JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SDF-JIN-95/2015

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 15 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ROMERO BOLANOS

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE PARCIAL: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

SECRETARIOS: JAIME ARTURO ORGANISTA MONDRAGÓN Y ERICA AMÉZQUITA DELGADO

México Distrito Federal, a veinticuatro de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de esta fecha, resuelve el expediente citado al rubro, en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla y, por tanto, modificar el cómputo de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como confirmar la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, realizada por el 15 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el Distrito Federal.

G L O S A R I O

De lo expuesto por el actor en su demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Elección

1. Jornada electoral. El pasado siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de diputados federales.

2. Cómputo. El once de junio de dos mil quince, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, determinando que la votación final obtenida por los contendientes fue:

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el mencionado Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por el PAN integrada por Federico Döring Casar como propietario y Oscar Daniel Hernández Morales como suplente, respectivamente.

II. Juicio de inconformidad

1. Presentación de la demanda. Con fecha quince de junio de dos mil quince, se recibió en la Oficialía de Partes del Consejo Distrital, el escrito de demanda signado por el partido actor contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados, y por tanto, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría respectiva[1].

2. Remisión del expediente. Mediante oficio 15JDE/773/2015 de fecha diecinueve de junio pasado, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, la autoridad responsable remitió la demanda, el informe circunstanciado, y demás constancias que estimó pertinentes.

3. Turno. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdo de veintidós de junio del año en curso, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó la integración del expediente SDF-JIN-95/2015 y su remisión a la ponencia del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

4. Radicación. Mediante acuerdo de veintitrés de junio del presente año, el Magistrado Instructor acordó la radicación del expediente.

5. Acuerdo de admisión, requerimiento y apertura de incidente. Mediante proveído de primero de julio, el Magistrado Instructor admitió la demanda presentada por el actor[2], requirió diversa información necesaria para la debida integración del expediente y ordenó la apertura del incidente de recuento atendiendo a la solicitud planteada en la demanda.

6. Cumplimiento de requerimiento. Por acuerdo de diecisiete de julio del presente año, el Magistrado Instructor tuvo a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado.

7. Resolución del Incidente. Mediante resolución de fecha diecisiete de julio del presente año en sesión privada de esta Sala Regional se resolvió declarar improcedente realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación solicitado por el Partido actor

8. Cierre de instrucción. Al estar debidamente integrado el expediente, por acuerdo de veinticuatro de julio de este año, el Magistrado Instructor declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que se ordenó poner el expediente en estado de resolución y se ordenó formular el proyecto de sentencia.

9. Sesión Pública y engrose. El veinticuatro de julio del año en curso, el Magistrado Instructor sometió a consideración del Pleno de esta Sala Regional, el proyecto de sentencia del juicio citado al rubro.

El proyecto fue rechazado por mayoría de dos votos, motivo por el cual se solicitó al Magistrado Armando I. Maitret Hernández que hiciera el engrose parcial respectivo.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un juicio de inconformidad promovido durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 15 distrito electoral federal en el Distrito Federal; supuesto normativo respecto del cual esta Sala Regional tiene competencia y espacio territorial sobre el cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo base VI, 60 párrafo segundo, 99 párrafo cuarto fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 1 fracción II, 184, 185, 186 fracción I, 192 y 195 fracción II.

Ley de Medios. Artículos 4, y 53, párrafo 1, inciso b), en relación con el 50, párrafo 1, inciso b).

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable pertenece a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo INE/CG182/2014 denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina mantener los 300 distritos electorales uninominales federales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarán para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, tal como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006, 2008-2009 y 2011-2012, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional”, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General de treinta de septiembre de dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil quince.

SEGUNDO. Causal de improcedencia.

Por ser su examen preferente y de orden público, se analizará en primer lugar la causal de improcedencia hecha valer, pues de configurarse alguna, se constituiría un obstáculo y, con ello, la imposibilidad de pronunciamiento sobre la controversia planteada.

En el caso la autoridad responsable en su informe circunstanciado hizo valer como causal de improcedencia la establecida en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios relativa a la falta de interés jurídico del partido actor.

Dicha causal de improcedencia es infundada pues en concepto de esta Sala Regional, el partido político actor tiene interés jurídico para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, dado que controvierte la votación recibida en mesas directivas de casilla de la elección de diputados federales de mayoría relativa correspondiente al 15 Distrito Electoral Federal, con cabecera en la delegación Benito Juárez en el Distrito Federal, en la cual participó.

Aunado al hecho de que esta Sala Regional advierte que el partido actor, sí cuenta con interés jurídico, derivado de que su pretensión última es conservar el registro, lo cual estima obtener si se anulan casillas en lo individual o la elección completa.

TERCERO. Requisitos de procedencia.

Previo al estudio de fondo del presente asunto, este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9 párrafo 1, 52 párrafo 1, 54 párrafo 1, inciso a) y 55 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia del Juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

1. Requisitos generales.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en ella, se hace constar la denominación de la parte actora, así como el nombre y firma de quien acude en su representación; el domicilio para recibir notificaciones; se mencionan los actos impugnados, los hechos, agravios o motivos de perjuicio y los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. La demanda mediante la cual se promueve este juicio de inconformidad se presentó en tiempo, en tanto que se interpuso dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios.

Lo anterior se desprende de la adminiculación de las constancias que obran en autos, tales como el acuse de recepción que aparece en la demanda y la copia certificada del acta del Consejo Distrital relativa a la declaratoria de validez de la elección correspondiente[3], de la cual se desprende que el cómputo concluyó con fecha once de junio del presente año y la demanda se presentó con fecha quince de junio siguiente.

La citada documental cuenta con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1 inciso a) y 4, inciso b), y 16, párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de una documental expedida por un funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones.

c) Legitimación y personería. La parte actora se encuentra legitimada para promover el juicio de inconformidad, por tratarse de un partido político con registro nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios.

Asimismo, se tiene reconocida la personería a Enrico Emir Casas Soriano como representante propietario del PT ante el Consejo Distrital responsable, toda vez que dicha autoridad así lo reconoce en el informe circunstanciado que remite, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 inciso a) de la citada Ley de Medios.[4]

2. Requisitos Especiales.

El escrito de demanda mediante el cual el Partido promueve el presente juicio de inconformidad, satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52 párrafo 1 de la ley adjetiva de la materia.

a) Tipo de elección. El impugnante encauza su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el Consejo distrital.

b) Casillas impugnadas. En la referida demanda se precisa, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.

CUARTO. Suplencia de la deficiencia de los agravios.

Previo al examen de la controversia, en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta autoridad se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por los actores, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos, de ahí, que esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Como se desprende del escrito mediante el cual el partido promueve el presente juicio de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el Consejo distrital.

El partido denunciante hace valer sus agravios a partir de las supuestas graves irregularidades detectadas durante la jornada electoral.

Asimismo, señala que se actualizan diversas causas de nulidad de votación recibida en casilla correspondiente a los incisos e) y f) del artículo 75 párrafo 1 de la Ley de Medios.

Indican en el primer apartado relativo a recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral que se permitió que personas distintas a las autorizadas por la autoridad electoral y cuyos nombres fueron publicados por el mismo órgano en las listas de funcionarios de casilla, o bien en la publicación denominada “Encarte” y que no pertenecen a la sección en la cual fungieron como funcionarios, instalaran y recibieran la votación el día de la jornada, lo cual es motivo para anular las casillas que enlista, pues se vulneró en su perjuicio el principio de legalidad, certeza y máxima publicidad que debe regir en todo proceso electoral.

Que la vulneración a lo previsto en la Ley Electoral, afecta su garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, ya que en la referida ley se dispone la manera en que deben seleccionarse a las personas autorizadas para participar en cada proceso electoral.

Que no existe alguna constancia que acredite las causales de excepción que establece el señalado ordenamiento, por lo que según su dicho durante toda la jornada electoral estuvieron recibiendo la votación personas sin estar facultadas para ello.

Afirma que las mesas directivas de casilla, y en su momento el consejo distrital tienen la tarea de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión del sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurando la autenticidad del escrutinio y cómputo; así como observar el cumplimiento de los principios rectores de la materia.

Que se vulneraron los principios de certeza y legalidad, puesto que se incumplió con los procedimientos para el nombramiento y designación de los funcionarios de casilla, el de certeza, al no reunir los funcionarios de las casillas que indica con los requisitos de capacitación, selección e imparcialidad a las que atienden las normas de designación y habilitación de esa función pública.

Este motivo de inconformidad hecho valer por el partido recurrente tiene relación con las casillas 4280B, 4307B, 4333C1, 4343C1, 4346B, 4363C1, 4396E1, 4397B, 4399C2, 4466C1, 4478C1, 4484C, 4488C, 4489C, 4490B, 4490C2 y 4503C2.

Por otro lado, respecto a la causal identificada como f) del artículo 75 párrafo 1 de la Ley de Medios relativo a haber mediado dolo o error en la computación de los votos, el actor señala que se violó el principio de certeza de las elecciones debido a que existen graves y evidentes inconsistencias y solicita el nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas en el distrito, cuestión que ya fue estudiada y declarada improcedente en el incidente, tal y como se observa en el apartado de antecedentes de la presente ejecutoria.

Por último por lo que hace a la causal de nulidad prevista en el inciso k) relativa a la existencia de irregularidades graves durante la jornada electoral, el partido manifiesta que estos supuestos quedan acreditados en todas las casillas pertenecientes al distrito electoral, que en forma evidente ponen en duda la equidad en la contienda, la autenticidad y libertad del sufragio y la legalidad, conductas que además fueron determinantes para el resultado dela votación, por lo que solicita se declare la nulidad de todas y cada una de las casillas.

Para acreditar su dicho ofrece como prueba las sentencias emitidas por este Tribunal Electoral y cada una de las quejas y procedimientos especiales sancionadores que actualmente se encuentran subjudice en los que según su dicho, se hace constar que el día de la jornada electoral diversas personalidades actores y figuras públicas hicieron un llamado expreso y directo a los electores a votar en favor del PVEM, lo cual vulneró el principio de equidad en la contienda, de emisión de sufragio libre y directo y el principio de legalidad.

Manifiesta que tales acontecimientos constituyen un hecho público y notorio, reconocido por el INE en los medios de comunicación.

Señala que por la influencia de los medios de comunicación tales conductas influyeron en una disminución de votos a favor de su partido político y anexa a su escrito de demanda diversos links de páginas electrónicas de las que se observan notas relacionadas con las multas impuestas al PVEM.

Aunado a lo anterior, solicita a esta autoridad jurisdiccional tener en cuenta que no sólo existieron conductas irregulares con los llamados a votar por personajes públicos a través de sus cuentas de Twitter de actores y actrices famosas de las televisoras Televisa y televisión Azteca, del Director Técnico de la selección nacional de futbol, invitando el día de la jornada electoral a votar por el PVEM, lo que se reflejó en el resultado de la jornada electoral, sino que además existieron una serie de conductas sistemáticas, graves e ilegales que son de conocimiento público y en el cual la propia autoridad jurisdiccional ha determinado sancionar a dicho partido por su campaña ilegal “El Verde sí cumple” en salas de Cinemex y Cinépolis y con la repartición de calendarios.

Es ese contexto, señala que las conductas graves, sistemáticas y reiteradas del Partido Verde Ecologista de México constituyen una exposición desmedida e ilegal por los cuales incluso la Sala Especializada de este Tribunal Electoral impuso al partido dos multas que ascienden a los once millones de pesos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos.

Ahora bien, no obstante que, como se ha dicho el actor señala que respecto a dichas irregularidades se actualiza la causal de nulidad de casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso k) de la Ley de Medios, éstas se estudiarán conforme a la causal genérica prevista en el artículo 78, por las razones que se expresarán en el considerando de fondo.

QUINTO. Controversia.

La cuestión planteada en el presente asunto, consiste en determinar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, en consecuencia, modificar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa que se impugna, y confirmar o revocar la declaración de validez de la elección o la constancia de mayoría que expidió el consejo distrital, o en su caso, declarar la nulidad de la elección.

SEXTO. Método de estudio

Toda vez que el actor refiere en su demanda la existencia de presuntas irregularidades suscitadas en diversas casillas porque según su dicho se actualizan las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en los incisos e), y f) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, e irregularidades diversas que, como se anticipó serán analizadas por la causal genérica de nulidad prevista por el artículo 78 de la Ley de Medios, los mismos serán atendidos en considerandos distintos, empezando por el inciso e) consistente en haber recibido la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Continuando con el estudio de la causal de nulidad k) relativa a la existencia de irregularidades graves durante la jornada.

SÉPTIMO. Estudio del agravio relativo a la nulidad de votación recibida en casilla.

Como se refirió el partido actor en su escrito de demanda sostiene que se actualiza la causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son diecisiete, en las que señaló como argumento que los ciudadanos que fungieron como funcionarios de las mesas directivas de casilla no pertenecen a la sección, lo anterior, respecto a cada una de ellas.

La autoridad responsable, en términos generales, en su informe circunstanciado refiere que las personas que integraron las casillas eran las facultadas para ello, o que en su caso, se tomaron personas de la fila, sin que se actualice la causal de nulidad de casilla invocada por la parte actora, en razón de que pertenecen a la sección correspondiente.

En consecuencia, considera que los planteamientos de los partidos actores, resultan falsos, pues la votación se recibió por las personas facultadas por la Ley Electoral.

Evidenciado lo anterior, es de referirse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 párrafo 1 de la citada Ley, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el diverso 82, del señalado ordenamiento, establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con un secretario y un escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del ordenamiento precitado, siendo:

 a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

 b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores.

 c) Contar con credencial para votar.

 d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos.

 e) Tener un modo honesto de vivir.

 f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente.

 g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

 h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

A su vez, el artículo 254 de dicha ley dispone el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Asimismo, el artículo 257 de la Ley Electoral, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, se considera entonces que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las mesas directivas de casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, se precisa que independientemente de que la autoridad electoral responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la jornada electiva, esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, puedan fungir como funcionarios del órgano electoral aludido.

Lo anterior es así porque el artículo 274, párrafo 1 de la Ley en cita, prevé un procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla, en el supuesto de que esta no se instale a las ocho horas con quince minutos, esto es, si a la hora referida los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan el día de la elección, entonces actuarán en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando estos pertenezcan a la sección electoral respectiva.

Asimismo se faculta al consejo distrital correspondiente, para tomar las medidas necesarias para la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación.

Por tanto, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el referido artículo 274 párrafo 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante lo anterior, es igualmente importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, como ya se ha mencionado.

Al respecto, esta Sala invoca lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal identificada con la clave 13/2000, y que lleva por rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).[5], así como criterio orientador el contenido en la tesis relevante XIX/97 cuyo rubro es: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.[6]

Asimismo, en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto, ello en atención a lo determinado en el párrafo 3 del artículo precitado.

Una vez establecido lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella.

Cabe precisar que aun cuando el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, no contiene expresamente el elemento determinante de la causal en cuestión, ello no implica que deba exceptuarse, esto es así, porque el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de votación y que en otros supuestos normativos no se haga señalamiento explícito a tal elemento, ello en realidad repercute únicamente en la carga de la prueba.

Tal criterio concuerda con lo sustentado en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal identificada con la clave 13/2000, y que lleva por rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).[7]

Así, cuando la ley omite mencionar el requisito de la determinancia, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de tal requisito en el resultado de la votación.

Esto es importante señalarlo, pues la hipótesis normativa que prevé la causal de nulidad que se analiza, no establece expresamente como requisito que el vicio o irregularidad que se acredite sea determinante.

De conformidad con lo manifestado, esta Sala Regional considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del consejo distrital, con relación a las personas que realmente actuaron durante los comicios, de conformidad con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones justificadas realizadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

Además de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, así como de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral, en su caso, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si en el caso concreto, se expresó en dichas documentales circunstancia alguna relacionada con este supuesto de nulidad.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo referido por los partidos actores en sus agravios, se procede al estudio del cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en:

a) Copia certificada del encarte y la respectiva modificación.

b) Copias certificadas de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

c) Copias certificadas de las hojas de incidentes; y

d) Copias certificadas de los listados nominales.

e) Copia certificada del acta de cómputo distrital

f) Copia certificada de la sesión distrital de escrutinio y cómputo

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1 y 4 inciso b) y 16 párrafos 1 y 2 de la Ley de Medios, por tratarse de documentos expedidos por un funcionario electoral en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo previsto en el numeral 7 párrafo 1 inciso p) del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto, esto, respeto a las copias certificadas.

En este sentido, para el análisis de las casillas, esta Sala Regional, generará un cuadro esquemático en el que en la primera columna se encontrará un número consecutivo y en el que además se consigna la siguiente información:

a.    En la segunda columna, se anotará el número y tipo de casilla impugnada.

b.    En la tercera se asentarán los cargos y nombres de los funcionarios propietarios y suplentes que integran la mesa directiva de casilla de acuerdo a la última publicación del aviso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla que corresponda (encarte).

c.    En la cuarta, se consignarán los nombres de los funcionarios de casilla que actuaron el día de la elección y cuyo nombre aparece en las actas y hojas de incidentes.

d.    En la quinta columna, se contempla un espacio para incluir observaciones.

e.    En la sexta se precisa si los ciudadanos que actuaron se encuentran inscritos en la sección correspondiente.

Por razones de método, atendiendo a las condiciones propias de la instalación e integración de las casillas impugnadas, se agruparán tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, con el propósito de identificar claramente, si se actualiza o no el supuesto de nulidad invocado por la parte promovente. En ese contexto, las casillas se analizarán en tres grupo:

1. Casillas integradas por las personas facultadas para ello.

2. Corrimiento al no presentarse todos los funcionarios o sustituciones por los suplentes respectivos.

3. Se tomaron electores de la fila.

Resaltando que este hecho no le causa perjuicio a la parte actora, debido a que en todo momento se está atendiendo al principio de exhaustividad que deben revestir las resoluciones electorales, resultando aplicable la jurisprudencia 4/2000 cuyo rubro es AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA LESIÓN.[8]

Antes de entrar al estudio específico de cada grupo es importante señalar que respecto de las casillas 4484C, 4488C y 4489C, esta autoridad jurisdiccional no está en posibilidades de entrar al estudio de las mismas, lo anterior porque el partido actor al realizar el señalamiento de las casillas impugnadas no identificó a que casilla contigua se refiere pues en las referidas secciones se instalaron casillas contiguas 1 y 2, aunado a que de la revisión de ambas no se encuentra la actuación de ningún funcionario con los nombres referidos por el PT señalados en cada caso, en su escrito de demanda, por lo que no fue posible advertir a qué casillas se refería. Por tanto la causal de nulidad aducida en las mismas es inoperante, pues el partido actor omitió señalar de manera individualizada las casillas de referencia, en términos del artículo 52 párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios el cual contempla este requisito especial del juicio de inconformidad.

Señalado lo anterior, resulta procedente hacer el pronunciamiento por cada uno de los grupos antes aludidos, atendiendo a lo que de las probanzas se obtuvo.

1. Casillas integradas por las personas facultadas para ello.

A continuación se inserta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en autos, para que a partir de ella, se haga el correspondiente estudio.

De la información que aparece en la tabla se advierte que en la casilla 4466 C1, actuaron los funcionarios capacitados y aprobados por la autoridad responsable, sin que se haya presentado ningún incidente, de ahí que resulte infundado el agravio relativo a que la mesa directiva de casilla no corresponde a lo registrado por el INE.

2. Corrimiento al no presentarse todos los funcionarios.

A continuación se inserta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en autos, para que a partir de ella, se haga el correspondiente estudio.

Por cuanto hace a la casilla 4399C2, se advierte de la columna de observaciones del cuadro metodológico que existió un corrimiento de cargos por parte de los funcionarios electorales propietarios y la participación de los funcionarios acreditados como suplentes para cubrir las ausencias de los primeros.

Efectivamente, en dicha casilla, se encontraba el Presidente de la mesa directiva por lo que éste procedió a recorrer a los funcionarios y a tomar a los suplentes generales necesarios a fin de integrar legalmente dicho órgano de recepción y cómputo de la votación, circunstancia que no es irregular, ya que en aras de privilegiar la instalación de las casillas, se llevó a cabo el procedimiento de sustitución de ciudadanos establecido el artículo 274 párrafo 1 incisos a), b) y c) de la Ley Electoral.

En consecuencia, se desprende que la casilla en estudio fue integrada por las personas que de acuerdo al Encarte o Informe de Sustitución de funcionarios, estaban contempladas para fungir como propietarios o suplentes, de ahí que contrario a lo afirmado por el partido recurrente, la votación recibida en la misma no es susceptible de anularse.

No pasa desapercibido para esta autoridad que la casilla de mérito fue conformadas por el Presidente, dos Secretarios y dos Escrutadores quedando ausente el tercer escrutador, lo que de ninguna forma constituye una irregularidad que actualice la causal de nulidad bajo estudio en razón de que la casilla se integró con los funcionarios necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas durante la jornada electoral.

Lo anterior tiene sustento en la esencia de la jurisprudencia de la Sala Superior 32/2002, intitulada ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE[9].

3. Se tomaron electores de la fila

A continuación se inserta una tabla en la que se ve reflejada la información obtenida de las constancias que obran en autos, para que a partir de ella, se haga el correspondiente estudio.

Del estudio de las casillas señaladas además es posible advertir que no todos los funcionarios que las integraron, son las personas previamente insaculadas, capacitadas y designadas para ocupar tales cargos, sino que fueron tomados de la fila de electores para suplir a los ausentes, lo que no surte la causal de nulidad de votación en razón de que las personas que fungieron como integrantes de las respectivas mesas directivas de casilla, en todos los casos, se encontraban en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente, tal como se puede verificar en cada caso en la tabla antes inserta.

Lo anterior, es así, en atención de que la sustitución de los funcionarios ausentes por electores que se encontraban formados para emitir su voto, constituye un mecanismo apegado a derecho, que no actualiza la nulidad de la votación recibida en dicha casilla, pues es claro que los ciudadanos contribuyeron a que la misma se integrara para recibir la votación.

Se advierte que además de las personas que fueron tomadas de la fila, existió un corrimiento de cargos por parte de los funcionarios electorales propietarios y la participación de los funcionarios acreditados como suplentes para cubrir las ausencias de los primeros.

De igual forma en las casillas 4307B, 4333C1, 4396E1, y 4503C2 se observa la ausencia del tercer escrutador, lo que se reitera no constituye una irregularidad que actualice la causal de nulidad bajo estudio en razón de que las casillas se integraron con los funcionarios necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas durante la jornada electoral ya que el número de personas que integraron la casilla son las necesarias para realizar normalmente las labores que se requieren, sin necesidad de aplicar esfuerzo especial o extraordinario.

Lo anterior atendiendo al principio de la división de trabajo y de jerarquización de funcionarios, al primero para evitar la concurrencia de dos o más personas en una labor concreta, y optimizar el rendimiento de todos, y la jerarquización para evitar la confrontación entre los mismos funcionarios; incluyéndose también el principio de plena colaboración entre los integrantes, en el sentido de que los escrutadores auxiliarán a los demás funcionarios

En el caso, se advierte que las casillas se integraron con el Presidente, uno o dos Secretarios y uno o dos escrutadores, por tanto, el hecho de que con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, posiblemente les llevó más tiempo realizar las actividades encomendadas, sin embargo, esa situación de ninguna manera puede considerarse suficiente para dejar sin efectos la voluntad de la ciudadanía que acudió a votar, en razón de que no se vulneran los principios de legalidad y certeza con la ausencia de algunos de los funcionarios. Máxime que no se desprende de las constancias de autos que dicha circunstancia hubiera ocasionado algún problema que tuviera incidencia en la correcta recepción de la votación.

Las anteriores consideraciones tienen sustento en la Jurisprudencia 9/98 y la tesis relevante XXIII/2001, intituladas PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN., y FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN[10].

4. Integración de casilla por tres funcionarios.

De la revisión de las actas de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo se advierte que la casilla 4397 B se integró únicamente por tres funcionarios como se muestra a continuación.

Respecto de la casilla referida, resulta fundado lo alegado por el actor, habida cuenta que  la integraron la mitad de los funcionarios originalmente designados para ello.

En tal sentido, la ausencia de tres o más funcionarios constituye una irregularidad que sin duda resta certeza al resultado de la votación pues, aún y cuando los demás se vean requeridos a hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía a los funcionarios faltantes, es imposible la división del trabajo al momento de realizar el escrutinio y cómputo de los votos pues en el caso, se trató de casillas únicas en las que se recibió la votación de elecciones federales y locales de ahí que se estime que no había funcionario que realizaran con certeza las actividades establecidas por la Ley Electoral, pues el escrutinio y cómputo de ambas elecciones debía hacerse de manera simultánea, lo cual no es posible hacerlo conforme a la ley con solo tres personas, pues en cada grupo debe haber al menos dos funcionarios.

En efecto, el artículo 289 de la Ley Electoral establece que el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, ordinariamente, se debe realizar en el orden siguiente:

a) De Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

b) De senadores;

c) De diputados, y

d) De consulta popular

El párrafo 2, del referido artículo establece expresamente que, en el caso de que se hubiere instalado casilla única en elecciones concurrentes, en forma simultánea a los cómputos a que se refiere el párrafo anterior, se realizará el cómputo local en el orden siguiente:

a) De Gobernador o Jefe de Gobierno;

b) De diputados locales o diputados a la Asamblea Legislativa, y

c) De ayuntamientos o de titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal.

Como se advierte, la ley es clara cuando prevé que en las casillas únicas que se instalan en elecciones concurrentes, como es el caso que nos ocupa, toda vez que en el Distrito Federal está en curso el proceso electoral local para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los jefes delegacionales, y al mismo tiempo se está celebrando el proceso electoral federal para elegir a los diputados federales a integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se deben realizar simultáneamente el cómputo de la elección federal y el correspondiente a la elección local.

El texto de la porción normativa en comento es claro y gramaticalmente es posible interpretar que, en las casillas únicas, los cómputos de las elecciones federal y local se deben realizar al mismo tiempo.

Al respecto cabe mencionar que el vocablo simultáneo se define por el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española[11] como: 1. adj. Dicho de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.

Sobre esa base, conforme a las reglas de la lógica, resulta imposible que si únicamente tres personas integran una casilla única, se integren dos grupos de funcionarios para realizar los cómputos de la elección federal y local al mismo tiempo, pues un grupo estaría integrado por dos personas y quedaría un funcionario para realizar por sí mismo el cómputo de una elección.

Al respecto, debe tenerse presente que el procedimiento para realizar el cómputo de una elección es una labor compleja, según lo dispone el artículo 290 de la Ley Electoral, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 290.

1. El escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se realizará conforme a las reglas siguientes:

a) El secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;

b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal Electoral sin aparecer en la lista nominal;

c) El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas para determinar:

I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, y

II. El número de votos que sean nulos, y

f) El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

Como se advierte, el procedimiento del cómputo de una elección comprende diversas reglas y pasos que se deben seguir estrictamente, las cuales no pueden realizarse por una sola persona, sin que se ponga en riesgo el principio de certeza.

De ahí que se considere que en el actual diseño normativo, en el que se contempla la existencia de la casilla única en elecciones concurrentes, la cual por mandato legal se integra por seis funcionarios, para que pueda considerarse que se integró válidamente, deben actuar, por lo menos cuatro funcionarios; pues sólo así se podrán realizar simultáneamente los cómputos de las elecciones federal y local.

Lo anterior, tiene sustento en la esencia de la Jurisprudencia 32/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE”.[[]1]

Por lo anterior, esta Sala regional estima que debe anularse la votación recibida en ésta casilla, por actualizarse la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios.

OCTAVO. Estudio del agravio relativo a haber mediado dolo o error en la computación de los votos.

Como quedó evidenciado en el apartado de antecedentes de la presente ejecutoria, si bien el actor solicita la causal de nulidad de casilla, en realidad lo que pretendió fue solicitar el nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las mismas en el distrito, mismo que fue objeto de estudio en el incidente respectivo, declarándose improcedente su solicitud.

Efectivamente, respecto a la solicitud de recuento total de votos en todas las casillas del distrito, en sesión privada de fecha diecisiete de julio del presente año, eta Sala Regional determinó declarar improcedente la solicitud, al sostener que la misma no se ajustaba a alguna de las hipótesis de procedencia previstas en la normativa para realizar el recuento de los votos, sin que pueda ser motivo suficiente para realizarlo la pretensión de no perder su registro como partido político nacional, por lo que su agravio deviene inoperante.

NOVENO.Nulidad de la elección.

El Partido actor pretende que se declare la nulidad de la elección en razón de que según su dicho existen una serie de conductas sistemáticas, graves e ilegales, que son del conocimiento público y por las cuales la autoridad jurisdiccional ha determinado sancionar al PVEM, por su ilegal campaña, “El Verde sí cumple” en salas de Cinemex y Cinepólis, con la repartición de calendarios y que el día de la jornada recibió apoyo mediante una red social de diversas personalidades, entre otras conductas, lo que a su juicio, afectó la validez de la elección.

I. Marco Normativo de las Nulidades.

En ese contexto, cabe precisar que una de las características de un Estado Democrático es la existencia de elecciones auténticas, libres y periódicas que posibiliten el cambio en el ejercicio del poder de manera pacífica y que reflejen la voluntad ciudadana reflejada en las urnas.

Así, las elecciones deben cumplir con los principios constitucionales de libertad de sufragio (las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas y el sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo); de equidad en la contienda (en el financiamiento público de los partidos políticos y sus precampañas y campañas electorales así como en el acceso a medios de comunicación), de imparcialidad e independencia de los órganos electorales (la organización de las elecciones debe hacerse a través de un organismo público y autónomo) así como con los rectores de la función estatal de organizar y calificar los comicios (la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, principios rectores del proceso electoral).

En caso de que, en un proceso electoral de un Estado Democrático se vulnere cualquiera de estos principios, ello puede generar la declaración de nulidad de la elección respectiva.

En ese orden de ideas, esta Sala Regional considera relevante distinguir los tipos de nulidades que pueden presentarse en el ordenamiento jurídico, al tenor de la siguiente tipología:

a)                NULIDAD DE ELECCIONES POR VIOLACIONES CONSTITUCIONALES. En primer término, es conveniente revisar cómo se desenvuelve el marco constitucional y legal actual para decretarse la nulidad de una elección en términos de las hipótesis específicas del artículo 41 Base VI de la Constitución; así como por violaciones a principios constitucionales que rigen las elecciones en México, estableciendo al efecto los elementos básicos de su funcionamiento en el ordenamiento jurídico.

b)                NULIDAD DE ELECCIONES POR VIOLACIONES LEGALES ESPECÍFICAS. En segundo lugar, resulta oportuno estudiar cuáles son las causas legales para decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas; la nulidad producida por causas genéricas sustanciales que afecten la elección y, finalmente, encontramos la nulidad de una elección federal de diputado de mayoría relativa, como consecuencia de violaciones legales específicas.

c)                NULIDAD DE ELECCIONES POR VIOLACIONES LEGALES GENÉRICAS, CONFORME AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE MEDIOS.

1. Nulidad de elección por violaciones constitucionales. Dentro de este tipo de nulidad, es posible distinguir las siguientes subclasificaciones.

1.1. Nulidad por las causas específicas estatuidas en el artículo 41 Base VI de la Constitución (Tutela de la equidad en la contienda).

El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entre otras, una reforma al artículo 41 Base VI de la Constitución, en la que se insertó el siguiente texto:

“Artículo 41.

---------------“

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Como puede desprenderse de la transcripción anterior, el Poder de Reforma estatuyó a nivel constitucional, supuestos específicos de nulidad de la elección por violación, específicamente, para tutelar los siguientes aspectos iusfundamentales:

1.    Principio de equidad de la competencia entre los partidos políticos (artículo 134 en relación con el 41 párrafo segundo, Base II, de la Constitución).

2.    Asegurar que los partidos políticos nacionales cuenten, de manera equitativa, con los instrumentos que les permitan llevar a cabo sus actividades (artículo 41 párrafo segundo Base II de la Constitución).

3.    Salvaguardar la equidad en el financiamiento público (artículos 41 párrafo segundo base I y 116 fracción IV inciso g) de la Constitución); y,

4.    La prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado (artículo 41 párrafo segundo Base II de la Constitución).

1.2. Estándares que debe revestir la violación para que sea susceptible de propiciar la nulidad de la elección.

Son tres los estándares o requisitos que la violación debe satisfacer para que ésta produzca la nulidad de la elección, a saber:

a)    Que sea grave

b)   Que sea dolosa; y,

c)    Que sea determinante

Por lo que ve a las dos primeras características antes mencionadas, es la Ley de Medios el instrumento a través del cual el legislador democrático ha definido con toda precisión qué se entiende por las connotaciones: grave y dolosa, tal y como se desprende del artículo 78 bis numerales 4 y 5 del ordenamiento en cita, en los siguientes términos:

        Son graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

        Se estiman dolosas las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

En relación con la connotación determinante, en la propia Constitución se establece que, en todo caso, aquélla condición se presumirá cuando la diferencia de la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar de la elección de que se trate, sea menor al cinco por ciento.

Como puede verse, la Constitución define con toda precisión el parámetro para establecer cuándo la violación es determinante, pero únicamente, en cuanto a la vertiente cuantitativa, por lo que el ámbito cualitativo[12], queda sujeto a la determinación de este Tribunal Electoral, en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración y de acuerdo con las peculiaridades del mismo[13].

Aunado a las características anteriores, la propia Constitución dispone que las violaciones que en cada caso se impugnen, deben quedar acreditadas de manera objetiva y material para que sea procedente decretar la nulidad de la elección y no en base a inferencias.

1.3. Hipótesis específicas de nulidad por vulneración al principio de equidad en la contienda.

Ahora bien, no por cualquier motivo puede decretarse la nulidad en términos del artículo 41 Base VI de la Constitución, sino que el Poder de Reforma circunscribió dicha posibilidad a los siguientes ámbitos:

a)    Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

b)   Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y

c)    Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

2. Nulidad de la elección por violación a principios constitucionales.

En adición a las causas específicas antes examinadas, debe considerarse la posibilidad de decretar la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales que rigen la materia, hipótesis que ha sido reiterada en distintos criterios de este Tribunal Electoral.

Ciertamente, cuando a través de los medios de impugnación, se constata la vulneración de los principios constitucionales cuyo respeto deviene indispensable para considerar que una elección ha sido libre, auténtica y democrática, siempre que la misma se encuentre plenamente acreditada, sea grave y resulte determinante para el resultado de la elección, es procedente decretar la nulidad del proceso comicial de que se trate.

El someter a escrutinio una elección, no solamente tiende a salvaguardar los principios constitucionales que rigen la materia, sino también una amplia gama de derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en los distintos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte signante, específicamente, las prerrogativas de votar y ser votado en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

De esta suerte, la revisión en sede judicial de una elección, se endereza a tutelar, entre otros, al menos los siguientes principios y derechos fundamentales atinentes a la materia electoral:

1.    Los derechos fundamentales a votar, ser votado, de asociación y de afiliación -artículos 35 fracciones I, II y III, y 41 párrafo segundo fracción I párrafo segundo de la Constitución; 25 inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso b) de la Convención-.

2.    Contar con acceso, por todos los ciudadanos, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país -artículos 25 inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso c) de la Convención-.

3.    Elecciones libres, auténticas y periódicas -artículos 41 párrafo segundo de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso b) de la Convención-.

4.    Preservar el sufragio universal, libre, secreto y directo -artículos 41 párrafo segundo base I párrafo segundo; y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución; 25, inciso b) del Pacto Internacional y 23.1, inciso b) de la Convención-.

5.    La libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones artículos 6 y 7 de la Constitución; 25.1 de la Convención y 19 del Pacto Internacional-.

6.    Organización de las elecciones por un organismo constitucional y autónomo -artículo 41 párrafo segundo Base V de la Constitución-.

7.    Salvaguarda de los principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad -artículos 41 párrafo segundo Base V Apartado A párrafo primero y 116 fracción IV inciso b) de la Constitución-.

8.    Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral -artículos 14, 16, 17, 41 párrafo segundo Base VI y 116 fracción IV inciso l) de la Constitución y 25.1 de la Convención-.

9.    La definitividad en materia electoral -artículo 41 párrafo segundo base VI y 116 fracción IV inciso m) de la Constitución-, y

10.           Solamente la ley puede establecer nulidades -artículo 99 párrafo cuarto fracción II párrafo segundo de la Constitución-.

Dichos principios permean todo el ordenamiento jurídico, por lo que su estricto cumplimiento constituye una condición sine qua non, para estimar la validez de cualquier elección constitucional en México[14].

En este sentido, como lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal Electoral, mediante el establecimiento de una importante doctrina de precedentes judiciales[15], no es óbice para revisar la validez de una elección por violación a principios constitucionales, la circunstancia de que el artículo 99 fracción II párrafo segundo de la Constitución, prevea como uno de los principios rectores del sistema de nulidades, el atinente a que dicha sanción o consecuencia legal solamente puede decretarse por las causas expresamente previstas en la ley; cuenta habida que ello no implica prohibición para que las salas de este Tribunal, en su calidad de Tribunal Constitucional especializado la materia, determinen si una elección se ajustó o no a los principios constitucionales.

Así, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, este Tribunal no sólo es garante del principio de legalidad, sino concomitantemente, del de constitucionalidad, pues así lo dispone expresamente el numeral 41 párrafo segundo Base VI de la Constitución.

Efectivamente, por un lado, el principio relativo a que la nulidad de una elección solamente puede decretarse por las causas expresamente previstas en la ley, en cualquier caso, se refiere a las nulidades de nivel legal, pero desde luego, no enmarcan a aquellas de nivel constitucional.

La aseveración que antecede, exige adoptar un entendimiento constitucionalmente adecuado de los artículos 41, 99, 105 y 116 de la Constitución, a través del cual, sea dable concluir válidamente que, por una parte, la Carta Magna ordena al Tribunal Electoral que tratándose de la invalidez de una elección por motivos ordinarios o de entidad secundaria, ésta se surta únicamente con base en las hipótesis expresamente estatuidas en la ley; pero que sin que ello se traduzca en un valladar para el eventual escrutinio de una elección por violaciones a principios constitucionales.

El entendimiento de la doble intervención que tiene este Tribunal Constitucional en la revisión de las elecciones, parte de la necesidad de dotar de coherencia al propio sistema de nulidades, puesto que resultaría un contrasentido considerar que los procesos electorales solamente están garantizados frente a violaciones específicas de nivel legal, pero no así respecto a vulneraciones a principios constitucionales y derechos fundamentales que, desde luego, tienen una mayor entidad en términos de los principios pro persona y de supremacía constitucional que albergan los artículos 1° y 133 de la Norma Fundamental.

Al respecto, la doctrina de la Sala Superior ha fijado la postura de que las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución, no son la única fuente o vía para regular los supuestos permisivos, prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen las elecciones a cargos de elección popular, de manera tal que se puede decretar la invalidez o la nulidad de una elección por la violación o conculcación a principios constitucionales.

En efecto, puede acontecer que las irregularidades alegadas, aun cuando no estén previstas en una ley electoral ordinaria constituyan la conculcación directa a una disposición constitucional, en la cual se determine cómo deben ser las elecciones para calificarlas como democráticas, puesto que, como se indicó, en la Constitución Federal se consagran los principios que deben observarse en la elección de los poderes públicos.

e esta forma, si se presentan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral son contrarias a una disposición constitucional, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante el proceso comicial atinente, podría conducir a la invalidez de la elección por ser contraria a los principios de la Ley Fundamental.

Si llega a presentarse esta situación, el proceso sería inconstitucional y esa condición haría suficiente para tornarlo ilícito, al contravenir el orden constitucional, con lo cual no podría generar efecto válido alguno, sino que, por el contrario, probados esos extremos debe aplicarse, como consecuencia normativa, la privación de validez del acto o resolución que se encuentre viciado.

Lo anterior es así, ya que se trata, en realidad, de normas que condicionan la validez sustancial del proceso comicial, susceptibles de tutela judicial inmediata por los tribunales a quienes se encomienda el sistema de control de constitucionalidad y legalidad electoral, es decir, por las salas del Tribunal Electoral, a través de los diversos medios de impugnación establecidos para ese efecto, lo cual constituye un derecho de los justiciables, tutelado en el artículo 17 constitucional, para que sus pretensiones sea resueltas.

En esas condiciones, es dable concluir que las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución, no son la única fuente o vía para controlar la regularidad constitucional de las elecciones a un cargo de elección popular.

De lo anterior se sigue que las atribuciones asignadas a las Salas del Tribunal Electoral en la Norma Fundamental, conllevan a garantizar que los comicios se ajusten no solamente a los principios de legalidad sino también a los de convencionalidad y constitucionalidad, de modo tal que cuando se realice un estudio para constatar que el proceso electoral cumplió con los referidos principios, se pueda determinar si la elección es válida o no.

Luego, resulta evidente que una elección no se puede calificar como libre y auténtica de carácter democrática en los términos de la Constitución, cuando no se ajusta a los principios o reglas previstos en ella, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino, por el contrario, debe ser privada de efectos, lo cual puede identificarse como una causa de invalidez por violaciones constitucionales.

Ciertamente, si una elección debe declararse nula por resultar contraria a los supuestos legales previstos por el legislador, como consecuencia de la irradiación de los principios pro persona y de supremacía constitucional, con mayor razón cabe su anulación cuando han sido violentados diversos mandatos constitucionales y convencionales, dado que sus resultados no pueden considerarse aptos para renovar los cargos de elección popular. En ese contexto, la plena observancia de la normativa constitucional y de los parámetros de convencionalidad, obligan a las autoridades competentes, dentro de las cuales se encuentra, desde luego, este Tribunal Electoral, a garantizar cabalmente su aplicación, así como a sancionar los actos e incluso normas que las contravengan.

Bajo el cúmulo de argumentos hasta aquí expuestos, esta Sala Regional, siguiendo los criterios sentados por la Sala Superior, arriba a la convicción de que es constitucionalmente factible y válido concluir que los actos o resoluciones electorales que sean contrarios a las disposiciones de la Constitución o a los parámetros de derecho internacional aplicables e impacten en los procesos comiciales (supuestos o hechos operativos), constituyen causa de invalidez de éstos, lo que conduce a que, mediante la declaración judicial correspondiente, se determine su ineficacia (consecuencia normativa).

Alcanzar un entendimiento en sentido inverso, implicaría hacer nugatorio lo establecido en el conjunto de preceptos de la Constitución y que tienen relación inmediata o mediata con la materia electoral, bajo el inconexo argumento de que en una norma secundaria no se recoja, como hipótesis de invalidez, la conculcación de las normas y principios constitucionales y convencionales que rigen los comicios, lo cual haría disfuncional el sistema, produciendo la consecuencia incongruente de inaplicar determinados mandatos constitucionales, al supeditar su eficacia a que el legislador ordinario recoja en la ley inferior la violación constitucional como causa de nulidad de una elección.

Conclusión directa de lo anterior es que en concepto de esta Sala Regional, la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, no solamente puede declararse declararse inválida o nula por la actualización de los supuestos específicos del artículo 41 Base VI de la Constitución que ha sido examinado en este estudio, sino también por la conculcación de los principios constitucionales o convencionales aplicables en la materia.

2.1. Elementos para decretar la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales.

Siguiendo con la doctrina judicial sentada por la Sala Superior, es posible obtener que los elementos o condiciones de la invalidez o nulidad de la elección por violación de principios constitucionales son, capitalmente, los siguientes:

a)    Que se plantee un hecho que se estima violatorio de algún principio o norma constitucional o convencional -violaciones sustanciales o irregularidades graves-.

b)   Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén acreditadas objetiva y materialmente.

c)    Que sea posible constatar el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o convencional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y

d)   Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Con relación a los dos primeros requisitos, la doctrina de la Sala Superior ha sostenido que corresponde a la parte actora exponer los hechos que, en su opinión, infringen algún principio o precepto constitucional o convencional, para lo cual, es indispensable que se ofrezcan y aporten los elementos de prueba pertinentes y necesarios para acreditar el hecho motivo de la violación constitucional. Demostrados fehacientemente tales extremos, eventualmente, se puede declarar la invalidez de la elección por violación o conculcación de principios o normas constitucionales y convencionales.

2.2. La determinancia para decretar la nulidad de una elección por violación a principios constitucionales.

Para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas constitucionales o principios fundamentales, es necesario que esa violación sea grave, dolosa, generalizada y, además determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo al candidato ganador.

Tales requisitos garantizan la autenticidad y libertad del sufragio y de la elección, y otorgan certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados. De no exigirse, según el caso, que la violación sea sustantiva, generalizada y determinante, se podría llegar al extremo incoherente de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron a la respectiva mesa directiva de casilla a expresar su voluntad electoral y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio.

Sobre el carácter o factor determinante de la violación, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que una irregularidad se puede considerar determinante desde dos puntos de vista:

        El cuantitativo o aritmético; y,

        El cualitativo o sustancial.

El primero, es el cartabón aritmético para establecer cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o para la validez de una elección.

El segundo, se proyecta de modo que atiende a la naturaleza de la violación, vislumbrando la finalidad de la norma jurídica o del principio constitucional o convencional que se considera vulnerado por una parte; y, por otra, tomando en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias particulares en que se cometió.

De esta guisa, como lo ha sostenido la Sala Superior, el carácter determinante no está supeditado exclusivamente a un factor cuantitativo o aritmético, sino que también se puede actualizar a partir de criterios cualitativos; por las circunstancias particulares en las que se cometió la infracción; por las consecuencias de la transgresión o la relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta infractora; así como por el grado de afectación del normal desarrollo del procedimiento electoral, respecto a la tutela de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

3. Nulidad de elecciones por violaciones legales específicas. Desde la vertiente legal, el sistema de nulidades se divide, en esencia, de la siguiente forma:

1.    Causas específicas de nulidad de la votación recibida en las casillas.

2.    Causas genéricas sustanciales que afecten la elección; y,

3.    Nulidad de una elección federal de diputado de mayoría relativa, como consecuencia de violaciones legales específicas.

3.1. Causas específicas de nulidad de la votación recibida en las casillas.

Estos motivos de nulidad se hallan insertos en el artículo 75 de la Ley de Medios, y se actualizan en los siguientes supuestos:

a.    Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado.

b.    Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos previstos en Ley Electoral.

c.    Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

d.    Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

e.    Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral.

f.      Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

g.    Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en la Ley Electoral.

h.    Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada.

i.       Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

j.       Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación; y,

k.    Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

3.2. Causas genéricas sustanciales que afecten la elección.

Esta hipótesis de nulidad, está prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios, el cual dispone que podrá ser declarada inválida una elección de diputados o senadores, cuando se hayan cometido de forma generalizada, violaciones sustanciales en la jornada electoral en el distrito o en la entidad de que se trate, que sean determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

En este supuesto, la fijación de la determinancia desde las vertientes cuantitativa y cualitativa, queda a la libre configuración del Tribunal Electoral, en términos de los precedentes y de las tesis que han sido invocadas en el cuerpo de esta sentencia.

3.3. Nulidad de una elección federal de diputado de mayoría relativa, como consecuencia de violaciones legales específicas.

Finalmente, a nivel legal, encontramos las nulidades específicas que pueden recaer a una elección federal de diputado por el principio de mayoría relativa, siempre que sobrevengan los supuestos específicos siguientes:

a.    Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo 75 de la propia Ley de Medios, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos.

b.    Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y, consecuentemente, la votación no hubiere sido recibida, y

c.    Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

II. Estudio del caso.

Como se anticipó, el artículo 78 de la Ley de Medios, establece la denominada causal genérica de nulidad de elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones substanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o candidatos.

En el caso concreto, atendiendo a los agravios planteados por el Partido del Trabajo se desprende que solicita la nulidad de la elección en razón de que el PVEM incurrió en una serie de conductas que estima, fueron sistemáticas, graves e ilegales desde antes del inicio del proceso electoral, hasta, el día de la jornada electoral, con el fin de publicitarse de manera excesiva, lo que vulnera los principios constitucionales de legalidad, certeza y equidad. Aduce que dichas irregularidades fueron sancionadas por el INE y por este Tribunal Electoral.

En ese sentido, esta Sala Regional considera que los agravios hechos valer por el Partido del Trabajo deben analizarse a la luz de la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios, que se conoce como “causal genérica de nulidad de elección” que establece:

Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o la entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditados y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

No obstante que el partido en comento, al momento de referir sus agravios, los fundamentó en la nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso k) del artículo 75 de la Ley de Medios, que como se evidenció en el apartado correspondiente se refiere a una causal de nulidad de votación recibida en casilla, esta Sala Regional resolverá tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto, lo que es acorde a la obligación prevista en el artículo 23 párrafo 3 de la Ley de Medios.

Lo expuesto también se soporta en el criterio contenido en la jurisprudencia de la Sala Superior identificada con la clave 4/99 de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR[16].

En el caso, se estima que por la naturaleza de las presuntas irregularidades que menciona el actor en su demanda resulta necesario que se analicen a la luz de la referida causal genérica de nulidad de la elección y no así en una causal de nulidad de votación recibida en casilla, tal y como se explicará en lo sucesivo.

Cabe señalar que amén de que las irregularidades hechas valer se estudiarán a la luz de la causal 78 de la Ley de Medios, esto es, sin perjuicio de que, de que su análisis en lo individual, pudiera encuadrarse en alguna diversa conforme la más reciente reforma constitucional y legal en la materia de dos mil catorce.

En ese contexto, del contenido del artículo 78 antes aludido, se advierte que para que se dé la nulidad de la elección es necesario que se actualicen los siguientes elementos:

a.    Existencia de violaciones sustanciales.

b.    De forma generalizada.

c.    Durante la jornada electoral.

d. En el distrito o entidad de que se trate.

e. Plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección.

Las violaciones sustanciales han sido definidas como aquellas que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente, en los artículos 6, 17, 35, 39, 41 y 99 de la Constitución, dichos principios se traducen, entre otros, en:

        Elecciones libres, auténticas y periódicas.

        Voto universal, libre, secreto y directo.

        Organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo.

        La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, en la actuación de las autoridades electorales y el desarrollo de los procesos electorales.

        Condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, así como para los candidatos independientes, y en general, en las condiciones de la competencia electoral.

        Control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

        En el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad, así como el público sobre el privado.

        Libertad de expresión y el derecho a la información en el debate público.

        Derecho a la tutela judicial efectiva en la materia.

        Principio de definitividad.

Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis X/2001 sustentada por la Sala Superior, de rubro: ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.[17]

Por violaciones generalizadas, de ninguna forma, podría entenderse como una irregularidad aislada, debe tratarse de situaciones que tengan una importante repercusión en el ámbito de la elección que se cuestione, esto es, en el caso de la elección de diputados, en el distrito, y de senadores, en la entidad correspondiente.

Debe entenderse que esas violaciones generalizadas tengan una injerencia directa en los principios rectores que se encuentran contemplados constitucional y legalmente, es decir, los posibles efectos de esas conductas deben ocasionar un daño a los elementos sustanciales de la elección, lo cual debe traducirse en que se pueda considerar que no se cumplió con ellos y que por ende, los resultados de la elección se encuentran viciados.

Ello se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que las violaciones afecten de manera importante sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador.

A su vez, la necesidad de que las violaciones tengan repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputados o senadores, en el distrito o entidad de que se trate, atiende a que los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral, se contraen exclusivamente a cada elección considerada de forma individual[18].

En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que no debe entenderse en sentido limitativo o que únicamente se puede actualizar la nulidad de la elección por violaciones generalizadas acontecidas en esa etapa del proceso electoral, pues eso sería contrario a que durante todo éste se deben respetar los principios previstos constitucional y legalmente, máxime si se acotara la interpretación del alcance de ese precepto, nos podría llevar al absurdo que no se pudiera declarar la nulidad de una elección, pese a tenerse acreditada la comisión de diversas irregularidades por parte de alguno de los actores políticos, que de manera objetiva tuvieron una repercusión en el resultado de la elección.

Así, para efectos del referido elemento, deberá entenderse aquellas irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral, para lo cual resulta orientador la tesis relevante de la Sala Superior identificada con la clave XXXVIII/2008 y de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR)[19].

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero, artículo 2 de la Ley de Medios, el cual dispone que para la resolución de los medios de impugnación, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional[20]. Esto, porque basándonos en los dos últimos criterios de interpretación, se puede concluir que atendiendo a los alcances de la norma que el legislador permanente pretendió darle, lo procedente será anular la elección, cuando exista la concurrencia de hechos infractores de la norma de tal entidad que no exista duda de que se vulneraron los principios sustanciales que deben encontrarse presentes en toda elección.

En ese contexto, se estima que se debe dar un mayor alcance al precepto en razón de que contempla que esas violaciones deben ser generalizadas, sustanciales, encontrarse plenamente acreditadas y demostrar que fueron determinantes en el resultado de la elección, es decir, que tuvieron una injerencia en la voluntad ciudadana.

En consecuencia, para que se actualice la nulidad de una elección es necesario que se pruebe la existencia de irregularidades que afecten de manera sustancial los principios que deben prevalecer en toda elección democrática.

Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que es criterio de este Tribunal Electoral que el requisito de determinancia que debe acreditarse para declarar la nulidad de una elección, puede ser cuantitativo o cualitativo, lo cual se encuentra recogido en la tesis relevante XXXI/2004, intitulada NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD[21].

Por tanto, la nulidad de una elección por acreditarse la determinancia cualitativa se decreta cuando se han conculcado de manera significativa, uno o más de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió[22].

Resulta orientador referir algunas consideraciones hechas por la Sala Superior de este Tribunal[23] relacionadas con la invalidez o nulidad de la elección por la vulneración de ciertos valores fundamentales e indispensables para considerar una elección como libre, auténtica y democrática.

En ese contexto, en la citada determinación sostuvo que los principios que deben respetarse en cada proceso electoral resultan vinculantes y, por lo tanto, constituyen condiciones o elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que sea considerada constitucionalmente válida.

Así, si una elección resulta contraria a dichas normas supremas, bien porque las inobserva o porque se conculcan de cualquier forma, violando los mandatos o contraviniendo las prohibiciones, entonces el proceso y sus resultados no pueden considerarse aptos constitucionalmente para renovar los cargos de elección popular.

Al respecto, debe recordarse que el artículo 41 base VI de la Constitución consigna que debe existir un sistema de medios de impugnación que garantice que los actos y resoluciones electorales se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad y, con base en el artículo 99 de la Constitución, este Tribunal Constitucional es el máximo órgano jurisdiccional en la materia, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105; en tal virtud a éste le corresponde sustanciar y resolver los medios de impugnación y al hacerlo debe realizar un análisis constitucional cuando corresponda, como en el caso, o de legalidad.

Por lo tanto, resulta evidente que una elección no puede calificar como una elección libre y auténtica de carácter democrática en los términos de la Constitución, cuando no se ajusta a los principios o reglas previstos en ella, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino, por el contrario, debe ser privado de efectos.

Establecido que la causa de nulidad invocada por el Partido actor se estudiará atendiendo a los señalados parámetros, debe tenerse en cuenta que el actor basa su solicitud y ofrece como pruebas, para acreditar las presuntas infracciones cometidas por el Partido Verde Ecologista de México todas las determinaciones de las autoridades electorales en las cuales se le impuso alguna sanción.

En este sentido, se hará una breve síntesis de los procedimientos que han sido instaurados en contra del PVEM, toda vez que éstos constituyen un hecho notorio para esta Sala Regional de conformidad con lo previsto en el artículo 15 párrafo 1 de la Ley de Medios, al obrar en los archivos del propio Tribunal Electoral.[24]

Cabe resaltar, que en algunos casos, la Sala Especializada y la Sala Superior, han establecido que las conductas del Partido Verde Ecologista de México han generado más de una infracción.

Asimismo, se advierte que las conductas por las que el Partido ha sido sancionado constituyeron violación al modelo de comunicación política así como indebida entrega de beneficios directos a los ciudadanos.

Con base en la información contenida en la tabla precedente, puede concluirse que este Tribunal mediante resoluciones ejecutoriadas ha determinado que el PVEM incurrió en violación al modelo de comunicación política y al principio de equidad en la contienda, y de manera indebida entregó beneficios a los ciudadanos, en contravención al artículo 209 párrafo 5 de la Ley Electoral y violentó lo previsto en el artículo 41 Constitucional por la indebida adquisición de tiempos en televisión, por las siguientes conductas:

I.                   Violación al modelo de comunicación política y al principio de equidad en la contienda.

        Difusión de 239,301 spots de televisión abierta y restringida, así como en una radiodifusora, durante setenta y dos días, en todo el territorio nacional, alusivos a los informes de labores de legisladores de su grupo parlamentario.

        Difusión de promocionales denominados cineminutos en Cinemex y Cinépolis, en veintinueve estados de la República, incluido el Distrito Federal así como la colocación de propaganda en espectaculares, vehículos, estructuras metálicas, casetas telefónicas y mamparas alusivas a logros del Partido, desde septiembre de dos mil catorce a enero de dos mil quince, que constituyeron una estrategia integral y sistemática para posicionarse de manera indebida frente a la ciudadanía y un uso abusivo de los medios de comunicación social eludiendo las restricciones legales, en detrimento del modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 de la Constitución.

        Distribución de papel para envolver tortillas con el emblema del Partido, que puso en riesgo el equilibrio con los demás partidos y generó una sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática.

        Difusión de promocionales en televisión abierta, en toda la República, relacionado con las frases “propuestas cumplidas”, “cumple lo que promete”, “lo que propone lo cumple” y “falta mucho por hacer”, en relación con las temáticas “vales de medicinas” y “entrega de lentes” en distintos medios de comunicación masivos, que infringieron el modelo de comunicación política por la indebida apropiación de un programa social; además la distribución de propaganda en distintos medios relacionada con la campaña de entrega de lentes graduados, entre, enero y marzo de dos mil quince.

        Entrega de cuatro millones de calendarios en los domicilios de los ciudadanos, mediante los cuales se difundieron logros del Partido en temas como “cuotas escolares”, “circo sin animales”, “el que contamina paga” y “cadena perpetua”, durante la etapa de precampañas, como parte de la campaña sistemática, integral y continuada que alteró el modelo de comunicación política con impactó en todo el territorio nacional, por constituir una sobreexposición.

        Divulgación de propaganda en once revistas de circulación nacional, mensajes de texto enviados a teléfonos móviles y redes sociales, durante el periodo de precampaña, alusiva a “Verde si cumple”, “Propuesta cumplida”, “Cumple lo que propone”, con sus diversas temáticas “cadena perpetua”, “circo sin animales”, “el que contamina paga” y “cuotas escolares”.

II.                 Entrega de beneficios.

        Distribución de diez mil tarjetas “Premia Platino” en los domicilios de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, del dos al seis de marzo de dos mil quince, en vulneración a lo establecido en el artículo 209, párrafo 5 de la Ley Electoral pues implicó un beneficio directo consistente en el ahorro del costo de la membresía del servicio Premia Platino, e inmediato porque su propietario puede hacer valer los descuentos y provechos que se otorgan a su propietario; lo cual permitió al Partido Verde Ecologista de México presentarse como benefactor.

        Entrega de seiscientos mil boletos para asistir a funciones de salas de cine en Cinemex y Cinépolis en todo el territorio nacional, del dos al quince de marzo y del cinco al nueve de abril, es decir, durante la etapa de intercampaña y campaña.

        Distribución de cuarenta mil “Kits escolares y artículos promocionales utilitarios”, por su candidatos; a partir del cinco de abril, es decir, durante la etapa de campaña, en todo el territorio nacional, que constituyeron la entrega al electorado de bienes materiales que reportan diferentes beneficios a sus destinatarios, excediendo a los que la ley ha autorizado, trastocándose con ello la libertad para el ejercicio del sufragio activo.

III.              Indebida adquisición de tiempos en televisión.

        Contratación de vallas electrónicas durante la transmisión en televisión del partido de fútbol Guadalajara vs América, celebrado el veintiséis de abril de dos mil quince, y transmitido en vivo a nivel nacional entre las 18:00 y las 20:00 horas, en el estadio “Omnilife” en el municipio de Zapopan, en Jalisco, dentro de la etapa de campañas del proceso electoral federal y el proceso electoral local concurrente en dicha entidad federativa.

        Contratación de vallas alusivas al Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, en vallas electrónicas, y “unimetas” situadas alrededor de la cancha del Estadio Azteca, el 2 de mayo (esto es, en el periodo de campaña), cuando ocurrió el encuentro de fútbol entre los equipos América y Toluca, mismo que se transmitió por Televisión. La propaganda se divulgó, en ciertos momentos, en la transmisión televisiva de dicho juego, en la señal XEW-TV Canal 2.

Por parte del Partido Revolucionario Institucional, se difundió a través de vallas electrónicas, en donde se mostró su emblema, así como la frase: “Trabajando por lo que más quieres”; la propaganda del Partido Verde Ecologista de México mostraba su emblema, y la leyenda: “Sí cumple”. Se materializó vía vallas electrónicas, y en dos tapetes situados al costado de las porterías, durante todo el partido de fútbol; ello constituyó el acceso indebido a la televisión con fines electorales, fuera de los tiempos administrados por el INE.

IV.             Propaganda en twitter (veda)

Adicional a las determinaciones que han sido reseñadas con antelación, el Partido del Trabajo también hace valer que no se respetó el periodo de veda, pues diferentes actores y actrices de las televisoras Televisa y Televisión Azteca y el Director Técnico de la selección nacional de fútbol soccer, invitar a votar por el Partido Verde Ecologista de México, afirma que incluso durante el día de la jornada electoral.

Con relación a tales hechos, se considera trascendente indicar qué se entiende por periodo de veda o de reflexión.

Al respecto, el artículo 41 base IV constitucional establece que la ley definirá las reglas para la realización de las campañas electorales, asimismo, indica que la duración de las campañas, en el año en que sólo se elijan diputados federarles, será de sesenta días.

Adicional a ello, el artículo 7 párrafo 2 de la Ley Electoral indica que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y que están prohibidos todos los actos que generen presión o coacción sobre los electores.

El artículo 225, párrafo 2, de la misma ley prevé que las etapas del proceso electoral son: la preparación de la elección; la jornada electoral; los resultados y declaración de validez de las elecciones; y el dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo.

Dentro de la etapa de preparación de la elección, se lleva a cabo el periodo de campañas, las cuales en el año en que sólo se renueve la cámara respectiva, tendrá una duración de sesenta días, de acuerdo a lo previsto también en el artículo 251, párrafo 2 de la indicada ley.

Así, el párrafo 3 del artículo citado establece que las campañas electorales de los partidos políticos iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

El párrafo 4 del artículo citado indica que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral.

Como se ve, dentro de la etapa de preparación de la elección se lleva a cabo la fase de campañas electorales. En dicha fase los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos pueden llevar a cabo actos con el fin de obtener el voto. Dentro de los actos que pueden llevar a cabo se encuentran la difusión de propaganda electoral y los actos de campaña.

En ese contexto, la fase de campaña electoral inicia a partir de del día siguiente en que se lleve a cabo la sesión de registro de candidatos y debe terminar tres días antes de la jornada electoral.

De acuerdo a la norma, desde tres días antes de la jornada está prohibida la celebración de actos de campaña y la difusión de propaganda electoral, tal restricción tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el voto del ciudadano se dé libremente sin recibir ningún tipo de presión.

Con relación a ello, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto persigue, que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano.

Evidenciado lo anterior, y atendiendo a los planteamientos del partido, es un hecho notorio que se invoca con fundamento en el artículo 15 párrafo 1 de la Ley de Medios, que la Sala Superior en sesión pública de trece de junio pasado, resolvió el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-448/2015 interpuesto por el PVEM en contra del acuerdo de medidas cautelares identificado con la clave ACQyD-INE-197/2015, de siete anterior, en el cual desechó de plano la demanda con fundamento en el artículo 9 párrafo 3 en relación con establecido en el numeral 10 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, en razón de que el acto controvertido se consumó de manera irreparable.

Amén de ello, debe tenerse en cuenta que dicho acuerdo se dictó en los procedimientos acumulados especiales sancionadores identificados con las claves de expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/412/PEF/456/2015, UT/SCG/PE/JCJ/CG/413/PEF/457/2015, UT/SCG/PE/PAN/CG/414/PEF/458/2015 y UT/SCG/PE/PAN/CG/415/PEF/459/2015, en el cual se determinó que existía el hecho que denuncia el Partido actor, y bajo la apariencia de buen derecho, era posible concluir que posiblemente se estaba frente a una estrategia de comunicación o campaña propagandística.

En ese contexto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE tomó como medida cautelar ordenar a los titulares de las cuentas de twitter en las que se verificó la existencia de los mensajes alusivos al PVEM o algún otro similar en los que se hiciera referencia a él, la suspensión de ellos.

Evidenciado lo anterior, por lo que se refiere a las irregularidades identificadas con las fracciones I a III enlistadas en las páginas anteriores, si bien es cierto, que mediante sentencias ejecutoriadas ésta acreditada la existencia de irregularidades, esta Sala Regional considera que en el caso, no podría acreditarse el último elemento de la causal del artículo 78 de la Ley de Medios, consistente en la determinancia, esto, se estima así porque no se advierte que las irregularidades a las que se ha hecho referencia, tuvieron un impacto pernicioso que hubiera afectado el resultado de la elección.

En cuanto a la irregularidad referida en la fracción IV, consistente en la presunta difusión de propaganda vía twitter, si bien la cuestión de fondo aún no ha sido dilucidada mediante sentencia ejecutoriada, tampoco en el caso podría calificarse como determinante, por lo siguiente.

De esta forma, tal como se refirió en párrafos que anteceden sólo la declaración de nulidad de la votación recibida en una casilla o bien de una elección, es factible cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la normativa aplicable, son sustancialmente graves y determinantes, es decir, únicamente procede esa determinación cuando las irregularidades afectaron de manera concreta al resultado de la elección, lo que en el caso no acontece.

Lo anterior se afirma así, porque en la elección que se controvierte la fórmula que resultó ganadora fue la postulada por el Partido Acción Nacional, que obtuvo 56,615 (cincuenta y seis mil seiscientos quince votos), mientras que el PVEM únicamente obtuvo por sí mismo 6, 225 (seis mil doscientos veinticinco), de tal manera que el Partido actor no expresa argumento alguno, ni esta Sala advierte, de qué manera podrían ser determinantes en la votación recibida en la elección impugnada las irregularidades señaladas, ante el hecho de que el citado Partido Verde obtuvo el séptimo lugar en la votación con una diferencia de 50,390 (cincuenta mil trescientos noventa) votos ante el primer lugar, por lo que a consideración de esta Sala debe preservar la validez de los votos emitidos por los ciudadanos, así como de la elección llevada a cabo, en aras de cumplir con el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Lo anterior de acuerdo con la Jurisprudencia 09/98, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[25] y en la ratio essendi de la jurisprudencia 13/2000, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”.[26]

DÉCIMO. Recomposición del cómputo. Toda vez que resultó fundado el agravio hecho valer por el PT, en cuanto a la casilla 4397 B, se debe declarar la nulidad de la votación recibida en la misma.

Así, en virtud de que el juicio que se resuelve es el único que se promovió para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa, la declaración de validez y la entrega de las constancias respectivas, todas en el 15 Distrito Electoral Federal en el Distrito Federal, y toda vez que se debe anular la votación recibida en una casilla, se debe modificar el acta de cómputo distrital. Lo anterior, con fundamento en el artículo 56, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios.

Los resultados de casilla 4397 básica cuyos datos deben anularse del cómputo final se detallan a continuación:

Ahora bien, al hacer la resta correspondiente, el acta de cómputo distrital modificada debe quedar en los términos siguientes:

Del cuadro que antecede, se desprende que una vez realizada la recomposición del cómputo Distrital, al restarse la votación anulada por esta Sala Regional, se advierte que el PAN quien había obtenido el triunfo, mantiene cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro (56,484) votos, por lo que sigue conservando el primer lugar en el distrito que se analiza, pues la votación que más se le acercó fue la de MORENA con treinta y un mil setecientos siete (31,707) votos, quedando en segundo lugar.

Además se precisa que la única casilla que se anula representan el cero punto dieciséis por ciento (0.16%) de las quinientas noventa y dos casillas instaladas en ese distrito electoral federal, con lo cual tampoco se actualiza la causal de nulidad de elección contemplada por el artículo 76, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

En ese sentido, el resultado de la nulidad de la votación recibida en la casilla indicada y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, no conlleva un cambio en las fórmulas de candidatos que resultaron ganadoras en la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, por lo que se debe confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla precisada en la última parte de esta sentencia.

SEGUNDO. Se modifican los resultados del acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales realizado por el 15 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal, en términos del último considerando de la presente sentencia.

TERCERO. Se confirma la declaración de validez de la elección de diputados federales, correspondiente y, en consecuencia, se confirma la entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva.

Así por mayoría de votos, por cuanto los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO; por unanimidad respecto al diverso TERCERO; con el voto particular del Magistrado Héctor Romero Bolaños, lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores; por correo electrónico a la autoridad responsable y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ambos casos con copia certificada de la sentencia; por oficio al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por estrados a los demás interesados.

Devuélvanse las constancias que correspondan, y en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido.

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 193 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 34 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, FORMULA EL MAGISTRADO HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS EN EL JUICIO DE INCONFORMIDAD SDF-JIN-95/2015.

Con el debido respeto, me permito disentir de un punto en específico de la sentencia del juicio de inconformidad SDF-JIN-95/2015, concretamente de las razones a partir de las cuales la mayoría de los Magistrados de esta Sala Regional, consideran que debe anularse la votación de la elección de diputados federales recibida en la casilla 4397 B, instalada en el 15 Distrito Electoral Federal en el Distrito Federal.

La casilla en cuestión fue integrada por tres ciudadanos, quienes fungieron como presidente, primer secretario y primer escrutador, respectivamente, es decir, operó con la mitad de los funcionarios que debieron conformar la respectiva mesa directiva de casilla.

Desde la postura de la mayoría, tal situación resulta suficiente para decretar la nulidad de la votación emitida en la casilla en comento, por estimar que se configura la causal consistente en la recepción del sufragio por las personas no autorizadas para ello por la autoridad electoral, prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios.

Lo anterior, entendiendo la mencionada hipótesis, en sentido amplio, en razón de que la votación se recibió por una mesa directiva de casilla incompleta, esto es, no se contó con la totalidad de ciudadanos autorizados para realizar las actividades conferidas.

Desde esa posición, la falta de tres funcionarios de la respectiva mesa directiva, con independencia del cargo que debieron desempeñar los ausentes, constituye una anomalía suficiente para afectar, en cualquier supuesto, la certeza en resultado de la votación; ello, toda vez que, tratándose de elecciones concurrentes —como sucedió en el presente caso, con la elección de diputados federales y la elección de diputados locales y jefes delegacionales del Distrito Federal— el escrutinio y cómputo de ambos comicios debe practicarse de manera simultánea, lo que según la posición mayoritaria, es imposible efectuar con tan solo la mitad de los integrantes.

Sin embargo, no comparto la anterior perspectiva en atención a lo siguiente:

Es verdad que en el caso, para la elección de diputados federales que se desarrolló en el Distrito Federal, fue procedente la operación de la casilla única, tal como lo dispone el artículo 82 párrafo 2 de la Ley Electoral, toda vez que en términos del numeral Quinto transitorio del decreto de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio de dos mil catorce, la elecciones locales ordinarias a celebrarse este año, se llevarían a cabo el primer domingo de junio, esto es, en la misma fecha que la prevista a nivel federal.

En el señalado párrafo 2 del artículo 82 se prevé la manera como se integrara dicho tipo de casilla, la cual quedará conformada con un escrutador y un secretario adicional a los funcionarios de mesa directiva ordinariamente designados; por tanto, se conformará con un presidente, dos secretarios y tres escrutadores, esto con el objeto de desarrollar de manera eficiente las tareas encomendadas.

Lo dicho se corrobora con lo determinado en el acuerdo INE/CG114/2015, del Consejo General del INE, aprobado el trece de agosto de dos mil catorce, del que se advierte el modelo de casilla única aprobado y aquellos estados de la República en los que funcionó dicho modelo por existir elecciones concurrentes.

Ahora bien, es conveniente tener en cuenta las funciones a ejercer por los distintos cargos de una mesa directiva de casilla, las cuales se establecen en los artículos 84 a 87 de la Ley Electoral.

El artículo 84, dispone de manera general, como atribuciones de todos los ciudadanos que integran la mesa directiva de una casilla, entre otras, la de instalarla y clausurarla, así como permanecer en ella el tiempo que medie entre tales acciones, además de recibir y efectuar el escrutinio y cómputo de la votación.

En tanto, los artículos 85 a 87 establecen las funciones específicas de cada cargo en la casilla:

Así como actividades del presidente se regulan, en lo que interesa, encabezar las actividades de la mesa directiva; velar por el cumplimiento de la Ley Electoral; recibir la documentación e implementos necesarios para la instalación y funcionamiento de la casilla; mantener el orden en la casilla y sus inmediaciones; suspender la votación en caso de alteración del orden o de condiciones que impidan el libre ejercicio del voto; practicar el escrutinio y cómputo con auxilio del secretario y los escrutadores; entregar al respectivo Consejo distrital el paquete electoral de la casilla, una vez concluidas las labores de la misma; fijar al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada elección.

Por cuanto a las funciones de los secretarios son las de levantar las actas en las que se registra la actividad de las mesas directivas de casilla a lo largo de la jornada electoral; contar antes del inicio de la votación y frente a los representantes partidistas las boletas electorales a ser utilizadas; comprobar que el nombre de los electores formados para votar aparezca en el listado nominal; recibir los escritos de protesta que presenten los representantes partidistas e inutilizar las boletas sobrantes al concluir la votación.

Mientras que a los escrutadores corresponderá contar las boletas depositadas en cada urna y el número de electores que votó según el listado nominal para verificar que ambas cantidades coincidan; contar el número de votos a favor de cada contendiente y auxiliar al presidente o a los secretarios en las actividades que éstos les encomienden.

Asimismo, el artículo 279 del ordenamiento en cita prevé que será el presidente quien entregue las boletas al ciudadano para que éste emita su sufragio, después de que se corrobore su aparición en la lista nominal; también que el secretario, auxiliado de uno de los escrutadores, deberá llevar registro de los ciudadanos que sufragaron marcando con el sello “votó” la lista nominal, aparte de marcar la credencial para votar de cada elector y aplicarle la tinta indeleble en el pulgar derecho.

En el mismo sentido, el artículo 290 de la Ley en cita, prescribe que durante el escrutinio y cómputo de la votación, uno de los escrutadores contará en dos ocasiones el número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; el presidente de la casilla abrirá las urnas y sacará las boletas depositadas en ellas; otro escrutador contará las boletas extraídas de la urna; luego, los escrutadores, bajo supervisión del presidente clasificarán las boletas por contendiente favorecido en ellas y por votos nulos; al secretario atañe anotar los resultados de esa clasificación y transcribir los resultados en las actas de escrutinio y cómputo.

De acuerdo con lo expuesto, a cada uno de los cargos que componen una mesa directiva de casilla, la Ley Electoral les ha asignado funciones concretas para lograr una eficiente recepción del voto; de tal suerte, puede concluirse que una casilla operará de manera adecuada siempre y cuando cuente con funcionarios que desempeñen las labores encomendadas al presidente, a los secretarios y a los escrutadores, es decir, siempre que se respete la división de los trabajos a realizarse en la propia casilla, o sea, que cada funcionario se dedique, en principio, única y exclusivamente a la actividad que le corresponde según el cargo que ocupa, sin interferir o distraer las labores de quienes desempeñan los otros.

A la misma conclusión se llega si se tiene en consideración lo previsto en el artículo 274 párrafo 1 de la Ley Electoral, acerca del modo de proceder en caso de que, en la jornada electoral, no acudan todos los integrantes de la mesa directiva de una casilla, esto es, a partir de corrimiento de los cargos para que los funcionarios presentes, ya sea propietarios o suplentes, ocupen la posición de los ausentes, o bien, habilitando a ciudadanos de la fila para los cargos faltantes, siempre con el objetivo de lograr la completa integración de la casilla con la totalidad de sus integrantes, para un eficaz desempeño de las labores de presidente, secretario y escrutador; disposición que, desde luego, es aplicable para la casilla única en elecciones concurrentes.

La división del trabajo por cargos de diferente naturaleza, cobra mayor relevancia al momento del escrutinio y cómputo de la votación, pues las labores específicas legalmente conferidas al presidente, a los secretarios y a los escrutadores tienen que ver, primordialmente, con los actos concernientes al conteo de los votos recibidos, labor que dada su trascendencia, requiere de mayor control y concentración de los funcionarios en las actividades que, conforme a su cargo, les incumben; en otras palabras, si bien los integrantes de la mesa directiva de una casilla tienen encomendadas las actividades generales de permanecer en la propia casilla, así como recibir y efectuar el escrutinio y cómputo de la votación, lo cierto es que sólo a través de la especialización del trabajo, mediante su división en tareas, es que se puede llevar a cabo un adecuado funcionamiento de la casilla, que permita el adecuado control y manejo de la documentación electoral, ya sean actas a elaborarse, boletas a ser contadas, entregadas a los votantes o inutilizadas por sobrantes, o bien, boletas convertidas en votos cuyo cómputo definirá los resultados de la elección.

Acorde con esa lógica fueron emitidas por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, la jurisprudencia 32/2002, de rubro ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE[27], así como la tesis XXIII/2001 de rubro FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN[28].

Me parece importante indicar, que los criterios recogidos en la mencionada jurisprudencia y tesis son anteriores a la reforma a la legislación electoral que introdujo la figura de la casilla única en elecciones concurrentes y su operación con seis funcionarios, sin embargo, las razones esenciales que sustentan los criterios contenidos en ellas, resultan aún vigentes, y compatibles con el actual marco regulatorio de la operación e integración de las casillas —en especial, al artículo 82 párrafo 2 de la Ley Electoral—.

En ese tenor, es dable sostener que la integración de una casilla sin funcionarios que desempeñen el cargo de escrutadores, se trata de una situación diferente y, por tanto, podría compartir que generara otras consecuencias al supuesto en que la casilla opere con tres integrantes, pero cada uno de ellos ejerza una función diversa, de forma que se hubiera integrado con un presidente, un secretario y un escrutador.

Desde mi punto de vista, la falta de dos escrutadores, de manera ordinaria, lo que ocasionaría es que el único escrutador presente incremente su labor para cubrir la función de los faltantes, lo cual, per se no genera una afectación al principio de certeza, toda vez que lo único que sucedería es que la actividad que le es encomendada dure más tiempo al realizarse, en principio, por una sola persona, que en realidad no actúa sola, pues siempre se encuentran bajo la supervisión del presidente y secretario.

Por tanto, considero que el hecho de que se encuentre en la casilla única un solo escrutador, no constituye un obstáculo que no permita cumplir con las tareas propias,—a saber, contar ciudadanos que votaron conforme a lista nominal, contar boletas extraídas de la urna o clasificarlas para determinar los votos válidos o nulos— pues es mi convicción que lo que sucedería es que realizar las actividades llevaría más tiempo, el cual se encontraría justificado en razón de la ausencia de los otros escrutadores, lo que de ninguna forma puede entenderse como una vulneración determinante a los principios de legalidad y certeza.

Además, de que atendiendo al diseño de las actividades de la mesas directivas de casillas, me parece que incluso, en las actividades que debe realizar el escrutador sin lugar a dudas pueden auxiliarlo los otros funcionarios presentes, siempre que ello no interfiera en las tareas de los mismos, de manera que desatiendan sus obligaciones o dejen de realizar las labores que tienen asignadas.

En este punto, es importante destacar, que el artículo 290 de la Ley Electoral, establece que el procedimiento del escrutinio y cómputo de la votación, consistente en un serie de actividades concretas a cargo de cada funcionario y de manera consecutiva, es decir, tales tareas no son paralelas sino, más bien, son una secuencia de actos que requieren de uno previo para poder realizarse, por ejemplo, para que el secretario asiente los resultados de la votación en las actas, es necesario que, previamente, los escrutadores determinen la cantidad de votos válidos y votos nulos, después de clasificar las boletas con la supervisión del presidente, mientras que para que esa clasificación sea posible, con anterioridad deben contarse por un escrutador las boletas que fueron depositadas en la urna, conteo que requiere como paso previo, que el presidente extraiga tales boletas de la misma urna.

Lo dicho permite afirmar que, en caso de la presencia de un solo escrutador, es posible que el presidente colabore con éste, pues la misma norma establece que las actividades se realizan bajo su supervisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 290 de la Ley Electoral que prevé que la clasificación de las boletas en votos válidos y nulos, así como su cómputo, se hará con su supervisión.

Ahora bien, sobre el argumento empleado por la mayoría para sustentar su postura de anular una casilla integrada por un presidente, un secretario y un escrutador, relativo a la necesidad de que la casilla única se integre cuando menos por cuatro funcionarios para posibilitar el cómputo simultáneo de las elecciones concurrentes, debo decir que si bien el artículo 289 párrafo 2 de la Ley Electoral contempla que deba efectuarse en esos términos, considero que el hecho de que no sea posible la realización paralela del escrutinio y cómputo de una elección federal y una local, por la falta del mínimo de funcionarios para ello, no puede traer como consecuencia automática la nulidad de la votación de la casilla que ubique en el supuesto.

La imposibilidad material de realizar el cómputo simultáneo de dos elecciones, si bien representa un incumplimiento a lo que dispone el artículo 289 párrafo 2 de la Ley Electoral, desde mi punto de vista, por sí misma no es apta para suponer una afectación al principio de certeza que ponga en duda la votación recibida y, por tanto, su validez, pues el hecho de que el escrutinio y cómputo de dos elecciones concurrentes no se realice al mismo tiempo no implica un impedimento para que se cumpla cabalmente con lo ordenado por los artículos 288, 290, 291 al 297 de la misma ley y que pueda llevarse a cabo de manera consecutiva —una vez terminado uno, seguir con el otro— y con las mismas medidas de vigilancia y control establecidas en la ley, es decir, siguiendo los pasos del procedimiento atinente, cumpliéndolos de manera estricta, ante la presencia de los representantes partidistas y haciendo constar los datos resultantes en actas.

Es más, el argumento de la mayoría basado en la simultaneidad del escrutinio y cómputo, no me parece pertinente para decretar la nulidad de una casilla, pues en el caso de las elecciones concurrentes en el Distrito Federal y aun en el supuesto de que la casilla única operara con los seis funcionarios que debieron integrarla, la referida simultaneidad no sería posible, ya que al haberse celebrado dos elecciones locales concurrentes —diputados locales y jefes delegacionales— con la federal, en el mejor de los casos, sólo la votación de la elección de diputados locales podría someterse a escrutinio y cómputo al mismo tiempo que la de diputados federales, debiendo esperar la finalización de los trabajos de esa elección local, para proseguir, en un momento posterior, con la elección de jefes delegacionales, conforme al orden lo previsto en el artículo 289 párrafo 2 de la Ley Electoral.

Además, la posición mayoritaria afirma, que en cada grupo de funcionarios dedicado al escrutinio y cómputo de una elección, debe haber al menos dos integrantes, aspecto que en todo caso, resultaría contrario a la certeza que debe imperar respecto a los resultados de la votación, pues incluso con la presencia de la totalidad de los funcionarios de casilla (seis) si para efectuar el procedimiento de escrutinio y cómputo se dedicaran dos funcionarios por elección (una federal y dos locales, en el caso) ello implicaría necesariamente que se alterara el procedimiento previsto en los artículos 289 y 290 de la Ley invocada, y, por consiguiente, se generarían consecuencias tales como que sólo en uno de los escrutinios participara el presidente y un escrutador, sólo en dos escrutinios hubiera secretario y escrutador.

En ese contexto, estoy convencido de que si el procedimiento previsto en la Ley Electoral se realiza por lo menos con un presidente, un secretario y un escrutador, de manera consecutiva, eso no origina una falta de control, esfuerzo excesivo o interferencia de funciones entre los funcionarios presentes, por ende, no afecta al principio de certeza, por el contrario, los tres funcionarios irán atendiendo elección por elección, lo que incluso daría mayor certeza al resultado de cada una de ellas.

Adicional a lo expuesto, me permito destacar que en el caso de la casilla cuya votación fue anulada por la mayoría, en las constancias provenientes de la misma —que obran en autos— no se advierte que su funcionamiento sólo con tres integrantes —presidente, un secretario y un escrutador— hubiera ocasionado algún problema o incidente que repercutiera en la correcta recepción de la votación, obstáculo o inconveniente en el escrutinio y cómputo, que hiciera dudar de la autenticidad de la votación, pues no existe alguna posible inconsistencia que pudiera desprenderse de los resultados asentados en el acta de escrutinio y cómputo; por lo que desde mi punto de vista debe prevalecer la presunción de que fue recibida válidamente ante la falta de indicios que indiquen lo contrario, máxime que en materia de nulidades un elemento que siempre debe acreditarse es la determinancia.

Es de señalarse que mi convicción encuentra base en las consideraciones de la jurisprudencia 9/98 y la tesis relevante XXIII/2001, intituladas PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN., y FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN.[29]

Adicional a lo expuesto, me parece importante referir el criterio que la Sala Superior ha sostenido respecto a que en casos extremos podría ser suficiente validar la votación recibida en una casilla, sólo con la presencia del presidente y secretario, sobre la base de, por ejemplo, no fue posible integrarla en su totalidad, porque ningún elector de la fila quiso ocupar el cargo, se recibió un número importante de votación, la autoridad no pudo tomar las medidas pertinentes, antes de la hora límite para instalar la casilla, o que los representantes de los partidos políticos acreditados en la casilla fueron incapaces de ponerse de acuerdo respecto de la designación de los escrutadores, entre otras.

En ese contexto, lo trascendente es que la votación se reciba por personas autorizadas, esto es, que hubieran sido los funcionarios designados para ello o se hubiesen tomado electores de la fila y que estos corresponden a la sección[30].

En ese sentido, si en el caso está acreditado que la casilla se conformó con un presidente, un secretario y un escrutador, desde mi óptica debe preservarse la votación recibida en ella, máxime que no existió algún incidente adicional, los representantes de los partidos políticos estuvieron presentes, en consecuencia, no existe una vulneración al principio de certeza.

En ese contexto, es que no comparto que no se conserve la votación recibida en la casilla, anulando la expresión de una importante cantidad de electores que acudieron a votar a el día de la jornada electoral, es decir, con la decisión de la mayoría no se está tutelando el derecho fundamental a votar previsto en el artículo 35 fracción I, por lo cual me aparto del criterio mayoritario.

MAGISTRADO

HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS