JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SDF-JDC-2212/2016

ACTOR:

JOSÉ ALFREDO SAUZA TREJO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA:

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIO:

OMAR ERNESTO ANDUJO BITAR[1]

ACUERDO PLENARIO

Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil diecisiete.

El Pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción, en sesión privada acuerda tener por cumplido lo ordenado en la sentencia emitida en el presente juicio, de conformidad con lo siguiente.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

I. Sentencia. El (22) veintidós de diciembre de (2016) dos mil dieciséis, el Pleno de esta Sala Regional determinó revocar[2] el Acto Impugnado y ordenó a la Autoridad Responsable que remitiera de inmediato, al Consejo General, la Queja -con sus respectivos anexos-, para efecto de que dicha autoridad la estudiara y determinara lo conducente.

La Sentencia fue notificada al Actor[3], a la Autoridad Responsable[4], al Consejo General[5] y por estrados[6] a los demás interesados el mismo (22) veintidós de diciembre.

II. Informe sobre el cumplimiento. En esa misma fecha, la Unidad Técnica remitió a esta Sala Regional las constancias con las informó el envío de la Queja al Consejo General, en cumplimiento a la Sentencia[7].

III. Turno para proveer respecto del cumplimiento. Ese mismo día, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de esta Sala Regional ordenó remitir el expediente
SDF-JDC-2212/2016 a la ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, por haber sido la ponente, quien acordó tenerlo por recibido el día siguiente.

IV. Requerimientos. Los días (21) veintiuno de febrero, (23) veintitrés de marzo y (10) diez de abril del año en curso, al no obrar constancia del trámite o resolución emitida por el Consejo General, la Magistrada Instructora solicitó a dicho órgano informara sobre el estado que guardaba la Queja[8].

V. Cumplimientos. Los días (22) veintidós de febrero, (28) veintiocho de marzo y (11) once de abril del presente año, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, en cumplimiento a las solicitudes mencionadas en el inciso anterior, informó respecto del estado que guardaba la Queja y remitió diversa documentación[9].

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Regional es competente para emitir el presente acuerdo plenario, en atención a que la competencia que tiene este órgano jurisdiccional para resolver los medios de impugnación sometidos a su jurisdicción incluye también el conocimiento de las cuestiones relacionadas con la ejecución y cumplimiento de sus sentencias. Pues solo así se puede hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, del cual se concluye que la jurisdicción de un tribunal no se agota con la emisión de una resolución, sino que, además, tiene obligación de vigilar que sus determinaciones se cumplan en los términos y en las condiciones que se hayan fijado.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 24/2001 de la Sala Superior de este tribunal de rubro TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES[10].

SEGUNDO. Cumplimiento de la Sentencia. Como se desprende de la parte conducente de la Sentencia, esta Sala Regional determinó lo siguiente[11]:

“(…) esta Sala Regional determinó de oficio la incompetencia de la Unidad Técnica para emitir el Acto Impugnado, lo procedente es revocarlo para el efecto de que la queja o denuncia presentada por el Demandante ante la Unidad Técnica el doce de septiembre del presente año sea remitida por ésta con sus respectivos anexos y de manera inmediata al Consejo General para efecto de que este órgano la estudie y determine lo conducente.

Tanto la Unidad Técnica como el Consejo General deberán informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a esta sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a que realicen las acciones ordenadas, acompañando las constancias que lo acrediten, apercibidas que en caso de incumplir lo ordenado, les será impuesta alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 32 de la Ley de Medios.”

De lo antes transcrito se desprende que la Unidad Técnica estaba obligada, esencialmente, a:

        Remitir de manera inmediata al Consejo General la Queja, con sus respectivos anexos.

        Informar a esta Sala Regional el cumplimiento dado a lo anterior dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes, acompañando las constancias que lo acreditaran.

Asimismo, el Consejo General estaba obligado, esencialmente, a:

        Estudiar y determinar lo que en derecho correspondiera respecto de la Queja.

        Informar a esta Sala Regional el cumplimiento dado a la Sentencia dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes a que ello ocurriera, acompañando las constancias que lo acreditaran.

En cuanto a la Autoridad Responsable, la sentencia le fue notificada el (22) veintidós de diciembre de (2016) dos mil dieciséis[12]. En el expediente consta que el mismo día remitió a esta Sala Regional el oficio INE/UTF/DRN/23962/2016[13] por el que informa que -en cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia- la Queja fue enviada al Secretario Ejecutivo del Consejo General para los efectos precisados en la Sentencia.

Ahora, si bien es cierto que lo anterior lo pretendió acreditar con la copia simple del oficio número INE/UTF/DRN/23961/2016, firmado por el Director de la Unidad Técnica y dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo General[14], también es cierto que el contenido de dicho documento fue corroborado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General mediante oficio INE-UT/1602/2017 de (22) veintidós de febrero del presente año[15].

Los anteriores documentos, analizados en su conjunto, merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 14 párrafos 4 inciso b) y 5; y 16 párrafos 1, 2 y 3 de la Ley de Medios.

Por tanto, esta Sala Regional concluye que la Unidad Técnica dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del presente Juicio Ciudadano, ya que remitió la Queja, con sus anexos, al Consejo General el (22) veintidós de diciembre de (2016) dos mil dieciséis. Asimismo, concluye que el cumplimiento referido se hizo de forma inmediata, pues se llevó a cabo el mismo día en que fue emitida la Sentencia, y se informó –igualmente- dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes.

Así, esta Sala Regional considera que se debe tener por cumplida la sentencia del presente juicio por cuanto hace a la Autoridad Responsable.

No pasa desapercibido que, en términos de la sentencia, era el Consejo General quien estaba obligado a estudiar y determinar lo que en derecho correspondiera respecto de la Queja e informar dicha determinación dentro de las (24) veinticuatro horas siguientes.

Del expediente se desprende que el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General informó a esta Sala Regional: a) la formación del cuaderno de antecedentes identificado con el número UT/SCG/CA/SRCM/CG/102/2016[16]; y b) que el (10) diez de abril del año en curso[17] resolvió el cierre del cuaderno de antecedentes, por considerar que no existían elementos con los que se acreditara (aun indiciariamente) alguna de las causas de remoción de los consejeros electorales locales previstas en el artículo 102 párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con base en lo anterior, y valoradas las constancias enviadas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General[18], en términos de los artículos 14 párrafos 4 inciso b) y 5, así como 16 párrafo 1, 2 y 3 de la Ley de Medios, esta Sala Regional considera que dicho órgano ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia; toda vez que el Consejo General -a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva- determinó lo que, a su juicio, correspondía en derecho y remitió a esta Sala Regional el resultado de la indagatoria el mismo día en que se determinó.

Cabe señalar que la actuación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva se ajustó a lo previsto en los artículos 5 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 5, 17, 19 y 20 del Reglamento de Quejas y Denuncias, al ser la autoridad prevista para llevar a cabo la investigación preliminar y determinar la admisión del procedimiento sancionador. Por tanto, si bien esta Sala Regional determinó que fuera el Consejo General quien resolviera lo que en derecho correspondiera, dada la naturaleza de la actuación analizada, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral -que forma parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General- es competente para emitir los pronunciamientos como el del presente caso.

Además, en caso de no estar de acuerdo con la resolución emitida por dicha Unidad, el Actor tenía expedito su derecho a impugnarla (en los términos de la normatividad); por lo que con el presente acuerdo no se prejuzga respecto del fondo de lo resuelto, pues dicha cuestión sería, en todo caso, materia de impugnación.

Finalmente, al estimarse innecesaria la realización de actuación procesal alguna, de conformidad con el artículo 199 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es archivar el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Por lo que esta Sala Regional

A C U E R D A

PRIMERO. Tener por cumplida la sentencia emitida por esta Sala Regional en el presente juicio.

SEGUNDO. Archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido, y en su oportunidad, devolver las constancias que correspondan.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados. Todo con fundamento en los artículos 26 párrafo 3, 28, 29, 84 párrafo 2 incisos a) y b), y 93 párrafo 2 incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.