JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SDF-JIN- 102/2015 Y SU ACUMULADO SDF-JIN-103/2015

ACTORES: PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 05 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

TERCEROS INTERESADOS: MORENA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO DEL TRABAJO.

MAGISTRADA: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS.

SECRETARIA: MARIBEL TATIANA REYES PÉREZ

México, Distrito Federal, veinticuatro de julio de dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve el juicio indicado en el rubro, en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en siete casillas, y por tanto, modificar el cómputo de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa del 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal y confirmar la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría respectiva, en términos de lo siguiente.

GLOSARIO

De lo expuesto por los actores en su demanda, así como de las constancias que obran en el expediente y en los archivos de esta Sala Regional, se advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Proceso electoral.

1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los diputados federales de mayoría relativa.

2. Sesión de cómputo distrital. El diez de junio, el Consejo Distrital, inició la sesión de cómputo distrital de la citada elección.

3. Nuevo escrutinio y cómputo total. Durante la sesión de cómputo distrital se llevó a cabo nuevo escrutinio y cómputo total de la votación recibida en la totalidad de las mesas directivas de casilla, por actualizarse los supuestos legales establecidos en el artículo 311 de la Ley General.

4. Cómputo distrital. El once de junio de dos mil quince concluyó el cómputo distrital, en el que se obtuvieron los siguientes resultados:

II. Primer Juicio de inconformidad (SDF-JIN-102/2015).

1. Demanda. El quince de junio de dos mil quince, el PT promovió juicio por medio de su representante acreditado ante el Consejo Distrital, para impugnar los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría, y la entrega de la constancia respectiva.

2. Publicitación del medio de impugnación y escritos de terceros interesados. La autoridad responsable realizó la publicación del medio de impugnación en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios.

3. Remisión y recepción en la Sala Regional. El veintidós de junio del actual se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, la demanda referida con las constancias atinentes al trámite y su publicación, informe circunstanciado y diversos documentos.

4. Turno. Por acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, la Magistrada Presidenta ordenó integrar el expediente SDF-JIN-102/2015, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

5. Radicación. El mismo veintitrés la Magistrada Instructora radicó el expediente de mérito.

6. Requerimientos. Mediante proveídos de veintiséis y veintisiete de junio del año en curso la Magistrada Instructora realizó diversos requerimientos a la autoridad responsable para allegarse de los elementos de convicción necesarios, quien remitió dicha documentación en su oportunidad.

7. Admisión y apertura de incidente. El veintinueve de junio de dos mil quince, al no advertirse de oficio causal alguna de notoria improcedencia, se admitió a trámite la demanda.

Asimismo, dada la petición de nuevo escrutinio y cómputo hecha por el actor, a efecto de resolver la litis incidental, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

8. Resolución Incidental. El treinta siguiente se emitió resolución incidental en el sentido de declarar improcedente realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la votación solicitado por el PT.

9. Cierre de Instrucción. . El veinticuatro de julio del presente año al no existir diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción.

III. Segundo Juicio de inconformidad (SDF-JIN-103/2015).

1. Demanda. El quince de junio de dos mil quince, el PAN promovió juicio por medio de su representante acreditada ante el Consejo Distrital, para impugnar los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría, y la entrega de la constancia respectiva.

2. Publicitación del medio de impugnación y escritos de terceros interesados. La autoridad responsable realizó la publicación del medio de impugnación en términos de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios.

3. Remisión y recepción en la Sala Regional. El veintidós de junio del actual se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, la demanda referida con las constancias atinentes al trámite y su publicación, informe circunstanciado y diversos documentos.

4. Turno. Por acuerdo de veintidós de junio del año en curso, la Magistrada Presidenta ordenó integrar el expediente SDF-JIN-103/2015, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

5. Radicación. El veintitrés siguiente la Magistrada Instructora radicó el expediente de mérito.

6. Requerimientos. Mediante proveído de veintisiete de junio del año en curso la Magistrada Instructora requirió la autoridad responsable diversos documentos para allegarse de los elementos de convicción necesarios. Dicha autoridad remitió la documentación atinente en su oportunidad.

7. Admisión. El primero de julio de dos mil quince, al no advertirse de oficio causal alguna de notoria improcedencia, se admitió a trámite la demanda.

8. Cierre de Instrucción. El veinticuatro de julio del presente año al no existir diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, toda vez que se trata de juicios de inconformidad, promovidos por partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante la responsable, para controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora en la elección de diputados por mayoría relativa, efectuados por el 05 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal, proceso electivo competencia de esta Sala Regional y entidad federativa sobre la cual tiene jurisdicción esta autoridad judicial.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo Base VI y 99 párrafo cuarto fracción I.

Ley Orgánica. Artículos 186 fracción I y 195 fracción II.

Ley de Medios. Artículos 49 párrafo 1, 50 párrafo 1 inciso b) fracciones I, II y III y 53 párrafo 1 inciso b).

SEGUNDO. Acumulación. En concepto de esta Sala Regional procede acumular los juicios precisados en el preámbulo de esta resolución, toda vez que de la lectura de los escritos de demanda y demás constancias que dieron origen a los expedientes de los juicios de inconformidad se desprende que existe identidad en la autoridad responsable, esto es el 03 Consejo Distrital y los actos impugnados consistentes en el cómputo distrital, declaración y de validez y entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral.

En razón de lo anterior, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa, los medios de impugnación precisados en el preámbulo de esta sentencia; con fundamento en los artículos 31 de la Ley de Medios de Impugnación; 199 fracción XI de la Ley Orgánica y 86 del Reglamento Interno, lo procedente es acumular el expediente SDF-JIN- 103/2015 al diverso SDF-JIN-102/2015, partiendo de la base de que éste último es el más antiguo de los juicios de inconformidad que se analizan.

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución, a los autos del expediente del juicio acumulado.

Ahora bien, cabe precisar que los efectos de la acumulación son meramente procesales y, por lo tanto, sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable resuelva los expedientes acumulados en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones expresadas en cada una de las demandas porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos contenidos en cada una de ellas.

El anterior razonamiento se encuentra plasmado, en la jurisprudencia 2/2004 de la Sala Superior cuyo rubro es ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.[1]

TERCERO. Terceros Interesados. En el juicio de inconformidad SDF-JIN-102/2015, comparecieron Morena y el PAN, en su calidad de terceros interesados.

Al respecto se precisa que, se tiene a dichos institutos políticos con la calidad con la que comparecen, en virtud de que cumplen los requisitos para ello, a saber:

a. Forma. Los escritos de tercero interesado fueron suscritos con firma autógrafa de sus suscriptores, y cumplen los demás requisitos de forma.

b. Oportunidad. Los escritos de tercero interesado fueron presentados en el plazo previsto en el artículo 17 párrafos 1 y 4 de la Ley de Medios, toda vez que las setenta y dos horas para su comparecencia corrieron de las veintiún horas con veinticinco minutos del quince de junio a las veintiún horas con veinticinco minutos del dieciocho de ese mismo mes, por lo que si los escritos de Morena y el PAN se presentaron en esta última fecha a las veintiún horas con seis minutos y a las veintiún horas con veinte minutos, respectivamente, es claro que su presentación fue oportuna.

c. Legitimación. Se tiene por cumplido el requisito, en virtud de que comparecen dos partidos políticos, por conducto de sus representantes; además de que aducen un interés incompatible con el de los actores, toda vez que obtuvieron, respectivamente, el primer y segundo lugar de la votación.

d. Personería. Se tiene por cumplido el requisito, toda vez que Ernesto Soto Reyes Garmendia y Carolina del Ángel Cruz, tienen reconocida la calidad de representantes de Morena y el PAN, respectivamente, ante la autoridad responsable.

Ahora bien, por lo que hace al juicio de inconformidad SDF-JIN-103/2015, comparecieron Morena y el PT, en su calidad de terceros interesados.

Al respecto se precisa que, se tiene a dichos institutos políticos con la calidad con la que comparecen, en virtud de que cumplen los requisitos para ello, a saber:

a. Forma. Los escritos de tercero interesado fueron suscritos con firma autógrafa de sus suscriptores, y cumplen los demás requisitos de forma.

b. Oportunidad. Los escritos de tercero interesado fueron presentados en el plazo previsto en el artículo 17 párrafos 1 y 4 de la Ley de Medios, toda vez que las setenta y dos horas para su comparecencia corrieron de las veintitrés horas con treinta minutos del quince de junio a las veintitrés horas con treinta minutos del dieciocho de ese mismo mes, por lo que si los escritos de Morena y el PT se presentaron en esta última fecha a las veintiún horas con ocho minutos y a las veintitrés horas, respectivamente, es claro que su presentación fue oportuna.

c. Legitimación. Se tiene por cumplido el requisito, en virtud de que comparecen dos partidos políticos, por conducto de sus representantes; además de que aducen un interés incompatible con el de los actores, toda vez que obtuvieron, respectivamente, el primer y cuarto lugar de la votación.

d. Personería. Se tiene por cumplido el requisito, toda vez que Ernesto Soto Reyes Garmendia y Humberto Jesús Trujillo Martín, tienen reconocida la calidad de representantes de Morena y el PT, respectivamente, ante la autoridad responsable.

CUARTO. Causales de improcedencia.

Cabe mencionar que el PT en su escrito de tercero en el juicio de inconformidad SDF-JIN-103/2015, solicita que sea desechado el juicio de inconformidad pero no expresa causal de improcedencia alguna, por lo tanto al no señalar base sólida para que opere el desechamiento, es inoperante lo alegado por dicho partido político, máxime que esta Sala Regional no advierte que se actualice causal de improcedencia alguna.

QUINTO. Pretensión de conexidad de los asuntos promovidos por el PT.

Ahora bien, en su escrito de demanda, el PT aduce que esta Sala Regional debe tomar en cuenta la conexidad del SDF-JIN-102/2015 con las impugnaciones presentadas por dicho instituto político en los trescientos distritos electorales federales que conforman el país. Lo anterior, porque su pretensión es preservar su registro como partido político nacional.

Al respecto se precisa que su pretensión es improcedente, porque si bien no se advierte que solicite una acumulación con los juicios que refiere, el efecto natural a la conexidad es precisamente la acumulación de los juicios que se promuevan cuando existan los elementos para tal supuesto. Además de que, no es posible analizar en este juicio en particular cuestiones relativas a otros juicios, con independencia de que su pretensión sea similar.

En efecto, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento Interno, procede la acumulación cuando en dos o más medios de impugnación se controviertan actos o resoluciones similares y exista identidad en la autoridad u órgano señalado como responsable, es decir que exista conexidad en la causa que dio origen a la impugnación.

En ese tenor, procede cuando se advierta que entre dos o más juicios o recursos existe la referida conexidad, por estarse controvirtiendo el mismo acto o resolución, o bien, que se aduzca respecto de actos o resoluciones similares, una misma pretensión y causa de pedir, que haga conveniente su estudio en una misma ponencia.

Atento a lo anterior, se advierte que en el caso de los juicios respecto de los cuales señala el PT que existe conexidad, amén de que no los identifica ni individualiza, en ellos, al controvertir como dice el actor, elecciones diversas a la que en estos juicios se impugnan, es evidente que no se ubican en el supuesto de conexidad que señala.

Además, de que el actor pretende que se establezca la conexidad de juicios promovidos en circunscripciones distintas, competencia de órganos jurisdiccionales diferentes, en donde se impugna cada elección por vicios propios, sin que sea posible en ningún momento que en un juicio se atraigan las pretensiones de la parte actora a un juicio diverso, respecto del cual debe analizarse su procedencia.

De esta manera, si bien su pretensión puede ser la misma, es decir, preservar su registro como partido político nacional, cada elección cuya validez controvierte, se debe impugnar por vicios e irregularidades que acontecieron en concreto en cada demarcación territorial.

En efecto, dicho principio se reconoce en la Ley de Medios, en particular en el artículo 10 párrafo 1 inciso e), que establece que serán improcedentes los medios de impugnación en donde se pretenda impugnar más de una elección.

Así, es evidente que no puede decretarse la conexidad de la pretensión del partido político en este asunto, con su pretensión en otros relativos a elecciones diversas.

Ahora bien, es importante señalar que en caso de que llegara a actualizarse la nulidad de la votación recibida en casilla y en su caso, la nulidad de la elección, corresponderá al INE determinar cuál es la votación total definitiva, esto a partir de lo que se resuelva en los distintos medios de impugnación; hecho que determinará si el PT conserva o no su registro como partido político.

SEXTO. Requisitos de Procedencia. Previamente al estudio de fondo, procede el estudio de la actualización de los requisitos ordinarios, así como los especiales de procedibilidad de los medios de impugnación respectivos.

1. Requisitos Ordinarios.

a) Forma. Los escritos de demanda fueron presentados con firma autógrafa y cumplen con los demás requisitos de forma.

b) Oportunidad. Las demandas fueron presentadas oportunamente, toda vez que la sesión de cómputo distrital llevada a cabo por la autoridad concluyó el once de junio de dos mil quince, y las demandas se presentaron el quince siguiente, respectivamente, en términos de los artículos 7, párrafo 1, 8 párrafo 1, y 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

c) Legitimación y personería. Los juicios de inconformidad fueron promovidos por parte legítima, de conformidad con lo establecido en el artículo 54, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación, toda vez que corresponde incoarlo a los partidos políticos y, en la especie, los demandantes son el PAN y el PT.

En cuanto a la legitimación del PT debe tenerse por inserto lo referido para ese requisito en el incidente de nuevo escrutinio y cómputo, ya que esta Sala Regional, considera que el actor tiene legitimación para promover el juicio de inconformidad, a pesar que contendió en la elección con el PRD, ambos como integrantes de la coalición Izquierda Progresista.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, párrafo 1, inciso a), 13, párrafo 1, inciso a), 49, 50, 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, 85, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos.

Al respecto, debe reiterarse que el que dos o más partidos políticos decidan celebrar un convenio de coalición, a fin de postular a los mismos candidatos en las elecciones, en modo alguno puede hacer nugatorio o restringir el derecho que tienen para acudir a los tribunales electorales en defensa de sus propios intereses o de la colectividad, por el contrario en términos del principio de progresividad de los derechos humanos reconocido en el artículo 1 constitucional debe ser amplio el reconocimiento de la legitimación de los integrantes de una coalición para acceder en lo individual a la tutela jurisdiccional de conformidad con los artículos 16 y 17 de la Constitución, máxime cuando en la especie se trata de la defensa de un derecho que solamente corresponde al PT, cuya pretensión es mantener su registro como partido político, derecho cuya defensa no podría quedar limitada o restringida al ámbito de un convenio de coalición.

Al respecto, también debe considerarse lo expuesto por la Sala Superior al resolver la contradicción 7/2015, de la cual resultó la jurisprudencia de rubro LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL[2].

Por otro lado, se reconoce la personería de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo Distrital, en virtud de que tienen reconocida dicha calidad en autos.

2. Requisitos especiales de procedibilidad. Los requisitos especiales de procedibilidad a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, también están satisfechos, como se expone a continuación.

a) Señalamiento de la elección que se controvierte. Los actores en sus escritos de demanda precisan que la elección que controvierte es la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa llevada a cabo por el 05 Consejo Distrital del INE en el Distrito Federal, y manifiesta expresamente que impugnan el escrutinio y cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia respectiva.

Lo anterior colma el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 52, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

b) Mención individualizada del acta distrital controvertida. En el caso que se analiza, se cumple el requisito previsto en el artículo 52, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, porque los actores señalan que controvierten el acta de cómputo distrital del 05 Consejo Distrital del INE en el Distrito Federal, para la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en dicho distrito.

c) Mención individualizada de las mesas directivas de casilla cuya votación se controvierte. Con relación al requisito previsto en el inciso c), del citado artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, se debe señalar de forma particularizada las mesas directivas de casilla cuya votación recibida se controvierte.

En el caso, los actores en sus escritos de demanda expresamente indican que controvierten diversas casillas en virtud de considerar que se actualizó, en cada caso, la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, incisos a) e), f) i), y k) de la Ley de Medios.

d) Señalamiento de error aritmético. Por cuanto hace al requisito previsto en el inciso d), párrafo 1, del artículo 52, de la Ley de Medios, relativo a que los actores deben señalar, en caso de que se aduzca error aritmético, se colma el requisito pues el PAN manifiesta que existieron errores en el recuento de votos de las casillas 4019 C1 y 3911 C1, y en el caso del PT señala en términos generales que todas las casillas instaladas en el distrito tienen error manifiesto en el cómputo de votos, sin precisar específicamente dicho error, a excepción de las casillas 3807 C1 y 3770 B, en las que señaló que la suma de los resultados de la votación es incorrecto, y que faltó un voto en el conteo clasificado de votos, respectivamente, agravios que serán materia de pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional.

En consecuencia, al estar satisfechos los requisitos formales de los medios de impugnación, a continuación se analizarán de fondo los planteamientos de los actores.

SÉPTIMO. Metodología de estudio. Previo al análisis de los motivos de disenso, se precisa que por cuestión de método, en primer término, se analizarán las causas de nulidad específicas de casilla que los actores hicieron valer en sus escritos de demanda, siguiendo el orden establecido en el artículo 75 de la Ley de Medios.

Al respecto, es importante señalar que en términos del artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, esta autoridad se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por los actores, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Una vez indicado lo anterior, se procede al estudio de las causales en el orden señalado.

OCTAVO. Estudio de Fondo.

I. Causal a). Instalar la casilla, sin causa justificada en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. El PT hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, respecto de la votación recibida en las casillas 3897 B, 4084 C1 y 4010 B, y, pues en su demanda menciona que en las dos primeras, la dirección de la casilla no se capturó, y respecto a la última que la dirección de dicha casilla no corresponde a la base del INE.

En relación a ello, en el informe circunstanciado no se hace referencia alguna de esta causal.

Expuestos los argumentos que hace valer el PT se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 255, párrafo 1, incisos a) y b) y 2, de la Ley Electoral, las casillas deben instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 257 de al Ley de la materia, establece que las publicaciones de la ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que  el lugar no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 276 de la Ley de la materia, el cual, en su párrafo 2, establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a)    Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b)    Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en la norma; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Solo entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicación comúnmente llamadas encarte; b) actas de la jornada electoral; y, c) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis.

Dichas documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la citada ley adjetiva electoral.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a ponderar si, en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

En la casilla 3897 B del cuadro general que antecede, se advierte que los datos del lugar en que fue ubicada, coincide esencialmente con los publicados y aprobados en el encarte por el Consejo Distrital, sin que sea causa suficiente de nulidad que no se haya anotado el número postal y el dato de referencia del encarte, pues lo precisado en el acta de jornada permite advertir que se trata del mismo domicilio.

Asimismo, se puede colegir que no existen bases suficientes para tener por acreditado que la casilla se instaló en un lugar distinto al publicado en el encarte, sino por el contrario, se encuentra cierta similitud en las dos formas de referirse a los sitios de que se trata, siendo la única diferencia que en el encarte se señalan con mayor precisión los datos que en la referida acta electoral.

Cabe estimar que una de las posibles razones de que hubiera acontecido lo anterior, lo es que, el funcionario encargado de asentar los datos del lugar, por descuido, los haya asentado de manera incompleta, situación que ocurre frecuentemente al momento del llenado del acta respectiva.

En tal virtud, si en el acta de la jornada electoral se anotaron incompletos los datos del lugar preciso de su ubicación, respecto de los datos que aparecen en el encarte, ello es insuficiente para considerar que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el correspondiente Consejo Distrital.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 14/2001 de rubro “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.”[4]

Aunado a lo expuesto, el apartado relativo a: "Si la casilla se instala en lugar distinto al aprobado por el Consejo Distrital, explique las causas", correspondientes al acta de la jornada electoral, se observa que se encuentra en blanco; es decir, no existe anotación que indique incidente alguno respecto de la instalación de las casillas en lugar distinto al autorizado según el encarte.

Misma situación acontece con la casilla 4084 C1, la que se aprecia que también coincide con el encarte definitivo, con la única diferencia de que en el acta de jornada electoral no se asentó la referencia que viene en el encarte, esto es que la dirección se encuentra entre calle San Buenaventura y Avenida Arenal, lo cual se trata nada más de mayores datos de localización del lugar, más la dirección de la casilla está integrada por todos sus elementos esenciales, esto es calle, número, colonia y código postal.

Lo anterior se robustece con el hecho de que el apartado relativo a: "Si la casilla se instala en lugar distinto al aprobado por el Consejo Distrital, explique las causas", correspondientes al acta de la jornada electoral de dicha casilla, se encuentran totalmente en blanco.

En esa virtud y dado que el inconforme no ofreció probanza alguna para acreditar que las casillas 3897 B y 4084 C1, se instalaron en un lugar distinto al autorizado, como era su obligación, conforme con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios; se concluye que, en la especie, no se acredita el primer elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la propia ley; en consecuencia, resulta infundado el agravio esgrimido por el promovente.

Por cuanto hace a la casilla 4010 B, se advierte que en el encarte se publicó que debía instalarse en el domicilio ubicado en Colegio Tecnológico de México, Calle Parma, Número 3, Colonia Exhacienda Coapa, C.P: 14300, Esquina Calzada Tenorios, en tanto que en el acta de la jornada electoral, en el apartado correspondiente a la instalación de la casilla, se indica que se instaló en Piamonte Número 20, Residencial Acoxpa, señalándose tanto en el acta de jornada como en la hoja de incidentes [5]que no se abrió el local asignado en Parma Número 3, y que se abrió casilla en Piamonte. En el acta de jornada se menciona que está ultima dirección era la segundo opción.

Sin embargo, el hecho de cambio de ubicación de la casilla per se no es causa suficiente para anular la votación recibida en las casillas en cuestión, ya que, si la misma se instalaron en un lugar distinto, ello obedeció a una causa justificada de las que contempla la ley sustantiva de la materia, pues el artículo 276, inciso b) de la Ley Electoral establece que se considera justificado para cambiar el domicilio de ubicación de la casilla que el local se encuentre cerrado y que no pueda realizarse la instalación.

Al respecto, es importante referir que en autos existe el oficio INECD05/DF/00170/2015 suscrito por el Secretario del Consejo Distrital, en el que manifestó que efectivamente el domicilio en que se ubicó la casilla 4010 B fue distinto al del encarte definitivo, tal como se observa de las actas de jornada y acta de escrutinio y cómputo, para quedar instalada en la calle Piamonte No. 20, Lote 4 de la Colonia Residencial Acoxpa, C.P. 14300, Delegación Tlalpan, domicilio que se encuentra dentro del perímetro de la sección 4010 correspondiente al 05 distrito electoral federal, como puede corroborarse en el plano urbano por sección individual con números exteriores, mismo que se adjuntó por dicha autoridad en copia simple.

El informe de la autoridad responsable también fue acompañado por copia certificada del documento denominado incidentes en sede distrital, del que se advierte que la ubicación de la casilla 4010 B, tuvo que ser cambiado en virtud de una causa justificada pues el siete de junio de dos mil quince, a las 6:30 de la mañana no hubo quien diera acceso al lugar en donde se instalaría la casilla, por lo que a las siete de la mañana se llamó al conserje y éste no contestó, en consecuencia a las ocho de la mañana se cambió el domicilio de ubicación de la casilla a la Calle de Piamonte Número 20, pues el tercer suplente proporcionó su casa y mobiliario.

El informe de mérito y los anexos citados, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, pues admiculados con las copias certificadas del acta de jornada, de escrutinio y cómputo y hoja de incidentes de la casilla 4010 B, permiten generar la convicción de que dicha casilla cambió a una ubicación distinta a la señalada en el encarte definitivo derivado de una causa justificada, además que el cambio citado se realizó a un domicilio dentro de la sección electoral correspondiente, cumplimiento con los requisitos del artículo 276 de la Ley Electoral.

Ahora bien, la autoridad responsable menciona que se colocaron avisos para orientar a la ciudadanía del nuevo domicilio de la casilla conforme a la normatividad; sin embargo, en los documentos electorales citados, no existe constancia de ello, por lo que este órgano jurisdiccional procederá a determinar si el cambio de ubicación vulneró el principio de certeza.

Para ello, resulta necesario establecer un parámetro (porcentaje de votación) que se considere la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de un ámbito territorial determinado.

A partir de esta idea, el parámetro idóneo para analizar la causal en estudio, en este caso, es el porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada, toda vez que un distrito uninominal, estadísticamente, es el ámbito territorial que puede aportar una información más apegada a la realidad acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran.

En el asunto a estudio, el referido porcentaje de la votación emitida en el 05 distrito electoral federal, es el resultado de multiplicar la cantidad que representa el total de ciudadanos que votaron en el distrito, por cien, y dividirlo entre el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a dicho distrito.

Conforme a los datos precisados en el informe remitido el dieciséis de julio del año en curso, por el Secretario del 05 Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso electoral, la cantidad del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal en dicho distrito es de doscientos treinta y nueve mil treinta electores (239,030); asimismo el total de ciudadanos que votaron fueron ciento once mil ciento setenta y dos ciudadanos (111172).

Acorde con los datos anteriores, y una vez efectuada la operación de referencia, se tiene que el porcentaje de votación emitida en el 05 distrito electoral federal, es de cuarenta y seis punto cinco por ciento (46.5 %)

Determinado el porcentaje de votación recibida a nivel distrital en la elección impugnada, y con el objeto de precisar si el cambio de ubicación de las casillas, sin causa justificada, provocó confusión o desorientación en el electorado, a continuación se presenta un cuadro comparativo, el cual se encuentra integrado de la forma siguiente:

En la primera columna, se señala la casilla cuya votación se solicita sea anulada; en la segunda, se hace referencia al total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la casilla en cuestión, y del recuadro del acta de la jornada electoral, que dice "Total de ciudadanos inscritos en lista nominal”, el cual en específico en dicha casilla consta de cuatrocientos noventa y siete ciudadanos; en la tercera columna, se anota el número de electores que votaron en la casilla.

En la cuarta columna se alude al porcentaje de votación en la casilla, el cual, es el resultado de multiplicar el número de electores que votaron en la casilla según el acta de escrutinio y cómputo, por cien, y dividirlo entre el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de la misma.

En la quinta, se establece el porcentaje de votación distrital de la elección impugnada. Cabe precisar que, cuando exista una correspondencia entre ambos porcentajes, o bien, el porcentaje de votación en la casilla sea superior al distrital, se entenderá que el referido cambio de ubicación de la casilla no generó confusión o desorientación en los electores respecto del lugar al que debían acudir para ejercer su derecho al voto, toda vez que se acreditó una afluencia importante de votantes igual o superior al porcentaje de votación en el distrito.

Empero, cuando el porcentaje de votación en la casilla sea inferior al emitido en el distrito, se considerará que el referido cambio de ubicación de la casilla provocó confusión en los electores, en relación al lugar exacto en donde debieron sufragar, ya que la afluencia de votantes fue menor al porcentaje de votación a nivel distrital.

Como ha quedado acreditado, la casilla indicada fue instalada en un lugar distinto, con causa justificada, y como bien se puede apreciar de los datos consignados en el cuadro que antecede, el porcentaje de votación recibida en la casilla que se analiza supera el porcentaje de votación distrital, lo cual genera convicción en esta Sala Regional en el sentido de que el cambio de ubicación de casilla, no vulneró el principio de certeza, así como tampoco creó confusión en los electores, respecto del lugar exacto en donde se encontraba la casilla, por lo que en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, debe privilegiarse la votación recibida.

En tales condiciones, deviene infundado el agravio planteado por el PT.

Causal e). Nulidad de la votación en casillas por haberse recibido por personas u órganos distintos a los facultados.

Los actores invocan la causa de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en las siguientes casillas:

De la totalidad de casillas impugnadas en ambos juicios, no existe concurrencia en ninguna, así el universo de casillas que tienen que estudiarse a efecto de verificar si se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley, se integra por cincuenta y cuatro casillas.

Para analizar la causa de nulidad planteada, es conveniente considerar que el Tribunal Electoral ha sostenido que el procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que deben seguirse de manera sistemática, y se conforma por etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada, lo cual es considerado por la legislación electoral vigente.

El artículo 81, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral establece que las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.

Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De conformidad con el artículo 82, párrafo 1 de la Ley Electoral en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además, con un secretario y un escrutador adicionales.

Por su parte, el artículo 83 del ordenamiento en cita, señala que para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a) ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

Ahora bien, el artículo 273, párrafo 4, inciso b), de la Ley invocada dispone que durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá entre otros datos, el nombre y firma en su caso, de las personas que actuaron como funcionarios de casilla.

El diverso 274 dispone que la instalación de la casilla se realizará por el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir de las ocho horas con quince minutos del día de la elección, debiendo respetar las reglas siguientes:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y que cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del INE designado, a las diez horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

Además, en el supuesto previsto en el inciso f), enunciado con anterioridad, será menester que se cumpla lo siguiente:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

De igual forma, en el párrafo 3, del precepto en mención, se establece que los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de ese artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

En consecuencia, los electores que sean designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en cualquier caso se trata de ciudadanos residentes en ésta.

Por su parte, los elementos que deben demostrarse para configurar la hipótesis de la nulidad atinente son:

        Que la votación no fue recibida por las personas autorizadas.

        Que alguna o algunas de las personas que conforman la mesa directiva de casilla no estaban inscritas en la Lista nominal de electores de la sección correspondiente, en la que se instaló la casilla, o,

        Que tenían algún impedimento para fungir como tales, o

        Que la mesa directiva de la casilla no fue integrada por todos los funcionarios necesarios.

En ese marco, este órgano jurisdiccional estima que la causal invocada por los actores tiene que analizarse integralmente atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre las ciudadanas y ciudadanos que fueron designados previamente para fungir como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral conforme al Encarte definitivo y los datos asentados en el acta de jornada electoral, escrutinio y cómputo, constancia de entrega de paquetes al Consejo Distrital, en su caso, hojas de incidentes.

A continuación, se presentan cuadros esquemáticos con la identificación de la casilla, los nombres de los funcionarios elegidos conforme al encarte y aquellos que actuaron el día de la jornada electoral en dicha casilla, así como una columna de observaciones, en la cual se precisa si el funcionario indicado fue designado por la autoridad electoral en el encarte, si existió corrimiento y, en caso contrario, si al ser tomado de la fila de la casilla para integrar la mesa directiva, el ciudadano pertenece o no a la sección respectiva en términos del listado nominal.

De igual manera, se precisará si las casillas fueron integradas de forma suficiente.

Así, cada uno de los casos objeto de análisis se agrupan en los siguientes supuestos:

1.     Casillas coincidentes plenamente con el encarte.

2.     Casillas integradas conforme al encarte, en las que operó corrimiento y/o se contó con ciudadanos pertenecientes a la sección de acuerdo con el listado nominal.

3.     Casillas que no se integraron por el total de funcionarios; sin embargo, por el número de los que actuaron resulta suficiente para considerarlas válidas.

4.     Casillas que se integraron con ciudadanos que no pertenecen a la sección conforme al listado nominal o bien no se integraron por el número suficiente de funcionarios de casilla, por lo que deben anularse.

Cabe mencionar que los datos de los cuadros se obtuvieron de los documentos siguientes: a. Acta de jornada electoral; b. Acta de escrutinio y cómputo, c. Copia certificada de la lista de funcionarios de casilla definitiva, realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte definitivo), d. Listados Nominales de cada una de las secciones correspondientes; y en su caso de e. Hojas de Incidentes.

Debe indicarse que basta que se encuentre el dato y/o la firma de la ciudadana o ciudadano funcionario de casilla en dichos documentos electorales para concluir que actuaron el día de la jornada electoral, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la falta de firma o ausencia en el dato del funcionario en alguno de tales documentos puede tratarse de una simple omisión del llenado de los mismos, máxime si se toma en consideración que si en los demás apartados de la propia acta respectiva y en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y firma de ese funcionario.

Los medios de convicción enunciados, son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b) y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

1.                Casillas coincidentes plenamente con el encarte.

La casilla mencionada resulta válida al estar integrada conforme al encarte definitivo y por la totalidad de los funcionarios designados para ello, por lo que es infundado el agravio esgrimido por el PT respecto a las mismas.

2.  Casillas integradas conforme al encarte, en las que operó corrimiento y/o se contó con ciudadanos pertenecientes a la sección de acuerdo con el listado nominal.

2.1            Cuestiones relacionadas con la escritura de los nombres de los funcionarios de casillas en los documentos electorales.

En primer lugar debe indicarse que autos obra el oficio CD05/DF/00170/2015 de fecha dieciséis de julio del año en curso, mediante el cual la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento formulado por la Magistrada Instructora, señaló que el motivo de que algunos de nombres de los ciudadanos que tendrían que utilizar la letra ñ; aparecen mal escritos en el encarte, se debió que el programa que cargaba los datos no contaba con la configuración que especifica la codificación de la base de datos y evita que la letra Ñ, se visualice con caracteres extraños, por lo que el sistema interpretó la letra Ñ con otro carácter.

Dicho informe tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, pues genera la convicción de que tal error en el encarte se debió a una falla del programa, pero que no tiene trascendencia suficiente para dudar de la identificación de la persona que fue insaculada como funcionario de casilla, en virtud de que en los expedientes obran las copias certificadas de las actas de jornada y las actas de escrutinio y cómputo en los que aparecen los nombres de dichos ciudadanos, pudiéndose observar que al contener su nombre la letra Ñ, por un error del programa no se identificó correctamente tal carácter.

En dicha situación se encuentran las siguientes casillas:

        3770-B, respecto a su tercera escrutadora KARLA PATRICIA MUÑIZ MARTINEZ.

        3950-C1, respecto a su segundo escrutador MARIO EDGARDO MUÑOZ ENRIQUEZ, quien también omite utilizar su primer nombre en las actas de jornada y escrutinio y cómputo, debiéndose resaltar que por ese hecho no puede cuestionarse su identidad.

        4021 B, respecto a su secretario JESÚS GARCÍA PATIÑO.

Es importante señalar que en las casillas que se enuncian a continuación existen las siguientes variaciones en cuanto al nombre o apellidos de los funcionarios.

SDF-JIN-102/2015.

        3903 C1, por lo que se refiere a MARIA ANA DE JESUS MONDRAGON MORENO, en las actas de jornada electoral se omite usar su nombre completo, pues no incluye “DE JESÚS” y sólo se asienta como MARIA ANA MONDRAGÓN MORENO; sin embargo, se considera que es la misma ciudadana, pues es la sana práctica y experiencia indican que en muchas ocasiones, relativo a las personas con nombres compuestos se omite escribirlos de manera completa.

        3949-C2, en relación a su segundo secretario OCTAVIO PORFIRIO LANDA JUAREZ, en el llenado de las actas de jornada y escrutinio y cómputo se omitió utilizar su segundo nombre, asentándose como OCTAVIO LANDA JUÁREZ por lo que opera el mismo razonamiento que el caso anterior.

        4046 B, respecto a su segunda secretaria MARIA TERESA EYSSAUTIER DIAZ GUERRERO, en las actas citadas se omitió colocar su segundo apellido, esto es MARIA TERESA EYSSAUTIER DIAZ, sin que por ello pueda estimarse que se trata de distinta persona.

        4082-C1. Igual argumento resulta aplicable para el primer escrutador ISAAC ADRIAN MORENO QUIROZ, a quien se omitió colocar su segundo nombre, asentándose en las actas como ISAAC MORENO QUIROZ.

SDF-JIN-103/2015.

        3747-B, en relación a su segunda escrutadora JUANA LEDESMA ORDUÑA, aparece así en el listado nominal, advirtiéndose que en las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo por error se invirtieron sus apellidos, asentándose como JUANA ORDUÑA LEDESMA.

        3783-B, respecto a su tercera escrutadora MARIA DOLORES MONTAÑO ROSETE, de la verificación entre el listado nominal y el acta de escrutinio y cómputo se advierte que por un error en el llenado del acta de jornada se invirtieron sus apellidos, asentándose equívocamente la última de las actas citadas como MARIA DOLORES ROSETE MONTAÑO.

        4021 B, relativo a su presidente OSCAR DIAZ se advierte que se omitió escribirse su segundo apellido, pero dicha cuestión no tiene el efecto de generar duda respecto a su identidad, máxime que de la adminiculación con el encarte se detecta que fue designado para ese cargo, y que su segundo apellido es el de AGUIÑAGA.

        4021 B, respecto a su segunda escrutadora LOURDES SALINAS GONZALEZ, fue insaculada como segundo suplente, pero sus apellidos se escribieron invertidos en las actas de jornada y escrutinio y cómputo asentándose equívocamente su nombre como LOURDES GONZALEZ SALINAS.

        4023 B, relativo a su segunda secretaria MARIA OLGA ROSALES SANDOVAL, en las actas de jornada y escrutinio y cómputo erróneamente aparece como María Olga Benites Sandoval; sin embargo, en la hoja de incidentes aparece su nombre completo, por lo que al existir el nombre correcto en uno de los documentos electorales de la jornada electoral, mismo que coincide con el encarte y el listado nominal, mismos que se adminiculan con el original de su nombramiento como funcionaria de mesa directiva de casilla, permiten tener certeza de la identidad de dicha ciudadana, por lo que debe prevaler la voluntad del electorado.

        4023-B, relativo a su tercer escrutador ALAN FERNANDO DEL MORAL DELGADO. en el acta de jornada electoral se asentó su nombre como ALAN MORAL DELGADO, por lo que equívocamente se omitió utilizar el “DEL”, sin que por esa circunstancia pueda cuestionarse su identidad, igual razonamiento opera con el nombre asentado en el acta de escrutinio y cómputo, en la cual se asentó el nombre de ALAN FERNANDO MORAL DELG.

Tal como se puede observar las anteriores discrepancias solamente se tratan de errores de escritura que se dieron al asentar los datos en el llenado de las actas, mismos que no son suficientes para cuestionar la identidad e idoneidad de las personas que fungieron como funcionarios de casilla durante la jornada electiva, pues como se expuso en cada caso, ello derivó de abreviaturas, omisiones o errores al asentar los nombres de los funcionarios, pudiéndose advertir que tal falta, deriva de que en general no son dichos ciudadanos quienes de puño y letra plasman en los documentos electorales sus datos.

Adicionalmente, debe indicarse que los integrantes de las mesas directivas de casilla no son expertos y el INE los capacita con un curso breve para participar en la integración de las mesas, por lo que conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 16 párrafo 1 de la Ley de Medios, se puede concluir que los casos anteriores se tratan de un error en el llenado de los documentos electorales.

2.2 Falta de firmas de funcionarios de casilla.

En relación al agravio del PT respecto a que no se firmó el acta por los integrantes de la mesa directiva de la casilla 3770-C1 debe indicarse que de autos se advierte que efectivamente el acta de escrutinio y cómputo sólo contiene los nombres de los funcionarios de casilla; sin embargo el acta de jornada electoral está debidamente firmada por la totalidad de sus integrantes.

Al respecto debe reiterarse que basta que se encuentre el dato y/o la firma de la ciudadana o ciudadano funcionario de casilla en alguno de los documentos electorales (actas de jornada, actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, entre otros) para concluir que actuaron el día de la jornada electoral, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la falta de firma o ausencia en el dato del funcionario en alguno de tales documentos puede tratarse de una simple omisión del llenado de los mismos, máxime si se toma en consideración, como ocurre en la especie, que en los demás apartados de la propia acta y/o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y firma de los funcionarios, por tanto resultan infundados los agravios del actor.

Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior 1/2001 y 17/2002, bajo los rubros ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES) y ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA.[6]

Finalmente, una vez efectuadas las aclaraciones respecto a los nombres y cuestiones relativas a las firmas de funcionarios que integraron algunas de las casillas citadas, es importante señalar que la totalidad de las casillas identificadas en este apartado son válidas en virtud que en las mismas operó la sustitución o el corrimiento de funcionarios en términos del artículo 274 de la LEGIPE, precepto que permite que los funcionarios designados actúen en cargos distintos a los señalados en el encarte, debiéndose subrayar que dichas personas están facultadas para recibir la votación al haber resultado insaculadas y contar con la capacitación respectiva, por lo que en el caso de los corrimientos no se actualizaría la causa de nulidad invocada por los actores.

Por su parte, tratándose de las casillas que se conformaron por ciudadanos pertenecientes a la sección electoral correspondiente, tampoco se actualizaría la causal de nulidad citada, toda vez que el artículo 83, párrafo primero, fracción a) de la Ley Electoral, señala que para ser integrante de mesa directiva se requiere, entre otros requisitos, ser residente en la sección electoral que comprende a la casilla, esto es, son personas autorizadas para recibir votación en casilla ante la ausencia de algún funcionario electoral.

En ese sentido, son válidas todas aquellas casillas en las que existió corrimiento y/o bien integración por ciudadanos pertenecientes a la sección electoral correspondiente.

Por lo anterior, es que este órgano jurisdiccional concluye que respecto a las casillas precisadas en este apartado, los agravios esgrimidos por los actores en relación a que se actualiza la causa de nulidad debido a la supuesta recepción de votación por personas u órganos distintos a los autorizados legalmente, son infundados, máxime si se toma en consideración que todas las casillas identificadas en este apartado se integraron por los ciudadanos facultados para recibir la votación conforme a la legislación electoral.

3. Casillas que no se integraron por el total de funcionarios; sin embargo, por el número de los que actuaron resulta suficiente para considerarlas válidas.