JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SDF-JIN-64/2015, SDF-JIN-66/2015 y SDF-JIN-67/2015, ACUMULADOS

ACTORES: MORENA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 04 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE GUERRERO

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

SECRETARIO: CÉSAR AMÉRICO CALVARIO ENRÍQUEZ,[1]

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE PARCIAL: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

SECRETARIOS: GERARDO SÁNCHEZ TREJO Y CESARINA MENDOZA ELVIRA

México Distrito Federal, veintinueve de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de esta fecha resuelve en el sentido de modificar el cómputo distrital y confirmar la declaración de validez y entrega de constancia de mayoría, con base en lo siguiente.

G L O S A R I O

ANTECEDENTES

I. Elección de diputados al Congreso de la Unión.

1. Jornada electoral.

El pasado siete de junio del año en curso se llevó a cabo la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente, entre otros, al 04 Distrito electoral en el estado de Guerrero, con cabecera en Acapulco de Juárez.

2. Cómputo distrital.

El diez de junio del mismo año el Consejo responsable concluyó el cómputo distrital de la señalada elección, mismo que concluyó el once siguiente, arrojando los resultados siguientes:[2]

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el Consejo responsable realizó la asignación de la votación de los partidos coaligados, para quedar en la siguiente forma:

Con base en lo anterior, se determinó que la votación final obtenida por los candidatos contendientes fue:

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el Consejo responsable declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de las candidatas que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la Coalición parcial, integrada por Julieta Fernández Márquez como propietaria y Lilia Escobar Ávila como suplente.

II. Juicios de inconformidad.

Inconformes con lo anterior, el quince de junio de dos mil quince el partido político MORENA, la Coalición parcial, así como el PRD, promovieron sendos juicios de inconformidad, alegando lo que a su derecho estimaron pertinente.

III. Tercero interesado en el juicio SDF-JIN-67/2015.

Durante la tramitación del juicio SDF-JIN-67/2015, promovido por el PRD, compareció el PRI como tercero interesado, alegando lo que a su interés estimó conveniente.[3]

IV. Remisión de los expedientes.

Mediante oficios CDE/CP/0905/2015, CDE/CP/0904/2015 y CDE/CP/0903/2015, recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veinte de junio del año en curso, en el orden señalado[4], el Consejo responsable remitió las demandas, sus informes circunstanciados y demás constancias relacionadas con los juicios de inconformidad que estimó pertinentes.

V. Turno.

Recibidas las constancias respectivas, por acuerdos de esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración de los expedientes SDF-JIN-64/2015, SDF-JIN-66/2015 y SDF-JIN-67/2015, así como su remisión a la Ponencia del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

VI. Radicación.

Mediante proveídos del veintitrés de junio siguiente el Magistrado instructor acordó la radicación de los expedientes en la Ponencia a su cargo.

VII. Admisión y requerimientos.

Por acuerdos dictados el veinticinco de junio de este año el Magistrado instructor admitió a trámite las demandas y requirió al Consejo responsable, a efecto de que remitiera diversa documentación necesaria para la debida integración de los expedientes de los medios de impugnación que se resuelven.

Dichos requerimientos fueron desahogados oportunamente por el Consejo responsable, como se hizo constar en acuerdos dictados por el Magistrado instructor el veintinueve de junio siguiente.

VIII. Nuevo requerimiento.

Con el objeto de contar con mayores elementos de convicción para sustanciar y resolver los presentes medios de impugnación, el pasado veintiséis de junio el Magistrado instructor requirió a diversos órganos del INE, en los autos del juicio SDF-JIN-64/2015, a efecto de que remitieran diversa información, lo cual desahogaron oportunamente, como se hizo constar en el acuerdo correspondiente, dictado por el propio Magistrado instructor el treinta de junio siguiente.

IX. Cierre de instrucción.

Al estar debidamente integrados los expedientes, por acuerdos del veintinueve de julio de este año, el Magistrado instructor declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que ordenó poner los expedientes en estado de resolución, así como formular el proyecto de sentencia; y

X. Engrose parcial. En sesión pública de veintinueve del presente año, el Magistrado Instructor sometió a consideración del Pleno de esta Sala Regional el correspondiente proyecto de sentencia, el cual fue sometido a votación de los Magistrados integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, quienes determinaron, por mayoría de votos, rechazar la propuesta. En razón de lo anterior, se determinó que el encargado del engrose parcial sería el Magistrado Armando I. Maitret Hernández.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Competencia.

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, toda vez que se trata de juicios de inconformidad promovidos durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 04 Distrito Electoral en el estado de Guerrero; supuesto normativo respecto del cual esta Sala Regional tiene competencia y espacio territorial sobre el cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior con fundamento en:

Constitución Federal. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI; 60, párrafo segundo; y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 1, fracción II; 184; 185; 186, fracción I; 192; y 195, fracción II.

Ley de Medios. Artículos 4 y 53, párrafo 1, inciso b), en relación con el 50, párrafo 1, inciso b).

Aunado a lo anterior, el Consejo responsable pertenece a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo INE/CG182/2014 denominado: “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los 300 distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarán para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, tal como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional”, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el treinta de septiembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil quince.

SEGUNDO. Acumulación.

En consideración de esta Sala Regional es procedente la acumulación de los juicios de inconformidad SDF-JIN-66/2015 y SDF-JIN-67/2015 al diverso SDF-JIN-64/2015, todos de este año, en razón de lo siguiente.

En los artículos 31 de la Ley de Medios y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dispone que las Salas de este Tribunal Electoral pueden decretar la acumulación cuando:

i. En dos o más medios de impugnación se controviertan actos o resoluciones similares y exista identidad en la autoridad u órgano señalado como responsable; y

ii. Cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe conexidad en la causa, porque se controvierte el mismo acto o resolución, o bien, que se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una misma pretensión y causa de pedir.

En el caso, de los expedientes cuya acumulación se plantea se advierte que existe identidad en la autoridad responsable, pues en todos los casos es mencionada como tal el Consejo responsable.

Además, en las demandas existe identidad en los actos impugnados, ya que en ellas se controvierten los resultados consignados en el Acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el 04 Distrito electoral en el Estado de Guerrero; así como su declaración de validez y expedición de la constancia de mayoría respectiva, por lo que hace a los expedientes SDF-JIN-64/2015 y SDF-JIN-67/2015, promovidos por los partidos MORENA y PRD, respectivamente.

De igual forma los actores en cada uno de los juicios de inconformidad señalan similares causas de pedir.

En consecuencia, se deberá agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados.

TERCERO. Escrito de tercero interesado.

En consideración de esta Sala Regional debe tenerse al PRI, por conducto de Salvador Javier Patiño Silva, como tercero interesado en el juicio SDF-JDC-67/2015, al cumplir con los requisitos previstos en la Ley de Medios para ello, como se explica.

a) Forma.

En el escrito que se analiza se hace constar el nombre del tercero interesado, así como el nombre y firma autógrafa de su representante, la razón de su interés jurídico así como su pretensión concreta, consistente en que se confirmen los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa realizado por el Consejo responsable, por cuanto hace a las casillas precisadas por el Partido inconforme.

b) Oportunidad.

Se estima satisfecho este requisito, en atención a que el Partido tercero compareció dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de la presentación del juicio de inconformidad, plazo previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), en relación con el párrafo 4, de la Ley de Medios.

Lo anterior es así, porque de conformidad con las razones de fijación y de retiro correspondientes[5], el referido plazo transcurrió de las diez horas del pasado dieciséis de junio a las diez horas del diecinueve siguiente, por lo que si el Partido tercero presentó su escrito el dieciocho de junio próximo pasado, a las diecisiete horas con treinta y ocho minutos, es inconcuso que fue presentado de manera oportuna.

Las citadas documentales cuentan con pleno valor probatorio, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4, inciso b); y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley de Medios, por tratarse de documentales expedidas por un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones.

c) Legitimación y personería.

El PRI está legitimado para comparecer al juicio de inconformidad SDF-JIN-67/2015 en calidad de tercero interesado, por tratarse de un partido político nacional, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, toda vez que tiene un interés legítimo derivado de un derecho incompatible con el que pretende el Partido inconforme, quien como última intención solicita anular la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría, realizadas por el Consejo responsable, y en consecuencia se declare la nulidad de la elección.

Lo anterior sin desconocer que el PRI suscribió un Convenio de Coalición Parcial con el Partido Verde Ecologista de México[6], en el cual se determinó que el partido que postulara la fórmula de candidatos correspondiente al distrito sería quien podría interponer los correspondientes medios de impugnación, lo que en el caso se actualiza; sin embargo, debe tenerse únicamente al referido ente político compareciendo como tercero interesado.

Lo antedicho atiende a lo resuelto por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en la sesión pública celebrada el pasado ocho de julio del año en curso, al resolver la Contradicción de Criterios SUP-CDC-7/2015, de la cual derivó la aprobación de la jurisprudencia 15/2015, intitulada: “LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL.”[7]

Así también se tiene por acreditada la personería de Salvador Javier Patiño Silva, en su calidad de representante propietario del Partido tercero ante el Consejo responsable, como se advierte del acuerdo dictado por el consejero presidente el dieciocho de junio de este año, al tener por presentado el escrito que se analiza.[8]

La citada documental cuenta con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos invocados previamente, en razón de ser una actuación celebrada por un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones.

d) Argumentos planteados.

El tercero interesado hace valer que los argumentos del Partido inconforme carecen de sustento.

Al respecto, sostiene que contrariamente a lo que afirma el Partido inconforme, el que algunas casillas hayan abierto después de la hora señalada para ello no acredita la causal de nulidad de votación que pretende, pues existe justificación suficiente para ello, como en el caso el que se hayan integrado tardíamente las mesas de casilla, por faltas de funcionarios de las mismas, aunado a que consta en las Actas de jornada electoral correspondientes que las urnas fueron armadas ante los funcionarios y representantes de los partidos políticos presentes.

De igual forma señala que resulta impreciso el que el PRD acuse error y dolo en el cómputo de algunas casillas, pues de la información que obra en las actas respectivas se advierte que ello no es así, al no presentar error aritmético alguno.

Por ello solicita se confirmen los resultados del cómputo distrital correspondiente a la elección de diputados federales en el 04 Distrito electoral en el estado de Guerrero, con cabecera en Acapulco de Juárez, por cuanto a las casillas cuya nulidad de votación pretende el Partido inconforme.

CUARTO. Causales de improcedencia.

Por ser su examen preferente y de orden público, se analizarán en primer lugar las causas de improcedencia propuestas en los medios de impugnación que se resuelven, pues de actualizarse alguna se constituiría un obstáculo jurídico que conllevaría la imposibilidad de pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Así, el Consejo responsable aduce que debe desecharse el juicio de inconformidad SDF-JIN-64/2015, pues el partido MORENA pretende hacer valer en esta vía una queja en materia de fiscalización, lo que no constituye una finalidad de este tipo de juicios, al estar previsto en la  ley para cuestionar los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, así como la declaración de validez de la elección correspondiente y, finalmente, el otorgamiento de las constancias de mayoría, no así cuestiones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos utilizados por los candidatos durante las campañas electorales, a fin de establecer si existió rebase de topes de gastos de campaña por parte del ganador o ganadora.

De igual forma sostiene que debe desestimarse el diverso juicio SDF-JIN-67/2015, al resultar improcedente y frívolo, pues el que determinadas casillas hayan comenzado a recibir la votación con posterioridad a la hora fijada en la ley no es causal para solicitar su nulidad, como tampoco puede deducirse un agravio a partir de la afirmación del PRD en el sentido de que existe error aritmético en diversas casillas, derivado de la diferencia existente entre la votación total recibida y las boletas sobrantes, al no afectarse con ello en manera alguna los resultados consignados.

Tales propuestas, a juicio de esta Sala Regional, son infundadas, como se explica.

En primer término, debe decirse que conforme a la reciente reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se adicionó en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Federal, la posibilidad de anular elecciones, tanto federales como locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes, estableciéndose como supuestos para ello:

a) Exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento (5%) del monto total autorizado.

b) Comprar cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y

c) Recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita, o recursos públicos en las campañas.

De ahí que el cuestionamiento del partido MORENA respecto de la validez de la elección de diputado federal de mayoría relativa que nos ocupa no pueda ser desestimado sin abordar su estudio en el fondo, lo que implica que el medio de impugnación deba declararse procedente, definiéndose en el fallo que le recaiga si le asiste razón o no al citado instituto político.

Por cuanto a los planteamientos hechos por el PRD en el diverso juicio de inconformidad SDF-JIN-67/2015, este órgano jurisdiccional federal especializado estima igualmente infundada la pretensión del Consejo responsable en el sentido de desechar el medio de impugnación por improcedente, ya que contrariamente a lo que sostiene, el que el día de la jornada electoral alguna o algunas casillas reciban la votación después de la hora fijada en la ley puede constituir, de acreditarse los extremos de la causal prevista en el inciso d) del artículo 75 de la Ley de Medios, una violación que conlleve la nulidad de la misma, pues este Tribunal Constitucional en materia electoral ha sostenido que por fecha, para efectos de la recepción de la votación durante la jornada electoral, se entiende no un período de 24 horas de un día determinado, sino el lapso que va de las ocho a las dieciocho horas del día de la elección.

De igual forma, por cuanto a la existencia o no de error aritmético en el cómputo distrital, al estar prevista como causal de nulidad de la votación recibida en casilla, en el diverso inciso f) del precepto normativo antes invocado, con independencia de que le asista razón o no al Partido inconforme, este órgano terminal de impartición de justicia electoral debe abordar el estudio de los motivos de disenso planteados, sin prejuzgar sobre su validez, por lo que tampoco puede concluirse la improcedencia del juicio de inconformidad, como pretende el Consejo responsable.

De ahí que para realizar un pronunciamiento sobre la validez o no de los planteamientos del PRD deba procederse a su estudio en el fondo, razón suficiente para admitir a trámite la demanda atinente y rechazar la propuesta de la autoridad.

En vía de consecuencia, al haberse desestimado las causas de improcedencia planteadas por el Consejo responsable en los medios de impugnación que se resuelven, procede analizar los argumentos que enderezan los actores a cuestionar los resultados del cómputo distrital, así como en el caso de los partidos MORENA y PRD la declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría a la candidata propuesta por la Coalición.

QUINTO. Requisitos de procedencia.

Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos legales previstos para la presentación y procedencia de los juicios de inconformidad que se resuelven, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 1; 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a); y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, como a continuación se razona.

I. Requisitos generales.

a) Forma.

Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable; en ellas se hace constar la denominación de los actores, así como los nombres y firmas de quienes acuden en su representación; los domicilios para oír y recibir notificaciones; se mencionan los actos impugnados, los hechos, agravios o motivos de perjuicio y los preceptos legales presuntamente violados.

b) Oportunidad.

Los medios de impugnación materia de este fallo son oportunos, en tanto que las demandas correspondientes se presentaron dentro de los cuatro días siguientes a aquél en que concluyó el cómputo distrital de la elección de diputados que controvierten los accionantes, en términos de lo dispuesto en el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

Lo anterior, pues de la copia certificada del Acta circunstanciada levantada con motivo de la sesión de cómputo distrital correspondiente[9], a la cual se reconoce pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a), y 4, inciso b); y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley de Medios, por tratarse de un documento expedido por un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones y, en consecuencia, ser una documental pública, se advierte que el referido cómputo concluyó el once de junio de este año, por lo que el término para la promoción de los medios de impugnación transcurrió del doce al quince del mismo mes y año.

De ahí que si las demandas se presentaron precisamente el quince de junio del año en curso, como consta del sello de recepción que aparece en las mismas, es evidente que se presentaron dentro del plazo estipulado para ello.

c) Legitimación y personería.

Los actores se encuentran legitimados para promover los presentes juicios de inconformidad, por tratarse de partidos políticos con registro nacional, en el caso de MORENA y el PRD, de conformidad con lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

De igual forma la Coalición parcial cumple con el requisito bajo análisis, toda vez que si bien son los partidos políticos quienes en principio cuentan con  esa legitimación, la coalición que conforman no constituye una entidad jurídica distinta, como ha sostenido este Tribunal Constitucional en materia electoral, criterio concretado en la Jurisprudencia 21/2002, de rubro: “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL.”[10]

Asimismo, se tiene reconocida la personería de Juan Carlos Manrique García y Antonio Ramos Arizmendi como representantes de los partidos MORENA y de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la ley adjetiva federal invocada previamente, en razón de que son los que se encuentran formalmente registrados ante el Consejo responsable.

Finalmente se tiene por acreditada la personería de Salvador Javier Patiño Silva como representante de la Coalición parcial, pues en términos de lo dispuesto en el Convenio de Coalición que le dio origen, el cual obra en copia certificada agregado al diverso juicio de inconformidad SDF-JIN-18/2015 del índice de esta Sala Regional, por lo que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios, corresponde al PRI la representación de la Coalición al haber propuesto a la candidata en el Distrito electoral cuya elección nos ocupa, por lo que si el ciudadano en cuestión es el representante propietario de dicho instituto político formalmente registrado ante el Consejo responsable, es inconcuso que cuenta con la debida personalidad para actuar en este juicio.

Además, precisa decir que en los tres casos el carácter con el que se ostentan los promoventes les fue reconocido por el propio Consejo responsable, en sus respectivos informes circunstanciados.

II. Requisitos Especiales.

Los escritos de demanda mediante los cuales se promueven los presentes juicios de inconformidad satisfacen los requisitos especiales previstos en el artículo 52, párrafo 1, de la ley adjetiva de la materia, como se razona.

a) Tipo de elección.

Los accionantes encauzan su inconformidad en contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el Consejo responsable, como señalan en su respectivo escrito impugnativo

b) Casillas o error aritmético.

En las referidas demandas se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación solicitan sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso, precisando el PRD en el expediente SDF-JIN-67/2015 el error aritmético en que funda su pretensión.

En mérito de lo hasta aquí analizado, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia de los juicios que se resuelven, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada en ellos.

SEXTO. Pruebas supervenientes ofrecidas por MORENA.

Mediante escrito presentado ante el Consejo responsable el pasado trece de julio del año en curso, el partido MORENA ofreció como pruebas que calificó de supervenientes, lo siguiente:

i. 26 cuadernos con espiral, con pastas color verde y un logotipo en la portada del PVEM, con la leyenda “Sí cumple”.

ii. 28 ejemplares del libro “Mi primer libro de ecología” con la imagen de un mundo en el centro de la portada y en el lado superior derecho el logotipo del PVEM y en la parte de atrás, en la parte inferior central otro logotipo del partido y su dirección electrónica.

iii. 30 ejemplares de la revista “Mujer mexicana y participación política”, con el logotipo en ambas caras del PVEM.

iv. 72 mochilas de lona, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

v. 6 gorras color verde, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

vi. 26 termos con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

vii. 5 bolsas de fieltro color blanco, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

viii. 8 bolsas de manta con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

ix. 1 mandil color blanco, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

x. 23 relojes con correa de lona color verde y carátula blanca, con el logotipo en su interior del PVEM.

xi. 14 lapiceros color verde, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

xii. 20 lápices color verde, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

xiii. 25 reglas de cartón color verde, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

xiv. 20 borradores en colores blanco y verde, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

xv. 20 tarjetas de descuento personalizadas, color gris, de “Premia Platino”, con el logotipo del PVEM.

xvi. 28 cintillos color verde, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

xvii. 2 pares de lentes graduados con estuche color negro, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”.

xviii. 31 playeras en colores blanco, verde, vino y marrón, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Sí cumple”; y

xix. 2 bolsas de poliuretano, en colores blanco, rojo y verde, con el logotipo del PVEM y la leyenda “Trabajando por lo que más quieres”.

Lo anterior, según su dicho, a fin de acreditar que la Coalición parcial rebasó con exceso el tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General del Instituto para el presente proceso electoral.

Al respecto, se estima pertinente destacar el contenido normativo del artículo 9, párrafo 1, inciso f), en relación con el 16, párrafo 4, ambos de la Ley de Medios, pues en ellos se establecen los requisitos que deben reunir los medios de convicción que pretendan ofrecerse por las partes con el carácter de supervinientes.

En efecto, en el primero de los dispositivos normativos invocados se prevé que en los medios de impugnación como el que nos ocupa deberán ofrecerse y aportarse las pruebas dentro de los plazos para su interposición o presentación, lo que implica que deban acompañarse o señalarse en el escrito inicial de demanda.

Por su parte y en forma sistemática con lo antes precisado, en el segundo de los preceptos normativos invocados se establece que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas fuera de los plazos legales, salvo aquellas que sean supervenientes, entendiéndose por éstas:

1. Aquellas que hayan surgido después del plazo legal en que debieron aportarse los elementos probatorios; y

2. Las existentes desde entonces, pero que el promovente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se alleguen antes del cierre de instrucción.

Ahora, para que se actualice el primero de los supuestos, es necesario que el oferente precise y acredite las circunstancias posteriores a su demanda bajo las cuales se enteró del surgimiento de dichas pruebas, así como los hechos consignados en el medio de convicción que ofrece con tal carácter.

En cuanto al segundo, resulta primordial que el interesado señale el desconocimiento de la existencia de las pruebas en el plazo atinente, así como las circunstancias por las cuales se enteró de ellas con posterioridad, además de indicar las causas ajenas a su voluntad que le impidieron aportarlas dentro del plazo legalmente exigido.

Por tanto, no podrán considerarse como supervenientes las pruebas surgidas en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, ni tampoco aquellas que pudo ofrecer al momento de presentar su demanda, porque indebidamente se permitiría a las partes instrumentar y prefabricar medios de convicción para ofrecerlos con posterioridad a la presentación de la demanda, o subsanar las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.

Robustece lo antedicho el contenido jurídico de la jurisprudencia 12/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, bajo el rubro: "PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.” [11]

En el caso, los medios de prueba con los cuales MORENA pretende acreditar el rebase del tope de gastos de campaña por parte de la Coalición parcial no pueden considerarse como supervenientes, en primer lugar porque el oferente no expone argumento alguno para acreditar alguno de los extremos requeridos para que les sea reconocido tal carácter, esto es, no precisa ni acredita las circunstancias posteriores a su demanda bajo las cuales se enteró del surgimiento de dichas pruebas, como tampoco manifiesta su desconocimiento previo a la presentación de su demanda, no obstante que refiere que son elementos de prueba que acreditan un rebase de tope de gastos de campaña, lo que implica que debieron existir desde antes de la jornada electoral, o sea, antes de la generación de los resultados de la elección que pretende impugnar.

En vía de consecuencia, este Tribunal Constitucional en materia electoral concluye que no ha lugar su admisión, toda vez que dichos medios de convicción no revisten las particularidades ya enunciadas.

SÉPTIMO. Suplencia de la deficiencia de los agravios y metodología para su estudio.

Previo al examen de la controversia se considera oportuno precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta Sala Regional se encuentra compelida a suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por los actores, siempre que aquéllos puedan deducirse de los hechos expuestos en las demandas.

Ello implica que en aquellos casos en que los accionantes hayan omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien los hayan citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse, así como los aplicables al caso concreto.

De igual manera, este órgano jurisdiccional federal en materia electoral se encuentra obligado al estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales se promueven los presentes medios de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos combatidos, con independencia de que dichos motivos de disenso se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Robustece lo antedicho el contenido de las Jurisprudencias emitidas por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, identificadas con los números 3/2000 y 2/98, de rubros: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”[12]

Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, en los respectivos medios de defensa la parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa, así como los agravios que le causa el acto o resolución impugnados, y los preceptos presuntamente violados.

Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda, esta Sala Regional advierte que, por una parte, el partido MORENA (SDF-JIN-64/2015) plantea la actualización de la causal de nulidad genérica prevista en la Ley de Medios, aduciendo una serie de irregularidades que, según su dicho, cometió durante toda la etapa de preparación del proceso electoral e incluso durante la jornada electoral el Partido Verde Ecologista de México, las cuales tuvieron una repercusión en el resultado de la elección que nos ocupa, al vulnerar los principios constitucionales que deben observar unas elecciones libres y auténticas.

Lo anterior, pues sostiene que en el caso existió rebase de tope de gastos de campaña por parte de la candidata ganadora, así como diversos actos anticipados de precampaña y campaña, violaciones al periodo de veda electoral, aunado al indebido uso de recursos públicos y privados para el financiamiento de la campaña, por parte del PVEM, el cual fue en coalición parcial con el PRI.

Al respecto, aduce que ha quedado evidenciado en distintas quejas y denuncias que el Partido coaligado incurrió en ese tipo de conductas, así como también que durante el periodo de veda electoral contrató a personalidades para que le promocionaran vía Twitter, incumpliendo medidas cautelares que le fueron impuestas, violentando con ello lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base I, Apartado C, párrafo primero, de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, incisos a) y o), de la Ley de Partidos; y 247, párrafo 2; y 443, párrafo 1, inciso j), de la Ley Electoral.

Por su parte la Coalición parcial cuestiona los resultados del cómputo distrital (SDF-JIN-66/2015), respecto de 37 casillas, al aducir que en ellas se actualizó alguna o algunas de las hipótesis de nulidad de votación previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos a), e) y g), de la Ley de Medios, consistentes en ubicar la casilla en un lugar distinto al señalado por el Consejo responsable; recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral; y permitir votar a ciudadanos sin credencial para votar o que no aparecían en la lista nominal de electores, respectivamente.

Finalmente, el PRD también controvierte el cómputo distrital (SDF-JIN-67/2015), por cuanto a 22 casillas, en las que sostiene que se actualizaron las causales de nulidad de votación previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos d) y f), de la Ley de Medios, consistentes en recibir la votación en fecha distinta a la señalada para el día de la elección; y haber mediado error o dolo en el cómputo de la votación, respectivamente.

Con base en lo antes expuesto, se abordará en primer término el estudio de los motivos de disenso propuestos tanto por la Coalición parcial como por el Partido inconforme, de manera conjunta al referirse a causales de nulidad de votación recibida en casilla[13], a fin de determinar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en alguna o todas las casillas que impugnan y, en consecuencia, si se deben modificar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el Acta de cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa que nos ocupa.

Cabe señalar que no obstante que la Coalición parcial señala que en la casilla 310 Contigua 6 se actualizó la causal de nulidad prevista en el inciso g) del primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Medios, ello no será materia de análisis en este juicio de inconformidad, toda vez que como señala el Consejo responsable en su informe circunstanciado, dicha casilla pertenece al 09 Distrito electoral federal y no al 04 que se revisa, lo cual se corrobora en la página 35 del Encarte original correspondiente al estado de Guerrero, que obra a fojas 217 del expediente SDF-JIN-66/2015.

Hecho lo anterior, se procederá al análisis de los agravios propuestos por MORENA, ya que de resultar fundados serían suficientes para declarar la nulidad de la elección de diputado de mayoría relativa en el 04 Distrito electoral federal en el estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, debiendo convocarse a una elección extraordinaria.

OCTAVO. Estudio de causales de nulidad de votación recibida en casilla.

Como se desprende de los escritos mediante los cuales los accionantes promueven los presentes juicios de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el Acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva (estos últimos sólo impugnados por MORENA y el PRD), realizados por el Consejo responsable, al estimar que en el caso se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 párrafo 1, de la Ley de Medios.

Al respecto, se procederá al análisis de los motivos de queja esgrimidos por los enjuiciantes, sistematizando su estudio mediante el agrupamiento temático de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se invoca.

Como se adelantó, en el caso los promoventes aducen que se actualizó alguna causal de nulidad en las siguientes casillas:

Sentado lo anterior, se procede al análisis correspondiente a cada supuesto de nulidad.

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

En su escrito impugnativo la Coalición parcial sostiene que en nueve casillas, identificadas con las claves: 4 Contigua 1, 37 Básica, 39 Básica, 39 Contigua 1, 40 Contigua 1, 41 Básica, 41 Contigua 1, 54 Contigua 1 y 73 Básica, se actualiza la hipótesis de nulidad de votación prevista en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, toda vez que, sin mediar causa justificada, se ubicaron en lugar distinto al señalado por el Consejo responsable.

Al respecto la Coalición hace valer como agravios, lo siguiente:

“ARTÍCULO 155

1. Las mesas directivas de casilla se integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores, y tres suplentes generales.

...”

 “…Para un mejor análisis de la mencionada causal, se elabora un cuadro ilustrativo, en donde se insertan los datos relativos al lugar donde debían ubicarse las casillas, así como el lugar en donde fueron instaladas, según las actas de jornada electoral y el contenido de las hojas de incidentes, respectivamente.

Por lo anteriormente razonado y plenamente probado, lo pertinente es declarar fundado el presente agravio respecto a la votación recibida en las casillas 37 Básica, 39 Básica, 39 Continua 1, y 40 Contigua 1 y 41 Básica y en consecuencia anularse la votación recibida en ellas, por haber sido instaladas en lugar distinto al designado por el Consejo Distrital, generando falta de certeza en los resultados arrojados en el cómputo…”

(Énfasis agregado por esta Sala Regional)

Por su parte, el Consejo responsable, al rendir su informe circunstanciado, expuso:

 “… las casillas fueron instalados conforme al domicilio autorizado por éste Consejo distrital, sin embargo, como es de conocimiento general, y de conformidad con el artículo 81 del Ley general de Instituciones y procedimientos Electorales, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se divide los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la república, por lo cual, en ocasiones llegan a presentarse errores en cuanto la descripción exacta y puntual del domicilio en el cual fueron instaladas las mismas, aun cuando se haya realizado conforme a los lugares establecidos y determinados por los Consejos Distritales […] Es decir, se trata de ciudadanos que no cuentan –usualmente- con los conocimientos de cartografía con los cuales son referenciados los domicilios en los cuales habrá de instalar la mesa directiva de casilla a la cual pertenecen, por lo cual, las actas tanto de la jornada electoral como de escrutinio y cómputo, en ocasiones, llegan a presentar determinadas deficiencias en cuanto al domicilio exacto y puntual en el cual fue ubicada la casilla, sin embargo, del análisis descriptivo que presenta cada caso en concreto, se desprende que, efectivamente, las casillas fueron instaladas dentro del perímetro designado[…] En virtud de lo anterior, se desprende que las casillas que pretenden impugnar la parte actora, fueron instaladas de conformidad con los domicilios autorizados para tal efecto, sin embargo pretenden basarse en cuestiones meramente de redacción por parte de los funcionarios de casilla, quienes, como ha quedado manifestado anteriormente, no son personas que cuenten con la pericia y exactitud en conocimientos cartográficos, por lo cual, en ocasiones se presentan errores en la narrativa correspondiente. […] Asimismo en las referidas casillas se recibió un porcentaje de votación parecido a la media recibida en las casillas restantes correspondientes a este Distrito 04, por tanto, partiendo de la idea de que la casilla se hubiera instalado en un lugar diverso al aprobado por éste Consejo Distrital 04 en el estado de Guerrero, sin conceder, éste hecho no sería determinante para el resultado de la votación, ya que no causó desconcierto en los electores para acudir a las urnas…”

Expuestos los argumentos hechos valer por las partes, esta Sala Regional procede a determinar si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad invocada.

Para ello, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la causal de nulidad de mérito.

En principio, en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, se establece lo siguiente:

“Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

[…]”

En consecuencia, para actualizar la causal de nulidad que la parte inconforme hace valer, es necesario acreditar en forma fehaciente los siguientes extremos:

1. Que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado; y

2. Que no existió una causa que justificara ese cambio;

Antes de entrar al estudio de la inconformidad, debe precisarse que ha sido criterio reiterado por la Sala Superior de este Tribunal Electoral que el lugar de ubicación de una casilla no debe restringirse; esto, en términos de la tesis número 14/2001, de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.”[14]

Atento al citado criterio, habrá de sostenerse como lugar de ubicación al espacio físico en que se instaló una casilla electoral, no tomar en cuenta únicamente la dirección, calle y número de un sitio; lo preponderante son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación; es decir, no se refiere rigurosa y necesariamente a un punto geográfico preciso, sino que la referencia alude a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de los elementos que pueden ser útiles para tal objetivo.

En ese sentido, no restringir el concepto de lugar para la ubicación de una casilla permite dar cumplimiento al principio de certeza, pues basta el conocimiento por parte de los representantes de los partidos políticos, los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla y, de manera sobresaliente, de los electores, de los elementos de referencia necesarios para localizar la casilla, siendo suficiente la mención de los datos necesarios para ubicarla con cierta seguridad, sin que se requiera forzosamente asentar en las actas correspondientes todos los datos precisos de la dirección (calle, número, colonia, código postal, etcétera).

De tal manera que si los funcionarios de las mesas directivas de casilla asentaron datos incompletos de dirección en las actas correspondientes, ello de ninguna manera actualiza la causal de nulidad bajo análisis.

Asimismo debe tomarse en consideración si el lugar donde fue ubicada la casilla electoral cumple con los requisitos establecidos en el artículo 255 de la Ley Electoral, los cuales son:

i. Fácil y libre acceso para los electores.

ii. Que aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.

iii. No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales.

iv. No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate.

v. No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos; y

vi. No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Además, se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, en los artículos 257 y 272 de la Ley Electoral se establece que los Consejos distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en los que serán instaladas, para lo cual deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

Por otro lado, para actualizar la causal de nulidad en estudio, se tiene que acreditar que el cambio de domicilio se realizó injustificadamente. Al respecto, en el diverso artículo 276 del propio ordenamiento legal se precisan las causas para estimar que existe causa justificada respecto de la instalación de una casilla en lugar distinto, siendo éstas:

a. Que no exista el local indicado en las publicaciones respectivas.

b. Que el local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación.

c. Que se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley.

d. Que las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. Siendo necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e. Que el Consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

En todos los casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En este sentido, si las casillas electorales tuvieren que cambiarse de lugar de ubicación por las causas de justificación antes señaladas, dicho cambio no actualiza la causal de nulidad que se analiza, puesto que estas circunstancias justifican legalmente que la casilla se haya instalado en distinto lugar al establecido por la autoridad electoral correspondiente y, más aún, que la propia causal de nulidad alude a que solo será nula la votación si es que la instalación de la casilla se realiza en distinto lugar y ello no obedece a una causa justificada.

Precisado lo anterior, se procede a dar contestación a los motivos de disenso planteados por la Coalición parcial, para lo cual se tomarán en cuenta las constancias documentales que obran en autos, consistentes en copia certificada de los siguientes documentos:

a) Encarte o documentación que contenga el lugar autorizado para la instalación de la casilla.

b) Actas de jornada electoral.

c) Actas de escrutinio y cómputo; y

d) En su caso, hojas de incidentes.

A las citadas documentales se les reconoce valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a), b) y d); y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos formalmente por un funcionario electoral en el ejercicio de sus funciones legales, sin que exista prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que refieren.

Enseguida se presenta un comparativo en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casilla; la ubicación de las casillas impugnadas en el Encarte oficial definitivo, así como la señalada en las respectivas actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo; y, por último, se incluye un apartado de observaciones, en el cual se asientan las circunstancias especiales que pueden ser tomadas en cuenta para la resolución de cada caso concreto.

Con base en los datos precisados en el cuadro que antecede, en el que se identifican diversas situaciones respecto del lugar de ubicación de las casillas impugnadas, esta Sala Regional considera que son infundados los agravios de la Coalición parcial, pues contrariamente a lo que sostiene, no se actualiza la causal de nulidad que invoca, al no acreditarse que las casillas se hayan instalado en un lugar distinto al originalmente señalado en el Encarte, como se explica.

En primer término, debe decirse que en el caso de las casillas 37 Básica y 39 Básica los datos asentados en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo permiten afirmar que son esencialmente coincidentes con la ubicación prevista en el Encarte definitivo, pues existe identidad en el nombre de las calles, números, colonias e incluso códigos postales, sin que el hecho de que en el caso de la 37 Básica no se haya anotado el número de la manzana, ni que en el caso de la 39 Básica se haya asentado en el acta de escrutinio y cómputo únicamente el nombre de la calle, número y colonia, pues como se adelantó, el hecho de que en estos documentos no se asiente la totalidad de los datos contenidos en el Encarte no actualiza la causal de nulidad bajo análisis.

Bajo ese mismo criterio, en el caso de las casillas 39 Contigua 1, 40 Contigua 1 y 41 Básica, se estima igualmente satisfecha la ubicación asentada en las actas, atento que no obstante no anotarse datos como la colonia o código postal, se precisan lugares públicos o conocidos, como una escuela primaria o una miscelánea, lo que conlleva lo infundado del planteamiento de la Coalición al respecto.

Por cuanto a las casilla 4 Contigua 1, si bien la referencia asentada en el acta de escrutinio y cómputo no coincide con la ubicación del Encarte, ello no es suficiente para acreditar irregularidad alguna, en tanto que en el acta de jornada electoral se asentaron todos los datos esenciales para concluir que la casilla fue correctamente instalada en el lugar previsto para ello, lo cual adquiere relevancia por ser este el documento en el que los funcionarios de casilla asientan datos fundamentales para el día de la jornada electiva, como la hora de instalación, número de boletas recibidas e inicio de la recepción de los sufragios, con la presencia de los representantes partidistas.

Ahora, en el caso de las casillas 41 Contigua 1 y 73 Básica, si bien los datos correspondientes son incompletos o poco legibles en las actas, lo cierto es que de una revisión al caudal probatorio que obra en autos se advirtió que en las mismas no se asentó la presentación de hojas de incidentes o escritos de protesta algunos, destacando la circunstancia de que estuvo presente en ambos casos el representante del PRI, quien firmó las actas tanto de jornada como de escrutinio y cómputo, lo que robustece la conclusión de que en estas casillas no existió irregularidad alguna relacionada con su instalación.

Finalmente, en el caso de la casilla 54 Contigua 1 no se cuenta con las actas, ni de jornada electoral ni de escrutinio y cómputo, manifestando el Consejo responsable, a requerimiento expreso formulado por el Magistrado instructor, que no se incluyeron en el paquete electoral correspondiente, por lo que fue objeto de nuevo escrutinio y cómputo; sin embargo, en este caso tampoco obra escrito de protesta u hoja de incidentes alguna, destacando que durante la sesión de cómputo distrital en la que se desahogó el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla estuvo presente el representante del PRI, quien firmó el Acta correspondiente, como se advierte de la copia certificada de la misma, que obra a fojas 104 y 105 del expediente SDF-JIN-64/2015, por lo que al no existir evidencia fehaciente de ello en autos, este Tribunal Constitucional en materia electoral tutela la prevalencia de la votación recibida en ella, con apoyo en la Jurisprudencia 9/98, sustentada por su Sala Superior, bajo el rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.”[15]

II. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

En su escrito de inconformidad la Coalición parcial sostiene que se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios en las treinta y tres (33) casillas que se identifican enseguida: 1 Básica, 1 Contigua 1, 4 Básica, 5 Básica, 5 Contigua 1, 12 Básica, 19 Contigua 2, 21 Básica, 23 Contigua 2, 24 Básica, 26 Contigua 1, 27 Básica, 27 Contigua 1, 27 Contigua 2, 31 Contigua 2, 35 Básica, 35 Contigua 1, 39 Básica, 39 Contigua 1, 40 Contigua 1, 41 Contigua 1, 41 Contigua 2, 43 Básica, 44 Contigua 1, 48 Contigua 2, 49 Básica, 194 Contigua 1, 234 Contigua 1, 255 Contigua 1, 255 Contigua 2, 344 Básica, 347 Básica y 347 Contigua 7.

Al respecto, en su escrito de impugnación, de manera medular expresa:

Por su parte el Consejo responsable refiere en su informe circunstanciado que:

“… tal y como se desprende las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, resulta infundado, inoperante lo argumentado por la parte actora, toda vez que las casillas que pretende combatir fueron instaladas y desarrollaron actividades conforme lo establecido por la ley […] sin embargo, resulta falso lo argumentado por la parte actora, toda vez que las personas que fueron tomadas de la fila a fin de integrar y así completar la mesa directiva de casilla, son personas que efectivamente se encuentran en lista nominal correspondiente, como se acredita con las lista nominales que se anexan al presente…”

[…] Por parte, por lo que respecta a las casillas 0019 Contigua 2, 0021 Básica y 0031 contigua 2, resulta cierto que las personas que integraron las mesas directivas de casilla, fueron personas que no pertenecen a la sección correspondiente. […] Cabe señalar que dicha situación se desprende debido a la falta de cooperación, interés y apoyo por parte de los ciudadanos que si pertenecen a dicha sección, toda vez que, como es de conocimiento general, actualmente se presentan situaciones sociales complejas en nuestra entidad, por lo cual un porcentaje alto de personas que fueron insaculadas se mostraron negativas ante la invitación a participar, pero aún durante el día de la jornada, en la cual, diversas casillas no fueron instaladas a la hora marcada por la ley debido a que no se reunía la totalidad del personal requerido para la integración de la mesa directiva de casilla […] Es decir, de lo anterior se desprende que nuestra entidad se encuentra en situaciones complejas que no permiten llevar a cabo de manera puntual las obligaciones legales establecidas, sin embargo, de manera excepcional, se presentaron ciertas circunstancias por las cuales fue necesaria la integración de las mesas directivas de casilla a través de personas que no pertenecen a la sección correspondiente…”

(Énfasis agregado por esta Sala Regional)

Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, párrafo 1, de la Ley Electoral, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, en el artículo 82 de la señalada Ley se establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además, con otro secretario y otro escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del ordenamiento precitado, siendo éstos:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores.

3. Contar con credencial para votar.

4. Estar en ejercicio de sus derechos políticos.

5. Tener un modo honesto de vivir.

6. Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente.

7. No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; y

8. Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

A su vez, en el artículo 254 de dicha Ley se establece el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Asimismo, en el artículo 257 de la Ley Electoral se expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas, así como de la ubicación de las casillas, se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del Distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el secretario del Consejo Distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, se considera entonces que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las mesas directivas de casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, se precisa que independientemente de que el Consejo responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la jornada electiva, esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, pudieran fungir como funcionarios del órgano electoral aludido.

Lo anterior es así porque en el artículo 274, párrafo 1, de la Ley Electoral se prevé un procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que ésta no se instale el día de la elección a los ocho horas con quince minutos; esto es, si a la hora referida los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan, entonces actuarán en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando éstos se encuentren dentro de la sección electoral respectiva.

Asimismo se faculta al Consejo Distrital correspondiente para tomar las medidas necesarias para la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación.

Por tanto, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el referido artículo 274, párrafo 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante lo anterior, es igualmente importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, como ya se ha mencionado, por disposición expresa contenida en el mencionado artículo 274, párrafo 1, inciso d).

Al respecto, esta Sala Regional invoca como criterio orientador el contenido en la tesis relevante XIX/97, cuyo rubro es: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.”[16]

Destaca decir que en ningún caso y por ningún motivo los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto; ello en atención a lo determinado en el párrafo 3 del artículo precitado.

Establecido lo anterior, la causal de nulidad que se analiza se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella.

Cabe precisar que aun cuando en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios no se contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba dispensarse; esto es así, porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito a tal elemento, ello en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Tal criterio concuerda con lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, identificada con la clave 13/2000, bajo el rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).”[17]

Así, cuando la ley omite mencionar el requisito de la determinancia, dicha omisión significa que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de tal requisito en el resultado de la votación.

Esto es importante señalarlo, pues la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad que se analiza no establece expresamente como requisito que el vicio o irregularidad que se acredite sea determinante.

De conformidad con lo manifestado, esta Sala Regional considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo responsable, con relación a las personas que realmente actuaron durante los comicios, de conformidad con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones justificadas, realizadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados previamente.

Además de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral; en su caso, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si en el caso concreto se expresó en dichas documentales circunstancia alguna relacionada con este supuesto de nulidad de votación recibida en casilla.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo referido por la Coalición parcial en sus agravios, se procede al estudio con base en el cúmulo probatorio que en copia certificada obra en autos, consistente en:

a) Encarte y sus respectivas modificaciones.

b) En su caso, avisos de sustitución por causas supervenientes.

c) Actas de jornada electoral.

d) Actas de escrutinio y cómputo.

e) Listados nominales; y

f) En su caso, hojas de incidentes.

A las citadas documentales se les reconoce valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4, inciso a); y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos por un funcionario electoral en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 7, párrafo 1, inciso p), del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto.

Cabe señalar que a efecto de contar con todos los elementos necesarios para resolver los planteamientos hechos por la Coalición, el Magistrado instructor requirió al Consejo responsable diversa documentación respecto a las casillas impugnadas, la cual fue remitida en copia certificada por éste, o bien informó que no contaba con ella.

De igual forma y con motivo de lo manifestado por el Consejo responsable, requirió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto (DERFE) informará respecto de ciertas personas cuyo nombre no podía verificarse estuviera en el listado nominal correspondiente, a efecto de poder analizar la situación de la casilla respectiva.

Así, para el análisis de las casillas, esta Sala Regional generará un cuadro esquemático en el que en la primera columna se encontrará un número consecutivo y en el que además se consigna la siguiente información:

a. En la segunda columna se anotará el número y tipo de casilla impugnada.

b. En la tercera se asentarán los cargos y nombres de los funcionarios propietarios y suplentes que integran la mesa directiva de casilla de acuerdo a la última publicación del aviso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla que corresponda (Encarte).

c. En la cuarta se consignarán los nombres de los funcionarios de casilla que actuaron el día de la elección y cuyo nombre aparece en las actas y, en su caso, en las hojas de incidentes.

d. En la quinta columna se contempla un espacio para incluir observaciones; y

e. En la sexta se precisa si los ciudadanos que actuaron se encuentran o no inscritos en la sección correspondiente.

Ahora, por razón de orden y mayor claridad, atendiendo a las condiciones propias de la instalación e integración de las casillas impugnadas, se agruparán tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, con el propósito de identificar claramente, si se actualiza o no el supuesto de nulidad invocado por la parte promovente. En ese contexto, las casillas se analizarán en tres grupos, sin que como se estableció en el considerando Séptimo ello le cause perjuicio alguno, debido a que en todo momento se está atendiendo al principio de exhaustividad que deben revestir las resoluciones jurisdiccionales en materia electoral:

1. Electores tomados de la fila.

2. Funcionarios que actuaron en diferente casilla; y

3. Funcionarios no pertenecientes a la sección.

Señalado lo anterior, resulta procedente hacer el pronunciamiento por cada uno de los grupos antes aludidos, atendiendo a lo que de las probanzas se obtuvo.

1. Electores tomados de la fila.

En las siguientes casillas no se actualiza la causal de nulidad de votación hecha valer por la Coalición parcial, ya que estaban facultados para actuar en ellas, de acuerdo con el Encarte, ya fuera en alguno de los cargos que integran la mesa, o bien como suplentes, en tanto que ante la ausencia de alguno de los originalmente designados, actuaron ciudadanos tomados de la fila, pero pertenecientes a la sección electoral correspondiente, como se desprende de la tabla que a continuación se inserta.