JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SDF-JIN-56/2015  y SDF-JIN-57/2015 ACUMULADO

ACTORES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: 03 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE GUERRERO

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

SECRETARIAS: LAURA TETETLA ROMÁN Y MARÍA DEL CARMEN ROMÁN PINEDA

México Distrito Federal, veintinueve de julio de dos mil quince.

La Sala Regional, en sesión pública de esta fecha, resuelve los juicios de inconformidad citados al rubro, en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en cuatro casillas y, por tanto, modificar el Acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como de representación proporcional, confirmar la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría respectiva, realizada por el 03 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Guerrero.

G L O S A R I O

De los hechos narrados por los actores en sus respectivos escritos de demanda, así como de las constancias de los expedientes, se advierten los siguientes

ANTECEDENTES

I. Jornada electoral. El pasado siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de diputados federales.

II. Cómputo distrital. El diez de junio de dos mil quince, el 03 Consejo Distrital inició el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

III. Nuevo escrutinio y cómputo. Durante la sesión de cómputo distrital se llevó a cabo nuevo cómputo y escrutinio  en la totalidad de las casillas instaladas y una vez concluida el once siguiente, se determinó que la votación final obtenida por los contendientes fue:

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el Consejo distrital determinó que la votación final obtenida por los candidatos contendientes fue:

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el mencionado Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos, y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo.

IV. Demanda. El quince de junio de dos mil quince, los actores promovieron juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el Acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva[1].

V. Tercero interesado. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio siguiente, el Partido Revolucionario Institucional compareció con el carácter de tercero interesado, alegando lo que a su interés estimó conveniente.

VI. Remisión de los expedientes. Mediante oficios INE/CD03/VS/536/2015 y INE/CD03/VS/537/2015, de veinte de junio de dos mil quince, recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la misma fecha, la autoridad responsable remitió las demandas, los informes circunstanciados, el escrito del tercero interesado y demás constancias que estimó pertinentes relativas a los expedientes que motivaron los presentes juicios.

VII. Turno. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdos de veinte de junio, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración de los expedientes SDF-JIN-56/2015 y SDF-JIN-57/2015, y su remisión a la ponencia del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

VIII. Radicación. Mediante proveídos de veintitrés de junio del año que transcurre, el Magistrado Instructor acordó la radicación de los expedientes citados.

IX. Admisión y requerimiento. El veintiséis de junio del presente año, el Instructor admitió a trámite la demanda de juicio de inconformidad; proveyó respecto de las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes y requirió a la autoridad responsable a efecto de que remitiera diversa documentación necesaria para la debida integración del presente medio de impugnación.

Requerimiento que fue desahogado en su oportunidad, lo que fue debidamente acordado en autos del presente juicio.

X. Desahogo de la prueba técnica. Mediante acta celebrada el seis de julio del año en curso, la Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia del Magistrado Instructor desahogo la prueba técnica.

XI.  Nuevos requerimientos. Mediante autos de veintinueve de junio, seis, ocho, dieciséis, veintidós y veinticuatro de julio del año en curso, el Magistrado instructor requirió diversa información y documentación, lo cual fue debidamente cumplimentado en su oportunidad.

XII. Cierre de instrucción. Al estar debidamente integrados  los expedientes, por acuerdos de veintinueve de julio de este año, el Magistrado Instructor declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que se ordenó poner el expediente, en cada caso, en estado de resolución y se ordenó formular el proyecto de sentencia; y

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Competencia y jurisdicción.

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, toda vez que se trata de juicios de inconformidad promovidos durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados celebrada en el 03 distrito electoral federal en el Estado de Guerrero; supuesto normativo respecto del cual esta Sala Regional tiene competencia y entidad federativa sobre la cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo base VI, 60 párrafo segundo, 99 párrafo cuarto fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 1 fracción II, 184, 185, 186 fracción I, 192 y 195 fracción II.

Ley de Medios. Artículos 4 y 53 párrafo 1 inciso b), en relación con el 50 párrafo 1 inciso b).

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable pertenece a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo INE/CG182/2014 denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los 300 distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarán para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, tal como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional”, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General de treinta de septiembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil quince.

SEGUNDO. Acumulación.

En el caso procede acumular los juicios de inconformidad, ya que el análisis de las demandas respectivas permite establecer que hay conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en la autoridad responsable y en los actos impugnados.

Doctrinariamente se ha establecido que existe "conexión de causa", cuando las acciones ejercidas tienen elementos comunes, básicamente el objeto del juicio y la causa de pedir, esto es, en la relación jurídica que los vincula sustantivamente.

Ahora bien, en el caso, los actores promueven juicios de inconformidad para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional; su declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva, que corresponde al 03 distrito electoral federal, en el Estado de Guerrero.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica; 31 de la Ley de Medios, en relación con el 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procede decretar la acumulación del expediente correspondiente al juicio de inconformidad SDF-JIN-57/2015 al diverso SDF-JIN-56/2015, por ser este último el que se recibió en primer lugar en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, por lo que deberá glosarse copia certificada de esta sentencia al expediente acumulado.

TERCERO. Tercero Interesado.

Se procede al análisis de los requisitos del escrito presentado por el tercero interesado en el juicio de inconformidad SDF-JIN-56/2015.

a) Forma. En el escrito que se analiza, se identifica al tercero interesado; el nombre y la firma autógrafa de su representante, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

b) Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, en atención a que el tercero interesado compareció dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicitación de la presentación del juicio de inconformidad, de acuerdo al plazo previsto en el artículo 17 párrafo 1 inciso b) en relación con el párrafo 4 de la Ley de Medios.

Lo anterior, en razón de que en el expediente SDF-JIN-56/2015[2], según las razones de fijación y de retiro de la correspondiente cédula de notificación, el plazo de setenta y dos horas de publicitación del medio de impugnación atinente, transcurrió de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de junio a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de junio del año en curso; por lo que si el tercero interesado presentó su escrito el diecinueve de junio a las nueve horas con treinta minutos, es inconcuso que fue oportuno.

c) Legitimación y personería. El tercero interesado está legitimado para comparecer al presente juicio, en términos del artículo 12 párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios, toda vez que tiene un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con el que pretende el promovente, quien como última intención solicita la nulidad de la elección de diputado federal por mayoría relativa en el 03 distrito electoral federal, o bien la nulidad de la votación recibida en  diversas casillas para obtener un cambio de ganador, mientras que el tercero interesado forma parte de la coalición flexible que postuló a la fórmula que obtuvo el mayor número de votos.

Lo anterior sin desconocer que el tercero interesado suscribió un convenio[3] de coalición flexible en el cual se determinó que el partido que postulara la fórmula de candidatos correspondientes al distrito sería quien podría interponer los medios de impugnación atinentes; criterio que podría aplicarse también para el caso de la comparecencia en calidad de terceros interesados.

Empero, si se atiende a lo resuelto por la Sala Superior en sesión pública del ocho de julio de dos mil quince en la contradicción de criterios SUP-CDC-7/2015, en la que se aprobó la jurisprudencia de rubro: “LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL”[4], y toda vez que el representante promueve a nombre del partido –y no de la coalición-, debe tenerse al PRD en lo individual acudiendo al juicio SDF-JIN-56/2015 como tercero interesado.

Se tiene por reconocida la personería de Jorge Martínez Carbajal, quien acude ostentándose como representante propietario del citado partido, ante el Consejo distrital.

Ello, toda vez que en autos obra copia certificada de su nombramiento como representante propietario del mencionado partido político ante la autoridad responsable.

CUARTO. Requisitos de procedencia.

Previo al estudio de fondo de los presentes asuntos, este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9 párrafo 1, 52 párrafo 1, 54 párrafo 1 inciso a) y 55 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia del Juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

1. Requisitos generales.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; en ellas, se hace constar la denominación de los actores, así como el nombre y firma de quien acude en su representación; se precisaron los actos controvertidos y la autoridad a la que se les atribuyen; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones y los agravios que les causan los actos combatidos.

b) Oportunidad. Las demandas atinentes se presentaron en tiempo, en tanto que se interpusieron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios.

Lo anterior se desprende del acta final de cómputo distrital de la elección de diputado federal por mayoría relativa correspondiente al 03 Distrito electoral federal en el Estado de Guerrero.[5]

Dicha documental cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 párrafos 1 inciso a) y 4 inciso d) y 16 párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, al haber sido expedida por un funcionario electoral, en el ejercicio de sus atribuciones.

De su lectura se desprende que el cómputo concluyó el once de junio de dos mil quince, por lo que si los escritos se presentaron el quince siguiente, según se desprende del acuse de su recepción que aparece en las demandas[6], es inconcuso que su presentación es oportuna.

c) Legitimación y personería. Los promoventes se encuentran legitimados para interponer los presentes juicios de inconformidad, con base en lo previsto en el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios, pues se trata de dos partidos políticos con registro nacional.

En el caso del PRD promovente del juicio de inconformidad 57, es quien encabeza la fórmula de candidatos que obtuvieron la mayoría de votos, lo cual no constituye impedimento para que acuda ante esta instancia jurisdiccional, a impugnar diversas casillas que, en su concepto, deben anularse dadas las irregularidades que expone.

Al respecto resulta aplicable la tesis relevante número XXIX/99[7] de rubro: “INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR. LO TIENE TAMBIÉN EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE LE FAVORECIÓ LA VOTACIÓN RECIBIDA (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ)”.

Asimismo, por cuanto hace al juicio SDF-JIN-56/2015, se tiene por reconocida la personería de César Antonio Aguirre Noyola, así también en lo que toca al SDF-JIN-57/2015, también se le reconoce la personería a Jorge Martínez Carbajal; quienes se ostentan como representantes propietarios del respectivo Partido ante el  Consejo Distrital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 párrafo 1 inciso a) fracción I del señalado ordenamiento, en razón de que ambos se encuentran formalmente registrados con tal carácter ante la autoridad responsable, tal y como ésta se los reconoce en el informe circunstanciado.

2. Requisitos especiales.

Los escritos de demanda mediante los cuales los actores promueven los presentes juicios de inconformidad, satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52 párrafo 1 de la Ley de Medios.

a) Tipo de elección. Los promoventes encauzan su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa y representación proporcional; su declaración de validez, y la expedición de la constancia de mayoría respectiva.

b) Casillas o error aritmético. Por cuanto hace al Juicio SDF-JIN-57/2015, el Partido precisa de manera individualizada las casillas respecto a la cuales solicita su nulidad, así como las causas por las cuales estima que procede aquella; por lo cual se le tiene cumpliendo con el requisito en cuestión.

Por su parte, en el caso del juicio SDF-JIN-56/2015, individualiza las casillas cuya nulidad solicita, así como las causas para ello, con independencia de que también  acude a impugnar la totalidad de la elección, por las razones que expone en su escrito inicial de demanda.

c) Conexidad. Los actores no hace valer conexidad alguna entre el juicio de inconformidad que promueven con algún recurso de revisión o apelación interpuesto en fecha distinta.

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia de estos juicios, lo conducente es entrar al estudio de fondo de las cuestiones planteadas.

QUINTO. Precisión de los actos impugnados.

Por lo que hace al PRI, conforme se desprende de la demanda de juicio de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría respectiva.

En cuanto al PRD, en el escrito mediante el cual promueve el juicio señala que son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como de representación proporcional, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva.

En consideración de esta Sala Regional, por lo que hace al PRD, no debe tomarse como impugnada la declaración de validez de la elección, ni la expedición de la constancia de mayoría, toda vez que la fórmula de candidatos que obtuvo el mayor número de votos y a quien se le expidió la constancia respectiva es la postulada por la coalición flexible que integró con el PT; conforme se desprende de las copias certificadas del acta de cómputo distrital y de la constancia de mayoría, que obran en autos.

Documentales públicas con valor probatorio pleno, atento el contenido del párrafo 2 del artículo 16 de la Ley de Medios.

Por ello, debe tenerse como acto impugnado en el SDF-JIN-57/2015 sólo los resultados consignados tanto en el acta de cómputo distrital de mayoría relativa, como en la de representación proporcional.

SEXTO. Suplencia de la deficiencia en la expresión de los agravios.

En términos del artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, esta Sala Regional se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Asimismo, en aquellos casos en que los actores hayan omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los hayan citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo de las demandas, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que estos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.[8]

SÉPTIMO. Agravios

1. Por lo que hace al PRI, estima que se actualizan diversas irregularidades, las que se detallan a continuación.

Refiere que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, correspondiente al inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Lo anterior, pues en el desarrollo de la votación la recepción de la votación se llevó a cabo por personas distintas a las facultadas por la referida ley, pues no se encontraron en la publicación oficial y definitiva de integración ni tampoco estaban inscritos en el listado nominal.

Lo cual se traduce en la violación al principio de certeza y legalidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal porque no se respetó el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla y con ello se impuso arbitrariamente como funcionarios de casilla a quien no estaba facultado para ello.

Las diecinueve casillas que cuestiona por esa causa son: 0604 C1, 0653 B, 0764 B, 0765 B, 0765 C1, 0789 B, 1593 C2, 1615 C1, 1643 C3, 1643 C4, 1643 C7, 1644 Esp1, 1648 B, 1648 C1, 1649 C1, 1653 B, 2625 B, 2639 B y 2646 B.

Asimismo, se duele que durante la campaña se desplegaron recursos en forma excesiva que superaron el tope definido por la autoridad.

Ello en razón de la cantidad de publicidad exterior difundida por el candidato a través de más de veintitrés espectaculares situados en vialidades primarias, así como los miles de utilitarios e impresos distribuidos durante la campaña (refiere que en el anexo se identifica la cantidad de espectaculares y la precisión de los utilitarios distribuidos masivamente en diversos eventos del candidato) lo cual se reconoce y se difundió a través de la página de Facebook del candidato.

Que durante los cierres de campaña correspondientes a los candidatos de Guerrero, se desplegó en forma excesiva distribución de propaganda y utilitarios que permitieron posicionar al candidato cuestionado de manera preferente ante el electorado, como se exhibió a través de las redes sociales y en concreto en la página de Facebook, con lo que se acredita con el listado de elementos publicitarios y utilitarios que forman parte integral del expediente.

Sostiene el actor que la aplicación de los recursos, así como el despliegue de publicidad difundida durante el periodo de campaña permitió al candidato ganador desplegar una conducta con el objeto de manipular al electorado logrando incidir en la voluntad de los electores.

Por ello estima que el sufragio fue viciado de origen y la conducta desvirtuó la legalidad del proceso electoral en su conjunto, lo que se acredita con los elementos publicitarios contenidos en el disco compacto aportado al juicio.

Además de lo anterior, durante el desarrollo de la campaña electoral hubo condiciones de inequidad por el ejercicio excesivo de recursos, violentando no sólo el límite establecido de gastos de campaña, sino también el uso de los recursos públicos porque durante la misma empleó el parque vehicular asignado con motivo de su cargo de legislador en el Congreso local, además de favorecerse de dicha condición en la realización de actos de carácter proselitista.

Al efecto de probar sus afirmaciones solicitó a esta Sala requerir al Congreso local, tanto la relación del parque vehicular asignado a Ricardo Ángel Barrientos Ríos, como la lista de asistencia y pago de nómina respectiva que corresponde del cinco de abril al tres de junio.

Con lo cual pretende acreditar que se favoreció su campaña con el uso de recursos públicos a favor del candidato, sino también la aplicación de recursos asignados a su persona.

Que el candidato realizó actos anticipados de campaña, generando inequidad en la contienda y empleando con ello no sólo recursos asignados con motivo del cargo de elección popular que ejerce, sino empleando también el horario que dicho legislador debía cubrir en el ejercicio de su cargo, tal como lo acredita con los testimonios notariales que aportó al juicio.

Finalmente, se duele de que durante la sesión de cómputo distrital, respecto de las dos casillas 1922 B y 2643 C1 toda vez que no se encontraron las boletas electorales dentro del paquete correspondiente por lo que tuvieron que computarse en ceros; lo que evidencia un actuar negligente por parte de la autoridad para garantizar la salvaguarda e integridad de la voluntad ciudadana, contribuyendo de esta forma a la suma de irregularidades, incidencias y violaciones determinantes que colman el supuesto de nulidad de elección.

2. Por su parte, el PRD Aduce que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, correspondiente al inciso f) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en error y dolo en el cómputo de los votos.

Sostiene que hubo error determinante en el escrutinio y cómputo de los votos de las casillas, lo cual se puede advertir de las actas de jornada como de escrutinio y cómputo, ya que el número de boletas recibidas debe coincidir con la suma de boletas sobrantes, votos computados a favor de cada partido político, candidatos no registrados y nulos, y que al no ser así se traduce en un error que es determinante puesto que al ser mínima la diferencia entre el primer y segundo lugares se obtiene un cambio de ganador.

Las seis casillas que impugna por esta causa son: 1925 B, 1881 C1, 646 B, 1848 C2, 2265 C2 y 1648 C1.

Asimismo, aduce que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, correspondiente al inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Señala que en las casillas que indica actuaron como funcionarios personas diversas a los designadas quienes fueron sustituidos indebidamente, incluso por personas que no estaban inscritas en la sección correspondiente.

Que la vulneración a lo previsto en la Ley Electoral, afecta su garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, ya que en la referida ley se dispone la manera en que deben seleccionarse a las personas autorizadas para participar en cada proceso electoral.

También refiere que hubo indebida integración, entendiendo la conformación debida con todos sus integrantes o cuando menos, con el presidente, un secretario y un escrutador, dado que es el mínimo que garantiza el correcto funcionamiento, y al no haber constancia alguna que evidencie que se procedió a las sustituciones correspondientes con objeto de suplir la ausencia de los escrutadores, se vulnera el principio de certeza.

Las treinta y tres casillas en las que hace valer la aludida causa de nulidad son: 0607 B, 0664 C1, 0770 B, 1592 C1, 1593 C2, 1614 Esp, 1638 C1, 1643 C1, 1643 C3, 1644 B, 1648 C1, 1648 C2, 1881 B, 1883 B, 1888 B, 1897 B, 2263 B, 2263 C1, 2265 B, 2265 C2, 2266 C1, 2269 B, 2269 C3, 2271 C1, 2298 B, 2305 B, 2306 C1, 2324 C1, 2326 B, 2366 B, 2622 C1, 2633 B y 2654 B.

Por otro lado, se queja de que en una casilla, la 2643 C 1, aun cuando existían elementos fundamentales que permitían conocer con certeza y seguridad jurídica el resultado que obtuvo cada uno de los candidatos, pues al informar el presidente del consejo que no se encontraba el paquete electoral que correspondía a dicha casilla, y desconocerse su paradero propuso al pleno del Consejo cerrar en ceros la votación ahí obtenida.

Afirma que existían elementos para conocer los resultados pues todos los representantes de partido participantes contaban con las copias fieles y legibles de las actas de escrutinio y cómputo, además con aquella que se utilizó en el programa de resultados preliminares.

Que debió instaurarse un procedimiento a efecto de corroborar los resultados de la votación, pues si se hubieren computado dichos votos, la ventaja que obtuvo en la elección se hubiere visto incrementada.

Finalmente, respecto de las tres casillas 1910 B, 2265 C2 y 2307 B, refiere que fueron reubicadas sin que mediara causa justificada para ello, por lo que aduce que se actualiza la nulidad de la votación recibida en esas mesas directivas.

OCTAVO. Controversia.

La cuestión planteada en el presente asunto, consiste en determinar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la elección, la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, en consecuencia, modificar o revocar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, confirmar o, en su caso, revocar la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría que expidió el Consejo Distrital.

NOVENO. Método de estudio

Toda vez que el PRI hace valer diversas irregularidades relacionadas con:

-Nulidad de votación por la causa prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, en un total de diecinueve casillas.

-Nulidad de elección por el rebase en el tope de los gastos de campaña, utilización de recursos públicos y demás irregularidades que hace valer en su demanda.

-Irregularidades en la sesión de cómputo distrital y haber computado en cero dos casillas, durante la misma.

Asimismo, por lo que hace al PRD aduce supuestas violaciones:

- Nulidad de votación por la causa prevista en el inciso a) del artículo 75 de la Ley de Medios, en un total de tres casillas.

- Nulidad de votación por la causa prevista en el inciso f) del artículo 75 de la Ley de Medios, en un total de seis casillas.

- Nulidad de votación por la causa prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, en un total de  treinta y tres   casillas.

-Haber computado en ceros una casilla, durante la sesión de recuento de votos.

En ese sentido, en un primer momento, se estudiarán las causas que, aducen los actores, actualizan causas de nulidad de votación recibida en casilla; con posterioridad a ello se analizará lo relativo a la supuesta irregularidad ocurrida durante la sesión de cómputo distrital y finalmente, se contestarán los agravios relacionados con la nulidad de la elección.

Circunstancia que no causa perjuicio a los actores pues lo verdaderamente importante es que todos los agravios sean estudiados; tal como se sustenta en la jurisprudencia 4/2000[9] emitida por la Sala Superior, que lleva por rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. "

DÉCIMO. Estudio de los agravios relativos a causales de nulidad de votación recibida en casilla.

Se advierte de los escritos de demanda que los actores promueven los presentes juicios con el objeto de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva (los dos últimos por lo que hace al PRI) realizados por el Consejo Distrital responsable, al estimar que en el caso se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 párrafo 1 de la Ley de Medios.

Al respecto, esta Sala Regional procederá al análisis de los agravios esgrimidos por la parte actora, sistematizando su estudio mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se invoca, en el orden previsto por el referido artículo 75.

A. Causal de nulidad prevista en el inciso a), párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios: Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

En el escrito impugnativo la parte actora sostiene que en tres casillas: 1910 B, 2265 C2 y 2307 B, se actualiza la hipótesis de nulidad de votación prevista en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios toda vez que, sin mediar causa  justificada, se ubicaron en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

Refiere el PRD que fueron reubicadas sin que mediara causa justificada para ello, por lo que aduce que se actualiza la nulidad de la votación recibida en esas mesas directivas.

En cuanto a la sección 2265, cabe precisar que el actor en su demanda en el encabezado y parte inicial de su agravio, refiere la casilla básica, no obstante de la lectura integral del mismo y medio probatorio que aporta se advierte que la que en realidad impugna es la contigua 2; por ello, el análisis será respecto de esta última.

Por su parte, la autoridad responsable, al rendir el informe circunstanciado refirió que si bien hubo cambio de lugar de instalación en los tres casos, ello se debió a causas justificadas, lo cual está permitido por la ley.

Expuestos los argumentos hechos valer por la parte actora y la autoridad responsable, esta Sala Regional procede a determinar si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad invocada.

Para ello, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la causal de nulidad de mérito.

En principio, en el artículo 75 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios, se establece lo siguiente:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

[…]

En consecuencia, para actualizar la causal de nulidad que la parte inconforme hace valer, es necesario acreditar en forma fehaciente los siguientes extremos:

1) Que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado; y

2) Que no existió una causa que justificara ese cambio;

Antes de entrar al estudio de la inconformidad, debe precisarse que ha sido criterio reiterado por la Sala Superior de este Tribunal, que el lugar de ubicación de una casilla no debe restringirse, esto en términos de la tesis número 14/2001, de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”[10].

Atento al citado criterio, habrá de sostenerse como lugar de ubicación al espacio físico en que se instaló una casilla electoral, no tomar en cuenta únicamente la dirección, calle y número de un sitio; lo preponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación, es decir, no se refiere rigurosa y necesariamente a un punto geográfico preciso, sino que la referencia alude a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de los elementos que pueden ser útiles para tal objetivo.

En ese sentido, no restringir el concepto de lugar para la ubicación de una casilla, permite dar cumplimiento al principio de certeza, pues basta el conocimiento por parte de los representantes de los partidos políticos, los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla y de manera sobresaliente de los electores, de los elementos de referencia necesarios para localizar la casilla, siendo suficiente la mención de los datos necesarios para ubicarla con cierta seguridad, sin que se requiera forzosamente, asentar en las actas correspondientes, los datos precisos de la dirección (calle, número, colonia, código postal, etc.).

De tal manera, si los funcionarios de las mesas directivas de casilla, asentaron datos incompletos de dirección en las actas correspondientes, ello de ninguna manera actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso a) párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios.

Asimismo, debe tomarse en consideración si el lugar donde fue ubicada la casilla electoral cumple con los requisitos establecidos en el artículo 255 de la Ley General, los cuales son los siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos, y

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Y se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, en los artículos 257 y 272 de la Ley General se establece que los Consejos distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en los que serán instaladas, para lo cual deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

Por otro lado, para actualizar la causal de nulidad en estudio, se tiene que acreditar que el cambio de domicilio se realizó injustificadamente. Al respecto, la Ley General en su artículo 276 precisa las causas para estimar que existe causa justificada respecto de la instalación de una casilla en lugar distinto, siendo:

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas.

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación.

c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley.

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. Para ello es necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e) El Consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

En todos los casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En este sentido, si las casillas electorales tuvieren que cambiarse de lugar de ubicación por las causas de justificación señaladas en dispositivo legal antes precisado, dicho cambio no actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, puesto que estas circunstancias justifican legalmente que la casilla se haya instalado en lugar distinto al establecido por la autoridad electoral correspondiente y, más aún, que la propia causal de nulidad señalada en dicho precepto alude a que sólo será nula la votación si es que la instalación de la casilla en distinto lugar no obedece a una causa justificada.

Precisado lo anterior, se procede a dar contestación a los motivos de disenso sintetizados en líneas precedentes, para lo cual es necesario analizar las constancias que obran en autos, consistentes en:

a) Encarte.

b) Copia certificada de las actas de jornada electoral.

c) Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo.

d) Copia certificada de las hojas de incidentes.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso a) párrafo 2 de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos formalmente por autoridades electorales y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

Enseguida se presenta un comparativo, según el caso específico, en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casilla; la ubicación de las casillas impugnadas conforme al encarte, así como la señalada en las respectivas actas de jornada electoral[11] y de escrutinio y cómputo; por último, se incluye un apartado de observaciones, en el cual se asientan las circunstancias especiales que pueden ser tomadas en cuenta para la resolución de cada caso concreto.

Respecto de la casilla 2265 C2, es de precisarse que el acta de jornada electoral no fue encontrada dentro del paquete electoral[12], lo cual no constituye impedimento para que esta Sala Regional analice la causal que se hace valer, pues el acta de escrutinio y cómputo también resulta eficaz para ello, dado que se consigna un apartado específico para consignar el domicilio en el cual se instaló la mesa receptora de voto.

Así, según se advierte del cuadro anterior, hay coincidencia entre el dato consignado en el encarte y el asentado en el acta de escrutinio y cómputo. Sin embargo, se observa que en la hoja de incidentes respectiva se anotó que por falta de espacio se cambió enfrente del lugar autorizado; incidente que fue registrado a las siete treinta de la mañana.

Circunstancia que permite afirmar que, tal como lo refiere el actor, la casilla se ubicó en un domicilio diferente al previamente autorizado, no obstante que el acta de escrutinio y cómputo se requisitó con la dirección autorizada previamente.

Por lo que hace a la 2307 B, según se evidencia del cuadro anterior, no hay coincidencia entre el domicilio autorizado y el lugar donde finalmente se reubicó: calle de Allende en el centro de salud “San Luis de la Loma”.

Así, en las dos casillas en estudio no hay coincidencia entre la dirección consignada en el encarte y la referida en el acta de jornada electoral, hoja de incidente y acta de escrutinio y cómputo, según cada caso; con lo cual se actualiza el primer elemento de la causa de nulidad en estudio, es decir, las mesas de recepción de votos fueron instaladas en un lugar diverso al previamente autorizado.

No obstante, ello no implica que por ese solo hecho proceda a decretarse la nulidad de la votación puesto que, para que eso ocurra es menester que se acredite el segundo de los elementos exigidos por la norma, consistente en que el cambio de domicilio se hubiere realizado injustificadamente.

En efecto, según lo ya señalado en parágrafos anteriores, el artículo 276 de la Ley General dispone las causas para estimar justificado la instalación de la casilla en lugar distinto, entre otras que el local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación; que las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, que no se garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal.

En cuanto a la casilla 2265 C2 de lo narrado en la hoja de incidentes se advierte que la ubicación de la casilla se tuvo que cambiar por la falta de espacio en el lugar designado, hacia la calle de enfrente; situación que se encuentra plenamente justificada pues de acuerdo al motivo asentado en la hoja de incidentes, se hubiere impedido el libre acceso de los electores y las operaciones electorales no se hubieren llevado en condiciones normales, precisamente por la falta de espacio.

Robustece tal conclusión, el hecho de que según consta en el encarte dicha sección se conformó por tres casillas, una básica, una contigua 1 y contigua 2, y que para todas se autorizó el mismo domicilio (banqueta de la casa del ciudadano Atilano Martínez Otero, avenida Vicente Montesinos #2, colonia el PRI).

Por lo que, en consideración de esta Sala Regional, se justificó plenamente el cambio del lugar autorizado a uno diverso (la banqueta de enfrente) dada la falta de espacio y, por consecuencia, el impedimento para que los electores pudieran acceder fácilmente a la casilla a emitir su voto, además de que los funcionarios de casilla no hubieren podido realizar los actos y las operaciones de manera normal.

En cuanto a la casilla 2307 B, en el acta de jornada electoral específicamente en el apartado que al tema corresponde, se consignó que no abrieron la secundaria técnica número 180, lugar donde originalmente se instalaría, actualizándose con ello la causa justificada prevista en el inciso b) del artículo 276 de la Ley Electoral.

Dadas esas circunstancias, los integrantes de la mesa directiva de casillas decidieron instalar la casilla en el centro de salud sito, inclusive, en la misma calle de Allende, donde se ubica la escuela originalmente autorizada para la instalación de la mesa receptora de voto.

En esas circunstancias es claro que en las dos casillas anteriores, el cambio del lugar de instalación de la casilla fue justificado y, dicha situación cumplió con lo establecido en el citado artículo 276, conforme al cual las casillas quedaron instaladas en el lugar más adecuado y próximo al originalmente autorizado, con independencia de que los domicilios en los que finalmente se instaló la mesa de votación no se describan detalladamente.

Lo anterior, en razón de que no hay elemento alguno en autos que permitan suponer, siquiera de forma indiciaria, que las mismas se instalaron en lugares que no pertenezcan a la sección respectiva pues, se reitera, en las actas u hojas respectivas sólo se asentó el motivo por el cual se cambió de ubicación la casilla y tampoco se presentaron escritos de incidentes o de protesta.

Finalmente, por lo que hace a la casilla 1910 B, es de advertirse que no se anota el lugar de su ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad competente, conforme se evidencia del siguiente cuadro:

En principio, debe precisarse que el acta de jornada electoral no fue encontrada dentro del paquete electoral[13], lo cual no constituye impedimento para que esta Sala Regional analice la causal que se hace valer, pues el acta de escrutinio y cómputo también resulta eficaz para ello, dado que se consigna un apartado específico para consignar el domicilio en el cual se instaló la mesa receptora de voto.

En efecto, el encarte refiere como lugar de ubicación Jardín de Niños Tenochtitlán, calle sin nombre sin número, colonia Caña de Agua, localidad de San Jeronimito, Petatlán, Código Postal 40831, área de usos múltiples, mientras que el acta de escrutinio y cómputo consigna únicamente “frente al jardín de niños Tenochtitlán”; no obstante, ello no conlleva a determinar, necesariamente, que la instalación de la casilla se efectuó en un lugar diverso al autorizado.

Ello, en razón de conforme las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se refiere el artículo 16, apartado 1, de la Ley de Medios, surge la convicción de que, ocasionalmente, los integrantes de las mesas directivas de casilla, al anotar en las actas respectivas el domicilio de instalación, omiten asentar todos los datos que se citan en el encarte, sobre todo cuando son varios, y normalmente, el asiento relativo lo llenan sólo con los datos a los que se da mayor relevancia en la población, que se relacionan con el lugar físico de ubicación de la casilla.

Como acontece en el presente caso en el que en el apartado que corresponde al acta de jornada electoral sólo se hace referencia a: “frente al jardín de niños Tenochtitlán”.

Lo anterior, sin que sea óbice lo manifestado por el actor en el sentido de que, de la consulta que hizo al sistema respectivo, se indicó la causa que en razón de que la directora de la escuela  negó el acceso, por ello se cambió de lugar, pues en autos no hay evidencia de que esa circunstancia hubiere acontecido.

Más aún, si esta Sala Regional tomara como cierta la afirmación del actor, tampoco se actualiza la causa de nulidad de votación recibida en la casilla, pues como bien lo reconoce el propio PRD, el cambio de lugar se dio por causa justificada.

Precisado lo anterior, cuando de la comparación de los lugares de ubicación de las casillas establecidos en el encarte con los datos asentados en las actas de la jornada electoral, o en aquellas destinadas para asentar los resultados del escrutinio y cómputo, se advierte que existen coincidencias sustanciales, que al ser valoradas conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, produzcan la convicción en el juzgador de que existe una relación material de identidad, esto es suficiente para acreditar tal requisito, aunque se encuentren algunas discrepancias o diferencias de datos.

La conclusión anterior, encuentra apoyo en el criterio que sustenta la Sala Superior y que ha quedado referido al inicio de este apartado, de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.”

Por todas las razones expresadas se estima infundado el presente agravio y, por tanto, no procede decretar la nulidad de la votación recibida en las tres casillas analizadas.

B. Causal de nulidad prevista en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios: recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley.

Como se refirió en el apartado de agravios, los actores en su respectivo escrito de demanda sostienen que se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación por órgano distintos a los facultados por la autoridad administrativa electoral.

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación así como las irregularidades o inconsistencias expuestas por los actores respecto a cada una de ellas, se refleja en las tablas que, para tal efecto fueron insertadas en cada una de las demandas.

Así, el PRI refiere para estimar que se actualiza la causa de nulidad:

En su demanda, el PRD hace valer:

De lo anterior, se advierte que las casillas 1593 C2, 1643 C3 y 1648 C1 (destacadas en sombreado para pronta referencia) son impugnadas por ambos partidos.

Asimismo, en cuanto a la 2366 B que refiere el PRD en la parte final del cuadro que antecede, de la revisión exhaustiva que se efectuó al encarte, así como del informe que rindió el Consejo responsable, se obtiene que dicha sección no existe en el distrito, por lo que dicha casilla no fue instalada; en esas condiciones, se estima inatendible la irregularidad que aduce el actor.

Entonces, el estudio que corresponde a este numeral se acotará a cuarenta y ocho casillas.

Aclarado lo anterior, la autoridad responsable, en términos generales, en su informe circunstanciado refiere que las personas que integraron las casillas eran las facultadas para ello, o que en su caso, se tomaron personas de la fila, sin que se actualice la causal de nulidad de casilla invocada por la parte actora, en razón de que pertenecen a la sección correspondiente.

En consecuencia, considera que los planteamientos del partido actor son incorrectos, pues la votación se recibió por las personas facultadas por la Ley Electoral.

Evidenciado lo anterior, es de referirse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 párrafo 1 de la citada Ley, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el diverso 82, del señalado ordenamiento, establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con un secretario y un escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del ordenamiento precitado, siendo:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores.

c) Contar con credencial para votar.

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos.

e) Tener un modo honesto de vivir.

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente.

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

A su vez, el artículo 254 de dicha ley dispone el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Asimismo, el artículo 257 de la Ley Electoral, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, se considera entonces que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las mesas directivas de casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, se precisa que independientemente de que la autoridad electoral responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la jornada electiva, esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, puedan fungir como funcionarios del órgano electoral aludido.

Lo anterior es así porque el artículo 274, párrafo 1 de la Ley en cita, prevé un procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que esta no se instale a las ocho horas con quince minutos, esto es, si a la hora referida los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan el día de la elección, entonces actuarán en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando estos pertenezcan a la sección electoral respectiva.

Asimismo se faculta al consejo distrital correspondiente, para tomar las medidas necesarias para la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación.

Por tanto, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el referido artículo 274 párrafo 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante lo anterior, es igualmente importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, como ya se ha mencionado.

Al respecto, esta Sala invoca como criterio orientador el contenido en la tesis relevante XIX/97[14] cuyo rubro es: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.

Asimismo, en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto, ello en atención a lo determinado en el párrafo 3 del artículo precitado.

Una vez establecido lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella o, en su caso, los ciudadanos que actuaron nombrados de manera emergente para suplir a los funcionarios ausentes, no se encuentren incluidos en el listado nominal de la sección que corresponda.

Cabe precisar que aun cuando el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, no contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba exceptuarse, esto es así, porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito a tal elemento, ello en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Tal criterio concuerda con lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal identificada con la clave 13/2000[15], y que lleva por rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).

Así, cuando la ley omite mencionar el requisito de la determinancia, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de tal requisito en el resultado de la votación.

Esto es importante señalarlo, pues la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad que se analiza, no establece expresamente como requisito que el vicio o irregularidad que se acredite sea determinante.

De conformidad con lo manifestado, esta Sala Regional considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla, según el encarte y, en su caso, los acuerdos adoptados en las sesiones del consejo distrital, con relación a las personas que realmente actuaron durante los comicios, de conformidad con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones justificadas realizadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

Además de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral, en su caso, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si en el caso concreto, se expresó en dichas documentales circunstancia alguna relacionada con este supuesto de nulidad.

Cabe aclarar que en diversos casos, no se encontró dentro del paquete electoral la lista nominal de electores correspondiente, por lo que el Magistrado Instructor solicitó el informe atinente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo referido por la parte actora en sus agravios, se procede al estudio del cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en:

a) Copia certificada del encarte y, en su caso, acuerdo de la respectiva modificación.

b) Copias certificadas de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

c) Copias certificadas de las hojas de incidentes; y

d) Copia certificada de los listados nominales.

e) Informes rendidos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

f) Copia certificada del Acta de electores en tránsito para casillas especiales.

g) Copia certificada del Nombramiento como funcionario de mesa directiva de casilla.

h) Copia certificada del recibo de ayuda de alimentos el día de la jornada electoral.

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1 y 4 inciso b) y 16 párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos por un funcionario electoral en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo previsto en el numeral 7 párrafo 1 inciso p) del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, esto, respeto a las copias certificadas.

Asimismo, cabe señalar que a efecto de contar con todos los elementos necesarios para resolver los planteamientos hechos por la parte actora, el Magistrado Instructor requirió a la autoridad responsable que remitiera las hojas de incidentes que se hubieren levantado en las casillas impugnadas, a lo que se informó que en el paquete electoral respectivo sólo se encontraron respecto de las casillas 0770 B, 1638 C1, 1648 C2, 1881 B, 2263 B, 2263 C1, 2265 B, 2265 C2, 2266 C1 y 2622 C1.

De las cuales, sólo en la hoja que corresponde a las casillas 1881 B y 2622 C1 se asentaron incidentes que guarda relación con la causal en estudio, el resto refieren otro tipo de incidencias.

En el mismo sentido, en cuanto a los escritos de protesta y/o incidentes refirió la responsable que sólo se encontró un escrito de protesta en el paquete que corresponde a la casilla 2326 B, presentado por el representante del partido Movimiento Ciudadano, en el cual se refieren circunstancias que no se relacionan con la causa de nulidad motivo de este apartado.

Así, para el análisis de las casillas esta Sala Regional generará un cuadro esquemático en el que en la primera columna se encontrará un número consecutivo y en el que además se consigna la siguiente información:

a.    En la segunda columna, se anotará el número y tipo de casilla impugnada.

b.    En la tercera se asentarán los cargos y nombres de los funcionarios propietarios y suplentes que integran la mesa directiva de casilla de acuerdo a la última publicación del aviso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla que corresponda (encarte).

c.    En la cuarta, se consignarán los nombres de los funcionarios de casilla que actuaron el día de la elección tal como aparece en las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo u hojas de incidentes, en su caso.

d.    En la quinta columna, se contempla un espacio para incluir observaciones.

e.    En la sexta se precisa si los ciudadanos que actuaron se encuentran inscritos en la sección correspondiente, en su caso.

Por razones de método, atendiendo a las condiciones propias de la instalación e integración de las casillas impugnadas, se agruparán tomando en cuenta la similitud de las circunstancias particulares de cada caso, con el propósito de identificar claramente si se actualiza o no el supuesto de nulidad invocado por la parte promovente. En ese contexto, las casillas se analizarán en cinco grupos:

1. Casillas integradas por las personas facultadas para ello.

2. Corrimiento al no presentarse todos los funcionarios o sustituciones por los suplentes respectivos.

3. Se tomaron electores de la fila.

4. Algún funcionario no pertenece a la sección.

Resaltando que este hecho no le causa perjuicio a la parte actora, debido a que en todo momento se está atendiendo al principio de exhaustividad que deben revestir las resoluciones electorales, resultando aplicable la jurisprudencia 4/2000 cuyo rubro es AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA LESIÓN.[16]

Señalado lo anterior, resulta procedente hacer el pronunciamiento por cada uno de los grupos antes aludidos, atendiendo a lo que de las probanzas se obtuvo.

1. Casillas integradas por las personas facultadas para ello.

A continuación se inserta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en autos, para que a partir de ella, se haga el correspondiente estudio.

De la información que aparece en la tabla se advierte que, con excepción de la casilla 1881 B, en las tres restantes existe plena coincidencia entre el encarte y las respectivas actas de jornada y/o de escrutinio y cómputo; por lo que actuaron los funcionarios capacitados y aprobados por la autoridad responsable, sin que se haya presentado ningún incidente.

En cuanto a la casilla 1881 B, en la hoja de incidentes respectiva se asentó literalmente: “por equivocación escribí mal el apellido de la Secretaria número dos”.

En efecto, se advierte que en el encarte el nombre de la segunda secretaria es BRENDA JANETT BENITEZ LORENZO, mientras que en el acta de jornada aparece “Brenda Janett Benitez Orozco”; circunstancia que en modo alguno conlleva a estimar que se no se trata de la misma persona puesto que, como bien se refirió en la hoja de incidentes respectiva, la secretaria de la mesa directiva de casilla por error asentó mal el segundo apellido.

De ahí que resulte infundado el agravio relativo a que los integrantes de la mesa directiva de casilla no corresponden a lo registrado o autorizado por el INE.

2. Corrimiento al no presentarse todos los funcionarios.

A continuación se inserta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en autos, para que a partir de ella, se haga el correspondiente estudio.

Respecto de las casillas 0789 B, 1888 B, 1897 B, 2639 B, 2646 B y 2654 B, conforme se advierte de la información contenida en la tabla anterior, ante la ausencia de uno o dos funcionarios se llevó a cabo el corrimiento conforme a las reglas previstas en el artículo  274, párrafo 1 incisos a), b) y c) de la Ley Electoral, para el efecto de suplirlos.

Por lo que hace a las casillas 664 C1 y 2625 B es de notarse que en la primera de ellas no se llevó a cabo corrimiento alguno, pues ante la ausencia de alguno de los escrutadores ocupó su lugar el suplente.

En relación a la casilla 1888 B, se advierte que en el encarte el nombre de la segunda secretaria es JOHANNA GUADALUPE MORALES SERRANO, mientras que en el acta de jornada electoral aparece “Johana Guadalupe Morales”; situación que en modo alguno lleva a inferir que se trata de la misma persona, pues es común que las personas omitan el primer nombre o apellido, o pueda ser un error involuntario de la persona que lleno las actas; aunado a que la autoridad responsable en el informe circunstanciado refiere que se trata de la misma persona.

Lo que se robustece con la similitud entre las firmas asentadas en el acta de jornada y/o escrutinio y cómputo, y aquellas que constan tanto en el nombramiento de funcionario de mesa directiva de casilla, el recibo que por concepto de ayuda alimentaria proporciona el INE a las personas que fungen como tales el día de la jornada electoral y de su credencial para votar.

Por lo que hace a la casilla 1897 B, se advierte que en el encarte el nombre de la segunda secretaria es MARIA ISABEL BLANCO GARCIA, mientras que en el acta de jornada electoral aparece “Isabel Blanco García”; situación que en modo alguno lleva a inferir que se trata de persona diversa, pues es común que las personas omitan el primer nombre o apellido, o pueda ser un error involuntario de la persona que llenó las actas.

Lo que se robustece con la similitud entre las firmas asentadas en el acta de jornada y/o escrutinio y cómputo, y aquellas que constan tanto en el nombramiento de funcionario de mesa directiva de casilla, el recibo que por concepto de ayuda alimentaria proporciona el INE a las personas que fungen como tales el día de la jornada electoral, y de la credencial para votar.

En consecuencia, no existe vulneración alguna, puesto que tal proceder no resulta irregular, ya que en aras de privilegiar la instalación de las casillas, se llevó a cabo el procedimiento de sustitución de ciudadanos, ya referido.

En los casos en comento las personas que recepcionaron la votación estaban debidamente autorizadas y capacitadas para ello, por lo que no asiste razón a los actores cuando afirman que ilegalmente recibieron la votación. De ahí lo infundado de los agravios.

3. Se tomaron electores de la fila.

A continuación se inserta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en autos, para que a partir de ella, se haga el correspondiente estudio.

De la tabla que antecede, se advierte que en las treinta y dos casillas de este grupo, los ciudadanos que fueron tomados de la fila para integrar la mesa directiva de casilla, todos se encuentran inscritos en la lista nominal de la sección correspondiente.

Se considera que no se actualiza la nulidad de la casilla, en razón de que los cambios de funcionarios suscitados en ella, se encuentran justificados y se integró con los funcionarios necesarios, para realizar las funciones correspondientes a la recepción de la votación y el correspondiente escrutinio y cómputo.

Específicamente, por lo que hace a las siguientes veintisiete casillas 0604 C1, 0607 B, 0764 B, 765 C1, 0770 B, 1592 C1, 1615 C1, 1638 C1, 1643 C1, 1643 C3, 1643 C7, 1644 B, 1648 B, 1648 C1, 1648 C2, 1649 C1, 1883 B, 2263 B, 2265 C2, 2266 C1, 2269 B, 2269 C3, 2271 C1, 2298 B, 2306 C1, 2324 C1 y 2633 B, ante la ausencia de uno o más funcionarios de casilla previamente autorizados para recibir la votación, se llevó a cabo el procedimiento de sustitución recorriendo a los funcionarios presentes y ante la eventualidad fueron nombrados electores presentes, conforme a las reglas previstas en el artículo  274, párrafo 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley Electoral.

En cuanto a la casilla 604 C1 se advierte que en el encarte el nombre de la tercera escrutador es MARTHA CRUZ GUTIERREZ, mientras que en el acta de jornada aparece “Martha Ruiz Gutiérrez”; la autoridad responsable en su informe pudo haberse cometido un error involuntario al momento de asentar el nombre y para acreditar dicha situación remite copia certificada del nombramiento como funcionaria de Mesa Directiva de Casilla donde consta que la C. Martha Cruz Gutiérrez fue designada como segundo suplente.

Lo que se robustece con la similitud entre las firmas asentadas en el acta de jornada y/o escrutinio y cómputo, y aquellas que constan tanto en el nombramiento de funcionario de mesa directiva de casilla y el recibo que por concepto de ayuda alimentaria proporciona el INE a las personas que fungen como tales el día de la jornada electoral, aunado a ello en el listado nominal en el recuadro con las datos de la persona mencionada tiene el sello de “VOTO”, lo que genera otro indicio en el sentido de que fungió como funcionario de casilla.

Sin que sea óbice que en la 1643 C7 en el acta de jornada electoral se hubiera asentado de manera incorrecta el segunda apellido del Presidente, pues en lugar de asentar Vázquez se anotó “Mezas”; situación que en modo alguno lleva a inferir que se trata de persona diversa, pues es común que ante la cantidad de actas que requisitar se cometan errores involuntarios.

Lo que se robustece con la similitud entre las firmas asentadas en el acta de jornada y/o escrutinio y cómputo, y credencial para votar, aunado a ello en el listado nominal en el recuadro con las datos de la persona mencionada tiene el sello de “VOTO”

En el mismo sentido, en cuanto a la 1648 B es de destacarse que en el apartado de instalación de la casilla, se invirtieron los apellidos del segundo escrutador, pues se asentó Antonio Reyes Torres, no obstante, en el apartado que corresponde al cierre se anotaron correctamente los apellidos: Antonio Torres Reyes.

Por lo que hace a las dos mesas receptoras de voto 2263 C1 y 2305 B se advierte que no se realizó el corrimiento o sustitución de funcionarios conforme al numeral ya referido, pues ante la ausencia del funcionario designado ocupó su lugar directamente un elector.

Dicha situación si bien constituye una irregularidad, dado que no se respetaron las reglas de sustitución, en modo alguno conlleva a decretar la nulidad de la votación, pues lo trascendente es que la persona que entró de manera emergente a integrar la mesa directiva de casilla, se encuentra inscrita en el listado nominal de electores de la sección.

Por lo que hace a la casilla 2265 B, con la asistencia sólo del presidente y dos escrutadores, se dio el corrimiento a que se refiere el numeral 274 de la Ley Electoral y entraron a suplir como primer y segundo escrutador los suplentes de la 2265 C2; como se advierte del encarte y de la fila siguiente de la tabla anteriormente inserta; personas que también fueron autorizadas y capacitadas para llevar a cabo dichas funciones; máxime que se trata de la misma sección.

Asimismo, el ciudadano que fue tomado de la fila para ocupar el cargo de tercer escrutador se encuentra inscrito en el listado nominal de la sección.

En cuanto a las dos casillas 1614 Esp y 1644 Esp1, es de observarse que son de tipo especial, por lo que debe decirse que en el párrafo 3 del artículo 258 de la Ley Electoral se regula que la integración de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con ciudadanos que habiten en la sección electoral donde se instalarán, en caso de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras secciones electorales.

Lo anterior, tiene razón por la naturaleza propia de esas casillas, ya que las mismas son instaladas para la recepción del voto de aquellos electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio, según se desprende del párrafo primero del señalado numeral.

En ese contexto, respecto de la 1614 Esp a efecto de contar con elementos suficientes para resolver, el Magistrado Instructor requirió a la DERFE para que informara si contaba con datos de georeferenciación de los ciudadanos que actuaron de forma emergente como funcionarios.

Al respecto, informó que dichos electores cuentan con registros, señalando que pertenecen al 03 distrito electoral federal de Guerrero, inclusive en las mismas secciones en las que actuaron como funcionarios, y que además se encuentran incluidos en la lista nominal correspondiente.

Por lo que hace a la 1644 Esp1 el segundo y tercer escrutador se encuentran incluidos en el acta de electores en tránsito para casillas especiales, de la que se desprende los datos electorales de los citados funcionarios; aunado al hecho de que si se les permitió ejercer el voto en esa mesa receptora fue porque reunían los requisitos para ejercer ese derecho, es decir, contar con la credencial para votar vigente y estar incluidos en la lista nominal correspondiente.

En ese sentido, se considera que los ciudadanos que fungieron como escrutadores cumplieron con los requisitos necesarios para ejercer el cargo, de ahí que no se actualice la nulidad de votación que hace valer la parte actora.

Por lo que, este órgano colegiado considera que en lo desarrollado en las casillas motivo de este grupo, fue conforme a derecho habida cuenta que en términos del artículo 274 inciso d), a efecto de integrar debidamente las casillas se pueden nombrar a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente, que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, lo que en el caso aconteció.

En esa tesitura, los agravios esgrimidos a ese respecto son infundados.

4. Algún funcionario no pertenece a la sección.

A continuación se inserta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en autos, para que a partir de ella, se haga el correspondiente estudio.

En la tabla que antecede, se analizaron las casillas 0765 B, 1593 C2, 1643 C4 y 2622 C1 en las cuales se acredita la causal de nulidad de votación recibida invocada por los actores, en razón de que no fueron integradas de conformidad con lo previsto en el numeral 274, párrafo 1 de la Ley Electoral, en razón de que en ellas se detectó que alguno de los funcionarios no corresponde a la sección.

En la casilla 0765 B, se advirtió que ante la ausencia del segundo secretario, y demás suplentes se tomaron de la fila a dos ciudadanos que fungieron como segundo y tercer escrutador; sin embargo, de la verificación al listado nominal de electores de la sección no se encontró registro alguno a su nombre, de ahí que se considera que no cumple con lo previsto en la normativa electoral.

Cabe indicar que la autoridad responsable en su informe circunstanciado no refiere algún argumento tendente a justificar la integración adecuada de dicha casilla.

Por cuanto a la casilla 1593 C2, de las constancias de autos se desprendió que ante la ausencia de funcionarios previamente autorizados, se efectuaron las sustituciones conforme lo prevé la Ley Electoral; inclusive el primer secretario está en el encarte con el mismo nombramiento, pero de la casilla contigua 2.

Así, ante la ausencia del segundo secretario entró emergentemente a integrar la casilla Rolando Arturo Contreras de la O, quien no se encuentra incluido en la lista nominal de la sección correspondiente.

Por lo que hace a la 1643 C4, también ante la ausencia de diversos funcionarios previamente designados, entraron de manera emergente dos ciudadanos como segundo y tercer escrutadores. En el caso del primero, Dora María Moctezuma González pertenece a la sección, según el informe rendido por la DERFE.

Por el contrario, el tercer escrutador Roberto Abundez Moreno no pertenece a la sección, inclusive de la información remitida por la DERFE se desprende que su registro pertenece a otra entidad federativa; circunstancia que hace por más evidente que no está incluido en el listado nominal de la sección en la que integró mesa directiva de casilla, por lo que se actualiza la causa de nulidad de la votación recibida en ella.

Finalmente, en cuanto a la 2622 C1, ante la ausencia de diversos funcionarios previamente designados –como se refiere en la hoja de incidentes- y efectuados los corrimientos atinentes, entraron de manera emergente dos ciudadanos como segundo y tercer escrutadores. En el caso de quien fungió como tercero Jesús Alejandro Vejar Núñez, de la revisión a la lista nominal de la sección, se evidencia que pertenece a la sección.

Sin embargo, en cuanto a quien fungió como segundo escrutador Ignacia Basurto Herrera, según la información que remitió la DERFE no pertenece a la sección sino a una diversa (2623), por ende no está incluida en el listado nominal que corresponde a la casilla en la cual actuó como funcionaria.

Como se dijo con antelación, por disposición expresa del artículo 274 párrafo 1 inciso d) de la Ley Electoral, los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, por lo que la falta de ese requisito actualiza la causal bajo análisis.

Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal Electoral emitió la jurisprudencia 13/2002[17], intitulada “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)”. Así como la tesis relevante XIX/97[18] cuyo rubro es: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”.

Por tanto, esta Sala Regional considera que son fundados los agravios esgrimidos por los actores, en cuanto a las cuatro casillas analizadas en este grupo, pues ha quedado acreditado que se integraron de forma indebida, ya que ciudadanos no autorizados sustituyeron a los funcionarios ausentes, situación que pone en duda la certeza que debe regir en la emisión y recepción del sufragio.

En las condiciones apuntadas, debe declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas 0765 B, 1593 C2, 1643 C4 y 2622 C1, al haberse actualizado la causal de nulidad prevista en el inciso e) párrafo 1 del artículo 75 de la ley adjetiva de la materia.

C. Causal de nulidad prevista en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios: haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

El PRD invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso f) de la Ley de Medios, relativa a la existencia de dolo o error en el cómputo de los votos.

Las seis casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son las siguientes: 1925 B, 1881 C1, 0646 B, 1848 C2, 2265 C2 y 1648 C1.

Conforme a los agravios que han quedado expuestos en el considerando anterior, en esencia el PRD esgrime que en estas casillas hubo dolo y error en el cómputo de los votos, por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, pues insiste en que no hay coincidencia en diferentes rubros de las actas de escrutinio y cómputo, como lo son boletas recibidas, sobrantes, votos extraídos de la urna, ciudadanos que votaron.

En principio, resulta oportuno precisar que todas las casillas que fueron instaladas en el 03 distrito electoral federal en el Estado de Guerrero, fueron motivo de recuento.

En efecto, obra en autos la copia certificada del acta circunstanciada del cómputo distrital[19] iniciada el diez de junio anterior, en la que se da cuenta de que con motivo de la actualización del supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 311 de la Ley Electoral, el representante del PRI hizo petición expresa al haber indicio de que la diferencia entre el primer y segundo lugares es menor  al 1% de la votación. Asimismo, en tal sesión se determinó que el recuento se llevaría a cabo en tres grupos de trabajo.

También consta en autos, las constancias levantadas por cada uno de los tres grupos de trabajo[20] que llevaron a cabo el recuento de la totalidad de las quinientas cuarenta y dos casillas que se instalaron en el distrito.

En esas condiciones, se presume que los errores contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas el día de la jornada electoral por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ya fueron materia de corrección por el Consejo Distrital responsable, por lo que los errores cometidos por los citados funcionarios ya no podrían invocarse como causal de nulidad ante este Tribunal, conforme se prevé en el artículo 311 párrafo 8 de la Ley Electoral.

Ello, porque el grupo de trabajo conformado para tal efecto, asentó los resultados obtenidos con el nuevo cómputo en una constancia individual de resultados y, por tanto, las actas de escrutinio y cómputo levantadas en la casilla perdieron su validez.

Lo anterior implica que sea esa constancia individual, y no el acta de escrutinio y cómputo, la documental pública que contiene los resultados de la votación definitivos; y el PRD no expone argumento alguno tendente a evidenciar que, no obstante el recuento efectuado en las casillas que señala, subsiste el error.

Así las cosas, se considera inoperante el agravio pues las supuestas inconsistencias aducidas por el citado partido, en los principales rubros de las actas de escrutinio y cómputo ya fueron subsanadas con motivo del nuevo escrutinio y cómputo.

Por ello es que, según lo ordenado en el multicitado artículo 311 párrafo 8 de la Ley Electoral, los errores cometidos por los funcionarios de la mesa directiva de casilla no pueden invocarse como causa de nulidad ante este Tribunal Electoral.