JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SDF-JIN-92/2015 Y SDF-JIN-93/2015 ACUMULADOS

ACTORES: MORENA Y PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 24 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL

TERCEROS INTERESADOS: HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y JOEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIA: MÉLIDA DÍAZ VIZCARRA

México, Distrito Federal, veinticuatro de julio dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública de esta fecha resolvió declarar la nulidad de la votación recibida en cuatro casillas; modificar el cómputo distrital; así como confirmar la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría al candidato ganador de la elección de diputados por mayoría relativa del 24 Distrito Electoral Federal en el Distrito Federal, con base en lo siguiente: 

GLOSARIO

ANTECEDENTES

De lo manifestado por los actores en sus escritos iniciales de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I. Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral para la elección de Diputados Federal por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

II. Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral, para elegir los cargos antes señalados.

III. Cómputo distrital. El diez de junio del presente año, el Consejo Distrital llevó a cabo el cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa.

En esa misma fecha, durante el desarrollo de la sesión de cómputo distrital, se llevó a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de diversas casillas, instaladas en el Distrito Electoral, quedando los resultados a favor de cada candidato postulado, como a continuación se señala:

IV. Entrega de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección. En virtud de los resultados obtenidos, ordenó la entrega de la constancia de mayoría relativa a la fórmula postulada por el PAN y se declaró la validez de la elección.

V. Juicios de inconformidad.

a. Demandas. Inconformes con lo anterior, el quince de junio del año en curso, Morena y el PT, por conducto de sus representantes ante el Consejo Distrital interpusieron demanda de juicio de inconformidad ante la responsable.

b. Remisión. Mediante oficios INE-ITG/CD24-DF/00637/2015 y INE-ITG/CD24-DF/00639/2015 suscritos por el Vocal Secretario del Consejo Distrital recibidos el veintidós de junio el año en curso, fueron remitidos los escritos de demanda, los informes circunstanciados, los actos impugnados y demás constancias pertinentes.

c. Turno. Mediante proveídos de veintidós de junio del presente año, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, ordenó integrar los expedientes SDF-JIN-92/2015 y SDF-JIN-93/2015, y turnarlo a su ponencia.

d. Radicación. Mediante acuerdos de veintitrés de junio del año en curso, la Magistrada Instructora radicó los expedientes antes señalados en su ponencia.

e. Requerimientos. El veinticinco y veintiocho de junio del presente año, la Magistrada Instructora requirió al Consejo Distrital en ambos juicios, diversa documentación necesaria para la resolución de los presentes asuntos.

Dichos requerimientos fueron debidamente desahogados por la responsable.

f. Admisión. Mediante acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, por considerar que el expediente que ahora se resuelve se encuentra debidamente integrado, se admitió la demanda de juicio de inconformidad promovido por el PT, es decir el expediente SD-JIN-93/2015.

g. Apertura y resolución de incidente. El veintinueve de junio de dos mil quince, la Magistrada Instructora acordó la apertura del incidente de nuevo escrutinio y cómputo solicitado por el PT en el juicio de inconformidad SDF-JIN-93/2015, a efecto de resolver lo conducente respecto a su solicitud.

El treinta de junio siguiente, la Sala Regional resolvió el incidente de solicitud de nuevo escrutinio y cómputo solicitado por el PT, en el sentido de decláralo improcedente.

h. Admisión. El tres de julio del año en curso, la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda del juicio de inconformidad SDF-JIN-92/2015.

i. Requerimiento. El trece de julio del presente año, la Magistrada requirió a la responsable diversa documentación necesaria para resolver.

Dicho requerimiento fue desahogado en tiempo y forma por el Consejo Distrital.

j. Cierre de instrucción. Por considerar que no existían diligencias ni pruebas pendientes por desahogar, en su oportunidad, se declaró cerrada la instrucción en ambos juicios, por lo que quedaron los autos en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, toda vez que se trata de juicios de inconformidad, promovidos por partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante la responsable, para controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora en la elección de diputados por mayoría relativa, efectuados por el 24 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal.

Por tanto, se trata de un tipo de proceso electivo sobre el que este órgano jurisdiccional tiene competencia y entidad federativa sobre la cual tiene jurisdicción este órgano.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Federal. Artículos 41 párrafo segundo Base VI y 99 párrafo cuarto fracción V.

Ley Orgánica. Artículos 186 fracción I y 195 fracción II.

Ley de Medios. Artículos 49 párrafo 1, 50 párrafo 1 inciso b) fracciones I, II y III y 53 párrafo 1 inciso b).

SEGUNDO. Acumulación. En concepto de esta Sala Regional procede acumular los juicios precisados en el preámbulo de esta resolución, toda vez que de la lectura de los escritos de demanda y demás constancias que dieron origen a los expedientes de los juicios de inconformidad se desprende que existe identidad en la autoridad responsable (24 Consejo Distrital) y actos impugnados (cómputo distrital, declaración y de validez y entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral).

En razón de lo anterior, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa, los medios de impugnación precisados en el preámbulo de esta sentencia; con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 199 fracción XI de la Ley Orgánica y 86 del Reglamento Interno, ambos del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es acumular el expediente SDF-JIN-93/2015 al diverso SDF-JIN-92/2015, partiendo de la base de que éste último es el más antiguo de los juicios de inconformidad que se analizan.

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución, a los autos de los expedientes del juicio acumulado.

TERCERO. Pretensión de conexidad de los asuntos promovidos por el PT.

Ahora bien, en su escrito de demanda, el PT aduce que esta Sala Regional debe tomar en cuenta la conexidad del SDF-JIN-93/2015 con las impugnaciones presentadas por dicho instituto político en los trescientos distritos que conforman el país. Lo anterior, porque su pretensión es preservar su registro como partido político nacional.

Al respecto se precisa que su pretensión es improcedente, porque si bien no se advierte que solicite una acumulación con los juicios que refiere, el efecto natural a la conexidad es precisamente la acumulación de los juicios que se promuevan cuando existan los elementos para tal supuesto. Además de que, no es posible analizar en este juicio en particular cuestiones relativas a otros juicios, con independencia de que su pretensión sea similar.

En efecto, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento Interno, procede la acumulación cuando en dos o más medios de impugnación se controviertan actos o resoluciones similares y exista identidad en la autoridad u órgano señalado como responsable, es decir que exista conexidad en la causa que dio origen a la impugnación.

En ese tenor, procede cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe la referida conexidad, por estarse controvirtiendo el mismo acto o resolución, o bien, que se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una misma pretensión y causa de pedir, que haga conveniente su estudio en una misma ponencia.

Atento a lo anterior, se advierte que en el caso de los juicios respecto de los cuales señala el PT que existe conexidad, amén de que no los identifica ni individualiza, en ellos, al controvertir como dice el actor, elecciones diversas a la que en estos juicios se impugnan, es evidente que no se ubican en el supuesto de conexidad que señala.

Además, de que el actor pretende que se establezca la conexidad de juicios promovidos en circunscripciones distintas, competencia de órganos jurisdiccionales diferentes, en donde se impugna cada elección por vicios propios, sin que sea posible en ningún momento que en un juicio se atraigan las pretensiones de la parte actora a un juicio diverso, respecto del cual debe analizarse su procedencia.

De esta manera, si bien su pretensión puede ser la misma, es decir, preservar su registro como partido político nacional, cada elección cuya validez controvierte, se debe impugnar por vicios e irregularidades que acontecieron en concreto en cada demarcación territorial.

En efecto, dicho principio se acoge la Ley de Medios, en particular en el artículo 10 párrafo 1 inciso e), que establece que serán improcedentes los medios de impugnación en donde se pretenda impugnar más de una elección.

Así, si bien, en el caso concreto el PT no controvierte dos elecciones distintas, atendiendo al principio que establece que debe impugnarse cada elección, mediante un medio de impugnación particular y por vicios propios, es evidente que tampoco puede decretarse la conexidad de la pretensión del partido político en este asunto, con su pretensión en otros relativos a elecciones diversas.

No obstante lo anterior, se podría considerar que en el caso de que se actualice la nulidad de la votación recibida en casilla y, en su caso, la nulidad de la elección, corresponderá al INE determinar cuál es la votación total definitiva, esto a partir de lo que se resuelta en los distintos medios de impugnación; hecho que determinará si conserva o no su registro como partido político.

CUARTO. Terceros interesados. En los juicios de inconformidad que se resuelven, comparecieron Héctor Barrera Marmolejo y Joel Martínez Martínez, en su calidad de candidatos a diputados electos a diputados por mayoría relativa en el Distrito Electoral, postulados por el PAN, en su calidad de terceros interesados.

Al respecto se precisa que, se tiene a dichos ciudadanos con la calidad con la que comparecen, en virtud de que cumplen los requisitos para ello, a saber:

a. Forma. Los escritos de tercero interesado fueron suscritos con firma autógrafa de sus suscriptores, y cumplen los demás requisitos de forma.

b. Oportunidad. Los escritos de tercero interesado fueron presentados en el plazo previsto en el artículo 17 párrafos 1 y 4 de la Ley de Medios.

c. Legitimación. Se tiene por cumplido el requisito, en virtud de que comparecen dos ciudadanos quienes resultaron triunfadores en la elección controvertida, por lo que, al ser su interés que prevalezcan los resultados de la misma es evidente que tienen un interés incompatible con el de los actores.

QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la procedencia de los juicios que se resuelven, es pertinente analizar las causas de improcedencia que invoca el tercero interesado, en virtud de que, de resultar fundadas, tendrían como consecuencia que los juicios de mérito resultaran improcedentes.

En sus escritos los terceros interesados aducen que los juicios de inconformidad son improcedentes porque los actores se limitan a realizar afirmaciones genéricas.

La causa de improcedencia es infundada.

Al respecto, cabe precisar que las causas de improcedencia, al tener como consecuencia que un órgano jurisdiccional se vea impedido para pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada, deben ser fehacientes y estar plenamente acreditadas.

Este Tribunal ha sostenido que un medio de impugnación es frívolo, cuando en las demandas se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En el caso, de la lectura de las demandas, se advierte que en ellas se expresan una serie de hechos y agravios con el propósito de cambiar el sentido de la resolución impugnada, por lo que con independencia de la veracidad o no de ellos, se tiene por cumplidos en sentido formal los requisitos de procedencia.

Ello, porque el análisis sobre si le asiste la razón o no al actor, corresponde al estudio de fondo, de ahí que cualquier pronunciamiento previo al respecto, sería prejuzgar sobre el fondo de la cuestión sin el debido análisis.

De ahí que la causa de improcedencia invocada por los terceros interesados sea infundada.

SEXTO. Procedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, se analiza si se satisfacen los requisitos generales y especiales de procedencia, previstos en los artículos 7, 8, 9 y 52 de la Ley de Medios:

I. Requisitos generales.

a. Forma. Los escritos de demanda fueron presentados con firma autógrafa y cumplen con los demás requisitos de forma.

b. Oportunidad. Los juicios de inconformidad fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días previsto legalmente, en virtud de que el último acto llevado a cabo por el Consejo Distrital relacionado con el cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, fue emitido el once de junio del año en curso. De manera que si las demandas fueron presentadas el quince de junio siguiente, es evidente que se cumple el requisito en estudio.

c. Legitimación y personería. Los actores se encuentran legitimados para promover los presentes juicios por tratarse de partidos políticos con registro nacional.

En cuanto a la legitimación del PT esta Sala Regional considera que el actor tiene legitimación para promover el juicio de inconformidad, con independencia de que haya contendido en la elección con el PRD, ambos como integrantes de la coalición Izquierda Progresista.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, párrafo 1, inciso a), 13, párrafo 1, inciso a), 49, 50, 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, 85, párrafo 2, de la Ley General de Partido Políticos.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado por la Sala Superior al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-6/2009.

Al respecto, debe reiterarse que el que dos o más partidos políticos decidan celebrar un convenio de coalición, a fin de postular a los mismos candidatos en las elecciones, en modo alguno puede hacer nugatorio o restringir el derecho que tienen para acudir a los tribunales electorales en defensa de sus propios intereses o de la colectividad, por el contrario en términos del principio de progresividad de los derechos humanos reconocido en el artículo 1 constitucional debe ser amplio el reconocimiento de la legitimación de los integrantes de una coalición para acceder en lo individual a la tutela jurisdiccional de conformidad con los artículos 16 y 17 de la Constitución, máxime cuando en la especie se trata de la defensa de un derecho que solamente corresponde al PT, cuya pretensión es mantener su registro como partido político, derecho que no podría quedar limitado o restringido al ámbito de un convenio de coalición.

Refuerza lo anterior, el criterio adoptado por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, en la contradicción de criterios 7/2015, que dio origen a la jurisprudencia obligatoria de rubro: LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL.

Asimismo, se reconoce la personería de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Distrital, en virtud de que tienen reconocida su calidad en autos.

II. Requisitos especiales. Se tienen por satisfechos los requisitos especiales de procedencia de los juicios de inconformidad, en virtud de que, en todos los casos señalan que se controvierten los resultados del cómputo de la elección de diputado federal por mayoría relativa en el 24 Distrito Electoral Federal; la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría relativa. Asimismo, se individualizan las casillas cuya votación solicitan sea anulada; así como las violaciones sustanciales que en su concepto viciaron la validez de la elección.

En consecuencia, al estar satisfechos los requisitos formales de los medios de impugnación, a continuación se analizarán de fondo los planteamientos de los actores.

SÉPTIMO. Metodología de estudio. Previo al análisis de los motivos de disenso, se precisa que por cuestión de método, en primer término, se analizarán las causas de nulidad específicas de casilla que los actores hicieron valer en sus escritos de demanda, siguiendo el orden establecido en el artículo 75 de la Ley de Medios y, con posterioridad, se analizarán los motivos de disenso encaminados a cuestionar la validez de la elección.

OCTAVO. Estudio de fondo.

A. Análisis de nulidad de la votación recibida en casillas.

Previo al análisis de las casuales invocadas es pertinente precisar que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[1] señale;

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esa ley;

h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación; y

k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

En sus escritos de demanda, los actores conjuntamente controvierten la totalidad de las casillas instaladas en el Distrito Electoral por diversas causales.

Atendiendo a lo anterior, a continuación se analizan las casillas por la causal invocada por los actores.

1. Cuestión Previa. En su escrito de demanda, el PT señala que controvierte la validez de la votación recibida en las casillas 592 C4 y 503 B1.

Por su parte en el informe circunstanciado la responsable aduce que dichas casillas no existen en el Distrito Electoral.

Ahora bien, del análisis de la copia certificada del encarte publicado en el Sistema de Ubicación de Casillas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la cual es una documental pública que hace prueba plena de su emisión y contenido de conformidad con los artículos 14 párrafo 4 y 16 párrafo 2 de la Ley de Medios, se advierte que, en efecto, tal como aduce la responsable, las casillas 592 C4 y 503 B no existen, en tanto que no fue autorizada su instalación en el Distrito Electoral.

En esta tesitura, no existe materia sobre la cual pronunciarse, por lo que los agravios esgrimidos en contra de la votación de dichas casillas son inoperantes.

2. Casillas instaladas en lugar diverso al autorizado. En su escrito de demanda los actores aducen que un total de 9 (nueve) casillas fueron instaladas sin causa justificada en lugar distinto al autorizado o bien, que el domicilio asentado en el acta está incompleto o no es coincidente, según se advierte del cuatro que a continuación se inserta:

Expuesto lo anterior, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 párrafos 1, incisos a) y b) y 2, de la Ley Electoral, las casillas deben instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, el artículo 257 de la Ley de la materia, establece que las publicaciones de la ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que el lugar no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 276 de la Ley Electoral, el cual, en su párrafo 2, establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

Por su parte, como se señaló con anterioridad, de conformidad con el inciso a) párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredita que ésta se instaló en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo.

La causal en estudio, para su actualización, requiere que se actualicen los extremos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en la norma; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Solo entonces, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, la votación recibida en casilla se declarará nula, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) el encarte; b) actas de la jornada electoral; y, c) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis. Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la citada ley adjetiva electoral.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte; así como la precisada en las actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos.

De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

Expuesto lo anterior, se estima que no ha lugar a declarar la nulidad de las casillas cuya votación se controvierte, en virtud de que, en el caso se estima que no se actualizó el cambio de ubicación que aduce la parte actora en su escrito de demanda.

En efecto, en todos los casos, los datos obtenidos de las actas de escrutinio y cómputo son plenamente coincidentes, o bien, de éstos se estima que permiten tener certeza de que las casillas fueron instaladas en el domicilio que fue aprobado y publicado en el encarte respectivo.

No obstante lo anterior, respecto de la casilla 562 B, se precisa que el domicilio señalado en el acta de jornada electoral el coincidente con el domicilio en donde fue ubicada la casilla 562 C1. En esta tesitura, se estima que el número exterior asentado en el acta de escrutinio y cómputo se debió a un error por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Máxime que de la hoja de incidentes no se advierte circunstancia alguna que permita inferir que la casilla en estudio fue ubicada en algún momento en lugar distinto. Ello aunado a que el actor no aporta pruebas adicionales a las que obran en el expediente que acrediten su dicho.

En cuanto a la casilla 576 C2, se advierte que el domicilio asentado en el acta de jornada electoral es coincidente con los datos principales que se obtienen del encarte.

Ahora bien, no pasa desapercibido que en el acta de escrutinio y cómputo no se asentó el domicilio de la casilla, y que la responsable refirió no haber encontrado la hoja de incidentes en el paquete electoral. Sin embargo, se estima que la casilla se ubicó en el domicilio señalado en el encarte, en tanto que coinciden los datos principales, y el lugar es coincidente también con el domicilio asentado en las actas correspondientes a las casilla 576 B y 576 C1.

En lo que se refiere a la casilla 578 B1, se advierte que en ninguna de las actas se asentó el domicilio completo, en tanto que únicamente se refiere a Plaza Teotihuacán, además de que en la hoja de incidentes se asentó que a las siete horas con treinta minutos se cambió la ubicación de la casilla.

Sin embargo, tal circunstancia no tiene la entidad para considerar que el cambio de ubicación aducido en la hoja de incidentes constituya un cambio de domicilio injustificado, en virtud de que se trata del mismo inmueble denominado Plaza Teotihuacán. Es decir, que dicho cambio de ubicación ocurrió dentro de un mismo inmueble.

Por lo que hace a la casilla 623 C2, se advierte que si bien el domicilio publicado en el encarte y el asentado en el acta de jornada electoral es diferente, lo cierto es que en el caso concreto se estima que la casilla fue instalada en el lugar correcto.

En efecto, del análisis de las actas relativas a la casilla impugnada, se advierte que el domicilio en donde fue instalada es Calle 10, número 110, esquina con Calle 11, Colonia Espartaco, el cual es plenamente coincidente con el domicilio en donde se instalaron las casilla Básica y Contigua 1 de la misma sección, las que a su vez, son plenamente coincidentes con el domicilio aprobado en el encarte.

En efecto, si bien es factible que en un supuesto extraordinario una casilla contigua se ubique en un lugar distinto a la básica o a otras contiguas, lo cierto es que ordinariamente todas las casillas que conforman una sección se ubiquen en un mismo lugar. De manera que si, como en el caso, la casilla en estudio se instaló en el mismo lugar que la contiguas, es evidente que se ubicó en el lugar correspondiente.

En cuanto a la casilla 679 C1, se precisa que si bien el número exterior asentado en las actas de la casilla (nueve) es uno diverso al del encarte (seis), se considera que tal circunstancia no es suficiente para considerar que la casilla fue instalada en un lugar distinto.

En efecto, del análisis del propio encarte, así como de las actas correspondientes a la casilla Básica, se advierte que el domicilio en que se debó instalar la casilla en estudio, es el ubicado en el número nueve y no el seis. Lo anterior, porque la casilla Básica de la sección en estudio se instaló en el mismo domicilio señalado en el encarte, es decir, el nueve y la casilla contigua 1 en el mismo domicilio que la casilla básica.

Así, como se señaló con anterioridad, si bien es factible que en un supuesto extraordinario una casilla contigua se ubique en un lugar distinto a la básica o a otras contiguas, lo cierto es que ordinariamente todas las casillas que conforman una sección se ubiquen en un mismo lugar. De manera que si, como en el caso, la casilla en estudio se instaló en el mismo lugar que la contiguas, es evidente que se ubicó en el lugar correspondiente.

Respecto de la casilla 689 B, se precisa que del acta se obtiene que los datos esenciales que permiten identificar el domicilio son los mismos que los del encarte, no obstante que se omitió señalar el nombre del lugar. De manera que, ante la ausencia de incidentes relativos al domicilio, existe suficiente certeza para considerar que la casilla fue ubicada en lugar correcto.

Finalmente, se precisa que el hecho de que los funcionarios de la casilla no hayan asentado el domicilio de ubicación completo, por sí mismo no constituye una irregularidad relevante o determinante, salvo que, incluso del análisis de la demás documentación electoral de la casilla, sea imposible determinar en qué lugar fue instalada la misma.

Así, la omisión de datos en las actas, salvo que evidencien alguna violación determinante y trascedente, o se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en la norma, relativos a las causas que tienen entidad suficiente para determinar que la votación es inválida, no puede constituir un irregularidad por sí misma determinante.

En este contexto, resultan infundados los agravios hechos valer por la parte actora, y por lo tanto no ha lugar a declarar la nulidad de la votación de las casillas analizadas  bajo la causal prevista en la fracción a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios.

3. Votación recibida por personas distintas a las autorizadas.

Previo al análisis de las casillas antes señaladas, es pertinente establecer cuál es el marco normativo que regula la causal de nulidad en comento.

El artículo 81 de la Ley Electoral establece que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo.

El artículo 82 de la norma de referencia señala que las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales.

En el supuesto en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

En este supuesto, la mesa directiva de casilla se integrará, además por un secretario y un escrutador adicionales.

El artículo 254 de la Ley Electoral establece cómo se conforman las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben reunir las personas  que las integran.

En el título tercero "De la Jornada Electoral", Capítulo Primero, intitulado "De la instalación y Apertura de casillas", se establece lo siguiente:

- El artículo 273, párrafo 4, inciso b), del citado ordenamiento, dispone que durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá entre otros datos, el nombre y firma en su caso, de las personas que actuaron como funcionarios de casilla.

-El artículo 274 dispone que la instalación de la casilla se realizará por el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir de las ocho horas con quince minutos del día de la elección, debiendo respetar las reglas siguientes:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presente y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores.

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de casilla y procederá conforme al inciso anterior.

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del INE designado, a las diez horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

Además, en el supuesto previsto en el inciso f), enunciado con anterioridad, será menester que se cumpla lo siguiente:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

Finalmente, en el párrafo 3, del artículo en mención, se establece que los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

En consecuencia, los electores que sean designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en cualquier caso se trata de ciudadanos residentes en dicha sección.

En este contexto, en el supuesto de que una casilla se integre por un ciudadano que no pertenece a la sección, se estima que se actualiza la causa de nulidad en estudio.

Por otra parte, ha sido criterio del Tribunal Electoral que la falta de uno de los funcionarios no perjudica trascendentalmente la recepción de la votación en la casilla, puesto que en todo caso, origina que los demás funcionarios deban hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, pero no da lugar a la nulidad de la casilla.

Al respecto, debe considerarse que el número de miembros de la mesa directiva de casilla, fue diseñado por el legislador sobre una premisa de división del trabajo, jerarquización de funcionarios, plena colaboración y mutuo control, lo que hace patente que las ausencias que eventualmente pudieran llegar a actualizarse, no en todos los casos pueden generar la nulidad de votación de la casilla de que se trate.

Encuentra aplicación al respecto la tesis XIII/2001, publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis relevantes en materia electoral, Tesis Volumen 2 Tomo I, páginas 1239 a 1241: "FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN".

Ahora bien, se estima que dicho criterio es aplicable, por las razones que en él se contienen, para el caso de la integración de casilla única en el supuesto de elecciones concurrentes federal y local, como aconteció en el Distrito Federal.

En efecto, como se describió con anterioridad, para el caso de elecciones concurrentes, de conformidad con el artículo 82 párrafo 2 de la Ley Electoral, se formará una única casilla, a la cual se integrarán un secretario y un escrutador adicionales, es decir un total de seis funcionarios.

Sin embargo, la falta de uno o dos funcionarios de casilla, es decir, de un secretario o uno o dos escrutadores, por sí mismo no implica la nulidad de la votación recibida en una casilla, pues en concepto de este órgano jurisdiccional, atendiendo a los principios antes señalados, consistentes en la división y jerarquización de trabajo de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, se estima que es suficiente para tener por debidamente integrada la casilla cuando hayan recibido la votación por lo menos cuatro funcionarios, siempre y cuando éstos cumplan los requisitos legales.

En el presente juicio, la parte promovente argumenta que en las casillas que a continuación se señalan, la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas por el INE, en virtud de que quienes sustituyeron a los funcionarios propietarios designados no fueron designados, no pertenecen a la sección de la casilla respectiva o no fueron integradas por la totalidad de los funcionarios designados y necesarios para determinar que la votación es válida.

En este contexto, a continuación se analizarán las casillas cuya votación fue controvertida, para lo cual se presenta un cuadro esquemático, en el cual se identifican los nombres de los funcionarios insaculados por el Consejo Distrital, y de aquellos que fungieron como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral; además de que se inserta una columna de observaciones, en la cual se precisan los funcionarios que recibieron la votación y, en caso, contrario, si dicha persona pertenece o a la sección respectiva.

Para efectos del análisis que se llevará se llevó a cabo, se analizarán los datos que se obtengan de (i) el original o copia certificada de las actas jornada electoral; (ii) el original o copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo; (iii) la publicación final de la lista de funcionarios casilla realizada por la autoridad electoral (encarte); y (iv) las listas nominales de cada sección y en su caso demás documentación electoral aportada por las partes que sea necesaria e idónea para arribar a la verdad de los hechos acontecidos durante la jornada electoral.

Dichas constancias, de conformidad con lo previsto por los artículos 14 párrafo 4 inciso a) y 16 párrafo 2 de la Ley de Medios, son documentales que tienen valor probatorio pleno.

1.1. Casillas en donde no se actualiza la causa de nulidad invocada.

Respecto a las casillas que a continuación se señalan no se actualiza la causa de nulidad invocada, ya sea porque fueron integradas conforme al encarte respectivo; hubo corrimientos y fungieron quienes fueron designados para otra posición o como suplentes generales; fueron designados como funcionarios en una casilla perteneciente a la misma sección; o bien, se conformaron con ciudadanos que se tomaron de la fila y se encuentran inscritos en la lista nominal de la sección.