JUICIO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE:

SDF-JIN-05/2009.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SÉPTIMO CONSEJO DISTRITAL  DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOSA.

SECRETARIO: MARIO ALBERTO GUZMÁN RAMÍREZ.

México, Distrito Federal, treinta y uno de julio de dos mil nueve.

VISTOS los autos para resolver el Juicio de Inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el que se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, por nulidad de la votación recibida en varias casillas y por la nulidad de la elección de diputado federal por el principio de Mayoría Relativa en el Séptimo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal; y             

R E S U L T A N D O

I. Cómputo Distrital. El ocho de julio de dos mil nueve, el Séptimo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, realizó Cómputo Distrital de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, mismo que arrojó los siguientes resultados:

II. Declaración de validez y otorgamiento de constancia. En nueve de julio del presente año al finalizar el Cómputo Distrital, el Séptimo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal declaró la validez de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa y la elegibilidad del partido político que obtuvo la mayoría de votos y determinó la expedición de la constancia de mayoría a la fórmula del instituto político que obtuvo la mayoría de votos. El Presidente del referido Consejo expidió la constancia de mayoría y validez al Partido de la Revolución Democrática que obtuvo el triunfo, integrada por el ciudadano Nazario Norberto Sánchez como diputado federal propietario y el ciudadano Abraham Borden Camacho como suplente.

III. Medio de impugnación. El trece de julio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de inconformidad por conducto de Sergio Carlos Flores Martínez, quien se ostentó con el carácter de representante propietario del mismo ante el Séptimo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, por la nulidad de votación recibida de la elección de diputado federal por el principio de Mayoría Relativa en ciento cuarenta y cinco casillas, o en su caso, la nulidad del veinte por ciento de las casillas instaladas en el distrito.

IV. Aviso y publicidad del medio de impugnación. La autoridad señalada como responsable avisó a este órgano jurisdiccional de la presentación del medio de impugnación, lo hizo del conocimiento público mediante cédula fijada en los estrados. Igualmente, rindió informe circunstanciado para hacer valer las razones de su actuación.

V. Tercero interesado. El diecisiete de julio del año en curso Nazario Norberto Sánchez en su calidad de diputado federal electo por el Partido de la Revolución Democrática y Abraham Borden Camacho en su carácter de su suplente, quienes además se ostentaron con el carácter de representantes del mismo ante el Séptimo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, presentaron ante la responsable escrito por el que comparecieron como tercero interesado, a fin de hacer valer su interés en la subsistencia del acto impugnado.

VI. Remisión a la Sala y turno del medio de impugnación. El diecisiete de julio del presente año se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el oficio con el que la responsable remitió el expediente formado con motivo de la demanda del juicio, mismo que por acuerdo del Magistrado Presidente Eduardo Arana Miraval, fue turnado a la ponencia del Magistrado Roberto Martínez Espinosa en términos de los artículos 197 fracción III y 204 fracciones I, IV, VIII y XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 10 fracción I y 59 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VII. Sustanciación. Por auto de veintiuno de julio actual, el Magistrado Electoral en turno dictó proveído mediante el cual radicó y requirió a la autoridad señalada como responsable por diversos documentos.

VIII. Por auto de treinta y uno de julio del presente año, se tuvieron por cumplimentado el requerimiento y sus diversos alcances y por desahogadas las demás pruebas ofrecidas y admitidas a las partes que fueron aportadas dentro de los plazos para la impugnación y reservada la prueba que ofreció el actor en su escrito de veintinueve del mes y año citados, fue substanciado el expediente y puesto en estado de resolución, se declaró cerrada la instrucción, por lo que se procedió a formular el proyecto de sentencia; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal con sede en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver este asunto por tratarse de un Juicio de Inconformidad, en el que se impugnan actos ocurridos durante la etapa de resultados y declaración de validez en un proceso electoral federal ordinario, realizados por el Séptimo Consejo Distrital en el Distrito Federal, autoridad electoral que pertenece a la circunscripción plurinominal donde esta Sala ejerce su jurisdicción y relacionados con una elección de diputados por el principio de mayoría relativa, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo base VI y 99 párrafo cuarto fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186 fracción I, 192 y 195 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, 49 párrafo 1, 50 párrafo 1  fracción I y II y 75, 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y además con lo que dispone el artículo primero del Acuerdo CG 192/2005, por el que se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una de ellas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil seis, mismo que fue ratificado mediante Acuerdo CG 404/2008 aprobado el veintinueve de septiembre de dos mil ocho por la citada autoridad electoral.

SEGUNDO. Requisitos de Procedibilidad. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es oportuno analizar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad por ser su examen preferente, conforme al principio de economía procesal.

El Partido Revolucionario Institucional se encuentra legitimado para interponer el presente Juicio de Inconformidad, de acuerdo con los siguientes fundamentos y consideraciones:

Según lo dispone el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral pueden interponer el Juicio de Inconformidad, entre otros, los partidos políticos a través de sus representantes legítimos.

Se tiene por acreditada la personería de Sergio Carlos Flores Martínez, quien presentó la demanda del juicio de inconformidad, ostentándose como representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Séptimo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, toda vez que el órgano responsable, en su informe circunstanciado rendido en los términos del artículo 18 párrafo 2 de la ley de la materia, le reconoce su carácter de representante propietario de dicho instituto político ante esa autoridad, además, del análisis de las actas de sesiones del Consejo responsable, que obran a fojas trescientos cincuenta y cinco a trescientos sesenta y cuatro del expediente principal, se confirmó la representación atribuida a dicho ciudadano, en este procedimiento.

En cuanto a la personería de Nazario Norberto Sánchez y Abraham Borden Camacho, quienes presentaron el escrito de tercero interesado en su carácter de diputado federal propietario y suplente, respectivamente, ostentándose también como representantes del Partido de la Revolución Democrática ante el Séptimo Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, se tiene por no acreditada, toda vez que los comparecientes no acompañaron a su escrito de demanda documento para acreditar su personería como representantes propietarios de dicho instituto político, no obstante el requerimiento emitido mediante proveído de veinticinco de julio del año actual, notificación practicada mediante cédula fijada en lugar visible del domicilio señalado al efecto, a las diez horas con treinta minutos de ese mismo día, y en virtud de que no desahogaron dicho requerimiento se tienen por no comparecidos, ya que la autoridad responsable en su informe circunstanciado no mencionó si les reconocía dicha personería como representantes propietarios del Partido de la Revolución Democrática.

Requisitos de procedibilidad de la demanda. Se advierte que el escrito de demanda fue presentado ante la autoridad responsable y en el mismo consta el nombre del actor. El promovente hizo constar su nombre y firma autógrafa, identificó el cómputo impugnado, la elección que se reclama y lo que se objeta; expresó agravios, mencionó en forma individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada y señaló los hechos en que basa su impugnación.

Respecto a la oportunidad en la presentación de la demanda, el artículo 55 de la ley de medios de impugnación dispone que la demanda de juicio de inconformidad debe presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del siguiente a aquel en que concluya la práctica del cómputo materia de la inconformidad.

En el presente caso, en el acta circunstanciada de la sesión de Cómputo Distrital realizada por la autoridad responsable, que obra a fojas ciento treinta y dos a la ciento treinta y cinco de autos, se asienta el día y la hora de la conclusión del cómputo de la elección impugnada, así como la hora de inicio de cómputo siguiente, esto es, el de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, se hace constar en tal documento únicamente que la sesión de referencia dio inicio a las ocho horas con treinta minutos del ocho de julio del año en curso y terminó a las seis horas con cuarenta minutos del nueve de julio siguiente; en consecuencia, el plazo para la interposición de la demanda corrió los días diez, once, doce y trece del mes de julio de dos mil nueve; entonces al haberse presentado la impugnación que nos ocupa ante la autoridad responsable el día trece de julio del presente año a las veintitrés horas con diez minutos, como se aprecia de la nota de presentación que obra a foja cinco de los autos principales, resulta evidente que fue presentada dentro del plazo establecido por la ley invocada.

Del minucioso análisis del escrito de demanda, tal como lo afirmó el Magistrado Electoral Instructor en el auto de admisión de treinta y uno de julio del presente mes y año, se concluye que efectivamente, el medio de impugnación satisface los requisitos de procedibilidad y que no se hace presente ninguna causal que provoque el desechamiento de plano del presente medio de impugnación.

Decisión de prueba reservada. Según se desprende del auto de treinta y uno de julio del presente año, el magistrado instructor reservó la decisión de admisión de la prueba que el actor señala como superveniente en su escrito de veintinueve del mes y año citados, para hacerlo en forma colegiada por los integrantes de esta sala por lo que se procede en dichos términos.

El partido político actor, a través de su representante Sergio Carlos Flores Martínez ofrece prueba documental del instrumento notarial número 24,788 levantado ante la fe del Notario Público número 142 de la ciudad de México, Distrito Federal Licenciado Daniel Luna Ramos, mediante el cual da fe de hechos presenciados el veintinueve de julio de dos mil nueve de la cuenta de correo electrónico personal del citado Sergio Carlos Flores Martínez, respecto de una solicitud que dice ser del Vocal Ejecutivo de la Séptima Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal por el envío de diversa documentación, además en dicho instrumento notarial anexa diversas copias y fotografías.

En primer término del análisis de dicho testimonio y de los anexos que contiene, se advierte que su intención es acreditar hechos acaecidos con posterioridad al día de la jornada electoral (cinco de julio) y si bien refiere que guardan relación con los argumentos expuestos en los hechos y agravios contenidos en su demanda, no le asiste la razón, porque de un análisis integral al escrito inicial donde plantea el juicio de inconformidad, no se advierte que el hecho que pretende acreditar guarde relación ni siquiera de manera indiciaria con sus agravios o hechos narrados, esto es, no existe vínculo con la controversia planteada originalmente, puesto que se infiere que lo que realmente pretende es ampliar la litis con la admisión de la citada prueba, circunstancia que es a todas luces improcedente, dado que los medios de convicción en el juicio de inconformidad deben presentarse en el mismo período al de la demanda, esto es, dentro de los cuatro días siguientes a partir de la notificación o de que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada.

Esto es, si su pretensión era ampliar su demanda, debió hacerlo a más tardar el trece de julio de dos mil nueve; ahora, respecto de la prueba consistente en la citada comunicación o requerimiento a través de su cuenta personal de correo electrónico que aduce, del anexo al testimonio identificado con la página “2 de 3” se advierte que tuvo conocimiento desde el veintiuno de julio de dos mil nueve, a lo que se indica que su ofrecimiento no está sujeto únicamente a que no se hubiere cerrado instrucción dentro del presente asunto, sino que debe hacerse dentro de los cuatro días posteriores al en que tuvo conocimiento del mismo, esto es, debió ser ofrecida a más tardar el veinticinco de julio del año en curso, dado que considerar lo contrario acarrearía actuar inequitativamente con el resto de las partes, dado que no tendrían oportunidad de controvertir la misma sobre su autenticidad, alcance y valor probatorio, máxime que como ya se dijo con dicha probanza se pretenden acreditar hechos novedosos que no fueron planteados en la demanda del actor.

Acude en apoyo a lo anterior lo sostenido en la Jurisprudencia 13/2009 aprobada por la Sala Superior de este tribunal en sesión pública celebrada el ocho de julio de dos mil nueve, aplicada por analogía y mayoría de razón, identificado con el rubro y contenido siguientes:

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (Legislación federal y similares).—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base IV, y 116, fracción IV, incisos d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 9, párrafo 1, inciso f); 16, párrafo 4; 43, 55, 63, párrafo 2; 66 y 91, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la ampliación de demanda por hechos nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida, o desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de impugnación; por tanto, los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la instrucción, pues con esta interpretación se privilegia el acceso a la jurisdicción.

En consecuencia, no se admite la prueba reseñada en los párrafos anteriores.

Causal de Improcedencia que invoca la autoridad responsable. En cuanto a la causal de improcedencia que hace valer en su informe circunstanciado la autoridad responsable, en el sentido de que el escrito de protesta constituye un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral, a efecto de que se manifiesten las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas irregularidades, no le asiste la razón.

Lo anterior es así, porque tal requisito no existe como lo estima la autoridad responsable a partir de la reforma electoral acaecida en dos mil ocho, el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue reformado, quedando abrogado el segundo párrafo que preveía la improcedencia del juicio en caso de no presentar el mencionado escrito de protesta.

Ante tal circunstancia, la ley electoral adjetiva ahora vigente establece que el escrito de protesta sólo se considera como el medio para establecer la existencia de presuntas irregularidades durante la jornada electoral, por lo cual la omisión en su presentación no es causa de desechamiento.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales del escrito del actor y del tercero interesado y en virtud de que en el presente caso no se actualiza alguna causal de sobreseimiento de las previstas en el artículo 11 de la ley de la materia, es procedente analizar el fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Fijación de la litis. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si, con base en lo expresado y probado por las partes y atendiendo a lo prescrito en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha lugar o no a decretarse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas por el Partido Revolucionario Institucional, y en consecuencia, si se deben modificar o no los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de Mayoría Relativa, en el Séptimo Consejo Distrital en el Distrito Federal o bien, si se debe declarar o no la nulidad de la elección impugnada; finalmente y en razón de lo anterior, si se debe revocar o no el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez.

Los agravios a estudiar por la Sala en este asunto, son los expresados por el partido político demandante. En aquellos casos en que el actor omitió señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o los citó de manera equivocada la Sala, en ejercicio de la suplencia prevista en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toma en cuenta los que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto. Igualmente, en el caso de deficiencias y omisiones en la expresión de agravios, se atenderán los deducidos claramente de los hechos expuestos.

En consecuencia, las ciento cuarenta y cinco casillas cuyo estudio es procedente, serán analizadas en torno a las siguientes causales de nulidad:

En el estudio de las casillas impugnadas esta Sala dará especial relevancia al principio general de Derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino utile per inutile non vitiatur (lo útil no debe ser viciado por lo inútil), en acatamiento a la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98, publicada en "Justicia Electoral", revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1998, Suplemento número 2, página 19, así como en la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Jurisprudencia, páginas 231-233, que a la letra señala:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.—Con fundamento en los artículos 2o., párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2, del código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.”

CUARTO. En su demanda, la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1 inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en una casilla, la 1190 Contigua 1.

En cuanto a esta casilla el actor manifiesta vagamente que “No se instalo (sic) la casilla en la dirección asignada por el IFE.”, sin que precise en donde debió instalarse y en su caso, dónde fue instalada la casilla para advertir la irregularidad aducida.

En el Acta de la Jornada Electoral que envió la autoridad administrativa en copia al carbón aparece como lugar de instalación de la casilla la Calle Norte 86 número 4719, colonia Nueva Tenochtitlan, mientras que en la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo, aparece la calle Norte 86-A con idéntico número y colonia, mientras que en la copia certificada de la lista de funcionarios de casilla y ubicación de la misma, aparece como domicilio el Calle Norte 86, A # 4719 en idéntica colonia y ciudad.

La autoridad responsable no realizó pronunciamiento a este respecto.

Del análisis de las diversas normas que integran los ordenamientos electorales es posible advertir la voluntad del legislador de dotar a todos los actos en materia electoral y particularmente a los resultados de las elecciones de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

Los resultados de las votaciones recibidas en las casillas que se instalan el día de la jornada electoral en todo el territorio nacional deben reflejar fielmente la expresión de voluntad de los ciudadanos, sin generar dudas por adolecer de alguna de las características ya referidas.

En la legislación electoral puede advertirse la intención del legislador de proteger el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como de tutelar, particularmente, el principio de certeza que permita a los electores saber cuál es el lugar en el que deben emitir su voto.

Para hacer efectivo este principio de certeza, la ley señala con precisión las reglas para la determinación de los lugares en que se han de instalar las casillas; la obligación de las autoridades electorales de difundir la información correspondiente para el conocimiento de los ciudadanos y la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas que se instalen en lugares distintos a los señalados por la autoridad electoral.

En este contexto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 146 párrafo 1 inciso b) y 152 párrafo 1 inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a las Juntas Distritales Ejecutivas proponer a los respectivos Consejos el número y ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito, en tanto que es  atribución de los propios Consejos determinar su número y ubicación.

Según lo previsto por el artículo 241 párrafos 1 y 2 del ordenamiento en cita, los lugares donde han de instalarse las casillas deben reunir los requisitos siguientes: permitir el fácil y libre acceso a los electores; propiciar la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto; no ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate; no ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos, ni cantinas, centros de vicio o similares; y deben instalarse, preferentemente, en locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 243 y 258 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que los Consejos Distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en los que serán instaladas las casillas, para lo cual deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos más concurridos en el distrito.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casillas a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado en las publicaciones respectivas; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que el local no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores, o que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, e) que el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 262 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual en su párrafo 2 establece que en cualquiera de tales casos la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, para lo que se debe  dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

Por otra parte, en relación con los artículos anteriormente citados, en el párrafo 1 inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece:

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

Del análisis de los artículos anteriormente referidos, es posible advertir la voluntad de legislador de dotar a los resultados de las elecciones de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, así como de tutelar, particularmente, el principio de certeza que permita a los electores saber cuál es el lugar en el que deben emitir su voto.

En tal virtud, la instalación y funcionamiento de casillas, sin causa justificada, en lugares distintos a los señalados por el Consejo Distrital correspondiente, cuando provoca confusión o desorientación en los ciudadanos impide que algunos de éstos puedan emitir su voto, genera dudas sobre el proceso de recepción de la votación y sobre la objetividad de los resultados electorales, los que no puede considerarse que reflejen fielmente la voluntad de los ciudadanos, por no haberse respetado el principio de certeza que permita a los electores saber cuál es el lugar en el que deben emitir su voto y, por tanto, produce la declaración de nulidad de la votación recibida en dichas casillas.

En consecuencia, para que se actualice la causal establecida en el párrafo 1 inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es preciso que se establezcan dos elementos:

a)    Que se instaló la casilla en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

b)    Que el cambio de ubicación se realizó sin justificación legal para ello.

Luego, si la casilla se instaló en un lugar distinto al aprobado y publicado por el Consejo Distrital respectivo; la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se actualicen los dos extremos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en: a) copias certificadas de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas el cinco de julio del año en curso -comúnmente llamadas encarte-; b) copias certificadas de actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo; las que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que conforme al artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tienen valor probatorio pleno salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casilla; la ubicación de ésta,  publicada por el Consejo Distrital en el llamado encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; en su caso, la causa señalada para el cambio de ubicación de la casilla; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

Ahora bien, la falta de coincidencia apreciable en el nombre de la calle (calle Norte 86 en lugar de calle Norte 86 A), no es suficiente para estimar que la casilla se ubicó en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital, dado que lo único que se acredita es una irregularidad en el llenado del Acta de la Jornada Electoral, además de que, en el Acta de escrutinio y cómputo de dicha casilla sí aparece el nombre y número correcto de la ubicación de ésta.

De lo anteriores sigue que, tal irregularidad no es suficiente para demostrar que la casilla mencionada se hubiere instalado en un lugar distinto, puesto que el hecho de que los datos asentados no coincidan con el lugar de su ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad competente, de ninguna manera implica por sí solo que el centro de recepción de votos se hubiera ubicado en lugar distinto al autorizado, sobre todo que, conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se refiere el artículo 16 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, surge la convicción de que ocasionalmente los integrantes de las mesas directivas de casilla, al anotar en las actas respectivas el domicilio de instalación omiten asentar correctamente los datos que se citan en el encarte como fueron publicados por el Instituto Federal Electoral, aunado a que de las actas de jornada electoral así como de escrutinio y cómputo relativas a la casilla en estudio, que merecen valor probatorio pleno respecto de su contenido salvo prueba en contrario, no se advierte que haya ocurrido incidente alguno que pudiera revelar algún indicio que nos permita inferir que la casilla en comento se instaló en lugar distinto al designado por el Consejo Distrital correspondiente; tampoco se aprecia que los representantes partidistas hubieren firmado bajo protesta, desde luego esto no convalidaría posibles irregularidades, sin embargo, daría indicios en su caso del cambio del lugar de instalación de la casilla, lo que no sucede en el supuesto que nos ocupa.

Además la parte actora incumple con la obligación que le impone el párrafo 2 del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no aportar elemento probatorio para acreditar su afirmación en cuanto a la instalación de casilla en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral correspondiente.

De las razones expuestas deviene lo infundado de su agravio, respecto de lo que se reitera que no obra en actuaciones algún otro elemento de prueba que nos conduzca a aseverar que la casilla fue instalada en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital respectivo.

Acude en apoyo lo anterior el criterio Jurisprudencial emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005 páginas 148-150 y cuyo rubro es: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZARLA CAUSA DE NULIDAD.”

En tal virtud lo procedente es declarar infundado el agravio por lo que se refiere a ésta casilla.

QUINTO. En su demanda la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1 inciso e) relativa a recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en cuarenta y cinco casillas, mismas que son las que se precisan enseguida: 1148 contigua 1, 1153 básica, 1155 contigua 1, 1158 básica, 1164 básica, 1169 contigua 1, 1176 básica, 1177 contigua 1, 1180 contigua 1, 1181 contigua 2, 1182 básica, 1182 contigua 1, 1183 básica, 1186 contigua 1, 1187 contigua 1, 1188 básica, 1189 básica, 1190 contigua 1, 1192 básica, 1196 básica, 1197 contigua 1, 1200 básica, 1201 básica, 1203 básica, 1210 básica, 1212 contigua 1, 1370 básica, 1372 básica, 1374 contigua 1, 1407 básica, 1562 básica, 1562 contigua 1, 1563 contigua 1, 1564 básica, 1565 contigua 1, 1566 contigua 2, 1570 básica, 1584 básica, 1584 contigua 4, 1597 básica, 1607 básica, 1609 básica, 1650 básica, 1657 contigua 1 y 1660 básica.

Se hace la observación de que la autoridad responsable, mediante oficio JDE07VS/848/09 de veintisiete de julio de dos mil nueve indica que el legajo de copias certificadas en cuatrocientas setenta y seis fojas, referentes al listado de funcionarios de casilla que remitió este tribunal junto con el juicio de inconformidad planteado y que hoy se analiza, corresponden a los últimos movimientos realizados en la integración de las mesas de casilla inclusive hasta el cuatro de julio de dos mil nueve, por lo cual este hará las veces de encarte para analizar la presente causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 75 de la ley procesal de la materia.

Vale la pena hacer las consideraciones de que en todo sistema democrático resulta indispensable la renovación periódica de los órganos del Estado a través de elecciones populares. Con este fin, el día de la jornada electoral en el ámbito de las casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la participación ordenada de los electores, ante la presencia de los representantes de partidos políticos y observadores, llevan a cabo el acto más trascendente e importante del proceso electoral, consistente en la recepción de la votación.

Acorde con nuestras leyes, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, a quienes el día de la jornada electoral corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, y son responsables también, de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

El análisis de las diversas legislaciones que han tenido vigencia en nuestro país, desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hacen evidentes ciertas constantes en la regulación del proceso de recepción de la votación.

Así, puede advertirse que la recepción de la votación se ha encomendado a órganos con distintas denominaciones, pero integrados siempre por los propios electores. Todas las leyes electorales han previsto mecanismos para lograr la recepción de la votación, y han establecido reglas para la integración de las casillas el propio día de la jornada electoral.

En la legislación electoral vigente puede advertirse la intención del legislador de garantizar que las funciones relacionadas con la recepción de la votación se lleven a cabo, para que, como consecuencia, se logre la integración de los órganos del Estado de representación popular y la garantía de que la actuación de los integrantes de las mesas directivas de casilla esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

Como mecanismos para lograr lo antes referido, la ley establece con precisión dos procedimientos para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, uno para realizarse durante la etapa de preparación de la elección y otro, que es reiterado en todas nuestras leyes electorales, se utiliza el día de la jornada electoral con la finalidad de cubrir las ausencias de los ciudadanos designados para lograr la recepción de la votación; establece también las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla y la sanción de nulidad para la votación recibida por personas u órganos distintos a los señalados por la ley.

Acorde con lo anterior, para dar una mayor transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla y para garantizar la actuación imparcial y objetiva de sus integrantes, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 240, establece que los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán satisfacer los requisitos del artículo 156 del mismo ordenamiento, consistentes en haber tomado cursos de capacitación, haber sido seleccionados con base en sus aptitudes por el personal de las juntas del Instituto y ser seleccionados mediante procedimientos aleatorios que incluyen el sorteo del mes del calendario de su nacimiento y de la letra inicial de su apellido paterno.

Sin embargo, ante la situación lamentable pero reiterada de que los ciudadanos originalmente designados no acuden el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, para asegurar las funciones de recepción de la votación, el legislador federal previó mecanismos para la sustitución de los funcionarios ausentes, en el artículo 260 del código antes invocado, el que a la letra señala:

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario, éste asumirá las funciones de Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el Presidente ni el Secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de Presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de Presidente, los otros las de Secretario y Primer Escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Federal Electoral designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

En lo referente a las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla, el artículo 158 del referido código señala para los presidentes de las mesas directivas de casilla, entre otras: presidir los trabajos de la mesa; recibir del Consejo la documentación electoral; identificar a los electores; mantener el orden en la casilla; suspender la votación en caso de alteración; retirar a las personas que incurran en alteraciones graves del orden; practicar el escrutinio y cómputo; turnar al Consejo Distrital la documentación de la casilla; y, fijar al exterior de la casilla, los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.

Por su parte conforme a lo dispuesto en el artículo 159 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los secretarios de las mesas directivas de casilla deben levantar las actas; contar las boletas antes del inicio de la votación; durante ésta comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; recibir los escritos de protesta que se presenten; e inutilizar las boletas sobrantes.

Los escrutadores deben contar el número de boletas depositadas en cada urna, el número de electores anotados en la lista nominal, el número de votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula, o lista regional; y auxiliar al Presidente o Secretario en las actividades que les encomienden, según dispone el artículo 160 del multicitado código.

Por último, en términos de lo previsto por el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

 (...)

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

Todas las normas mencionadas procuran garantizar que la función de recepción de la votación se lleve a cabo para lograr la integración de los órganos del Estado de representación popular y asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, que se imponen en la actuación de las autoridades electorales.

Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en la ley sustantiva, cuando en alguna casilla reciban la votación personas u organismos distintos a los facultados y se generen dudas sobre la imparcialidad u objetividad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, debe decretarse la nulidad de la votación correspondiente, por no haberse hecho efectivo el principio de certeza del que deben estar revestidas todas las actuaciones de las autoridades electorales.

Ahora bien, para una mayor claridad en torno a la causal en estudio, se precisa lo siguiente:

De la interpretación sistemática y funcional de la ley sustantiva electoral se hace evidente la intención del legislador de lograr que la función de recibir la votación se lleve a cabo, a pesar de que pudieran presentarse algunas irregularidades el día de la jornada electoral, en la integración de la mesa directiva de casilla.

Así, para dar transparencia, generar confianza y evitar dudas sobre la imparcialidad y objetividad en la actuación de los integrantes de las mesas directivas de casilla se estableció en la ley un procedimiento para la designación de los funcionarios de casilla en la etapa preparatoria de la elección, específicamente en el artículo 240 del código de la materia, mismo al que ya se hizo alusión.

Sin embargo, ante la irregular pero reiterada circunstancia de que las personas designadas por el Consejo respectivo no acudan a ejercer sus encargos, para lograr la realización de la función de recibir la votación, tal como quedó dicho, el legislador, en el artículo 260 del ordenamiento en cita, estableció mecanismos para hacer la sustitución de los funcionarios ausentes, el propio día de la jornada electoral.

En este artículo se privilegia la función de recepción de la votación, de forma tal que la ausencia de funcionarios propietarios puede ser cubierta con la designación de nuevos funcionarios, según el caso, por parte del Presidente de la casilla, por el Secretario, por algún escrutador, por un funcionario suplente, sea por el Consejo Distrital o incluso por los propios representantes de los partidos políticos.

Resulta evidente entonces que para el legislador lo más importante es la realización de la función de recibir la votación y, que en última instancia, la atribución de designar a los integrantes de la mesa directiva de casilla puede recaer en muy distintas personas, y la designación, en cualquier persona que razonablemente garantice objetividad e imparcialidad, lo que se presume ocurre cuando la ley obliga a designar de entre los electores de la sección y prohíbe designar a representantes de partidos políticos.

Relacionada con lo anteriormente expresado, esta Sala considera aplicable la tesis relevante S3EL 019/97, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral publicada en la página 67 del suplemento número 1, año 1997, en "Justicia Electoral", revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Compilación Oficial del Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo: Tesis Relevantes, página 944, que a la letra señala:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. Misma que se tiene por reproducida como si a la letra se transcribiera.

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 157, 158, 159, 160, 259 a 287 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cada integrante de la mesa directiva de casilla corresponden distintas funciones y particularmente, la de recibir la votación, de manera que sólo se da participación al Presidente y al Secretario, quienes si así lo desean, pueden solicitar el auxilio de los escrutadores.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en los acuerdos adoptados por el Consejo Distrital, respecto de las personas designadas para actuar como funcionarios en las diversas casillas que se instalaron en el distrito; tales como actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, con sus respectivas hojas de incidentes, así como Listados Nominales utilizados el día de la Jornada Electoral, las que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Así, constan en autos escritos de incidentes, como la publicación de la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas de la elección del distrito electoral federal en estudio, también denominado “Encarte”, que como ya se dijo al inicio del presente considerando, tuvo modificaciones por causas supervenientes inclusive hasta el cuatro de julio previo a la jornada electoral, las cuales obran como anexo número I en el presente negocio, las que en concordancia con el citado artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano jurisdiccional y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

Hecha la precisión anterior, en lo relativo a la casilla 1148 contigua 1, el actor manifestó como agravio, en lo que aquí interesa, que no corresponden los funcionarios de casilla que debieron estar, relativos al presidente y segundo escrutador, los cuales, sin acreditamiento, llevaron a tales funciones durante el desarrollo de la jornada electoral, puesto que quien debió ser presidente era Edgar Alberto Hernández Ramírez y segundo escrutador Ernestina Miranda Ordoñez.

La autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado que obra a foja de la setenta y tres a ciento treinta del expediente principal, indica que el segundo escrutador fue capacitado y recibió el nombramiento como suplente número dos, sin que haga mención del presidente.

Al respecto, de acuerdo con los agravios hechos valer y lo manifestado por las partes, esta Sala considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas designadas como funcionarios de casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Distrital, con los nombres de las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral como miembros de la mesa directiva, de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las que se reservan espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, tienen otros espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la recepción de la votación, así como, en su caso, la cantidad de hojas de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, debe atenderse también al contenido de la hoja de incidente relativa.

Ahora bien, del análisis de las constancias antes aludidas y con el objeto de sistematizar el estudio, se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa a la identificación de la casilla; los nombres de los funcionarios que recibieron la votación y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en la correspondiente acta de la jornada electoral; los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según los acuerdos adoptados por el Consejo Distrital y por último las observaciones en relación a las sustituciones que constan en la hoja de incidentes.