JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SDF-JIN-78/2015

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: 05 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE MORELOS

TERCERO INTERESADO: PARTIDO NUEVA ALIANZA

MAGISTRADO: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

SECRETARIAS: ALMA ANGÉLICA ANDRADE BECERRIL Y CESARINA MENDOZA ELVIRA

México, Distrito Federal, diecisiete de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de esta fecha, resuelve el expediente citado al rubro, en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en cinco casillas y, por tanto, modificar el cómputo de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa del 05 distrito electoral federal, en el Estado de Morelos, y confirmar la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría respectiva, con base en lo siguiente.

GLOSARIO

ANTECEDENTES:

De los hechos narrados en el escrito de demanda, así como de las constancias del expediente, se advierte lo siguiente:

I. Jornada electoral. El siete de junio pasado, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir Diputados Federales al Congreso de la Unión.

II. Sesión de cómputo distrital. El diez siguiente, el 05 Consejo Distrital Electoral del INE en el Estado de Morelos, con sede en Yautepec, inició la sesión de cómputo distrital de la elección de Diputados federales de mayoría.

1. Nuevo escrutinio y cómputo parcial. Durante dicha sesión se llevó a cabo nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en cuatrocientas treinta y nueve casillas.

2. Cómputo distrital. Concluido el cómputo distrital, el once de junio de dos mil quince se obtuvieron los siguientes resultados:

Con base en los anteriores resultados, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y validez a la fórmula propuesta por el Partido Nueva Alianza, integrada por Ángel García Yáñez como propietario, y Gilberto Toledano Sánchez como suplente.

III. Juicio.

1. Demanda. Inconforme con lo anterior, el quince de junio siguiente, el PRD promovió el juicio que ahora se resuelve, solicitando la nulidad de la votación recibida en diversas casillas.

2. Tercero interesado. El dieciocho de junio del año en curso, Juan Procopio Castillo compareció ante la responsable en su calidad de representante propietario del Partido Nueva Alianza, ante el Consejo Distrital y como tercero interesado en el presente juicio.

3. Remisión. El veinte de junio del presente año, la autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional, el expediente integrado con motivo de la presentación del juicio.

4. Turno. En esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente SDF-JIN-78/2015, y turnarlo al Magistrado Armando I. Maitret Hernández, para su sustanciación y presentación del proyecto respectivo.

5. Radicación. El veintidós siguiente, el Magistrado instructor radicó el expediente.

6. Sustanciación. El veintinueve de junio de este año, el Magistrado instructor admitió la demanda; mediante proveídos de seis, ocho, nueve, trece y quince de julio del año en curso,  requirió diversa documentación e información a la autoridad responsable, así como al actor y al tercero interesado, y ordenó una inspección judicial, por lo que al no haber pruebas o diligencias que desahogar, el dieciséis de julio siguiente cerró instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio de inconformidad, promovido para controvertir los resultados contenidos en el acta del cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa, realizada por el 05 Consejo Distrital del INE, en el Estado de Morelos, la declaración de validez respectiva y la entrega de la constancia de mayoría; tipo de elección en el que esta Sala Regional tiene competencia y entidad federativa en donde ejerce su jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 186, fracción I, y 195, fracción II.

Ley de Medios. Artículos 49; 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b).

SEGUNDO. Tercero interesado.  Se reconoce al Partido Nueva Alianza, el carácter de tercero interesado, en virtud de que el escrito mediante el cual comparece con tal calidad, fue presentado dentro del término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 17, párrafo 4, de la Ley de Medios y cumple con los requisitos que en el propio numeral se señalan,  además de tener un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

Además, la personería con la que se ostenta Juan Procopio Castillo, también se tiene reconocida, al así advertirse del acta de cómputo distrital, pues en el apartado de representantes de partidos políticos se encuentra su nombre y firma en el espacio correspondiente al Partido Nueva Alianza.

TERCERO. Requisitos de procedencia. Esta Sala Regional considera que el medio de impugnación reúne los requisitos generales y especiales de procedencia, establecidos en los artículos 7; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1, 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable; en ella se precisa el nombre del actor; se identifica el acto impugnado; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; se expresan conceptos de agravio, y se hace constar la firma del promovente.

b) Oportunidad. El juicio fue promovido dentro del plazo de cuatro días previsto legalmente, toda vez que según se advierte de la sesión de cómputo distrital de la elección impugnada[1] que concluyó el once de junio de dos mil quince, el plazo para impugnar transcurrió del doce al quince siguiente, por lo que si el escrito de impugnación se presentó el quince de junio, es evidente su presentación oportuna.

c) Legitimación y personería. La parte actora cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en tanto que tiene el carácter de partido político nacional.

Por cuanto a la personería de Juan José Ruiz Silva, quien comparece como representante suplente del actor ante el Consejo Distrital responsable, se tiene por acreditada, en tanto que la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, reconoce el carácter con que se ostenta.

d) Requisitos especiales.

El escrito de demanda, satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, como se expone a continuación:

Precisión de la elección que se controvierte. El actor, en su escrito de demanda, impugna los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 05 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Yautepec, en el Estado de Morelos.

Individualización de acta distrital. En el caso que se analiza, se cumple el requisito porque el partido inconforme señala que controvierte el resultado contenido en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 05 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Yautepec, Morelos y, por lo tanto, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.

Individualización de las casillas. Se satisface este requisito de procedibilidad, porque el inconforme señala de forma individual las casillas cuya votación controvierte, aduciendo la causal de nulidad que considera se actualiza, según lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, incisos a), e), f), g) y k), de la Ley de Medios.

Error aritmético. Por cuanto hace al citado requisito, tal circunstancia no es aplicable en el particular, porque no se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital por error aritmético, sino por nulidad de la votación recibida en determinadas mesas directivas de casilla, al considerar que se acreditan las causas de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos a), e), f), g) y k).

En vista de lo anterior, al satisfacerse los requisitos señalados en los preceptos legales adjetivos invocados al inicio de este considerando, resulta procedente el estudio de fondo de la cuestión planteada.

CUARTO. Desechamiento de pruebas. Al desahogar diverso requerimiento formulado por el Magistrado Instructor, el tercero interesado, además de presentar la documentación requerida, ofreció como prueba, para acreditar la debida instalación de las casillas que funcionaron en la jornada electoral de siete de junio pasado, el documento “Avance en la instalación de mesas directivas de casilla, por casilla electoral (Primer Reporte).”

Al respecto, acorde con lo previsto por el artículo 16, párrafo 4, en relación con el 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, se considera que las partes deberán ofrecer o aportar los medios de prueba dentro de los plazos para la oportuna presentación del medios de impugnación o de su escrito de comparecencia, en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales.

De ahí que esta Sala Regional considera que constituye una carga procesal de los terceros interesados, el ofrecer y aportar las pruebas que consideren idóneas, dentro de los plazos correspondientes para su comparecencia, salvo que se trate de supervenientes; no obstante, en ambos casos, se debe ofrecer (enunciar) y aportar (exhibir) la prueba, o bien, enunciarla y solicitar que se requiera, siempre que justifique que fue oportunamente solicitada y no entregada, lo que no sucedió en el presente caso.

En el caso, al ofrecer el citado medio probatorio, el tercero interesado, no aduce que dicho documento constituya una prueba superveniente, o que haya surgido después del plazo para aportarlas (con el escrito de comparecencia), o bien que no pudo ofrecerla o aportarla por desconocerlos o por existir obstáculos para ello.

Por lo que en consideración de esta Sala Regional, no ha lugar a admitir la prueba que ofrece el tercero interesado, porque no son aportadas en los términos que señala la Ley de Medios, con independencia de que dicho documento resulte relevante para el estudio de la pretensión del actor, pues la controversia se resuelve con las constancias que aportó la autoridad responsable; el actor y, en su caso, el propio tercero interesado.

QUINTO. Estudio de fondo. En este considerando se analizan las causales de nulidad invocadas por el actor en orden distinto al expuesto en su escrito de demanda, lo cual no le irroga perjuicio alguno, tal y como lo dispone la Jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro reza: AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.[2]

I. Instalación de la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital.

A decir del actor, la causa de nulidad anunciada se actualiza en la casilla 710 C2, al haberse instalado en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital responsable, con lo que en su concepto se vulneran los principios rectores en materia electoral de certeza y legalidad, pues, el cambio de ubicación de la casilla causó confusión en el electorado produciendo a su vez una disminución de la participación ciudadana, por lo que estima debe declararse la nulidad de la votación recibida en esa casilla.

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, que establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que la casilla se instaló, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

Como se lee, existen tres elementos que deben acreditarse para actualizar la hipótesis de nulidad en análisis, son los siguientes:

1.       Demostrar que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado.

2.       Que no existió una causa que justificara ese cambio; y

3.       Que tal situación fue determinante para el resultado de la votación.

Cabe precisar que aun cuando el artículo 75, inciso a), de la Ley de Medios, no contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba dispensarse, porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente que el vicio debe ser determinante para el resultado de la votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito, esto en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 13/2000, emitida por la Sala Superior de este Tribunal y que lleva por rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).”[3]

Así, cuando la ley omite mencionar el requisito de la determinancia, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de tal requisito en el resultado de la votación.

Ahora bien, mediante la hipótesis de nulidad a estudio, el legislador garantiza el respeto al principio de certeza que rige la materia electoral, a fin de que los electores puedan identificar claramente la casilla donde deben ejercer su derecho de sufragio, y los partidos políticos puedan contar con representantes para observar el desarrollo de la jornada electoral.

Para ello, con la debida anticipación, la autoridad administrativa electoral, debe publicar el lugar donde se instalarán las casillas.

Así, el principio de certeza se vulnera cuando la casilla se instala, sin causa alguna que lo justifique, en lugar diferente al autorizado por el Consejo Distrital respectivo, órgano facultado para determinar la ubicación de las casillas, según lo establece el artículo 256, párrafo 1, inciso d), de la Ley Electoral, siguiendo el procedimiento que se regula en los artículos 253 al 258 del mencionado ordenamiento.

Conforme a los dispositivos citados, una vez que los Consejos Distritales verifican que los lugares seleccionados reúnen los requisitos que la ley dispone, aprueban la ubicación de casillas y ordenan la publicación, así como su fijación en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.

Además, una copia de esta información se entrega a cada uno de los representantes de los partidos políticos.

De esta manera, se hace del conocimiento de la ciudadanía en general, el lugar en que se ubicarán las casillas el día de la jornada electoral, para que puedan acudir a la que les corresponda para emitir su sufragio.

Ahora bien, en el artículo 276 de la Ley Electoral se prevén las causas que justifican que una casilla se instale en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital; esto es, siempre y cuando:

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley;

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y

e) El consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

En todo caso, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de la casilla en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: 1. La Publicación de la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte); 2. Copia certificada del acta de jornada electoral; y 3. En su caso, copia certificada del acta de escrutinio y cómputo.

Los medios de convicción enunciados son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

Del contenido del cuadro anterior, se advierte que hay diferencia entre el domicilio autorizado por el Consejo Distrital respectivo y el lugar en que se instaló la casilla en cuestión.

Lo anterior, ya que en el apartado 1 del acta en análisis “LA CASILLA SE INSTALÓ EN”, se lee que el nombre de la “calle” Avenida Aquiles Serdán, que coincide con el del encarte, el número del inmueble y la Colonia son diferentes.

Además, esta Sala Regional estima que si bien no existe constancia en la que se encuentre una causa justificada respecto del cambio del lugar de instalación de casilla y que se haya dejado aviso de la nueva ubicación, no se acredita que el cambio de ubicación de casilla provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar, por lo que no se puede concluir que el electorado no pudo emitir su sufragio por esta causa.

En efecto, en las hojas de incidentes no existe alguna circunstancia de la que pueda inferirse que la instalación de casilla en lugar diferente al previsto por la autoridad electoral provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar y, que por ello, los electores estuvieron impedidos para sufragar, y tampoco el actor ofrece mayores elementos de prueba para demostrarlo.

Además, conforme al “encarte”, en la sección 710, los cuatro tipo de casillas, básica, contigua 1, contigua 2 y contigua 3, se instalarían en “EL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA AQUILES SERDÁN NÚMERO 79, COLONIA CENTRO, TLALTIZAPAN, CÓDIGO POSTAL 62770.”

Lo cual aconteció respecto de las casillas 710 B, 710 C1, y 710 C3, respecto de las cuales casilla 710 C2, está dentro del promedio de votación recibida en ellas, como se muestra a continuación.

Como se ve, en la sección 710 el porcentaje mayor de votación se recibió en la casilla 710 C3 y el menor en la casilla 710 B, por lo que la votación recibida en la casilla 710 C2, está dentro del promedio de votación recibida en esa sección, razón por la que esta Sala Regional considera que el sólo hecho de que dicha casilla fuera instalada en un lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital responsable, no provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar.

Además, si bien existe diferencia en el domicilio en el que se instaló la casilla en cuestión, de las constancias que obran en el expediente, incluidas las que fueron requeridas por el Magistrado Instructor, se advierte que el domicilio en que se instaló la casilla corresponde a la misma localidad o Municipio.

En efecto, de la copia certificada del “Plano por Sección Individual;”[6] documental a la que se le valor probatorio pleno, al tratarse de un documento expedido por la autoridad electoral federal, dentro del ámbito de su competencia, en términos de lo establecido en los artículos 14, párrafo1, inciso a), y párrafo 4, inciso c), de la Ley de Medios y de la que se advierte que la sección 710  comprende la avenida Aquiles Serdán en la que se ubicaron los cuatro tipos de casillas antes mencionadas.

Así también lo indica la autoridad responsable, al remitir el documento requerido, al precisar que, el domicilio “…efectivamente se encuentra dentro de la demarcación territorial de la sección 710, del municipio de Tlaltizapán, como se acredita con la copia certificada del Plano por Sección Individual de la misma… la cual comprende la avenida Aquiles Serdán lugar donde se instaló la casilla contigua 2 de la sección 710, junto con las otras tres casillas aprobadas e instaladas en dicha sección, en la pasada Jornada Electoral del 7 de junio del año en curso.”

Aunado a que el actor no aportó mayores elementos de prueba de los que pueda advertirse, siquiera de forma indiciaria, el número determinado de ciudadanos que, por el cambio de ubicación de la casilla, no pudieron ejercer su derecho a votar, o que en esta casilla hubiera sido mayor la votación recibida de no haber instalado la casilla en un lugar diverso al previamente establecido por lo que se considera que en el caso, debe prevalecer la votación recibida en la casilla en cuestión.

Por las anteriores razones, se considera que se debe preservar la validez de los votos emitidos por los ciudadanos en la casilla 710 C2, en observancia del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 09/98, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.”[7]

En razón de lo anterior, el agravio hacho valer por el actor es infundado.

II. Recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por Ley.

Ahora bien, el partido actor invoca la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), del de la Ley de Medios, en las casillas siguientes:

Al respecto, en su escrito de demanda, el actor señala que estas casillas se instalaron con ciudadanos que no se encuentran acreditados por el INE para fungir como tal, esto es no corresponden a las personas que aparecen en la “lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla para las elecciones federales” del siete de junio pasado, y tampoco se verificó que las personas que sustituyeran a los funcionarios ausentes pertenecieran a la sección respectiva. Por lo anterior, considera que, en la especie se configura la causal de nulidad citada.

En primer término, se considera conveniente precisar el marco normativo de la causal de nulidad de mérito.

Cada distrito electoral se divide en secciones. La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el Catálogo General de Electores, el Padrón electoral y Lista Nominal de electores.

Al respecto, el artículo 81 de la Ley Electoral establece que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.

Los artículos 82, 83 y 253 de la citada Ley, establecen cómo se conforman las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben reunir las personas  que las integran.

De conformidad con lo establecido en el artículo 82, párrafo 2, de la Ley Electoral, en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

En estos casos, la mesa directiva se integrará, con un total de seis funcionarios, un Presidente, dos Secretarios y tres Escrutadores, quienes en el ámbito local, durante la jornada electoral, deberán respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. Adicionalmente se nombran tres suplentes generales.

Así, las mesas directivas de casilla, tienen a su cargo, durante la jornada electoral, entre otras, las atribuciones de instalar y clausurar la casilla, recibir la votación; efectuar el escrutinio y cómputo; respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio.

Para cumplir con dichas condiciones, se establecen tres tipos de casilla: básica, contigua y especial.

Así, las secciones en que se dividen los distritos por cada 750 electores o fracción se instalarán una casilla básica para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma.

De corresponder dos o más casillas según el número de ciudadanos residentes en la misma, se colocarán de forma contigua y se dividirá la Lista Nominal en orden alfabético.

Ahora bien, para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera del Distrito Electoral correspondiente a su domicilio, se instalaran casillas especiales en las secciones que acuerde el Consejo General del Instituto Electoral local en cada  entidad federativa, pudiendo instalar hasta tres casillas especiales, en atención a la densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas.

En lo atinente, el artículo 273 de la Ley Electoral, establece lo siguiente:

- El día de la jornada electoral se levantará el acta respectiva,  la cual contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo.

- Los funcionarios Presidente, Secretario y Escrutadores designados como propietarios, se deberán presentar a las 07:30 horas para iniciar los preparativos para la instalación de la casilla, en presencia de los representantes de los de partidos políticos y de candidatos independientes que concurran.

De conformidad con el artículo 274 de la citada Ley, de no instalarse la casilla a las 08:15 horas, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término,  en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario, éste asumirá las funciones de Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el Presidente ni el Secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de Presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de Presidente, los otros las de Secretario y Primer Escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla, nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para su instalación y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de que se lleve a cabo;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Nacional Electoral designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

En el supuesto previsto en el inciso f), se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

Finalmente, en el párrafo 3 del artículo en mención, se establece que los nombramientos deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes de los candidatos independientes.

De lo anterior se concluye que los electores que sean designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden ser aquellos que estén en la lista nominal correspondiente a la casilla de que se trate, o bien, estar inscritos en la lista nominal de alguna de las instaladas en la misma sección, básica o contigua, porque en cualquier caso, se trata de ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal de la misma sección.

De la lectura de los preceptos señalados, se considera que el supuesto de nulidad que se analiza protege los principios rectores de la función electoral de certeza y legalidad, mismos que en la especie se vulneran, cuando la recepción de la votación se lleva a cabo por personas que carezcan de facultades legales para tal efecto o, inclusive, se desconoce quiénes realizaron tales funciones.

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad que se comenta, se actualizará cuando se compruebe que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas conforme a la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las personas que fungieron como funcionarios de casilla y que no fueron nombradas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo y, por tanto, no fueron las insaculadas, capacitadas y designadas por su idoneidad para fungir el día de la jornada electoral en las casillas; así como aquéllas que, en su caso, sustituyan a dichos funcionarios autorizados cuando éstos no acudan a desempeñar el cargo y que con ello se afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio o se violen directamente las características con que debe emitirse el mismo, como los supuestos previstos en el artículo 274, párrafo 3, de la Ley Electoral.

En el particular estudio de la causal invocada, se debe analizar la coincidencia plena que debe existir entre los ciudadanos que fueron designados previamente por el Consejo Distrital para actuar como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, cuyos nombres aparecen publicados en el documento denominado “encarte”, y los datos contenidos en las actas de jornada electoral y/o de escrutinio y cómputo.

Así, el agravio planteado por el actor, en las 38 (treinta y ocho) casillas impugnadas, en las cuales si bien de manera particular y puntual refiere el nombre y cargo de la persona o personas que en su opinión no pertenecen a la sección, lo cierto es que la formulación de ese agravio implica un estudio integral respecto de la debida integración de casilla, cuantitativa y cualitativamente hablando, por lo que se estudiara identificando los nombres de los ciudadanos que participaron el día de la jornada electoral, según consta en el acta de jornada o de escrutinio y cómputo respectivas, y si éstos corresponden a los ciudadanos autorizados conforme al “encarte”, o bien, que las sustituciones se realizaron conforme al procedimiento establecido en la Ley Electoral, es decir, realizando el corrimiento respectivo con los funcionarios presentes en orden de prelación, y que las vacantes de los funcionarios ausentes fueron ocupadas por los suplentes generales o por quienes se encuentran inscritos en la lista nominal de las secciones respectivas, hasta integrar totalmente la mesa directiva de casilla.

De ahí, será posible deducir claramente hechos o circunstancias que pudieran constituir las irregularidades planteadas por el actor, mismas que se atenderán considerando la causa de pedir.

Lo cual no transgrede el principio de congruencia, habida cuenta que a ello se llegara, precisamente del análisis sobre la causa de nulidad planteada por el actor en determinadas casillas, garantizando así su estudio exhaustivo.

Así, para que se actualice la causal en estudio, se requiere acreditar alguno de los siguientes elementos:

a) Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas con antelación; esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo, que no se encuentren inscritas en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a la casilla, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios.

b) Que la votación se recibió por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la mesa directiva de casilla.

c) Que la mesa directiva de casilla no se integró con la mayoría de los funcionarios (Presidente, Secretario y Escrutadores).

Al efecto, en cada apartado se inserta un cuadro en el que se identifican el número y tipo de casilla, el nombre de los funcionarios facultados para integrar las mesas directivas de casilla de conformidad con el encarte; los de aquellos que actuaron el día de la jornada electoral y/o en el acta de escrutinio y cómputo; identificando a los ciudadanos que fungieron en el cargo previsto en el encarte, así como los que sustituyeron a los ausentes, ya sea por corrimiento en orden de prelación o porque un suplente ocupe la vacante, y una columna de consideraciones, en la cual se argumenta y justifica, según el caso, si los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla  pertenecen o no a la sección respectiva.

Los datos de cada cuadro se obtuvieron de los documentos siguientes: 1. Publicación de la lista de funcionarios de casilla, realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte), impresa el siete de junio pasado;[8] 2. Copia certificada del acta de jornada electoral y/o de escrutinio y cómputo; 3. Las listas nominales de las secciones, correspondientes al Distrito 05 con cabecera en Yautepec, Morelos; y de ser necesario realizar alguna aclaración; y 4. Formato “L. 3 Funcionarios participantes el día de la jornada Electoral,” generada por el “Sistema de Evaluación de Supervisores y Capacitadores Electorales, Segunda Etapa.”[9]

Los medios de convicción enunciados son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

Dicho lo anterior, esta autoridad se avoca al análisis de las 38 (treinta y ocho) casillas impugnadas por el actor, las que se estudiaran en grupos temáticos, lo que no genera perjuicio alguno al actor, al tenor de la jurisprudencia 4/2004 de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”[10]

1.       Casillas integradas por los funcionarios facultados conforme al “encarte” y ocuparon los cargos que les fueron asignados.

El agravio planteado por el actor respecto de esta casilla, resulta infundado, al quedar evidenciado que existe plena coincidencia entre los funcionarios publicados en el encarte y los que actuaron el día de la jornada electoral.

Esto es, los funcionarios actuaron en el cargo con el que fueron habilitados en el encarte.

2. Casillas integradas conforme al procedimiento establecido en el artículo 274 de la Ley Electoral.

En estas 15 (quince) casillas, las sustituciones de funcionarios ausentes se realizaron mediante el procedimiento previsto en el artículo 274 de la Ley Electoral, pues se hizo el corrimiento respectivo en orden de prelación hasta integrar totalmente la mesa directiva de casilla.

En dicho procedimiento, también participaron los suplentes quienes estando los funcionarios presentes tan solo ocuparon las vacantes de los funcionarios ausentes, como en el caso de la casilla 59 B, 805 C1 y 810 C1; esto es, de la información contenida en la tabla inserta, se advierte que en estos casos, todos los funcionarios que actuaron fueron aquellos que estaban en el encarte, aunque algunos actuaron en cargos diversos.

En las casillas 30 B, 30 C1, 58 B, 71 C1, 710 C3, 711 B, 808 B, 808 C1, 809 C1, 813 B, 816 B y 816 C2, una vez hecho el corrimiento respectivo, y a fin de tener totalmente integrada la mesa directiva de casilla, se tomaron a personas pertenecientes a las secciones respectivas, hasta integrar totalmente de la casilla.

Asimismo, en estos casos, se respetó la prelación establecida en el procedimiento para sustitución de funcionarios de casilla, puesto que todos ocuparon el lugar que les correspondía en el corrimiento.

a) Debe precisarse que, en la casilla 30 B, en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se escribió el nombre del 3er Escrutador como “Henrri Pacheco Vázquez”; no obstante en el Listado Nominal, aparece el nombre de “Genrri Pacheco Vázquez”; esto es, en lugar de una “G” se escribió con una “H” el nombre del  funcionario, al respecto, esta Sala Regional considera que se está simplemente ante un error de anotación de la primer letra del nombre del citado ciudadano, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

Cabe destacar que en ocasiones, la persona que escribe los nombres en el acta de jornada electoral por error involuntario cambia la escritura de los nombres acorde con su pronunciación, lo cual, se presume, se dio en este caso por parte del Secretario respectivo; lo anterior lleva a suponer que el nombre correcto de quien fungió como 3er Escrutador es Genrri Pacheco Vázquez, quien aparece inscrito en la lista nominal.

Máxime que en el formato “L.3 Funcionarios participantes el día de la Jornada Electoral,” respecto a la casilla en estudio, si bien, aparece el nombre del funcionario tomado de la fila, “Pacheco Vazquez Henrri” la clave de elector inscrita en esta lista es coincidente con la que está registrada en la lista nominal. Por lo que es inconcuso que se trata de la misma persona.

b) En cuanto a la casilla 59 B se advierte que en el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, así como en la constancia de clausura de casilla se registró el nombre de la 1er Escrutadora “Celene Pascual Ventura,” mientras que en el encarte aparece como “Celene Ventura Pascual,” esto es, se consignaron en desorden los apellidos de la ciudadana al momento de llenar el acta, situación que no es suficiente para anular la votación recibida en esa casilla.

Lo anterior, se estima así ya que en el formato “L.2 Funcionarios de casilla el día de la jornada Electoral,”[11] se advierte que “Ventura Pascual Celene” fue la ciudadana designada para el cargo de 1ª Escrutadora, cargo que desempeñó el día de la jornada electoral, y no está inscrita en la lista de funcionarios participante el día de la jornada electoral tomados de la fila.

3. Casillas integradas por ciudadanos facultados conforme al encarte de la sección respectiva pero en otra casilla o que se encontraban en la fila para sufragar.

De las casillas 18 (dieciocho) que se enlistan a continuación, se advierte que fueron integradas por personas facultadas para recibir la votación conforme a la ley, por lo tanto igualmente se considera infundado lo aducido por el actor.

Lo anterior, ya que si bien, en esas casillas el procedimiento a que se refiere el artículo 274 de la Ley Electoral, relativo al corrimiento en orden de prelación de los funcionarios presentes para ocupar los cargos de los ausentes y, cubrir a su vez las vacantes con los suplentes, o bien tomar de la fila a ciudadanos pertenecientes a la sección hasta agotar la integración total de la misma, no fue realizado en los términos exactamente ordenados por dicho numeral, ello no puede considerarse una causa grave, pues en todo caso, las casillas se integraron tanto por ciudadanos autorizados por la autoridad administrativa electoral federal en el encarte, ya sea por corrimiento o porque las vacantes fueron ocupadas por ciudadanos autorizados para participar en otra casilla pero de la misma sección, o por ciudadanos que están inscritos en la lista nominal correspondiente a cada sección, tal y como se expone a continuación.

a) En cuanto a la casilla 57 B, la ciudadana que participó como 2° Escrutador, se encuentra en el encarte como 1er Suplente de la casilla 57 C1,  por lo que se considera que sí pertenece a la sección en mención.

En cuanto a la casilla 59 C3, Teodora Acevedo Medina se encuentra en el encarte, como 2° Suplente en la casilla 59 B, por lo que sí pertenece a esta sección.

b) En el acta de jornada electoral de la casilla 59 C1 se consignó el nombre de la 1er Secretaria como María Lourdes Aldana García, mientras que en el encarte aparece como María de Lourdes Aldana García, al respecto, esta Sala Regional considera que se está simplemente ante un error de anotación en el nombre la ciudadana citada, sin que por ello pueda concluirse que se trató de una persona diferente.

c) No pasa desapercibido que las casillas 24 C2 y 57 C1, se integraron por cinco funcionarios de casilla, debido a la falta de un Escrutador. Lo cual no ocasiona la indebida integración de la casilla en cuanto al número de ciudadanos que en ella actuaron, toda vez que la falta de algunos funcionarios, por sí mismo, no impide el correcto funcionamiento de la misma.

Así, en relación con estas casillas que funcionaron únicamente con cinco integrantes, se estima que la ausencia de uno de los tres escrutadores, no puede conducir automáticamente a anular la votación recibida en ellas.

Esto porque la circunstancia de que la ley prevea la conformación de las mesas directivas de una casilla única con seis personas, es por considerar seguramente que éstas son las necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren en el desarrollo de la jornada electoral en una casilla, sin necesidad de aplicar esfuerzo especial o extraordinario.

Sin embargo, el legislador no estableció el número de funcionarios citados con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada uno de los directivos, sino que dejó un margen para adaptarse a las modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que de ser necesario pudieran realizar una actividad un poco mayor.

Sobre esta base, se estima que la falta de uno o dos de los escrutadores, tratándose de casilla única, no perjudica automáticamente la recepción de la votación de la casilla, sino que sólo origina que los demás se vean requeridos a hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, manteniendo las ventajas de la división del trabajo y elevando la mutua colaboración, sin perjuicio de la labor de control, tal como se establece en la tesis XXIII/2001, emitida por la Sala Superior de este Tribunal , de rubro “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”.[12]

Se arriba a la conclusión anterior, ya que, de la lectura de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se desprende que en dichas casillas no se dio cuenta de la existencia de incidente alguno durante la instalación y cierre de votación realizado en las mismas, lo que hace presumir que la recepción y cómputo de la votación se desarrolló con normalidad, de ahí que se estima que deba ser válida la votación recibida en la mismas, lo anterior con sustento en la Jurisprudencia 09/98, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.”[13]

d) En cuanto a las casillas 59 C1 y 707 C1, si bien sólo se integraron con dos de los funcionarios insaculados y capacitados por la autoridad administrativa electoral, lo cierto es que por la hora en que comenzó la instalación de estas casillas, se considera que ante la ausencia de funcionarios, la misma se integró con los ciudadanos presentes para emitir su voto pero que pertenecen a la sección.

4. Casillas que se integraron con ciudadanos que no se encuentran registrados en la Lista Nominal de la sección respectiva.

a) En la lista nominal de electores de la sección 48 C2 aparece Solares Ortiz Hortencia quien está autorizada en el encarte para fungir como 2° Suplente, y en el acta de jornada electoral quien fungió como 3er Escrutador es Rosenda Solares Ortiz, quien no está inscrita en la lista nominal de electores de la citada sección, por lo que no puede concluirse que se trate de la misma persona.

b) Como se advierte del cuadro anterior, respecto de la casilla 56 B, lo aducido por el actor también resulta fundado, habida cuenta que quien fungió como 2° Secretario, Juan Alberto Ramírez Aviles,[14] no está autorizado en el encarte y tampoco pertenece a esta sección, pues quien está facultado para fungir como 2° Escrutador es Juan Gilberto Ramírez Aviles quien está autorizado conforme al encarte y está inscrito en la lista nominal de electores respectiva.

c) En cuanto a las casillas 54 B y 709 C2, se advierte que las ciudadanas Rosa Santos Jiménez y Noemí Vidal Albarrán, quienes participaron como funcionarios de casilla en la jornada electoral del pasado siete de junio, no están inscritas en la lista nominal de las secciones respectivas.

Por tanto, en las casillas 48 C2, 54 B, 56 B y 709 C2 el agravio resulta fundado, al haberse acreditado que diversas personas que integraron las mesas directivas de casilla no habían sido designadas para tal efecto en el encarte para participar en éstas casillas o en alguna otra de la sección respectiva y, tampoco estaban inscritas en la Lista Nominal de la sección electoral atinente.

De ahí que, los conceptos de agravio en los que el actor aduzca que se actualiza diversa causa de nulidad respecto de estas casillas, ya no serán motivo de estudio, toda vez que ello resulta innecesario.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 13/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES).”[15]

5. Casillas integradas por ciudadanos que están impedidos para ser funcionarios de casilla, por ser servidores públicos o representantes de partidos políticos.

El actor refiere que le causa agravio que en las casillas 24 C2, 30 B, 30 C1, 57 C1, 65 B, 68 C1, 424 C1, 707 C1, 709 B, 709 C1, 710 C3, 711 B, 803 C1, 805 B, 805 C1, 808 B, 808 C1, 809 C1, 810 C1, 810 C2, 813 B, 815 C1, 816 B, 816 C2, 834 B y 847 B; se consideraron a personas de la fila para integrar las mesas directivas de casilla sin verificar que los ciudadanos no tuvieran un nivel de autoridad administrativa en el servicio público o bien, que fueren funcionarios partidistas lo cual violenta los principios de certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad.

Dicho agravio deviene inoperante.

Lo anterior, por genérico e impreciso, pues el actor no precisa qué funcionarios ni de qué mesas directivas de casilla son los que presume tienen o tenían a la fecha de la jornada electoral, un nivel de autoridad administrativa en el servicio público o bien, que fueren funcionarios partidistas.

No obsta a lo anterior, el hecho de que el actor solicite a esta instancia jurisdiccional que en vía de diligencias para mejor proveer obtenga los elementos necesarios para acreditar qué funcionarios de casilla ejercen un cargo de autoridad en el servicio público o que sean funcionarios partidistas, pues esta instancia jurisdiccional tiene atribución resolutoria y revisora más no de investigación para recabar aquellos elementos de prueba que por disposición del artículo 15 de la Ley de Medios, corresponde al actor la carga probatoria, esto es el que afirma está obligado a probar.

     Casillas integradas por representantes partidarios

Por otro lado, el actor refiere que en las casillas 44 C2, 425 B y 810 B, fungieron como funcionarios de casilla personas vinculadas con partidos políticos en la integración de mesas directivas de casilla, como lo son los ciudadanos Rocío Ortega Martínez, Elizabeth Aguilar Sánchez y Benita Gómez Bueno, respectivamente, con lo cual el actor refiere que estas personas  no fueron designadas por la autoridad electoral en un primer momento, ni derivada de las sustituciones realizadas y tampoco están en la lista nominal, y tiene la calidad de representantes partidarios, lo que en su opinión constituyen violaciones graves derivado de la posible manipulación e inducción del voto.

Del encarte, así como de las actas de jornada electoral y/o de escrutinio y cómputo, correspondientes a cada casilla, se advierte lo siguiente:

a) Con base en lo anterior, esta Sala Regional llega a la convicción de que en la casilla 44 C2, Rocío Ortega Martínez, no actuó como funcionaria de casilla, por lo tanto no le asiste la razón al actor.

b) De igual forma, resulta infundado su agravio, pues en la casilla 425 B, Elizabeth Aguilar Sánchez, no actuó como funcionaria de casilla.

c) En cuanto a la casilla 810 B, se advierte que la persona que fungió como 3er Suplente fue Benita Gómez Bueno quien conforme al “encarte” estaba autorizada como 3er Suplente de la sección 810 casilla C1, por lo que se advierte que sí pertenece a esa sección.

No obstante, de conformidad con la relación de los representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla, correspondiente a la sección 810 B,[16] se advierte que la ciudadana Gómez Bueno Benita está registrada como representante suplente “2” del Partido Revolucionario Institucional, ante mesa directiva de casilla, aunque no fungió como tal.

Por lo anterior, en concepto de esta Sala, dicha ciudadana no estaba facultada para fungir como funcionario de casilla, en términos de lo establecido en el artículo 274, párrafo 3, de la Ley Electoral, que dispone:

“…Artículo 274.

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a)                      …

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes de los Candidatos Independientes.”

Por lo tanto, al haberse integrado la casilla con una ciudadana que se encuentra en la lista de registro de representantes partidarios ante mesas directivas de casilla, la recepción de la votación en esa casilla debe anularse, en virtud de que con ello de vulneran los principios de legalidad y certeza, en la recepción de la votación.

          Casillas integradas por servidores públicos.

El actor refiere que le causa agravio el que la mesa directiva de las casillas 49 C1 y 719 B, se haya integrado por servidores públicos, en incumplimiento total a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso g), de la Ley Electoral, pues a su decir, ello facilitaría la promoción hacia determinados candidatos, al disponer de recursos económicos y personal a su cargo, e influencia hacia las personas a su cargo para que beneficien con su voto a determinado candidato o partido político.

Dicho numeral dispone:

“…Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a) …

b) 

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y”

Para el análisis de la presente irregularidad, se analizara el acta de jornada electoral y en su caso el acta de escrutinio y cómputo.

a) Respecto a la casilla 49 C1, a decir del actor Calixto Ernesto Maldonado, cuenta con cargo de Subdirección de Operación, Mantenimiento, Proyectos y Planeación en el Municipio de Ayala, Morelos y, por ello, en términos del artículo 83, párrafo 1, inciso g), de la Ley Electoral está impedido para ser funcionario de casilla.

Al efecto ofrece como prueba la documental consistente en copia fotostática simple de la “ficha personal” a nombre del citado ciudadano, que contiene datos del cargo: “Subdirector de Operación, Mantenimiento, Proyecto y Planeación,” fecha de nombramiento “marzo 2013”, y refiere una dirección electrónica http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Municipal_Auxiliar/SOAPSA/oti9/publica/Cat%C3%A1logo%20de%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Calixto.pdf.

Como resultado de la diligencia ordenada por el Magistrado Instructor, consistente en una inspección judicial al “vínculo de internet” de referencia, se obtiene un documento formato .pdf que dice:

“Catálogo de Información Pública

Nombre de la Entidad Pública: Sistema Operador de Agua y Saneamiento del Municipio de Ayala.

Actualización correspondiente al mes de: JUNIO del 2014.

Nombre de la Unidad administrativa: Subdirección de operación, Mantenimiento, Proyectos y Planeación.

Servidor Público del resguardo de la información: Ing. Calixto Ernesto Maldonado Nájera.

Fuente y Archivo donde radica la Información: Oficinas del Sistema Operador de Agua y Saneamiento del

Municipio de Ayala, anaquel oficina de la subdirección y archivo.

Información Pública: Se tienen expedientes de las obras ejercidas con el programa PRODDER 2013 y 2014, Oficios

varios de las diferentes dependencias con las que se tiene relación de trabajo del 15 de marzo del 2014 a la fecha,

Planos y Proyectos referentes a la infraestructura hidrosanitaria de las diferentes localidades administradas por el

SOAPSA.”

Probanza a la que se le da valor indiciario, en términos de los artículos 14, párrafo 1, incisos b) y c), párrafos 4, inciso c), y 5; 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios, al tratarse de una documental privada que ni adminiculada con la inspección realizada por esta autoridad jurisdiccional y la certificación del documento obtenido de la misma, generan convicción de que dicho ciudadano era servidor público de confianza al día de la jornada electoral.

Por lo cual, dichas probanzas aún adminiculadas entre sí resultan insuficientes para generar plena convicción de que el ciudadano Calixto Ernesto Maldonado, a la fecha en que participó como funcionario de casilla, ejercía un cargo en el servicio público, de mando superior.

b) Para acreditar su dicho respecto a la ciudadana Julia Bahena Chagala, el actor ofrece como prueba copia simple del “CONVENIO DE REVISIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN MORELOS, SIGNADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO MUNICIPAL CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN DE FECHA 02 DE FEBRERO.”[17]

A dicha documental se le da valor indiciario, al tratarse de una copia fotostática simple, en términos de los artículos 14, párrafo 1, inciso b), párrafo 5; 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios, y resulta insuficiente para acreditar los hechos expuesto por el actor, al no existir en el expediente algún otro elemento probatorio, que valorado en conjunto con esta documental, pudiera advertirse que dicha ciudadana, a la fecha que interesa, era servidora pública de confianza.

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el actor solicite a esta instancia jurisdiccional que en vía de diligencias para mejor proveer obtenga los elementos necesarios para acreditar qué funcionarios de éstas casillas ejercen un cargo de autoridad en el servicio público o que sean funcionarios partidistas, pues esta instancia jurisdiccional tiene atribución resolutoria y revisora más no de investigación para recabar aquellos elementos de prueba que por disposición del artículo 15 de la Ley de Medios, corresponde al actor aportar u ofrecer, pues tiene la carga probatoria, esto es el que afirma está obligado a probar, además que con los elementos de prueba ofrecidos y aportados en el expediente, se consideran suficientes para resolver conforme a derecho.

En efecto, de dicha constancia únicamente se advierte que en esa fecha, veintisiete de febrero de dos mil trece, la ciudadana Julia Bahena Chagala, tenía el carácter de Secretaria General del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, prueba que resulta insuficiente para acreditar que a la fecha de la jornada electoral era servidora pública de confianza con mando superior, es decir de dirección o de supervisión que por las funciones que desempeña, pudiera influir en el electorado para cambiar el sentido de su voto.

Como se advierte, las probanzas ofrecidas y aportadas por el actor, resultan insuficientes para acreditar que la actuación de los citados ciudadanos como funcionarios de casilla, incidió en el sentido del voto de los ciudadanos, o que dichos funcionarios estuvieran realizando actos de proselitismo en favor de un candidato o partido político.

Máxime que en el caso de la casilla 719 B, las respectivas actas de jornada electoral o de escrutinio y cómputo no se advierten actos irregulares o incidentes, relacionados con la recepción de la votación ni con motivo de la integración de la mesa directiva de casilla con los ciudadanos.[18]

Aunado a que en el caso de la casilla 49 C1, de conformidad con el acta de escrutinio y cómputo, las irregularidades suscitadas durante el escrutinio y cómputo a cargo de los funcionarios en casilla, aun cuando no son materia de impugnación, en manera alguna, son determinantes para el resultado de la votación, como se muestra a continuación.

De ahí lo infundado de los agravios expuesto por el actor y que fueron objeto de estudio en esta parte.

Por lo antes expuesto, se declara fundada la causa de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, hecha valer por el actor en las casillas 48 C2, 54 B, 56 B y 709 C2, y en relación con el artículo 274 de la Ley Electoral, se declara fundado el agravio aducido respecto de la casilla 810 B, al haberse integrado la mesa directiva de casilla con ciudadanos que no pertenecen a la sección respectiva o que son representantes de partidos políticos ante mesa directiva de casilla.

De ahí que, los conceptos de agravio en los que el actor aduzca que se actualiza diversa causa de nulidad respecto de estas casillas, ya no serán motivo de estudio, toda vez que ello resulta innecesario.

III. Permitir sufragar a ciudadanos que no tenían derecho.

Al respecto, el actor aduce que se actualizan las causales de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos g) y k), de la Ley de Medios dado que constituye una irregularidad grave para el resultado de la elección el hecho de que se haya permitido sufragar a ciudadanos que no tenían derecho a ello.

Para acreditar esta causal se deben demostrar los extremos siguientes:

        Que  en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, por no contar con su credencial de elector, no está inscrito en la lista nominal de electores o no se encuentre dentro de las excepciones que marca la ley.

Tales excepciones son las siguientes:

a) Los representantes de los partidos políticos y coaliciones ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados, quienes deberán mostrar su credencial para votar, a efecto de que su nombre y clave de elector queden inscritos en la parte final de la lista nominal de electores correspondiente.

b) Quienes cuenten con resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral no haya estado en condiciones de incluir al ciudadano en el listado nominal correspondiente o de expedirle su credencial para votar; en cuyo caso, debe permitirse al elector emitir su voto, reteniendo la copia certificada de dicho documento que lo habilita para ejercer sus derechos político-electorales. Este es el único supuesto legal que permite sufragar a un ciudadano sin mostrar su credencial para votar.

        Que la irregularidad de dejar votar a quien no tiene derecho sea determinante para el resultado de la votación.

Para deducir si estos hechos son trascendentes para el resultado de la votación, se acudirá a los datos relativos a los votos obtenidos por los partidos que se encuentran en el primer y segundo lugar y comparar la diferencia de esas votaciones con el número de electores que supuestamente sufragaron indebidamente, de tal manera que si se restan los votos irregulares a los obtenidos por el partido en primer lugar y se altera el resultado de la votación en esa casilla, favoreciendo al partido que está en segundo lugar, deberá decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada; para ello, se tomarán en consideración, como medios de convicción: 1. Copia certificada del acta de jornada electoral; 2. Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo; y 3. Listas Nominales de las Secciones, correspondientes al Distrito Electoral Federal 05 con cabecera en Yautepec, Morelos.

Los medios de convicción enunciados son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios, de tal manera que si con alguno de los elementos probatorios anteriores se acredita dicha irregularidad, ello quedará asentado en la columna denominada “Votos emitidos irregularmente, según el acta de incidentes” del cuadro que para el estudio de las casillas correspondientes se elaborará.