JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SDF-JIN-3/2015

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: 22 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

SECRETARIOS: JAVIER ORTIZ ZULUETA y CESARINA MENDOZA ELVIRA

México, Distrito Federal, nueve de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de esta fecha, resuelve el expediente citado al rubro, en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en cuatro casillas y, por tanto, modificar el cómputo de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa y confirmar la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría respectiva, realizada por el 22 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral, en el Distrito Federal.

GLOSARIO

ANTECEDENTES

De los hechos narrados en el escrito de demanda, así como de las constancias del expediente, se advierte lo siguiente:

I. Jornada electoral. El pasado siete de junio se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de Diputados Federales al Congreso de la Unión.

II. Cómputo distrital. El diez de junio siguiente, el Consejo Distrital realizó el cómputo de la elección señalada, el cual concluyó el once posterior, mismo que arrojó los resultados siguientes:

Con base en los anteriores resultados, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y validez a fórmula propuesta por la coalición “Izquierda Progresista”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo.

III. Juicio de inconformidad

1. Demanda. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el trece de junio siguiente, el PAN promovió juicio solicitando la nulidad de la votación recibida en diversas casillas.

2. Remisión. Por oficio de diecisiete de junio del presente año, la autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional, el expediente integrado con motivo de la presentación del juicio, rindió su informe circunstanciado y la certificación en la que se hace constar que no compareció tercero interesado alguno.

3. Integración de expediente y turno. En esa misma fecha  la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SDF-JIN-3/2015, y turnarlo al Magistrado Armando I. Maitret Hernández, para su sustanciación y presentación del proyecto respectivo.

4. Radicación. El dieciocho siguiente, el Magistrado instructor radicó el expediente.

5. Admisión y cierre de instrucción. El veintiséis de junio de este año, el Magistrado instructor admitió la demanda y el ocho de julio siguiente cerró la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio promovido por un partido político, para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, por nulidad de la votación recibida en varias casillas, llevada a cabo por la autoridad responsable, supuesto normativo en el que tiene competencia y entidad federativa en la que ejerce jurisdicción esta Sala Regional.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 186, fracción I, y 195, fracción II.

Ley de Medios. Artículos 49; 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b).

SEGUNDO. Estudio de procedencia. La autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, relativa a que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; que se haya consumado de modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, o contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo en los plazos previstos en ley.

Al respecto, cita la jurisprudencia 8/2003 emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “ACTO IMPUGNADO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA SE DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN SU EMISIÓN”,[1] y argumenta que en relación con la solicitud de nulidad de votación recibida en casillas que hace el actor, se reúnen una serie de factores que hacen improcedente dicha solicitud.

Esta Sala Regional considera que la causal invocada es inatendible, en virtud de que la autoridad responsable se limita a hacer manifestaciones vagas y genéricas sin señalar específicamente las razones que sustentan la causa de improcedencia que considera se actualiza, aunado a que de su planteamiento no se advierte la relación que existe entre la jurisprudencia que cita y la supuesta improcedencia del presente juicio.

Esta Sala Regional considera que el medio de impugnación reúne los requisitos generales y especiales de procedencia establecidos en los artículos 7; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1, 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, tal como se explica.

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable; en ella se precisa el nombre del actor; se identifica el acto impugnado; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; se expresan conceptos de agravio, y se hace constar la firma del promovente.

b) Oportunidad. El juicio fue promovido dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, toda vez que según se advierte del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la elección impugnada,[2] ésta concluyó el once de junio de dos mil quince y el plazo para controvertirla transcurrió del doce al quince siguiente, por lo que si el escrito de impugnación se presentó el trece de junio, es evidente su presentación oportuna.

c) Legitimación y personería. El actor cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la ley invocada, en tanto que tiene el carácter de partido político nacional.

Por cuanto a la personería de Santiago Torreblanca Engell, se tiene por acreditada en términos del artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del citado ordenamiento, quien justifica tal carácter con copia simple solicitud de designación presentada ante el INE,[3] carácter que no es controvertido por la autoridad responsable.

d) Requisitos especiales.

El escrito de demanda, satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, como se expone a continuación:

Precisión de la elección que se controvierte. El actor impugna los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 22 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Iztapalapa, en el Distrito Federal, con lo cual se cumple el requisito de procedibilidad.

Individualización de acta distrital. En el caso que se analiza, se cumple el requisito porque el promovente señala que controvierte el resultado contenido en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 22 Distrito Electoral Federal, en el Distrito Federal.

Individualización de mesas directivas de casilla. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque el actor señala de forma individual las casillas cuya votación se controvierte, aduciendo la causal de nulidad existente en cada caso.

Error aritmético. Por cuanto hace al citado requisito, tal circunstancia no es aplicable en el particular, porque no se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital por error aritmético, sino por nulidad de la votación recibida en determinadas mesas directivas de casilla.

En vista de lo anterior, al satisfacerse en la especie los requisitos señalados en los preceptos legales adjetivos invocados al inicio de este considerando, resulta procedente el estudio de fondo de la cuestión planteada.

TERCERO. Precisión de la materia de impugnación y metodología. Previo al examen de la controversia, se debe precisar que en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta autoridad está en la posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por el inconforme, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

De igual manera, esta Sala Regional, se encuentra obligada al estudio exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve un medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2/2008, que obra bajo el rubro “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”.[4]

Como se desprende del escrito mediante el cual el partido político actor promueve el presente juicio de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 22 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Iztapalapa, al estimar que en el caso, en las siguientes cuarenta y tres casillas, se acreditó la causal de nulidad contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, consiste en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

1) 2569 B

2) 2573 B

3) 2574 C1

4) 2576 C1

5) 2578 B

6) 2582 C1

7) 2594 B

8) 2603 C1

9) 2606 B

10) 2612 B

11) 2688 B

12) 2688 C1

13) 2688 C2

14) 2699 B

15) 2702 C1

16) 2703 C2

17) 2705 B

18) 2709 C1

19) 2713 C1

20) 2713 C2

21) 2714 B

22) 2715 C1

23) 2716 B

24) 2717 C1

25) 2721 B

26) 2780 B

27) 2780 C1

28) 2781 B

29) 2791 B

30) 2791 C2

31) 2792 B

32) 2792 C1

33) 2793 B

34) 2798 B

35) 2798 C1

36) 2798 C2

37) 2809 C2

38) 2815 B

39) 2817 C2

40) 2821 C1

41) 2821 C3

42) 2821 C4

43) 2822 B

CUARTO. Estudio de fondo. Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, es necesario tener presente lo siguiente:

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone:

“1.La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

...”

Para efectos de la anterior causa de nulidad, es necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas autorizadas para recibir la votación.

Al respecto, el artículo 81, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral establecen que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales y que, como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De acuerdo con el artículo 82, párrafo 1, de la Ley Electoral, las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales; mientras que el párrafo 2 del mismo artículo establece que en las elecciones concurrentes se instalarán mesas directivas de casilla únicas para ambos tipos de elección, las que se integrarán, además con un secretario y un escrutador adicionales.

Por su parte, el artículo 254 de la Ley Electoral prevé que, una vez llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, los ciudadanos seleccionados por el Consejo Distrital correspondiente, serán las personas autorizadas para recibir la votación.

Así, para que se actualice la causal en estudio, se requiere acreditar alguno de los siguientes elementos:

a) Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas con antelación; esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo, que no se encuentren inscritas en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a la casilla, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios.

b) Que la votación se recibió por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, por un órgano diverso a la mesa directiva de casilla.

c) Que la mesa directiva de casilla no se integró con la mayoría de los funcionarios (presidente, secretario y escrutadores).

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas previamente designadas como funcionarios propietarios de casilla deben presentarse para iniciar su instalación a partir de las 7:30 horas, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, debiéndose levantar el Acta de la jornada electoral, en la que se hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, conforme lo dispone el artículo 273, párrafos 2 y 5, de la Ley Electoral, el Acta deberá ser firmada, tanto por los funcionarios como por los representantes que actuaron en la casilla, según lo determina el artículo 275 del mismo ordenamiento.

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora legalmente establecida, por la ausencia de uno o varios de los funcionarios designados como propietarios, el artículo 274 del mismo ordenamiento establece la forma de sustitución de los funcionarios ausentes.

Así, conforme lo dispone el señalado numeral, de no instalarse la casilla a las 8:15 horas, estando presente el presidente, éste designará a los funcionarios faltantes, recorriendo el orden de los funcionarios presentes y habilitando a los suplentes y, en su caso, con los electores que se encuentren formados en la fila de la casilla.

En términos del mismo artículo, no encontrándose presente el presidente pero sí el secretario, éste asumirá las funciones de aquél y procederá a la instalación de la casilla.

Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y hará la designación de los funcionarios faltantes.

Estando sólo los suplentes, uno asumirá la función de presidente y los otros de secretario y primer escrutador, debiendo proceder el primero a la instalación de la casilla.

En caso de no asistir los funcionarios, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la mesa directiva y designará al personal encargado de ejecutar las labores correspondientes y cerciorarse de ello.

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención del personal del Instituto, a las diez horas, los representantes de los partidos ante las mesas de casilla, designarán por mayoría, a los funcionarios de entre los electores que se encuentren presentes, verificando previamente que éstos se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y que cuenten con credencial para votar. En este último supuesto, se requiere la presencia de un notario público o juez; en ausencia de éstos, bastará la conformidad de los representantes de los partidos políticos.

Los nombramientos nunca podrán recaer en los representantes de los partidos, candidatos o funcionarios públicos.

Hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

Al respecto, esta autoridad se avoca al análisis de las cuarenta y tres casillas impugnada por el actor, sistematizando su estudio, mediante el agrupamiento en rubros temáticos, al tenor de la jurisprudencia 4/20004 de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[5]

Para analizar esta causal en primer lugar se comparó a los funcionarios que integraron las mesas directivas de casilla con los funcionarios autorizado para integrar la casilla, de acuerdo con el documento publicado por el INE, en el que constan la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla para las elecciones federales del siete de junio pasado, conocido comúnmente como “encarte”.

Lo anterior, porque en dicho documento constan los nombres de las personas que fueron seleccionadas por el INE para integrar las mesas directivas de cada una de las casillas; así, en el caso de que el nombre de los funcionario que integró alguna apareciera en el encarte de la misma o en alguna de las correspondientes a la misma sección electoral, esta Sala Regional considera que dicho funcionario sí estaba autorizado para integrarla, por lo que la alegación deviene infundada.

Ahora bien, en caso de que los funcionario que integraron las casillas no aparecieran en el encarte, se buscó su nombre en copia certificada de la lista nominal de electores de toda la sección correspondiente a la casilla en la que actuó, lo anterior, porque de acuerdo con lo señalado con anterioridad, ante la ausencia de los funcionarios de casilla originalmente designados, pueden tomarse votantes de la misma sección electoral, para integrar la mesa directiva de casilla, lo anterior de acuerdo con la tesis XIX/97, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”.[6]

Así, en el caso de que la persona que integró la casilla perteneciera a dicha sección electoral se estima que el agravio deviene infundado ya que sí estaba facultado para recibir la votación en la casilla de dicha sección electoral.

Por otra parte, se actualiza la nulidad de la votación recibida en la casilla en el caso de que alguno de sus integrantes no apareciera en el encarte y tampoco en la lista nominal de electores de la sección electoral en la que actuó.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: las copias certificadas del encarte de ubicación e integración de casillas publicado y utilizado el día de la jornada electoral; y de las Actas de Jornada Electoral, así como de Escrutinio y Cómputo, y Listas Nominales de Electores, documentales públicas con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 14 y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

1.1. Votación recibida por personas facultadas por la Ley Electoral.

a) Funcionarios facultados para actuar en la casilla y en la posición en que lo hicieron.

En el caso de las siguientes tres casillas no se actualiza la causal de nulidad hecha valer por el actor, ya que los funcionarios que actuaron fueron designados para actuar en la casilla y en la posición en que lo hicieron según el encarte, tal como se aprecia de la tabla que a continuación se inserta.

En el caso de la casilla 2809 contigua 2, en el acta de jornada electoral aparece Tania Deyanira Guarneros León como segunda escrutadora, mientras que en el encarte aparece Tanya Deyanira Guarneros León como la funcionaria facultada en esa misma posición; lo que a juicio de esta Sala Regional constituye simplemente un error de anotación de la penúltima letra de su nombre, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

Por su parte, en las siguientes dieciséis casillas no se actualiza la causal de nulidad de votación hecha valer por el partido actor ya que, de acuerdo con el encarte los funcionarios que integraron las casilla y recibieron la votación estaban facultados para ello, ya fuera en la misma casilla en la que fueron designados o, en alguna otra de la misma sección electoral, tal como se desprende de la tabla que se inserta a continuación.

Por cuanto hace a la casilla 2582 contigua 1, en el acta de jornada electoral se consigna como tercera escrutadora a Martha Paz García, mientras que en el encarte aparece como tercera suplente general de esa casilla Martha García Paz; esto es, los apellidos se encuentran invertidos.

Esta situación, en atención a las máximas de la experiencia, hace suponer un error por parte de quien llenó el acta, al asentar el nombre de la funcionaria en cuestión, ya que en ocasiones, la persona que escribe los nombres en el acta de jornada electoral cambia el orden de los apellidos, lo cual, se presume, se dio en este caso por parte del Secretario respectivo; lo anterior lleva a presumir que el nombre correcto de quien fungió como tercera escrutadora es Martha García Paz, quien aparece en el encarte, de ahí que se estime que esta situación no es suficiente para actualizar la causa de nulidad invocada.

Así, en el caso de la casilla 2714 Básica, en el acta de jornada electoral aparece como segunda escrutadora Benita de la Cruz Luciano, mientras que en el encarte aparece Liciano; al respecto, esta Sala Regional considera que se está simplemente ante un error de anotación de la segunda letra del segundo apellido de la ciudadana citada, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

b) Integración por ciudadanos designados en el encarte y por ciudadanos pertenecientes a la lista nominal de la sección electoral.

En las siguientes veinte casillas no se actualiza la causal de nulidad de votación hecha valer por el partido actor ya que, de acuerdo con el encarte estaban facultados para ello, ya fuera en la misma casilla en la que fueron designados o, en alguna otra de la misma sección electoral y, también ante la ausencia de alguno de los originalmente designados, actuaron ciudadanos tomados de la fila, pertenecientes a la sección electoral, tal como se desprende de la tabla que se inserta a continuación.

Por cuanto hace a la casilla 2780 básica, en el acta de jornada electoral aparece el nombre del segundo escrutador como Juan Avendaño Gómes, mientras que en el encarte aparece Juan Avendaño Gómez como segundo suplente en la casilla 2780 contigua 2; lo que a juicio de esta Sala Regional se está simplemente ante un error de anotación de la última letra del segundo apellido del ciudadano citado, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

En la misma casilla aparece como tercera escrutadora Nancy García Sánchez, mientras que en la lista nominal de dicha sección electoral aparece Nanci García Sánchez, así lo que a juicio de esta Sala Regional se está simplemente ante un error de anotación de la última letra del nombre de dicha ciudadana, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

En cuanto a la casilla 2780 contigua 1, esta Sala considera que quien actuó en la casilla fue Guadalupe Arellano Garrido, quien sí estaba facultada para hacerlo, de acuerdo con el encarte, como se explica a continuación.

En primer lugar, se advierte que existe una inconsistencia entre los nombres consignados en el acta de jornada electoral, respecto al acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de jornada electoral aparecen como primera y segunda escrutadoras Lilia Cruz Ramírez y María del Carmen Arellano Ramírez, respectivamente, mientras que en el acta de escrutinio y cómputo aparecen como primera y segunda escrutadoras María del Carmen Arellano Garrido y Lilia Cruz Ramírez, respectivamente.

Así, se puede advertir que existe diferencia en el orden en que fueron consignadas las funcionarias que actuaron como primear y segunda escrutadora.

Además, se desprende que coincide el nombre y el primer apellido de quien fungió como segunda escrutadora en dicha casilla, es decir, Guadalupe Arellano, ya que en el acta de jornada electoral se consignó como segundo apellido el de Ramírez, mientras que en el acta de escrutinio y cómputo se consignó como segundo apellido Garrido.

Por tanto, se considera que el nombre correcto de quien actuó en dicha casilla es Maria del Carmen Arellano Garrido, ya que éste coincide con el de la persona facultada por el encarte para actuar como segunda suplente general de la casilla 2780 básica, además de que en la lista nominal de electores de dicha casilla se advierte que Maria Guadalupe Arellano Garrido sí votó el día de la jornada electoral.

Por cuanto hace a la casilla 2793 básica, en el acta de jornada electoral se consigna como segundo escrutador a Carlos Sergio Thomas Ortiz y como, tercera escrutadora a Adriana Maribel Santiago Olea, mientras que en la lista nominal de electores de esa casilla aparecen Carlos Sergio Ortiz Thomas y Adriana Maribel Olea Santiago; así, la coincidencia de los dos nombres propios de ambos funcionarios aunado a que los apellidos resultan coincidentes, aunque en un orden distinto, hace presumir que incorrectamente invirtió el orden de los apellido al momento de consignarlos en el acta, lo cual no es motivo suficiente para actualizar la causal de nulidad bajo estudio.

Por cuanto hace a la casilla 2798 contigua 1, en el acta de jornada electoral se consigna como segundo escrutador a Andrés Medrano Barrón, mientras que en el encarte aparece como tercer escrutador de esa casilla Andrés Barrón Medrano; esto es, los apellidos se encuentran invertidos.

Al respecto cabe destacar que en ocasiones, la persona que escribe los nombres en el acta de jornada electoral cambia el orden de los apellidos, lo cual, se presume, se dio en este caso por parte del Secretario respectivo; lo anterior lleva a presumir que el nombre correcto de quien fungió como segundo escrutador es Andrés Barrón Medrano, quien aparece en el Encarte, de ahí que se estime que esta situación no es suficiente para actualizar la causa de nulidad invocada.

En el acta de jornada electoral de la misma casilla aparece como primera escrutadora María Camila Neli Jimarez, mientras que en el encarte aparece como segunda escrutadora de esa casilla María Camila Neri Jimarez; al respecto, esta Sala Regional considera que se está simplemente ante un error de anotación de la tercera letra del primer apellido de la ciudadana citada, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

1.2. Votación recibida por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral.

Esta Sala Regional considera que en las siguientes tres casillas se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, al haberse acreditado que alguna o algunas de las personas integraron las mesas directivas de casilla no habían sido designadas para tal efecto en ninguna de las casillas de las sección en la que actuaron, y tampoco pertenecían a dicha sección electoral, por lo que no estaban facultadas para recibir la votación de conformidad con la Ley Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 13/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)”.[7]

Lo anterior en virtud de que en esas mesas directivas de casilla, alguno de los funcionarios que la integraron no fue designado para tal efecto por el INE, de acuerdo con el encarte, ni pertenecían a la sección electoral de la casilla en la que actuaron, tal como se desprende de la tabla que, para efectos ilustrativos se inserta a continuación.

Por las razones expuestas, se estima que en dicha casillas se acredita la causal de nulidad de votación recibida en las tres casillas de referencia.

1.3. Integración la casilla sin la totalidad de los funcionarios.

El Partido Acción Nacional señala que las casillas impugnadas fueron integradas indebidamente, ya que no actuaron todos los funcionarios que, de acuerdo con la Ley Electoral deben integrar las casillas únicas, es decir, un presidente, dos secretarios y tres escrutadores.

Así para analizar este agravio se estudiaron todas las casillas impugnadas, con excepción de las que fueron anuladas con anterioridad, con el objeto de determinar con cuantos funcionarios se integraron y funcionaron.

Así, de la revisión de las actas de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo se advierte lo siguiente:

En las siguientes veinticinco casillas es infundado el agravio, ya que se integraron con los seis funcionarios que deben actuar de conformidad con la Ley Electoral, es decir, con presidente, dos secretarios y tres escrutadores.

1)    2573 B

2)    2582 C1

3)    2612 B

4)    2688 B

5)    2688 C1

6)    2688 C2

7)    2699 B

8)    2705 B

9)    2713 C2

10)                      2714 B

11)                      2715 C1

12)                      2717 C1

13)                      2721 B

14)                      2780 B

15)                      2781 B

16)                      2791 B

17)                      2792 B

18)                      2793 B

19)                      2798 C1

20)                      2809 C2

21)                      2815 B

22)                      2821 C1

23)                      2821 C3

24)                      2821 C4

25)                      2822 B

El agravio también es infundado en las siguientes casillas, ya que en ellas únicamente funcionaron con cuatro o cinco integrantes.

Así, las siguientes diez casillas funcionaron con cinco integrantes.

1)    2569 B

2)    2574 C1

3)    2578 B

4)    2603 C1

5)    2703 C2

6)    2709 C1

7)    2713 C1

8)    2716 B

9)    2791 C2

10)                      2798 B

En el caso de las casilla 2594 B y 2606 B, en el acta de jornada electoral aparece una inconsistencia entre los rubros relativos a los funcionarios de casilla presentes en la instalación de la casilla, respecto a los que estuvieron presentes al cierre de la votación, ya que en ellas aparecen seis o cinco integrantes.

Así, se estima que aun al considerar que solamente fueron integradas por cinco funcionarios, la votación recibida en ellas resulta válida, como se explicará en párrafos siguientes.

Por su parte, la casilla 2702 C1, fue integrada por cuatro funcionarios, el Presidente, los dos secretarios y un escrutador.

Así, en relación con las casillas que funcionaron únicamente con cuatro o cinco integrantes, se estima que la ausencia de uno o dos de los tres escrutadores, no puede conducir automáticamente a anular la votación recibida ellas.

Esto porque la circunstancia de que la ley prevea la conformación de las mesas directivas de una casilla única con seis personas, es por considerar seguramente que éstas son las necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren en el desarrollo de la jornada electoral en una casilla, sin necesidad de aplicar esfuerzo especial o extraordinario.

Sin embargo, el legislador no estableció el número de funcionarios citados con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada uno de los directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a las modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que de ser necesario pudieran realizar una actividad un poco mayor.

Sobre esta base, se estima que la falta de uno o dos de los escrutadores no perjudica automáticamente la recepción de la votación de la casilla, sino que sólo origina que los demás se vean requeridos a hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de la división del trabajo y elevando la mutua colaboración, sin perjuicio de la labor de control, tal como se establece en la tesis XXIII/2001, emitida por la Sala Superior de este Tribunal , de rubro “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”.[8]

Se arriba a la conclusión anterior, ya que, de la lectura de las actas de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo, se desprende que en dichas casillas no se dio cuenta de la existencia de incidente alguno durante la instalación y cierre de las mismas, lo que hace presumir que la recepción y cómputo de la votación se desarrolló con normalidad, de ahí que se estime que deba ser válida la votación recibida en la mismas, lo anterior con sustento en la Jurisprudencia 09/98, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[9] y en la ratio essendi de la jurisprudencia 13/2000, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”.[10]

Sin embargo, esta Sala Regional estima que debe anularse la votación recibida en la casilla 2798 C2, ya que ella fue integrada únicamente por tres funcionarios, en el caso, el presidente y dos secretarios, sin que en las actas de jornada electoral o de escrutinio y cómputo se consigne la presencia de alguno de los escrutadores que debían integrar dicha casilla; de ahí que se estime que no había funcionario que realizara  las actividades establecidas por el artículo 290 de la Ley Electoral, que establece las reglas para la realización del escrutinio y cómputo, que son, en el caso de los escrutadores, las siguientes:

        El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

        El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

        Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán los votos.

Así, se estima que no es posible realizar con certeza dichas funciones únicamente con tres funcionarios, ya que se necesitan, por lo menos cuatro integrantes de la mesa directiva de casilla para poder realizarlos, lo anterior, con base en lo dispuesto por la jurisprudencia 32/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE”.[11]

De ahí que deba anularse la votación recibida en la casilla 2798 contigua 2, al actualizarse la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios.

QUINTO. Recomposición del cómputo. Toda vez que resultaron fundados los agravios hechos valer en la demanda presentada en este juicio, en cuanto a las casillas 2576 contigua 1, 2792 contigua 1, 2798 contigua 2 y 2817 contigua 2, se declara la nulidad de la votación recibida en las mismas.

Así, en virtud de que el juicio que se resuelve es el único medio  de impugnación en que se estudia el fondo de la controversia planteada contra los resultados del cómputo distrital para la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, realizado por el 22 Consejo Distrital, en virtud de que el juicio de inconformidad SDF-JIN-25/2015, interpuesto por el Partido del Trabajo, contra los mismos resultados, fue resuelto por esta Sala Regional el pasado dos de julio, en el sentido de tenerlo por no presentado, lo procedente es modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital. Lo anterior, con fundamento en el artículo 56, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios.

Los resultados de las cuatro casillas cuya votación debe anularse del cómputo final se detalla a continuación:

Ahora bien, al hacer la resta correspondiente, el acta de cómputo distrital modificada debe quedar en los términos siguientes:

Así, una vez modificado el cómputo el Partido de la Revolución Democrática obtuvo treinta y siete mil cuarenta y dos (37,042) votos, mientras que el Partido del Trabajo obtuvo dos mil setecientos veinticuatro (2,724) votos, y se contabilizaron trescientos setenta y tres (373) votos emitidos a favor de la propia Coalición “Izquierda Progresista”, lo que suma un total de cuarenta mil ciento treinta y nueve (40,139) votos.

Así, en el cómputo distrital modificado, se advierte que ésta sigue conservando el primer lugar en el distrito que se analiza, pues la votación que más se le acercó fue la de MORENA que obtuvo treinta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro (35,144) votos, quedando en segundo lugar.

Además, las cuatro (4) casillas impugnadas representan el uno por ciento (1%) de las cuatrocientas veintiocho casillas de ese distrito electoral federal, con lo cual tampoco se actualiza la causal de nulidad de elección contemplada por el artículo 76, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

En ese sentido, el resultado de la nulidad de la votación recibida en las casillas indicadas y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, no conlleva un cambio en la fórmula de candidatos que resultó ganadora en la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, por lo que se debe confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 2576 contigua 1, 2792 contigua 1, 2798 contigua 2 y 2817 contigua 2.

SEGUNDO. Se modifican los resultados asentados en el acta el cómputo distrital de la elección de diputados federales realizado por el 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal, en términos del último considerando de la presente resolución.

TERCERO. Se confirma la validez de la elección de diputados federales, correspondiente al 22 Distrito Electoral Federal en el Distrito Federal, y en consecuencia, se confirma la entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva.

NOTIFÍQUESE personalmente al actor; por correo electrónico a la autoridad responsable y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ambos casos con copia certificada de la sentencia; por oficio al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por estrados a los demás interesados.

Devuélvanse las constancias que correspondan, y en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, con el voto razonado de los Magistrados Janine M. Otálora Malassis y Héctor Romero Bolaños, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO RAZONADO QUE FORMULAN LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS Y EL MAGISTRADO HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD SDF-JIN-3/2015.

Emitimos el presente voto razonado en virtud de que si bien coincidimos con el sentido de la sentencia y sus consideraciones, disentimos del criterio contenido en la jurisprudencia que sirvió de sustento para decretar la nulidad de la votación recibida en tres casillas, por la causal prevista en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, cuya aplicación nos resulta obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El citado numeral dispone que la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral resulta obligatoria, entre otras, para las Salas Regionales del mismo.

En este sentido, tomando en cuenta que en el caso resulta aplicable la jurisprudencia 13/2002, intitulada RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)[12], por lo que atendiendo al principio de legalidad que debe regir en todos los actos de esta autoridad jurisdiccional, los integrantes de este órgano jurisdiccional estamos obligados a acatar su contenido y alcance.

No obstante esto, estimamos necesario manifestar ciertas consideraciones que nos llevan a no compartir el sentido de la citada jurisprudencia.

En el presente caso, el partido actor promovió el juicio de inconformidad identificado con la clave SDF-JIN-3/2015 en contra de los resultados, la declaración de validez y la constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos postulada por la Coalición “Izquierda Progresista”, integrada por el Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo, haciendo valer la nulidad de la votación recibida en casilla, bajo la hipótesis prevista en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación por personas y órganos distintos a los facultados por la ley.

En la sentencia, se aprobó la anulación de las casillas 2576 C1, 2792 C1 y 2817 C2, en razón de que, en la primera de ellas, dos de los funcionarios no corresponden a la sección y en las dos últimas sólo uno de ellos.

Lo anterior, atendiendo a lo previsto en el artículo 274 párrafo 1 inciso d) de la Ley Electoral, así como al criterio jurisprudencial antes aludido, que fue declarado formalmente obligatorio por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, el veintiuno de febrero de dos mil dos, derivada de la resolución de los juicios de revisión constitucional con las claves de expediente SUP-JRC-035/99, SUP-JRC-178/2000 y SUP-JRC-257/2001.

Las consideraciones centrales que sustentan la jurisprudencia son las siguientes:

        Que las mesas directivas de casilla se integran con residentes de la sección electoral respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos.

        Que la ley prescribe la forma en que deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados para los cargos de presidente, secretario y escrutadores propietarios de la casilla electoral para instalarla.

        Que la ley prevé los mecanismos o procedimientos a seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa directiva con la normalidad apuntada, esto es, se contempla que deben ocuparse los cargos faltantes mediante la designación, por parte de algún funcionario propietario o suplente, la propia autoridad electoral o incluso los representantes de los partidos políticos de común acuerdo.

        Que en caso de ser necesario completar los funcionarios de casilla por no haberse presentado los designados, los nombramientos recaerán, de entre los electores que se encontraran formados en la casilla, siempre que pertenezcan a la sección electoral.

        Que el hecho de que una persona que no fue designada por el organismo electoral competente no aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, sin importar el cargo, no es una irregularidad menor.

        Que dicha irregularidad constituye una franca transgresión a lo previsto por el legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda.

        Que la participación de una persona que no pertenece a la sección pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio.

        Que ante la actualización de tal situación lo procedente es anular la votación recibida en esa casilla.

Al respecto, de manera por demás respetuosa consideramos que debe replantearse el contenido de la citada jurisprudencia, pues la misma nos obliga a anular la votación recibida en una casilla cuando se acredite que una sola persona de las que fungieron como integrantes de la mesa directiva de la casilla, no pertenezca a la sección, bajo la consideración de que ese sólo hecho afecta “gravemente” el principio de certeza.

En ese tenor, la jurisprudencia con la que disentimos nos prohíbe analizar, si el hecho acreditado en verdad resulta determinante para el resultado de esa casilla, lo que incluso consideramos contrario a los principios que rigen en materia de nulidades, tales como que sólo procede la nulidad de votación recibida en casilla, cuando se acredite que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación y el relativo a la conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Al respecto, vale la pena referir la razón esencial de las jurisprudencias aprobadas por la Sala Superior de este Tribunal Electoral con las que en nuestro concepto el criterio obligatorio con el que disentimos, se contraponen, e incluso resulta rigorista, las cuales se identifican con los números 9/98, 13/2000 y 39/2002[13], intituladas:

        PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.

        NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), y

        NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.

De dichos criterios jurisprudenciales se desprende:

        Que el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, resulta de especial relevancia en el derecho electoral.

        Que implica que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos, siempre y cuando las irregularidades detectadas sean determinantes para el resultado de la votación o elección.

        Que la nulidad no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañe el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, con irregularidades menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional.

        Que pretender que cualquier infracción de la normatividad de lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones.

        Que la declaración de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es determinante para el resultado de la votación.

        Que el requisito de la determinancia siempre está presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita.

        Que la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado.

        Que cuando ese valor no se encuentre afectado sustancialmente, porque el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

        Que el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras no, tiene injerencia en la cuestión probatoria.

        Que cuando las causas no prevén tal requisito en forma expresa es porque el legislador las consideró graves, salvo prueba en contrario. Por tanto, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica declarar la nulidad.

        Que cuando las causas prevén el requisito en forma expresa, el impugnante debe demostrar que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación.

        Que la determinancia puede ser cuantitativa o cualitativa, esto es, debe verificarse si se han conculcado o no de manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno o más de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Atendiendo al contenido de las jurisprudencias antes analizadas, es que nos encontramos convencidos de que se debería replantearse la vigencia de la jurisprudencia 13/2002, con base en la cual, en el presente caso, se determinó la nulidad de la votación recibida en tres casillas.

Lo anterior es así, porque como se evidenció con antelación, es un principio fundamental en materia de nulidades que se acredite el requisito de determinancia, y sin desconocer que el legislador ordinario contempló que las casillas se deben integrar por personas pertenecientes a la sección, lo cierto es, que a la luz de los criterios jurisprudenciales antes aludidos, es que estimamos que ese eventual incumplimiento del requisito legal, puede ser analizado, caso por caso, evaluando la trascendencia que pudo tener en cuanto a otros principios constitucionales o bienes jurídicos tutelados, tal como se hace en otras de las hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios.

En el caso reconocemos que la causal prevista en el inciso e) del párrafo 1 del mencionado numeral, no dispone de manera expresa el requisito de la determinancia, por lo que se entiende que la irregularidad es de tal entidad que lo procedente es anular la votación recibida en casilla; sin embargo, siguiendo las reglas previstas en las señaladas jurisprudencias, esa determinación se actualiza salvo prueba en contrario.

En ese contexto, consideramos que no debería ser suficiente para anular la votación recibida en una casilla que se acreditara que se integró por un ciudadano que no pertenece a la sección, pues al momento de analizar la irregularidad deberíamos tener la posibilidad de valorar las pruebas que obran en autos, a efecto de verificar si en verdad la participación de algún funcionario, constituye una irregularidad de tal magnitud que deba dejar sin efectos la votación emitida por todo un grupo de ciudadanos, lo que tendría una relación directa con acreditar una vulneración al principio de certeza.

A ese respecto, vale decir que el mencionado principio puede entenderse como la necesidad de que todas las actuaciones que desempeñen las autoridades electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Lo que implica que los actos y resoluciones electorales se basen en el conocimiento seguro y claro de lo que efectivamente es, sin manipulaciones o adulteraciones y con independencia del sentir, pensar o interés particular de los integrantes de los órganos electorales, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad.

En ese contexto, al momento de analizar los agravios hechos valer respecto a la causal de nulidad en comento, en la valoración de las pruebas que obren en autos, podría, por ejemplo, darse el caso de que la casilla se integró con la totalidad de funcionarios, que estuvieron presentes los representantes de todos o la mayoría de los partidos políticos o coaliciones e incluso observadores electorales, que no se refirió ningún incidente por parte de los funcionarios de casilla, ni tampoco se presentaron escritos de incidentes o de protesta por los representantes de los partidos políticos, es decir, que adicional a la irregularidad acontecida no existió otra que pudiera vulnerar el principio antes aludido.

En consecuencia, se podría estimar que no existió una vulneración al principio de certeza, en razón de que las actividades encomendadas a cada uno de los integrantes de la casilla se realizaron conforme a la ley, además, estando presentes los representantes de los partidos o en su caso coaliciones, se podría afirmar que en la casilla existió el control de vigilancia por parte de los entes políticos contendientes, a efecto de que no se vulnerara la norma.

Adicional a ello, nos parece que otro elemento a valorar podría ser la ubicación de la sección a la que pertenece ese ciudadano que actuó como funcionario, la cual de conformidad con el artículo 147 de la Ley Electoral, es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales, y cada sección tiene como mínimo cien electores y como máximo tres mil.

En ese contexto, es un hecho conocido que las secciones electorales colindan unas con otras, en consecuencia, la participación de ese ciudadano en una sección a la que no corresponde se podría deber a la circunstancia de la cercanía con otras, lo que aun cuando sería contrario a la dispuesto por la norma, podría ser subsanable si en autos, se advierte que, por ejemplo, se trata de una sección colindante y que, adicional a ello ocurren otros factores que contribuyen a dar certeza a la votación como que la casilla se integró debidamente, esto es, con los funcionarios necesarios y los representantes de los partidos políticos y sin la existencia de algún incidente.

Adicional a lo expuesto, estimamos que el criterio que sostiene la jurisprudencia con la que disentimos resulta muy estricto, máxime si se tiene en cuenta el contenido del numeral 258 párrafo 3 de la Ley Electoral, que establece que en el caso de las casillas especiales preferentemente se hará con los ciudadanos que habiten en la sección electoral donde se instalarán, en caso de que no se cuente con el número suficiente de ciudadanos se podrá designar de otras secciones electorales, esto, sin dejar de reconocer la naturaleza de este tipo de mesas directivas de casilla, ya que son instaladas a fin de que los electores en tránsito emitan su voto.

No obstante ello, nos parece que este puede ser un elemento de que el requisito legal previsto en la norma consistente en pertenecer a la sección, debería ser verificable, es decir, que el juzgador pudiera valorar si en verdad existe una violación a los principios de legalidad y certeza que sea determinante para el resultado de la elección, cuando se acredite que algún funcionario no cumple con ese requisito.

Bajo ese escenario, es nuestra convicción que respetando el principio de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados y garantizando la mayor protección al derecho fundamental consagrado en el artículo 35 fracción I de la constitución, debería conservarse la votación que se hubiera recibido en un centro de votación que no se vio afectado por alguna otra irregularidad.

Por supuesto, no desconocemos que el hecho de que en un centro de votación participe una persona que no pertenece a la sección constituye una violación al principio de legalidad, toda vez que en el numeral 83 párrafo 1 inciso a) y 274 párrafo 1 inciso d) de la Ley Electoral se refiere que los funcionarios de casilla deben pertenecer a esa porción territorial, sin embargo, estimamos que como se ha dicho con antelación, no en todos los casos se actualiza una afectación al principio de certeza en el desempeño de las actividades de los funcionarios de casilla, afectando con ello la votación de un determinado número de ciudadanos.

Adicional a lo expuesto, estimamos que la interpretación que sostiene la jurisprudencia incumple con los parámetros de interpretación que deben aplicar los jueces, de conformidad con artículo 1 de la Constitución, pues limita la actuación del órgano jurisdiccional para verificar si la irregularidad acreditada es de tal magnitud que deba generar la nulidad de la votación recibida en la casilla, lo que impacta directamente con el ejercicio del derecho fundamental previsto en el numeral 35 fracción I constitucional.

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de diez de junio de dos mil once, se incorpora en el texto constitucional, en el artículo 1º, una nueva concepción acerca de los derechos fundamentales de que gozan todas aquellas personas que se encuentren en el territorio nacional.

Así, se establece que las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, y de manera destacada, según el texto constitucional, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia.

En el mismo sentido, se impone la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De la literalidad del texto constitucional, se advierte que el constituyente permanente introdujo un nuevo sistema de protección a los derechos humanos, que obliga a todos los operadores jurídicos, a replantearse la concepción que tienen, no solo de la tutela de los derechos y las garantías para su protección, sino también de la forma en que se interpretan las normas secundarias a la luz de este nuevo paradigma en materia de derechos fundamentales.

Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que como parte de la reforma legal que se aprobó en el año dos mil catorce, se derogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobándose la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de ese año.

En la nueva ley, el artículo 82, del señalado ordenamiento, establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con un secretario y un escrutador.

Atendiendo a ese nuevo escenario es que se considera que debe replantearse la vigencia de ese criterio, en razón de la complejidad para integrar la casilla, y el valor de conservar el voto ciudadano que se recibió sin ninguna irregularidad, más que la participación de un ciudadano que no pertenece a la sección.

En esas condiciones, insistimos en que debería replantearse la vigencia de ese criterio jurisprudencial, y optarse por una interpretación maximizadora del derecho fundamental de voto de los electores, privilegiando la preservación de la votación válidamente emitida, ya que como se refirió en las líneas que anteceden, la determinancia en los casos que no se encuentre prevista de manera expresa, se actualiza, salvo prueba en contrario, lo que debería permitir al juzgador valorar las pruebas a fin de concluir si en el caso se actualiza una vulneración al principio de certeza, pues la consecuencia de que se declare la nulidad de la votación recibida en la casilla, no es menor, pues implica que la voluntad de los ciudadanos que acudieron a votar quede sin efectos, esto es, no se tome en cuenta en la renovación de los poderes Ejecutivo y/o Legislativo.

Por las razones expuestas, emitimos el presente voto razonado.