JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SDF-JIN-2/2015 Y SU ACUMULADO

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 23 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN IZQUIERDA PROGRESISTA

MAGISTRADO: HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

SECRETARIOS: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO Y GERARDO RANGEL GUERRERO

México, Distrito Federal, veinticuatro de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal en sesión pública de la fecha, resuelve el juicio identificado al rubro, en el sentido de modificar el acta de cómputo distrital y confirmar la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 23 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Coyoacán, Distrito Federal.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

De lo expuesto por los Actores en sus demandas, así como de las constancias que obran en los expedientes, se advierten los siguientes:

I. Elección

1. Jornada electoral. El pasado siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de diputados federales.

2. Cómputo. El diez de junio de dos mil quince, el Consejo Distrital efectuó el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, determinando que la votación final obtenida por los contendientes fue conforme a lo siguiente:

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión que concluyó el once siguiente, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de las candidatas que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la Coalición Parcial, integrada por Ariadna Montiel Reyes y Alejandra Fernández Ramírez como propietaria y suplente, respectivamente.

II. Juicios de inconformidad

1. Presentación de demandas. Los pasados trece y quince de junio del presente año, se recibieron en la Oficina del Secretario del Consejo Distrital, los escritos de demanda signados por los representantes de los Actores en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados, y por tanto, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva.[1]

2. Remisión de los expedientes. Mediante oficios INE/CD23-DF/00457/2015 e INE/CD23-DF/00461/2015, de diecisiete y diecinueve de junio pasado, recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional en esas mismas fechas, la Autoridad responsable remitió las demandas, los informes circunstanciados, y demás constancias que estimó pertinentes.

3. Turno. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdos de diecisiete y diecinueve de junio del presente año, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración de los expedientes SDF-JIN-2/2015 y SDF-JIN-33/2015, así como su remisión a la ponencia del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

4. Radicación. Mediante acuerdos de diecinueve y veintidós de junio del año en curso, el Magistrado acordó la radicación de los expedientes.

5. Admisión y Requerimientos. Los siguientes veintidós y veinticinco, se admitieron a trámite las demandas de Juicio de inconformidad promovidas por los Actores y se requirió a la Autoridad responsable a efecto de que remitiera diversa documentación necesaria para la debida integración de los medios de impugnación.

Asimismo, para la resolución de los expedientes, mediante proveídos de tres y diez de julio, el Magistrado Instructor formuló requerimientos a diversas autoridades.

6. Cumplimiento de los requerimientos. Por acuerdos de treinta de junio, así como de diez y veinticuatro de julio del presente año, el Magistrado Instructor tuvo por cumplidos los requerimientos formulados.

7. Cierre de instrucción. Al estar debidamente integrados los expedientes, por acuerdos de veiticuatro de julio del año en curso, el Magistrado Instructor declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que se ordenó ponerlos en estado de resolución y formular los proyectos de sentencia respectivos.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de dos juicios de inconformidad promovidos por los Actores, para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría con motivo de los comicios en el Distrito, llevada a cabo por la Autoridad responsable; supuesto normativo respecto del cual tiene competencia y ámbito territorial sobre el que ejerce jurisdicción este Órgano Jurisdiccional.

Lo anterior con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo base VI, 60 párrafo segundo, 99 párrafo cuarto fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 1 fracción II, 184, 185, 186 fracción I, 192 y 195 fracción II.

Ley de Medios. Artículos 4 y 53 numeral 1 inciso b), en relación con el 50 numeral 1 inciso b).

El Acuerdo INE/CG182/2014 denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los 300 distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarán para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, tal como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General de treinta de septiembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil quince, del que se desprende que la Autoridad responsable pertenece a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. En el caso procede acumular los juicios de inconformidad, ya que esta Sala Regional advierte la existencia de conexidad en la causa, en virtud de que los Actores controvierten mismo acto, atribuido a idéntica autoridad, siendo su pretensión la misma, consistente en controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría en el Distrito.

Lo anterior se establece así, con la finalidad de lograr una expedita y coherente resolución de los juicios que están íntimamente vinculados, evitando con ello el dictado de sentencias contradictorias

En tal virtud, con fundamento en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica y 31 de la Ley de Medios, en relación con el 86 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, procede decretar la acumulación del expediente correspondiente al juicio de inconformidad SDF-JIN-33/2015 al diverso SDF-JIN-2/2015, por ser este último, el que se recibió en primer lugar en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que deberá glosarse copia certificada de esta sentencia en el expediente acumulado.

TERCERO. Requisitos de los escritos de tercero Interesado. Con relación al escrito presentado por Diego Alejandro Villanueva Gómez en el expediente SDF-JIN-2/2015, ostentándose como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital, toda vez que el pronunciamiento sobre la procedencia del mismo fue reservado por el Magistrado Instructor, a efecto de que fuera el Pleno de este Órgano Jurisdiccional el que determinara lo conducente, esta Sala Regional estima que no ha lugar a tenerlo compareciendo como tercero interesado, al tenor de las siguientes consideraciones.

De conformidad a lo previsto en el artículo 17 numerales 1 inciso b) y 4 de la Ley de Medios, dentro del plazo de setenta y dos horas contadas a partir del momento en que se haga de conocimiento público la presentación de un medio de impugnación, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

En efecto, con relación al escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática, a juicio de esta Sala Regional el mismo se presentó fuera del plazo antes referido, habida cuenta que de acuerdo con las razones de fijación[2] y retiro[3] de la correspondiente cédula de notificación del medio de impugnación, el plazo a que se refiere el artículo en cita, transcurrió de las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis siguiente.

Por lo tanto, si tal como se advierte del sello estampado en el escrito ingresado por el Partido de la Revolución Democrática ante la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional,[4] su presentación ocurrió a las diecinueve horas con treinta y nueve minutos del diecinueve de junio del año en curso, es inconcuso que la misma resulta extemporánea.

No obstante lo anterior, es menester apuntar que el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática también acudió a apersonarse como tercero interesado en el diverso SDF-JIN-33/2015; lo cual le fue reconocido en el auto admisorio, por lo que, resulta procedente efectuar el análisis de los requisitos del escrito presentado por el representante mencionado, al auspicio de lo siguiente.

I. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el nombre de quien comparece como tercero interesado, así como el nombre y firma de su representante; la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta, consistente en que se confirmen los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, realizado por el Consejo Distrital.

Al respecto, si bien el signante acude a nombre del Partido de la Revolución Democrática, como se explicará más adelante, debe entenderse que acude a nombre de la coalición que formó con el Partido del Trabajo.

II. Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, en atención a que el Consejo Distrital, mediante cédulas, publicitó la presentación del juicio de inconformidad SDF-JIN-33/2015. En el caso, según las razones de fijación[5] y retiro[6] de la cédula de notificación correspondiente, el plazo de setenta y dos horas de publicitación del medio de impugnación que dio origen al presente juicio, transcurrió de las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del quince de junio del año en curso a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho siguiente.

Con base en lo anterior, si la tercera interesada presentó su escrito[7] el diecisiete de junio a las veinte horas con quince minutos, es inconcuso que fue oportuno.

III. Legitimación y personería. La Coalición parcial cuenta con legitimación para acudir a la presente instancia, pues está integrada por dos partidos políticos nacionales que contendieron en la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el Distrito, por lo que tienen un interés incompatible con la pretensión de anular la mencionada elección.

Efectivamente, en términos del artículo 12 numeral 1 inciso c) de la Ley de Medios, se considera que la Coalición parcial tiene acreditada la legitimación para comparecer como tercera interesada en el presente juicio, toda vez que tiene un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con el que pretenden los Actores, quienes como última intención solicitan anular el acto del Consejo Distrital consistente en la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría.

Por otra parte, Diego Alejandro Villanueva González, en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática tiene personalidad en términos de lo previsto en la cláusula Sexta del Convenio[8] de coalición flexible para la postulación de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2014-2015, en el cual se estableció que la representación legal de la Coalición parcial correspondería en cada distrito al partido político del que hubiera emanado el candidato propietario de la fórmula respectiva.

Ahora bien, en términos de la cláusula Quinta del señalado convenio, se advierte que al Partido de la Revolución Democrática le correspondió postular a la fórmula de candidatos del 23 distrito electoral federal en el Distrito Federal.

En consecuencia, de conformidad con las disposiciones antes señaladas, es a dicho partido político al que le corresponde la representación legal para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la Ley de Medios, de ahí que si quien promueve, en principio, lo hace a nombre del Partido de la Revolución Democrática, atendiendo a lo previsto en el citado Convenio, debe tenerse a la Coalición parcial compareciendo como tercera.

Lo anterior encuentra sustento en la razón esencial de la jurisprudencia 21/2002,[9] aprobada por la Sala Superior bajo el rubro: COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL.

En este sentido, si bien el artículo 54 de la Ley de Medios refiere que el juicio de inconformidad sólo podrá ser promovido por los partidos políticos de conformidad con lo sostenido en la jurisprudencia antes aludida, dicha disposición debe hacerse extensiva a las coaliciones, en el sentido de que cuentan con el derecho para interponer los respectivos medios de impugnación y comparecer como terceras interesadas.

Por cuanto a la personería, se tiene por acreditada la de Diego Alejandro Villanueva González, como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante la Autoridad responsable, lo que se desprende de las documentales: a) Acta de Cómputo Distrital de Diputados Federales de Mayoría Relativa; b) Acta de Cómputo Distrital de Diputados Federales de Representación Proporcional; y, c) Acta circunstanciada que se levanta con motivo del Cómputo Distrital del 23 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal, con motivo del Proceso Electoral Federal 2014-2015,[10] celebrada el diez de junio del año en curso, de las cuales se evidencia la calidad con que se ostenta.

Por lo expuesto, en términos del artículo 13 numeral 1 inciso a) fracción I de la Ley de Medios se tiene acreditada la personería del ciudadano mencionado para comparecer a nombre de la Coalición parcial.

IV. Argumentos planteados. La tercera interesada aduce, medularmente, que el escrito que dio lugar al presente juicio de inconformidad, no cumple con los requisitos previstos en el artículo 52 de la Ley de Medios para la presentación del medio de impugnación.

Adicionalmente, señala que en los argumentos y conceptos expresados por Morena, se omiten referencias concretas para solicitar la nulidad de la votación de casillas en específico, puesto que únicamente señala la presunta existencia de inconsistencias en “algunas” casillas.

Respecto al agravio relativo al supuesto desvío de recursos públicos, manifiesta que el medio de impugnación no es el idóneo para dar cauce a su agravio, además de que las pruebas ofrecidas no resultan aptas para acreditar las afirmaciones de Morena, pues se trata de meras presunciones.

Similares argumentos expresa la tercera interesada respecto del agravio de Morena relacionado con la presunta repartición de “tinacos” en período de campaña, ello pues considera que las pruebas no son contundentes para acreditar su dicho, en virtud de lo cual el motivo de disenso debe ser desestimado.

En razón de lo anterior, solicita el sobreseimiento y/o desechamiento de plano del juicio de inconformidad planteado por la parte actora.

CUARTO. Causas de improcedencia. A continuación, se estudiarán las causas de improcedencia invocadas por las partes, pues en caso de configurarse alguna, constituiría un obstáculo y, con ello, la imposibilidad de pronunciamiento sobre la controversia de fondo planteada.

I. Por lo que hace a las impugnaciones de los Actores, la Autoridad responsable, en su informe circunstanciado, señala que el juicio de inconformidad resulta improcedente, cuenta habida que:

a)    No es aplicable la causa de nulidad invocada, debido a que la votación en las casillas de referencia fue recibida por personal previamente autorizado o, en su caso, mediante suplencia por ausencia del personal autorizado, con base en el procedimiento previsto en el artículo 274 de la Ley Electoral, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 83 de ese ordenamiento.

b)   La nulidad de la votación recibida en casilla sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la Ley de Medios, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección, lo que no acontece en la especie, toda vez que la diferencia entre la fórmula de candidatas que obtuvo la mayoría de votos y la fórmula postulada por el PAN, es de veinte mil sufragios.

c)    Que conforme a lo previsto en los artículos 76 numeral 1 inciso a) de la Ley de Medios y 311 numeral 8 de la Ley Electoral, sesenta de las casillas mencionadas en la demanda, fueron objeto de recuento en la sesión de Cómputo Distrital, por lo que suponiendo sin conceder, que se hubiera actualizado alguna de las causales del artículo 75 de ese ordenamiento, la misma ya fue subsanada.

d)   Se trata, a su juicio, de una impugnación genérica, sin las probanzas suficientes, por lo que al solicitar la activación de la actuación jurisdiccional, los Promoventes muestran su mala fe o ignorancia de la normativa electoral.

e)    Que las casillas pueden funcionar con un menor número de integrantes hasta en tanto no se afecten sustantivamente las tareas asignadas.

A juicio de este Órgano Jurisdiccional, las causas de improcedencia sintetizadas en los incisos a) y e) resultan inatendibles, toda vez que por su conducto se pretende justificar la legalidad de la integración de las Mesas Directivas de Casilla, así como la revisión de su funcionamiento con un número menor de integrantes, cuestión que como puede verse con meridiana claridad involucra algunos de los aspectos de fondo del asunto; por ende, cuando un motivo de inejercitabilidad de los medios de impugnación está íntimamente relacionado con lo que en el propio medio ha de elucidarse en cuanto al fondo, el análisis respectivo ha de hacerse al dar respuesta a los agravios correspondientes.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia P./J. 92/99[11], sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro es: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.

Por lo que hace a la causa señalada en el inciso b) de la síntesis, esta Sala Regional estima que el planteamiento de la Autoridad responsable deviene infundado, toda vez que tratándose de las causas de nulidad previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios, está en juego la satisfacción de la legalidad de los actos relacionados con la validez de la votación recibida en cada casilla en particular, situación en la que todos los contendientes tienen interés jurídico; es decir, el agravio radica en la contravención a la normativa electoral conforme a la cual se debe recibir la votación.

Este criterio encuentra sustento en la tesis XXIX/97[12] de la Sala Superior, bajo el rubro: ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL INTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN.

Por otra parte, es infundado el motivo de improcedencia invocado por la Autoridad responsable y apuntado en el inciso c) de la síntesis, respecto de que en el caso de sesenta casillas de las impugnadas, éstas fueron objeto de recuento en el Consejo Distrital.

Lo anterior se estima en este sentido, toda vez que la impugnación de los Actores no está encaminada a combatir un tema relacionado con el error o dolo en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, lo que eventualmente, sí pudiera haber quedado subsanado a partir del recuento mencionado, sino que los agravios respectivos pretenden evidenciar infracciones relacionadas con la indebida integración de casillas e ilegal recepción de la votación; instalación de casillas en lugares distintos; ausencia de firma en actas de los funcionarios de casilla; apertura tardía de las casillas, así como otras violaciones constitucionales, aspectos que, como puede observarse nítidamente, no pueden ser remediados con el Cómputo Distrital, de ahí que esta causa devenga infundada.

Finalmente, con relación a la improcedencia reseñada en el inciso d) de la síntesis, vinculada con la presunta mala fe que la Autoridad responsable atribuye al PAN, así como los términos genéricos de la impugnación, importa traer a cuenta que ha sido criterio reiterado de esta Sala Regional que no es indispensable que los actores formulen detalladamente razonamientos lógico jurídicos que evidencien la ilegalidad del acto reclamado, por lo que tal como lo señala el artículo 23 numeral 1 de la Ley de Medios, se debe suplir la deficiencia en la exposición de los agravios, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, tal y como se establece en la jurisprudencia 03/2000,[13] cuyo rubro señala: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.

II. Por su parte, la tercera interesada manifiesta que el expediente SDF-JDC-JIN-33/2015, debe sobreseerse o, en su caso, ser desechado de plano, en razón de que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 52 de la Ley de Medios para la presentación del juicio de inconformidad.

Lo anterior pues Morena omite hacer referencias concretas respecto de la nulidad de la votación de casillas en específico, puesto que únicamente señala la presunta existencia de inconsistencias en “algunas” de ellas.

Por otra parte, estima que el juicio de inconformidad no es el medio idóneo para el planteamiento de agravios relativos al supuesto desvío de recursos públicos, ni tampoco para dirimir lo relacionado con la presunta repartición de “tinacos” en período de campaña, además de considerar que las pruebas aportadas por Morena no son idóneas para acreditar sus dichos, lo cuales califica como meras presunciones.

Al respecto, a juicio de esta Sala Regional las causas de improcedencia hechas valer por la tercera interesada resultan igualmente inatendibles, pues con relación a la presunta omisión de hacer señalamientos concretos respecto de casillas en específico, parte de una premisa errónea, pues la relación respectiva se encuentra contenida en el anexo identificado con el numeral quince del escrito presentado por Morena.

En la especie, habida cuenta que los escritos de demanda constituyen un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir y, en relación con ellos, se exhiben documentos que sustentan los agravios, debe considerarse que los mismos forman parte de la demanda y su contenido se encuentra integrado a ella.

Lo anterior pues los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente tienen que estar contenidos en el capítulo particular de los agravios.

Este criterio se encuentra contenido en las razones esenciales de las jurisprudencias XVII.2o.C.T. J/6[14] y 2/98,[15] sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito y la Sala Superior, respectivamente, bajo los rubros: DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.

Ahora bien, por lo que hace al argumento relacionado con que el juicio de inconformidad no es el medio idóneo para el planteamiento de agravios relativos al supuesto desvío de recursos públicos, ni tampoco apara dirimir lo relacionado con la presunta repartición de “tinacos” en período de campaña, este Órgano Jurisdiccional considera que es de desestimarse la causa de improcedencia, habida cuenta que de conformidad con lo establecido en la Base VI del artículo 41 de la Constitución, el sistema de medios de impugnación tiene como propósito garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, en virtud de lo cual, se encuentra establecido un sistema de nulidades de las elecciones federales, cuya finalidad es verificar la actualización o no de violaciones a los principios rectores de los procesos electorales.

En consecuencia, es claro que la impugnación de Morena está enderezada a demostrar lo que asegura son violaciones constitucionales cometidas en la elección del Distrito, específicamente el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución, asertos que, de llegar a actualizarse, podrían producir la nulidad de los comicios; por ende, esta Sala Regional estima atendible proceder al examen de los asertos respectivos.

QUINTO. Requisitos de procedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, este Órgano Jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9 numeral 1, 52 numeral 1, 54 numeral 1 inciso a) y 55 numeral 1 inciso b) de la Ley de Medios para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, de conformidad con los siguientes razonamientos.

1. Requisitos generales.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la Autoridad responsable; en ellas se hicieron constar las denominaciones de los Promoventes, así como los nombres y firmas de quienes acudieron en su representación y el domicilio para recibir notificaciones; igualmente, se mencionan los actos impugnados, hechos, agravios o motivos de perjuicio y los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. Las demandas se presentaron en tiempo, en tanto que se interpusieron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55 numeral 1 inciso b) de la Ley de Medios, el cual transcurrió del doce al quince de junio del año en curso.

Lo anterior toda vez que el referido cómputo distrital concluyó a las cinco horas con siete minutos del once de junio del presente año, según se desprende de la copia certificada del acta circunstanciada que del mismo levantó el Consejo Distrital.[16]

Por tanto, si como se advierte de los sellos estampados en las demandas, éstas se presentaron el trece de los mismos mes y año, por lo que hace al PAN,[17] así como el quince siguiente, en el caso de Morena,[18] es inconcuso que su presentación fue oportuna.

c) Legitimación y personería. Los Actores se encuentran legitimados para los presentes juicios de inconformidad, en términos de lo previsto en el artículo 54 numeral 1 inciso a) de la Ley de Medios, pues se trata de partidos políticos.

Igualmente se reconoce la personería de Santiago Torreblanca Engell, en su carácter de representante suplente del PAN ante el Consejo Distrital, al tener acreditada esa calidad según se desprende de la copia simple del acuse de recibo del escrito presentado por el Presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal ante el Consejo Local, mediante el cual solicitó su registro con tal calidad, aunado al hecho de que en términos del artículo 18 numeral 2 inciso a) de la Ley de Medios, dicha autoridad así lo reconoció en el informe circunstanciado que remite.

Respecto de Juan José Saldaña Barrascout, también se reconoce su personería como representante propietario de Morena ante el Consejo Distrital, calidad que se acredita de la copia simple del oficio INE/CD23-DF/00408/15,[19] suscrito por el Consejero Presidente del referido órgano distrital, por el que se dirige a dicho representante con el propósito de invitarlo a la reunión de trabajo celebrada el pasado nueve de junio, para abordar asuntos relacionados con la sesión de Cómputo Distrital, aunado al hecho de que en términos del artículo 18 numeral 2 inciso a) de la Ley de Medios, así le fue reconocida en el respectivo informe circunstanciado, por esa autoridad.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 1 inciso a) fracción I de la Ley de Medios, se tiene por reconocida a Santiago Torreblanca Engell y a Juan José Saldaña Barrascout la respectiva personería con la que se ostentan.

2. Requisitos Especiales.

Los escritos de demanda satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52 numeral 1 de la Ley de Medios, de conformidad con lo siguiente.

a) Tipo de elección. Los Actores enderezan su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa; la correspondiente declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el Consejo Distrital.

b) Casillas. En las demandas se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita anular, así como las causales de nulidad que se invocan.

Así, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad, lo conducente es entrar al estudio de fondo de las cuestiones planteadas.

SEXTO. Constitucionalidad de los actos planteada por la Autoridad responsable. Con independencia de las causas de improcedencia hechas valer por la Autoridad responsable en su informe circunstanciado, las cuales ya fueron objeto de estudio por parte esta Sala Regional en el considerando CUARTO de este fallo, el Consejo Distrital plantea la constitucionalidad de los actos impugnados, conforme a lo siguiente:

-         Que respecto de las conductas vinculadas con el presunto uso ilegal de recursos públicos, Morena no solicitó el ejercicio de las facultades con que cuenta la Autoridad responsable en su carácter de oficialía electoral;

-         Que dichas conductas son punibles conforme a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y no guardan relación con las hipótesis previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios; y,

-         Que las violaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, no son aplicables al ámbito federal.

En tal sentido, cuenta habida que las manifestaciones antes señaladas se encuentran vinculadas con el fondo de los juicios de inconformidad a estudio, dichos aspectos deberán ser materia de pronunciamiento por parte de esta Sala Regional, en el considerando respectivo.

SÉPTIMO. Estudio previo. Con antelación a dar respuesta a los agravios expuestos por los Actores, esta Sala Regional considera relevante emprender un estudio previo del régimen de nulidades en el ordenamiento mexicano, en los términos siguientes.

I. Marco Normativo de las Nulidades.

En ese contexto, cabe precisar que una de las características de un Estado Democrático es la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en las urnas.

Así, las elecciones deben cumplir con los principios constitucionales de libertad de sufragio (las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas y el sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo); de equidad en la contienda (en el financiamiento público de los partidos políticos y sus precampañas y campañas electorales así como en el acceso a medios de comunicación), de imparcialidad e independencia de los órganos electorales (la organización de las elecciones debe hacerse a través de un organismo público y autónomo) así como con los rectores de la función estatal de organizar y calificar los comicios (la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, principios rectores del proceso electoral).

En caso de que, en un proceso electoral de un Estado Democrático se vulnere cualquiera de estos principios, ello puede generar la declaración de nulidad de la elección respectiva.

En ese orden de ideas, esta Sala Regional considera relevante distinguir los tipos de nulidades que pueden presentarse en el ordenamiento jurídico, al tenor de la siguiente tipología:

a)                NULIDAD DE ELECCIONES POR VIOLACIONES CONSTITUCIONALES. En primer término, es conveniente revisar cómo se desenvuelve el marco constitucional y legal actual para decretarse la nulidad de una elección en términos de las hipótesis específicas del artículo 41 Base VI de la Constitución; así como por violaciones a principios constitucionales que rigen las elecciones en México, estableciendo al efecto los elementos básicos de su funcionamiento en el ordenamiento jurídico.

b)                NULIDAD DE ELECCIONES POR VIOLACIONES LEGALES ESPECÍFICAS. En segundo lugar, resulta oportuno estudiar cuáles son las causas legales para decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas; la nulidad producida por causas genéricas sustanciales que afecten la elección y, finalmente, encontramos la nulidad de una elección federal de diputado de mayoría relativa, como consecuencia de violaciones legales específicas.

c)                NULIDAD DE ELECCIONES POR VIOLACIONES LEGALES GENÉRICAS, CONFORME AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE MEDIOS.

1. Nulidad de elección por violaciones constitucionales. Dentro de este tipo de nulidad, es posible distinguir las siguientes subclasificaciones.

1.1. Nulidad por las causas específicas estatuidas en el artículo 41 Base VI de la Constitución (Tutela de la equidad en la contienda).

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entre otras, una reforma al artículo 41 Base VI de la Constitución, en la que se insertó el siguiente texto:

“Artículo 41.

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La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.”

Como puede desprenderse de la transcripción anterior, el Poder de Reforma estatuyó a nivel constitucional, supuestos específicos de nulidad de la elección por violación, específicamente, para tutelar los siguientes aspectos iusfundamentales:

1.    Principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos -artículo 134 en relación con el 41 párrafo segundo, Base II, de la Constitución-.

2.    Asegurar que los partidos políticos nacionales cuenten, de manera equitativa, con los instrumentos que les permitan llevar a cabo sus actividades -artículo 41 párrafo segundo Base II de la Constitución-.

3.    Salvaguardar la equidad en el financiamiento público -artículos 41 párrafo segundo base I y 116 fracción IV inciso g) de la Constitución-; y,

4.    La prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado (artículo 41 párrafo segundo Base II de la Constitución).

1.2. Estándares que debe revestir la violación para que sea susceptible de propiciar la nulidad de la elección.

Son tres los estándares o requisitos que la violación debe satisfacer para que ésta produzca la nulidad de la elección, a saber:

a)    Que sea grave

b)   Que sea dolosa; y,

c)    Que sea determinante

Por lo que ve a las dos primeras características antes mencionadas, es la Ley de Medios el instrumento a través del cual el legislador democrático ha definido con toda precisión qué se entiende por las connotaciones: grave y dolosa, tal y como se desprende del artículo 78 bis numerales 4 y 5 del ordenamiento en cita, en los siguientes términos:

        Son graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

        Se estiman dolosas las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

En relación con la connotación determinante, en la propia Constitución se establece que, en todo caso, aquélla condición se presumirá cuando la diferencia de la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar de la elección de que se trate, sea menor al cinco por ciento.

Como puede verse, la Constitución define con toda precisión el parámetro para establecer cuándo la violación es determinante, pero únicamente, en cuanto a la vertiente cuantitativa, por lo que el ámbito cualitativo[20], queda sujeto a la determinación de este Tribunal Electoral, en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración y de acuerdo con las peculiaridades del mismo[21].

Aunado a las características anteriores, la propia Constitución dispone que las violaciones que en cada caso se impugnen, deben quedar acreditadas de manera objetiva y material para que sea procedente decretar la nulidad de la elección y no en base a inferencias.

1.3. Hipótesis específicas de nulidad por vulneración al principio de equidad en la contienda.

Ahora bien, no por cualquier motivo puede decretarse la nulidad en términos del artículo 41 Base VI de la Constitución, sino que el Poder de Reforma circunscribió dicha posibilidad a los siguientes ámbitos:

a)    Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

b)   Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y

c)    Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

2. Nulidad de la elección por violación a principios constitucionales.

En adición a las causas específicas antes examinadas, debe considerarse la posibilidad de decretar la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales que rigen la materia, hipótesis que ha sido reiterada en distintos criterios de este Tribunal Electoral.

Ciertamente, cuando a través de los medios de impugnación, se constata la vulneración de los principios constitucionales cuyo respeto deviene indispensable para considerar que una elección ha sido libre, auténtica y democrática, siempre que la misma se encuentre plenamente acreditada, sea grave y resulte determinante para el resultado de la elección, es procedente decretar la nulidad del proceso comicial de que se trate.

El someter a escrutinio una elección, no solamente tiende a salvaguardar los principios constitucionales que rigen la materia, sino también una amplia gama de derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en los distintos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte signante, específicamente, las prerrogativas de votar y ser votado en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

De esta suerte, la revisión en sede judicial de una elección, se endereza a tutelar, entre otros, al menos los siguientes principios y derechos fundamentales atinentes a la materia electoral:

1.    Los derechos fundamentales a votar, ser votado, de asociación y de afiliación -artículos 35 fracciones I, II y III, y 41 párrafo segundo fracción I párrafo segundo de la Constitución; 25 inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso b) de la Convención-.

2.    Contar con acceso, por todos los ciudadanos, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país -artículos 25 inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso c) de la Convención-.

3.    Elecciones libres, auténticas y periódicas -artículos 41 párrafo segundo de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso b) de la Convención-.

4.    Preservar el sufragio universal, libre, secreto y directo -artículos 41 párrafo segundo base I párrafo segundo; y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución; 25, inciso b) del Pacto Internacional y 23.1, inciso b) de la Convención-.

5.    La libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones artículos 6 y 7 de la Constitución; 25.1 de la Convención y 19 del Pacto Internacional-.

6.    Organización de las elecciones por un organismo constitucional y autónomo -artículo 41 párrafo segundo Base V de la Constitución-.

7.    Salvaguarda de los principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad -artículos 41 párrafo segundo Base V Apartado A párrafo primero y 116 fracción IV inciso b) de la Constitución-.

8.    Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral -artículos 14, 16, 17, 41 párrafo segundo Base VI y 116 fracción IV inciso l) de la Constitución y 25.1 de la Convención-.

9.    La definitividad en materia electoral -artículo 41 párrafo segundo base VI y 116 fracción IV inciso m) de la Constitución-, y

10.           Solamente la ley puede establecer nulidades -artículo 99 párrafo cuarto fracción II párrafo segundo de la Constitución-.

Dichos principios permean todo el ordenamiento jurídico, por lo que su estricto cumplimiento constituye una condición sine qua non, para estimar la validez de cualquier elección constitucional en México[22].

En este sentido, como lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal Electoral, mediante el establecimiento de una importante doctrina de precedentes judiciales[23], no es óbice para revisar la validez de una elección por violación a principios constitucionales, la circunstancia de que el artículo 99 fracción II párrafo segundo de la Constitución, prevea como uno de los principios rectores del sistema de nulidades, el atinente a que dicha sanción o consecuencia legal solamente puede decretarse por las causas expresamente previstas en la ley; cuenta habida que ello no implica prohibición para que las salas de este Tribunal, en su calidad de Tribunal Constitucional especializado en la materia, determinen si una elección se ajustó o no a los principios constitucionales.

Así, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, este Tribunal no sólo es garante del principio de legalidad, sino concomitantemente, del de constitucionalidad, pues así lo dispone expresamente el numeral 41 párrafo segundo Base VI de la Constitución.

Efectivamente, por un lado, el principio relativo a que la nulidad de una elección solamente puede decretarse por las causas expresamente previstas en la ley, en cualquier caso, se refiere a las nulidades de nivel legal, pero desde luego, no enmarcan a aquellas de nivel constitucional.

La aseveración que antecede, exige adoptar un entendimiento constitucionalmente adecuado de los artículos 41, 99, 105 y 116 de la Constitución, a través del cual, sea dable concluir válidamente que, por una parte, la Carta Magna ordena al Tribunal Electoral que tratándose de la invalidez de una elección por motivos ordinarios o de entidad secundaria, ésta se surta únicamente con base en las hipótesis expresamente estatuidas en la ley; pero que sin que ello se traduzca en un valladar para el eventual escrutinio de una elección por violaciones a principios constitucionales.

El entendimiento de la doble intervención que tiene este Tribunal Constitucional en la revisión de las elecciones, parte de la necesidad de dotar de coherencia al propio sistema de nulidades, puesto que resultaría un contrasentido considerar que los procesos electorales solamente están garantizados frente a violaciones específicas de nivel legal, pero no así respecto a vulneraciones a principios constitucionales y derechos fundamentales que, desde luego, tienen una mayor entidad en términos de los principios pro persona y de supremacía constitucional que albergan los artículos 1° y 133 de la Norma Fundamental.

Al respecto, la doctrina de la Sala Superior ha fijado la postura de que las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución, no son la única fuente o vía para regular los supuestos permisivos, prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen las elecciones a cargos de elección popular, de manera tal que se puede decretar la invalidez o la nulidad de una elección por la violación o conculcación a principios constitucionales.

En efecto, puede acontecer que las irregularidades alegadas, aun cuando no estén previstas en una ley electoral ordinaria constituyan la conculcación directa a una disposición constitucional, en la cual se determine cómo deben ser las elecciones para calificarlas como democráticas, puesto que, como se indicó, en la Constitución Federal se consagran los principios que deben observarse en la elección de los poderes públicos.

De esta forma, si se presentan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral son contrarias a una disposición constitucional, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante el proceso comicial atinente, podría conducir a la invalidez de la elección por ser contraria a los principios de la Ley Fundamental.

Si llega a presentarse esta situación, el proceso sería inconstitucional y esa condición haría suficiente para tornarlo ilícito, al contravenir el orden constitucional, con lo cual no podría generar efecto válido alguno, sino que, por el contrario, probados esos extremos debe aplicarse, como consecuencia normativa, la privación de validez del acto o resolución que se encuentre viciado.

Lo anterior es así, ya que se trata, en realidad, de normas que condicionan la validez sustancial del proceso comicial, susceptibles de tutela judicial inmediata por los tribunales a quienes se encomienda el sistema de control de constitucionalidad y legalidad electoral, es decir, por las salas del Tribunal Electoral, a través de los diversos medios de impugnación establecidos para ese efecto, lo cual constituye un derecho de los justiciables, tutelado en el artículo 17 constitucional, para que sus pretensiones sean resueltas.

En esas condiciones, es dable concluir que las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución, no son la única fuente o vía para controlar la regularidad constitucional de las elecciones a un cargo de elección popular.

De lo anterior se sigue que las atribuciones asignadas a las Salas del Tribunal Electoral en la Norma Fundamental, conllevan a garantizar que los comicios se ajusten no solamente a los principios de legalidad sino también a los de convencionalidad y constitucionalidad, de modo tal que cuando se realice un estudio para constatar que el proceso electoral cumplió con los referidos principios, se pueda determinar si la elección es válida o no.

Luego, resulta evidente que una elección no se puede calificar como libre y auténtica de carácter democrática en los términos de la Constitución, cuando no se ajusta a los principios o reglas previstos en ella, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino, por el contrario, debe ser privada de efectos, lo cual puede identificarse como una causa de invalidez por violaciones constitucionales.

Ciertamente, si una elección debe declararse nula por resultar contraria a los supuestos legales previstos por el legislador, como consecuencia de la irradiación de los principios pro persona y de supremacía constitucional, con mayor razón cabe su anulación cuando han sido violentados diversos mandatos constitucionales y convencionales, dado que sus resultados no pueden considerarse aptos para renovar los cargos de elección popular. En ese contexto, la plena observancia de la normativa constitucional y de los parámetros de convencionalidad, obligan a las autoridades competentes, dentro de las cuales se encuentra, desde luego, este Tribunal Electoral, a garantizar cabalmente su aplicación, así como a sancionar los actos e incluso normas que las contravengan.

Bajo el cúmulo de argumentos hasta aquí expuestos, esta Sala Regional, siguiendo los criterios sentados por la Sala Superior, arriba a la convicción de que es constitucionalmente factible y válido concluir que los actos o resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones de la Constitución o a los parámetros de derecho internacional aplicables e impacten en los procesos comiciales (supuestos o hechos operativos), constituyen causa de invalidez de éstos, lo que conduce a que, mediante la declaración judicial correspondiente, se determine su ineficacia (consecuencia normativa).

Alcanzar un entendimiento en sentido inverso, implicaría hacer nugatorio lo establecido en el conjunto de preceptos de la Constitución y que tienen relación inmediata o mediata con la materia electoral, bajo el inconexo argumento de que en una norma secundaria no se recoja, como hipótesis de invalidez, la conculcación de las normas y principios constitucionales y convencionales que rigen los comicios, lo cual haría disfuncional el sistema, produciendo la consecuencia incongruente de inaplicar determinados mandatos constitucionales, al supeditar su eficacia a que el legislador ordinario recoja en la ley inferior la violación constitucional como causa de nulidad de una elección.

Conclusión directa de lo anterior es que en concepto de esta Sala Regional, la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, no solamente puede declararse inválida o nula por la actualización de los supuestos específicos del artículo 41 Base VI de la Constitución que han sido examinados en este estudio, sino también por la conculcación de los principios constitucionales o convencionales aplicables en la materia.

2.1. Elementos para decretar la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales.

Siguiendo con la doctrina judicial sentada por la Sala Superior, es posible obtener que los elementos o condiciones de la invalidez o nulidad de la elección por violación de principios constitucionales son, capitalmente, los siguientes:

a)    Que se plantee un hecho que se estima violatorio de algún principio o norma constitucional o convencional -violaciones sustanciales o irregularidades graves-.

b)   Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén acreditadas objetiva y materialmente.

c)    Que sea posible constatar el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o convencional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y

d)   Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Con relación a los dos primeros requisitos, la doctrina de la Sala Superior ha sostenido que corresponde a la parte actora exponer los hechos que, en su opinión, infringen algún principio o precepto constitucional o convencional, para lo cual, es indispensable que se ofrezcan y aporten los elementos de prueba pertinentes y necesarios para acreditar el hecho motivo de la violación constitucional. Demostrados fehacientemente tales extremos, eventualmente, se puede declarar la invalidez de la elección por violación o conculcación de principios o normas constitucionales y convencionales.

2.2. La determinancia para decretar la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales.

Para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas constitucionales o principios fundamentales, es necesario que esa violación sea grave, dolosa, generalizada y, además determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo al candidato ganador.

Tales requisitos garantizan la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, y otorgan certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados. De no exigirse, según el caso, que la violación sea sustantiva, generalizada y determinante, se podría llegar al extremo incoherente de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.

Sobre el carácter o factor determinante de la violación, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que una irregularidad se puede considerar determinante desde dos puntos de vista:

        El cuantitativo o aritmético; y,

        El cualitativo o sustancial.

El primero, es el cartabón aritmético para establecer cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o para la validez de una elección.

El segundo, se proyecta de modo que atiende a la naturaleza de la violación, vislumbrando la finalidad de la norma jurídica o del principio constitucional o convencional que se considera vulnerado por una parte; y, por otra, tomando en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias particulares en que se cometió.

De esta guisa, como lo ha sostenido la Sala Superior, el carácter determinante no está supeditado exclusivamente a un factor cuantitativo o aritmético, sino que también se puede actualizar a partir de criterios cualitativos; por las circunstancias particulares en las que se cometió la infracción; por las consecuencias de la transgresión o la relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta infractora; así como por el grado de afectación del normal desarrollo del procedimiento electoral, respecto a la tutela de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

3. Nulidad de elecciones por violaciones legales específicas. Desde la vertiente legal, el sistema de nulidades se divide, en esencia, de la siguiente forma:

1.    Causas específicas de nulidad de la votación recibida en las casillas.

2.    Causas genéricas sustanciales que afecten la elección; y,

3.    Nulidad de una elección federal de diputado de mayoría relativa, como consecuencia de violaciones legales específicas.

3.1. Causas específicas de nulidad de la votación recibida en las casillas.

Estos motivos de nulidad se hallan insertos en el artículo 75 de la Ley de Medios, y se actualizan en los siguientes supuestos:

a.    Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado.

b.    Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos previstos en Ley Electoral.

c.    Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

d.    Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

e.    Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

f.      Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

g.    Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en la Ley Electoral.

h.    Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada.

i.       Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

j.       Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación; y,

k.    Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

3.2. Causas genéricas sustanciales que afecten la elección.

Esta hipótesis de nulidad, está prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios, el cual dispone que podrá ser declarada inválida una elección de diputados o senadores, cuando se hayan cometido de forma generalizada, violaciones sustanciales en la jornada electoral en el distrito o en la entidad de que se trate, que sean determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

En este supuesto, la fijación de la determinancia desde las vertientes cuantitativa y cualitativa, queda a la libre configuración del Tribunal Electoral, en términos de los precedentes y de las tesis que han sido invocadas en el cuerpo de esta sentencia.

3.3. Nulidad de una elección federal de diputado de mayoría relativa, como consecuencia de violaciones legales específicas.

Finalmente, a nivel legal, encontramos las nulidades específicas que pueden recaer a una elección federal de diputado por el principio de mayoría relativa, siempre que sobrevengan los supuestos específicos siguientes:

a.    Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo 75 de la propia Ley de Medios, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos.

b.    Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y, consecuentemente, la votación no hubiere sido recibida, y

c.    Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

OCTAVO. Carga y estándar de prueba. Ahora bien, atento a que como se ha dicho con antelación, de conformidad con los principios constitucionales de certeza y legalidad en materia electoral consagrados en los artículos 41 y 116 de la Constitución, una elección sólo puede anularse cuando existan irregularidades que se encuentren acreditadas de manera objetiva y material, a través de medios de prueba idóneos ofrecidos para ese fin, y siempre que las mismas resulten determinantes para la elección.

Por ende, previo a dar respuesta a los agravios en los que el Actor solicita se decrete la nulidad de la elección de diputado por mayoría en el Distrito, esta Sala Regional estima que es de vital importancia fijar algunas consideraciones sobre el estándar de prueba que, de acuerdo con la normativa electoral vigente y los principios generales aplicables, debe seguirse al momento de valorar los medios de convicción ofrecidos en el presente juicio.

Con lo anterior, este Órgano Jurisdiccional pretende dotar de una mayor comprensión la forma en que se abordará el examen de los planteamientos sometidos por el Actor, fijando desde este momento y con toda claridad, los parámetros que serán tomados en cuenta a la hora de apreciar los hechos aducidos a la luz de los agravios expuestos, de conformidad con el acervo probatorio presentado para acreditar las violaciones que se aducen.

Pues bien, la Ley de Medios, reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99, de la Constitución, regula los medios de defensa aptos para controvertir los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales y federales.

En este sentido, el sistema de medios de impugnación constituye una garantía constitucional que salvaguarda los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva, albergados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución; conjunto de derechos que está robustecido a nivel convencional, en términos de lo estatuido en el artículo 8 numeral 1 de la Convención, conforme al cual, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

En relación con la promoción de los medios de defensa, en el Capítulo III, de la Ley de Medios, relativo a “De los Requisitos de los Medios de Impugnación”, se desprende que toda controversia judicial en la materia inicia con la presentación de la demanda, la cual, en términos del artículo 9 del ordenamiento, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a.    Presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley;

b.    Hacer constar el nombre del actor y el nombre y firma autógrafa de éste o de quien promueva a su nombre;

c.    Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

d.    Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente;

e.    Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo;

f.      Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes electorales por inconstitucionales.

g.    Anunciar y aportar las pruebas con las que se pretende acreditar los hechos narrados y mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro del plazo para la presentación de la demanda y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.

Para el caso que nos ocupa, cobran especial relevancia, los imperativos legales reseñados con los incisos f y g, anteriores, consistente en mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución controvertidos, así como lo relativo al ofrecimiento de las pruebas para justificar los hechos en que se sustenta la inconformidad.

La importancia de las referidas exigencias se ve corroborada, en tanto la Ley de Medios concede al candidato que comparezca como coadyuvante del partido que lo postuló, el derecho de alegar lo que a su interés convenga, sin que puedan modificar o ampliar la controversia planteada, así como el de aportar las pruebas, siempre que estén relacionadas con los hechos y agravios que soportan el medio de impugnación, según se prevé en el artículo 12 numeral 3 inciso d), de la propia normatividad.

Al tercero interesado, como parte en los procesos jurisdiccionales, también se le otorga el derecho de ofrecer pruebas en relación con los hechos controvertidos, según se dispone en el artículo 17 numeral 4 de la invocada Ley de Medios.

Lo dispuesto en las normas que anteceden, permite advertir que para estimar fundado lo planteado por las partes, es menester indispensable que se acredite fehacientemente la relación estrecha entre los hechos alegados objeto de prueba en el litigio y las pruebas aportadas. Esto es así, porque el artículo 15 del citado cuerpo legal, prevé un principio general del derecho en materia probatoria, en el sentido de que: “Son objeto de prueba los hechos controvertibles”, con la precisión de que no lo serán el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.

Además, en principio, de acuerdo con el propio precepto 15 numeral 2 de la Ley de Medios: “el que afirma está obligado a probar”, por lo que corresponde a las partes en un juicio aportar los medios de convicción necesarios para acreditar sus afirmaciones sobre los hechos respecto de los cuales derivan determinada consecuencia jurídica y, en particular, la parte actora tiene la carga de aportar las pruebas idóneas para acreditar las afirmaciones base de su pretensión, salvo en aquellos casos en que resulta procedente revertir las cargas probatorias, siempre que ello resulte necesario y proporcional en virtud de la importancia de conocer la existencia de los hechos denunciados o la confirmación de posibles irregularidades, correspondiendo al Tribunal, en ejercicio de sus facultades de dirección del proceso, requerir la información que estime procedente y ordenar el desahogo de las diligencias necesarias, de acuerdo con los artículos 21 numeral 1 de la Ley de Medios, así como 191 fracciones XIX y XX y 199 fracción XII de la Ley Orgánica, o, en su caso, acudir a los hechos notorios, en términos de lo ordenado por el propio artículo 15 de la Ley de Medios, que no son objeto de prueba.

Lo anterior, en el entendido de que las facultades directivas del Tribunal para allegarse de medios probatorios, en los casos en que los existentes no le produzcan la convicción suficiente para resolver el asunto y siempre que ello no constituya obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, no supone la obligación de perfeccionar el material probatorio aportado por las partes, así como tampoco proveer sobre hechos no alegados por éstas, esto es la facultad de allegarse de la información necesaria para resolver correctamente debe hacerse sin romper el equilibrio en las posiciones que tienen las partes en el proceso y sin eximirlas de las cargas probatorias que la ley les impone.

Ahora bien, es oportuno en este punto poner de relieve que el primer elemento para fijar una controversia a debate, consiste en delimitar los hechos que serán objeto de prueba, dado que un litigio surge de ciertos hechos y se basa en ellos, centrándose ahí la disputa, de manera tal, que es esa la cuestión a resolver por el tribunal, a partir del acervo probatorio allegado al procedimiento.

En ese tenor, resulta insuficiente que en la demanda únicamente se aluda a la violación o irregularidad presuntamente cometida, se narren de forma genérica los hechos que se estiman contrarios a derecho y los agravios que causan, al ser menester que quien promueve un medio de defensa exprese de forma clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron esos hechos, no sólo para que los terceros interesados y los coadyuvantes puedan ejercer sus derechos conforme a lo razonado en párrafos precedentes -alegar lo que a su interés convenga y aportar elementos de convicción-, sino también, para que las pruebas aportadas por el interesado se ofrezcan en relación precisa con la litis o controversia planteada y el juzgador esté en aptitud, en su oportunidad procesal, de valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los elementos probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se causa agravio a la esfera jurídica del justiciable y, de ser procedente, reparar la violación alegada, tal como lo dispone el artículo 22, de la Ley de Medios, que establece enfáticamente que en las sentencias que se pronuncien se deberá contener el resumen de los hechos, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes.

En efecto, los hechos alegados y relevantes en juicio constituyen la materia fáctica que debe ser probada, razón por la cual, las circunstancias de modo, tiempo y lugar se vuelven elementos imprescindibles para la decisión de la controversia, ya que a través de éstas se detallan de forma precisa cómo sucedieron los hechos, quiénes intervinieron, qué medios se utilizaron para su comisión, el lugar o lugares donde se llevaron a cabo, las características de éstos, así como la hora, día, mes, año y cualquier otra circunstancia de tiempo que ubican los hechos en un lugar determinado y sus condiciones de ejecución por quienes lo realizaron.

Así, esta Sala Regional comparte el criterio sostenido por la Sala Superior en cuanto a la valoración de pruebas, consistente en que la expresión de las circunstancias apuntadas en los hechos resulta de enorme relevancia para el juicio, porque permite que un determinado caudal probatorio sea valorado a partir del nexo causal que los vincula con los hechos; de ahí que de incumplirse con esa carga procesal, en ambos casos, se torna inconducente dicho acervo.

Ciertamente, el nexo causal constituye un elemento vinculante referido a la causalidad entre dos eventos, donde uno de ellos es consecuencia del otro; de modo que, la carga probatoria radica en la demostración de ese vínculo causal. Así, en la medida que quede comprobado el nexo causal a través de los medios probatorios aportados por el actor y con referencia en la demanda, se podrá tener por ciertos y verificados los hechos litigiosos.

La importancia de la carga de la prueba se incrementa aún más, en los casos en el que como nos ocupa, la litis no se circunscribe a puntos de derecho, sino a cuestiones de hechos, pues en tal supuesto, se tienen que acreditar en la mayor medida posible, los elementos fácticos del caso, porque a partir de ello, se ponen de relieve los agravios que cuestionan el acto impugnado.

Es decir, no basta la sola mención de la presunta irregularidad cometida y de los hechos genéricamente concebidos sin precisar las circunstancias en que sucedieron o la sola presentación de elementos de prueba sin ninguna clase de concatenación o conexión con los acontecimientos y/o agravios manifestados y las circunstancias específicas y determinadas, porque lejos de conseguir una demostración en el juicio, disminuye el grado de convicción de la prueba frente al juzgador.

Así, para que un determinado material probatorio sea admitido e idóneo en un juicio, debe cumplir con un mínimo de elementos o requerimientos que forman parte del derecho al debido proceso, a saber:

a.    Que la prueba sea lícita;

b.    Que las pruebas tengan vinculación con los hechos concretos; y,

c.    Que con las mismas sea posible acreditar el nexo causal con el hecho que se pretende acreditar, siendo necesario para ellos que los medios de convicción permitan obtener las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

De esta forma, para evidenciar la existencia de los acontecimientos que se afirma, vulneran la normatividad de la materia, es necesario que las pruebas también estén referidas y ubicadas en esas mismas circunstancias que evidencian un nexo causal entre el hecho a demostrar con el agravio y la violación constitucional y legal sustento de la pretensión.

Puesto de manifiesto todo lo anterior, importa poner de relieve que esta Sala Regional valorará todos aquellos elementos de convicción que obren en el acervo probatorio, a fin de confirmar o no las afirmaciones de la parte actora respecto de los hechos que considera constituyen irregularidades graves que vulneran de manera generalizada los principios constitucionales que rigen los procesos electorales.

NOVENO. Metodología para el estudio de agravios. En sus escritos de demanda, los Actores formulan sus agravios bajo el siguiente esquema:

En el caso del PAN, se plantea un único agravio, a través del cual se exponen argumentos encaminados a solicitar la nulidad de la votación recibida en un conjunto de casillas.

Por su parte, Morena formula cinco agravios a través de los cuales expone tres causas de nulidad de la elección en el Distrito (primeros tres agravios); y tres de nulidad de la votación recibida en un conjunto de casillas (últimos dos), las cuales vincula con los hechos que considera configuran las hipótesis de invalidez que invoca.

Ahora bien, en atención a que en los agravios se invocan hechos diferenciados, producidos de distinta manera y por diversas causas entre cada uno de ellos, con la finalidad de dotar de una mayor claridad a la resolución del presente asunto, esta Sala Regional procederá al examen conjunto de los señalados como primero y segundo, e individualizado de los restantes tres, sin que este orden le produzca alguna afectación a Morena, de conformidad con la jurisprudencia 4/2000[24] con rubro: AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA LESIÓN.

De esta forma, para efecto del estudio de fondo de los agravios y causas de nulidad que se hacen valer en el juicio que se resuelve, los planteamientos expresados por la parte actora se dividirán en los siguientes apartados:

1.      Nulidad de la votación de casillas, por haberse instalado en domicilio distinto al señalado en el encarte

2.      Nulidad de la votación de casillas, por haber sido recibida por personas no autorizadas para ello.

3.      Nulidad de la votación de casillas, por ausencia de firma de los funcionarios.

4.      Nulidad de la votación de casillas, por apertura tardía de las mismas.

5.      Uso ilegal de recursos públicos en campaña, por la acción institucional de entrega única de tinacos, así como por la dispersión de dinero mediante la repartición de tarjetas electrónicas en el marco del programa social “Por ti”

6.      Hechos de violencia suscitados durante la campaña electoral en el Distrito.

Debe decirse que los agravios de Morena identificados con los numerales 1 y 4 serán estudiados conjuntamente con los motivos de disenso expresados por el PAN, mientras que los agravios 5 y 6 de Morena, se estudiarán en apartados distintos.

Resulta oportuno señalar que en términos de lo estatuido en el artículo 23 numeral 1 de la Ley de Medios, esta Sala Regional procederá a suplir las deficiencias de los agravios, cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos y siempre que ello no suponga una subrogación procesal respecto de la parte actora o una redistribución injustificada de las cargas probatorias.

DÉCIMO. Nulidad de la votación de casillas, por haberse instalado en domicilio distinto al señalado en el encarte. Causa de nulidad relativa al inciso a) del numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Medios.

En relación con este motivo de nulidad, Morena aduce que en el caso de las casillas 412 Básica y 412 Contigua 1, se actualiza la causa de nulidad de casilla de que se trata, toda vez que la instalación de las mismas se realizó en domicilio distinto sin causa justificada.

Los elementos que integran esta causa de nulidad son:

a.    Que se instale una casilla en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital

b.    Que lo anterior se realice sin que medie causa justificada

Marco legal.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 255 de la Ley Electoral, las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los siguientes requisitos: a) Ser de fácil y libre acceso para los electores; b) Seguridad para la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto; c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales; d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate; e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos; y, f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

En caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, para la ubicación de las casillas se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas, observando que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan oficinas de órganos de partidos políticos, agrupaciones políticas o casas de campaña de los candidatos.

Por su parte, el artículo 256 de la Ley Electoral, detalla el procedimiento establecido para determinar la ubicación de las casillas, el cual implica llevar a cabo recorridos en las secciones del distrito para localizar los lugares que cumplan los requisitos fijados en el artículo 255 antes referido, sin que se actualice alguno de los supuestos de prohibición establecidos, los cuales serán propuestos para su examen al Consejo Distrital, a efecto de que pueda, en su caso, hacer los cambios necesarios para su aprobación y publicación.

Como puede advertirse, toda vez que se trata de una causa de nulidad vinculada con la instalación de la casilla en los términos establecidos en la normativa electoral, la validez cuando se efectuó un cambio en la misma, no se corrige por virtud del recuento efectuado por el Consejo Distrital.

Ahora bien, en términos del artículo 276 de la Ley Electoral, existe causa justificada para la instalación de la casilla en un lugar distinto, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas; b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación; c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley; d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal, siendo necesario en el caso, que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y, e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

En estas circunstancias la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

A efecto de llevar a cabo el estudio en estas casillas, se presentará una tabla en la que se verá reflejada la información obtenida de las constancias que obran en los autos del expediente SDF-JIN-33/2015 para el caso de las dos casillas que se ubican en esta condición, de tal suerte que a partir de la misma se podrá hacer el estudio correspondiente.

Como puede advertirse, toda vez que se trata de una causa de nulidad vinculada con la instalación de la casilla en los términos establecidos en la normativa electoral, la validez cuando se efectuó un cambio en la misma, no se corrige por virtud del recuento efectuado por el Consejo Distrital.

Como se estableció en el apartado relativo al marco legal, en términos del artículo 276 de la Ley Electoral, se estima que existe causa justificada para la instalación de la casilla en un lugar distinto, cuando el local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación, debiendo instalarse en el lugar adecuado más próximo, dentro de la misma sección y debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar que no reunió los requisitos.

Al respecto, de la información consignada en las actas de la jornada electoral, así como en las hojas de incidentes de ambas casillas, se colige que:

1.    En el Acta de la Jornada Electoral de la casilla 412 Básica, dentro del apartado relativo a la “INSTALACIÓN DE LA CASILLA”, en el numeral dos (2) se consigna lo siguiente: La casilla se instaló en: Llanura 284 Jardines del Pedregal. Por otra parte, con relación a la hora de su instalación, se establece que la misma empezó a las: 8:10 A.M. del día 7 de junio de 2015. Finalmente, con relación a si la casilla se instaló en un lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, se establecen las siguientes causas: la sede no abrió las puertas.

Por su parte, en el numeral diez (10) del referido apartado, respecto de si se presentaron incidentes durante la instalación de la casilla, viene marcada con una equis (X) la opción SÍ, por lo que a continuación se presenta la siguiente descripción: se cambió ubicación de casilla.

2.    Ahora bien, por lo que hace a la Hoja de incidentes de la casilla 412 Básica, en el apartado “Descripción de los incidentes”, aparece marcada con una equis (X) la opción “Instalación de la casilla”, respecto del sub-apartado denominado “Momento del incidente”; además, con relación a la hora del incidente, éste se encuentra consignado a las 7:55 A.M., con la siguiente descripción: Casilla se cambió de ubicación porque la sede no abrió: se pasó a Llanura 284.

3.    El Acta de la Jornada Electoral de la casilla 412 Contigua 1, dentro del apartado relativo a la “INSTALACIÓN DE LA CASILLA”, en su numeral dos (2) consigna lo siguiente: La casilla se instaló en: Llanura 284, Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán. Por otra parte, con relación a la hora de su instalación, se establece que la misma empezó a las: 8:10 A.M. del día 7 de junio de 2015. Finalmente, con relación a si la casilla se instaló en un lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, se establecen las siguientes causas: El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur no lo permitió.

Por su parte, en el numeral diez (10) del referido apartado, respecto de si se presentaron incidentes durante la instalación de la casilla, viene marcada con una equis (X) la opción SÍ, por lo que a continuación se presenta la siguiente descripción: se reubicó la casilla en Llanura 284.

4.    Por lo que hace a la Hoja de incidentes de la casilla 412 Contigua 1, en el apartado “Descripción de los incidentes”, aparece marcada con una equis (X) la opción “Instalación de la casilla”, respecto del sub-apartado denominado “Momento del incidente”; además, con relación a la hora del incidente, éste se encuentra consignado a las 7:20 A.M., con la siguiente descripción: Se nos negó la entrada para instalar la casilla en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, por lo que nos trasladamos a la casa de la Presidenta de casilla en la calle de Llanura 284.

En virtud de lo anterior, esta Sala Regional estima que en la especie, sí fue asentado en las actas de incidencias de la jornada, la causa por la que se cambió el domicilio de instalación de las casillas, siendo ésta una de las hipótesis que establece la Ley Electoral como causa justificada para el cambio de domicilio en la instalación de las casillas; consecuentemente, si como quedó acreditado el local en el que iban a ser primigeniamente instaladas las casillas de mérito se encontraba cerrado, es inconcuso que el desplazamiento que se hizo a un domicilio distinto, se encuentra legalmente justificado, en términos del artículo 276 numeral 1 inciso b) de la Ley Electoral.

Pero aún más, al tenor de lo establecido en el numeral 2 del precepto inmediatamente citado, el legislador democrático autorizó el traslado de la instalación de una casilla de un domicilio a otro, siempre que aquella quede dentro de la misma sección electoral y en el lugar más próximo.

En este sentido, del examen de las documentales consistentes en copia certificada del encarte del distrito; de las actas de la jornada electoral; de escrutinio y cómputo de las casillas, así como de las de incidencias de las mismas, documentales que de conformidad con los artículos 14 numerales 1 inciso a) y 4 incisos a) y b), así como 16 numeral 2 de la Ley de Medios tienen valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos, es posible advertir que el cambio se hizo a la casa de la Presidenta de la Casilla 412 Contigua 1, por lo que toda vez que esta funcionaria se encuentra inscrita en la Lista Nominal de la casilla Básica de la sección 412, se estima que el domicilio está comprendido dentro del polígono de dicha sección, por lo que se considera cumplido el requisito previsto.

Por lo anterior, dado que si bien, las casillas sujetas escrutinio fueron instaladas en un domicilio distinto al señalado por el Consejo Distrital, en la especie no se actualiza el segundo de los motivos configuradores de la causa de nulidad a estudio, esto es, que esa hipótesis de presente sin causa justificada; ello, en razón de que de los fundamentos jurídicos y la motivación antes expuesta, se deprende que el cambio de domicilio para instalar las casillas, sí fue debidamente motivado por una causa autorizada por la Ley Electoral; luego, esta Sala Regional califica de infundado el agravio planteado por Morena.

DÉCIMO PRIMERO. Nulidad de la votación de casillas, por haber sido recibida por personas no autorizadas para ello. Causa de nulidad relativa al inciso e) del numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Medios.

Los Actores sostienen en sus escritos de demanda diversos agravios, tendentes a acreditar que se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 75 numeral 1 inciso e) de la Ley de Medios respecto de setenta y cuatro casillas, en el caso del PAN y de ochenta y seis casillas en el caso de Morena.

Marco legal.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 numeral 1 de la Ley Electoral, las Mesas Directivas de Casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el diverso 82 del citado ordenamiento, establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales y, en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para tales efectos, la Mesa Directiva de Casilla se integrará, además, con un segundo secretario y un tercer escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 de la Ley Electoral, siendo estos los siguientes:

a)    Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla

b)   Estar inscrito en el Registro Federal de Electores

c)    Contar con credencial para votar

d)   Estar en ejercicio de sus derechos políticos

e)    Tener un modo honesto de vivir.

f)      Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente

g)   No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía

h)   Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección

A su vez, el artículo 254 de dicha ley dispone el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el cual comprende, fundamentalmente, la realización de un mecanismo de insaculación de los ciudadanos que se encuentran en la Lista Nominal de la sección correspondiente, de acuerdo al mes de nacimiento sorteado por el Consejo General del INE, los cuales deberán tomar un curso de capacitación.

Posteriormente, sobre el universo de ciudadanos que fueron capacitados, se efectuará un segundo sorteo respecto de las letras del alfabeto, a partir del cual serán seleccionados los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla, de acuerdo con la letra de su apellido paterno.

Asimismo, el artículo 257 de la Ley Electoral, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas, se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito correspondiente, así como en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el Secretario del Consejo Distrital respectivo entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, se considera entonces que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las Mesas Directivas de Casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto fue recibido y custodiado por autoridades legítimas, con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, con independencia de que la autoridad electoral responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la jornada electiva, es necesario precisar que esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, puedan actuar como funcionarios del órgano electoral aludido.

Lo anterior es así porque el artículo 274 numeral 1 de la Ley Electoral, prevé un procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para el caso que sea necesario sustituir a los funcionarios de casilla previamente nombrados, en el supuesto de que esta no se instale a las ocho horas con quince minutos; esto es, si el día de la elección a la hora referida, los funcionarios originalmente designados no se presentan, entonces actuaran en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando estos pertenezcan a la sección electoral respectiva.

Asimismo se faculta al Consejo Distrital correspondiente, para tomar las medidas necesarias para la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación.

Por tanto, cuando la Mesa Directiva de Casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el referido artículo 274 numeral 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante lo anterior, es igualmente importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que, en su caso, sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente, como ya se ha mencionado.

Al respecto, esta Sala Regional invoca como criterio orientador el contenido en la tesis relevante XIX/97,[25] bajo el rubro: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.

Asimismo, en ningún caso y bajo ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto, ello en atención a lo determinado en el numeral 3 del artículo precitado.

Establecido lo anterior, la causa de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella.

Cabe precisar que aun cuando el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, no contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba exceptuarse, esto es así porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito a tal elemento, ello en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Tal criterio concuerda con lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal identificada con la clave 13/2000,[26] bajo el rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).

Así, cuando la Ley de Medios omite mencionar el requisito de la determinancia, la omisión significa que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de tal requisito en el resultado de la votación.

Lo anterior resulta importante, pues la hipótesis normativa que prevé la causa de nulidad que se analiza, no establece expresamente como requisito que el vicio o irregularidad que se acredite sea determinante.

En este sentido, para el análisis de las casillas impugnadas al amparo de esta causa de nulidad, se proponen cuadros esquemáticos en los que se asentará la siguiente información:

a)    Primera columna: número consecutivo.

b)   Segunda columna: número y tipo de casilla impugnada.

c)    Tercera columna: cargos de los funcionarios.

d)   Cuarta columna: nombres de los funcionarios propietarios y suplentes designados para integrar la Mesa Directiva de Casilla, conforme a la última publicación efectuada por el Consejo Distrital (encarte).

e)    Quinta columna: nombres de los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que actuaron el día de la elección, cuyo nombre aparece en las actas de jornada electoral o de escrutinio y cómputo.

f)      Sexta columna: observaciones.

g)   Séptima columna: precisión de si los ciudadanos que actuaron como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, se encuentran inscritos en la Lista Nominal de la sección correspondiente (únicamente para el caso de funcionarios tomados de la fila).

Igualmente, atendiendo a las condiciones propias de la instalación e integración de las casillas impugnadas, éstas se agruparan tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, con el propósito de identificar claramente, si se actualizan o no los supuestos de nulidad invocados por los Promoventes. En ese contexto, por lo que hace a la causa de nulidad del inciso e) del numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, las casillas se agruparán en cinco grupos:

1.    Casillas integradas con las personas facultadas para ello.

2.    Casillas integradas por corrimiento, al no presentarse la totalidad de los funcionarios.

3.    Casillas integradas con electores tomados de la fila.

4.    Casillas integradas con funcionarios acreditados para una casilla distinta.

5.    Casillas en las que algún funcionario no pertenece a la sección.

6.    Casillas en las que no hay Acta de Jornada Electoral ni Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla, por lo que fueron objeto de recuento en el Consejo Distrital.

A.   Casillas impugnadas por el PAN.

Las casillas impugnadas por esta causa de nulidad de votación son setenta y cuatro, y los argumentos respecto a cada una de ellas, se reflejan en la tabla que a continuación se inserta:

La Autoridad responsable, en términos generales, refiere en su informe circunstanciado que las personas que integraron las casillas eran las facultadas para ello o, en su caso, que se tomaron personas de la fila, sin que se actualice la causal de nulidad de casilla invocada por la parte actora, en razón de que pertenecen a la sección correspondiente.

En consecuencia, considera que los planteamientos del PAN resultan incorrectos, pues la votación se recibió por las personas facultadas de conformidad con la Ley Electoral.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo aducido por el PAN en sus agravios, se procede al estudio del cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en:

a)    Copia certificada del encarte y las subsecuentes modificaciones.

b)   Copias certificadas de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

c)    Copias Certificadas, en su caso, de las hojas de incidentes; y,

d)   Originales o, en su caso, copias certificadas, de los Listados Nominales.

Asimismo, cabe señalar que a efecto de contar con todos los elementos necesarios para resolver los planteamientos hechos por el PAN, el Magistrado Instructor requirió a la Autoridad responsable que remitiera los escritos de incidentes y/o de protesta que se hubieran presentado respecto a las casillas impugnadas, a lo que se informó que no se presentó ninguno.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 numerales 1 y 4 inciso b), así como 16 numerales 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos por funcionarios electorales en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 numeral 1 inciso p) del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, respecto de las copias certificadas.

Por cuanto a los originales de las Listas Nominales, son documentales públicas con pleno valor probatorio al ser expedidas por el Registro Federal de Electores del INE en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la Ley Electoral.

Señalado lo anterior, resulta procedente hacer el pronunciamiento específico respecto de cada uno de los grupos o universos antes aludidos, atendiendo a lo que se obtuvo de las probanzas señaladas, destacando que estos se integran por el número de casillas que a continuación se precisa:

1. Casillas integradas por las personas facultadas para ello.

De conformidad con la metodología descrita, a continuación se presenta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en los autos del juicio de inconformidad promovido por el PAN, para el caso de las tres casillas que se ubican en esta condición, a partir de la cual se hará el estudio correspondiente.

De la información consignada en la tabla precedente, se advierte que en las casillas 380 Contigua 1, 429 Básica y 433 Contigua 1 actuaron todos los funcionarios insaculados, capacitados y designados previamente por la Autoridad responsable, sin que se hubiera presentado algún incidente e integrándose la Mesa Directiva de Casilla en forma completa, de ahí que resulte infundado el agravio del PAN relacionado con que la votación fue recibida por personas no autorizadas por el INE, en términos de la normativa aplicable.

2. Corrimiento al no presentarse todos los funcionarios.

A continuación se inserta una tabla que refleja la información obtenida de las constancias que obran en los autos del expediente, para que a partir de ella, se haga el estudio.

En las casillas 348 Contigua 1, 377 Contigua 1, 387 Contigua 1, 388 Contigua 1, 394 Contigua 1, 416 Contigua 2, 425 Contigua 1, 432 Contigua 1, 433 Básica, 434 Contigua 2, 439 Básica, 440 Contigua 1, 485 Contigua 2, 487 Básica, 503 Básica, 503 Contigua 1, 503 Contigua 2, 509 Básica, 510 Contigua 1, el PAN hace valer que la Mesa Directiva no corresponde a la autorizada por el INE de conformidad con la Ley Electoral. No obstante, como puede advertirse de la tabla que antecede, sus planteamientos resultan infundados, pues si bien los corrimientos no fueron en todos los casos directamente al cargo inmediato, a juicio de esta Sala Regional los mismos se efectuaron en los términos establecidos en el artículo 274 numeral 1 inciso a) de la Ley Electoral, conforme a las distintas variantes ahí previstas y dentro del margen que el citado precepto le brinda al Presidente.

La única excepción a lo anterior ocurre en el caso de la casilla 394 Contigua 1, donde se tuvo la ausencia tanto del Presidente como del primer Secretario, por lo que fue el segundo Secretario quien asumió el cargo de Presidente, hecho lo cual procedió a nombrar al primer Escrutador como primer Secretario, al segundo Escrutador como segundo Secretario, al primer Suplente general como primer Escrutador y al tercer Suplente general como segundo Escrutador, manteniendo en sus funciones originales al tercer Escrutador previamente designado, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 numeral 1 inciso b) de la Ley Electoral.

Ahora bien, no obstante el PAN no impugna la ausencia del tercer escrutador en las casillas 377 Contigua 1, 387 Contigua 1, 440 Contigua 1, 487 Básica y 503 Contigua 2, esta Sala Regional advierte que, en el caso, las referidas casillas se integraron con el Presidente, ambos Secretarios y sólo dos de los tres Escrutadores; por tanto, con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se estima que si bien esta circunstancia debió haberles llevado más tiempo realizar las actividades encomendadas, no es motivo suficiente para anular dichas casillas.