivos:

o                Fortalecimiento de capacidades: Proporciona herramientas para incidir en políticas públicas.

o                Sensibilización: Empodera a las mujeres líderes para actuar frente a fenómenos de violencia de género.

o                Contribución al desarrollo social: Promueve el bienestar de niñas y mujeres, fortaleciendo su protección.

Dichos rubros contribuyen a que abordar la explotación sexual infantil es un componente esencial en el desarrollo de un liderazgo político inclusivo, informado y comprometido con la equidad y los derechos humanos.

Asimismo, el cuadernillo de divulgación Género y Democracia[13], del Instituto Nacional Electoral, también, tocan temas relacionados con la investigación observada, es decir, que la misma autoridad electoral, reconoce que los problemas planteados en el trabajo presentado por el partido, forman parte de problemáticas de las mujeres, independientemente de su edad y que se encuentran relacionados con la participación política y las políticas públicas, que emanan de lo que se plantea en la investigación, tal como es:

(…)

Durante muchas décadas, las leyes federales y locales en México siguieron privando a las mujeres de la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena al reproducir de múltiples formas su condición de sometimiento a los varones. Esto se evidencia, por ejemplo, en aquellos códigos que, todavía a finales del siglo XX, obligaban a las mujeres casadas a contar con permiso de sus esposos para obtener un trabajo, o en los muchos municipios del país que, hasta hace muy poco tiempo, seguían considerando legales los raptos de mujeres (y las consecuentes violaciones sexuales) como vía adecuada para acordar un matrimonio.

(…)

(…)

La violación y el hostigamiento sexual son prácticas cotidianas mediante las cuales muchos varones refrendan su derecho de exclusividad sobre el espacio público. En efecto, una mujer que sale a la calle, que trabaja fuera de su casa, que asiste a un bar o come sin compañía masculina en un restaurante, se expone, es decir, se coloca en un aparador y se arriesga por ello. La aparición pública de las mujeres, lejos de estar normalizada, sigue considerándose entonces transgresora.

(…)

(…)

Para la autora la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres son resultado de un largo proceso de construcción social en el que el varón ha sido beneficiado a costa del sometimiento femenino, y si bien se ha logrado el reconocimiento formal de los derechos civiles y políticos de la mujer, la desigualdad política continuará si no se lleva a cabo una transformación cultural que permita eliminar estas prácticas antidemocráticas desde el seno familiar.

(…)

(…)

Lo cierto es que la perspectiva de género (según se ha bautizado al esfuerzo por incluir la mirada feminista en los diversos campos del saber, la acción social, las políticas públicas, etcétera) implica atender al hecho de que en todas las relaciones sociales pervive una relación de poder y desigualdad entre hombres y mujeres legitimada por cánones culturales. Esta perspectiva debe obligar a quienes la aplican a detectar y procurar remediar aquellas situaciones que, pareciéndonos naturales, son efecto de prácticas misóginas, a menudo inconscientes, las más de las veces sutiles, pero no por ello menos eficaces (antes al revés) en la preservación de prácticas de discriminación contra las mujeres. Los impresionantes aportes académicos (en los campos filosófico, epistemológico y científico) del feminismo a raíz de la perspectiva de género, no han dejado de tener consecuencias en la redefinición de su matriz política.

(…)

(…)

Algunas políticas públicas que entienden muy a su modo la propuesta de equidad de género, cuando atienden, por ejemplo, problemas de desarrollo marcados por la discriminación hacia las mujeres, promueven su capacitación e incorporación en labores productivas típicamente femeninas, lo cual quiere decir relacionadas con la atención de los demás, la limpieza, elaboración de textiles, alimentos, o el desempeño de trabajos que merecen la más baja remuneración económica. Este peculiar enfoque de la perspectiva de género, al asignar a la mujer un trabajo básicamente asistencial, reproduce la vinculación de los hombres y las mujeres a sus sitios tradicionales, y con ello los códigos culturales que mantienen estas relaciones humanas en un marco de verticalidad e injusticia.

(…)

De lo anterior podemos dilucidar que, la observación hecha por esa fiscalizadora se limita únicamente a mencionar que los ejes plateados en la investigación no tienen una conexión directa con obstáculos ligados a la organización, toma de decisiones, fortalecimiento de liderazgos o propuestas de agendas que sean abrazadas por ellas, cuando todas las circunstancias planteadas tienen que ver con ello, esto visto desde el punto de vista de mi representado y más aún con los temas que divulga el mismo Instituto Nacional Electoral.

Por otra parte, se debe señalar, que mi representado en sus documentos básicos establece que:

(…)

Por ello, nos proponemos lograr un país plurinacional en el que imperen la plena igualdad, el respeto absoluto a las identidades y a las diferencias, y en el que quede superada para siempre toda discriminación en razón de idioma, cultura, sexo, género, edad, identidad, preferencias, religión, origen, nacionalidad, clase social, tendencia política e ideología; un país en el que mujeres, jóvenes, niñas, niños y minorías puedan vivir una vida libre de violencias, en el que las comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos al territorio, al agua, a su organización social, su cultura y su lengua; un país en el que las religiones minoritarias puedan gozar sin cortapisas de la libertad de culto y en el que sean debidamente establecidos y respetados los derechos reproductivos y de género.

En particular, morena lucha por el reconocimiento de los derechos plenos a las mujeres, el reconocimiento a su aportación al desarrollo y bienestar de los hogares, su igualdad económica y los derechos que concilien el trabajo remunerado y la vida familiar; reivindica la paridad y la participación social, la seguridad y la vida libre de violencia para todas las mujeres en todos los ámbitos, así como la justicia expedita, la educación, la salud y la calidad de vida y el respeto a las decisiones sobre su vida y su cuerpo. Nuestro partido promoverá la participación política de las militantes, su acceso a la actividad política en el partido y su formación y promoción en liderazgos. Impulsará, además, su postulación a las candidaturas, garantizando en todo momento la paridad, conforme a lo que definan las leyes electorales y acatando expresamente lo que disponga el texto constitucional, sobre paridad de género.

(…)

En ese tenor, queda claro que si esa fiscalizadora determina sancionar a mi representado por la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”. Estaría violentando una serie de derechos, tema tratado en la presente respuesta no solo desde la perspectiva de este instituto político, sino de una pequeña muestra de las ideas promovidas por el Instituto Nacional Electoral.

Así, del análisis a lo ya expuesto se puede entender que la conclusión a la que llega la fiscalizadora parte de premisas erróneas de lo que significa la participación política de las mujeres y lo hace sin fundamentar y motivar su postura, violentando los principios de certeza, legalidad, exhaustividad y presunción de inocencia.

Cabe resaltar que, el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.

Por cuanto hace al principio de legalidad se enmarca, entre otras disposiciones, por lo dispuesto en los artículos 14, 16, 41 y 116, fracción IV de la Constitución Federal, porque si bien, cualquier acto de autoridad debe cumplir con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza particular del acto.

Respecto de la conclusión 7.08-C8bis-MORENA-CM.

Divulgación, difusión, publicación y distribución de libros, revistas y folletos de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

RESPUESTA DEL PARTIDO

En atención a la observación identificada con el número 15 del oficio número INE/UTF/DA/47633/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el segundo periodo de corrección derivado de la revisión del Informe Anual correspondiente al ejercicio 2023 de este instituto político en la Ciudad de México, se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que:

Se presenta como evidencia adjunta y en las pólizas contables señaladas, la totalidad de la documentación solicitada.

(…)

En cuanto a las pólizas contables señaladas con referencia 4: Los cuales son proyectos derivados del tema "Explotación sexual infantil para construir mejores políticas públicas", se presenta:

                   • Memorias sobre la explotación sexual infantil para construir mejores políticas públicas

                   • Publicación teórica para construir mejores políticas públicas contra la explotación sexual

                   • Material videográfico acerca la explotación sexual infantil para construir mejores políticas públicas.

Asimismo, esa autoridad señala, lo siguiente:

“(…) En cuanto a la divulgación de contenidos escritos y audiovisuales relacionados con la publicación denominada “La explotación sexual infantil: ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?, procede señalar que versan sobre violencia sexual cometida contra menores de edad, desarrollando temas como la trata de personas, el tráfico de niños, la violencia sexual y el abuso infantil, sin embargo, procede señalar que de conformidad con el “Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres”, refiere respecto al rubro de Divulgación y Difusión lo siguiente:

“Este subrubro se refiere a la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, orientados a la difusión de problemáticas, retos y avances en la participación política de las mujeres, así como la promoción de sus derechos en el ámbito político y los mecanismos de acceso para su ejercicio efectivo; de igual manera contempla la realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones para el adelanto en la materia.”

En razón de lo anterior, dichos contenidos no cumplen con el objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en las mujeres que favorezcan el desarrollo de competencias para su participación política. (…)”

De lo anterior resulta importante manifestar que contrario a lo que señala esa fiscalizadora, dicho taller sí es vinculable al rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, en razón de lo siguiente:

VINCULACIÓN DEL TALLER SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL CON EL RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

La explotación sexual infantil es una problemática que afecta directamente el desarrollo de niñas y mujeres, perpetuando ciclos de desigualdad y violencia que obstaculizan su pleno ejercicio de derechos. La capacitación en este tema fortalece el liderazgo político de las mujeres al empoderarlas como agentes de cambio para diseñar y promover políticas públicas efectivas que protejan los derechos humanos.

I.               JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

El taller sobre Explotación Sexual Infantil no solo aborda una problemática de grave relevancia social, sino que también se inscribe directamente en el ámbito de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres por las siguientes razones:

I.I INTERSECCIÓN ENTRE DERECHOS DE LAS MUJERES Y DERECHOS DE LAS NIÑAS:

La explotación sexual infantil afecta desproporcionadamente a niñas, perpetuando ciclos de desigualdad y violencia de género. Esto hace imperativo que las mujeres líderes, desde sus distintos espacios políticos, estén capacitadas para identificar, prevenir y erradicar este fenómeno, fortaleciendo políticas públicas que protejan los derechos de niñas y mujeres.

I.II FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA:

o    A través de la capacitación en temas de explotación sexual infantil, las mujeres líderes desarrollan competencias para incidir en la formulación de políticas públicas inclusivas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

o    Este tipo de talleres promueven un liderazgo político informado, con perspectiva de género y sensibilidad social, lo que refuerza el papel de las mujeres como agentes de cambio.

I.III PROMOCIÓN DE LA AGENDA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS:

La capacitación en esta materia permite a las mujeres posicionarse como líderes que impulsan la agenda de género, no solo en el ámbito político, sino también en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

II.                  RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES

El taller contribuye al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, alineándose con los principios establecidos en el artículo 41 de la CPEUM y en los lineamientos de equidad de género de los partidos políticos, al impulsar su capacidad para atender temas prioritarios de la agenda pública.

De acuerdo con los principios y objetivos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y los lineamientos de promoción del liderazgo político de las mujeres:

1.             CAPACITACIÓN:
El taller proporciona herramientas técnicas, legales y sociales para identificar las causas estructurales de la explotación sexual infantil, permitiendo a las mujeres líderes tener un enfoque integral al momento de diseñar, implementar o evaluar políticas públicas.

2.             PROMOCIÓN:

o    Visibiliza una problemática directamente relacionada con la desigualdad de género y los derechos humanos.

o    Fomenta la participación activa de las mujeres en el diseño de estrategias preventivas y de atención que beneficien a niñas y adolescentes.

3.             DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO:

o    Empodera a las participantes al dotarlas de conocimiento práctico y estratégico, fortaleciendo su capacidad para liderar iniciativas y reformas en favor de las mujeres y las niñas.

o    Estimula la creación de redes de trabajo entre mujeres líderes y actores sociales para enfrentar la explotación sexual infantil desde una perspectiva integral y con enfoque de género.

III. VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

1.             IMPACTO DIRECTO EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO:

o    La explotación sexual infantil es una forma extrema de violencia de género que perpetúa sistemas de opresión hacia mujeres y niñas. Capacitar a mujeres líderes en este tema contribuye directamente a la erradicación de la violencia de género y al fortalecimiento del tejido social.

2.             GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO:

o    Las mujeres capacitadas en esta temática estarán en mejores condiciones para impulsar políticas públicas integrales que no solo protejan a las víctimas, sino que también aborden las causas estructurales que perpetúan esta forma de violencia.

3.             PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

o    El taller promueve un entendimiento profundo de los factores que fomentan la explotación sexual infantil, permitiendo diseñar campañas de prevención y sensibilización que tengan impacto a nivel comunitario y político.

(…)

FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO

El taller cumple con diversos objetivos de la CEDAW al capacitar a las mujeres líderes sobre un tema crucial para la igualdad de género. Con esta capacitación:

                   • Se eliminan barreras estructurales que perpetúan desigualdades, garantizando que las mujeres líderes sean agentes de cambio en la protección de derechos.

                   • Se impulsa la agenda de género, con enfoque en políticas públicas que beneficien a las niñas y mujeres.

                   • Se fortalecen las capacidades políticas y sociales de las mujeres, promoviendo su rol como defensoras de derechos humanos.

El taller sobre explotación sexual infantil no solo se vincula con el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, sino que también está en plena consonancia con las disposiciones de la CEDAW. Este instrumento internacional proporciona un marco normativo sólido para defender la pertinencia del taller como una acción concreta para fortalecer la participación política, la equidad de género y la erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres.

Así, por lo anteriormente manifestado, se solicita que este taller sea reconocido como parte del rubro de capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres, dado que cumple con los siguientes objetivos:

o                Fortalecimiento de capacidades: Proporciona herramientas para incidir en políticas públicas.

o                Sensibilización: Empodera a las mujeres líderes para actuar frente a fenómenos de violencia de género.

o                Contribución al desarrollo social: Promueve el bienestar de niñas y mujeres, fortaleciendo su protección.

Dichos rubros contribuyen a que abordar la explotación sexual infantil es un componente esencial en el desarrollo de un liderazgo político inclusivo, informado y comprometido con la equidad y los derechos humanos.

Ahora bien, no pasa desapercibido el argumento planteado por la autoridad para desvincular el taller sobre explotación sexual infantil del rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, toda vez, que se basa en una interpretación limitada y formalista de los objetivos establecidos en el “Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del Gasto Programado.” Sin embargo, esta postura no toma en cuenta el impacto transversal de la problemática de la explotación sexual infantil en la igualdad de género y la relevancia de su abordaje en el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.

En razón de lo siguiente:

1. IMPACTO EN LOS DERECHOS DE NIÑAS Y MUJERES: CONEXIÓN INTRÍNSECA CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

El taller sobre explotación sexual infantil aborda una problemática que afecta desproporcionadamente a niñas y mujeres, perpetuando ciclos de violencia y desigualdad. Dado que estos factores son obstáculos directos para la participación política y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, la capacitación en este tema no solo es pertinente, sino necesaria para promover el liderazgo político con perspectiva de género. La formación de mujeres líderes en este contexto fortalece su capacidad para diseñar e implementar políticas públicas que respondan eficazmente a esta problemática.

2. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

El Protocolo citado establece que el rubro de “Divulgación y Difusión” incluye temas de interés relacionados con la paridad de género y los derechos político-electorales de las mujeres, así como la promoción de sus derechos. A pesar de que el lenguaje del Protocolo no menciona expresamente la explotación sexual infantil, este tema está íntimamente ligado a la igualdad de género y a los derechos humanos, dado que las dinámicas de violencia sexual infantil reflejan y perpetúan las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres. Por lo tanto, la capacitación en este tema cumple con los principios y objetivos del Protocolo.

3. ENFOQUE INTEGRAL Y PREVENTIVO

La capacitación sobre explotación sexual infantil no solo sensibiliza a las mujeres líderes sobre una de las formas más extremas de violencia de género, sino que también las equipa con herramientas para prevenirla y combatirla desde el ámbito político. Este enfoque preventivo no solo fomenta el liderazgo informado, sino que también refuerza la capacidad de las mujeres para incidir en políticas públicas inclusivas que protejan los derechos de las niñas y fortalezcan su rol en la sociedad.

4. FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO

El taller contribuye al desarrollo de un liderazgo político que no solo responde a los retos tradicionales de participación política de las mujeres, sino que también aborda problemáticas sociales que afectan su inclusión plena. Las habilidades adquiridas en este tipo de talleres permiten a las mujeres líderes impulsar reformas legislativas, diseñar estrategias efectivas de prevención y generar un impacto tangible en sus comunidades, cumpliendo así con los principios rectores de la capacitación y promoción del liderazgo político.

5. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL COMO RESPALDO

Instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establecen la necesidad de eliminar barreras estructurales que perpetúan la desigualdad de género. El taller sobre explotación sexual infantil es una medida afirmativa que se alinea con estas disposiciones internacionales, pues busca empoderar a las mujeres líderes para que actúen como agentes de cambio en la erradicación de formas extremas de violencia de género.

En suma, el cuadernillo de divulgación Género y Democracia12, del Instituto Nacional Electoral, también, tocan temas relacionados con la investigación observada, es decir, que la misma autoridad electoral, reconoce que los problemas planteados en el trabajo presentado por el partido, forman parte de problemáticas de las mujeres, independientemente de su edad y que se encuentran relacionados con la participación política y las políticas públicas, que emanan de lo que se plantea en la investigación, tal como es:

(…)

Durante muchas décadas, las leyes federales y locales en México siguieron privando a las mujeres de la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena al reproducir de múltiples formas su condición de sometimiento a los varones. Esto se evidencia, por ejemplo, en aquellos códigos que, todavía a finales del siglo XX, obligaban a las mujeres casadas a contar con permiso de sus esposos para obtener un trabajo, o en los muchos municipios del país que, hasta hace muy poco tiempo, seguían considerando legales los raptos de mujeres (y las consecuentes violaciones sexuales) como vía adecuada para acordar un matrimonio.

(…)

(…)

La violación y el hostigamiento sexual son prácticas cotidianas mediante las cuales muchos varones refrendan su derecho de exclusividad sobre el espacio público. En efecto, una mujer que sale a la calle, que trabaja fuera de su casa, que asiste a un bar o come sin compañía masculina en un restaurante, se expone, es decir, se coloca en un aparador y se arriesga por ello. La aparición pública de las mujeres, lejos de estar normalizada, sigue considerándose entonces transgresora.

(…)

(…)

Para la autora la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres son resultado de un largo proceso de construcción social en el que el varón ha sido beneficiado a costa del sometimiento femenino, y si bien se ha logrado el reconocimiento formal de los derechos civiles y políticos de la mujer, la desigualdad política continuará si no se lleva a cabo una transformación cultural que permita eliminar estas prácticas antidemocráticas desde el seno familiar.

(…)

(…)

Lo cierto es que la perspectiva de género (según se ha bautizado al esfuerzo por incluir la mirada feminista en los diversos campos del saber, la acción social, las políticas públicas, etcétera) implica atender al hecho de que en todas las relaciones sociales pervive una relación de poder y desigualdad entre hombres y mujeres legitimada por cánones culturales. Esta perspectiva debe obligar a quienes la aplican a detectar y procurar remediar aquellas situaciones que, pareciéndonos naturales, son efecto de prácticas misóginas, a menudo inconscientes, las más de las veces sutiles, pero no por ello menos eficaces (antes al revés) en la preservación de prácticas de discriminación contra las mujeres. Los impresionantes aportes académicos (en los campos filosófico, epistemológico y científico) del feminismo a raíz de la perspectiva de género, no han dejado de tener consecuencias en la redefinición de su matriz política.

(…)

(…)

Algunas políticas públicas que entienden muy a su modo la propuesta de equidad de género, cuando atienden, por ejemplo, problemas de desarrollo marcados por la discriminación hacia las mujeres, promueven su capacitación e incorporación en labores productivas típicamente femeninas, lo cual quiere decir relacionadas con la atención de los demás, la limpieza, elaboración de textiles, alimentos, o el desempeño de trabajos que merecen la más baja remuneración económica. Este peculiar enfoque de la perspectiva de género, al asignar a la mujer un trabajo básicamente asistencial, reproduce la vinculación de los hombres y las mujeres a sus sitios tradicionales, y con ello los códigos culturales que mantienen estas relaciones humanas en un marco de verticalidad e injusticia.

(…)

De lo anterior podemos dilucidar que, la observación hecha por esa fiscalizadora se limita únicamente a mencionar que los ejes plateados en la investigación no tienen una conexión directa con obstáculos ligados a la organización, toma de decisiones, fortalecimiento de liderazgos o propuestas de agendas que sean abrazadas por ellas, cuando todas las circunstancias planteadas tienen que ver con ello, esto visto desde el punto de vista de mi representado y más aún con los temas que divulga el mismo Instituto Nacional Electoral.

Por otra parte, se debe señalar, que mi representado en sus documentos básicos establece que:

(…)

Por ello, nos proponemos lograr un país plurinacional en el que imperen la plena igualdad, el respeto absoluto a las identidades y a las diferencias, y en el que quede superada para siempre toda discriminación en razón de idioma, cultura, sexo, género, edad, identidad, preferencias, religión, origen, nacionalidad, clase social, tendencia política e ideología; un país en el que mujeres, jóvenes, niñas, niños y minorías puedan vivir una vida libre de violencias, en el que las comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos al territorio, al agua, a su organización social, su cultura y su lengua; un país en el que las religiones minoritarias puedan gozar sin cortapisas de la libertad de culto y en el que sean debidamente establecidos y respetados los derechos reproductivos y de género.

(…)

En ese tenor, queda claro que si esa fiscalizadora determina sancionar a mi representado por la investigación titulada “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”. Estaría violentando una serie de derechos, tema tratado en la presente respuesta no solo desde la perspectiva de este instituto político, sino de una pequeña muestra de las ideas promovidas por el Instituto Nacional Electoral.

Así, del análisis a lo ya expuesto se puede entender que la conclusión a la que llega la fiscalizadora parte de premisas erróneas de lo que significa la participación política de las mujeres y lo hace sin fundamentar y motivar su postura, violentando los principios de certeza, legalidad, exhaustividad y presunción de inocencia.

Por lo expuesto, se solicita a la autoridad que valore el impacto transversal del taller sobre explotación sexual infantil en la construcción de un liderazgo político con perspectiva de género. Este taller no solo cumple con los objetivos del Protocolo en cuanto a la promoción de los derechos de las mujeres, sino que también contribuye a erradicar una de las formas más graves de violencia de género. Reconocer esta actividad como parte del rubro de capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres es fundamental para garantizar una interpretación integral y equitativa de las normas aplicables, en beneficio de las niñas y mujeres que enfrentan esta problemática.

Es necesario enfatizar que, el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido ya tener acceso a la función pública, ha sido establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual, reconoce y protege el derecho y la oportunidad de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar ya ser elegido y el derecho a tener acceso a la función pública.

Se otorga al pueblo el derecho de elegir a sus propias afiliaciones políticas, sus representantes oficiales, su gobierno, y una constitución. Estas opciones y el derecho de las personas a participar en los procesos.

Este derecho establece que las personas puedan participar directamente en la gestión de los asuntos públicos al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u ocupar cargos ejecutivos. También participan directa o indirectamente en la elección de los representantes locales, el parlamento, el jefe del Estado y en las consultas nacionales o referendos, por ejemplo, de adoptar o modificar la constitución.

Las asambleas populares, establecidas para tomar decisiones sobre asuntos locales y de representar los intereses de una comunidad en particular, en consulta con el gobierno de contar con la participación directa de los ciudadanos a través del debate público y el diálogo.

En los Cuadernillos de Divulgación de la Cultura Democrática de Políticas Públicas y Democracia[14] y La participación ciudadana en la democracia[15], del Instituto Nacional Electoral, establece que:

(…)

Las políticas públicas, entendidas en esta publicación como aquellas decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas públicas específicas a solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para ello, no son facultad exclusiva de un régimen democrático, pero sí las características de su formulación e implantación.

(…)

(…)

En un régimen democrático, las políticas públicas constituyen un aspecto sustancial para su consolidación. En primer lugar, implican la acción de gobierno en un entorno plural, de intereses diversos, donde las problemáticas son también plurales y diversas de acuerdo a los intereses y valoraciones de las personas. Requiere construir procesos abiertos y sistemáticos de deliberación para consensuar los problemas que se han de enfrentar y de qué manera, esto es, para definir las políticas públicas a desarrollar. Sin embargo, en esta labor se necesita la acción conjunta de gobernantes y gobernados. Una ciudadanía informada, activa y participativa es un componente distintivo de las políticas públicas en democracia, las cuales deben contemplar mecanismos de participación en condiciones de igualdad para determinar las problemáticas a atender, la definición y el diseño de las políticas a emprender, conocer de su implementación y, finalmente, evaluar los resultados.

(…)

También menciona temas relacionados lo que significa la participación, para el caso que nos ocupa a la participación política de los ciudadanos ya sean afines o no a nuestra propuesta política:

(…)

Participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo. La participación no existe entre los anacoretas, pues sólo se puede participar con alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas. De ahí que los diccionarios nos anuncien que sus sinónimos sean coadyuvar, compartir, comulgar. Pero al mismo tiempo, en las sociedades modernas es imposible dejar de participar: la ausencia total de participación es también, inexorablemente, una forma de compartir las decisiones comunes.

(…)

(…)

De la congruencia de estímulos externos –surgidos del ambiente en el que tiene lugar la organización colectiva–, y de motivos individuales para participar, surge naturalmente la confrontación de opiniones, de necesidades, de intereses o de expectativas individuales frente a las que ofrece un conjunto de seres humanos reunidos

(…)

(…)

Sin embargo, representación y participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la democracia. Ambos términos se requieren inexorablemente. Cuando aquella crítica a las formas tradicionales de representación democrática llegó al extremo de reclamar una democracia participativa capaz de sustituirla, olvidó por lo menos dos cosas: una, que la participación no existe de manera perfecta para todos los individuos y para todos los casos posibles; olvidó los dilemas básicos que ya comentamos. Pero olvidó también otra cosa: que la verdadera representación no puede existir, en la democracia, sin el auxilio de la forma más elemental de la participación ciudadana: los votos del pueblo. Ninguna representación democrática puede darse sin la participación de los electores, del mismo modo en que no existe forma alguna de participación colectiva en que no haya –al menos de manera embrionaria– un cierto criterio representativo. En el hogar democrático, ambas formas se entrelazan de manera constante, y en primer lugar, a través de los votos: la forma más simple e insustituible, a la vez, de participar en la selección de los representantes políticos.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la participación ciudadana se agote en las elecciones. Ni significa tampoco que los votos sean la única forma plausible de darle vida a la participación democrática. Para que esa forma de gobierno opere en las prácticas cotidianas, es ciertamente indispensable que haya otras formas de participación ciudadana más allá de los votos. Pero tampoco puede haber democracia sin un cuadro básico de representantes políticos.

(…)

(…)

si la condición básica de la vida democrática es que el poder dimane del pueblo, la única forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla reside en el derecho al sufragio. Es una condición de principio que, al mismo tiempo, sirve para reconocer que los ciudadanos han adquirido el derecho de participar en las decisiones fundamentales de la nación a la que pertenecen. Ser ciudadano, en efecto, significa en general poseer una serie de derechos y también una serie de obligaciones sociales. Pero ser ciudadano en una sociedad democrática significa, además, haber ganado la prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes y de influir en sus decisiones. De aquí parten todos los demás criterios que sirven para identificar la verdadera participación ciudadana.

(…)

De lo anterior podemos dilucidar que, las políticas públicas generadas a partir de las diversas problemáticas y la participación ciudadana en ellas también forman parte de la vida democrática de la sociedad, que están intrínsecamente relacionadas y que no solo se limita al derecho de votar y ser votado.

En cuanto a las pólizas contables señaladas con referencia 4, respectivamente las pólizas: PN-DR-14/22-06-23 y PN-DR-15/22-06-23 es necesario mencionar a esa fiscalizadora que, el contenido de la publicación “La Ciudad. Gaceta Obradorista”, contiene una serie de artículos que abordan temas de interés general para los militantes o simpatizantes del partido, incluyendo a las mujeres, esto debido a que del simple análisis de la gaceta podemos identificar una serie de políticas públicas, iniciativas y reformas impulsadas por mujeres, como se ha mencionado en puntos anteriores, la participación de las mujeres en la vida democrática de México, no solo se limita al derecho de votar y ser votado, sino al goce de estas políticas públicas que emanan de las problemáticas de la ciudadanía a lo largo del tiempo.

Asimismo, también las mujeres, pueden participar en los tópicos mencionados, como lo son: temas económicos, inversión, agua, educación y propaganda política, en ese sentido la finalidad de las gestiones en pro de la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, tienen como fin fundamental, que accedan a cargos públicos, ya sea como funcionarias públicas o servidoras públicas, que son las que trabajan en todas aquellas políticas públicas, iniciativas y reformas.

El análisis realizado por esa fiscalizadora solo se limita a determinar que no cumplen con el objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en las mujeres que favorezcan el desarrollo de competencias para su participación política, cuando eso no sucede.

Ahora bien, esa fiscalizadora menciona como ejemplo lo dicho por la consejera electoral Dania Ravel, en su artículo publicado en El Heraldo de México el 15 de octubre de 2024:

“Hoy,71 años después, es nuestra responsabilidad asegurar que las mujeres que deseen incursionar en política puedan hacerlo libres de todo tipo de violencia; que los partidos políticos impulsen liderazgos femeninos, y que la sociedad alinee sus intereses a valores democráticos y con perspectiva de género. De no hacerlo, corremos el riesgo de olvidar la lección de su legado: el espíritu de lucha y el compromiso con la igualdad de género”.

Cuando en cierta medida, la consejera Dania Ravel, ha cuestionado las atribuciones de otra mujer, en este caso la presidenta del Consejo General de Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei,[16] en cambio, mi representado ha incluido en sus documentos básicos, una amplia gama de acciones para poder coadyuvar a que sean respetados los derechos político-electorales de las mujeres, que como se ha mencionado no se limita a el derecho a votar y ser votadas.

En nuestros documentos básicos se establece que:

(…)

Por ello, nos proponemos lograr un país plurinacional en el que imperen la plena igualdad, el respeto absoluto a las identidades y a las diferencias, y en el que quede superada para siempre toda discriminación en razón de idioma, cultura, sexo, género, edad, identidad, preferencias, religión, origen, nacionalidad, clase social, tendencia política e ideología; un país en el que mujeres, jóvenes, niñas, niños y minorías puedan vivir una vida libre de violencias, en el que las comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos al territorio, al agua, a su organización social, su cultura y su lengua; un país en el que las religiones minoritarias puedan gozar sin cortapisas de la libertad de culto y en el que sean debidamente establecidos y respetados los derechos reproductivos y de género.

En particular, morena lucha por el reconocimiento de los derechos plenos a las mujeres, el reconocimiento a su aportación al desarrollo y bienestar de los hogares, su igualdad económica y los derechos que concilien el trabajo remunerado y la vida familiar; reivindica la paridad y la participación social, la seguridad y la vida libre de violencia para todas las mujeres en todos los ámbitos, así como la justicia expedita, la educación, la salud y la calidad de vida y el respeto a las decisiones sobre su vida y su cuerpo. Nuestro partido promoverá la participación política de las militantes, su acceso a la actividad política en el partido y su formación y promoción en liderazgos. Impulsará, además, su postulación a las candidaturas, garantizando en todo momento la paridad, conforme a lo que definan las leyes electorales y acatando expresamente lo que disponga el texto constitucional, sobre paridad de género.

(…)

(…)

En atención a ello, morena establecerá las medidas para promover la participación política de las militantes, la creación de mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido y su postulación a candidaturas, así como la formación de liderazgos políticos, garantizando en todo momento la paridad sustantiva. La participación política de las mujeres en morena en todo momento se regirá por el principio de paridad de género, por ello se sancionará con perspectiva de género e interseccionalidad cualquier conducta u omisión que se considere violencia política contra las mujeres en razón de género. Los mecanismos serán, entre otros, la alternancia en la postulación de cargos de elección popular y dentro del partido.

(…)

(…)

Ante la enorme suma de dolor que pesa sobre la población mexicana por homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, torturas, lesiones, desplazamientos, despojos, destrucción material y demás expresiones de la violencia y la descomposición que se instalaron en el país, es obligado persistir en la impartición de justicia plena con esclarecimiento, sanción, reparación del daño, garantía de no repetición y reconciliación, así como en la regeneración moral de la sociedad. La dirigencia y la militancia de morena impulsarán tales acciones, se solidarizarán con las víctimas e insistirán en la edificación de la paz como fruto de la justicia.

(…)

De lo anterior podemos identificar que, el partido político en todo momento está en pro de la defensa de los derechos de las mujeres en México, no cae en contradicciones, y más aún; va más allá de los límites que pretende imponer esa fiscalizadora, basando su decisión en simples notas periodísticas tanto de la Consejera Dania Ravel como de la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no realizando un análisis exhaustivo de la norma, de sus alcances y de las ideas establecidas en sus cuadernillos de divulgación, temas similares y parecidos a los que mi representado visibiliza ante la sociedad.

En ese sentido si esa fiscalizadora determina sancionar por la publicación “La Ciudad. Gaceta Obradorista”, estaría violentando una serie de derechos, tema tratado en la presente respuesta no solo desde la perspectiva de este instituto político, sino de una pequeña muestra de las ideas promovidas por el Instituto Nacional Electoral.

Así, del análisis a lo ya expuesto se puede entender que la conclusión a la que llega la fiscalizadora parte de premisas erróneas de lo que significa la participación política de las mujeres y lo hace sin fundamentar y motivar su postura, violentando los principios de certeza, legalidad, exhaustividad y presunción de inocencia.

Cabe resaltar que, el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.

Por cuanto hace al principio de legalidad se enmarca, entre otras disposiciones, por lo dispuesto en los artículos 14, 16, 41 y 116, fracción IV de la Constitución Federal, porque si bien, cualquier acto de autoridad debe cumplir con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe ser acorde a la naturaleza particular del acto.

(…)

Una vez que la autoridad analizó las respuestas dadas por el partido recurrente, en el Dictamen Consolidado consideró las observaciones como no atendidas, por las razones siguientes:

En lo tocante a la conclusión 7.08-C6-MORENA-CM:

“No atendida

Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, se determinó lo que se indica a continuación:

Se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas señaladas con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 3-MORENA-CM del presente Dictamen, con su respectivo soporte documental consistente en los comprobantes fiscales CFDI en formato PDF y XML, las evidencias de pago, los contratos de prestación de servicios suscritos, así como las muestras de los trabajos realizados, entre las que se encuentran la convocatoria, programa, listas de asistencia, publicidad, cuestionarios de entrada y salida debidamente requisitados por las personas asistentes, material didáctico utilizado, curriculum vitae de las personas ponentes y las actas constitutivas que contienen los indicadores utilizados para medir los resultados obtenidos, dicha documentación cumple con la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad; por tal razón, por lo que refiere a este punto, la observación quedó atendida.

Ahora bien, aun cuando el sujeto obligado manifestó que abordar la explotación infantil es un componente esencial en el desarrollo de un liderazgo político inclusivo; sin embargo, de la verificación la documentación que integran las pólizas señaladas con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 3-MORENA-CM del presente Dictamen se observó que el objetivo de dicha actividad, fue el desarrollar un taller que informe los hallazgos de la investigación que identificó las causas y vínculos de la explotación sexual infantil y que estos fueran analizados a profundidad, así mismo de la verificación a los cuestionarios aplicados a las personas asistentes, se observó que los conocimientos evaluados se centraron en la explotación sexual infantil y contrario a lo señalado por el sujeto obligado no se localizaron elementos que contribuyan a promover el liderazgo de las mujeres. En este sentido, procede señalar que de conformidad con el Protocolo para la implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos del Gasto Programado: Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, establece lo siguiente:

“Particularmente, el PAT para la CPDLPM deberá contener proyectos orientados a propiciar la igualdad de oportunidades en el ámbito político, formar competencias para el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones mediante el diseño de estrategias integradas por actividades y tareas ordenadas y encaminadas a atender problemáticas detectadas en el ejercicio de sus derechos político-electorales, procurando siempre beneficiar al mayor número de mujeres.”

Complementario a lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos, contempla respecto a la aplicación de los recursos a dicho rubro, en el artículo 173, numeral 1, inciso c) establece que la organización de las actividades de capacitación relacionadas con el rubro, deben difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer y su incorporación en la vida política.

Derivado de lo anterior, se corroboró que el proyecto denominado “Taller sobre la explotación sexual infantil para construir mejores políticas que protejan los derechos de las mujeres” no se vincula con el rubro, toda vez que no desarrolla contenidos orientados a propiciar la igualdad de oportunidades en el ámbito político, forman competencias para el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público o a atender problemáticas detectadas en el ejercicio de sus derechos político-electorales por $418,760.00; ahora bien, conviene señalar que la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-222/2022 la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha delineado aspectos objetivos que deben ser considerados para determinar si un gasto tiene un fin partidista, entre los que señala de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:

1.                       El tipo de financiamiento del que derivó el gasto

2.                       El vínculo con las actividades del partido y su respectiva comprobación

3.                       El beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación

4.                       El cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.

En consecuencia, se constató que los gastos en comento no tienen vínculo con actividades del partido, de conformidad con lo establecido en los párrafos que anteceden; por tal razón, por lo que refiere a este punto, la observación no quedó atendida.”

En lo relativo a la conclusión 7.08-C7-MORENA-CM. 

No atendida

Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, se corroboró que los gastos por concepto de la investigación señalada en el cuadro inicial de la presente observación no se vincula con el rubro, toda vez que aun cuando el sujeto obligado manifestó que la investigación en comento visibiliza problemas muy serios que no deben ser catalogados como incumplimiento a la normativa establecida, al respecto, es importante señalar que el artículo 173 numeral 1, inciso c) del RF, establece que los gastos relacionados con el rubro deben difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer y su incorporación en la vida política. En este sentido, de la verificación a la documentación presentada en el SIF, se observó que la citada investigación se centra en el desarrollo de temas relacionados con la violencia sexual infantil, sin que se muestre el vínculo directo del tema con el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en el ámbito político.

Al respecto, procede señalar que de conformidad con el “Protocolo para la implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los recursos del gasto programado: Capacitación, promoción y desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres”, establece con toda claridad que el programa anual de trabajo del rubro, deben contener proyectos encaminados a propiciar la igualdad de oportunidades en el ámbito político, formar competencias para el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público y la participación en los procesos de toma de decisiones mediante el diseño de estrategias integradas por actividades y tareas ordenadas y encaminadas a atender las problemáticas detectadas en el ejercicio de sus derechos político- electorales, procurando siempre beneficiar al mayor número de mujeres.

Aunado a lo anterior, procede señalar que el protocolo, establece que respecto al rubro de Investigación, análisis, diagnósticos y estudios comparados, los trabajos realizados deben identificar y brindar información sobre la situación que guarda el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, con el objetivo de generar indicadores, acciones y programas orientados a la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, e informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo y avances respecto del liderazgo político de las mujeres. En consecuencia, se corroboró que la investigación “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”, no se vincula con el rubro, toda vez que no desarrolla algún tema vinculado con las circunstancias de las mujeres en el ámbito político o los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política por $600,880.00; ahora bien, conviene señalar que la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-222/2022 la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha delineado aspectos objetivos que deben ser considerados para determinar si un gasto tiene un fin partidista, entre los que señala de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:

1.                       El tipo de financiamiento del que derivó el gasto

2.                       El vínculo con las actividades del partido y su respectiva comprobación

3.                       El beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación

4.                       El cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.

En consecuencia, se constató que los gastos en comento no tienen vínculo con actividades del partido, de conformidad con lo establecido en los párrafos que anteceden; por tal razón, por lo que refiere a este punto, la observación no quedó atendida.

Por lo que respecta a la conclusión 7.08-C8bis-MORENA-CM.

No atendida

Del análisis a la respuesta y de la verificación a la documentación que obra en el SIF, se determinó lo siguiente:

(…)

Respecto las pólizas señaladas con (4) en la columna “Referencia Dictamen” del cuadro inicial de la observación, la respuesta se consideró insatisfactoria, aun cuando el sujeto obligado manifestó respecto a los materiales impresos y videográficos relacionados con el taller sobre explotación sexual infantil que dichos materiales no solo abordan problemáticas de grave relevancia que se inscriben directamente en el ámbito de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, sin embargo de la verificación a las muestras presentadas en las diferentes pólizas se observó que los materiales sobre la violencia sexual infantil, la trata de personas y la explotación sexual, sin vincular dichos temas con el liderazgo político de las mujeres, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable

Considerando lo anterior, de la verificación a las muestras presentadas en las pólizas en comento se corroboró que el material difundido versa sobre la violencia sexual y explotación infantil, sin referir el vínculo que dicha problemática con el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres $315,543.20; ahora bien, conviene señalar que la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-222/2022 la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha delineado aspectos objetivos que deben ser considerados para determinar si un gasto tiene un fin partidista, entre los que señala de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:

5.                       El tipo de financiamiento del que derivó el gasto

6.                       El vínculo con las actividades del partido y su respectiva comprobación

7.                       El beneficio o utilidad recibido por el partido político y su respectiva comprobación

8.                       El cumplimiento de los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y máxima publicidad.

En consecuencia, se constató que los gastos en comento no tienen vínculo con actividades del partido, de conformidad con lo establecido en los párrafos que anteceden; por tal razón, por lo que refiere a este punto, la observación no quedó atendida.

De lo anterior, es dable concluir que la autoridad fiscalizadora sí efectuó un análisis exhaustivo de las manifestaciones, así como de las evidencias que se allegaron en el SIF; esto en tanto consideró que, si bien el recurrente pretendió evidenciar -en sus escritos de respuesta a los oficios de errores y omisiones- una vinculación directa entre los tópicos tratados en el taller, investigación y divulgación editorial relativos a la “explotación sexual infantil” y “trata de personas” con el liderazgo político de las mujeres, lo cierto es que de las evidencias no se pudo constatar esa vinculación, cuestión que esta Sala Regional comparte.

Ello porque, contrario a lo que refiere el partido recurrente, no logró demostrar dentro del periodo de fiscalización que los gastos erogados por el taller, la investigación y la divulgación referidos se ajustaran al marco legal dispuesto para la comprobación de gastos relacionado con la obligación que le asiste a los partidos políticos de destinar el 3% (tres por ciento) de sus recursos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Se afirma lo anterior, porque de conformidad con el artículo 25, numeral 1, inciso n), de la LGPP los partidos políticos tienen la obligación de aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

Al respecto, el artículo 51, inciso a), fracción V, de la propia LGPP dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, por lo que cada partido deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario.

En términos de lo señalado en el artículo 72, numerales 1 y 2, inciso a) los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias, entre las que se encuentra el gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de las mujeres.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Partidos, los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, se podrá aplicar en los rubros siguientes:

a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer;

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género;

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida política;

d) La creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género;

e) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y

f) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.

Por su parte, el artículo 163, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, establece los conceptos, en que debe destinarse el tres por ciento de financiamiento ordinario, para la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, a saber:

I. La realización de investigaciones y diagnósticos cuyo objeto sea identificar e informar la situación que guarda el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito político, a fin de generar indicadores que permitan el diseño e implementación de acciones y programas orientados a la disminución de brechas de desigualdad.

II. La elaboración, publicación y distribución de libros, artículos y, folletos, entre otros, que estén orientados a la difusión de las problemáticas, retos y avances en la participación política de las mujeres; así como a la promoción de sus derechos en el ámbito político.

III. La organización y realización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, coloquios, seminarios, o cualquier evento que permita la capacitación en temas relacionados con la situación que guarda la participación política de las mujeres; así como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas orientados a dicho fin.

IV. La organización y realización de cursos y talleres que permitan a las mujeres desarrollar habilidades y aptitudes, así como adquirir conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y participación política.

V. La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia.

VI. Todo gasto necesario para la organización, desarrollo y difusión de las acciones referidas.

De igual manera, el artículo 186 del reglamento establece que en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres comprende, de manera enunciativa y no limitativa, actividades consistentes en cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados, coloquios, debates, mesas redondas y similares, que favorezcan el desarrollo de competencias para la participación política de las mujeres (conocimientos, habilidades y actitudes) y la defensa de sus derechos políticos, en acciones y temas como:

a) Las acciones establecidas en el artículo 163, párrafo 1, inciso b) del presente Reglamento.

b) Situación que guarda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político.

c) Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas que favorezcan.

d) Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

e) Marco Jurídico Nacional e Internacional para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

f) Derecho Electoral y parlamentario.

g) Transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres.

h) Acciones, programas y políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género.

i) Negociación y resolución de conflictos en temas políticos.

j) Comunicación Política.

k) Nuevas Tecnologías.

l) Liderazgo Político.

m) Cabildeo.

n) Mercadotecnia Política.

o) Oratoria Parlamentaria.

p) Monitoreo de acceso al poder con perspectiva de género.

r) Violencia contra las mujeres

En cuanto al rubro de divulgación y difusión de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el artículo 187 del reglamento, señala que debe integrar temas similares a los establecidos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; así como la divulgación de información sobre los derechos de las mujeres y los mecanismos de acceso para su ejercicio, contemplados tanto en los estatutos partidistas y la Ley de Partidos. Además deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 186 del Reglamento.

Ello en el entendido que, quedarán comprendidas dentro de las actividades señaladas en el párrafo anterior la edición y producción de impresos, videograbaciones, medios electrónicos, medios ópticos, medios magnéticos y nuevas tecnologías de la información, propaganda y publicidad a través de los cuales se difundan materiales o contenidos vinculados con al menos una actividad de capacitación y formación para el liderazgo político de las mujeres.

Respecto a los conceptos que integran las actividades de investigación relacionadas con el liderazgo político de las mujeres, el artículo 188 del referido reglamento señala que comprenderá la realización de análisis, diagnósticos y estudios comparados, entre otros, vinculados con las circunstancias de las mujeres en el ámbito político.

De igual forma, el citado precepto dispone que los trabajos de investigación deberán formularse con una metodología y garantizar los estándares de una investigación académica, preferentemente estarán organizados en secciones de acuerdo con la estructura de contenidos siguientes:

I. Introducción.

II. Justificación de la realización de la investigación e importancia de la misma.

III. Objetivos de la investigación.

IV. Planteamiento y delimitación del problema.

V. Marco teórico y conceptual de referencia.

VI. Formulación de hipótesis.

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis.

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación.

IX. Bibliografía.

Asimismo, el reglamento en su artículo 189, numeral 2, señala que los conceptos integrantes del rubro de gasto de elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos y Liderazgo político de las mujeres, comprende la realización de impresos relativos a la promoción y acceso a la información de los derechos políticos y los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y de cultura organizacional.

Finalmente, conviene destacar que, conforme al Protocolo Para la Implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, el desarrollo del liderazgo político se debe entender la evolución progresiva de la condición de las mujeres para potenciar su influencia política en los espacios de toma de decisión.

De acuerdo con lo anterior, los partidos políticos deben reportar gastos que sustancialmente consistan o tengan una relación inminente y necesaria con los objetivos aludidos, esto es, encaminados al desarrollo de competencias, habilidades y capacidades de las mujeres, para influir en una esfera pública determinada, con pleno ejercicio de sus derechos en el ámbito político.

De ahí que, en las actividades de capacitación, investigación y divulgación se debe tener como objetivo primordial el desarrollo del liderazgo político para potenciar su influencia en los espacios de toma de decisión.

En la especie, si bien es cierto el recurrente tanto en sus escritos de respuesta a los oficios de errores y omisiones, así como en la demanda que nos ocupa pretende establecer que el taller, la investigación y divulgación buscaron sensibilizar y empoderar a las mujeres proporcionándoles herramientas analíticas para identificar las prácticas que han contribuido a su marginación y exclusión en el ámbito político, que debieron verse como actividades inéditas que contribuyen y garantizaran en el rubro para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; lo cierto es que, de las evidencias aportadas no logró evidenciar cómo las temáticas abordadas en el taller, la investigación y la divulgación de la explotación sexual infantil tenían una vinculación o influían directamente en liderazgo político de las mujeres.

Ello ya que acertadamente, la autoridad fiscalizadora al analizar tanto las manifestaciones del recurrente al dar respuesta a los oficios de errores y omisiones y la documentación aportada advirtió, en relación al “Taller sobre la explotación sexual infantil para construir mejores políticas que protejan los derechos de las mujeres”:

-         Que en el caso del curso -o taller- no se mostraba alguna simetría o nexo directo en cómo la explotación sexual infantil influía directamente en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres.

-         Los partidos políticos deben impulsar actividades, herramientas y acciones que permitan impulsar liderazgos femeninos que, tengan incidencia en la toma de decisiones, por lo que el acceso real al poder político se logra solo con temas focalizados y dirigidos para que las mujeres tomen decisiones.

-         El taller no se vinculó con el rubro específico, al no promover la participación política de las mujeres o la defensa de sus derechos político-electorales.

-         Que aun cuando el sujeto obligado manifestó que abordar la explotación infantil es un componente esencial en el desarrollo de un liderazgo político inclusivo; sin embargo, de la verificación de la documentación que integraron las pólizas señaladas con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 3-MORENA-CM del Dictamen Consolidado se observó que el objetivo de dicha actividad, fue el desarrollar un taller que informara los hallazgos de la investigación que identificó las causas y vínculos de la explotación sexual infantil y que estos fueran analizados a profundidad; así mismo que, de la verificación a los cuestionarios aplicados a las personas asistentes, se observó que los conocimientos evaluados se centraron en la explotación sexual infantil y contrario a lo señalado por el sujeto obligado no se localizaron elementos que contribuyeran a promover el liderazgo de las mujeres

En lo relativo a las manifestaciones del partido relacionadas con la investigación: “La explotación sexual infantil; ¿cómo construir mejores políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres?”, la UTF destacó:

-         Que si bien el sujeto obligado respondió que el análisis se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del Reglamente de Fiscalización; lo cierto era que, de forma general se observó la mezcla de temas entre la explotación sexual de niños y la trata de mujeres; a lo largo del índice de la investigación observó una predominancia del primer tema y no del segundo, lo cual respaldado por el artículo 188 del Reglamento de Fiscalización se deben introducir conceptos, estudios, análisis y diagnósticos que se vinculen al ámbito político.

-         Señaló que el tema de la explotación sexual infantil y la trata de mujeres no eran temas que pudieran vincularse directamente como si fueran casos homogéneos; y, que si bien, el estudio explicó que se utilizaría el método comparado, la selección de temas no mostró que haya una correlación que pudiera ser medible con una metodología comparativa.

-         La investigación no se vinculó con el rubro específico, ni con los temas planteados en el Reglamento de Fiscalización correspondiente a los retos o barreras que enfrentan las mujeres, debido a que la selección de las variables no generó una correlación entre los temas; esto aunado a que la hipótesis, los objetivos y la justificación, se centraron en otros temas como la trata infantil.

-         Destacó que, en el caso concreto, la predominancia del tema la explotación sexual infantil frente a la trata de mujeres no encontró una correlación directa porque se abordaron como si fueran temas similares.

-         También subrayó que -en la investigación- no se hizo uso de conceptos o análisis que profundizaran en la investigación ligada al desarrollo de las mujeres.

-         Precisó que si bien la trata es un tema que preocupa a la ciudadanía; lo cierto era que, en la investigación no se explicó la correlación con el ámbito político ni se explicó cómo las mujeres influyen en esa agenda.

-         Indicó que, la investigación presentada por el partido político no comprobó que el tema de la explotación sexual de la niñez y la trata de mujeres correspondían a lo que se establece en el artículo 188 del Reglamento de Fiscalización, en lo relativo a los obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación política y la cultura organizacional.

-         Concluyó que, los ejes planteados en la investigación no tenían una conexión directa con obstáculos ligados a la organización, toma de decisiones, fortalecimiento de liderazgos o propuestas de agendas que sean abrazadas por ellas; sino que, dicha investigación, respondía a un problema público de otra índole que no focalizó, ni analizó los obstáculos de las mujeres en espacios para la toma de decisiones.

-         Señaló que la investigación no desarrolló algún tema vinculado con las circunstancias de las mujeres en el ámbito político o los obstáculos que enfrentan dentro de los partidos políticos para la participación política.

-         Sostuvo que, del análisis a la respuesta -del partido- y de la verificación a la documentación en el SIF, se corroboró que los gastos por concepto de la investigación no se vincularon con el rubro, toda vez que aun cuando el sujeto obligado manifestó que la investigación en comento visibilizaba problemas muy serios que no deben ser catalogados como incumplimiento a la normativa establecida; también era verdad que conforme al artículo 173 numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, los gastos relacionados con el rubro deben difundir temas relacionados con el desarrollo de las mujeres y su incorporación en la vida política; y que, de la verificación a la documentación presentada en el SIF, se observó que la citada investigación se centró en el desarrollo de temas relacionados con la violencia sexual infantil, sin que se mostrara el vínculo directo del tema con el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en el ámbito político.

Respecto a las manifestaciones del partido relacionadas con la divulgación de los materiales impresos y videográficos relacionados con el taller sobre explotación sexual infantil, la autoridad fiscalizadora señaló:

-         De acuerdo con lo previsto en el Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, el subrubro de Divulgación y Difusión se refiere a la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, orientados a la difusión de problemáticas, retos y avances en la participación política de las mujeres, así como la promoción de sus derechos en el ámbito político y los mecanismos de acceso para su ejercicio efectivo; y, contempla la realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones para el adelanto en la materia.

Conforme a lo anterior, concluyó que el gasto erogado por la divulgación de los materiales no cumplió con el objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en las mujeres que favorecieran el desarrollo de competencias para su participación política.

-         Señaló que aun cuando el sujeto obligado manifestó, respecto a los materiales impresos y videográficos relacionados con el taller sobre explotación sexual infantil que, dichos materiales no solo abordan problemáticas de grave relevancia que se inscriben directamente en el ámbito de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; sin embargo, de la verificación a las muestras presentadas en las diferentes pólizas se observó que los materiales sobre la violencia sexual infantil, la trata de personas y la explotación sexual, no se vincularon con el liderazgo político de las mujeres, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala Regional comparte la decisión de la responsable al considerar que el partido no demostró la vinculación directa entre los gastos erogados por el taller, investigación y difusión de los materiales de las temáticas “explotación infantil” y “trata de personas” con el rubro de “Liderazgo político de las mujeres”.

Ello porque si bien, las temáticas relacionadas con la explotación sexual infantil y trata de personas, son tópicos que cobran una especial relevancia en nuestra sociedad, tal como lo destacó la propia autoridad responsable en el Dictamen Consolidado; lo cierto es que, de los materiales empleados tanto en el taller, la investigación y la divulgación, el partido recurrente no estableció un nexo causal que permitiera identificar cómo dichas problemáticas han impactado en el desarrollo, difusión, promoción del liderazgo político de las mujeres.

Por tanto, no le asiste la razón al partido recurrente cuando señala que la autoridad fiscalizadora soslayó que: i) la capacitación impartida buscó sensibilizar y empoderar a las mujeres; ii) la capacitación elaboró diagnósticos comparativos que permitieron identificar y superar obstáculos existentes en el sistema electoral que se tradujeron en acciones concretas de empoderamiento y consolidación de un liderazgo político inclusivo; iii) la investigación estudió fenómenos que se vincularon a la exclusión político y la desigualdad estructural que afectan el desarrollo y la participación activa de las mujeres; iv) se sancionó al partido por la investigación y se obstaculizó su esfuerzo para visibilizar y erradicar las raíces profundas de la discriminación.

Lo anterior, porque tanto el taller, la investigación y divulgación de los temas de la “explotación sexual infantil” y “trata de personas”, no fueron focalizados y dirigidos hacia el liderazgo político de las mujeres, ni se señaló como el análisis de tales temáticas contribuía a la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

Por lo anterior, esta Sala Regional considera que, contrario a lo señalado por el recurrente, la responsable sí se fundamentó y motivó la resolución impugnada adecuadamente, pues se le especificaron los gastos respecto de los cuales existía y persistió la omisión en la que había incurrido, consistente en que dichos gastos carecían de un objeto partidista conforme a los artículos 187,188 y 189 del RF.

Asimismo, no asiste la razón al recurrente cuando señala que la pluralidad de acciones que comprende las “actividades relacionadas con el liderazgo político de las mujeres” no están definidas, y que no existe una norma clara ni precisa que las establezca; además que la autoridad electoral ha incorporado elementos esenciales de la teoría de género para reconocer las problemáticas que enfrentan las mujeres.

Así contrario a lo que refiere el recurrente, tal como se reseñó en líneas precedente, la normativa electoral regula de manera clara cuáles son rubros y conceptos que comprende la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en la cual se precisan una serie de actividades inherentes a dicho rubro que interpretadas de manera sistemática y funcional, como lo hizo la autoridad responsable, sí permiten desprender la naturaleza del gasto que debe realizarse para promover las competencias dirigidas a la difusión del liderazgo político de las mujeres.

Por lo anterior, con base en las constancias que integran el expediente, es posible advertir que de las respuestas dadas por el partido no se desprende que el recurrente haya podido comprobar la vinculación de su gasto con el objeto partidista, en los rubros señalados.

En las relatadas condiciones, el partido dejó de acreditar que los gastos erogados en el taller, la investigación y material de divulgación se relacionaron con las aludidas tareas de capacitación, formación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, como prevé el artículo 25, numeral 1, inciso n), de la LGPP; de ahí lo infundado de los agravios.

II. Conclusiones de Guerrero

1. 7.13-C1-MORENA-GR

-         Agravios.

Respecto de dicha conclusión el partido actor aduce una vulneración a los principios de proporcionalidad de las sanciones, legalidad y congruencia derivada de una exigencia innecesaria de presentar el archivo XML.[17]

Al respecto, el recurrente manifiesta como motivos de disenso lo siguiente:

Refiere que la omisión de presentar el archivo XML constituye una falta de forma y no de fondo por lo que no afecta a la veracidad de la operación contable ni la licitud de los recursos que se utilizaron.

Señala que la autoridad responsable ha adoptado criterios flexibles en donde la presentación del XML no ha sido indispensable para la veracidad y confiabilidad de los registros contables, indica que en casos análogos como lo es el numeral 27 del oficio INE/UTF/DA/45643/2024, relativo a los errores y omisiones durante el primer periodo de corrección en el informe anual correspondiente a 2023 (dos mil veintitrés) de dicho partido para el estado de Querétaro, la autoridad adoptó un criterio donde aún sin el XML consideró que la presentación de documentación fue suficiente.

En ese sentido, indica que la omisión por la que se le acusó no generó un incumplimiento y representa una carga adicional, ya que impone obligación de presentar comprobantes fiscales, misma que no se encuentra prevista en la ley, vulnerando los principios de proporcionalidad, legalidad y congruencia.

Sostiene que contrario a lo establecido por la autoridad responsable la omisión por la que se le acusó no generó un incumplimiento total de su obligación de presentar el comprobante fiscal, sino parcial y de mera formalidad, ya que, si bien no presentó el archivo “XML”, sí exhibió la documentación complementaria, aspecto que debió valorarse como atenuante al sancionar, ya que a decir del partido recurrente la ausencia de dicho archivo no altera ni desvirtúa la materialidad de la operación, ni impide la verificación de licitud y veracidad.

En esa lógica, aduce que la omisión de presentar el archivo “XML” no impidió al INE llevar a cabo su facultad fiscalizadora, ni constituyó un obstáculo para determinar con certeza si se demostró el origen y destino de recursos públicos, ya que el INE tenía los archivos y demás documentos que corroboraron la operación.

-         Respuesta a los agravios.

En concepto de esta Sala Regional, los disensos son infundados por una parte e inoperantes por otra; se explica.

Conforme al artículo 25 de la Ley de Partidos, los institutos políticos, al recibir financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, tienen la obligación de elaborar y entregar los informes de uso de recursos.

Por su parte, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 46, numeral 1, del RF, establecen que los comprobantes de las operaciones que lleven a cabo los sujetos obligados deberán reunir los requisitos relativos a entregar el archivo electrónico del “CFDI”[18].

Los “CFDI” son los comprobantes fiscales digitales por internet, conocidos como facturas electrónicas. Un comprobante “CFDI”, técnicamente, está expresado en un archivo tipo “XML”. El lenguaje extensible de marcas, abreviado como “XML”, describe una clase de objetos de datos llamados documentos “XML” y parcialmente describe el comportamiento de los programas informáticos que pueden procesarlos. El “XML” es un perfil de aplicación o forma restringida de “SGML” (Lenguaje estándar de marcado generalizado, por sus siglas en inglés).[19]

De esta manera, el “XML” es uno de los formatos más utilizados para el intercambio de información estructurada hoy en día: intercambio entre programas, entre personas, entre computadoras y personas, tanto a nivel local como a través de las redes informáticas. En lo que interesa, es el lenguaje técnico utilizado por el Servicio de Administración Tributaria en México para procesar la información contenida en las facturas.[20]

Con el fin de mantener el debido registro de los gastos que realizan los partidos políticos, en el caso de las operaciones con “CFDI”, se deberá adjuntar invariablemente en el Sistema de Contabilidad en Línea[21] el archivo digital “XML” y su representación en formato PDF.

Lo anterior, pues el intercambio de información entre el SAT y una tercera persona, basado en formato “XML” representa un esquema de comunicación que facilita la interoperabilidad en un lenguaje estándar y permite la validación en la contabilidad electrónica;[22] siendo dicho formato el único para representar y almacenar comprobantes de manera electrónica o digital.[23]

En el caso de la fiscalización en materia electoral, la autoridad responsable, al igual que señala el SAT, con el fin de lograr el intercambio de información electrónica entre la autoridad fiscalizadora y una tercera persona, definió un esquema de comunicación basado en documentos “XML”. La relevancia de utilizar documentos “XML” es que facilita la interoperabilidad entre el tercero y la autoridad fiscalizadora.[24] Además, dicho formato se considera el idóneo para comprobar la autenticidad de las operaciones reportadas.

Incluso, se facilita la interoperabilidad, porque el archivo “XML”, en su estructura, contiene toda la información relacionada a la emisión de una factura; esto es, la información del o la emisora (quien emite la factura) y el receptor o la receptora (quien la recibe), el detalle o relación específica de los productos y servicios, además de los importes, cantidades y todos aquellos subtotales, totales, impuestos y retenciones, etcétera.

Ahora bien, para que los archivos electrónicos en formato “XML” sean válidos, estos deben ser timbrados a través de la aplicación del SAT o por una proveedora autorizada de certificación (PAC por sus siglas). Los PAC son empresas que cuentan con la autorización del SAT para la generación de facturas. Ello quiere decir que el procesamiento e intercambio de información tributaria a través de archivos “XML” garantiza su autenticidad.

En ese sentido, cuando se omite presentar los archivos “XML”, en principio, se vulnera la legalidad y la certeza del destino y aplicación de los recursos, pues no se puede comprobar la veracidad del gasto reportado de forma expedita, lo cual es contrario a la finalidad del sistema de contabilidad en línea.

En el caso en concreto, lo infundado de los agravios radica en que, contrario a lo señalado por MORENA, la mera presentación de diversos archivos por lo que se pudiese tener, a su decir, por satisfecha la operación, se estima insuficiente para tener por reportados los gastos, siendo que la legislación tampoco lo permite.

Si bien, la mera presentación de la representación física del “CFDI” en formato PDF no imposibilita la función fiscalizadora del INE, el partido político incumpliría la obligación que le impone el artículo 39, numeral 6 del RF −relativa a adjuntar, como documentación soporte, tanto el archivo “PDF” como el archivo digital “XML”−, ello, con el objeto de que reporte debidamente sus gastos a efecto de que se permita comprobar la veracidad de los mismos de manera expedita, de modo que, al no hacerlo así, se genera incertidumbre con respecto a la licitud de las operaciones.

Además, la Sala Superior ya ha establecido que, en los casos relacionados con la comprobación y autenticidad de los gastos durante la revisión de los informes, la carga de la prueba recae en los sujetos obligados.[25]

A mayor abundamiento, el partido recurrente, al atender las observaciones de las conclusiones impugnadas, no señaló ningún obstáculo para no presentar los archivos “XML”, por lo que se estima que no existía ningún obstáculo jurídico o material para atender la observación de la autoridad responsable. Mediante un razonamiento similar, se estima que la presentación de los archivos “XML” no resulta una carga excesiva ni desproporcionada, ya que las y los proveedores están obligados (as) a entregar dicho formato, por lo que no se justifica el incumplimiento.

Así, como lo estableció la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-101/2022 y acumulados, esta Sala Regional considera que el partido recurrente tenía la obligación de presentar los archivos “XML”, al ser el medio idóneo para acreditar la validez y autenticidad de las operaciones, por lo que se concuerda con la conclusión de la autoridad responsable. Además, al haberse acreditado la vulneración al artículo 46, numeral 1, del RF, se actualiza la vulneración a los bienes jurídicos tutelados, que son la legalidad y la certeza en el destino de los recursos.

Incluso, cabe destacar que, a propósito de esta temática, al resolver el recurso de apelación SCM-RAP-70/2021, esta Sala Regional sostuvo que el formato “PDF” es la presentación física del “XML” y se usa como respaldo de la transacción, tanto para quien emite la factura, como para quien la recibe. En ese sentido se estimó que el archivo realmente importante para el manejo electrónico es el correspondiente al formato “XML”, al contar con la información sensible de las personas contribuyentes, tanto de quienes emiten las facturas electrónicas, como de quienes las reciben.

Ahora bien, lo inoperante de los agravios radica en que, el partido político aduce un trato diferenciado por parte del instituto, sin referir elementos idóneos a fin de que esta Sala Regional establezca si existió o no un caso en que el instituto tuvo acreditada una operación sin el XML, lo que no es materia de revisión en este recurso y que, incluso si ello fuera cierto, no sería suficiente para combatir de manera eficaz y frontal las razones ya explicadas que tuvo el Consejo General del INE para determinar la comisión de una infracción por parte de MORENA, por lo que resultan insuficientes dichas alegaciones, ya que con ellas, no se podría constatar de manera fehaciente la comprobación de la operación que en este caso dejó de acreditar MORENA al no cargar en el SIF de manera oportuna el archivo XML correspondiente.

Así, conviene señalar que la Sala Superior ha considerado que la autoridad fiscalizadora debe graduar e individualizar la sanción, conforme a las circunstancias en que se comete la falta, de ahí que, si al analizar un caso concreto considera imponer determinada sanción por la infracción específica, ello no se traduce en el establecimiento de un criterio fijo e inamovible que lo obligue a que, en posteriores asuntos, deba imponer la misma sanción cada vez que se acredita esa falta, porque tiene el deber de valorar las circunstancias concretas de cada asunto para imponer la sanción que corresponda.

En suma, se estableció que debe entenderse que la autoridad electoral se encuentra en aptitud de imponer sanciones distintas si las circunstancias específicas así lo justifican, sin que pueda interpretarse como un cambio de criterio[26].

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 20/2024 de la Sala Superior, de rubro: FISCALIZACIÓN. LAS SANCIONES QUE IMPONE LA AUTORIDAD ELECTORAL ADMINISTRATIVA SE BASAN EN CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES EN QUE ES COMETIDA UNA FALTA, SIN QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO CRITERIOS FIJOS, INAMOVIBLES O VINCULANTES.[27]

Bajo ese contexto, es evidente que en la doctrina judicial lo ajustado o no a Derecho de un acto o resolución debe plantearse y sostenerse con las irregularidades advertidas en lo considerado por la autoridad responsable respecto del propio acto impugnado, decidiéndose cada uno, con base en las circunstancias especiales que cada asunto reviste; esto es, las sanciones en materia de fiscalización que imponga la autoridad electoral administrativa a los partidos políticos, deben sostenerse en las circunstancias particulares en que es cometida una falta.

En ese sentido, deviene inoperante lo que refiere el partido en cuanto a una supuesta incongruencia desde una comparativa con otros sujetos fiscalizados o entidades, de ahí que su argumento de trato diferenciado hecho valer, carezca de sustento.

Por tanto, si el partido recurrente alega que debió de recibir un tratamiento flexible por la omisión de presentar un comprobante XML, en lo específico compararse con el Comité Directivo Estatal de Querétaro; lo cierto es que esa comparativa no puede ser analizada por esta Sala Regional; esto porque de lo precisado por el recurrente en su demanda no se logra evidenciar las circunstancias particulares en que se efectuó la flexibilización aducida, que a decir del partido guardaba similares características a la conclusión que se analiza.

En ese sentido, no es posible advertir de lo aducido en su demanda, si en efecto ambos entes fiscalizados se encontraban en igualdad de circunstancias y contaban con los mismos elementos de prueba que pudieran tener el mismo alcance, de ahí que esta Sala estime que es ineficaz el agravio.

Por otro lado, también es infundado el agravio relativo a la calificación de las faltas de las conclusiones impugnadas, ya que, en el caso en concreto, existen elementos para considerar las faltas como de carácter sustanciales. Ello ya que la falta de presentación del archivo “XML” impide la verificación inmediata de los comprobantes fiscales, propiciando una vulneración a la finalidad del sistema de contabilidad en línea.

Lo anterior ya que, considerar dichas faltas como formales, pudiera generar diversos incentivos negativos, como los siguientes: i) que los sujetos obligados le trasladen al INE la carga de obtener la documentación comprobatoria del gasto, ii) consecuentemente, se retrasaría la fiscalización electoral cuando uno de sus ejes rectores es la expedites, al no presentarle los documentos que generan mayores garantías de autenticidad y verificabilidad de la información documentada mediante facturas electrónicas.

Por tanto, dadas las particularidades del caso, se estima que fue correcto que el Consejo General del INE calificara como una falta sustancial la omisión de presentar los archivos “XML” de operaciones, ya que:

1.     Impide al INE contar de forma rápida con el archivo electrónico que genera las mayores garantías de integridad, autenticidad, unicidad y verificabilidad de las operaciones respectivas. Es decir, garantiza que el INE cuente con información confiable para desarrollar su función fiscalizadora.

2.     Afecta el desarrollo de una fiscalización ágil, pues, si bien es posible que el INE pueda recabar la documentación por otros medios, el sistema de fiscalización está diseñado para que la revisión se realice en plazos breves. Por tal motivo, se estima injustificado imponer una carga innecesaria que puede ser solventada mediante el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos fiscalizados y responsables directos de presentar la documentación que respalde sus gastos.

3.     Genera incentivos negativos, pues traslada al INE obligaciones de los partidos y puede dar lugar a malas prácticas, por ejemplo, que los partidos presenten su relación de gastos fuera del SIF con la expectativa de que el INE recabe la documentación comprobatoria correspondiente.

También puede ayudar a evitar la simulación de operaciones, por ejemplo, en el caso de que solo se presentaran facturas en formato PDF, el cual es susceptible de ser manipulado con relativa sencillez.

Así, en el caso concreto, MORENA no presentó los comprobantes idóneos que respaldaran su dicho. Incluso, en diversas oportunidades, la autoridad responsable requirió al partido recurrente para que presentara los archivos XML. No obstante, no presentó los comprobantes solicitados y, por ello, se tuvo como no atendida la observación.