México, Distrito Federal, a diecisiete de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de la fecha resuelve los juicios de inconformidad, promovidos por los partidos Acción Nacional y MORENA, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 11 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Venustiano Carranza, Distrito Federal; en el sentido de modificar el cómputo de la elección, así como confirmar la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva;

G L O S A R I O

ANTECEDENTES

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 11 distrito electoral federal en el Distrito Federal.

II. Cómputo distrital. El día diez siguiente, la autoridad responsable concluyó el cómputo distrital de la señalada elección, mismo que arrojó los resultados siguientes:[1]

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el 11 Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la coalición “Izquierda Progresista” integrada por Rafael Hernández Soriano, como propietario, y Jesús Alexey Martínez Cedano, como suplente.

III. Juicios de inconformidad. Los días catorce y quince de junio del año en curso, respectivamente, el PAN y MORENA promovieron sendos juicios de inconformidad alegando lo que a su derecho estimaron pertinente, en contra de los referidos actos del 11 Consejo Distrital.[2]

IV. Tercera Interesada. Mediante escritos presentados los días diecisiete y diecinueve de junio de este año, respectivamente, la Coalición “Izquierda Progresista” compareció a los juicios promovidos por el PAN y MORENA con el carácter de tercera interesada, alegando lo que a su interés consideró conveniente[3].

V. Remisión de ambos expedientes. Mediante sendos oficios, fechados el diecisiete y el diecinueve de junio de dos mil quince, recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho y el veintidós de junio, respectivamente, la autoridad responsable remitió las demanda exhibidas por el PAN y por MORENA, así como los correspondientes informes circunstanciados y escritos de la tercera interesada, además constancias que estimó pertinentes para ambos casos.

VI. Turno. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdo de dieciocho de junio, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración del expediente SDF-JIN-12/2015, con la demanda presentada por el PAN; en tanto que, mediante acuerdo del veintidós de junio, ordenó integrar el expediente SDF-JIN-87/2015, con la demanda de MORENA; además, en tales acuerdos, instruyó el turno de ambos asuntos a la ponencia del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

VII. Radicación. Mediante proveídos del veinte y veintitrés de junio del presente año, el Magistrado Instructor acordó la radicación de los expedientes.

VIII. Admisión y requerimientos. El veinticuatro de junio de dos mil quince, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de juicio de inconformidad en el juicio SDF-JIN-12/2015; asimismo, mediante proveído del día veintiséis siguiente, admitió la demanda en el juicio SDF-JIN-87/2015. En ambos casos requirió a la autoridad responsable que remitiera diversa documentación necesaria para la debida integración de los medios de impugnación.

IX. Cumplimiento a lo requerido. En su oportunidad, se tuvo a la autoridad responsable acatando los requerimientos que le fueron formulados en ambos juicios.

X. Cierre de instrucción. Al estar debidamente integrados ambos expedientes, por acuerdos de diecisiete de julio de este año, el Magistrado Instructor declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que ordenó poner los juicios en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

La Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, toda vez que se trata de juicios de inconformidad promovidos durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 11 distrito electoral federal en el Distrito Federal; supuesto normativo respecto del cual la Sala Regional tiene competencia y ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior con fundamento en:

Constitución. Artículos 41, párrafo segundo, base VI; 60 párrafo segundo, y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 1, fracción II, 184, 185; 186, fracción I, 192 y 195, fracción II.

Ley de Medios. Artículos 4, y 53, párrafo 1, inciso b), en relación con el 50, párrafo 1, inciso b).

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable pertenece a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo INE/CG182/2014 denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los 300 distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarán para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, tal como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional”, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el treinta de septiembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil quince.

SEGUNDO. Acumulación.

En el caso, procede acumular los juicios de inconformidad, ya que el análisis de las demandas respectivas permite establecer que hay conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en la autoridad responsable y en los actos materia de impugnación.

Doctrinariamente se ha establecido que existe "conexión de causa", cuando las acciones ejercidas tienen elementos comunes, en concreto, el objeto del juicio y la causa de pedir, esto es, en la relación jurídica que los vincula sustantivamente.

Ahora bien, tanto el PAN como MORENA promueven sendos juicios de inconformidad para impugnar el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría en la elección de diputados federales uninominales en el 11 distrito electoral federal del Distrito Federal, con la intención de dejar sin efectos tales actos —efectuados por el 11 Consejo Distrital— y, por ende, de que se declare la nulidad de la misma elección, debido a la aparente actualización de diversas irregularidades que afectan la votación recibida en múltiples casillas instaladas en ese distrito; es decir, existe identidad en los actos reclamados, en la pretensión y en la causa de pedir de los promoventes.

Por consiguiente, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica; 31 de la Ley de Medios, en relación con el 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procede decretar la acumulación del expediente SDF-JIN-87/2015 al diverso SDF-JIN-12/2015, por ser este último el que se recibió en primer lugar en la oficialía de partes de la Sala Regional; así, deberá glosarse copia certificada de esta sentencia en el expediente acumulado.

TERCERO. Tercera Interesada.

Se procede al análisis de los requisitos de los escritos de comparecencia, presentados por Carlos José Coronado Pastrana, en su carácter de representante del Partido del Trabajo y, por tanto, de la Coalición “Izquierda Progresista” ante el 11 Consejo Distrital.

a) Forma. En los escritos que se analizan —exhibidos tanto en el juicio SDF-JIN-12/2015 como en el juicio SDF-JIN-87/2015— se hace constar el nombre de la coalición que comparece como tercera interesada; el nombre y firma autógrafa de su representante ante la autoridad responsable; la razón del interés jurídico en que funda su pretensión concreta, consistente en que se confirmen los resultados de la elección controvertida, la declaración de validez de la misma, el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y, por tanto, el triunfo de la fórmula de candidatos a diputados federales postulada por la propia coalición.

b) Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, en atención a que, en ambos juicios, la coalición compareció dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de las demandas de juicio de inconformidad atinentes; plazo previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), en relación con el párrafo 4, de la Ley de Medios.

En efecto, respecto a la demanda presentada por el PAN, el correspondiente plazo de publicitación transcurrió entre las catorce horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil quince y la misma hora del diecisiete de junio posterior, mientras que el escrito de tercero interesado fue presentado ante el 11 Consejo Distrital las catorce horas del mismo día diecisiete.[4]

Por otra parte, acerca de la demanda de MORENA, el plazo para su publicitación corrió entre las dos horas del dieciséis de junio del año en curso y las dos horas del día diecinueve siguiente, en tanto que el escrito de comparecencia fue exhibido ante la autoridad responsable, a las cero horas con cincuenta y dos minutos del mismo día diecinueve.[5]

c) Legitimación y personería. La coalición “Izquierda Progresista” está legitimada para comparecer al presente juicio, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, toda vez que tiene un interés legítimo en los presentes juicios, derivado de un derecho incompatible con el que pretenden los actores, quienes intentan la nulidad de la elección en la que resultó ganadora la fórmula de candidatos postulada por la propia coalición.

Así es, la mencionada coalición cumple con el requisito de legitimación, porque la Sala Superior de este Tribunal Electoral se los ha reconocido a los partidos que contienden bajo esa modalidad, para promover los medios de impugnación previsto en la Ley de Medios, como se advierte de la jurisprudencia 21/2002, de rubro COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL.[6]

En ese sentido, aun cuando, preponderantemente, los partidos políticos tienen la condición jurídica necesaria para comparecer en esta vía, lo cierto es que, en el caso concreto, quien acude a la instancia jurisdiccional federal es una coalición que también cuenta con legitimación para inconformarse, ya que dicho ente no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran —PRD y Partido del Trabajo— aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido.

Criterio que se origina con lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución, que establece que en la ley se deben determinar las formas específicas de participación de los partidos políticos en los procesos electorales; así como en el diverso artículo 91, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, que prevé la obligación de tales institutos, cuando pretendan coaligarse, de indicar en el convenio respectivo cuál de ellos ostentará la representación para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia.

Lo expuesto evidencia que las coaliciones están legitimadas para presentar las demandas o interponer los recursos en materia electoral que sean procedentes, así como para comparecer con el carácter de terceras interesadas, a los medios impugnativos que se promuevan a fin de hacer valer un derecho incompatible con sus pretensiones.

Al respecto, la coalición que comparece como tercera interesada a los juicios en que se actúa se encuentra registrada ante el Consejo General del INE, tal como se advierte a partir de la resolución CG50/2015, emitida el veintinueve de enero del año en curso, mediante la cual dicha autoridad aprobó el registro del convenio de la coalición flexible denominada “Izquierda Progresista”, integrada por el PRD y el Partido del Trabajo, a fin de postular 134 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, para contender en el proceso electoral federal 2014-2015.[7]

Es menester apuntar que, conforme a la cláusula SEXTA del citado convenio de coalición,[8] la interposición de los medios de impugnación relacionados con la elección materia del propio convenio, corresponderá al partido político coaligado que encabece la fórmula de candidatos registrada en el distrito donde tenga su sede el Consejo Distrital del INE que sea señalado como autoridad responsable.

En esas condiciones, toda vez que en términos de la cláusula QUINTA del propio convenio de coalición, en el 11 distrito electoral federal del Distrito Federal la fórmula postulada por la referida coalición se encabeza por el Partido del Trabajo, entonces concierne a la representación de este partido ante el 11 Consejo Distrital, actuar a nombre de la coalición en comento, para lo relativo a la promoción y comparecencia en los medios de impugnación concernientes a la elección de diputados federales por mayoría relativa celebrada en ese distrito.

Luego, se tiene por acreditada la personería de Carlos José Coronado Pastrana, quien comparece al presente juicio a nombre de la coalición tercera interesada, toda vez que aportó constancia de su nombramiento como representante propietario del Partido del Trabajo ante el 11 Consejo Distrital.

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que los escritos a través de los cuales comparece la citada coalición, se encuentren suscritos también por la representante del PRD ante el 11 Consejo Distrital, pues si el propósito de este partido consiste en apersonarse a los presentes juicios, debe entenderse que lo hace válidamente como parte de la coalición “Izquierda Progresista”, representada por el otro de los partidos que la integran, esto es, por el Partido del Trabajo, instituto con el cual el PRD comparte un fin común, a saber, la defensa del triunfo de la candidatura postulada por la coalición en la que ambos convinieron participar; situación por la cual el PRD no queda inaudito y que no se opone al criterio establecido con naturaleza de jurisprudencia “LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL”, derivado de la contradicción de criterios SUP-CDC-7/2015, resuelta por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, en sesión pública del ocho de julio de dos mil quince.

d) Argumentos planteados.

La coalición “Izquierda Progresista”, en sus escritos de comparecencia a los juicios en que se actúa, en lo medular, plantea razones para que sea desestimado lo alegado por el PAN y por MORENA respecto a la nulidad de la votación recibida en diversas casillas; de tal modo, la coalición esgrime argumentos para evidenciar que no existen circunstancias que configuren las causales de nulidad señaladas por los promoventes, consistentes en la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas para ello —aducida por ambos actores—, así como en haber existido error o dolo en el cómputo de los votos, en la recepción de paquetes electorales en el Consejo Distrital fuera del plazo legalmente previsto y en la existencia de aparentes irregularidades graves durante la jornada electoral, todas éstas sostenidas sólo por MORENA.

Además, la coalición manifiesta que se actualizan causas de improcedencia de los juicios promovidos por el PAN y MORENA; causas que se analizarán en el apartado siguiente.

CUARTO. Causales de improcedencia.

Por ser su examen preferente y de orden público, se analizarán las causales de improcedencia, pues de configurarse alguna de las mismas, se constituiría un obstáculo y, con ello, la imposibilidad de un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Sobre el particular, la coalición “Izquierda Progresista” arguye que se actualizan causales de improcedencia de los juicios promovidos por los actores.

En cuanto al juicio SDF-JIN-12/2015, promovido por el PAN, la tercera interesada asegura que el representante de dicho partido político ante el 11 Consejo Distrital, Santiago Torreblanca Engell, carece de personería para actuar a nombre de aquél, ya que se abstuvo de acreditarla al presentar la demanda, pues en esa ocasión sólo exhibió copias simples de su credencial para votar y del oficio dirigido al Presidente del Consejo Local del INE en el Distrito Federal, a través del cual el Presidente del Comité Directivo Regional del PAN designa a esa persona como representante partidista ante la autoridad responsable.

Sin embargo, según lo planteado por la coalición compareciente, el oficio exhibido en copia simple por el representante del PAN, no fue acompañado de la documentación que lo respalda, es decir, del acuerdo emitido por el Comité Directivo Regional de ese partido, mediante el cual se delegó al Presidente del mismo órgano, la facultad de designar a los representantes del PAN ante los órganos electorales federales y locales con sede en el Distrito Federal.

Por tanto, la tercera interesada solicita a la Sala Regional verificar si el referido funcionario partidista contaba con atribuciones para designar al representante que promovió a nombre del PAN, así como la vigencia del acuerdo por el cual le fue delegada a tal funcionario esa facultad de designación.

Sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad lo planteado por el actor, puesto que para tener por reconocida la personería de Santiago Torreblanca Engell como representante del PAN, se estima suficiente lo expresado por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, en el sentido de que dicha persona se encuentra acreditada como representante suplente del referido partido ante el 11 Consejo Distrital, tal como lo dispone el artículo 18, párrafo 2, inciso a), de la Ley de Medios.

De esa manera, lo señalado por la autoridad responsable en su informe, por disposición legal se estima eficaz para tener por acreditada la calidad con la que se ostenta Santiago Torreblanca Engell y permite inferir válidamente que, en su momento, la misma autoridad tuvo a la vista los originales de las constancias relativas a la autorización de dicho individuo para actuar a nombre del partido político en cuestión y que permitieron al 11 Consejo Distrital tenerlo como representante partidista, sin necesidad de anexar a su informe tales constancias o algún otro elemento para demostrar una situación que, debe entenderse, ya fue constatada con anterioridad.

Aunado a ello, puede concluirse que al momento de recibir la demanda suscrita por Santiago Torreblanca Engell a nombre del PAN, la autoridad responsable también tuvo a la vista la documentación anexa, entre ella, la copia simple del escrito por el cual ese partido otorga personería a tal ciudadano; escrito acerca del cual es dable inferir que su contenido coincidió con la información con la que cuenta el 11 Consejo Distrital, respecto a la identidad de la persona que ejerce como representante suplente del PAN ante el mismo órgano electoral, siendo tal coincidencia la que condujo a la autoridad responsable a reconocer esa personería en el informe circunstanciado rendido a la Sala Regional.

Lo anterior también tiene sustento en el criterio adoptado en la tesis IV/99, de rubro “PERSONERÍA. SE DEBE TENER POR ACREDITADA, AUNQUE LA PRUEBA PROVENGA DE PARTE DISTINTA A LA INTERESADA”,[9] pues aun cuando la persona que promueve a nombre del PAN haya anexado tan sólo una copia simple del oficio que lo designa representante partidista, la calidad con la que se ostenta ha quedado plenamente demostrada a partir de lo informado por la autoridad responsable, en función del principio de adquisición procesal.

De tal suerte, la circunstancia de que la persona que presenta la demanda en representación del PAN haya pretendido acreditar su personería tan sólo con copias simples, no implica que la autoridad responsable no haya tenido por acreditada esa calidad, previamente, con base en las constancias idóneas para ello; por tanto, cualquier situación contraria a la señalada por el 11 Consejo Distrital en su informe circunstanciado acerca de la personería ostentada por Santiago Torreblanca Engell, corresponde demostrarla fehacientemente a quien la afirme.

Lo dicho, si se tiene en cuenta que, de acuerdo a los artículos 14, párrafo 4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, los documentos originales expedidos por órganos electorales dentro de su ámbito de competencia —como lo es el informe emitido por el 11 Consejo Distrital al ser señalado como responsable— tienen pleno valor probatorio acerca de los hechos a los que refieren, salvo prueba en contrario que, en todo caso, corresponde evidenciar a quien afirma su inexactitud —conforme al artículo 15, párrafo 2, de la ley invocada— lo cual no ocurre en el caso concreto, ya que la coalición compareciente se abstiene de aportar elementos de convicción para demostrar la falta personería de quien presentó la demanda a nombre del PAN.

No pasa desapercibido para la Sala Regional, lo aducido por la tercera interesada en cuanto a que el mencionado representante del PAN no ha rendido protesta como integrante del Consejo Distrital, como razón para no reconocerle personería; aspecto que tampoco resulta suficiente para desvirtuar la calidad con la que Santiago Torreblanca Engell se ostenta.

Es cierto que conforme a los artículos 88 de la Ley Electoral y 87, párrafo 4, del Reglamento Interior del INE, los representantes partidistas nombrados ante los consejos distritales deberán rendir protesta del cargo ante el propio consejo, también es verdad que en la especie, la designación de la mencionada persona como representante suplente, en sustitución de quien ejercía el cargo con anterioridad, ocurrió el trece de junio de dos mil quince,[10] sin que se tenga noticia de que entre esa fecha y el catorce de junio siguiente, cuando se presentó la demanda del PAN, el 11 Consejo Distrital hubiere sesionado y, por tanto, se registrara la oportunidad material de que Santiago Torreblanca Engell rindiera protesta ante tal órgano colegiado.

No obstante, lo previsto por los citados preceptos, sobre la protesta que un representante partidista deberá rendir ante el consejo distrital en el cual ejercerá el cargo, debe entenderse solamente como condición indispensable para que aquél pueda concurrir válidamente a las sesiones del respectivo órgano y participar en las mismas haciendo uso de la voz a nombre de su representado, conforme al artículo 76, párrafo 4, de la Ley Electoral; pero no como presupuesto necesario para que, tal como sucede en el caso concreto, la persona que ejerce la representación pueda promover medios de defensa en contra de actos atribuidos al órgano ante el cual fue designado. Esta interpretación otorgada a la obligación de rendir protesta, resulta acorde al derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución, por ser la más favorable al ejercicio de los derechos de defensa y acceso a la justicia del partido representado, sobre todo cuando la propia Ley Electoral, en su artículo 88, párrafo 3, permite a los partidos políticos sustituir en todo tiempo a sus representantes en los consejos del INE.

Luego, si el PAN determinó designar a su representante suplente ante la autoridad responsable, en un momento en el que no podría realizarse de manera inmediata la protesta del cargo ante la misma autoridad, ello no puede obrar en perjuicio de la voluntad del propio partido de nombrar a quien estimó pertinente para representarlo en la impugnación de la elección reclamada, ni mucho menos puede servir de base para desestimar la calidad de quien actúa a su nombre para acceder a la tutela efectiva.

Bajo ese tenor, resulta infundada la causal de improcedencia planteada por la coalición, concerniente a la falta de personería de quien presentó la demanda del PAN.

Por otra parte, en lo que hace al juicio de inconformidad promovido por MORENA, la coalición “Izquierda Progresista” alega su improcedencia en razón a que, desde su perspectiva, aun en el caso de que se anulara la votación recibida en las casillas en las cuales dicho partido político asegura se configuran causales de nulidad, de cualquier modo ello no traería consigo un cambio de ganador, es decir, la referida coalición mantendría el primer lugar.

Este planteamiento resulta infundado, pues la Ley de Medios no prevé como motivo para declarar la improcedencia de un juicio de inconformidad, la circunstancia de que la votación recibida en las casillas cuestionadas, resulte determinante respecto al resultado de la elección de que se trate.

Igualmente, un pronunciamiento acerca de lo determinante o no que sería la presunta actualización de las causales de nulidad de la votación recibida en diversas casillas, en todo caso correspondería a un estudio de fondo del asunto, pues sólo un examen de lo ocurrido en cada una de las casillas cuestionadas, a la luz de las causales invocadas por los actores, sería apto para evidenciar si las irregularidades aducidas fueron determinantes o no, primero, para declarar la nulidad de la votación en cada una de tales casillas —conforme a la jurisprudencia 13/2000, de rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”[11]—y luego, para dilucidar si las casillas cuya votación llegase a ser anulada, configuran un porcentaje también determinante para la nulidad de la elección, tal como se establece en el artículo 76, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

Aunado a lo anterior, el referido partido político tiene interés jurídico para impugnar los resultados de la elección, en su calidad de sujeto autorizado para ejercer acciones en defensa de intereses difusos, conforme a la jurisprudencia 10/2005, de rubro “ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR”.[12]

Por lo expuesto, se desestima la causal de improcedencia alegada acerca del juicio promovido por MORENA.

QUINTO. Requisitos de procedencia.

Este órgano jurisdiccional considera que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52 párrafo 1, 54 párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

1. Requisitos generales.

a) Forma. Las demandas de los actores se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; en ellas, se hace constar los nombres de los partidos políticos promoventes, así como de quienes acuden en su representación y los respectivos domicilios para recibir notificaciones; se mencionan los actos impugnados, los hechos, agravios o motivos de perjuicio y los preceptos legales presuntamente violados.

b) Oportunidad. Las demandas de ambos actores fueron presentadas en tiempo, pues en cada caso se interpusieron dentro de los cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

Lo anterior se desprende de la adminiculación de las constancias que obran en autos, tales como el acta circunstanciada[13] de la sesión de cómputo distrital de la elección de diputado federal por mayoría relativa correspondiente al 11 distrito electoral federal en el Distrito Federal, en relación con los sellos de acuse de recepción que fueron asentados en ambas demandas.[14]  

De esta manera, en el acta relativa a la referida sesión, el 11 Consejo Distrital hizo constar que el cómputo de la elección en litigio concluyó el once de junio de dos mil quince, por lo que el plazo de cuatro días para la promoción del recurso de inconformidad transcurrió entre los días doce y quince de junio siguientes; por tanto, si el PAN presentó su demanda el catorce de junio y MORENA lo hizo un día después, es claro que ambos juicios fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días legalmente previsto.

c) Legitimación y personería. Los actores se encuentran legitimados para promover los juicios de inconformidad en que se actúa, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, por tratarse de partidos políticos.

Asimismo, se tiene por reconocida la personería de quienes presentaron las demandas a nombre del PAN y de MORENA, a saber, Santiago Torreblanca Engell y Eliseo López Suárez, respectivamente; el primero, en su carácter de representante suplente del PAN, y el segundo, de representante propietario de MORENA, ambos ante el 11 Consejo Distrital; ello, con sustento en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del señalado ordenamiento, en razón de tales personas que son las que se encuentran formalmente registradas como representantes partidistas ante la autoridad responsable, tal como ésta lo reconoce expresamente al rendir sus informes circunstanciados en ambos juicios.

2. Requisitos Especiales.

Los escritos de demanda de los actores satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la ley adjetiva de la materia.

a) Elección impugnada. Los actores encauzan su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa, la declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, actos realizados por el 11 Consejo Distrital.

b) Casillas. En las demandas se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia de este juicio, lo conducente es entrar al estudio de fondo de las cuestiones planteadas.

SEXTO. Pruebas aportadas por MORENA.

En su demanda, este partido político pretende a aportar como elemento de prueba de sus afirmaciones relacionadas con la configuración de causales de nulidad de la votación recibida en casilla, los testimonios de cuatro ciudadanos, contenidos en sendos escritos —acompañados de la copia simple de la credencial para votar de sus firmantes— adjuntos a la propia demanda; testimonios que solicita a la Sala Regional, sean “perfeccionados ante fedatario público”.

No ha lugar a admitir las testimoniales aportadas en esos términos por MORENA, toda vez que el artículo 14, párrafo 2, de la Ley de Medios, ese tipo de prueba podrá aportarse al juicio, siempre y cuando sean declaraciones hechas constar en acta levantada ante un fedatario público y que éste las haya recibido directamente de los deponentes.

Supuesto en el que no se encuentran los testimonios por escrito presentados por el actor anexos a su demanda, aunado a que la Ley de Medios no faculta a este órgano jurisdiccional a subsanar el defectuoso ofrecimiento de pruebas por parte de las partes, pues corresponde a éstas la carga procesal de allegarlas al proceso bajo las condiciones previstas en la misma ley.

SÉPTIMO. Suplencia en la deficiencia de los agravios.

Previo al examen de la controversia, en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, la Sala Regional se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos; de ahí que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado al estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales se promovieron los presentes juicios, a fin de determinar la existencia de argumentos dirigidos a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren en cualquier apartado de las demandas.

Ahora bien, las casillas impugnadas por los actores, así como las causales de nulidad de votación que se invocan en cada caso, son las siguientes:

Casillas impugnadas por el PAN

Casillas impugnadas por MORENA

Es necesario apuntar que, en el escrito de demanda de MORENA, en el apartado identificado como “Agravio Primero”, en el que se formulan planteamientos para evidenciar la actualización de la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios —recibir la votación personas distintas a las facultadas legalmente— específicamente en lo que hace a las casillas 1899 B, 1912 C1, 1927 B, 1928 B y 5423 B se perciben razonamientos que más bien, se dirigen a evidenciar la causal establecida en el inciso k) del precepto invocado, relativa a irregularidades graves durante la jornada electoral, con la precisión de que en las casillas 1899 B y 1927 B, a diferencia de las otras, no se expresan razones relacionadas con la causal del inciso e).

En esa tesitura, los argumentos esgrimidos respecto a las casillas 1899 B, 1912 C1, 1927 B, 1928 B y 5423 B serán estudiados conforme a las causales de nulidad que en realidad se pretende acreditar a partir de las circunstancias expuestas por MORENA, con independencia de que fueron incluidos en un apartado de la demanda dedicado a una causal diferente, a su expresión conjunta con motivos encaminados a evidenciar otra causal o a la omisión de citar el precepto legal que prevé la causal que se intenta demostrar.

Igualmente, en cuanto a las diez casillas que en los cuadros precedentes se identifican como impugnadas por MORENA en función de la causal prevista por el artículo 75, inciso b), de la Ley  de Medios, concerniente a la entrega extemporánea de los paquetes electorales en el respectivo consejo distrital, se analizarán bajo esta hipótesis aun cuando dicho partido político alegue que se encuadran en la causal atinente a recepción de la votación en fecha distinta a la jornada electoral; ello es así, porque las razones expuestas en relación a esas diez casillas, se encaminan a evidenciar la falta de registro de la hora en que los respectivos paquetes electorales fueron recibidos en el 11 Consejo Distrital.

Asimismo, debe precisarse también que en el apartado TERCERO de la demanda de MORENA, donde formula planteamientos relativos a la causal de nulidad consistente en error o dolo en el cómputo de la votación, se hace mención de la casilla “5366 C2”, la cual no existe, como se corrobora con la consulta del encarte de ubicación e integración de casillas aprobado por el 11 Consejo Distrital —cuya copia certificada obra en el expediente— documento de acuerdo con el cual, en la sección 5366 sólo se instaló una casilla contigua, la 5366 C1, por lo que la referencia de MORENA a la casilla “5366 C2”, al tratarse de un error, se entenderá como realizada a la casilla contigua de esa sección, es decir, a la 5366 C1.

Todo lo anterior, con respaldo en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios y en la jurisprudencia 3/2000, de rubro “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” y en la jurisprudencia 4/99, “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”.[15]

OCTAVO. Controversia.

Como se advierte a partir de las demandas, son materia de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 11 distrito electoral federal en el Distrito Federal, la declaración de validez de la propia elección, o bien, la expedición de la constancia de mayoría respectiva; actos realizados por el 11 Consejo Distrital, reclamados por estimarse que se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 párrafo 1, de la Ley de Medios.

De tal suerte, mediante la nulidad de la votación de las casillas señaladas en las demandas, los actores pretenden:

El PAN, que tal como lo establece el artículo 56, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios, al actualizarse la nulidad de la votación de las casillas cuestionadas, se modifique el cómputo distrital, se produzca un cambio de ganador en la elección y, por ende, se revoque la respectiva constancia de mayoría, a fin de que se otorgue a la fórmula postulada por dicho partido.

Mientras que MORENA, conforme a lo previsto en los artículos 56, párrafo 1, inciso e), 76, párrafo 1, inciso a), y 78 del citado ordenamiento, pretende la nulidad de la elección, por un lado, al configurarse causales de nulidad de la votación en un porcentaje de casillas equivalente al veinte por ciento de las instaladas en el 11 distrito electoral federal en el Distrito Federal, y por otro, la causal genérica de nulidad al haberse cometido violaciones generalizadas y sustanciales durante la jornada electoral en el mismo distrito, cuestión que vincula a la actualización de la causal de nulidad de la votación prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la citada Ley de Medios.

Por tanto, la cuestión a dilucidar en los presentes juicios atañe a si, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, en función de ello, si resultan viables también los efectos aducidos por los actores, ya sea para modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa que se impugna; para confirmar o, en su caso, revocar la constancia de mayoría expedida por el consejo distrital, a fin de otorgarla a otra fórmula que resulte ganadora de acuerdo con los resultados modificados; o bien, para confirmar la declaración de validez de la elección o decretar la nulidad de la misma.

En ese contexto, toda vez que la causa de pedir de los actores radica en la posible configuración de causales de nulidad de la votación recibida en diversas casillas, la Sala Regional sistematizará el estudio de los planteamientos efectuados sobre el particular, mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se invoca.

NOVENO. Respecto al escrito de ampliación de MORENA.

El catorce de julio del año en curso, MORENA, a través de su representante legítimo, Eliseo López Suárez, presentó ante esta Sala Regional escrito por el que formula manifestaciones adicionales a las contenidas en su escrito de demanda.

En el referido escrito, dicho actor señala diversos hechos vinculados a presuntas irregularidades ocurridas durante la etapa de campañas en la elección de jefe delegacional en Venustiano Carranza, Distrito Federal, que fueron materia de tres diferentes quejas, presentadas por el mismo partido, ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, y que dieron origen a los procedimientos sancionadores identificados con los números de expedientes IEDF-QCG/PO/004/2105, IEDF-QCG/PE/091/2015 y IEDF-QCG/PO/008/2015.

Asimismo, MORENA manifiesta a esta Sala Regional, que ha promovido juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en contra de los resultados de la referida elección local y haciendo valer, según sostiene, la nulidad de la votación recibida en casilla por varias causales; en ese sentido, adjunta copia simple del escrito de presentación de tal medio de impugnación ordinario, acusado de recibido por el mencionado tribunal local el quince de junio de este año.

Lo anterior, aduce MORENA, con el propósito de hacerle llegar al Magistrado Instructor, elementos “necesarios y suficientes” para resolver el juicio de inconformidad en que se actúa.

Al respecto, se advierte que la verdadera intención de MORENA radica, por un lado, en aportar al presente juicio, elementos de convicción que respalden sus afirmaciones efectuadas al promoverlo, relacionadas con presuntas anomalías que, según sostiene, afectaron por igual a la elección de diputados federales de mayoría relativa en el 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal y a la elección de jefe delegacional en Venustiano Carranza.

Y por otra parte, en ampliar la demanda que originó el juicio que ahora se resuelve, al hacer alusión a aparentes hechos irregulares que configuran causales de nulidad de casilla y que, conforme a lo expresado por MORENA, afectan también a la elección federal controvertida ante esta jurisdicción.

No ha lugar a resolver de conformidad con lo expresado por el promovente.

Primero, porque los hechos a los que alude en su escrito, en concreto, las presuntas irregularidades ocurridas durante la etapa de campaña de la citada elección local o las anomalías que afectaron a la votación emitida en casilla, no se tratan de hechos supervenientes, es decir, surgidos de manera posterior a la promoción del juicio de inconformidad conocido por esta Sala Regional, o bien, de hechos que MORENA ignorara en ese momento, tan es así que, desde su escrito inicial, hizo patente su pretensión de vincular las irregularidades ocurridas durante esa elección local, a efectos en la elección de diputados federales en el 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal; razón por la cual no se está en el supuesto al que refiere la jurisprudencia 18/2008, de rubro “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR”.[16]

Y segundo, respecto al objetivo de ofrecer elementos de prueba, porque MORENA no justifica de manera alguna —tal como lo prevé el artículo 16, párrafo 4, de la Ley de Medios para la aportación de pruebas supervenientes— que al momento de acudir ante esta jurisdicción extraordinaria a objetar dicha elección federal, hubiera situaciones que no estaba a su alcance superar, para allegar al juicio los elementos que respaldaran sus afirmaciones acerca de tales supuestas anomalías concurrentes en ambas elecciones, mismas que, se reitera, no le eran desconocidas; de ahí que no sea admisible elemento de convicción alguno, en los términos planteados por MORENA.

Por tanto, tal como lo prevé el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la ley adjetiva citada, al promoverse un medio de impugnación en materia electoral, como lo es el juicio de inconformidad, se deben ofrecer y aportar las pruebas que se estimen necesarias para respaldar lo pretendido en la demanda; de lo contrario, las pruebas allegadas fuera del plazo legal para la promoción del juicio, no serán tomadas en cuenta para resolver, como lo establece el citado artículo 16, párrafo 4, precepto que sólo dispone como excepción, el caso de las pruebas supervenientes, es decir, las que surjan después del plazo legal en las que pueden aportarse o las que existan desde entonces, pero que no pudieron ofrecerse por desconocerse o por existir obstáculos infranqueables para ello, o bien, causas ajenas a la voluntad del oferente, de acuerdo a la jurisprudencia 12/2002, de rubro “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE”.[17]

Supuestos éstos en los que, como se ha visto, no se ubica lo pretendido por MORENA en su escrito de ampliación, si se tiene en consideración, además, que los elementos que pretende ofrecer como prueba, son las actuaciones realizadas en procedimientos sancionadores instaurados a raíz de quejas presentadas por el propio oferente o en un juicio local por éste promovido, es decir, elementos que dependen de su arbitrio y que bien pudo aportar al momento de presentar su demanda de juicio de inconformidad.

DÉCIMO. Metodología para el estudio.

Para atender lo planteado por los actores, como se ha dicho, se agruparán las casillas identificadas por ambos, para estudiarlas  de manera conjunta según la causal de nulidad de la votación de que se trate —en el entendido de que la única causal que el PAN y MORENA coinciden en invocar, es la prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios—.

Es importante destacar que, aun cuando uno de los actores aduce la nulidad de la elección, resulta indispensable realizar en primer lugar el análisis de las causales de nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, pues sólo a partir de la definición de las casillas en las que efectivamente llegue a actualizarse una de tales causales, será posible determinar el porcentaje de las que se encuentren en ese supuesto y, por tanto, conocer si se supera el veinte por ciento establecido por el artículo 76, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, provocando la nulidad de la elección, tal como lo pretende MORENA.

Asimismo, se estima conveniente que lo planteado por MORENA sobre la causal genérica de nulidad de la elección prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios, se estudie después de analizarse lo aducido por el mismo partido, sobre la aparente configuración de las causales de nulidad de la votación, en especial, la referente a irregularidades graves no reparables durante la jornada electoral, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso k), de la ley en cita; ello, porque el inconforme vincula los hechos ocurridos en varias casillas que, según su dicho, encuadran en el inciso k) del mencionado artículo 75, con las circunstancias que, también afirma, configuran la causal genérica de nulidad de la elección prevista en el artículo 78 de la misma ley.  

DÉCIMO PRIMERO. Estudio de causales de nulidad de votación recibida en casilla.

La Sala Regional procede al análisis de los planteamientos efectuados por los actores en relación a diferentes causales de nulidad de la votación recibida en casilla.

1. Causal prevista en el artículo 75, inciso b), de la Ley de Medios, consistente en entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que señala la Ley Electoral.

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de la votación son las siguientes, todas señaladas por MORENA en su demanda:

Con el propósito de acreditar la actualización de esta causal, MORENA aduce, medularmente, que en las actas de escrutinio y cómputo elaboradas por las mesas directivas de las diez casillas mencionadas, se omitió asentar la hora y fecha “de llegada” al 11 Consejo Distrital, o bien, como en el caso específico de la casilla 1908 B, la hora asentada en el acta respectiva —diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio del año en curso— es prueba de la entrega extemporánea del paquete electoral de dicha casilla ante el 11 Consejo Distrital; tales situaciones, según el mencionado partido, producen incertidumbre en el resultado de la elección controvertida.

Al respecto, la autoridad responsable manifiesta en su informe circunstanciado, que contrario a lo planteado por el actor, ninguno de los catorce apartados que conforman las actas de escrutinio y cómputo, está destinado a que se asiente la hora en que el propio paquete sea entregado por los funcionarios de la mesa directiva de casilla al respectivo consejo distrital, aunado a que, conforme al acta circunstanciada del acto de recepción de paquetes electorales por parte del 11 Consejo Distrital en sesión extraordinaria del siete de junio —cuya copia certificada se adjunta al informe en comento— no se advierte alguna irregularidad respecto al horario en que los paquetes de las casillas bajo estudio fueron recibidos en sede distrital.

Para el análisis de la causal invocada debe tomarse en cuenta que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 295 de la Ley Electoral, al término del escrutinio y cómputo de cada elección, se formará un expediente de casilla, mismo que se integra con:

a) Un ejemplar del acta de la jornada electoral;

b) Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo; y

c) Los escritos de protesta que se hubieren recibido.

De igual forma, se guardarán en sobres por separado las boletas sobrantes inutilizadas, las que contengan los votos válidos, los votos nulos de cada elección y la lista nominal de electores.

También se dispone que, para garantizar la inviolabilidad de la mencionada documentación, así como de los sobres respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo.

El párrafo 1 del artículo 299 de la Ley Electoral, establece que una vez clausuradas las casillas, los respectivos presidentes, bajo su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes:

a) Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b) Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y

c) Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales.

Asimismo, en el párrafo 2 del artículo en cita, se establece la posibilidad de que los consejos distritales, previo al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los referidos plazos, para aquellas casillas en las que existan causas que lo justifiquen.

En términos del párrafo 5 del mismo precepto, existirá causa justificada para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al consejo distrital fuera de los plazos, cuando exista un caso fortuito o fuerza mayor.

En tal virtud, los únicos supuestos de excepción permitidos por la ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los plazos señalados, son:

a) Que el consejo distrital respectivo acuerde su ampliación para aquellas casillas en donde se considere necesario, siempre que dicho instrumento se hubiese dictado previo a la celebración de la jornada electoral; y,

b) Que exista causa justificada en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir, que medie caso fortuito o fuerza mayor.

Atento a lo previsto por los artículos 299, párrafo 6, y 304, párrafo 2, de la Ley Electoral, el consejo distrital hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las causas que se invoquen para justificar el retraso en su entrega, así como las condiciones que garantizan la inviolabilidad de la documentación contenida en los propios paquetes al momento de su entrega.

El párrafo 1, incisos a) y b) del artículo 304 invocado, dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales de cada casilla, se hará conforme al procedimiento siguiente:

a) Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello.

b) El presidente o funcionario autorizado del Consejo distrital extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados.

De los anteriores preceptos, se observa que legalmente se encuentran previstos mecanismos para la seguridad de la documentación electoral, entre los que destacan: la elaboración de constancias de clausura de la casilla; que toda la documentación se encuentre contenida en un paquete en cuya envoltura firmen los funcionarios de casilla y los representantes partidistas que deseen hacerlo; que la entrega del paquete electoral se realice por conducto de los funcionarios de la casilla; que al llegar al Consejo distrital respectivo, se expida recibo y se haga constar la entrega en el acta circunstanciada de recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales por los consejos distritales, todo ello con el objetivo de que no se genere incertidumbre sobre la documentación que refleja el sentido de la voluntad popular manifestada mediante el voto.

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a los órganos distritales respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro material.

I. El criterio temporal, que se relaciona con el tiempo utilizado para el traslado de los paquetes electorales de casilla a los consejos distritales respectivos. Este criterio se deriva de lo dispuesto en los párrafos 1, 5 y 6 del citado artículo 299 de la Ley Electoral, que establece tanto los plazos para realizar la entrega, así como la causa justificada para el caso de su retraso.

II. El criterio material, que se relaciona con el contenido de los paquetes electorales y atañe a que dichos paquetes lleguen en forma íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el cómputo distrital de la elección respectiva, cuyo objetivo es garantizar el principio de certeza.

Al ser dicho principio uno de los pilares rectores sobre los que descansa la función electoral, es imperativo prever los mecanismos legales para que no sea vulnerado, a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los procesos  electorales, los cuales deben ser fidedignos y confiables.

Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que en el traslado de los paquetes electorales a los consejos distritales, se observen ciertas medidas de seguridad con el fin de salvaguardar el sentido de la voluntad popular contenido en los mismos, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite la entrega extemporánea del paquete electoral fuera de los plazos legales, sin causa justificada, esta Sala debe analizar meticulosamente si de las constancias que obran en autos se desprende que el referido paquete evidencia muestras de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el principio constitucional de certeza, ya que, de no ser así, deberá tenerse en consideración, al resolver, el principio general de derecho contenido en el aforismo latino lo útil no puede ser viciado por lo inútil, que en la materia electoral, cobra especial importancia, en términos de la jurisprudencia 9/98 cuyo rubro es: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.[18]

Ahora bien, conforme al contenido de la causal de nulidad en estudio, prevista por el artículo 75, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que el paquete electoral haya sido entregado al Consejo distrital correspondiente fuera de los plazos establecidos en la Ley General.

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

Asimismo, deberá verificarse si al recibirse el paquete electoral, muestre signos evidentes de alteraciones que pongan en duda la autenticidad de su contenido, o inclusive, una vez verificado éste, discrepe del asentado en las actas correspondientes.

En el presente caso, ninguno de tales supuestos se actualiza, como se advierte con base en la documentación concerniente a las casillas reclamadas por le causal en estudio, en especial, con las constancias de clausura de casilla y remisión de los paquetes al consejo distrital, elaboradas por las respectivas mesas directivas, adminiculadas con los recibos de entrega del paquete electoral al 11 Consejo Distrital, así como con los datos que se hicieron constar en el acta circunstanciada confeccionada por la autoridad responsable acerca de la recepción de tales paquetes y el horario en que ello ocurrió.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, por tratarse de constancias expedidas formalmente por autoridades electorales y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

Luego, a partir de la información consignada en tales documentos es posible computar el tiempo transcurrido entre la hora en que fueron clausuradas las casillas y la hora en que fueron entregados los respectivos paquetes electorales en el 11 Consejo Distrital, o bien, advertir la coincidencia entre los datos relativos a la hora de recepción de los paquetes, asentados en las diferentes constancias levantadas al respecto; de manera que ninguna de las diez casillas analizadas en este apartado se ubica en el supuesto de un tiempo de traslado del paquete electoral que exceda los plazos establecidos legalmente o que permita suponer que tal entrega no fue inmediata, como se aprecia enseguida:

Esta información permite concluir que, en lo que concierne a las casillas 1908 B, 5440 B y 5453 B, el lapso transcurrido entre la clausura de la casilla y la recepción del paquete en el 11 Consejo Distrital se estima como razonable para considerar que entre ambos eventos (clausura y recepción) transcurrió sólo el tiempo necesario para trasladarse desde el sitio donde se ubicó la casilla a la sede distrital.

Sin perderse de vista además, que dicho lapso pudo ampliarse en razón de la espera del turno a que el paquete fuera recibido, toda vez que, la recepción debió hacerse en el orden en que fueran presentados los paquetes en la sede distrital, de acuerdo al artículo 304, párrafo 1, inciso a), de la Ley Electoral; así, el tiempo que llevó esa recepción, puede inferirse a partir del acta circunstanciada elaborada sobre el particular, en la que se hizo constar que la autoridad responsable recibió un total de cuatrocientos treinta y un paquetes en cinco horas con veintiún minutos, transcurridas entre las veinte horas con treinta y siete minutos del siete de junio, momento en que se recibió el primer paquete, y la una con cincuenta y ocho minutos del ocho de junio, cuando se recibió el último;

Así, el periodo de mayor afluencia para la entrega de paquetes fue el comprendido entre las veintidós horas del siete de junio y las cero horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de junio, pues durante ese lapso prácticamente cada minuto se recibieron paquetes, según se constata de la lista incorporada al acta circunstanciada de recepción, donde aparecen los paquetes de todas las casillas ordenados en forma consecutiva e ininterrumpida de acuerdo a las horas en que fueron recibidos. Por tanto, si la entrega de los paquetes de las casillas 1908 B, 5440 B y 5453 B ocurrió durante ese periodo de mayor afluencia, esa circunstancia pudo retrasar la entrega de los paquetes, pero sin afectar la inmediatez señalada.

En lo que hace a las siete casillas restantes, es cierto que al no contarse con la constancia de clausura atinente —tal como lo informó el 11 Consejo Distrital— o bien, al dejarse en blanco los rubros correspondientes a la hora de clausura o asentarse datos evidentemente erróneos —como en la casilla 5495 B— no resultan aptas como punto de partida para determinar el tiempo que tomó llevar el paquete a la sede distrital; empero, ello no representa irregularidad alguna que por sí misma actualice la causal de nulidad analizada, ya que la información recogida en los acuses de recibo de los paquetes en el 11 Consejo Distrital, así como en la mencionada acta circunstanciada, resulta suficiente para demostrar de modo fehaciente la hora de recepción del paquete, ya que coincide entre sí.

En efecto, acerca de las casillas 1905 C1, 5393 B, 5398 B, 5434 C1, 5460 B, 5492 B y 5495 B, la hora en que el paquete fue entregado en el 11 Consejo Distrital se tiene por probada a partir de los mencionados recibos y acta circunstanciada, si se tiene en consideración que tal acta no se limita a reproducir, en un momento posterior, los datos asentados en los recibos en un primer momento, sino que la elaboración de ambos documentos se entiende simultánea, pues en la misma oportunidad de que el recibo era llenado y firmado de conformidad por el funcionario del 11 Consejo Distrital encargado de la recepción, el dato atinente a la hora era asentado en el acta, la cual fue concluida a las dos horas con diez minutos del ocho de junio, después de recibido el último paquete de las casillas instaladas en el respectivo distrito.

De modo que la simultaneidad con la que fueron elaborados los recibos de recepción y el acta circunstanciada, constituye un elemento más para contar con plena cereza del momento en que los paquetes fueron entregados, aunado a que durante la sesión extraordinaria del 11 Consejo Distrital, celebrada precisamente para realizar la recepción de paquetes hecha constar en esa acta, estuvo presente el representantes propietario de MORENA ante la autoridad responsable, quien promueve uno de los juicios en que se actúa y quien pudo constatar el procedimiento de recepción, sin que ahora alegue, ni mucho menos demuestre, alguna irregularidad que permita suponer que los siete paquetes en cuestión, fueron recibidos en una ocasión posterior o que la información consignada en los recibos y el acta circunstanciada se aparta de la realidad.

Luego, al tenerse por acreditada la hora de recepción de los paquetes de las casillas 1905 C1, 5393 B, 5398 B, 5434 C1, 5460 B, 5492 B y 5495 B en el 11 Consejo Distrital, puede concluirse que su entrega a dicha autoridad ocurrió también durante el periodo de mayor afluencia —entre las veintidós horas del siete de junio y las cero horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de junio— y, por ende, durante el periodo en que se recibió la mayor parte de los paquetes electorales, es decir, en un tiempo que no excede la inmediatez prevista en la Ley Electoral y que, se infiere, sólo comprendió el traslado desde los puntos donde se instalaron las referidas siete casillas y la espera del turno para que sus funcionarios fueran atendidos para entregar los paquetes.

Lo expuesto, encuentra sustento en la jurisprudencia 14/97, de rubro “PAQUETES ELECTORALES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS”,[19] la cual autoriza a considerar para el análisis de esta causal de nulidad, el tiempo de traslado desde el lugar donde operó la casilla y el domicilio del correspondiente consejo distrital, atendiendo a las condiciones particulares del momento, en el caso, concreto, el gran número de paquetes a ser recibidos tuvo que implicar la espera de un turno para ello.

En abono a las circunstancias que evidencian la entrega inmediata de los paquetes de las diez casillas bajo estudio y, por tanto, la inexistencia de aspectos que configuren la casual examinada, cabe destacar las condiciones en que los mismos paquetes fueron entregados, pues la autoridad receptora, en los respectivos recibos, hizo constar que los paquetes fueron recibidos, en todos los casos, sin alteración alguna y con medidas que garantizan su integridad y seguridad, como las firmas de los funcionarios de casilla y representantes partidistas —según el artículo 295, párrafo 4, de la Ley Electoral— o bien, sellado con cinta de seguridad, material provisto por la autoridad electoral para sellar el paquete electoral, conforme a lo establecido en los “Lineamientos para la Impresión de Documentos y Producción de Materiales Electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales”, emitidos por el Consejo General del INE mediante acuerdo aprobado el veintidós de octubre de dos mil catorce.

Sentado lo anterior, lo aducido por MORENA resulta infundado, pues pretende demostrar la entrega de paquetes  electorales de manera extemporánea, solamente con base en la aparente omisión de asentar un sello de recepción en las correspondientes actas de escrutinio y cómputo, situación que, tal como lo señala la autoridad responsable en su informe circunstanciado, no se encuentra prevista en la Ley Electoral ni en la normativa que regula el funcionamiento de las casillas electorales y el manejo del material electoral.

En ese sentido, debe aclararse que los recuadros situados en la parte superior izquierda de las actas de escrutinio y cómputo utilizadas en la elección de diputados federales de mayoría relativa —donde según MORENA debió asentarse el sello con la hora de recepción del paquete en sede distrital— si bien tienen  el propósito de servir de espacio para asentar un sello, ello obedece más bien a fines relacionados con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) pero no a servir como indicativo del momento de entrega del paquete al consejo distrital de que se trate.

Así es, el artículo 296, párrafo 1, de la Ley Electoral, prevé que una de las copias del acta de escrutinio y cómputo —la primera— será destinada al PREP, es decir, en términos del artículo 305, párrafo 1, de la misma Ley, al mecanismo de carácter informativo encargado de proporcionar resultados no definitivos a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo que se reciban en los centros de transmisión de datos autorizados por el INE.

Para la operación de dicho programa, el Consejo General del INE estableció un proceso técnico-operativo mediante acuerdo INE/CG198/2015, aprobado el quince de abril de dos mil quince; conforme al numeral 3 del anexo 1 del citado acuerdo, ante la falta de la copia del acta de escrutinio y cómputo destinada a la alimentación del PREP, cualquier otra copia del acta de esa acta podrá utilizarse con ese propósito; en el numeral 6 del mismo anexo, se dispone que en la fase de acopio de las actas a emplearse para el PREP, en las mismas se imprimirá la fecha y hora de su recepción por parte del personal encargado de propio programa así como la leyenda “Hora Centro” mediante un dispositivo de sellado automático, además de colocar en cada acta, en su parte superior izquierda, una etiqueta con un código para que permitirá su identificación electrónica.

En tanto, el numeral 4 del mismo dispositivo, prevé que la digitalización y captura de los datos a ser cargados en el PREP, concluirían, a más tardar, a las veinte horas, tiempo del centro del país, del lunes ocho de junio de dos mil quince.

En ese contexto, encuentra explicación lo planteado por MORENA en cuanto al sello fechador que, en su caso, puede asentarse en las actas de escrutinio y cómputo; explicación que permite demostrar que el sello cuya falta aduce en las actas de nueve de las casillas analizadas en este apartado, nada tiene que ver con la recepción del paquete electoral en sede distrital, pues para ello, como se ha visto, existen otros medios idóneos para hacerla constar, en concreto, los acuses de recibo de los propios paquetes, mismos que en la especie han sido analizados.

De tal suerte, la falta de sellos fechadores en la parte superior izquierda de las casillas impugnadas por MORENA, sólo son evidencia de que tales actas no fueron usadas para efectos del PREP.

En tanto, el hecho de la impresión en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 1908 B, de un sello fechador que indica “08 JUN 2015 10:35 HC” junto a un código electrónico, sólo es útil para demostrar que dicha acta fue considerada para cargar al PREP los datos consignados en ella, hasta las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil quince, hora del centro, ante la falta de la primera copia de la misma acta que debió ser la utilizada para ello; sin que obste a lo anterior que en el expediente sólo obre copia fotostática del acta en comento, proporcionada por MORENA adjunta a su demanda, pues la aportación de dicho documento, lleva implícito el reconocimiento de que coincide con su original, según el criterio recogido en la jurisprudencia 11/2003, de rubro “COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATOROS EN CONTRA DE SU OFERENTE”.[20]

Tales circunstancias no representan irregularidad alguna capaz de configurar la causal de nulidad prevista en el artículo 75, inciso b), de la Ley de Medios, máxime cuando ha quedado probado que el paquete de la casilla 1908 B fue recibido por el 11 Consejo Distrital, desde las veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos del siete de junio del año en curso.

Así las cosas, conforme a lo que se ha explicado, respecto a las diez casillas aludidas en este apartado, no se actualizan las condiciones necesarias para configurar la causal de nulidad de la votación prevista en el artículo 74, inciso b), de la Ley de Medios, consistente en la entrega del paquete electoral al consejo distrital dentro del plazo legal.

2. Causal prevista en el artículo 75, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Como ya se ha explicado, respecto a esta causal ambos actores identifican casillas en las que supuestamente la votación fue recibida por personas no designadas por la autoridad electoral; casillas que serán estudiadas en su conjunto y que son las siguientes ciento treinta:

En el entendido de que dieciséis de esas ciento treinta casillas son impugnadas tanto por el PAN como MORENA, a saber, las casillas 5360 C1, 5368 B, 5381 B, 5388 C1, 5405 C1, 5406 B, 5406 C1, 5407 C1, 5423 B, 5423 C1, 5425 B, 5431 C1, 5431 C2, 5463 C1, 5464 C1 y 5465 C2.

Como motivos para sustentar su pretensión de nulidad por indebida integración de las mesas directivas de dichas ciento treinta casillas, los actores alegan, medularmente, que se desempeñaron como funcionarios receptores de la votación, personas que no aparecían en los listados nominales de las secciones a las que tales casillas corresponden, en lugar de los ciudadanos designados por la autoridad electoral.

Adicionalmente, MORENA aduce que las sustituciones de los funcionarios originalmente designados por el 11 Consejo Distrital, es decir, los cambios en la integración de las mesas directivas de casilla, ocurrieron antes de las ocho horas con quince minutos del día de la jornada electoral, aun cuando sólo a partir de ese momento pudieron realizarse tales cambios, según el artículo. 274, párrafo 1, de la Ley Electoral.

Por su parte, el 11 Consejo Distrital, en términos generales, refiere en su informe circunstanciado que los ciudadanos que integraron las casillas fueron los facultados para ello, o que en su caso, se tomaron personas de la fila, sin que se actualice la causal de nulidad de casilla invocada por la parte actora, en razón de que pertenecen a la sección correspondiente; así, la autoridad responsable considera que los planteamientos del partido actor resultan falsos, pues la votación se recibió por las personas facultadas por la Ley Electoral.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, párrafo 1, de la citada Ley, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el artículo 82 del señalado ordenamiento, establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con un secretario y un escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del citado ordenamiento:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores.

c) Contar con credencial para votar.

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos.

e) Tener un modo honesto de vivir.

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente.

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

A su vez, el artículo 254 del mismo dispositivo legal dispone el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Asimismo, el artículo 257 de la Ley Electoral, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, se considera entonces que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las mesas directivas de casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, se precisa que con independencia a que la autoridad electoral responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, además de haber efectuado los respectivos nombramientos para el día de la jornada electiva, ello no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas en un inicio, puedan fungir como funcionarios del órgano electoral aludido, ante una situación excepcional, como sería que los ciudadanos designados originalmente no se presentaran.

Lo anterior es así, porque el artículo 274, párrafo 1, de la Ley invocada, prevé un procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que esta no se instale a las ocho horas con quince minutos, esto es, si a la hora referida los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan, entonces actuarán en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando estos pertenezcan a la sección electoral respectiva.

Asimismo se faculta al consejo distrital correspondiente, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutar dichas medidas y de cerciorarse de su instalación.

Por tanto, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el referido artículo 274, párrafo 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante lo anterior, es importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, en términos de la jurisprudencia 13/2002, de rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)”.[21]

Al respecto, esta Sala invoca también como criterio orientador, el contenido en la tesis relevante XIX/97 cuyo rubro es: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.[22]

Asimismo, en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto, ello en atención a lo determinado en el párrafo 3 del artículo precitado.

Una vez establecido lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella.

Cabe precisar que aun cuando el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, no contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba exceptuarse, esto es así, porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito a tal elemento, ello en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Tal criterio concuerda con lo sustentado en la jurisprudencia 13/2000, de rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares)” que ya ha sido citada en esta sentencia.

Así, cuando la ley omite mencionar el requisito de que la causal sea determinante, ello significa que por la relevancia del vicio o irregularidad o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de su trascendencia en el resultado de la votación.

Esto es importante señalarlo, pues la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad que se analiza, no establece expresamente como requisito que el vicio o irregularidad que se acredite sea determinante.

De conformidad con lo manifestado, esta Sala Regional considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla —según los acuerdos adoptados en las sesiones del 11 Consejo Distrital— con relación a las personas que realmente actuaron durante los comicios, de conformidad con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones realizadas, justificadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

Además de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral, en su caso, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si respecto a éstas, se expresó en dichas documentales circunstancias relacionadas con tal supuesto de nulidad.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo referido por los actores en sus agravios, se procede al estudio del cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en:

a) Copias certificadas  del encarte y su respectiva modificación por causas supervenientes, aprobada el seis de junio del año en curso, en sesión extraordinaria del 11 Consejo Distrital;

b) Copias autógrafas y copias certificadas de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo;

c) Copias certificadas de las hojas de incidentes; y

d) Listados nominales.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), así como 16 párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de actas oficiales elaboradas por mesas directivas de casilla, además de documentos emitidos funcionarios electorales en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto en el artículo 7, párrafo 1, inciso p), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, que faculta a los presidentes de los consejos distritales a expedir certificaciones de constancias que obren en su poder.