JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL  CIUDADANO

México, Distrito Federal, a trece de abril de dos mil doce.

VISTOS, para resolver los autos de los Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave SDF-JDC-463/2012, promovido per saltum por Omar Alfonso Barrera Hernández, por su propio derecho, en contra de la omisión de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Morelos de emitir dictamen de procedencia o improcedencia respecto de la solicitud de registros de aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, para candidato a Diputado al Congreso del Estado de Morelos, en el Distrito Electoral I con cabecera en Cuernavaca Norte y que a su decir, constituyen irregularidades graves al Procedimiento Interno de Selección de candidato a Diputado al Congreso de dicha entidad federativa y la designación de candidatos, mismas que han producido diversas violaciones a sus derechos político electorales, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el actor expone en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, del expediente al rubro indicado, se advierte lo siguiente:

a) Procedimiento estatutario para selección de candidatos Convención. El nueve de noviembre de dos mil once, el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, acordó la Convención de Delegados como Procedimiento estatutario para postular candidatos propietarios al cargo de Diputados del Congreso del Estado de Morelos en el proceso electoral local 2011-2012.

b) Proceso Electoral Ordinario 2012. El primero de enero de dos mil doce, el Instituto Estatal Electoral de Morelos inició formalmente el Proceso Electoral Ordinario 2012, mediante el cual se elegirán entre otros cargos de elección popular, el de Diputados al Congreso de de dicha entidad federativa.

c) Convocatoria. El cuatro de marzo de la presente anualidad, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Morelos, emitió la convocatoria dirigida a los miembros y militantes de dicho partido, para que participaran en el proceso interno para seleccionar y postular a candidatos propietarios a diputados al Congreso del Estado, por el principio de mayoría relativa, en la que se estipuló entre otros puntos, que el procedimiento sería el de convención de delegados. 

d) Solicitud de Registro de precandidatos. De conformidad con la base Séptima de la convocatoria descrita anteriormente, el quince de marzo de la presente anualidad, se llevó a cabo la recepción de las solicitudes de registro de los aspirantes a precandidatos, entre otros, la del hoy actor.

e) Dictamen sobre el registro. El dieciséis siguiente, de conformidad con la base octava de la misma convocatoria, la Comisión Estatal de Procesos Internos en el Estado de Morelos del Partido Revolucionario Institucional, debió emitir y publicar en sus estrados, con efecto de notificación, el dictamen en el que se aceptara o negara la solicitud referida.

f) Publicación de listado de candidatos únicos. Afirma el inconforme que el domingo dieciocho de marzo del año en curso, se publicó en diversos periódicos en el Estado, un comunicado, mediante el cual se informa una supuesta lista de ciudadanos que han sido designados como candidatos únicos a Diputados Propietarios por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veintiuno de marzo del año en curso, el actor Omar Alfonso Barrera Hernández promovió per saltum, ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el juicio que motivó la integración del presente expediente, en el que aduce diversas irregularidades atribuidas a la Comisión Estatal de Procesos Internos y al Comité Directivo Estatal, así como al Comité Ejecutivo Nacional todos del citado instituto político, que en su concepto vulneran su derecho a ser votado a un cargo de elección popular.

III. Trámite. Mediante escrito, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el veintinueve de marzo del año en curso, la Secretaria de Acción Electoral y representante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, remitió el escrito de demanda con sus anexos, la documentación relativa a la publicitación del medio de impugnación, el informe circunstanciado, así como las demás constancias que consideró atinentes.

IV. Turno. El veintinueve de marzo del presente año, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, ordenó integrar el expediente SDF-JDC-463/2012 y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Angel Zarazúa Martínez para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; dicha determinación fue cumplida mediante oficio TEPJF-SDF-SGA/509/12, signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional.

V. Radicación y requerimiento. El tres de abril del presente año, el Magistrado Instructor radicó en la ponencia a su cargo el expediente materia de la presente determinación y con el objeto de contar con mayores elementos para la resolución del mismo, requirió a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos diversa documentación.

Dicho requerimiento fue desahogado mediante escrito, suscrito por el Presidente de la citada Comisión.

VI. Admisión y cierre de instrucción. El doce de abril siguiente, el Magistrado Ponente, admitió la demanda y al considerar que el expediente se encontraba en estado óptimo de resolución, declaró cerrada la instrucción, con lo cual los autos quedaron en estado de dictar sentencia, misma que se dicta al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, es competente para conocer y resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero y 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4, párrafo 1, 6, párrafo 3, 79, 80, párrafo 1 inciso g) y 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio promovido por un ciudadano, en el que controvierte diversos actos que atribuye a un órgano partidista del Partido Revolucionario Institucional, relacionados con el proceso interno de selección de candidatos a Diputados al Congreso del Estado de Morelos, entidad federativa en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Per saltum. La parte actora manifiesta que es procedente la promoción del presente juicio ciudadano, vía per saltum, en razón de que de agotar las instancias internas previstas en la normatividad del Partido Revolucionario Institucional, la violación que aduce a su derecho político-electoral pudiera tornarse irreparable, dado que el registro de candidaturas a cargos de Diputados al Congreso del Estado de Morelos ante la autoridad electoral administrativa local, se llevará a cabo del ocho al quince de abril del año en curso.

Al respecto, la justificación para acudir per saltum ante esta instancia jurisdiccional resulta fundada, en razón de las siguientes consideraciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, apartado I, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución y la ley.

En el mismo sentido, en los artículos 99, párrafo cuatro, fracción V, de la Ley Fundamental; 195, fracción IV, inciso d) de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 80, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece que para que los ciudadanos puedan acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se reclame la violación de alguno de los derechos político-electorales por parte de un partido político, será necesario que previamente se hayan agotado los medios de defensa establecidos en la normatividad interna de los institutos políticos.

En ese orden de ideas, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables consistentes en la restitución del pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, pues sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinaria, los justiciables debieron ocurrir previamente a medios de defensa e impugnación viables.

Cabe señalar, que ha sido criterio de la Sala Superior de este Tribunal, que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones, efectos o consecuencias, resulta válido tener por colmado el principio de definitividad y por consiguiente conocer del asunto bajo la vía per saltum.

Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal ha emitido las jurisprudencias 9/2001, 5/2005, 9/2007 y 11/2007, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO[1]; MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTO EN LA REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO[2]; PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL[3], y PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO O ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL PROMOVENTE[4].

Con base en dichos criterios jurisprudenciales, se desprende que la procedencia de los medios de impugnación federales, per saltum, no queda al arbitrio del enjuiciante, sino que es necesario que se cumplan ciertos requisitos o presupuestos para que se pueda conocer del juicio o recurso electoral federal sin que previamente se hayan agotado los medios de impugnación administrativos o jurisdiccionales, federales, locales o intrapartidistas, que puedan revocar, anular o modificar la resolución o acto impugnado.

Tales requisitos o presupuestos para acudir de manera excepcional y directa a esta Sala Regional consisten, entre otros, en que:

1.       Los órganos competentes para resolver los medios de impugnación previstos en la normativa local o interna de los partidos políticos, no estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos.

2.       No esté garantizada la independencia e imparcialidad de los integrantes de los órganos resolutores.

3.       No se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente.

4.       Los medios de impugnación ordinarios no resulten formal y materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de los derechos vulnerados.

5.       El actor desista del medio de impugnación local o partidista que haya promovido con anterioridad a su resolución.

6.       El agotamiento de los medios de impugnación locales o internos de los partidos políticos pueda afectar el derecho tutelado, porque el tiempo de promoción, tramitación y resolución de la impugnación interna implique una merma considerable o, inclusive, la extinción de las pretensiones, efectos o consecuencias.

7.       La demanda por la cual se promueva el juicio o recurso electoral federal debe ser presentada en el plazo previsto para la promoción del medio de impugnación local o partidista que corresponda, cuando no se haya promovido este último.

8.       De manera general, cuando se pretenda acudir per saltum a este órgano jurisdiccional, una vez desistido del medio de impugnación ordinario, la demanda por la que se promueva el juicio o recurso electoral federal, se debe presentar ante la autoridad que emitió el acto o resolución originalmente impugnado, o bien, ante el órgano al que compete conocer del medio de impugnación ordinario del cual desiste.

9.       No está justificado acudir per saltum a la jurisdicción electoral, si el conflicto puede tener solución conforme a la normativa local o partidista que corresponda.

Al respecto, esta Sala Regional estima procedente el conocimiento directo del asunto, sin agotarse previamente por la parte actora los medios de impugnación intrapartidistas, así como locales, atento que el plazo aludido para el registro de candidaturas a cargos de Diputados al Congreso del Estado de Morelos se encuentra actualmente transcurriendo, por lo que a efecto de no retrasar de manera innecesaria el pronunciamiento de este órgano jurisdiccional respecto del presente asunto, lo que pudiera traer como consecuencia la merma o extinción del derecho político electoral que el actor alega le fue transgredido por la responsable, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio.

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Se encuentran satisfechos los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la demanda se hizo valer ante la responsable; se señaló el nombre del actor, el domicilio para oír y recibir notificaciones, la mención de los hechos, la identificación de la resolución impugnada, los agravios que ésta le causa y se hizo constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

Además se cumplen con los siguientes requisitos:

Oportunidad. El juicio ciudadano se promovió en tiempo, atento que el actor se duele de la omisión de la responsable en emitir el dictamen de procedencia o improcedencia de su solicitud de registro como precandidato al cargo de Diputado al Congreso del Estado de Morelos, falta que se prolonga en el tiempo; de ahí que, al ser de tracto sucesivo, no hay plazo para computar el término para la impugnación.

Lo anterior, porque si bien conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables son impugnables los actos o resoluciones de las autoridades electorales y tales conceptos presuponen un hacer, como actos que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, tales acepciones genéricas interpretadas en forma amplia, refieren a cualquier situación de hecho o de derecho capaz de contravenir el orden constitucional y legal en la materia, proveniente de un hacer o de un no hacer, siempre que en este último supuesto, como omisión propia, exista una norma jurídica que imponga tal deber jurídico de hacer a la autoridad señalada como responsable, como ocurre en el caso.

Es aplicable en apoyo de la consideración anterior, la jurisprudencia 41/2002, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en las páginas 414 y 415 de la Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, cuyo rubro y texto son:

“OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.- Los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, párrafos 1, inciso a), y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se refieren a actos y resoluciones de las autoridades electorales susceptibles de ser impugnados. No obstante que, en principio, la expresión acto presupone un hacer, es decir, un acto que crea, modifica o extingue derechos u obligaciones, y la resolución sería el resultado de ese hacer que también tendría esa aptitud jurídica, lo cierto es que el primero de los términos debe entenderse en un sentido más amplio, como toda situación fáctica o jurídica que tenga una suficiencia tal que la haga capaz de alterar el orden constitucional y legal, ya sea que provenga de un hacer (acto en sentido estricto) o un no hacer (omisión propiamente dicha), siempre que, en este último supuesto, exista una norma jurídica que imponga ese deber jurídico de hacer a la autoridad identificada como responsable, a fin de dar eficacia al sistema de medios de impugnación en materia electoral, al tenor de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal."

De tal manera, si el promovente impugna en este juicio la omisión antes precisada, y ésta produce efectos perniciosos en su contra hasta en tanto no sea reparada, el plazo para impugnarla no debe tenerse por vencido, no obstante el tiempo transcurrido y, por tanto, la demanda puede presentarse en cualquier fecha.

Apoya la conclusión anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis relevante de este Tribunal Electoral, visible a páginas 1470 y 1471 de la Compilación 1997-2010 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, Volumen 2, Tomo II cuyo rubro y texto son:

“PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. En términos de lo dispuesto en el artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación.”

Legitimación. Se satisface este requisito porque el actor es un ciudadano que promueve por sí mismo y en forma individual, en defensa de un derecho propio, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 párrafo 1, de la ley adjetiva invocada.

Definitividad. Se cumple con este requisito, en virtud de que en el caso se actualiza la excepción al principio de definitividad, en términos de lo expuesto al analizar la procedencia de la vía per saltum, en el considerando que antecede.

Por lo anterior, y luego del análisis exhaustivo del expediente que se resuelve, esta Sala Regional arriba a la conclusión que no se actualiza causal de improcedencia alguna; por lo tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad, lo conducente es realizar el estudio de fondo del presente asunto.

CUARTO. Estudio de fondo. Aduce el accionante en sus agravios que la Comisión Estatal de Procesos Internos del instituto político en que milita, ha sido omisa en emitir el dictamen relativo a su solicitud de registro como precandidato del propio partido al cargo de Diputado al Congreso del Estado de Morelos, lo que vulnera en su perjuicio el derecho político-electoral a ser votado.

El agravio en análisis resulta parcialmente fundado, ya que la omisión imputada por el actor al órgano responsable ha sido subsanada por éste.

En efecto, tal y como se anotó en los antecedentes de la presente resolución, el pasado tres de abril del año en curso, el Magistrado instructor requirió a la Comisión Estatal responsable que informara el estado procesal de la solicitud de registro como precandidato del hoy actor y remitiera las constancias atinentes.

En cumplimiento a lo anterior, mediante escrito de la misma fecha, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional, entre otros documentos, copia certificada del dictamen por el que se niega el registro al ciudadano Omar Alfonso Barrera Hernández, como precandidato en el proceso de elección de candidatos a Diputados al Congreso en esa entidad federativa, de la que se advierte que éste fue emitido el dieciséis de marzo del año que transcurre (foja 235, vuelta, del expediente).

Con apoyo a lo anterior, se llega al convencimiento de que desde la fecha antes indicada la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos emitió el dictamen que, en principio, el accionante aduce inexistente.

Lo anterior hace evidente que toda vez que la autoridad responsable emitió el dictamen cuya omisión constituye uno de los actos reclamados en el presente juicio, este ha quedado sin materia por cuanto hace a este aspecto.

En consecuencia lo procedente en este asunto es declarar el sobreseimiento del mismo, por cuanto hace al acto consistente en la supuesta omisión por parte del órgano responsable de emitir el Dictamen de mérito.

Por otra parte, lo fundado del motivo de inconformidad expuesto, reside en que si bien la Comisión responsable acompañó al referido escrito copia certificada del dictamen mediante el cual determinó la improcedencia de la solicitud de registro del hoy actor como precandidato al cargo de Diputado al Congreso del Estado de Morelos, así como de la razón de fijación en estrados de veinte de marzo de este año, lo cierto es que esa notificación no se realizó en la fecha establecida en la base Octava de la Convocatoria, esto es el dieciséis de marzo del año en curso, además que del contenido de dicha publicación no se puede tener certeza de que el actor haya tenido conocimiento fehaciente del contenido del Dictamen, dado que incluso la publicación referida no contiene un listado de las solicitudes cuyo registro fue negado, produciendo incertidumbre respecto del momento en que los interesados pudieron tener conocimiento del contenido del mismo y, en su caso, atacarlo por la vía legal que estimara conveniente a sus intereses.

Consecuentemente, con el objeto de hacer efectiva la garantía de tutela judicial completa y efectiva, reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al encontrarse el referido dictamen en los autos que integran el presente expediente, para garantizar el conocimiento pleno del actor respecto de la determinación de la autoridad intrapartidaria, por cuanto hace a su solicitud de registro como precandidato a Diputado del Congreso del Estado de Morelos, emitida por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad federativa, al momento en que se notifique la presente sentencia, deberá acompañarse copia certificada del dictamen referido.

Se dejan a salvo los derechos del actor para que de estimarlo pertinente, impugne el dictamen de referencia, para lo cual deberá presentar su demanda ante el órgano partidista responsable, dentro del plazo previsto en la propia normatividad intrapartidaria.

De ser el caso, y por cuanto hace al trámite del medio de impugnación, el órgano partidista responsable deberá remitir de inmediato a esta Sala Regional, tanto la demanda original como su informe circunstanciado, así como las demás constancias que estime necesarias para la resolución del asunto, con independencia de que posteriormente remita las constancias de publicitación respectivas. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por todo lo expuesto y fundado se,

R E S U E L V E

PRIMERO. Se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por cuanto hace a la omisión atribuida por Omar Alfonso Barrera Hernández, a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO. Expídase y entréguese al actor copia certificada del dictamen relativo a su solicitud de registro como precandidato a Diputado por el Primer Distrito Electoral del Congreso del Estado de Morelos, emitido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad federativa.

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos del actor, para que de estimarlo pertinente impugne el dictamen de referencia, en términos de lo dispuesto en la parte final de esta sentencia.

CUARTO. De ser el caso, el órgano partidista responsable deberá tramitar el medio de impugnación promovido por el actor, conforme al procedimiento establecido en la parte considerativa de esta resolución.

QUINTO. Se apercibe a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Morelos, que en caso de no cumplir puntualmente con lo ordenado en el presente fallo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

NOTIFÍQUESE por mensajería especializada al actor; por oficio, con copia certificada de la presente sentencia, a la Comisión Estatal de Proceso Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos y por estrados a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, párrafo 3; 28; 29; y 84, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 103 y 106 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

POR MINISTERIO DE LEY

EDUARDO ARANA MIRAVAL

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JESÚS ARMANDO PÉREZ GONZÁLEZ