México, Distrito Federal, a veintinueve de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de la fecha resuelve los juicios de inconformidad promovidos por los partidos Acción Nacional y del Trabajo, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 07 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Gustavo A. Madero, Distrito Federal; en el sentido de modificar el cómputo de la elección, así como confirmar la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva;

G L O S A R I O

ANTECEDENTES

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal.

II. Cómputo distrital. El día once siguiente, la autoridad responsable concluyó el cómputo distrital de la señalada elección, mismo que arrojó los resultados siguientes:[1]

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el 07 Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por MORENA, integrada por María Chávez García, como propietaria, y Alejandra Morales Novoa, como suplente.

III. Juicios de inconformidad. Los días catorce y quince de junio del año en curso, respectivamente, el PAN y el Partido del Trabajo promovieron sendos juicios de inconformidad alegando lo que a su derecho estimaron pertinente, en contra de los referidos actos del 07 Consejo Distrital.[2]

IV. Remisión de ambos expedientes. Mediante sendos oficios, recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve y el veinte de junio, respectivamente, la autoridad responsable remitió las demandas exhibidas por el PAN y por el Partido del Trabajo, así como los correspondientes informes circunstanciados y las demás constancias que estimó pertinentes para ambos casos.

V. Turno. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdo de diecinueve de junio, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración del expediente SDF-JIN-43/2015, con la demanda presentada por el PAN; en tanto que, mediante acuerdo del veinte de junio, ordenó integrar el expediente SDF-JIN-60/2015, con la demanda del Partido del Trabajo; además, en tales acuerdos, instruyó el turno de ambos asuntos a la ponencia del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

VI. Radicación. Mediante proveídos del veintidós de junio del presente año, el Magistrado Instructor acordó la radicación de los expedientes.

VII. Admisión y requerimientos. El  veintiséis de junio de dos mil quince, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de juicio de inconformidad en el juicio SDF-JIN-60/2015; asimismo, mediante proveído del día veintisiete siguiente, admitió la demanda en el juicio SDF-JIN-43/2015. En ambos casos requirió a la autoridad responsable que remitiera diversa documentación necesaria para la debida integración de los medios de impugnación; en cuanto al juicio promovido por el Partido del Trabajo, también se requirió información al Secretario Ejecutivo del INE y a la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral.

La autoridades requeridas remitieron de manera oportuna la información y documentación solicitadas.

VIII. Incidente sobre nuevo escrutinio y cómputo. Mediante proveído del primero de julio pasado, el Magistrado Instructor ordenó integrar cuaderno incidental en el juicio SDF-JIN-60/2015, para resolver sobre la pretensión del Partido del Trabajo, relativa al recuento total de la votación emitida en la elección impugnada; mediante acuerdo plenario del siguiente diecisiete de julio, la Sala Regional decidió declarar improcedente, por un lado, e infundado, por otro, lo planteado por el incidentista, sustancialmente porque la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación, no se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia para realizarlo, previstas en la Ley Electoral, aunado a que varias de las casillas identificadas por dicho partido político en su demanda, ya habían sido sometidas a recuento y, en aquéllas que no lo fueron, no se advirtieron inconsistencias que ameritaran la apertura de los respectivos paquetes electorales para un nuevo cómputo de la votación.

IX. Cierre de instrucción. Al estar debidamente integrados ambos expedientes, por acuerdos de veinticuatro de julio de este año, el Magistrado Instructor declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que ordenó poner los juicios en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

La Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, toda vez que se tratan de juicios de inconformidad promovidos durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal; supuesto normativo respecto del cual la Sala Regional tiene competencia y ámbito territorial sobre el cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior con fundamento en:

Constitución. Artículos 41, párrafo segundo, base VI; 60 párrafo segundo, y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 1, fracción II, 184, 185; 186, fracción I, 192 y 195, fracción II.

Ley de Medios. Artículos 4, y 53, párrafo 1, inciso b), en relación con el 50, párrafo 1, inciso b).

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable pertenece a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo INE/CG182/2014 denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los 300 distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarán para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, tal como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional”, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el treinta de septiembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil quince.

SEGUNDO. Acumulación.

En el caso, procede acumular los juicios de inconformidad, ya que el análisis de las demandas respectivas permite establecer que hay conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en la autoridad responsable y en los actos materia de impugnación.

Doctrinariamente se ha establecido que existe "conexión de causa", cuando las acciones ejercidas tienen elementos comunes, en concreto, el objeto del juicio y la causa de pedir, esto es, en la relación jurídica que los vincula sustantivamente.

Ahora bien, tanto el PAN como el Partido del Trabajo promueven sendos juicios de inconformidad para impugnar el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría en la elección de diputados federales uninominales en el 07 distrito electoral federal del Distrito Federal, con la intención de dejar sin efectos tales actos —efectuados por el 07 Consejo Distrital— y, por ende, de que se declare la nulidad de la misma elección, debido a la aparente actualización de diversas irregularidades que afectan la votación recibida en múltiples casillas instaladas en ese distrito; es decir, existe identidad en los actos reclamados, en la pretensión y en la causa de pedir de los promoventes.

Por consiguiente, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica; 31 de la Ley de Medios, en relación con el 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procede decretar la acumulación del expediente SDF-JIN-60/2015 al diverso SDF-JIN-43/2015, por ser este último el que se recibió en primer lugar en la Oficialía de Partes de la Sala Regional; así, deberá glosarse copia certificada de esta sentencia en el expediente acumulado.

TERCERO.  Causales de improcedencia.

Por ser su examen preferente y de orden público, se analizarán las causales de improcedencia, pues de configurarse alguna de las mismas, se constituiría un obstáculo y, con ello, la imposibilidad de un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Sobre el particular, la autoridad responsable arguye en su informe circunstanciado, que se actualiza la misma causal de improcedencia de los juicios promovidos por los actores, debido a la supuesta consumación irreparable de los actos impugnados.

Según la postura del 07 Consejo Distrital, toda vez que uno de los argumentos mediante los cuales se pretende objetar los resultados de la elección, radica en la indebida recepción de la votación por personas diferentes a las designadas por la autoridad electoral, los actores debieron manifestar su inconformidad desde el día de la jornada electoral, a través de la presentación de escritos de incidentes —por parte de los representantes partidistas— en los que evidenciaran las irregularidades sucedidas en las casillas reclamadas.

La causal planteada por la autoridad responsable resulta infundada, pues resulta erróneo el argumento expuesto en el informe circunstanciado, conforme al cual, los actores debieron “agotar la vía idónea” o “etapa previa” consistente en la presentación de escritos de incidentes o de protesta, antes de acudir al juicio de inconformidad.

Lo equivocado de esa postura, en razón a que la Ley de Medios no prevé como requisito para la procedencia del juicio de inconformidad, la presentación previa de escritos de incidentes o de protesta ante las mesas directivas de casilla o ante cualquier otra instancia, en los que se reclamen las anomalías ocurridas durante la operación de las propias casillas, de manera que la exhibición de ese tipo de ocursos o, incluso, cualquier exteriorización previa que objete el funcionamiento de las casillas, no implica un presupuesto necesario para la promoción de un juicio como el presente, mucho menos, el consentimiento de los actos reclamados ni, por tanto, la consumación de los mismos.

Sirve de sustento a lo anterior, la razón esencial de la jurisprudencia 18/2002, de rubro “ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA”,[3] conforme a la cual, el hecho de que los representantes partidistas ante las mesas directivas se abstengan de formular protesta alguna, no se traduce en el consentimiento de las irregularidades que se hayan cometido durante la jornada electoral, toda vez que las normas que regulan la emisión del voto son de orden público y de estricta observancia, de modo que la revisión a su cumplimiento en las elecciones federales, a través del juicio de inconformidad como medio idóneo para ello, no puede depender de la presentación de una protesta previa a la promoción de tal medio impugnativo.

Bajo ese tenor, resulta infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad responsable.

CUARTO. Requisitos de procedencia.

Este órgano jurisdiccional considera que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52 párrafo 1, 54 párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

1. Requisitos generales.

a) Forma. Las demandas de los actores se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; en ellas, se hace constar los nombres de los partidos políticos promoventes, así como de quienes acuden en su representación y los respectivos domicilios para recibir notificaciones; se mencionan los actos impugnados, los hechos, agravios o motivos de perjuicio y los preceptos legales presuntamente violados.

b) Oportunidad. Las demandas de ambos actores fueron presentadas en tiempo, pues en cada caso se interpusieron dentro de los cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

Lo anterior se desprende de la adminiculación de las constancias que obran en autos, tales como el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital de la elección de diputado federal por mayoría relativa correspondiente al  07 distrito electoral federal en el Distrito Federal, así como del acta de cómputo distrital elaborada en la misma sesión,[4] en relación con los sellos de acuse de recepción que fueron asentados en ambas demandas. 

De esta manera, en tales actas el 07 Consejo Distrital hizo constar que el cómputo de la elección en litigio concluyó el once de junio de dos mil quince, por lo que el plazo de cuatro días para la promoción del recurso de inconformidad transcurrió entre los días doce y quince de junio siguientes; por tanto, si el PAN presentó su demanda el catorce de junio y el Partido del Trabajo lo hizo un día después, es claro que ambos juicios fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días legalmente previsto.

c) Legitimación y personería. Los actores se encuentran legitimados para promover los juicios de inconformidad en que se actúa, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, por tratarse de partidos políticos.

Asimismo, se tiene por reconocida la personería de quienes presentaron las demandas a nombre del PAN y del Partido del Trabajo, a saber, Santiago Torreblanca Engell y Jorge Alberto Noriega Mariñelarena, respectivamente; el primero, en su carácter de representante suplente del PAN, y el segundo, de representante propietario del Partido del Trabajo, ambos ante el 07 Consejo Distrital; ello, con sustento en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del señalado ordenamiento, en razón de tales personas que son las que se encuentran formalmente registradas como representantes partidistas ante la autoridad responsable, tal como ésta lo reconoce expresamente al rendir sus informes circunstanciados en ambos juicios.

2. Requisitos Especiales.

Los escritos de demanda de los actores satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la ley adjetiva de la materia.

a) Elección impugnada. Los actores encauzan su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa, la declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, actos realizados por el 07 Consejo Distrital. 

b) Casillas. En las demandas se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia de este juicio, lo conducente es entrar al estudio de fondo de las cuestiones planteadas.

3. Pretensión de conexidad de los asuntos promovidos por el Partido del Trabajo.

En su escrito de demanda, el Partido del Trabajo aduce que esta Sala Regional debe tomar en cuenta la conexidad del juicio de inconformidad SDF-JIN-60/2015 con las impugnaciones presentadas por el mismo en los trescientos distritos electorales federales que conforman el país. Lo anterior, porque su pretensión es preservar su registro como partido político nacional.

Al respecto se precisa que su pretensión es improcedente, porque si bien no se advierte que solicite una acumulación con los juicios que refiere, el efecto natural a la conexidad es precisamente que los asuntos que guarden relación se analicen y resuelvan de manera conjunta. Además de que, no es posible analizar en este juicio en particular cuestiones relativas a otros, con independencia de que su pretensión sea similar.

En efecto, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, procede la acumulación cuando en dos o más medios de impugnación se controviertan actos o resoluciones similares y exista identidad en la autoridad u órgano señalado como responsable, es decir que exista conexidad en la causa que dio origen a la impugnación.

En ese tenor, la acumulación procede cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe la referida conexidad, por estarse controvirtiendo el mismo acto o resolución, o bien, que se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una misma pretensión y causa de pedir, que haga conveniente su estudio en una misma ponencia.

Atento a lo anterior, se advierte que en el caso de los juicios respecto de los cuales el Partido del Trabajo señala que existe conexidad, amén de que no los identifica ni individualiza, al controvertirse en ellos, como dice el actor, elecciones diversas a la que en los presentes juicios se impugnan, es evidente que no se ubican en el supuesto de conexidad que señala.

Además, el actor pretende que se establezca la conexidad de juicios promovidos en circunscripciones distintas, competencia de órganos jurisdiccionales diferentes, en donde se impugna cada elección por vicios propios, sin que sea posible que en un juicio se atraigan las pretensiones de la parte actora a un juicio diverso, respecto del cual debe analizarse su procedencia.

De esta manera, si bien su pretensión puede ser la misma, es decir, preservar su registro como partido político nacional, cada elección cuya validez controvierte, debe impugnarse por vicios e irregularidades que acontecieron en concreto en cada demarcación territorial.

En efecto, dicho principio se reconoce en la Ley de Medios, en particular en el artículo 10, párrafo 1, inciso e), que establece la improcedencia de los medios de impugnación en donde se pretenda impugnar más de una elección.

Así, es evidente que no puede decretarse la conexidad de la pretensión del partido político en este asunto, con su pretensión en otros relativos a elecciones diversas.

Es importante señalar que en caso de llegar a actualizarse la nulidad de la votación recibida en casilla y, en su caso, la nulidad de la elección, corresponderá al INE determinar cuál es la votación total definitiva, esto a partir de lo que se resuelva en los distintos medios de impugnación; hecho que determinará si el Partido del Trabajo conserva o no su registro como partido político.

QUINTO. Suplencia en la deficiencia de los agravios.

Previo al examen de la controversia, en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, la Sala Regional se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos; de ahí que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado al estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales se promovieron los presentes juicios, a fin de determinar la existencia de argumentos dirigidos a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren en cualquier apartado de las demandas.

Es necesario apuntar que, en la demanda del Partido del Trabajo, en el apartado donde se formulan planteamientos para evidenciar la actualización de la causal de nulidad de la votación en casilla consistente en recibirla personas distintas a las facultadas legalmente —específicamente en la foja doce del escrito inicial— se aprecia que se cita como sustento de dicha causal el artículo 75, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios, relativo más bien a haberse impedido el acceso de los representantes partidistas a la casilla o haberlos expulsado de la misma, es decir, una hipótesis normativa distinta a la que se pretende demostrar con los argumentos planteados; situación que atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia —según el artículo 16, párrafo 1, de la Ley de Medios— se considera que constituyen un simple error, entendiendo que la verdadera intención del actor fue la de referirse al inciso e), del artículo 75 de la Ley de Medios, o sea, la sustentada en la integración de las casillas por personas no autorizadas.

De igual modo, lo aducido por el Partido del Trabajo para demostrar  la configuración de la causal prevista por el inciso k) del artículo 75 en cita, referente a irregularidades graves acontecidas en la casilla durante la jornada electoral, se tendrá como dirigido a acreditar la causal genérica de nulidad de la elección, conforme al artículo 78 de la Ley de Medios, esto es, por haberse cometido violaciones generalizadas y sustanciales durante la jornada electoral en el 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal, atribuidas al PVEM, toda vez que lo alegado por el actor, más que a irregularidades acontecidas en el ámbito de actuación de cada una de las casillas instaladas en ese distrito, atañe a violaciones que aparentemente sucedieron a nivel distrital, no relacionados directamente con la operación de las casillas.

Lo dicho, con respaldo en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios y en la jurisprudencia 3/2000, de rubro “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” y en la jurisprudencia 4/99, “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”.[5]

SEXTO. Controversia.

Como se advierte a partir de las demandas, son materia de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal, la declaración de validez de la propia elección, o bien, la expedición de la constancia de mayoría respectiva; actos realizados por el 07 Consejo Distrital, reclamados por estimarse que se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 párrafo 1, de la Ley de Medios, o bien, aparentes irregularidades que motivan nulidad de la elección

De tal suerte, los actores pretenden:

El PAN, que tal como lo establece el artículo 56, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios, al actualizarse la nulidad de la votación de las casillas cuestionadas, se modifique el cómputo distrital, se produzca un cambio de ganador en la elección y, por ende, se revoque la respectiva constancia de mayoría, a fin de que se otorgue a la fórmula postulada por dicho partido.

Las casillas impugnadas por el PAN, respecto a las cuales, como única causal de nulidad, invoca la relativa a la recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, son las siguientes:

Casillas impugnadas por el PAN

Por su lado, el Partido del Trabajo aduce la nulidad de la votación en las siguientes dieciocho casillas, al actualizarse en ellas, de manera simultánea, dos causales de nulidad, a saber, las causales previstas en los incisos e) y f), párrafo 1, del artículo 75 de la Ley de Medios, consistentes en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral, así como haber existido error o dolo en el cómputo de la votación:

Casillas impugnadas por el Partido del Trabajo

Igualmente, este actor hace valer que existieron irregularidades graves y determinantes durante la jornada electoral y la sesión de cómputo distrital, que ponen en duda la equidad de la contienda, así como la autenticidad y libertad del sufragio, de manera que son determinantes y que deben traer como consecuencia la nulidad de “todas las casillas” pertenecientes al 07 distrito electoral federal en el Distrito Federal y, por tanto, la nulidad de la elección controvertida.

En ese contexto, el Partido del Trabajo manifiesta que el día de la jornada electoral diversas personalidades, actores y figuras públicas, mediante el uso de redes sociales —Twitter— hicieron un llamado expreso y directo a los electores a votar en favor del PVEM, situación que vulneró el principio de equidad en la contienda, respecto a la emisión del sufragio, además de que, según el partido inconforme, influyó en la disminución de votos en su favor.

Afirma que tales acontecimientos son hechos públicos y notorios, pues los propios Consejeros Electorales del INE reconocieron ante los medios de comunicación la existencia de tales conductas.

Asimismo, señala que el PVEM desplegó una serie de conductas sistemáticas, graves e ilegales, mismas que son del conocimiento público y por las cuales la Sala Regional  Especializada de este Tribunal Electoral ha determinado sancionar a ese partido, debido a su exposición “desmedida” e inequitativa promoción y publicidad, en específico, ocasionada por la difusión de anuncios televisivos referentes a los informes de labores de legisladores del PVEM y por la campaña “El Verde sí cumple”, difundida en salas de cine y con la repartición de calendarios, tarjetas de descuento, vales de medicina, etcétera, previamente y durante la etapa de proselitismo del proceso electoral federal.

En ese sentido, el Partido del Trabajo inserta en su demanda una tabla en la que refiere diversos procedimientos sancionadores instaurados respecto a las conductas irregulares atribuidas al PVEM y los expedientes relacionados con ellas, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y en este Tribunal Electoral.

Por tanto, la cuestión a dilucidar en los presentes juicios atañe a si, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, en función de ello, si resultan viables también los efectos aducidos por los actores, ya sea para modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa que se impugna; para confirmar o, en su caso, revocar la constancia de mayoría expedida por el consejo distrital, a fin de otorgarla a otra fórmula que resulte ganadora de acuerdo con los resultados modificados; o bien, para confirmar la declaración de validez de la elección o decretar la nulidad de la misma.

SÉPTIMO. Metodología para su estudio.

Para atender lo planteado por los actores, se agruparán las casillas identificadas por ambos para estudiarlas de manera conjunta, según la causal de nulidad de la votación de que se trate —en el entendido de que la única causal que el PAN y el Partido del Trabajo coinciden en invocar, es la prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios—.

Así, por cuestión de método, se realizará en primer lugar el análisis de las causales de nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas.

Enseguida, se estudiará lo planteado por el Partido del Trabajo sobre la supuesta existencia de irregularidades durante la sesión de cómputo distrital y, por último, los argumentos de ese partido político que, como se ha dicho, se entienden dirigidos a evidenciar la causal genérica de nulidad de la elección prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios.

OCTAVO. Estudio de causales de nulidad de votación recibida en casilla.

La Sala Regional procede al análisis de los planteamientos efectuados por los actores en relación a diferentes causales de nulidad de la votación recibida en casilla.

1. Causal prevista en el artículo 75, inciso e), de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Como ya se ha explicado, respecto a esta causal, ambos actores identifican casillas en las que supuestamente la votación fue recibida por personas no designadas por la autoridad electoral; casillas que serán estudiadas en su conjunto y que son las siguientes ciento diez:

En el entendido de que dos de esas ciento diez casillas son impugnadas tanto por el PAN como el Partido del Trabajo, a saber, las casillas 1163 B y 1163 C1.

Como motivos para sustentar su pretensión de nulidad por indebida integración de las mesas directivas de dichas ciento diez casillas, los actores alegan, medularmente, que se desempeñaron como funcionarios receptores de la votación, personas que no aparecían en los listados nominales de las secciones a las que tales casillas corresponden, en lugar de los ciudadanos designados por la autoridad electoral.

Por su parte, el 07 Consejo Distrital, en términos generales, refiere en su informe circunstanciado que los ciudadanos que integraron las casillas fueron los facultados para ello, o que en su caso, se tomaron personas de la fila, sin que se actualice la causal de nulidad de casilla invocada por la parte actora, en razón de que pertenecen a la sección correspondiente; así, la autoridad responsable considera que los planteamientos de los actores se apartan de la realidad, pues la votación se recibió por personas facultadas por la Ley Electoral.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, párrafo 1, de la citada Ley, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el artículo 82 del señalado ordenamiento, establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con un secretario y un escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del citado ordenamiento:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores.

c) Contar con credencial para votar.

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos.

e) Tener un modo honesto de vivir.

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente.

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

A su vez, el artículo 254 del mismo dispositivo legal dispone el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Asimismo, el artículo 257 de la Ley Electoral, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, se considera entonces que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las mesas directivas de casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, se precisa que con independencia a que la autoridad responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, además de haber efectuado los respectivos nombramientos para el día de la jornada electiva, ello no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas en un inicio, puedan fungir como funcionarios del órgano electoral aludido, ante una situación excepcional, como sería que los ciudadanos designados originalmente no se presentaran.

Lo anterior es así, porque el artículo 274, párrafo 1, de la Ley invocada, prevé un procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que esta no se instale a las ocho horas con quince minutos, esto es, si a la hora referida los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan, entonces actuarán en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando estos pertenezcan a la sección electoral respectiva.

Asimismo se faculta al consejo distrital correspondiente, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutar dichas medidas y de cerciorarse de su instalación.

Por tanto, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el referido artículo 274, párrafo 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante, es importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, en términos de la jurisprudencia 13/2002, de rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)”.[6]

Al respecto, esta Sala invoca también como criterio orientador, el contenido en la tesis relevante XIX/97 cuyo rubro es: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.[7]

Asimismo, en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto, ello en atención a lo determinado en el párrafo 3 del artículo precitado.

Una vez establecido lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella.

Cabe precisar que aun cuando el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, no contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba exceptuarse, esto es así, porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito a tal elemento, ello en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Tal criterio concuerda con lo sustentado en la jurisprudencia 13/2000, de rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares)” que ya ha sido citada en esta sentencia.

Así, cuando la ley omite mencionar el requisito de que la causal sea determinante, ello significa que por la relevancia del vicio o irregularidad o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de su trascendencia en el resultado de la votación.

Esto es relevante señalarlo, pues la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad que se analiza, no establece expresamente como requisito que el vicio o irregularidad que se acredite sea determinante.

De conformidad con lo manifestado, esta Sala Regional considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla —según los acuerdos adoptados en las sesiones del 07 Consejo Distrital— con relación a las personas que realmente actuaron durante los comicios, de conformidad con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones realizadas, justificadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

Además de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral, en su caso, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si respecto a éstas, se expresó en dichas documentales circunstancias relacionadas con tal supuesto de nulidad.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo referido por los actores en sus agravios, se procede al estudio del cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en:

a) Copias certificadas  del encarte y su respectiva modificación por causas supervenientes, aprobada el seis de junio del año en curso, en sesión extraordinaria del 07 Consejo Distrital.

b) Copias autógrafas y copias certificadas de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

c) Copias certificadas de las hojas de incidentes; y

d) Listados nominales.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), así como 16 párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de actas oficiales elaboradas por mesas directivas de casilla, además de documentos emitidos por funcionarios electorales en el ejercicio de sus funciones, conforme a lo previsto en el artículo 7, párrafo 1, inciso p), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, que faculta a los presidentes de los consejos distritales a expedir certificaciones de constancias que obren en su poder.

Asimismo, cabe señalar que a efecto de contar con todos los elementos necesarios para resolver los planteamientos hechos por los actores, el Magistrado Instructor requirió a la autoridad responsable que remitiera los escritos de protesta que se hubieran presentado respecto a las casillas impugnadas.

En este sentido, para el análisis de las casillas, la Sala Regional, generará un cuadro esquemático en el que en la primera columna se encontrará un número consecutivo y en las siguientes:

a.                     En la segunda columna, se anotará el número y tipo de casilla impugnada.

b.                     En la tercera se asentarán los cargos y nombres de los funcionarios propietarios y suplentes que integran la mesa directiva de casilla de acuerdo a la última publicación del aviso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla que corresponda (encarte).

c.                     En la cuarta, se consignarán los nombres de los funcionarios de casilla que actuaron el día de la elección y cuyo nombre aparece en las actas de jornada electoral y/o en las actas de escrutinio y cómputo.

d.                     En la quinta columna, se contempla un espacio para incluir observaciones.

e.                     En la sexta se precisa si los ciudadanos que actuaron se encuentran inscritos en el listado nominal de la sección correspondiente y la foja del expediente donde puede corroborarse esa información.

Por razones de método, las casillas se clasificarán tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, con el propósito de identificar claramente, si se actualiza o no el supuesto de nulidad invocado por los actores, de manera que se analizarán en cuatro grupos:

1)                     Corrimiento al no presentarse todos los funcionarios o sustituciones por los suplentes respectivos;

2)                     Ejercieron como funcionarios electores de la fila;

3)                     Los funcionarios designados actuaron en diferente casilla;

4)                     Alguno de los ciudadanos que fungieron como funcionarios no pertenece a la sección.

Resaltando que este hecho no le causa perjuicio a los actores, debido a que en todo momento se atiende al principio de exhaustividad que deben observar las resoluciones electorales, pues con independencia del orden en que se analice, lo importante es que todo lo planteado en las demandas sea estudiado, resultando aplicable la jurisprudencia 4/2000 cuyo rubro es “AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA LESIÓN”.[8]

Señalado lo anterior, resulta procedente hacer el pronunciamiento por cada uno de los grupos antes señalados, atendiendo a lo que se obtuvo de las documentales allegadas al expediente como elementos probatorios.

1) Corrimiento al no presentarse todos los funcionarios o sustituciones por los suplentes respectivos.

En las anteriores treinta y tres casillas al no presentarse alguno de los funcionarios de la mesa directiva, desempeñaron el cargo los suplentes originalmente designados, esto es, los que figuran en el encarte, por lo que la casilla se integró con las personas que fueron capacitadas y aprobadas por la autoridad electoral; ello, después de recorrerse el orden de los cargos para que los funcionarios propietarios presentes ocuparan el lugar de los ausentes y las posiciones faltantes fueran cubiertas por los suplentes, tal como lo dispone el artículo 274, párrafo 1, de la Ley Electoral.

En las casillas 1174 C1, 1193 B, 1397 B, 1440 B, 1441 C1, 1444 C1, 1593 C1, 1605 C1, 1615 C2 y 1629 B, para la integración de la mesa directiva no se recorrieron los cargos, como lo dispone el artículo 274, párrafo 1, de la Ley Electoral, pues en esos casos, ante la falta de alguno de los funcionarios propietarios, el lugar fue ocupado directamente por suplentes, en vez de que los otros propietarios que sí estuvieron presentes recorrieran sus cargos. También sucedió que el corrimiento de las funciones no se hiciera de manera completa, como en el caso de la casilla 1441 C1, en la cual, el segundo escrutador fungió como primer secretario a pesar de la presencia del segundo secretario, o bien, como en el caso de la casilla 1440 B, en la que hubo intercambio de posiciones entre el segundo secretario y el segundo escrutador propietarios, en lugar de que éste último ocupara el lugar del primer escrutador faltante en lugar de dejarlo a un suplente.

Pero esas circunstancias no representan irregularidad alguna capaz de afectar la validez de la votación, pues lo relevante es que las mesas directivas de tales casillas se integraron por ciudadanos capacitados y autorizados para ello, incluyendo a suplentes que tienen la calidad de generales —tal como lo prevé el artículo 82 de la Ley Electoral— y por ello, estaban capacitados para fungir en cualquiera de los cargos de la mesa directiva.

En efecto, lo importante es que quienes recibieron la votación estaban autorizados para ello por figurar en el encarte definitivo y con independencia de la función que desempeñaron, además de que la casilla funcionó con todos los cargos indispensables para ello.

Por otra parte, en cuanto a las casillas 1177 B, 1401 C1, 1590 C1 y 1604 B, mismas que operaron sin un escrutador, e incluso, las casillas 1588 C1 y 1589 C1, las cuales funcionaron sin dos escrutadores, esa situación de ninguna forma constituye una irregularidad que actualice la causal de nulidad bajo estudio en razón de que estas casillas se integraron con los funcionarios necesarios para llevar a cabo eficazmente las tareas que tienen encomendadas durante la jornada electoral.

Sobre el particular, debe agregarse que en el caso del Distrito Federal, se celebraron elecciones locales concurrentes con la de diputados federales, toda vez que en términos del artículo Quinto transitorio del decreto de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio de dos mil catorce, la elecciones locales ordinarias a celebrarse este año, se llevarían a cabo el primer domingo de junio.

En tal virtud, para la elección de diputados federales que se desarrolló en el Distrito Federal, fue procedente la operación de la casilla única, como lo establece el artículo 82, párrafo 2, de la Ley Electoral, misma que se integra con un escrutador y un secretario adicional a los funcionarios de mesa directiva ordinariamente designados —un presidente, un secretario y dos escrutadores— a fin de desarrollar de manera eficiente las tareas encomendadas.

Tal circunstancia se corrobora con lo determinado en el acuerdo INE/CG114/2015, del Consejo General del INE, aprobado el trece de agosto de dos mil catorce, el cual se invoca como hecho notorio conforme al artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios, del que se advierte el modelo de casilla única aprobado y aquellos estados de la República en los que se aplicará dicho modelo por existir elecciones concurrentes.

De esa manera, el hecho de que las casillas 1177 B, 1401 C1, 1590 C1 y 1604 B hayan funcionado sin contar con un tercer escrutador, y las casillas 1588 C1 y 1589 C1 lo hicieran sin la presencia de dos escrutadores, por sí solo no basta para generar la nulidad de la votación recibida en esas condiciones, pues la misma fue recibida, en los primeros casos, por cinco funcionarios de los seis posibles, mientras que en los segundos, por cuatro de seis, o sea, con más de la mitad de sus integrantes en todos los casos, particularidad que a lo mucho, lo único que ocasiona es que los integrantes de la mesa directiva presentes incrementen su labor para cubrir la función de los ausentes, sin que ello origine necesariamente una falta de control o la colaboración entre los presentes o un esfuerzo que afecte la eficaz operación de la casilla, para recibir, vigilar y realizar el escrutinio y cómputo de la votación de tres elecciones, una federal y dos locales —diputados de la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales—.

Lo anterior tiene sustento en la esencia de la jurisprudencia de la Sala Superior 32/2002, titulada “ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE”,[9] además de servir de criterio orientador el contenido de la tesis XXIII/2001 de rubro “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”.[10]

Por otra parte, en las casillas 1161 B, 1172 C1, 1397 B, 1434 C2, 1444 C1, 1588 C1, 1590 C1 y 1642 B si bien las actas de jornada electoral no fueron firmadas al inicio o al cierre de la votación, por todos los funcionarios de las respectivas mesas directivas, ello no basta para demostrar que aquéllos no se presentaron a la casilla y, por ende, que fueron otras personas las que recibieron la votación, pues pudieron omitir la firma del acta referida por un simple olvido o descuido, aunado a que, con base en las copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de esas ocho casillas —agregadas a autos— se aprecia la firma de todos los que fueron designados sus integrantes, sea como propietarios o como suplentes; además, en otras constancias de autos no se advierte que tales casillas funcionaran incompletas, sumado a que los actores, en sus respectivas demandas, no arguyen ni acreditan esa situación

Semejante situación sucede con las casillas 1435 C1, 1668 B y 1670 B, donde la autoridad responsable certificó que en los respectivos paquetes electorales no se encontró el acta de jornada electoral de tales casillas, aspecto que no basta para poner en duda su operación con las personas autorizadas para recibir la votación según el encarte, como lo demuestra el nombre y la firma de tales personas en las correspondientes actas de escrutinio y cómputo.

En lo atinente a las casillas 1177 B, 1193 B y 1629 B, se observa que las actas de jornada electoral —al inicio o al cierre de la votación— o las actas de escrutinio y cómputo, no fueron firmadas por todos los ciudadanos que fueron designados para integrarlas, situación que, como se ha visto, no es de una entidad tal como para provocar la nulidad de la votación, sino que debe atribuirse a un olvido de dichos ciudadanos cuya firma asentada en una u otra de tales actas, basta para presumir su presencia en la casilla y que la omisión de firmar se debe a un descuido.

Igualmente, debe aclararse que en la casilla 1588 C1, a pesar de que funcionó con cuatro integrantes  y aun cuando alguno de ellos omitió firmar ya sea en el apartado de inicio o en el de cierre de la votación en el acta de jornada electoral, ello tampoco implica una anomalía capaz de afectar la validez de la votación recibida en esa casilla, pues los cuatro funcionarios con los que operó la misma, firmaron la respectiva acta de escrutinio y cómputo, cuestión suficiente para demostrar que aquélla funcionó con los integrantes suficientes para el eficaz desempeño de sus actividades.

En lo que hace a la casilla 1398 C1, el primer secretario y los escrutadores segundo y tercero fueron los únicos funcionarios que firmaron el apartado relativo al inicio de la votación del acta de jornada electoral, mientras que el apartado de cierre aparece en blanco, aparte de que en el acta de escrutinio y cómputo sólo hace falta la firma del primer escrutador (ciudadano que firmó el acta de jornada electoral como segundo escrutador); empero,  el hecho de que los seis funcionarios de la casilla firmaran una u otra acta, permite inferir que todos estuvieron presentes en la casilla durante la jornada electoral y que la misma funcionó con sus seis integrantes, sin que existan en el expediente datos que indiquen lo contrario. No se opone a lo dicho, que el nombre del ciudadano que fue designado, fungió y firmó como segundo escrutador al inicio de la votación, aparezca (sin firma) en el renglón de primer escrutador del acta de escrutinio y cómputo, pues puede inferirse que esa omisión se debe a un mero descuido, mientras que el cambio de posición, es atribuible a que, durante la jornada electoral, se recorrieran las posiciones después de la llegada de la suplente que ejerció como tercer escrutador. 

Todo lo anterior se respalda con las jurisprudencias 1/2001 y 17/2002, de rubro “ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES)” y “ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA, que ya han sido invocadas en este fallo.

Es preciso aclarar lo ocurrido en la casilla 1590 B, en la cual, el acta de jornada electoral, al inicio de la votación, así como el acta de escrutinio y cómputo y la constancia de clausura de la casilla, aparecen firmadas sólo por cuatro de los funcionarios que la integraron, a saber, el presidente, los dos secretarios y el primer escrutador (Miguel Agustín Amador Romero), en tanto que en el apartado de cierre de la votación del acta de jornada electoral es posible advertir que, adicionalmente a los referidos funcionarios, aparecen otros dos nombres, el de Ascari Martínez Espinosa como primera escrutadora y María del Carmen Isabel Luna Cruz (tercera suplente) como segunda escrutadora, con la particularidad de que Miguel Agustín Amador Romero figura en ese apartado como tercer escrutador.

Al atenderse al listado nominal de la casilla 1590 B, así como al acta de clausura de la propia casilla, queda evidenciado que Ascari Martínez Espinosa se registró ante la respectiva mesa directiva como representante partidista del PRD; sin embargo, la circunstancia de que su nombre y firma hayan sido asentados en el apartado de cierre de la votación del acta de jornada electoral, no reviste un motivo suficiente para afectar la validez de la votación captada en la casilla en comento, dado que ello es atribuible a un mero error por parte de dicha representante.

Esto es así, dado que no existen elementos que permitan suponer que, en la realidad, esa persona haya fungido como funcionaria en algún momento de la jornada o que, con esa calidad, haya participado en la apertura de las urnas y conteo de la votación, sobre todo cuando en el acta de escrutinio y cómputo, así como en la constancia de clausura, no figura su nombre como integrante de la mesa directiva, lo que hace inferir que en esos actos consecutivos —escrutinio y cómputo y clausura de la casilla— la presencia de dicha ciudadana fue como representante partidista, si se tome en cuanta además, que Ascari Martínez Espinosa firmó la constancia de clausura como representante partidista del PRD, situación que hace inferir que su nombre y firma como primera escrutadora en el acta de jornada electoral pudo obedecer tan sólo a una confusión ante la variedad de documentos que deben firmarse por todos los funcionarios y representantes presentes en la casilla.

No pasa inadvertido que la casilla 1590 B, operó con cinco funcionarios, esto es, con la falta de un escrutador, situación que, como ya se ha explicado, tampoco es apta para demeritar la certeza en la recepción de la votación, aun cuando el único documento firmado por los cinco integrantes sea el acta de jornada electoral en el apartado del cierre de la votación.

Por último, a pesar de que en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla  1406 C1 se aprecian los nombres incompletos de quienes fungieron como sus funcionarios —sólo con el primer nombre y el primer apellido— mientras que en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 1440 B, se aprecian diferencias en los nombres de quienes la integraron —en el nombre de la presidente Aleja, en lugar de Alejandra, y en el apellido del segundo secretario Cequeda, en lugar de Cerqueda— los datos asentados en las respectivas actas de jornada electoral, donde los nombres aparecen completos y escritos correctamente, tal como figuran en el encarte, evidencian que sólo se trató de un simple error al momento de la elaboración de las actas por parte de uno de los funcionarios que, como lo indica la lógica y la experiencia referidas en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, no conocían a los otros funcionarios cuyos nombres asentaron de manera incompleta o incorrecta.

2) Ejercieron como funcionarios electores de la fila.