JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SDF-JIN-52/2015

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 09 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

SECRETARIOS: JAVIER ORTIZ ZULUETA y CESARINA MENDOZA ELVIRA

México, Distrito Federal, diecisiete de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de esta fecha, resuelve el expediente citado al rubro, en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en dos casillas y, por tanto, modificar el cómputo de mayoría relativa, así como confirmar la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría respectiva, realizada por el 09 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Puebla.

GLOSARIO

ANTECEDENTES:

De los hechos narrados en el escrito de demanda, así como de las constancias del expediente, se advierte lo siguiente:

I. Jornada electoral. El pasado siete de junio, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir Diputados Federales al Congreso de la Unión.

II. Cómputo distrital. El once siguiente, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección señalada, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría correspondiente, que arrojó los resultados siguientes:

Con base en los anteriores resultados, el consejo distrital declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y validez a la fórmula propuesta por el Partido Acción Nacional.

III. Juicio.

1. Demanda. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el quince de junio siguiente, el actor promovió juicio solicitando la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, así como la nulidad de la elección.

2. Tercero interesado. Por escrito presentado el dieciocho de junio del presente año, el PAN compareció con el carácter de tercero interesado, alegando lo que a su interés estimó conducente.

3. Remisión. Por oficio de dieciocho de junio del presente año, la autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional, el expediente integrado con motivo de la presentación del juicio, rindió su informe circunstanciado y el escrito de tercero interesado.

4. Integración de expediente y turno. El veinte de junio siguiente, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SDF-JIN-52/2015, y turnarlo al Magistrado Armando I. Maitret Hernández, para su sustanciación y presentación del proyecto respectivo.

5. Radicación. En la misma fecha, el Magistrado instructor radicó el expediente.

6. Incidente de nuevo escrutinio y cómputo. En virtud de que del escrito de demanda se desprendía que el actor solicitaba a esta Sala Regional un nuevo escrutinio y cómputo de todas y cada una de las casillas del 09 Distrito Electoral Federal en el Estado de Puebla, el veinticuatro de junio del año en curso, el Magistrado Instructor ordenó la apertura del incidente de nuevo escrutinio y cómputo.

Dicho incidente fue resuelto por esta Sala Regional el tres de julio siguiente, en el sentido de declararlo improcedente.

7. Admisión y cierre de instrucción. El treinta de junio de este año, el Magistrado instructor admitió la demanda y el dieciséis de julio posterior cerró la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio de inconformidad, promovido para controvertir los resultados contenidos en el acta del cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa, por el 09 Distrito Electoral Federal, en el Estado de Puebla, la declaración de validez respectiva y la entrega de las constancias de mayoría; elección en la que esta Sala Regional tiene competencia y entidad federativa en donde ejerce su jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 186, fracción I, y 195, fracción II.

Ley de Medios. Artículos 49; 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b).

SEGUNDO. Tercero interesado. Se reconoce al PAN, el carácter de tercero interesado, en virtud de que el escrito mediante el cual comparece con tal calidad, fue presentado dentro del término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 17, párrafo 4, de la Ley de Medios, y cumple con los requisitos que en el propio numeral se señalan, además de tener un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

Se tiene por acreditada la personería de Ángel Espinoza Martínez y Marco Antonio Techalotzi Cortero como representantes propietario y suplente del PAN ante el Consejo Distrital responsable, ya que así se desprende de la copias certificadas de las actas circunstanciadas de la sesión extraordinaria del día de la jornada electoral[1] y la sesión de cómputo respectiva,[2] puesto que dichas personas fueron quienes comparecieron con el carácter de representantes del partido tercero interesado ante el referido Consejo, situación que en manera alguna es controvertida por la autoridad o el actor.

TERCERO. Causas de improcedencia. La autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado hace valer las causas de improcedencia previstas en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, relativa a que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; que se haya consumado de modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, o contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo en los plazos previstos en ley.

a) Falta de interés jurídico. La autoridad responsable estima que el juicio es improcedente por la falta de interés jurídico del actor, ya que no se actualizan las causales de nulidad que invoca.

Al respecto, cita la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”.

Esta Sala Regional considera que la causal invocada es inatendible, dado que lo relativo a la actualización de las causas de nulidad hechas valer por el actor no puede ser materia de análisis para determinar la procedibilidad del medio de impugnación, ya que ello implicaría emitir un pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto.

Aunado a lo anterior, lo relativo a que la imprecisión de los agravios genera la falta de interés jurídico del promovente, esta Sala Regional lo considera de igual manera, que esto se debe analizar en el fondo del asunto.

Por otro lado, esta Sala advierte que el PT sí cuenta con interés jurídico, derivado de que su pretensión última es conservar el registro, lo cual estima obtener si se anulan casillas en lo individual o la elección completa.

b) Presentación extemporánea de la demanda. Asimismo, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, relativa a que los medios de impugnación serán improcedentes cuando no se hubiese interpuesto en los plazos previstos en ley. Ello, incumpliendo lo previsto en los artículos 8; 50, párrafo 1, inciso b); y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, que prevén que los medios de impugnación deben presentarse dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto que se pretende combatir.

Esta Sala Regional considera que dicha causa de improcedencia es infundada, por las particularidades del caso concreto, dado que es el Consejo Distrital, quien generó confusión sobre la conclusión del acto de cómputo.

Ello es así, porque, si bien en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital[3] consta que el cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa concluyó el diez de junio a las veintitrés horas con dieciocho minutos, lo cierto es que, el propio consejo distrital no realizó inmediatamente después la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 312 de la Ley Electoral, sino que terminado el cómputo de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa, realizó el cómputo de diputados de representación proporcional y, una vez que concluyó este segundo cómputo, a la una horas con siete minutos del día once de junio, retomó los actos relativos a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, consistentes en la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría.

Así, se considera que el Consejo Distrital generó la confusión de cuando acabó el cómputo correspondiente, ya que no realizó sucesivamente los actos relacionados con el cómputo, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría de conformidad con el artículo 312 de la Ley Electoral, pues al haberlos interrumpido debe estarse a lo más favorable al actor y considerar que éstos culminaron hasta el día once de junio del presente año, lo que tuvo como consecuencia que el plazo para impugnar transcurriera del doce al quince de junio del presente año, de ahí que al haberse presentado en esta última fecha, la demanda fuera oportuna.

CUARTO. Requisitos de procedencia. Esta Sala Regional considera que el medio de impugnación reúne los requisitos generales y especiales de procedencia establecidos en los artículos 7; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1, 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, tal como se explica.

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable; en ella se precisa el nombre del actor; se identifica el acto impugnado; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; se expresan conceptos de agravio, y se hace constar la firma del promovente.

b) Oportunidad. El juicio fue promovido dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, tal como se motivó anteriormente.

c) Legitimación y personería. El actor cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la ley invocada, en tanto que tiene el carácter de partido político nacional.

Por cuanto a la personería de Alfonso Vázquez Pérez, quien comparece a nombre del actor, se tiene por acreditada en términos del artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del citado ordenamiento, quien justifica tal carácter con la copia certificada de su nombramiento,[4] documento que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, aunado a que fue quien compareció con el carácter de representante del partido actor ante el Consejo Distrital responsable.

d) Requisitos especiales. El escrito de demanda, satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, como se expone a continuación:

Precisión de la elección que se controvierte. El actor, en su escrito de demanda, impugna los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 09 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Puebla, Puebla.

Individualización de acta distrital. En el caso que se analiza, se cumple el requisito porque el promovente señala que controvierte el resultado contenido en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 09 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Puebla, Puebla.

Individualización de mesas directivas de casilla. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque el actor señala de forma individual las casillas cuya votación controvierte, aduciendo la causal de nulidad que en su concepto se actualiza en cada caso.

Error aritmético. Por cuanto hace al citado requisito, tal circunstancia no es aplicable en el particular, porque no se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital por error aritmético, sino por nulidad de la votación recibida en determinadas mesas directivas de casilla.

En vista de lo anterior, al satisfacerse en la especie los requisitos señalados en los preceptos legales adjetivos invocados al inicio de este considerando, resulta procedente el estudio de fondo de la cuestión planteada.

QUINTO. Precisión de la materia de impugnación y metodología. Previo al examen de la controversia, se debe precisar que en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta autoridad está en la posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por el inconforme, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

De igual manera, esta Sala Regional, se encuentra obligada al estudio exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve un medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2/98, que obra bajo el rubro “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”.[5]

Como se desprende del escrito mediante el cual el partido político actor promueve el presente juicio de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 09 Distrito Electoral Federal en el Estado de Puebla, al estimar que se debe anular la votación recibida en diversas casillas por las siguientes causales, establecidas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios.

1.    Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

2.    Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

3.    Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

4.    Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada.

5.    Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

SEXTO. Estudio de fondo. Al respecto, esta autoridad se avoca al análisis de las causas de nulidad de votación hechas valer por el actor, sistematizando su estudio, mediante el agrupamiento en rubros temáticos, al tenor de la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[6]

1. Instalación de casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

El actor hace valer esta causal de nulidad de votación, en relación con la casilla 939 básica.

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, que establece:

"La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

…"

Mediante la hipótesis de nulidad a estudio, el legislador  garantiza el respeto al principio de certeza que rige la materia electoral a fin de que los electores puedan identificar claramente la casilla donde deben ejercer su derecho de sufragio y los partidos políticos puedan contar con representantes para vigilar el desarrollo de la jornada electoral. Para ello, se fija y se publica el lugar donde se instalarán las casillas, con la debida anticipación.

Así, el principio de certeza se vulnera cuando la casilla se instala, sin causa alguna que lo justifique, en lugar diferente al autorizado por el Consejo Distrital respectivo, órgano facultado para determinar la ubicación de las casillas, según lo establecen los artículos 253 a 258 de la Ley Electoral.

Los artículos 256, incisos e) y f), y 257 de dicho ordenamiento, establecen que una vez que los Consejos Distritales verifiquen que los lugares seleccionados reúnen los requisitos que la ley dispone, y aprueben la ubicación de casillas, el presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el quince de abril del año de la elección, y en su caso, ordenará una segunda publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día quince y el veinticinco de mayo del año de la elección, así como su fijación en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el INE, además de que se entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos.

De esta manera, se hace del conocimiento de la ciudadanía en general, el lugar en que se ubicarán las casillas el día de la jornada electoral, para que puedan acudir a la que les corresponda, a emitir su sufragio.

Ahora bien, el artículo 276 de la Ley Electoral prevé las causas que justifican que una casilla se instale en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital, en los términos siguientes:

“1. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando:

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley;

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y

e) El consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.”

Para efectos de lo dispuesto en el inciso e) del párrafo 1 del artículo antes transcrito, conviene precisar que por "caso fortuito" debe entenderse el evento o fenómeno sólo atribuible a la naturaleza y por lo mismo fuera del dominio de la voluntad del afectado o imprevisible e inevitable, y por "fuerza mayor" como un hecho imputable a personas con autoridad pública, general -salvo caso excepcional-, insuperable e imprevisible, o que previéndose no se puede evitar, que origina que una persona realice una conducta contraria a un deber jurídico.

Evidentemente, cuando acontece una causa que justifique el cambio de ubicación de la casilla, no se actualiza la causal de nulidad en análisis.

Debe tenerse en cuenta que cuando la casilla se ubica en lugar diferente al autorizado por el Consejo Distrital, existiendo una causa que lo justifique, tal cambio no debe provocar confusión o desorientación en los electores que acuden a sufragar, porque ello violaría el principio de certeza consagrado en el artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal. Esto es así, porque en la etapa de la jornada electoral es cuando los ciudadanos ejercen su derecho a votar, valor que protege la norma.

En efecto, al establecerse determinados requisitos para la reubicación de la casilla el día de la jornada electoral, como serían que se realice dentro de la sección del lugar originalmente autorizado para su instalación y en el lugar adecuado más próximo, además de que en el exterior del sitio previamente autorizado se deje aviso del nuevo lugar de instalación de la casilla, el propósito de la ley es garantizar que los ciudadanos tengan la certeza del lugar al cual deben acudir a ejercer el sufragio.

En los términos apuntados, se considerará que una casilla instalada el día de la jornada electoral en lugar diverso al dispuesto por el Consejo Distrital, sin que medie causa justificada para ello, debidamente acreditada, actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en la misma.

Para que se actualice la causal en comento es menester acreditar, en primer término, que la casilla se instaló en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo, y que el cambio de ubicación se realizó sin atender a una causa justificada para ello, de tal manera que con ese actuar se afecte el principio de certeza que debe prevalecer el día de la jornada electoral, al haberse generado una confusión en el electorado y que tal situación haya sido determinante en el resultado.

También debe apuntarse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, el que afirma está obligado a probar, también lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho; de esta manera el accionante tiene la carga probatoria de demostrar que la casilla en estudio se ubicó en lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital, ya que no basta la simple manifestación en tal sentido para acreditar la irregularidad que pretende hacer valer, sino que es menester su prueba fehaciente.

Apuntado el marco jurídico atinente a la causal de nulidad de la votación recibida en la casilla en estudio, así como formuladas las precisiones anteriores, procede el estudio particular de la casilla referida a la mencionada causal.

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada por el actor, se tomarán en cuenta los datos asentados en la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla denominada “encarte”, aprobada por el Consejo Distrital correspondiente, así como las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, y la hoja de incidentes, documentales públicas con pleno valor probatorio, atento a lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 4, y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

El cuadro que a continuación se presenta, permite apreciar el lugar autorizado por la autoridad responsable para la instalación de la casilla en análisis, así como el lugar en que ésta se instaló el día de la jornada electoral.

Debe precisarse que si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo debe asentarse el dato relativo al lugar donde se instaló o ubicó la casilla, mismo que debe coincidir con el lugar autorizado por el Consejo Distrital, la exigencia de asentar correctamente el lugar de instalación no implica que ello se deba hacer mediante la formalidad extrema de que las anotaciones literales del encarte y de las actas correspondientes coincidan de modo absoluto en todos sus elementos, sino que basta que en tales documentos se encuentren los elementos coincidentes que sean racionalmente suficientes para que no quede lugar a duda, cuando se establezca la comparación, de que se trata del mismo lugar.

Es decir, la ley no exige como única forma de probar plenamente la indicada identidad, la extrema coincidencia de los datos asentados en las actas respectivas con los señalados en el encarte, por lo que basta con que el enlace de los elementos asentados en los documentos referidos, y en su caso en otros de la documentación electoral, produzcan la plena convicción de que la casilla se instaló en el lugar determinado por la autoridad competente, para que se tenga por cumplido.

De lo asentado en el cuadro que antecede, se obtiene que coincide la calle y el número de la casa en la que se instaló la casilla (Calle 25 Norte, número 1), pero no coincide el nombre de la colonia que se asentó en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

Cabe señalar que, en ocasiones, puede existir una percepción equivocada del nombre de la colonia a la que pertenece un lugar, motivada en que los funcionarios que integran la mesa directiva identifican el lugar de instalación mediante la mención de datos que son del conocimiento común para los habitantes del lugar, los cuales no necesariamente coinciden con los datos oficiales, que son los que aparecen en el encarte, ya que, pudo haberse conocido así la colonia anteriormente, o dada su cercanía geográfica, tener la idea equivocada respecto al nombre de la colonia donde se instaló la casilla.

Así, aun cuando los funcionarios de la mesa directiva de casilla hayan consignado erróneamente el nombre de la colonia, ello no significa que se acredite que la casilla fue instalada en sitio diverso al autorizado.

Máxime que en el acta de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como en la hoja de incidentes respectivas, no se consigna incidente alguno relacionado con la ubicación de la casilla en un lugar distinto al autorizado por el consejo distrital, de ahí que no se actualice la causal de nulidad invocada.

2. Recepción de votación por personas u órganos distintos a los facultados.

El actor hace valer esta causal de nulidad de votación recibida en las siguientes ochenta y ocho casillas.

1)    934 B

2)    937 B

3)    938 B

4)    940 B

5)    940 C1

6)    941 B

7)    941 C1

8)    942 B

9)    943 B

10)                       943 C1

11)                      944 B

12)                      944 C1

13)                      944 C2

14)                      945 B

15)                      945 C1

16)                      946 B

17)                      948 B

18)                      949 B

19)                      950 C1

20)                      950 C2

21)                      950 C3

22)                      951 C1

23)                      951 C2

24)                      952 B

25)                      952 C1

26)                      953 B

27)                      953 C1

28)                      954 B

29)                      955 C1

30)                      956 B

31)                      957 C1

32)                      958 C1

33)                      959 B

34)                      961 C2

35)                      963 B

36)                      963 C1

37)                      964 B

38)                      966 B

39)                      967 B

40)                      973 C2

41)                      975 C1

42)                      976 C1

43)                      976 C2

44)                      977 B

45)                      977 C3

46)                      978 B

47)                      981 B

48)                      981 C1

49)                      981 C2

50)                      982 C2

51)                      983 B

52)                      983 C1

53)                      985 B

54)                      986 B

55)                      986 C1

56)                      988 B

57)                      993 B

58)                      993 C1

59)                      995 C1

60)                      996 C1

61)                      997 B

62)                      999 B

63)                      999 C1

64)                      1000 B

65)                      1000 C1

66)                      1000 C2

67)                      1001 B

68)                      1002 B

69)                      1002 C1

70)                      1003 B

71)                      1003 C1

72)                      1003 C2

73)                      1004 B

74)                      1005 B

75)                      1005 C1

76)                      1005 C2

77)                      1006 B

78)                      1007 B

79)                      1007 C1

80)                      1008 B

81)                      1008 C1

82)                      1008 C2

83)                      1008 C3

84)                      1009 B

85)                      1010 B

86)                      1010 C1

87)                      1012 B

88)                      1012 C1

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone:

“1.La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

...”

Para efectos de la anterior causa de nulidad, es necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas autorizadas para recibir la votación.

Al respecto, el artículo 81, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral establecen que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales y que, como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De acuerdo con el artículo 82, párrafo 1, de la Ley Electoral, las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales; sin que en el caso resulte aplicable el párrafo 2 del mismo artículo establece que en las elecciones concurrentes se instalarán mesas directivas de casilla únicas para ambos tipos de elección, las que se integrarán, además con un secretario y un escrutador adicionales, ya que en el Estado de Puebla no hubo elecciones concurrentes.

Por su parte, el artículo 254 de la Ley Electoral prevé que, una vez llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, los ciudadanos seleccionados por el Consejo Distrital correspondiente, serán las personas autorizadas para recibir la votación.

Así, para que se actualice la causal en estudio, se requiere acreditar alguno de los siguientes elementos:

a) Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas con antelación; esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo, que no se encuentren inscritas en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a la casilla, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios.

b) Que la votación se recibió por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, por un órgano diverso a la mesa directiva de casilla.

c) Que la mesa directiva de casilla no se integró con la mayoría de los funcionarios (presidente, secretario y escrutadores).

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas previamente designadas como funcionarios propietarios de casilla deben presentarse para iniciar su instalación a partir de las 7:30 horas, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, debiéndose levantar el Acta de la jornada electoral, en la que se hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, conforme lo dispone el artículo 273, párrafos 2 y 5, de la Ley Electoral, el Acta deberá ser firmada, tanto por los funcionarios como por los representantes que actuaron en la casilla, según lo determina el artículo 275 del mismo ordenamiento.

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora legalmente establecida, por la ausencia de uno o varios de los funcionarios designados como propietarios, el artículo 274 del mismo ordenamiento establece la forma de sustitución de los funcionarios ausentes.

Así, conforme lo dispone el señalado numeral, de no instalarse la casilla a las 8:15 horas, estando presente el presidente, éste designará a los funcionarios faltantes, recorriendo el orden de los funcionarios presentes y habilitando a los suplentes y, en su caso, con los electores que se encuentren formados en la fila de la casilla.

En términos del mismo artículo, no encontrándose presente el presidente pero sí el secretario, éste asumirá las funciones de aquél y procederá a la instalación de la casilla.

Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y hará la designación de los funcionarios faltantes.

Estando sólo los suplentes, uno asumirá la función de presidente y los otros de secretario y primer escrutador, debiendo proceder el primero a la instalación de la casilla.

En caso de no asistir los funcionarios, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la mesa directiva y designará al personal encargado de ejecutar las labores correspondientes y cerciorarse de ello.

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención del personal del Instituto, a las diez horas, los representantes de los partidos ante las mesas de casilla, designarán por mayoría, a los funcionarios de entre los electores que se encuentren presentes, verificando previamente que éstos se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y que cuenten con credencial para votar. En este último supuesto, se requiere la presencia de un notario público o juez; en ausencia de éstos, bastará la conformidad de los representantes de los partidos políticos.

Los nombramientos nunca podrán recaer en los representantes de los partidos, candidatos o funcionarios públicos.

Hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

Para analizar esta causal en primer lugar se comparó a los funcionarios que integraron las mesas directivas de casilla con los funcionarios autorizados para integrar la casilla, de acuerdo con el documento publicado por el INE, en el que constan la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla para las elecciones federales del siete de junio pasado, conocido comúnmente como “encarte”.

Lo anterior, porque en dicho documento constan los nombres de las personas que fueron seleccionadas por el INE para integrar las mesas directivas de cada una de las casillas; así, en el caso de que el nombre de los funcionarios que integraron alguna, apareciera en el encarte de la misma o en alguna de las correspondientes a la misma sección electoral, esta Sala Regional considera que dicho funcionario sí estaba autorizado para integrarla, por lo que la alegación deviene infundada.

Ahora bien, en caso de que los funcionarios que integraron las casillas no aparecieran en el encarte, se buscó su nombre en copia certificada de la lista nominal de electores de toda la sección correspondiente a la casilla en la que actuó, lo anterior, porque de acuerdo con lo señalado con anterioridad, ante la ausencia de los funcionarios de casilla originalmente designados, pueden tomarse votantes de la misma sección electoral, para integrar la mesa directiva de casilla, lo anterior de acuerdo con la tesis XIX/97, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”.[7]

Así, en el caso de que la persona que integró la casilla perteneciera a dicha sección electoral se estima que el agravio deviene infundado ya que sí estaba facultado para recibir la votación en la casilla de dicha sección electoral.

Por otra parte, se actualiza la nulidad de la votación recibida en la casilla en el caso de que alguno de sus integrantes no apareciera en el encarte y tampoco en la lista nominal de electores de la sección electoral en la que actuó.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: las copias certificadas del encarte de ubicación e integración de casillas publicado y utilizado el día de la jornada electoral; de las Actas de Jornada Electoral, así como de Escrutinio y Cómputo, y Listas Nominales de Electores, documentales públicas con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 14 y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

2.1. Votación recibida por personas facultadas por la Ley Electoral.

Funcionarios facultados para actuar en la casilla y en la posición en que lo hicieron.

En el caso de las siguientes diecisiete casillas no se actualiza la causal de nulidad hecha valer por el actor, ya que los funcionarios que actuaron fueron designados para actuar en la casilla y en la posición en que lo hicieron según el encarte, tal como se aprecia de la tabla que a continuación se inserta.

Funcionarios facultados para actuar en la sección electoral en que lo hicieron.

Por su parte, en las siguientes cuarenta y cinco casillas no se actualiza la causal de nulidad de votación hecha valer por el partido actor ya que, de acuerdo con el encarte los funcionarios que integraron las casilla y recibieron la votación estaban facultados para ello, ya fuera en la misma casilla en la que fueron designados o, en alguna otra de la misma sección electoral, tal como se desprende de la tabla que se inserta a continuación.

Por cuanto hace a la casilla 952 contigua 1, en el acta de jornada electoral se consigna como primera escrutadora a Dania Benítez García, mientras que en el encarte aparece en esa posición Dania García Benítez; esto es, los apellidos se encuentran invertidos, lo cual se corrobora con la anotación de los apellidos en el orden correcto en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

Esta situación, en atención a las máximas de la experiencia, hace suponer un error por parte de quien llenó el acta, al asentar el nombre de la funcionaria en cuestión, ya que en ocasiones, la persona que escribe los nombres en el acta de jornada electoral cambia el orden de los apellidos, lo cual, se presume; lo anterior lleva a presumir que el nombre correcto de quien fungió como tercera escrutadora es Dania García Benítez, quien aparece en el encarte, de ahí que se estime que esta situación no es suficiente para actualizar la causa de nulidad invocada.

En la misma casilla, en el acta de jornada electoral, en la sección correspondiente a la instalación de la casilla aparece como segunda escrutadora Guadalupe Rosales Cortez, mientras que en la sección de cierre de la casilla aparece en dicha posición Guadalupe Rosales García; sin embargo, en el acta de escrutinio y cómputo de dicha casilla se consigna el nombre de Guadalupe González Cortez en dicha posición, el cual coincide con el nombre de la primera suplente general para esa casilla, lo que crea convicción en esta Sala Regional de que se está ante un error en la anotación del segundo apellido de dicha ciudadana en una de la secciones del acta de la jornada electoral, sin que ello sea suficiente para actualizar la causa de nulidad invocada.

En el caso de la casilla 963 básica, en el acta de jornada electoral aparece como primer escrutador Gumercindo Ramos Cacelis, mientras que en el encarte aparece Gumersindo Ramos Cacelis; al respecto, esta Sala Regional considera que se está simplemente ante un error de anotación de  una letra del nombre del ciudadano citado, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

Por cuanto hace a la casilla 975 contigua 1, en el acta de jornada electoral, en la sección de instalación de la casilla aparece como secretaria Angélica Romero Hernández, mientras que en la sección de cierre de votación aparece Ángela Romero Hernández; respecto de dicha inconsistencia, esta Sala Regional considera que se debe un error en la anotación del nombre y en que se invirtió el orden de los apellidos de Ángela Hernández Romero, quien sí estaba facultada para recibir la votación, tal como se corrobora con la anotación correspondiente al acta de escrutinio y cómputo de dicha casilla.

Asimismo, en la sección de instalación de la casilla aparece como segundo escrutador José Gutiérrez Flores, mientras que en la sección de cierre de la votación aparece en dicha posición José Flores Gutiérrez; respecto de dicha inconsistencia, esta Sala Regional considera que se debe a un error en la anotación de los apellidos de José Flores Gutiérrez, quien fue designado como segundo suplente general para actuar en dicha casilla, sin que dicha situación sea suficiente para actualizar la causal de nulidad invocada, tal como se corrobora con la anotación correspondiente en el acta de escrutinio y cómputo de esa casilla.

En el caso de la casilla 1005 contigua 2, si bien en la sección de cierre de la votación del acta de jornada electoral se consigna como Secretaria a Alicia Garzón Álvarez, en el apartado de instalación de la casilla del acta de jornada electoral, en el acta de escrutinio y cómputo y en la hoja de incidentes se señala en dicha posición a Alicia Garzón Ángeles, cuyo nombre coincide con el de la persona designada en el encarte para fungir como segunda suplente general; lo que crea convicción en esta Sala Regional de que se está ante un error en la anotación del nombre de dicho funcionario en una de las secciones del acta de la jornada electoral, sin que dicha situación sea suficiente para acreditar la causal de nulidad hecha valer.

Por cuanto hace a la casilla 1007 básica, si bien en el acta de jornada electoral y en el acta de escrutinio y cómputo se consigna como primera escrutadora a María de la Luz Lourdes Guarneros Juárez, mientras que la persona que aparece en el encarte como primera suplente general de la casilla 1007 contigua 1, es María de la Luz Lourdes Guarneros Suárez, esta Sala Regional estima que la coincidencia en todos los nombres y el primer apellido de la persona que fungió en la casilla, con la facultada por el encarte, a juicio de esta Sala Regional constituye simplemente un error de anotación de la primera letra del segundo apellido de dicha ciudadana, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente; máxime que, de la revisión de la lista nominal de electores de la sección electoral, aparece que María de la Luz Lourdes Guarneros Suarez sí ejerció el derecho al voto, lo que refuerza la conclusión anterior.

Integración por ciudadanos designados en el encarte y por ciudadanos pertenecientes a la lista nominal de la sección electoral.

En las siguientes veinticuatro casillas no se actualiza la causal de nulidad de votación hecha valer por el partido actor ya que, de acuerdo con el encarte quienes recibieron la votación estaban facultados para ello, ya fuera en la misma casilla en la que fueron designados o, en alguna otra de la misma sección electoral y, también ante la ausencia de alguno de los originalmente designados, actuaron ciudadanos tomados de la fila, pertenecientes a la sección electoral, tal como se desprende de la tabla que se inserta a continuación.

En el acta de jornada electoral de la casilla 967 básica aparece como segunda escrutadora Cintia López Pineda, mientras que en el acta de escrutinio y cómputo aparece en dicha posición Cinthya López Pineda, cuyo nombre coincide con el de la lista nominal de electores de esa sección electoral, lo que a juicio de esta Sala Regional constituye un error al asentar el nombre de dicha ciudadana, sin que ello actualice la causal de nulidad hecha valer.

Por cuanto hace a la casilla 993 básica, en el acta de jornada electoral se consigna que fue integrada por César Flores Beltrán como Presidente, Reyna Cruz Tejeda como Secretaria y, Gil Juárez Lerin como primer escrutador, sin embargo en el acta de escrutinio y cómputo de la misma casilla se señala que fue integrada por Sandra Eugenia Barrientos Ruiz como Presidenta, Ana Jaquelin García Jácome como Secretaria y, Maria Dolores Guadalupe Aguilar M., como primera escrutadora.

Respecto a dicha inconsistencia entre el acta de jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo de la misma casilla, esta Sala Regional estima que obedece a un error de los funcionarios de la casilla 993 contigua 1, al señalar que equivocadamente habían integrado la casilla 993 básica, por las razones siguientes.

Se considera que César Flores Beltrán, Reyna Cruz Tejeda y Gil Juárez Lerin integraron la casilla 993 contigua 1 y no la básica de la misma sección, ya que sus nombres y firmas aparecen, tanto en el acta de escrutinio y cómputo, como en la hoja de incidentes de la casilla contigua 1.

Además, los nombres y firmas de los representantes de los partidos políticos que aparecen en el acta de escrutinio y cómputo y, en la hoja de incidentes de la casilla 993 contigua 1, coinciden plenamente con los que se consignan en el acta de jornada electoral que se estima, equivocadamente, señala que fue de la casilla básica de la misma sección.

Fortalece la conclusión anterior, el hecho de que los nombres de los funcionarios que aparecen en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 993 básica coincidan con los funcionarios designados en el encarte para integrarla; así, Sandra Eugenia Barrientos Ruiz, quien fungió como presidenta de dicha casilla, era la persona originalmente designada para hacerlo, Ana Jaquelin Garcia Jácome, quien fungió como Secretaria, era la persona originalmente designada como Segunda escrutadora en dicha casilla, mientras que María Dolores Guadalupe Aguilar Melendez, quien actuó como escrutadora, estaba facultada para hacerlo, al pertenecer a la lista nominal de la casilla 9934 básica.

De ahí que se estime que el error al consignar el acta de jornada electoral de dicha casilla, se subsana con el contenido del acta de escrutinio y cómputo de la misma y, con el encarte respectivo, motivo por el cual se estima que no se acredita la causa de nulidad de votación hecha valer en el caso.

2.2 Votación recibida por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral.

Esta Sala Regional considera que en las siguientes dos casillas se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, al haberse acreditado que alguna o algunas de las personas integraron las mesas directivas de casilla no habían sido designadas para tal efecto en ninguna de las casillas de las sección en la que actuaron, y tampoco pertenecían a dicha sección electoral, por lo que no estaban facultadas para recibir la votación de conformidad con la Ley Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 13/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)”.[8]

Lo anterior, en virtud de que en esas mesas directivas de casilla, alguno de los funcionarios que la integraron no fue designado para tal efecto por el INE, de acuerdo con el encarte, ni pertenecían a la sección electoral de la casilla en la que actuaron, tal como se desprende de la tabla que, para efectos ilustrativos se inserta a continuación.

Por las razones expuestas, se estima que en dichas casillas se acredita la causal de nulidad de votación recibida.

2.3. Integración de las casillas sin la totalidad de los funcionarios.

El Partido del Trabajo señala que las casillas impugnadas fueron integradas indebidamente, ya que no actuaron todos los funcionarios que, de acuerdo con la Ley Electoral deben integrar las casillas, en el caso de que no hubiera elecciones concurrentes, es decir, un presidente, un secretario y dos escrutadores.

Así para analizar este agravio se estudiaron todas las casillas impugnadas por el PT, con excepción de las dos que fueron anuladas con anterioridad, con el objeto de determinar con cuántos funcionarios se integraron y funcionaron.

Así, de la revisión de las actas de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo se advierte lo siguiente:

En las siguientes setenta casillas es infundado el agravio, ya que se integraron con los cuatro funcionarios que deben actuar en caso de que no hubiera elecciones concurrentes, de conformidad con la Ley Electoral, es decir, con presidente, un secretario y dos escrutadores.

1)    937 B

2)    938 B

3)    941 B

4)    941 C1

5)    942 B

6)    944 B

7)    944 C1

8)    944 C2

9)    945 B

10)                      945 C1

11)                      946 B

12)                      948 B

13)                      949 B

14)                      950 C1

15)                      950 C2

16)                      950 C3

17)                      951 C1

18)                      951 C2

19)                      952 B

20)                      952 C1

21)                      953 B

22)                      953 C1

23)                      954 B

24)                      956 B

25)                      957 C1

26)                      958 C1

27)                      961 C2

28)                      963 B

29)                      963 C1

30)                      964 B

31)                      966 B

32)                      967 B

33)                      973 C2

34)                      975 C1

35)                      976 C1

36)                      976 C2

37)                      977 B

38)                      977 C3

39)                      978 B

40)                      981 C1

41)                      981 C2

42)                      982 C2

43)                      985 B

44)                      986 B

45)                      986 C1

46)                      995 C1

47)                      996 C1

48)                      997 B

49)                      999 B

50)                      999 C1

51)                      1000 B

52)                      1000 C1

53)                      1001 B

54)                      1002 B

55)                      1002 C1

56)                      1003 C1

57)                      1004 B

58)                      1005 B

59)                      1005 C1

60)                      1005 C2

61)                      1006 B

62)                      1007 B

63)                      1007 C1

64)                      1008 B

65)                      1008 C1

66)                      1008 C2

67)                      1008 C3

68)                      1009 B

69)                      1010 B

70)                      1010 C1

En el caso de la casilla 941 básica, en la sección relativa a la instalación de la casilla aparecen los nombres y firmas de cuatro funcionarios, es decir el presidente, la secretaria y dos escrutadores, mientras que en la sección correspondiente al cierre de instrucción aparecen los nombres sin firmas de dos funcionarios, el presidente y el primer escrutador.

Lo anterior tiene explicación ya que en la sección de incidentes del acta de jornada electoral se consigna “no se presentaron designados como secretario, segundo escrutador y suplentes”, así, como se explicó anteriormente, en dicha casilla se presentó la Presidenta Ana Eugenia Concepción Lopez Cortes, designada en el encarte para tal posición, como Secretaria fungió Brenda Yaneth Medina Hernández, quien originalmente fue designada como primera escrutadora, como primera escrutadora fungió Ana Paola Aizpuro López, quien pertenece a la sección electoral de esa casilla y, como segunda escrutadora fungió Carolina Bravo Urrutia, quien originalmente fue designada como tercera suplente general de la casilla 941 contigua 1.

En el mismo sentido en la hoja de incidentes de dicha casilla se consignó tal situación en los siguientes términos “7:30 No se presentaron Secretario, Segundo Escrutador y Suplentes”, “8:16 Al no presentarse el Secretario, Segundo Escrutador y Suplentes, se habilitó a la señora Carolina Bravo Urrutia, tercer suplente de la casilla básica (sic) como segundo escrutador y a la C. Ana Paola Aizpuro López tomada de la fila como primer escrutador”.

Fortalece la conclusión anterior el hecho de que, en el acta de escrutinio y cómputo aparecen los nombres de cuatro funcionarios, el presidente, la secretaria y los dos escrutadores, y se consigne como incidente que “a falta del secretario, se cubrió su lugar”; sin que el hecho de que no aparezcan sus firmas genere la invalidez de la votación recibida en casilla, de conformidad con la jurisprudencia 1/2001, emitida por la Sala Superior de este Tribunal bajo el rubro "ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES)"[9], razones por las que se considera que dicha casilla fue integrada por cuatro funcionarios.

En relación con la casilla 1006 básica, en la sección correspondiente a la instalación de la casilla del Acta de Jornada Electoral, únicamente aparecen los nombres del Presidente, Alejandro Almazán Flores y de la Segunda Escrutadora, Michelle Flores Vargas; mientras que en la sección de cierre de la votación aparecen los nombres y firmas de los cuatro integrantes de la casilla, sin que se dé cuenta de incidente alguno.

Ahora bien, en el acta de escrutinio y cómputo aparecen los nombres y firmas de los cuatro integrantes de la casilla, en términos similares a los que aparecen en el cierre de la votación del acta de jornada electoral, sin que tampoco se señale incidente alguno, de ahí que, se estime que la casilla se integró por cuatro funcionarios.

El agravio también es infundado en las siguientes dieciséis casillas, ya que funcionaron con tres integrantes, lo cual se estima suficiente para su validez.

1)    934 B

2)    940 B

3)    940 C1

4)    943 B

5)    943 C1

6)    959 B

7)    983 B

8)    983 C1

9)    988 B

10)                      993 B

11)                      993 C1

12)                      1000 C2

13)                      1003 B

14)                      1003 C2

15)                      1012 B

16)                      1012 C1

Por cuanto hace a la casilla 988 básica, en la sección de instalación de la casilla del Acta de Jornada Electoral, aparecen los nombres y firmas de tres funcionarios, el Presidente, el Secretario y un escrutador, mientras que en la sección del cierre de la votación únicamente aparece el nombre y la firma del Presidente de la misma, aunado a que en dicha acta no se hace referencia a incidente alguno.

Mientras que en la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo, se consignaron los nombres y firmas de tres funcionarios, sin que se refiera la existencia de incidente alguno en dicha casilla.

De ahí que, se considere que dicha casilla fue integrada por tres funcionarios.

Así, en relación con las casillas que funcionaron únicamente con tres integrantes, se estima que la ausencia de uno de los dos escrutadores, no puede conducir automáticamente a anular la votación recibida ellas.

Esto porque la circunstancia de que la ley prevea la conformación de las mesas directivas de una casilla en elecciones no concurrentes con cuatro personas, es por considerar seguramente que éstas son las necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren en el desarrollo de la jornada electoral en una casilla, sin necesidad de aplicar esfuerzo especial o extraordinario.

Sin embargo, el legislador no estableció el número de funcionarios citados con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada uno de los directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a las modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que de ser necesario pudieran realizar una actividad un poco mayor.

Sobre esta base, se estima que la falta de uno de los escrutadores no perjudica automáticamente la recepción de la votación de la casilla, sino que sólo origina que los demás se vean requeridos a hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de la división del trabajo y elevando la mutua colaboración, sin perjuicio de la labor de control, tal como se establece en la tesis XXIII/2001, emitida por la Sala Superior de este Tribunal , de rubro “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”.[10]

Se arriba a la conclusión anterior, ya que, de la lectura de las actas de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo, se desprende que en dichas casillas no se dio cuenta de la existencia de incidente alguno durante la instalación y cierre de las mismas, relacionado con que el número de integrantes, impidiera el funcionamiento normal de la casilla, lo que hace presumir que la recepción y cómputo de la votación se desarrolló con normalidad, de ahí que se estime que deba ser válida la votación recibida en la mismas, lo anterior con sustento en la Jurisprudencia 09/98, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[11].

No es óbice a las conclusiones anteriores que el actor manifieste que faltan las firmas de diversos funcionarios en las casillas 957 contigua 1, 961 contigua 2, 975 contigua 1, 978 básica y 1005 contigua 1.

Esto es así, ya que si bien en el acta de escrutinio y cómputo de esas casillas faltan las firmas de algunos de los funcionarios, en éstas sí aparecen los nombres de todos ellos, mientras que en las actas de jornada electoral respectiva, aparecen los nombres y firmas de dichos funcionarios, de ahí que resulte errónea la afirmación del actor, además de que, como se ha dicho anteriormente, la falta de firma de algún funcionario de casilla no es suficiente para presumir su ausencia.

3. Dolo o error en la computación de los votos.

En este apartado se realiza el estudio de las casillas en las que se invoca como causal de nulidad la prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios.

En el cuadro inserto al inicio de su demanda, el Partido actor señala que en las siguientes casillas, el número de boletas extraídas de la urna es distinto al total de ciudadanos que votaron.

Asimismo señala que en la casilla 987 básica no aparece el número de boletas sobrantes.

Por otro lado, sostiene que en las siguientes ciento dieciocho casillas se actualiza la referida causal de nulidad de la votación recibida en casilla, toda vez que, afirma, la irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en las casillas contra los resultados publicados de manera oficial por el INE transgrede la voluntad ciudadana y ponen en duda la certeza de la votación recibida en las mismas.

1) 0935 B

2) 0947 B

3) 0940 C1

4) 0947 C1

5) 0948 C1

6) 0948 C2

7) 0950 B

8) 0954 B

9) 0961 C1

10) 0963 B

11) 0970 B

12) 0972 B

13) 0975 B

14) 0975 C1

15) 0977 C3

16) 0978 B

17) 0981 C1

18) 0982 C2

19) 0984 B

20) 0986 B

21) 0991 B

22) 0993 C1

23) 0998 C1

24) 1005 C2

25) 1008 C2

26) 1011 B

27) 1013 C2

28) 1014 C1

29) 1015 C1

30) 1016 B

31) 1019 B

32) 1019 C1

33) 1020 B

34) 1021B B

35) 1022 B

36) 1025 B

37) 1026 C1

38) 1026 C2

39) 1027 C2

40) 1028 C1

41) 1028 C2

42) 1029 C1

43) 1031 B

44) 1031 C2

45) 1033 C2

46) 1034 B

47) 1034 C1

48) 1035 C1

49) 1035 C3

50) 1035 Especial 1

51) 1038 C1

52) 1039 B

53) 1041 B

54) 1041 C1

55) 1042 C2

56) 1043 C1

57) 1044 C1

58) 1044 C2

59) 1045 C1

60) 1049 C2

61) 1050 B

62) 1050 C1

63) 1050 C2

64) 1051 B

65) 1052 B

66) 1058 C3

67) 1058 C4

68) 1059 C2

69) 1059 C3

70) 1060 C5

71) 1061 C2

72) 1061 C3

73) 1062 C1

74) 1062 C2

75) 1064 B

76) 1065 B

77) 1065 C7

78) 1065 C9

79) 1067 C2

80) 1069 C1

81) 1072 B

82) 1072 C2

83) 1072 C3

84) 1073 B

85) 1074 C1

86) 1076 C5

87) 1310 C1

88) 1311 C1

89) 1312 B

90) 1326 C1

91) 1327 B

92) 1328 C1

93) 1329 C2

94) 1348 B

95) 1349 C1

96) 1350 C2

97) 1363 B

98) 1364 B

99) 1365 B

100) 1365 C2

101) 1366 B

102) 1369 C1

103) 1369 C3

104) 1377 C1

105) 1379 B

106) 1379 C1

107) 1380 B

108) 1380 C2

109) 1390 B

110) 1390 C1

111) 1390 C2

112) 1390 C3

113) 1390 C4

114) 1394 C1

115) 1395 C1

116) 2622 B

117) 2623 C2

118) 2627 C1

Lo anterior, a decir del partido, tiene mayor importancia considerando que en algunos casos se cometieron violaciones graves al procedimiento que se lleva a cabo para el cómputo de los votos. Si el legislador determinó facultar a los consejos electorales a abrir los paquetes en casos particulares y específicos, así como para realizar nuevamente los cómputos, fue con el fin de otorgar certeza a la votación.

Asimismo, argumenta el partido actor, que la legislación establece la obligación de las mesas directivas de casilla de respetar la libre emisión y efectividad del sufragio.

Por cuestión de método, se analizarán conjuntamente todas las casillas señaladas con anterioridad, independientemente del planteamiento específico que hubiera realizado el partido actor, esto en atención a que el estudio de dicha causal de nulidad, resulta común a dichas casillas.

Al respecto, esta Sala Regional estima que el planteamiento en estudio es inoperante en una parte e infundado en otra, por las siguientes consideraciones.

En primer término, se precisa que en principio se presume que los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que fueron objeto de recuento, ya fueron materia de corrección por la autoridad administrativa electoral, por lo que los errores cometidos por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, no podrán invocarse como causal de nulidad ante este Tribunal Electoral, conforme con lo previsto en el artículo 311, párrafo 8, de la Ley Electoral.

Ello, porque de las casillas en cuestión existe ya una Constancia Individual de resultados, documento en que el grupo de trabajo conformado al efecto asentó los resultados obtenidos a partir del recuento de votos realizado después de la apertura de los paquetes electorales correspondientes.

Lo anterior implica que sea esta Constancia Individual, y no el acta de escrutinio y cómputo, la documental pública que contiene los resultados de la votación definitivos, obtenidos por los distintos partidos políticos y coaliciones contendientes en el proceso electoral.

No obstante, una lectura funcional del citado artículo 311, párrafo 8, de la Ley Electoral permite concluir que cuando en el juicio se alegue que en el recuento no se subsanaron los errores o inconsistencias, esa Nueva Acta Individual de resultados debe ser utilizada para analizar si se actualiza la causal de nulidad invocada, en contraste con el resto de las actas de escrutinio y cómputo de casilla así como del acta de jornada electoral, pues sólo de esa manera se podrá verificar si persiste algún error en el nuevo cómputo de votos.

Esto se considera así, porque la Constancia Individual del nuevo escrutinio y cómputo, sólo contiene los votos emitidos a favor de las diferentes opciones políticas y los votos nulos, así como el número de boletas sobrantes y de ser el caso los votos reservados, pero no los ciudadanos que votaron.

Establecido lo anterior, se considera inoperante el agravio, en relación con las casillas señaladas por el actor, con excepción de las casillas 948 contigua 2 y 983 contigua 1, toda vez que en aquellas se realizó nuevamente el escrutinio y cómputo ante el Consejo Distrital responsable, lo que hace suponer que los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla ya fueron materia de corrección por dicha autoridad administrativa electoral; consecuentemente, los errores cometidos por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, como se indicó no pueden invocarse como causa de nulidad ante este Tribunal Electoral, según lo ordenado en el multicitado artículo 311, párrafo 8, de la Ley Electoral.

Lo anterior, pues respecto de las casillas en cuestión existe ya una Constancia Individual de resultados, documento en que el grupo de trabajo conformado al efecto asentó los resultados obtenidos a partir del recuento de votos realizado después de la apertura de los paquetes electorales correspondientes.

Ello implica que sea esta constancia individual, y no el acta de escrutinio y cómputo, la documental pública que contiene los resultados de la votación definitivos, obtenidos por los distintos partidos políticos y coaliciones contendientes en el proceso electoral.

Por tanto, toda vez que el partido actor no encamina sus alegaciones a demostrar que el error persiste no obstante el nuevo escrutinio y cómputo llevado a cabo en las casillas en estudio, de ahí lo inoperante del agravio vertido por el PT.

En este sentido, sólo serán objeto de análisis las casillas 948 contigua 2 y 983 contigua 1, ya que las mismas no fueron objeto de recuento en sede distrital. Para tal efecto, debe tenerse presente lo siguiente:

El artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios establece que la votación recibida en casilla será nula cuando haya mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

De lo anterior, se advierte que la causal de nulidad de votación recibida en casilla que se examina, se actualiza con la concurrencia de los siguientes elementos:

1. La existencia de error o dolo en la computación de los votos.

2. Que ese dolo o error sean determinantes para el resultado de la votación.

Además, para la actualización se requiere que los hechos establecidos para su integración ocurran necesariamente cuando se realicen los actos precisos a que se refiere la Ley Electoral y sean atribuibles a personas directa e inmediatamente relacionadas con los actos electorales de que se trate, o sea, que el error o dolo se realice en el momento en que se haga el cómputo de los votos por alguno de los integrantes de la mesa directiva de casilla, o bien, por quienes realicen el nuevo escrutinio y cómputo en sede distrital, a quienes corresponde ese acto.

En primer término, se anota que por "error" debe entenderse cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto y que jurídicamente implica la ausencia de mala fe, mientras que el "dolo" debe entenderse como una conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la simulación o la mentira, mismo que es objeto de prueba.

En este sentido, toda vez que el actor no aporta probanza alguna a fin de acreditar que se haya actualizado el dolo, el estudio que se lleva a cabo se hace únicamente en razón de un posible error en el escrutinio y cómputo.

Ahora bien, este Tribunal Electoral ha sostenido el criterio que, para que proceda la nulidad de la votación recibida en casilla, se requiere, bajo ciertas modalidades, que alguno de los tres rubros fundamentales sea discordante con otro de entre ellos, y que ello sea determinante para el resultado final de la elección en dicha casilla.

En tal sentido, se ha sostenido que para el análisis de los elementos de la causal de nulidad por error o dolo, se deben comparar los tres rubros fundamentales: a) total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores; b) boletas sacadas de las urnas, y c) votación total emitida. Asimismo ha sostenido que las boletas sobrantes sólo constituyen un elemento auxiliar que sólo debe ser tomado en cuenta en determinados casos.

Sirve de apoyo la jurisprudencia identificada con la clave 8/97, cuyo rubro es el siguiente: "ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN".[12]  

Con base en lo anterior, se procede a analizar los datos relativos a los mencionados rubros fundamentales, que se extraen de las actas de escrutinio y cómputo de las señaladas casillas.

Así, en el caso de la casilla 948 contigua 2, que no fue motivo de recuento, en ella, de conformidad con el acta de escrutinio y cómputo, coinciden los rubros fundamentales, ya que se consiga que votaron ciento ochenta y seis (186) personas, que se extrajeron ciento ochenta y seis (186) votos de la urna y, que el resultado total de la votación es de ciento ochenta y seis (186) votos, de ahí que no se acredite el error hecho valer por el actor como causal de nulidad, tal como se establece en la tabla que se inserta a continuación.

En el caso de la casilla 983 contigua 1, el actor manifiesta que no coincide el número de personas que votaron, respecto a los votos sacados de la urna y el resultado de la votación.

De la revisión del original de la lista nominal de electores de esa casilla, se desprende que en ella votaron doscientas cincuenta y dos personas (252), ya que se aprecian claramente doscientas cincuenta y dos marcas con la leyenda “VOTÓ 2015” y no las doscientas cuarenta y cinco (245) personas de las que se da cuenta en el acta de escrutinio y cómputo, tal como se señaló al resolver el incidente de nuevo escrutinio y cómputo correspondiente.

Así, la revisión del original de la señalada lista nominal permite concluir que existió un error de siete votantes al consignar en el acta de escrutinio y cómputo la sección correspondiente al número de personas que votaron, situación que explica la anotación que se hizo tanto en el acta de escrutinio y cómputo, como en la hoja de incidentes, relativa a que “Al conteo de votos sobraron siete votos de más”.

Por su parte, en la copia certificada del acta de escrutinio y cómputo se consigna que votaron siete (7) representantes de partidos políticos no incluidos en la lista nominal de electores.

Así, al sumar el número de personas que votaron conforme a la revisión de la lista nominal (252) y a los siete (7) representantes de los partidos que votaron en la casilla, no incluidos en la lista nominal, permite concluir que en la casilla bajo estudio votaron doscientos cincuenta y nueve (259) ciudadanos, cantidad que coincide plenamente con la cantidad de votos sacados de la urna y con la sumatoria de los resultados de la votación, tal como se aprecia en el cuadro que se inserta a continuación.

En las condiciones apuntadas, resulta claro que no se actualiza la causal de nulidad bajo análisis en ninguna de las dos casillas impugnadas.

Por otra parte, por lo que hace a lo alegado por el PT, en cuanto a que las irregularidades consistentes en el error en el cómputo de los votos en las casillas contra los resultados publicados de manera oficial por el INE, transgrede la voluntad ciudadana y pone en duda la certeza de la votación recibida en las mismas, cabe precisar lo siguiente.

Si bien los resultados publicados por el INE en su página de internet, constituyen información preliminar que tiene por objeto mantener oportunamente informada a la ciudadanía y a los diversos actores políticos sobre los resultados de los cómputos, lo cierto es que son las actas de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla y la de cómputo distrital, las que tienen validez y, por tanto, efectos jurídicos, por lo que la supuesta contradicción entre sus resultados, no produce al actor perjuicio alguno, pues para todos los efectos jurídicos, la única información válida de resultados electorales es la que arroja el cómputo distrital y que se asienta en el acta respectiva.

Con base en lo anterior, es que esta Sala Regional estima infundado el agravio esgrimido por el PT.

4. Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada.

Cabe indicar que en el escrito de demanda se advierte que el partido actor indicó que por los motivos expuestos se actualizaba la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso h) del artículo 75 de la Ley de Medios, la cual se refiere a haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada, y señala noventa y un casillas.

Sin embargo, las manifestaciones relacionadas con estas casillas no se refieren, en modo alguno, a dicha causa de nulidad de votación recibida en casilla, sino a las relativas a instalar la casilla en lugar distinto al establecido, recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados y error y dolo en la computación de los votos.

En este sentido, esta Sala Regional considera que, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia de conformidad con el artículo 16, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta inconsistencia en la demanda constituye un error del partido actor, que aun realizando el estudio respectivo, no asistiría la razón al actor, ya que no se actualizaría dicha causal de nulidad de la votación recibida en casilla.

Así, para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece:

"La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

…

h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;

…”

Esta causal se relaciona con el derecho de los partidos políticos, para registrar hasta dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios en proporción de uno por cada diez casillas, si son urbanas, o uno por cada cinco casillas rurales, conforme a lo establecido en los párrafos 1 y 2, del artículo 259 de la Ley Electoral. Por otra parte, en el párrafo 3, del citado artículo, se precisa la obligación de los representantes de portar, en un lugar visible, durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo con el emblema del partido político al que representen y con la leyenda visible de "representante".

La causal de nulidad de que se trata, tutela los principios de objetividad y certeza, para que no se generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una casilla electoral y garantiza la participación equitativa de los partidos políticos dentro de la contienda comicial, de tal forma que el día de la jornada electoral, los partidos políticos a través de sus representantes, puedan presenciar todos los actos que se realizan desde la instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y del paquete electoral.

Esta garantía, hace posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, actividad ésta, en la que son corresponsables los partidos políticos nacionales.

Para la actualización de esta causal de nulidad, es preciso que se acredite plenamente que, sin causa justificada, tuvieron lugar durante la jornada electoral, alguno de los siguientes hechos:

a) Impedir el acceso a la casilla a los representantes de los partidos políticos; o bien, la expulsión de los mismos;

b) Que no exista causa justificada para ello, y

c) Que sea determinante para el resultado de la votación.

Ahora bien, de las constancia que obran en el expediente, en particular de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se desprende que, contrariamente a lo señalado por el actor, en las noventa y un casillas que señala por esa causal sí estuvieron presentes representantes de diversos partidos políticos, incluyendo, en algunas de ellas, representantes del Partido del Trabajo, sin que se refieran incidentes relacionados con que no se permitiera el acceso o se expulsara a los representantes de algún partido político.

Lo anterior se desprende de la tabla que, para efectos ilustrativos se anexa a continuación, en la que se señalan los nombres y partidos políticos de los representantes que actuaron en cada una de ellas, así como la inexistencia de incidentes o de incidentes diversos a la causal de nulidad que se hace valer.