JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SDF-JRC-41/2009, SDF-JRC-42/2009, SDF-JRC-43/2009, SDF-JRC-44/2009, Y SDF-JDC-292/2009, ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDOS SOCIALDEMÓCRATA, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y MARÍA FERNANDA VACA JIMÉNEZ

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADO: EDUARDO ARANA MIRAVAL

SECRETARIOS: ALFREDO ROSAS SANTANA Y RENÉ SARABIA TRÁNSITO

México, Distrito Federal, a trece de septiembre de dos mil nueve.

VISTOS para resolver los autos de los expedientes relativos a los juicios de revisión constitucional electoral, identificados con las claves SDF-JRC-41/2009, SDF-JRC-42/2009, SDF-JRC-43/2009 y SDF-JRC-44/2009 promovidos, en su orden por los partidos políticos Socialdemócrata, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, respectivamente, así como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SDF-JDC-292/2009 incoado por María Fernanda Vaca Jiménez, para impugnar la sentencia de catorce de agosto del año en curso, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el expediente identificado con la clave TEDF-JEL-78/2009 y sus acumulados TEDF-JEL-79/2009, TEDF-JEL-81/2009, TEDF-JEL-82/2009 y TEDF-JEL-83/2009, y

R E S U L T A N D O:

I. Jornada electoral. El cinco de julio del año en curso, se llevó a cabo la elección para elegir entre otros cargos, a los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

II. Cómputo y Asignación. Mediante sesión celebrada el once de julio posterior, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, efectuó el cómputo total correspondiente a la elección de diputados por el principio de representación proporcional y aprobó el Acuerdo ACU-934-09 por el que se realiza la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional y se declara la validez de esa elección.

Con base en dicho cómputo, fueron asignados los veintiséis Diputados electos según el principio de representación proporcional como aparece en la siguiente tabla:

III. Instancia local

1. Inconformes con los resultados anteriores, por conducto de sus representantes los partidos políticos Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza, Socialdemócrata y Acción Nacional presentaron ante el órgano responsable los días quince, diecisiete y dieciocho de julio pasado escritos de demanda de juicios electorales, con los que se formaron los expedientes identificados con las claves TEDF-JEL-078/2009, TEDF-JEL-079/2009, TEDF-JEL-081/2009; TEDF-JEL-082/2009 y TEDF-JEL-083/2009, respectivamente; en el último de los mencionados comparecieron como terceros interesados los partidos políticos Acción Nacional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Socialdemócrata, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, así como la candidata a diputada por este último instituto político, María Fernanda Vaca Jiménez.

2. El catorce de agosto del año en curso, previa acumulación, el Pleno del Tribunal responsable dictó sentencia cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación:

RESUELVE

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios electorales TEDF-JEL-079/2009, TEDF-JEL-081/2009, TEDF-JEL-082/2009 y TEDF-JEL-083/2009 al juicio electoral TEDF-JEL-078/2009. Al efecto, glósese copia certificada de la presente sentencia en los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se MODIFICA el Acuerdo ACU-934-09 del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se realiza la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional a cada partido político con derecho y se declara la validez de esa elección, dictado el once de julio de dos mil nueve, en los términos precisados en el Considerando SEXTO de esta sentencia; quedando intocado aquello que no fue materia de la impugnación.

TERCERO. Se REVOCA la constancia de asignación indebidamente expedida por la responsable, a la fórmula integrada por los ciudadanos María Fernanda Jiménez Vaca y Ángel Alexei Ochoa Pérez, candidatos del Partido Revolucionario Institucional.

CUARTO. Asimismo, se ORDENA al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, para que dentro de los tres días siguientes a aquél en que se notifique esta sentencia, expida la constancia a la fórmula integrada por los ciudadanos Jorge Palacios Arroyo y Jonathan Castro Vázquez, candidatos del Partido Acción Nacional, según lo externado en el considerando SEXTO de esta sentencia, debiendo informar a este Tribunal de su cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

En el supuesto de que por cualquier causa no se otorguen las constancias antes referidas, la copia certificada de la sentencia de mérito, hará las veces de constancias de asignación.

QUINTO. Se CONFIRMAN el número de constancias de asignación expedidas por la autoridad responsable, en su sesión celebrada el once de julio de dos mil nueve, en favor de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Socialdemócrata.

SEXTO. Se ORDENA al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal para que dé publicidad a los puntos resolutivos de la presente sentencia, a través de los mismos medios que utilizó para comunicar a los partidos políticos el Acuerdo que por medio de este fallo se modifica, debiendo informar sobre el efectivo cumplimiento de esta instrucción en un plazo improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que le sea notificada a la responsable esta sentencia.

Como se advierte de las constancias que obran en el tomo anexo I del expediente SDF-JRC-41/2009, dicha sentencia fue notificada a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, mediante cédula de notificación personal el mismo catorce de agosto, y a los institutos políticos Socialdemócrata, Verde Ecologista de México, así como a la candidata María Fernanda Vaca Jiménez se les notificó dicha resolución por estrados el quince de agosto siguiente.

IV. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. En contra de la anterior determinación, el dieciocho de agosto, los representantes de los partidos políticos Socialdemócrata, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, presentaron demanda de juicio de revisión constitucional electoral, ante el Tribunal local.

V. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. María Fernanda Vaca Jiménez, en su calidad de candidata a Diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Revolucionario Institucional presentó el dieciocho de agosto del año en curso, demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para impugnar la sentencia referida.

VI. Recepción. Mediante oficios de dieciocho y veintiuno de agosto de este año, el Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, remitió las demandas de referencia, junto con sus anexos, los informes justificados y demás documentación relativa a su tramitación.

VII. Trámite. El Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó la integración de los expedientes SDF-JRC-41/2009, SDF-JRC-42/2009, SDF-JRC-43/2009, SDF-JRC-44/2009 y SDF-JDC-292/2009; así como la remisión de los autos a las ponencias respectivas, de conformidad con el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 9º, fracción I, y 59 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VIII. Radicación. Los Magistrados Eduardo Arana Miraval, Roberto Martínez Espinosa y Angel Zarazúa Martínez, en su oportunidad radicaron los expedientes en las correspondientes ponencias para su sustanciación.

IX. Facultad de atracción. Mediante acuerdo dictado el diecinueve de agosto del año en curso, por el Pleno de esta Sala Regional se ordenó la remisión a la Sala Superior de este tribunal del expediente identificado con la clave SDF-JRC-44/2009, en atención a la solicitud planteada por el Partido Verde Ecologista de México, de que ésta ejerciera la facultad de atracción; ante tal circunstancia, se enviaron los expedientes identificados con las claves SDF-JRC-41/2009, SDF-JRC-42/2009 y SDF-JRC-43/2009 ya que se estimó que guardan relación entre sí.

La Sala Superior de este tribunal mediante acuerdo plenario dictado el veintiuno de agosto siguiente en el expediente identificado con la clave SUP-SFA-52/2009, resolvió no acoger la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción planteada, por no encontrar justificada la importancia y trascendencia que en su caso pudiera revestir el tema que es objeto del expediente de mérito, por lo que se ordenó la devolución de los mencionados expedientes; orden cumplimentada mediante oficio SGA-JA-2460/2009 signado por el Actuario adscrito a dicha Sala Superior, recibido en este órgano jurisdiccional en la misma fecha.

X. Tercero interesado. Durante la tramitación atinente a los medios impugnativos, sólo compareció con el carácter de tercero interesado el Partido del Trabajo por conducto de su representante Ernesto Villarreal Cantú, en el expediente SDF-JRC-43/2009.

XI. Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal oportuno, los magistrados instructores, admitieron los asuntos referidos, declararon cerrada la instrucción, y se ordenó la formulación del proyecto de sentencia respectivo; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 1, inciso a), y párrafo 2, inciso c) y d), 79, 80 inciso f), 86 y 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de juicios de revisión constitucional electoral promovidos por partidos políticos y de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por una candidata por el principio de representación proporcional  en los que se controvierte una determinación emitida por la autoridad jurisdiccional electoral del Distrito Federal, entidad que se encuentra dentro de dicha circunscripción.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda de los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves SDF-JRC-41/2009, SDF-JRC-42/2009, SDF-JRC-43/2009 y SDF-JRC-44/2009, y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SDF-JDC-292/2009 esta Sala Regional advierte conexidad en la causa entre ellos, en virtud de que en todos se impugna la sentencia de catorce de agosto del año en curso, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el expediente identificado con la clave TEDF-JEL-78/2009 y sus acumulados TEDF-JEL-79/2009, TEDF-JEL-81/2009, TEDF-JEL-82/2009 y TEDF-JEL-83/2009; en esa virtud, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 73 fracción IX, y 74 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procede decretar la acumulación de los citados juicios para que sean resueltos de manera conjunta, quedando como índice el primero de ellos, en virtud de que éste fue el que se recibió primeramente en la Oficialía de Partes esta Sala Regional, y con ello evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, asimismo por economía procesal que debe estar en toda controversia en la que se de el supuesto señalado.

Consecuentemente, se deberá glosar copia certificada de la presente resolución a los autos de los juicios acumulados.

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, se procede analizar, sí se encuentran debidamente satisfechos los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad de los juicios de revisión constitucional electoral que nos ocupan, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1. Requisitos generales.

Requisitos esenciales de la demanda. Se cumplen los requisitos esenciales, porque las demandas se presentaron ante la autoridad responsable y en ellas se satisfacen las exigencias formales, a saber: se señalan los nombres de los partidos políticos actores; sus domicilios para recibir notificaciones y autorizan personas para tal efecto; se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que basan sus impugnaciones, agravios y los preceptos legales presuntamente violados; y se asientan los nombres y firmas autógrafas de los promoventes.

Oportunidad. Dichos juicios se promovieron oportunamente, porque la resolución que se impugna fue notificada mediante cédula de notificación personal el catorce de agosto a los institutos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y por estrados el quince de agosto siguiente, a Socialdemócrata y Verde Ecologista de México; mientras que las demandas de los juicios en estudio, se presentaron ante la autoridad responsable, el dieciocho siguiente.

Lo anterior implica que la presentación de dichas demandas se realizó dentro de los cuatro días posteriores a aquél en que los partidos políticos demandantes fueron notificados del fallo reclamado, de conformidad con el artículo 8 de la citada ley de medios, ya que dichos plazos comprendieron del quince al dieciocho y del dieciséis al diecinueve, de agosto del año en curso, en virtud de encontrarse en proceso electoral el Distrito Federal, como lo dispone el artículo 217, del Código Electoral de dicha entidad federativa.

Legitimación. Los juicios de revisión constitucional electoral fueron promovidos por parte legítima, pues conforme al artículo 88, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo puede ser instaurado por los partidos políticos; en el caso, los que promueven son precisamente los partidos políticos Socialdemócrata, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista de México, a través de sus representantes.

Personería. Con fundamento en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se tiene por debidamente acreditado tal requisito por lo que se refiere a los actores en los expedientes SDF-JRC-41/2009, SDF-JRC-43/2009 y SDF-JRC-44/2009 ya que fueron quienes promovieron los medios de impugnación jurisdiccional a los que les recayó la resolución impugnada; y respecto a la personería del promovente en el expediente SDF-JRC-42/2009, también se tiene por reconocida tal carácter por haber comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de impugnación TEDF-JEL-083/2009, de conformidad con lo establecido en el artículo citado, párrafo 1, inciso c).

Además, la autoridad responsable al rendir sus respectivos informes circunstanciados tuvo por acreditada la personería de cada uno de los promoventes.

2. Requisitos especiales.

Definitividad y firmeza. Respecto a los requisitos contemplados en los incisos a) y f), del numeral 86 de la ley de medios en cita, se encuentran satisfechos, puesto que en contra de la resolución dictada en el juicio electoral, no está previsto algún otro medio de impugnación en la legislación electoral del Distrito Federal, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para revisar y, en su caso, revocar, modificar o anular oficiosamente el acto impugnado, de modo que es evidente la cabal satisfacción del requisito en cuestión.

Lo anterior, encuentra su explicación en el principio de que, en los juicios como los que nos ocupan, (revisión constitucional electoral), constituyen medios de impugnación que revisten la naturaleza de excepcionales y extraordinarios, a los que sólo pueden ocurrir los partidos políticos, cuando ya no existan a su alcance recursos ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieren visto afectados, aptos para modificar, revocar o anular fallos como el que ahora se combate. En esto estriba, precisamente, el principio de definitividad que consagran los artículos en cita, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral, deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho juicio tienen que haberse agotado en tiempo y forma, todas las instancias previas, establecidas por las leyes.

Lo anteriormente expuesto, se sustenta en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, identificada con la clave S3ELJ 23/2000, consultable en las páginas 79 y 80, de la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", de rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

Violación a preceptos constitucionales. Respecto a este requisito exigido en el propio artículo 86, párrafo 1, inciso b) de la ley mencionada, se tiene que los actores manifiestan expresamente en sus escritos de demanda, que con la sentencias impugnadas se violan en su perjuicio los artículos 8, 14, 16, 17, 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad en estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que tal exigencia debe entenderse en su sentido formal como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por los actores, en virtud de que ello implicaría entrar al fondo del juicio; en consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso en estudio, en el juicio de revisión constitucional electoral se hacen valer agravios en los que se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a tales preceptos constitucionales; por lo que con independencia de que se hayan omitido en la exposición de los agravios invocar los preceptos presuntamente vulnerados a los accionantes, o bien aun cuando su cita sea errónea, debe tenerse por cumplido tal requisito.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior, en la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, consultable en las páginas 155-157, de la “Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, con el rubro JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.

Determinancia. Las violaciones reclamadas pueden resultar determinantes para el resultado final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional en el Distrito Federal, dado que los enjuiciantes formulan planteamientos para evidenciar que la autoridad responsable realizó una incorrecta asignación de curules por dicho principio, modificando la originaria asignación realizada por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, argumentos que de acogerse, conducirían de nueva cuenta a variar la asignación de diputaciones por el mencionado principio, situación que desde luego sería determinante para el resultado de la elección y tendría impacto en la integración de la legislatura de dicha entidad federativa, motivos suficientes para estimar colmado este presupuesto procesal.

Reparación factible. En este asunto, es aplicable la exigencia contenida en artículo 86, párrafo 1, inciso e), de la ley en cita, respecto a que la reparación solicitada sea factible ante de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos; así tenemos que la violación reclamada es reparable, toda vez que de conformidad con el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa se reúne los días diecisiete de septiembre de cada año para la celebrar el primer período de sesiones ordinarias, mientras que conforme a los numerales 6, 7 y 8 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se prevé entre otras cosas, que se integrará una Comisión Instaladora tres días antes del inicio del primer periodo de sesiones, para que al día siguiente cite y tome protesta a los diputados electos, es decir el quince de septiembre del año en curso, por lo que existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio de impugnación, sea reparada antes de dicha fecha.

Requisitos del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

Se tienen por estar satisfechos los requisitos generales y especiales del juicio; en cuanto a los primeros, el medio de impugnación se promovió por escrito, en tiempo y forma ya que la resolución impugnada le fue notificada por estrados el quince de agosto del año en curso y la demanda fue presentada el dieciocho de agosto siguiente; precisa el nombre de la actora; señala domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos y agravios, así como los preceptos presuntamente violados; se asienta la firma de la promovente.

En cuanto a los requisitos especiales del medio de impugnación, el juicio es promovido por María Fernanda Vaca Jiménez, por su propio derecho y en forma individual, hace valer presuntas violaciones a su derecho político-electoral de ser votada y acceder a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como diputada del Partido Revolucionario Institucional por el principio de representación proporcional.

CUARTO. Resolución impugnada. La parte conducente de la resolución controvertida señala lo siguiente:

QUINTO. Estudio de los agravios hechos valer por los actores. En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 63 y 64 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, este Tribunal procede a identificar los agravios que hacen valer los impugnantes, supliendo, en su caso, la deficiencia en la expresión y argumentación de éstos, para lo cual se analizan integralmente (sic) los escritos de demanda, a fin de desprender el perjuicio que, en concepto de los enjuiciantes, les ocasiona el acto reclamado, con independencia de que los motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo distinto a aquél que dispusieron para tal efecto. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia de este órgano jurisdiccional, publicada con la clave TEDF2ELJ 015/2002, cuyo rubro es: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.”[1]

Además, resultan aplicables las tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicadas bajo los rubros: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”[2] y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”[3]

Para entrar al estudio de los agravios expuestos por los actores, se agruparán dada la similitud entre ellos, sin que ello cause perjuicio alguno a éstos, tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”[4]

I. Agravios por violaciones formales

El Partido Convergencia alega que en la sesión del once de julio del año en curso, se anunció que en ese momento se entregaba un nuevo proyecto de acuerdo, el cual, según se refirió sólo contenía una modificación a uno de los considerandos del mismo. No obstante, durante el desarrollo de la sesión del Consejo General, uno de sus integrantes se percató que el nuevo documento contenía, cuando menos cuarenta y siete modificaciones, respecto del que había sido distribuido junto con la convocatoria de la sesión.

La situación referida es completamente irregular y contraria a lo preceptuado en el Reglamento de sesiones del citado Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, situación que trasciende al grado de generar un vicio en el procedimiento para la aprobación del Acuerdo que por esta vía se impugna, vicio que trasciende al adecuado desarrollo de la sesión en comento, así como a la certeza de lo que se aprobó durante la misma, por lo que no se tenía conocimiento cierto, real y completo del documento que se iba a discutir.

De igual manera, el partido Convergencia aduce que el documento, primero se votó en lo general, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales y luego el Secretario Ejecutivo puso a votación en lo particular las reservas, respecto de sendas propuestas de modificación y adición al multicitado Acuerdo, hechas por algunos Consejeros Electorales. No obstante lo anterior, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, en el último párrafo del cuerpo del acuerdo impugnado asentó una expresión que no corresponde con lo realmente sucedido en esa sesión, es decir, se tuvo por aprobado por unanimidad de votos el Acuerdo impugnado, en contravención a lo que sucedió en la sesión.

Son inoperantes los anteriores motivos de agravio, en razón de lo siguiente.

En primer lugar, debe destacarse que la responsable, en el considerando IX del citado Acuerdo, como consecuencia de las modificaciones que realizó antes y durante la sesión en que se aprobó, ordenó la notificación personal a todos los partidos políticos, a través de sus representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral local, lo que le permitió al instituto político referido ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma ante este órgano jurisdiccional local.

Considerar lo contrario, significaría que el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal se encuentra vinculado a no modificar un proyecto de resolución o acuerdo, durante el trascurso de la sesión correspondiente, lo cual desnaturaliza la función del máximo de decisión, pues un proyecto, es sólo la propuesta de decisión, pero no es la decisión misma, ya que ésta se asume hasta el momento en que dicho órgano ha concluido la deliberación, durante la cual pueden modificarse o cambiarse las razones y el sentido de la decisión.

Ahora bien, en cuanto a la segunda de las manifestaciones bajo estudio, consta en la versión estenográfica de la sesión de once de julio (fojas 605-607 del expediente que se resuelve) que, en primer término, el nuevo proyecto de Acuerdo fue votado en lo general, siendo éste aprobado por unanimidad de votos y, en segundo término, se sometió a consideración de los integrantes del Consejo, aquellos puntos que fueron reservados para su discusión, siendo rechazados por mayoría, tanto los propuestos por los Consejeros Carla Astrid Humphrey Jordan y José Díaz Naranjo, así como los de los Consejeros Ángel Rafael Díaz Ortiz y Néstor Vargas Solano. Por tanto, en nada resulta ilegal lo asentado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, en cuanto a la votación emitida, en el entendido de que hubiera sido por mayoría o por unanimidad, ello en nada agravia al actor, pues el caso es que la decisión se adoptó por el citado organismo electoral y sus efectos jurídicos, independientemente de si fueron aprobados por mayoría o unanimidad, se están surtiendo, tan es así que dicho partido presentó su escrito de impugnación combatiendo las consideraciones que la sustentan.

II. Agravios de fondo

Previo al análisis de los agravios hechos valer por los partidos políticos actores, así como los argumentos del candidato coadyuvante, es importante precisar el marco jurídico del sistema de representación proporcional en el Distrito Federal.

El procedimiento para la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se regula en los artículos 122, párrafos tercero, y sexto, apartado C, Base Primera, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 8, 11, 12, 13 y 14 del Código Electoral del Distrito Federal.

Ante todo, se hace necesario establecer que se está en presencia de normas que pertenecen a un mismo sistema jurídico, pero que tienen una jerarquía diferente. En primer lugar se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma superior de validez del sistema jurídico-normativo; en segundo lugar, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, como conjunto de normas reglamentarias de aquélla en materia de organización y funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal; y en tercer lugar, el Código Electoral del Distrito Federal, como ordenamiento ordinario en el que se contemplan reglas de organización y funcionamiento de las autoridades electorales, así como normas relativas a las elecciones, cuya misión principal consiste en instrumentar y hacer efectivos los mandamientos de mayor jerarquía.

En cuanto al ámbito constitucional, el párrafo tercero del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la asignación de diputados por el principio de representación proporcional para integrar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se efectuará en los términos que señale la propia Constitución y el Estatuto de Gobierno, cuando establece: “La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.” De esto se colige que para la asignación de diputados de representación proporcional en el Distrito Federal, la Constitución federal la sujeta a lo que establezca la propia Ley Fundamental y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y no la circunscribe a lo que literalmente y en forma aislada establezca o pueda disponer alguna otra disposición de la legislación ordinaria.

La fracción III de la Base Primera del apartado C del párrafo sexto del artículo 122 constitucional mencionado, establece que después de reunidos ciertos requisitos previos, la asignación de diputados tiene una finalidad concreta, esto es, que se otorguen en número suficiente para que la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa la obtenga un partido político, cuando prevé: “Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.”

En congruencia plena con lo dispuesto en la última disposición citada, pero en el rango de la reglamentación de las normas constitucionales, el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal prevé una serie de reglas generales a efecto de integrar el órgano legislativo de esta entidad federativa.

En efecto, en dicho precepto estatutario se establece que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integra con cuarenta diputados electora por el principio de mayoría relativa (en igual número de distritos uninominales) y veintiséis diputados de representación proporcional (electos en una sola circunscripción plurinominal), los cuales se eligen cada tres años.

Asimismo, dicho precepto prevé los requisitos para ser diputado a la Asamblea, y establece las reglas a las que debe sujetarse la elección de diputados de representación proporcional. A continuación se trascriben éstas.

“Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional. La demarcación de los distritos se establecerá como lo determine la Ley.

[…]

La elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes bases y a lo que en particular disponga la Ley:

a) Un partido político para obtener el registro de su lista de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal.

b) Los partidos políticos podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, hasta cinco fórmulas de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa por mayoría relativa y por representación proporcional.

c) La aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura determinará el número de diputados que corresponda a cada partido por este principio.

d) El partido político que por sí solo alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, conforme a lo siguiente:

Los partidos políticos registrarán una lista parcial de trece fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, lista “A”. Los otros trece espacios de la lista de representación proporcional, lista “B”, serán dejados en blanco para ser ocupados, en su momento, por las fórmulas de candidatos que surjan de la competencia en los distritos y que no hubieran obtenido el triunfo, pero hubieran alcanzado los más altos porcentajes de votación distrital, comparados con otras fórmulas de su propio partido para esa misma elección.

El orden en que se conformará la lista definitiva de diputados que corresponda a cada partido o coalición bajo el principio de representación proporcional, se hará intercalando las listas “A” y “B”, iniciando por la primera fórmula registrada en la lista “A”, seguida por la primera fórmula de la lista “B” y así sucesivamente hasta agotar el número de diputaciones asignadas a cada partido o coalición.

En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca tanto en la lista “A”, como en la “B”, con derecho a la asignación de una diputación de representación proporcional se le otorgará el lugar en el que esté mejor posicionada. El lugar que dicha fórmula deje vacante, será ocupado por la fórmula siguiente en el orden de prelación de la lista “A”.

Tratándose de coaliciones y candidaturas comunes, la Ley desarrollará el procedimiento correspondiente considerando lo señalado en los incisos anteriores.

En todo caso, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más de cuarenta diputados electos por ambos principios.

b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

c) Para el caso de que los dos partidos tuviesen igual número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación, a aquél que obtuviese la mayor votación le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

d) De no aplicarse los supuestos anteriores, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total emitida, salvo que dicho límite se haya excedido como resultado de sus triunfos en distritos uninominales.

[…]”

Como se ve, el Estatuto de Gobierno mencionado regula de manera mucho más particularizada el sistema electoral mediante el cual se eligen los órganos de representación popular en el Distrito Federal, pero deja algunos aspectos para la legislación local. En ese sentido, es claro que junto con la Constitución Federal, dicho Estatuto es el marco jurídico en torno al cual deben asignarse los diputados de representación proporcional, de modo que la legislación ordinaria electoral del Distrito Federal debe atender y guardar congruencia con las normas superiores que le dan sustento, de tal suerte que, en primer lugar, deben interpretarse tales disposiciones jurídicas en el sentido de que resulten congruentes entre sí, sin que unas excluyan a las otras, más aún, cuando de ser el caso, las de menor rango discrepen con las de mayor jerarquía, debiendo prevalecer, desde luego, estas últimas.

Ahora bien, para el análisis de la reglamentación ordinaria, resulta indispensable la transcripción de los siguientes artículos del Código Electoral del Distrito Federal, relacionados con la controversia planteada y con las bases constitucionales y estatutarias antes citadas.

“Artículo 2. La aplicación de las normas de este Código corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Tribunal Electoral del Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, quienes tendrán la obligación de preservar su estricta observancia y cumplimiento.

La interpretación y aplicación del presente Código se hará conforme a la letra, o interpretación jurídica de la misma, y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[…]

Artículo 8. Los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal serán electos cada tres años mediante el principio de mayoría relativa en distritos uninominales y por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas en una sola circunscripción.

[…]

Artículo 11. Las elecciones en el Distrito Federal se verificarán de acuerdo al ámbito territorial siguiente:

I. La de Diputados de mayoría relativa, en los cuarenta distritos locales uninominales;

II. La de Diputados de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal que abarcará todo el territorio del Distrito Federal;

III. La de Jefe de Gobierno, en todo el territorio del Distrito Federal, que será considerado como una sola circunscripción; y

IV. La de Jefes Delegacionales, en cada una de las respectivas Delegaciones en que esté divido el Distrito Federal.

Artículo 12. Tendrán derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, los Partidos Políticos o Coaliciones que cumplan los requisitos siguientes:

I. Registrar, en orden de prelación, una lista con la mitad del número total de Diputados a elegir por el principio de representación proporcional en la circunscripción, en fórmulas de candidatos propietarios y suplentes en los términos establecidos por este Código;

Los Partidos que se encuentren en el supuesto al que se refiere el artículo 14 fracción IX inciso c de este Código, registrarán una lista con un número igual al de Diputados a elegir por el principio de representación proporcional en la circunscripción.

II. Obtener cuando menos el 2% de la votación total emitida en la circunscripción; y

III. Registrar candidatos a Diputados de mayoría relativa en todos los distritos uninominales en que se divide el Distrito Federal.

Artículo 13. Para la asignación de Diputados electos por el principio de representación proporcional se tendrán en cuenta los conceptos y principios siguientes:

I. Votación total emitida: es la suma de todos los votos depositados en las urnas en la circunscripción respectiva;

II. Votación efectiva: es la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los Partidos Políticos que no hayan obtenido el 2% y los votos nulos;

III. Cociente natural: es el resultado de dividir la votación efectiva entre los Diputados de representación proporcional por asignar, en los términos de este Código;

IV. Votación ajustada: es la que resulte de deducir de la votación efectiva, los votos de los Partidos Políticos a los que se les hayan asignado Diputados en los términos de los incisos b) o c) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y/o se le aplique el límite a que se refiere la fracción IV del artículo 14 de este Código;

V. Cociente de distribución: es el resultado de dividir la votación ajustada entre el número de Diputados de representación proporcional por asignar en los términos las fracciones V, VI y VII del Artículo 14 de este Código; y

VI. Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada Partido político, se utilizará cuando aún hubiese Diputaciones por distribuir, una vez hecha la asignación de acuerdo con los párrafos anteriores.

Artículo 14. Para la asignación de Diputados electos por el principio de representación proporcional se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, conforme a las reglas siguientes:

I. Ningún Partido político podrá contar con mayor número de integrantes de la Asamblea Legislativa del total que determina el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

II. Al Partido político o Coalición que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea, de conformidad con el inciso b) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

III. Para el caso de que dos Partidos tuviesen igual número de constancias de mayoría relativa y por lo menos 30% de la votación, a aquél que obtuviese la mayor votación le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea, de conformidad con el inciso c) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

IV. Con excepción del Partido al que le sean asignados Diputados según las fracciones II o III, del presente artículo, ningún otro Partido político o Coalición podrá contar con un número de Diputados por ambos principios, cuyo porcentaje del total de la Asamblea Legislativa exceda en tres puntos a su porcentaje de votación emitida, salvo que esto último resulte de sus triunfos de mayoría relativa o que le hayan sido asignados Diputados en los términos de las fracciones II o III de este artículo;

V. Con base en las veintiséis Diputaciones de representación proporcional o con las que se encuentren pendientes de distribuir, si es que se actualiza alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III de este artículo, se calculará el cociente natural y se determinará el número de Diputaciones que corresponderían a cada Partido político o Coalición con derecho, conforme al número de veces que su votación se contenga en dicho cociente, aplicando, en su caso, el resto mayor;

VI. Se determinará si de acuerdo con la distribución calculada en términos de la fracción anterior, se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción IV de este artículo; de no ser así, se asignarán a los Partidos Políticos o Coaliciones con derecho, las Diputaciones que se hubieren determinado;

VII. Al Partido político o Coalición que supere el límite a que se refiere la fracción IV de este artículo, le serán deducidos del cálculo realizado conforme a lo dispuesto por la fracción V, el número de Diputados de Representación proporcional necesarios hasta que se ajuste al límite respectivo, asignándose las Diputaciones excedentes a los demás Partidos Políticos que no se ubiquen en ese supuesto;

VIII. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, una vez hecha la deducción y determinado el número de Diputados a asignar al Partido político o Coalición correspondiente, se realizará nuevamente la distribución con las diputaciones pendientes de asignar entre los demás Partidos Políticos, con base en el cociente de distribución y, en su caso, el resto mayor;

IX. Para la asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional, se procederá de la siguiente manera:

a) Se ordenará una lista de los candidatos de un Partido político o Coalición que hubiesen contenido por el principio de mayoría relativa y que no hubieren obtenido el triunfo; el orden de prelación de esta lista será determinado, en orden descendente, por el resultado.

b) Se intercalará la lista a la que se refiere el inciso a) de esta fracción con la lista de candidatos por el principio de representación proporcional registrada por el Partido o Coalición, empezando por esta última.

X. Las vacantes de miembros propietarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo Partido o Coalición que siga en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los Diputados que le hubieren correspondido.”

Una vez que ha quedado precisado el marco jurídico aplicable a la presente controversia, este Tribunal Electoral local procede a dar respuesta a los agravios formulados por los distintos partidos políticos. Para tal efecto, con base en las normas antes transcritas, se harán las interpretaciones que en cada caso se consideran jurídicamente correctas, a efecto de respetar el sentido gramatical de la ley, pero cuando ésta sea insuficiente para dar respuesta puntual a los planteamientos formulados, se deberá acudir a los métodos de interpretación previstos en el artículo 4 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

1. Agravio esgrimido por el Partido Socialdemócrata relativo a la asignación de un diputado de representación proporcional por haber obtenido el 2% dos por ciento de la votación emitida en la jornada electoral del cinco de julio.

El partido actor considera que se le debió asignar una curul de representación proporcional por el solo hecho de haber obtenido el 2% dos por ciento de la votación total emitida en el Distrito Federal en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, con independencia de una más que ya se le asignó a través de resto mayor. Al respecto, pide se le aplique la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es;  “ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ANTES DE APLICAR LA FÓRMULA DE COCIENTE ELECTORAL Y RESTO MAYOR, DEBE OTORGARSE UNA CURUL AL PARTIDO QUE OBTENGA EL PORCENTAJE MÍNIMO LEGAL DE VOTACIÓN.”[5]

Es infundado el motivo de agravio formulado por el partido político actor, en razón de lo siguiente.

Como se indicó, la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional está sujeta a lo que dispone la Constitución, el Estatuto de Gobierno y el Código Electoral local.

En ese sentido, el artículo 37, quinto párrafo, inciso d), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que el partido político que por sí solo alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, conforme a las reglas establecidas en el mismo artículo.

Por su parte, el artículo 13, fracción I, del Código Electoral del Distrito Federal, establece que la votación total emitida es la suma de todos los votos depositados en las urnas en la circunscripción respectiva, es decir, todos los votos que se hayan emitido en la respectiva elección en esta entidad federativa.

Lo anterior, pone de manifiesto que contrariamente a lo que sostiene el Partido Socialdemócrata, el haber obtenido el 2% dos por ciento de la votación total emitida, es tan sólo uno de los requisitos para que el partido tenga derecho a participar en el mecanismo de asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional; en otras palabras, obtener ese porcentaje de la votación no le da derecho a partido alguno de que en automático, se le entregue una curul, sino sólo le da la posibilidad de participar en la asignación de las veintiséis curules por dicho principio, de acuerdo con las reglas que se establecen tanto en el artículo 37 del mencionado Estatuto, como en los diversos 13 y 14 del invocado Código.

Lo anterior resulta acorde con la propia definición de votación efectiva que se prevé en el artículo 13, fracción II, del Código Electoral local, pues propiamente en la distribución de las diputaciones de representación proporcional, sólo se toman en cuenta los votos de emitidos a favor de los partidos políticos que tienen derecho a participar en la asignación, pues a la votación total emitida se les restan los votos nulos y los de aquellos partidos que no hubieren alcanzado el 2% dos por ciento de la votación total emitida.

Por otro lado, la tesis de la Sala Superior que el partido recurrente menciona como aplicable al caso, no los es, pues cada entidad federativa estableció las reglas con base en las cuales se recoge el principio de representación proporcional para la elección de sus órganos de gobierno colegiados. Así, hay legislaciones que sí asignan directamente una diputación a quienes alcancen la barrera legal prevista, pero hay muchas otras, como la del Distrito Federal, que prevén un porcentaje mínimo como un requisito indispensable para participar en la asignación.

En ese sentido, es claro que el actor está solicitando la aplicación de una tesis que se extrajo de análisis de una legislación que prevé la asignación automática de una diputación por el sólo hecho de alcanzar la barrera legal, pero su inaplicación al caso concreto deriva de que, como se indicó, en la normativa del Distrito Federal hay disposición expresa que señala las reglas para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y el efecto que tiene alcanzar el 2% de la votación total emitida, por lo que no es posible alcanzar la pretensión del actor, ante la existencia de norma explícita que prevé consecuencias jurídicas diversas.

2. Agravio esgrimido por los partidos Convergencia y Verde Ecologista de México, relativo a la no inclusión de votos de candidaturas comunes en la asignación de diputados de representación proporcional.

Los partidos políticos actores señalan que el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, debió hacer cumplir las disposiciones legales de la materia y los principios rectores para la asignación de diputados plurinominales, siendo que al momento de aplicar la fórmula de asignación de diputados, sin fundamento o motivo retira de la votación total emitida para obtener la votación efectiva, los votos de las candidaturas comunes, los cuales fueron depositados en las urnas y deben ser tomados en cuenta, puesto que la definición de votación efectiva, contenida en el artículo 13 del Código Electoral local no refiere que se tengan que descontar (los votos de candidatura común) de la votación emitida o votación efectiva.

Son infundados los agravios antes sintetizados, en razón de lo siguiente.

Para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, el legislador utilizó el concepto de votación efectiva, con el objeto de poder calcular el cociente natural, lo cual es acorde con la finalidad misma de la asignación por ese principio, ya que a ella sólo pueden acceder, exclusivamente los partidos políticos con su votación recibida, pues de acuerdo con las normas que con anterioridad se transcribieron, es a éstos a quienes corresponde el derecho a que, mediante las reglas y procedimientos previstos, su votación obtenida se vea reflejada en el órgano legislativo electo.

En otras palabras, sólo los votos válidos emitidos a favor de un partido político pueden ser contabilizados para los efectos de traducirlos en escaños en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la aplicación del cociente natural y resto, mayor, y para su cálculo, de acuerdo con la fracción II del artículo 13 del Código Electoral del Distrito Federal, se toma en cuenta sólo la votación válida, es decir, la votación total emitida se depura, eliminando los votos que no se van a ver representados, como son los de los partidos que no obtuvieron el 2% de la votación, los votos nulos, los emitidos a favor de un candidato no registrado, o el emitido por un candidato común (porque la marca se haya hecho en varios de los emblemas de los partidos postulantes).

El argumento de los partidos políticos actores pretende, indebidamente, que en la aplicación de la fórmula de representación proporcional, al calcular la votación efectiva se contabilicen los votos emitidos para los candidatos comunes, los cuales, como se dijo en sí mismos no fueron emitidos a favor de partido político alguno, sino de un candidato. Aceptar la aseveración de los enjuiciantes, implicaría introducir un elemento contemplado legalmente como nulo, según lo previsto en el artículo 301, fracción IV, del Código Electoral del Distrito Federal, pues tal disposición establece que el ciudadano hubiere votado por el candidato común en varios recuadros de los partidos que lo postularon, el voto sólo vale para el candidato, pero es nulo para los partidos políticos.

Así, tomando en consideración este último precepto, es claro que los votos de candidato común deben contabilizarse como nulos, motivo por el cual, aun cuando la definición de votación emitida no lo señale explícitamente, ello no significa que deban contabilizarse al momento de calcular la votación efectiva, pues hay otro precepto del mismo ordenamiento, que los sitúa como nulos, y si son nulos deben descontarse para efectos de obtener esa última votación, en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción II, del invocado Código.

Tal situación es acorde con la naturaleza misma del sistema de representación proporcional, pues en éste se trata de que los votos recibidos por una fuerza política en una determinada circunscripción se vean reflejados en el órgano de representación popular, lo cual no ocurre con los votos de los candidatos comunes, pues en estos casos no habría a quién asignarle tal votación, ya que la suma de los esfuerzos partidistas a favor de una persona se reflejan en dos sentidos: a) cuando el ciudadano vota por un partido solamente y su candidato común, en cuyo caso, el voto tiene un doble efecto, puesto que cuenta tanto para el partido, como para el candidato común, y b) cuando la marca o marcas que haga el elector dentro varios cuadros o círculos en los que se contenga el nombre o nombres de los candidatos comunes y el emblema de los partidos políticos o coaliciones, de tal modo que a simple vista se desprenda, de manera indubitable, que votó en favor de determinado candidato o fórmula postulado en común, el voto se contará voto válido para el candidato o fórmula pero nulo para los partidos políticos o coaliciones postulantes, esto último, según lo previsto en el artículo 301, fracción IV, del citado código.

Por otro lado, el artículo 13 del citado Código señala que por votación total emitida se entenderá la suma de todos los votos depositados en las urnas en la circunscripción respectiva, en tanto que se entenderá por votación efectiva la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos por ciento y los votos nulos.

De una lectura integral de ambos preceptos, en concepto de este Tribunal, resultan infundadas las manifestaciones hechas por los partidos políticos actores, puesto que de ellas se sigue que los votos de candidatura común en los que no pueda identificarse para qué partido fueron sufragados serán considerados nulos, por tanto no deberán incluirse en la votación efectiva, ya que solamente deben formar parte de ésta, los votos que obtuvo el partido político, no así el candidato común. Caso distinto se presenta cuando es posible identificar para qué partido fue el voto emitido a favor de un candidato común, pues en este supuesto se contabilizará como voto válido para el partido y formará parte de la votación efectiva.

Finalmente, debe señalarse que la votación emitida a favor de candidatos comunes, como se puede apreciar de las actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa, en los distritos IX, XIV, XVII, XX, XXI, XXVII y XXX (en donde hubo candidaturas independientes), fue desagregada en aquéllas que claramente se emitió para cada uno de los partidos políticos, por supuesto en aquellos casos en que un ciudadano sólo hizo una marca en el recuadro del emblema de un solo partido político, por lo que esos votos ya se computaron a favor del respectivo partido y ya forma parte de la votación efectiva.

Atender la pretensión de los actores, de sumar los 5,614 votos de candidatos comunes a la votación efectiva, en donde no se identificó la emisión del sufragio sólo para un partido, implicaría violar lo previsto en el artículo 301, fracción IV, del código invocado, pues sería darle validez a votación que de acuerdo con la ley es nula para los partidos políticos, pues sólo tuvo efectos válidos para los candidatos comunes registrados en la elección de mayoría relativa.

3. Agravios esgrimidos por los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, Nueva Alianza, Socialdemócrata y candidato coadyuvante en relación con la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado.

A efecto de poder sistematizar el estudio de los agravios formulados por los partidos políticos antes indicados, este Tribunal realiza una síntesis de los mismos.

Partido Verde Ecologista de México

1) El Consejo General no aplicó el principio de proporcionalidad pura consagrado en el Estatuto y en el Código, para asignar diputados de representación proporcional. El partido considera que debe evitarse el otorgamiento de curules que no estén respaldadas por el voto ciudadano, tratando de obtener un equilibrio entre la votación emitida a favor de un partido político y los escaños obtenidos por ambos principios.

Considera que el Partido Acción Nacional está sobrerrepresentado y que a Nueva Alianza tampoco se le debió otorgar otra curul, en consecuencia, los Partidos Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México están subrepresentados.

Sostiene que el Instituto Electoral del Distrito Federal realizó una interpretación literal al aplicar el principio de proporcionalidad pura, al darle preferencia a la asignación de diputados por resto mayor. Considera que debió conjugar resto mayor con proporcionalidad pura; esto es, previo a la asignación por resto mayor, debió entrar al estudio de la sub y sobre representación.

2) A su juicio existió una total y absoluta falta de criterio de interpretación que garantizara la pluralidad política, la aplicación de la proporcionalidad pura y evitar la sub y sobre representación.

En su concepto, la responsable no observó lo relativo a que a una norma legal no debe atribuírsele un significado que la haga incompatible con un principio constitucional, con otra de igual jerarquía, o con algún principio del ordenamiento.

Asegura el partido político actor que cuando existan diversos criterios de interpretación, debe aplicarse el más favorable. Estima el enjuiciante, la proporcionalidad pura no es un fin que utópicamente se pretende alcanzar, constituye la base sobre la cual deben asignarse los diputados de representación proporcional.

En ese sentido, el Partido Verde Ecologista de México considera que se cometieron dos errores:

a) No tomar en cuenta los votos de candidaturas comunes, y

b) Incluir en la fórmula de asignación de representación proporcional, los votos de los candidatos ganadores de mayoría relativa de los partidos Acción Nacional y del Trabajo, es equivocado, pues debería haberlos excluido para la repartición, como lo hizo con los del Partido de la Revolución Democrática, y al no hacerlo así se están tomando votos que ya están representados en la Asamblea por haber obtenido el triunfo en mayoría relativa.

Alega el partido que el Instituto Electoral del Distrito Federal, conculcó los artículos 14 y 16 constitucionales al emitir un fallo carente de la debida fundamentación y motivación, pues no sustentó su razonar en artículos o dispositivos legales claros, sino que además adecuó conductas a normas inexistentes, o que si existen les dio una interpretación contraria a la letra de la ley. Por lo anterior, lo que debió haber hecho la responsable es lo siguiente:

a) Incluir los votos de candidatura común en la votación efectiva.

b) Quitar la votación correspondiente a los triunfos de mayoría de los partidos Acción Nacional y del Trabajo, no sólo del Partido de la Revolución Democrática.

c) Obtener el cociente natural y dividir la votación de cada partido con derecho a asignación de diputados de representación proporcional.

d) Realizar un estudio de sobre y sub representación antes de aplicar resto mayor.

Partido Nueva Alianza

1) El partido actor argumenta que la asignación de diputados de representación proporcional hecha por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, no se apega a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y equidad, ya que no se respeta uno de los principios esenciales que sustentan la existencia de la representación proporcional que es el garantizar de forma efectiva la pluralidad dentro de la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte los partidos minoritarios y evitar que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre representación

Estima que con la asignación de diputados hecha por la autoridad administrativa electoral, el Partido Acción Nacional se encuentra sobre representado.

2) El partido político señala que la verdadera intención del legislador al utilizar la expresión de “resto mayor” era que en la repartición de curules, participarán todas las fuerzas políticas representadas que tuvieran remanente de su votación que no hubiera sido empleada anteriormente para asignar algún escaño, especialmente aquellas que tienen una representación minoritaria y fueran éstas las que obtuvieran mediante este mecanismo de asignación, aquellos espacios dentro de la Asamblea Legislativa, reuniendo los requisitos legales.

Partido Socialdemócrata

El partido señala que la autoridad responsable hizo una indebida interpretación de la proporcionalidad pura, violándose los principios de certeza, equidad, independencia, objetividad, imparcialidad y legalidad. El voto de las minorías no se ve representado con la fórmula que aplicó el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Partido Acción Nacional y candidato coadyuvante.

Es importante precisar que los argumentos esgrimidos por el candidato coadyuvante, coinciden con los expresados por el Partido Acción Nacional en sus dos primeros agravios, por lo que en obvio de repeticiones se expondrán en forma conjunta.

1) El Partido Acción Nacional y el candidato coadyuvante consideran que el legislador claramente establece la frase “su porcentaje de votación emitida”, y que erróneamente la autoridad electoral administrativa interpretó “su porcentaje de la votación total emitida”, distorsionando el procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional.

Siguiendo la interpretación conforme a la letra del Código, el partido actor y el candidato coadyuvante hacen un análisis de la frase “su porcentaje de votación emitida”, llegando a las siguientes conclusiones:

a) El pronombre posesivo “su” hace alusión al sustantivo sujeto de la oración “partido político o coalición”.

b) El límite legal para regular la sobrerrepresentación establecido en las normas jurídicas electorales es de tres puntos sobre su “porcentaje de votación emitida”, lo que debe entenderse como “el porcentaje de votación emitida del partido político”.

c) El problema de conceptualizar la “votación emitida de un partido político” no es un problema de interpretación jurídica, sino el llenado de una laguna dentro del cuerpo normativo, para lo cual es necesario el proceso lógico jurídico de integración y no así el de interpretación. La responsable debía haber hecho un proceso de integración (analogía) y no de interpretación.

El partido político actor y el candidato coadyuvante, utilizando la analogía, trataron de demostrar la relación que guardan los términos “votación emitida” y “votación total emitida”. La votación total emitida, incluye el número de votos emitidos a favor de cada partido, los emitidos a favor de candidatos comunes y los nulos (de acuerdo con el artículo 301 los dos últimos no contarán a favor de algún partido).

A juicio de los impetrantes, votación emitida a favor de un partido político, son únicamente los votos válidos emitidos a favor del partido; mientras que la votación total emitida es toda la votación, incluyendo votos nulos y los de candidatura común.

Asimismo, define porcentaje como forma de expresar un número como una fracción de 100. La expresión “porcentaje de votación emitida de un partido” implica necesariamente convertir a términos porcentuales un número entero o cantidad constante, entiéndase la votación emitida a favor de un partido.

b) El artículo 14, fracción IV, del Código de la materia, señala que el porcentaje de diputados del total de la Asamblea, no debe exceder en más de tres puntos al porcentaje de votación emitida, lo cual es una idea incompleta, ya que aún cuando por una parte sí se dice que para obtener el porcentaje que representa el número de diputados asignados a cada partido, éste se obtiene comparando el número de diputados asignados con el total de diputados de la Asamblea Legislativa (66), sin embargo, no se indica para el caso de la votación emitida, contra qué cantidad total debe compararse la votación emitida para cada partido, por lo que concepto del partido y del candidato, sólo debió utilizarse la votación emitida a favor de un partido, es decir la votación efectiva (no la total emitida) para hacer la asignación de diputados de representación proporcional.

A juicio de los recurrentes, la fórmula de proporcionalidad pura aunque no garantiza una correspondencia uno a uno entre votos y diputados, sí procura un equilibrio y por lo tanto debe aplicarse estrictamente para disminuir el grado de sobre o subrepresentación, pero respetando en todo momento la aplicación estricta de la ley, toda vez que no hacerlo se dejaría la asignación en manos de una autoridad electoral que a la luz de su entender trataría de hacer las asignaciones y podría caer en excesos o errores que afectarían la integración del órgano legislativo local; por ello está claro que el legislador estableció una fórmula de proporcionalidad pura que busca minimizar abusos y excesos de la autoridad electoral, porque dicha fórmula de suyo es noble y su único error de diseño legislativo es la falta de una mención expresa que indique contra qué cantidad debe calcularse el porcentaje de votación emitida por cada partido. La comparación debió haberse hecho tomando como referencia los porcentajes de votación emitida para cada partido con base en la votación efectiva y no en la votación total emitida.

Por otro lado, estiman que la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional, no debe ser cuestionada o modificada, sino simplemente aplicada por la autoridad electoral. De esta forma, la intención del legislador fue la de establecer un procedimiento para ajustar a los partidos políticos que después de haber efectuado el cálculo para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, (distribuyendo las 26 diputaciones mediante el cálculo que utiliza cociente natural y resto mayor) rebasaran el tope establecido por la ley para la sobre representación, ajuste que aparece regulado, indicando que se debe ir asignando uno a uno los legisladores de representación proporcional que resultara necesario hasta ajustar al partido político dentro del límite permitido de hasta tres puntos.

Los impetrantes consideran que la autoridad electoral administrativa debió ceñirse a lo que dice el Estatuto y el Código, no hablar del “principio de proporcionalidad mayor”, sino respetar el de “proporcionalidad pura”. A su juicio la autoridad inaplicó lo dispuesto en la normativa electoral al haberle quitado tres diputaciones de representación proporcional, atendiendo a un principio de mayor proporcionalidad.

3) A juicio del partido político actor, no hay diferencias entre el código anterior y el actual en la asignación de diputados de representación proporcional, por lo que el procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional que hizo el Instituto Electoral del Distrito Federal, estuvo indebidamente realizado.

Por tal razón, estiman que el acuerdo impugnado estuvo indebidamente fundado y motivado. Ello se encuentra, según el impetrante, principalmente, en los considerandos 31 y 54 del acuerdo impugnado.

En el 31 señala que para la asignación de diputados representación proporcional tomará en cuenta los fines y objetivos que persigue este sistema, el pluralismo político que tutela y la garantía de pluralidad en la integración de los órganos legislativos.

En cuanto al considerando 54, el partido no está de acuerdo que atendiendo al principio de mayor proporcionalidad se le quiten tres diputados.

A juicio del partido político actor, el Consejo General se apartó de lo preceptuado en la normativa electoral, ya que sólo debió haberle restado 2 diputaciones, pues con la asignación de 6 diputados estaría sobre representado con un 2.97%, es decir, dentro del límite del 3% que se permite, por lo que no debía buscar una supuesta pluralidad en la integración del órgano legislativo.

En otras palabras, el Partido Acción Nacional considera que se viola el principio de legalidad pues la autoridad responsable se apartó de lo establecido en la norma y violó el principio de reserva de ley pues no debió de buscar una nueva fórmula para aplicar las reglas de asignación de diputados de representación proporcional, sino simplemente aplicar la establecida en la normativa electoral.

4) El partido recurrente considera que el acuerdo impugnado es contrario al principio de congruencia, toda vez que la autoridad responsable asignó al Partido Acción Nacional sólo 5 diputados, cuando en el mismo acuerdo se reconoce que aún otorgando 6 diputados, el partido se encuentra dentro del límite legal de la sobre representación.

De lo anterior se advierte que los motivos de disenso expresados por los partidos políticos se encaminan a controvertir, si bien por distintos motivos, que incluso resultan contrarios entre sí, lo siguiente:

a) La fundamentación y motivación que utilizó el Instituto Electoral del Distrito Federal en la aplicación de la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional, pues con ello estiman que se transgredió el principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) La transgresión a los principios de certeza, objetividad, congruencia, equidad e imparcialidad.

c) El criterio de interpretación que el Instituto Electoral local dio a la normativa electoral que regula la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

De las manifestaciones vertidas por los partidos políticos actores y del candidato coadyuvante, este Tribunal Electoral local considera que les asiste la razón en cuanto a la indebida motivación del acuerdo recurrido y a la indebida interpretación dada a la normativa electoral, lo que tuvo como consecuencia una incorrecta asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aunque obviamente no todos obtienen su pretensión, ya que como se indicó algunas de ellas son incompatibles, tal como se motiva, razona y fundamenta en seguida.

El principio de legalidad, recogido en los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo tercero, del Código Electoral del Distrito Federal, y 7, último párrafo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, implica que la autoridad electoral administrativa deba, en todo momento, ajustar su conducta a la ley, es decir, a la estricta observancia del Estado de Derecho.

Dicho principio se cumple cuando todo acto de molestia dirigido a los gobernados y/o a las asociaciones políticas reúne los requisitos siguientes: 1) Conste por escrito; 2) Emane de una autoridad competente, y 3) Esté debidamente fundado y motivado.

Ahora bien, por cuanto a la fundamentación, tal requisito se colma a través de la invocación precisa del precepto jurídico que la autoridad considera aplicable al caso particular, con el señalamiento de la hipótesis jurídica concretada en el caso analizado.

Por su parte, por motivación debe entenderse el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que han determinado a la autoridad a emitir la resolución ahora impugnada, es decir, la motivación es el conjunto de razones que justifican la aplicación de una norma al caso concreto, debiendo existir congruencia la aplicación de la norma y los motivos para aplicarla, es decir, los hechos deben adecuarse a los supuestos normativos previstos.

De tal manera que, en concepto de este órgano jurisdiccional local, en el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, si bien se encuentran invocados los fundamentos que regulan la asignación de diputados de representación proporcional en esta entidad federativa, no se encuentra debidamente motivado y por tanto fue indebida la aplicación de la ley, pues no se justifican plenamente los criterios que adoptó para realizar la asignación de diputados por el citado principio; es decir, no expresa los motivos o circunstancias particulares que tomó en cuenta para determinar el número de curules que le asignó a cada partido político.

En efecto, como lo sostienen los partidos Verde Ecologista de México, Socialdemócrata y Nueva Alianza, la responsable no motiva de manera adecuada, porque pretende aplicar un criterio que genere una proporcionalidad pura en la asignación de diputados, pero termina generando resultados que provocan sobre y subrepresentación.

Asimismo, como lo alega el Partido Acción Nacional la autoridad no motiva por qué debe tomarse en consideración la votación total emitida y no la votación efectiva, al momento de comparar el número de curules obtenidas con el porcentaje de la votación de cada partido, ni tampoco justifica por qué ajustó en un sólo momento la cantidad de diputados que habrían de asignarse a dicho partido, sin seguir los pasos sucesivos a que se refiere la ley.

Sobre este particular, la simple lectura del considerando 54 del Acuerdo impugnado evidencia lo dicho por todos los partidos, pues la responsable no toma en cuenta que cada paso en la asignación debe irse cumpliendo, acorde con lo previsto en la ley, lo cual se ve reflejado, claramente, en donde determina restar tres diputaciones al Partido Acción Nacional a fin de ajustarlo dentro del rango de 3% tres por ciento de sobre representación permitido por la legislación electoral, sin explicar los pasos sucesivos que llevó a cabo para tomar tal determinación, toda vez que no se justifica si lo hizo para buscar mayor proporcionalidad, la cual obviamente no se consigue con ello, o respetar el límite legal a la sobre representación, el cual también se vulnera sin motivación alguna.

Por ello, este Tribunal considera que, a efecto de dar respuesta puntual a los planteamientos de los partidos políticos inconformes, es necesario establecer cuál es el procedimiento que debe seguirse en la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estableciendo en todo momento, los alcances que tienen las normas jurídicas que lo regulan. Para ello, con base en la legislación de esta entidad federativa, se estima conveniente ir dando respuesta a las preguntas siguientes.

a) ¿Es posible aplicar una fórmula de proporcionalidad pura en la asignación de diputados locales, en el sistema electoral del Distrito Federal, sin tomar en cuenta el resto de las reglas previstas?

Los Partidos Verde Ecologista de México y Socialdemócrata  pretenden hacer valer que el principio de proporcionalidad pura para la asignación de diputados de representación proporcional no debe estar sujeto a reglas, sino a la base que califican como fundamental, para generar la menor sobre y sub representación posible.

Sin embargo, la interpretación que pretenden los actores es infundada, porque si bien la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura está prevista en los artículos 37 del Estatuto de Gobierno y 14 del Código Electoral, ambos de esta entidad federativa, lo cual podría considerarse como un fin de la propia fórmula para la asignación de diputados de representación proporcional, lo cierto es que cada legislación regula el grado en que es admisible acercarse a esa finalidad, a través de los preceptos que establecen los pasos que deben seguirse en el procedimiento de asignación. En el caso, hay diversas reglas previstas en la Constitución, el Estatuto y el Código, que impiden, en los hechos, obtener la llamada proporcionalidad pura, pues debe tomarse en consideración que la existencia de un sistema de mayoría relativa y representación proporcional, una cláusula de gobernabilidad, una barrera legal para participar en la asignación y un límite máximo a la sobre-representación, son factores que distorsionan esa aspiración de que los curules que obtengan los partidos se correspondan exactamente a su votación obtenida y no más.

En efecto, como se analizó en el considerando anterior, con independencia de las formulaciones que las diversas legislaciones, incluida la del Distrito Federal, recogen respecto de que el fin de la cuota de legisladores elegidos mediante el sistema de representación proporcional es la proporcionalidad pura, en los hechos, se trata de un sistema que ha tenido el objeto específico de atemperar la sobre representación que inevitablemente produce el sistema de mayoría relativa.

Así lo demuestran los límites a la sobre representación que en diversas etapas de la historia electoral de México se han establecido como un principio rector de la asignación de legisladores elegidos por el sistema de representación proporcional y que en el caso específico del Distrito Federal ha sido establecido tanto en el Estatuto de Gobierno, como en el Código Electoral, en un 3%.

Por otra parte, la existencia de mecanismos de “premio de mayorías” mejor conocidos como “cláusulas de gobernabilidad”, que suponen la asignación al partido político mayoritario de legisladores de representación proporcional en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de los miembros del órgano legislativo de que se trate, tal como ocurrió en el plano federal con la reforma electoral de 1989-1990, o bien en el plano del Distrito Federal desde 1996, demuestra que la finalidad específica del sistema proporcional no ha sido en México la de propiciar una proporcionalidad pura de la representación política y que, en todo caso, dicha idea tiene una vertiente ilustrativa que no necesariamente se corresponde con las reglas de aplicación concreta de ese sistema que han sido establecidas en las legislaciones electorales.

Ese antecedente inevitablemente debe ser tomado en cuenta por las autoridades electorales en su tarea de asignar los legisladores de representación proporcional que correspondan a cada partido en el ámbito de sus respectivas competencias. En el caso de las autoridades electorales del Distrito Federal, esa exigencia se hace mayor si se atiende a que del análisis de la normativa aplicable, hay una incongruencia intrínseca.

En efecto, de conformidad con lo anterior, la idea de “proporcionalidad pura” contenida en el inciso c) del párrafo quinto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en el primer párrafo del artículo 14 del Código Electoral del Distrito Federal, entra en colisión con la existencia de una “cláusula de gobernabilidad” o “premio de mayoría” que supone la asignación de tantos legisladores de representación proporcional como sean necesarios para que el partido que obtenga la mayoría absoluta del órgano legislativo, siempre que dicho partido, por sí mismo, hubiera obtenido el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación. Por otro lado, entra en colisión también con la aceptación legal de un tope de sobre-representación del 3%.

En ese sentido, la idea de una proporcionalidad pura que “inspira” a las normas es inconsecuente con la existencia de los mecanismos establecidos en la ley y que debe aplicar la autoridad electoral al asignar entre los partidos políticos los 26 diputados elegidos por este principio.

Por otra parte, la proporcionalidad pura que, de acuerdo con las normas debe regir el reparto de diputaciones de representación proporcional, es contradictoria con la lógica de funcionamiento de un sistema representativo mixto como es el que caracteriza al sistema electoral de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que incorpora un número predominante de diputados elegidos mediante el principio de mayoría relativa (el 60.6% de la ALDF) y un número menor de diputados elegidos mediante el principio de representación proporcional (el 39.4% del órgano legislativo). Suponer que el principio de proporcionalidad pura puede inspirar la asignación de 26 legisladores mediante ese mecanismo electoral significaría, simple y sencillamente, tener que desatender las reglas específicas establecidas por el Estatuto de Gobierno y por el Código Electoral del Distrito Federal a las que están obligadas, por el más elemental principio de legalidad las autoridades electorales de la capital del país.

Puede objetarse, sin duda, que la afirmación de que el principio de proporcionalidad pura establecido en la ley se refiere únicamente a la asignación de los 26 legisladores elegidos mediante el sistema de representación proporcional y no a la totalidad de la Asamblea. Sin embargo, de haber sido esa la intención del legislador, entonces hay una incongruencia en el hecho de que las reglas que rigen la distribución de los legisladores de representación proporcional, y que establecen un límite de sobre-representación toman en cuenta el porcentaje de legisladores que cada partido tiene en relación con la totalidad de integrantes de la Asamblea y no respecto de la parte de la misma que se integra por legisladores de representación proporcional. De nueva cuenta, pretender que rija la idea de una proporcionalidad pura en un órgano que se integra mediante una fórmula mixta de mayoría relativa y representación proporcional sería una incongruencia inaceptable en el diseño normativo.

Ese hecho debe ser tomado en cuenta al interpretar la fórmula de asignación, puesto que el principio de proporcionalidad pura plasmado en el Estatuto de Gobierno y en el Código Electoral del Distrito Federal supone una máxima orientadora pero que, en los hechos, no tiene aplicabilidad práctica plena, porque su operación está sujeta a las reglas que el mismo Estatuto y el Código prevé, entre las que se encuentran, como se dijo, además del propio sistema mixto que en sí mismo distorsiona,  la cláusula de gobernabilidad y el límite máximo de sobre representación.

Es indiscutible que la ley debe acatarse y, por tanto, los preceptos que prevén las fórmulas de asignación de diputados por el principio de representación proporcional deben ser observados escrupulosamente, puesto que de lo contrario se infringiría el principio de legalidad y, por ende, los artículos 41, párrafo segundo, bases V y VI, y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), en relación con 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se indicó, la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, en el caso de la legislación del Distrito Federal, es incompatible con el resto de las reglas previstas para la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que no tienen razón los actores en el sentido de que dicho procedimiento no deba sujetarse a reglas y regirse solamente por esa finalidad.

En efecto, la lectura que hacen los actores no atiende a las particularidades que se han apuntado, pues interpretar la legislación como lo pretenden, conllevaría incluso la inexistencia de diputados de mayoría relativa, porque para conformar al órgano legislativo se debería atender sólo al "costo" en votos por diputado, para lograr la congruencia y proporcionalidad entre la votación obtenida por algún partido político o coalición, con los escaños que le sean asignados en los órganos legislativos.

El sistema de integración de los órganos legislativos en México es mixto, porque la mayoría de sus integrantes se elige por el principio de mayoría relativa; sólo una parte menor es asignada a través del principio de representación proporcional.

Es en la asignación de diputados de representación proporcional en donde se pretende establecer como finalidad el método de la proporcionalidad pura; sin embargo, al ser un modelo mixto que se combina con la elección de mayoría relativa, así como reglas precisas de asignación, como una cláusula de gobernabilidad y un tope máximo a la sobre representación, las cuales son de aplicación obligatoria para las autoridades electorales, de conformidad con la Constitución federal, el Estatuto de Gobierno y el Código electoral local, imposibilita en la práctica que los partidos políticos puedan lograr al ciento por ciento, la equivalencia de sus votos en escaños o curules en los órganos legislativos.

De hecho, una lectura armónica de los preceptos que regulan la fórmula de asignación proporcional de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debería concluir que lo que busca es la incorporación al órgano legislativo, la pluralidad política existente y tratar de atemperar las distorsiones entre votación y representantes populares, que genera el sistema de mayoría relativa, y ahí sí cobran armonía todas las disposiciones que regulan la fórmula de asignación de dichas diputaciones.

Parte de esas bases incluso se precisan en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro "MATERIAL ELECTORAL, EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS."[6]

Lo que esencialmente debe destacarse es que la idea del principio de proporcionalidad pura no es de aplicación directa y absoluta, sino que se encuentra sujeto a un conjunto de bases generales, las cuales deberán ser tomadas en cuenta en su conjunto, en todos los casos en que deba realizarse la asignación referida, porque no puede comprenderse el principio de representación proporcional, atendiendo a una sola de éstas o dejando de aplicar alguna otra, como erróneamente lo pretenden los enjuiciantes.

Por otro lado, en la diversa jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL",[7] incluso se establece, que si bien debe atenderse al pluralismo político como la finalidad esencial del principio en comento, las legislaciones locales pueden libremente establecer la forma en la cual han de aplicarlo, siempre y cuando se observen las bases generales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las relativas a la cláusula de gobernabilidad, el establecimiento de un límite de sobre representación, las reglas para la asignación de diputados conforme a este principio, etcétera.

Por tanto, si las propias bases derivadas de los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aplican para las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, regulan las formas de integrar los órganos legislativos, la interpretación que pretenden los actores no encuentra sustento, pues, como ya se dijo, tanto a nivel normativo, como jurisprudencial se establece que el principio de proporcionalidad pura no se rige de manera exclusiva por una sola de las reglas mencionadas, sino por todas aquellas dadas por el legislador para la asignación de curules de esta naturaleza.

Además, el artículo 37, párrafo primero, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dispone que la Asamblea Legislativa se conformará por cuarenta diputados electos por el principio de mayoría relativa, más veintiséis por el de representación proporcional y que respecto de éstos, se seguirán, para su asignación, los lineamientos establecidos en el propio artículo y en el Código Electoral local.

Como puede verse, no existe base constitucional, legal o jurisprudencial conforme a la cual pueda concluirse válidamente, que la idea de proporcionalidad pura aplicable para la asignación de diputados de representación proporcional, para conformar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debe hacerse exclusivamente atendiendo a la finalidad del principio referido y excluyendo todas o algunas de las normas legales dadas para la asignación, con el propósito pretendido por los demandantes, de que se asigne un determinado número de diputados equivalente, en porcentaje, a la votación obtenida por los partidos políticos con derecho a esa clase de diputaciones.

Por el contrario, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno y en el Código Electoral, ambos del Distrito Federal, se prevé categóricamente que el principio de proporcionalidad pura, rector de la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, se sujete invariablemente al conjunto de reglas dadas para ese efecto en el último de los ordenamientos legales referidos.

En consecuencia, no es de atenderse la pretensión de los actores relativa a que, en el ejercicio de asignación de diputados de representación proporcional para integrar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deba estarse exclusivamente a la primer parte del párrafo inicial del artículo 14 multicitado, a fin de atender a una fórmula de proporcionalidad pura y soslayar el conjunto de reglas previstas en el propio precepto.

En consecuencia, como ha quedado razonado, en el caso del Distrito Federal, si bien está contemplada la expresión “proporcionalidad pura” para la asignación de diputados de representación proporcional, no es posible aplicarla de facto, porque la propia normativa electoral contempla reglas, de obligatoria aplicación por las autoridades electorales, que distorsionan la aspiración de proporcionalidad pura, tales como la existencia de un sistema mixto de elección de diputados, cláusula de gobernabilidad, límite de sobre representación y la barrera legal de tener que excluir de la votación efectiva, los votos de aquellos partidos que no hayan obtenido el dos por ciento de la votación total emitida.

Al procederse de esta manera se respeta cabalmente el principio general de derecho conforme al cual, todos los preceptos de la ley integrantes de un sistema deben tener aplicabilidad, principio que en el presente caso se encuentra acogido expresamente en el artículo 1, párrafo inicial, del propio Código Electoral del Distrito Federal, al disponer que: "Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el territorio del Distrito Federal".

En cambio la posición de los partidos recurrentes consiste, en que se observe el principio de proporcionalidad pura y que se haga caso omiso de preceptos sustanciales de ley, que regulan a la fórmula de asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, la cual resulta jurídicamente inaceptable, pues carece de todo sustento,

b) ¿Cómo debe aplicarse el tope de sobre representación del 3%, previsto en la legislación del Distrito Federal?

El Partido Acción Nacional considera que, tomando en cuenta el acuerdo impugnado, de manera indebida se le quitó una diputación que de conformidad con la ley le correspondía, ya que de aquellas que le correspondían por cociente electoral y resto mayor, la autoridad electoral, sin motivación alguna, le resta en un solo momento tres diputaciones para ajustar su sobre representación al 3% tres por ciento, siendo que debió ir ajustando gradualmente hasta llegar al límite legalmente establecido. Lo que en concepto de este Tribunal es fundado por lo que se explica enseguida.

Por otro lado, los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza aducen que siguiendo las reglas de la asignación ellos quedan sub representados y el Partido Acción Nacional sobre representado, lo cual en concepto de este Tribunal debe desestimarse porque las consecuencias que las reglas generen, no pueden ser motivo para no aplicarlas, pues si un partido se le asigna de acuerdo con la ley ciertas diputaciones, lleva consigo que a los otros no se les otorguen, pero justificadamente en términos de la misma ley.

En efecto, de conformidad con el inciso d) del párrafo sexto del Estatuto de Gobierno y con la fracción IV del artículo 14 del Código Electoral del Distrito Federal, ningún partido político o coalición (con excepción del que eventualmente se beneficie del “premio de mayoría”, establecido en las fracciones II y III del mismo artículo 14 del Código Electoral) puede contar con un número de diputados por ambos principios, cuyo porcentaje del total de la Asamblea Legislativa exceda en tres puntos a su porcentaje de votación emitida, a menos que ello resulte del número de triunfos obtenidos por la vía de la mayoría relativa.

En virtud de esa disposición, la autoridad electoral enfrenta un dilema respecto a cómo actuar al identificar un supuesto en el que un partido político se encuentre en la hipótesis de rebasar el porcentaje de 3% mencionado. Es evidente que a ese partido político deben restársele el número de diputados que en primera instancia le corresponderían de manera que el límite de sobre representación permitido no sea superado.

La lógica de un tope de representación del 3% supone que a los partidos políticos que se excedan de ese porcentaje de curules en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto de su porcentaje de votación total emitida, deberá descontársele el número de legisladores necesario para que su eventual sobre representación se enmarque dentro de máximo permitido.

De restársele más legisladores, como lo hizo la responsable, en aras de perseguir una mejor proporcionalidad entre los diversos partidos políticos, ello supondría desconocer que la propia legislación admite como legítima una sobre representación de hasta el 3% respecto de sus índices de votación. Es decir, si la autoridad le redujera a un partido político más legisladores de los necesarios para enmarcarse dentro del límite permitido, respecto de los que originalmente le corresponderían mediante la aplicación de la fórmula de cociente de distribución y resto mayor, estaría desnaturalizando una regla que incorporó el legislador y que, en la secuencia de actos que debe aplicar la autoridad electoral para asignar a diputados por el principio de representación proporcional, debe respetar.

Argumentar la desaplicación de una regla expresa contenida en el Estatuto de Gobierno y en el Código Electoral, bajo el pretexto de atender al principio de proporcionalidad pura, supondría la instrumentación de un procedimiento de asignación de diputados elegidos por representación proporcional no contemplado en la ley que, ante una eventual omisión legislativa sería lícito, pero que ante la previsión de una regla distinta supondría un claro desapego al principio de legalidad.

En tal virtud, es claro para este Tribunal que cuando el legislador previó que un partido político pudiera estar sobre representado hasta en un 3% tres por ciento de su votación total emitida, introdujo una regla que atemperara las desproporciones que genera el sistema de mayoría relativa y que genera pluralidad en el órgano legislativo.

Pero no es una regla de aplicación optativa o modificada, como lo hizo incorrectamente la responsable, sino que se trata de una norma de carácter obligatorio que se aplica en el supuesto de que una vez asignados los diputados de representación proporcional por cociente de distribución y resto mayor, un partido político se encuentre por encima del indicado límite de 3% tres por ciento de sobre representación, en cuyo caso, como lo sostiene el Partido Acción Nacional y el candidato coadyuvante, se debe ir quitando gradualmente, de uno en uno, los diputados necesarios para ajustar al indicado partido al límite legalmente previsto.

En ese sentido, asiste la razón al partido y candidato mencionados, respecto del actuar indebido de la responsable, pues sin justificar su actuación, una vez que determinó cuántas curules le tocarían al Partido Acción Nacional, dedujo tres de ellas en un solo momento, con el pretexto de ajustar al límite de sobre representación, pero con ello, vulneró lo dispuesto en el artículo 14, fracción VII, del Código Electoral local, pues se apartó de lo previsto legalmente, en el sentido de que “le serán deducidos del cálculo realizado conforme a lo dispuesto por la fracción V (cociente y resto mayor), el número de diputados de representación proporcional necesarios hasta que se ajuste al límite respectivo, asignándose las diputaciones excedentes (las que se le quiten o sustraigan al que se encontraba sobre representado más allá del 3%) a los demás partidos políticos que no se ubiquen en ese supuesto”.[8]

De esta forma, es claro que asiste la razón a los inconformes sobre la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, porque la responsable se apartó del procedimiento previsto en la ley, al momento de deducir la cantidad necesaria de diputados de representación proporcional de un partido, a efecto de ajustarlo hasta el límite legal previsto del 3% tres por ciento de sobre representación.

c) Entonces ¿cómo debe interpretarse y aplicarse la fórmula de representación proporcional contenida en la legislación del Distrito Federal?

La respuesta a las dos anteriores preguntas demuestran que la autoridad responsable no atendió con exactitud lo previsto en la normativa electoral, afectando con ello el procedimiento y el resultado de la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa, por lo que es indispensable exponer los argumentos de corrección, a efecto de determinar si son procedentes o improcedentes las pretensiones de cada uno de los partidos políticos actores, quienes solicitan, cada uno por su cuenta, una diputación más.

Pues bien, aunque es verdad que el artículo 14 del Código Electoral para el Distrito Federal prevé, en consonancia con lo previsto en el artículo 37 del Estatuto de Gobierno de esta entidad federativa, que para la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, lo cierto es que enseguida de tal enunciado, el propio precepto establece claramente "…conforme a las reglas siguientes". Estas reglas se encuentran detalladas tanto en el artículo 37 del Estatuto en su párrafo sexto, incisos a) al d), así como en diez fracciones que van de los números romanos "I al X" del artículo 14 del Código de la materia.

Esto significa, que esa asignación debe hacerse sobre la base de lo regulado en tales incisos y fracciones, porque sólo a través de la observancia de tal reglamentación, es como se logra la mayor cercanía a la proporcionalidad a que se refiere el propio precepto, y no como lo aducen el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Socialdemócrata, ni como indebidamente lo hizo el Instituto Electoral del Distrito Federal, porque con ello se conculca, se insiste, tanto el principio de legalidad y, por ende, los artículos 41, párrafo segundo, bases V y VI, y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el principio general de derecho que ordena la observancia plena de la ley, acogido en el artículo 1, primer párrafo, del Código Electoral del Distrito Federal.

En ese sentido, en el artículo 37, párrafos quinto y sexto, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se prevé que para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se observarán los siguientes requisitos y reglas:

 La aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura será la que determine el número de diputados que corresponda a cada partido por este principio, de acuerdo con las reglas que ahí mismo se prevén y que deben seguirse.

 Para tener derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, el partido político, por sí mismo, deberá alcanzar, por lo menos, el 2% dos por ciento de la votación total emitida.

 Ningún partido político podrá contar con más de cuarenta diputados electos por ambos principios.

 Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

 Para el caso de que los dos partidos tuviesen igual número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación, a aquel que obtuviese la mayor votación le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

 De no aplicarse los supuestos anteriores, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total emitida, salvo que dicho límite se haya excedido como resultado de sus triunfos en distritos uninominales.

Conforme con lo previsto en el artículo 12 del Código Electoral del Distrito Federal, para tener derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, los partidos políticos o coaliciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Registrar, en orden de prelación, una lista con la mitad del número total de Diputados a elegir por el principio de representación proporcional en la circunscripción, en fórmulas de candidatos propietarios y suplentes en los términos establecidos por el Código.

 Obtener cuando menos el 2% dos por ciento de la votación total emitida en la circunscripción.

 Registrar candidatos a Diputados de mayoría relativa en todos los distritos uninominales en que se divide el Distrito Federal.

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 13 del Código citado, para la asignación de Diputados electos por el principio de representación proporcional se tendrán en cuenta los conceptos y principios siguientes:

 Votación total emitida: es la suma de todos los votos depositados en las urnas en la circunscripción respectiva;

 Votación efectiva: es la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los Partidos Políticos que no hayan obtenido el 2% y los votos nulos;

 Cociente natural: es el resultado de dividir la votación efectiva entre los Diputados de representación proporcional por asignar, en los términos del Código de la materia;

 Votación ajustada: es la que resulte de deducir de la votación efectiva, los votos de los Partidos Políticos a los que se les hayan asignado Diputados en los términos de los incisos b) o c) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y/o se le aplique el límite a que se refiere la fracción IV del artículo 14 del citado Código;

 Cociente de distribución: es el resultado de dividir la votación ajustada entre el número de Diputados de representación proporcional por asignar en los términos las fracciones V, VI y VII del artículo 14 del referido Código; y

 Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada Partido político, se utilizará cuando aún hubiese Diputaciones por distribuir, una vez hecha la asignación de acuerdo con los párrafos anteriores.

Por su parte, el artículo 14 del código electoral local establece las reglas que deben seguirse para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, mediante la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, en los términos siguientes:

  Ningún Partido político podrá contar con mayor número de integrantes de la Asamblea Legislativa del total que determina el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

 Al Partido político o Coalición que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea, de conformidad con el inciso b) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

Para el caso de que dos Partidos tuviesen igual número de constancias de mayoría relativa y por lo menos 30% de la votación, a aquel que obtuviese la mayor votación le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea, de conformidad con el inciso c) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

 Con excepción del Partido al que le sean asignados Diputados según las fracciones II o III, del mismo artículo, ningún otro Partido político o Coalición podrá contar con un número de Diputados por ambos principios, cuyo porcentaje del total de la Asamblea Legislativa exceda en tres puntos a su porcentaje de votación emitida, salvo que esto último resulte de sus triunfos de mayoría relativa o que le hayan sido asignados Diputados en los términos de las fracciones II o III indicadas;

 Con base en las veintiséis Diputaciones de representación proporcional o con las que se encuentren pendientes de distribuir, si es que se actualiza alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del mismo artículo 14 del Código, se calculará el cociente natural y se determinará el número de Diputaciones que corresponderían a cada Partido político o Coalición con derecho, conforme al número de veces que su votación se contenga en dicho cociente, aplicando, en su caso, el resto mayor;

 Se determinará si de acuerdo con la distribución calculada en términos de la fracción anterior, se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción IV del mismo artículo; de no ser así, se asignarán a los Partidos Políticos o Coaliciones con derecho, las Diputaciones que se hubieren determinado;

 Al Partido político o Coalición que supere el límite a que se refiere la fracción IV del mencionado artículo, le serán deducidos del cálculo realizado conforme a lo dispuesto por la fracción V, el número de Diputados de representación proporcional necesarios hasta que se ajuste al límite respectivo, asignándose las Diputaciones excedentes a los demás Partidos Políticos que no se ubiquen en ese supuesto;

 Para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del indicado artículo 14 del Código electoral local, una vez hecha la deducción y determinado el número de Diputados a asignar al Partido político o Coalición correspondiente, se realizará nuevamente la distribución con las diputaciones pendientes de asignar entre los demás Partidos Políticos, con base en el cociente de distribución y, en su caso, el resto mayor.

De acuerdo con lo anterior, para efecto de establecer con precisión la forma en que debe realizarse la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional, este Tribunal procede a hacer las siguientes precisiones, con base en los agravios formulados por los diversos partidos políticos.

A) La votación total emitida, es decir aquella que está integrada por todos los votos que fueron depositados en las urnas. Se encuentra integrada por los votos válidamente emitidos (los que se emitieron a favor de algún partido político), por los votos emitidos a favor de candidatos comunes, y por los votos nulos; y de acuerdo con la ley, sirve como referente para los efectos siguientes:

i. Determinar qué partidos políticos alcanzaron el 2% dos por ciento de dicha votación. Ello es así, porque de acuerdo con lo previsto en los artículos 37, párrafo quinto, inciso d), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 12, fracción II, del Código Electoral local, como ya se analizó, para participar en la asignación de diputados de representación proporcional, el partido político correspondiente debe obtener el 2% (dos por ciento) de la votación emitida en el Distrito Federal, es decir, la totalidad de los votos que se emitieron en esta entidad federativa;

ii. Para establecer si algún partido está en el supuesto de que se le aplique la cláusula de gobernabilidad, toda vez que según lo previsto en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo sexto, inciso b), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 14, fracción II, del Código Electoral local, una de las condiciones para que se aplique dicho premio a la mayoría, es que el partido político haya obtenido el 30% treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, lo cual obviamente se refiere a la votación total emitida en esta entidad federativa, y

iii. Para comparar el porcentaje de diputados en la Asamblea Legislativa que un partido político haya obtenido por ambos principios, en relación con su porcentaje de votación obtenida.

En efecto, contrariamente a lo que sostiene el Partido Acción Nacional y el candidato coadyuvante, aun cuando de una primera lectura de lo previsto en los artículos 37, párrafo sexto, inciso d), del Estatuto de Gobierno, y 14, fracción IV, del Código Electoral local, se pudiera pensar que la expresión “su porcentaje de votación…” se refiere exclusivamente a la cantidad de votos que dicho partido obtuvo en la elección correspondiente, lo que podría llevar a pensar que se trata de votación efectiva; sin embargo, una análisis cuidadoso del primero de los preceptos invocados, que por cierto se incorporó al Estatuto[9] con posterioridad a la norma del Código,[10] permite concluir que el porcentaje de la votación obtenida por el partido, debe extraerse de una comparación con la votación total emitida, esto es con la totalidad de la votación emitida en el Distrito Federal para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa.

Ello es así, porque el referido precepto estatutario establece un concepto que está jurídicamente definido en el Código, ya que al expresar “su porcentaje de votación total emitida” debe remitirnos a la definición legal del concepto, que en el caso es la prevista en la fracción I del artículo 13 del Código invocado, en el entendido de que por propia disposición estatutaria (artículo 37, párrafo quinto), la elección de diputados de representación proporcional se sujetará a las bases ahí previstas y “a lo que en particular disponga la ley”, entre las que obviamente se encuentran las definiciones legales.

B) La votación efectiva será aquella que resulte de restar de la votación total emitida los votos nulos y los votos de los partidos que no hayan alcanzado el 2% dos por ciento de la votación total emitida. Haciendo la aclaración, que de acuerdo con el artículo 301, fracción IV, serán considerados como votos nulos, aquellos en los que los partidos políticos hayan ido en candidatura común y no sea posible desprender para qué partido fue emitido el voto, por lo que en este supuesto, para efectos del cálculo de la votación efectiva, también deben descontarse ese tipo de votos, pues el precepto invocado los considera como nulos, tal como ya se razonó con anterioridad.

C) Para efectos del porcentaje de sobre representación del 3% tres por ciento a que se refieren los artículos 37, párrafo sexto, inciso d), del Estatuto de Gobierno, y 14, fracción IV, del Código de la materia, debe entenderse, como se adelantó, que cuando en la frase “ningún otro partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, cuyo porcentaje del total de la Asamblea Legislativa exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total emitida”, deberá entenderse como aquella votación definida legalmente, es decir, como aquella que está integrada por todos los votos que fueron depositados en las urnas.

En otras palabras, al comparar el número de diputados que por ambos principios obtenga un partido político, deberá hacerse con el porcentaje de la votación del partido en relación con el total de la votación emitida en el Distrito Federal para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por así haberlo previsto el legislador tanto federal, como local.

Ello es así, porque si bien pudiera caber una interpretación funcional, que hiciera coherente la fórmula de representación proporcional extrayendo el porcentaje de la votación del partido de la votación efectiva, hay una norma que literalmente señala con qué debe compararse, en el caso, con la votación total emitida y hay otra que define con exactitud ese concepto jurídico.

Lo anterior deriva de lo previsto en el artículo 37, sexto párrafo, inciso d), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el que expresamente se señala “…d) De no aplicarse los supuestos anteriores, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total emitida…”, lo que en una lectura en conjunto con el artículo 14, fracción IV, del Código Electoral local, en la parte que señala que “ningún partido político o coalición podrá contar con un número de Diputados por ambos principios, cuyo porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que exceda en tres puntos a su porcentaje de votación emitida…”, llevan a este Tribunal a la conclusión de que se debe estar a la letra de la ley, aunque ello pudiera generar una distorsión indebida del sentido funcional que tiene la representación proporcional de traducir en escaños los votos válidos emitidos a favor de los partidos políticos.

Es ese sentido, con base en la letra de la ley y la definición legal del concepto “votación total emitida”, prevista en el artículo 13, fracción I, del Código Electoral local, este Tribunal considera que es justamente a esta votación total a la que se refiere la legislación del Distrito Federal, como punto de comparación, a efecto de verificar que un partido no rebase el límite a la sobre representación.

Cabe señalar que en esta interpretación literal de la norma, si bien pudieran generarse distorsiones en el sentido originario de lo que se busca con la representación proporcional, toda vez que acudir a la votación total emitida como parámetro para obtener el porcentaje del partido político al momento de la aplicación de la fórmula de representación proporcional, hace que se encarezca más una asignación, pues se compararía un porcentaje de votación en el que se toman en cuenta los votos ineficaces para ser representados en el órgano legislativo (por ser nulos o de partidos políticos que no alcanzaron el 2% de la votación), con el porcentaje de diputados obtenidos por un partido, por ambos principios, entre los que se encuentran aquellos que se asignan (por cociente natural y resto mayor) para los que sólo se considera la votación efectiva, que es la emitida a favor de los partidos políticos. Sin embrago, tal posible disfuncionalidad es producto del diseño legislativo de la fórmula y no corresponde a este Tribunal desatender el texto legal.

Por ese motivo, es infundado el reclamo del Partido Acción Nacional y del candidato coadyuvante, en el sentido de que cuando los artículos 37, párrafo sexto, inciso d), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 14, fracción IV, del Código Electoral del Distrito Federal, al fijar el límite a la sobre representación, toman como referente la “votación total emitida”, ésta deba entenderse como “votación efectiva”, esto es, “la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los Partidos Políticos que no hayan obtenido el 2% y los votos nulos”, según la define el artículo 13, fracción II, del propio Código, pues ello implica modificar sustancialmente las reglas que fijó el legislador en ejercicio de su atribución exclusiva, en violación a los principios de legalidad y de reserva de ley, que rigen a este Tribunal.

Si el legislador federal y luego el local, al expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el Código Electoral del Distrito Federal, hubieran pretendido que el porcentaje de sobre representación se calculara sobre la “votación efectiva” y no considerando la “votación total emitida”, así lo hubieran establecido expresamente, tal como lo ha razonado en casos semejantes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se desprende de la tesis cuyo rubro es “VOTACIÓN EMITIDA. CONCEPTO (Legislación de Querétaro)”,[11] en la que medularmente se considera que cuando la ley utiliza la expresión “votación emitida”, debe entenderse que no se deducen los votos nulos de ella, porque de no ser así, el legislador hubiera utilizado los términos, “votación válida” o “votación efectiva”.

Luego, si el legislador federal y local, claramente fijaron un límite a la sobre representación, calculado sobre la votación total emitida y no sobre la votación efectiva, este Tribunal está obligado a observarlo en sus términos, aun cuando el parámetro de cálculo pudiera no considerarse el más recomendado o idóneo, tratándose de la asignación de diputados de representación proporcional.

Es posible que la utilización de la votación total efectiva para calcular el porcentaje de sobre representación de cada partido, genere un resultado “más alejado” de la proporcionalidad pura que busca o anhela el Estatuto de Gobierno y el Código Electoral, ambos del Distrito Federal, y que utilizando la votación emitida pudiera darse un resultado más cercano a ese ideal; sin embargo, al igual que otras imperfecciones o distorsiones previstas en estos ordenamientos, son aspectos que competen definir al legislador.

Ello es así, porque acorde con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, para la resolución de los medios de impugnación, este Tribunal Electoral del Distrito Federal debe aplicar las normas electorales mediante una interpretación literal, y ante la duda, la garantista, la sistemática o la funcional, disposición en las que hay límites interpretativos cuando el propio Código definió un concepto, como en el caso, el de “votación total emitida”, y es a éste al que debe estarse, aunque su aplicación pudiera generar alguna distorsión del modelo de representación proporcional.

En ese sentido, cuando el legislador pretende que la votación de referencia para obtener el límite a la sobre representación deba ser una distinta, así lo hace expresamente, tal como sucede en el ámbito federal, en el que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 12, párrafo 3, y 13 párrafo 2, en la asignación de diputados de representación proporcional, hace referencia a la votación nacional emitida a efecto de calcular el límite a la sobre representación y el cálculo del cociente natural, y en el mismo artículo 12, párrafo dos, define lo que es votación nacional emitida, como aquélla que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2% y los votos nulos (es decir, la votación efectiva). Cabe señalar que es el mismo legislador federal, quien tenía presente este tipo de modelo, quien hizo una regulación distinta en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al fijar como punto de referencia para hacer el cálculo del porcentaje de votación de un partido político, la totalidad de la votación emitida, con lo que elevó el costo que cada escaño tiene para cada partido, lo que trae como consecuencia que a los partidos que obtienen triunfos de mayoría, les sea más costoso alcanzar una curul de representación proporcional (con excepción de la cláusula de gobernabilidad), en tanto que a los partidos que no obtienen triunfos de mayoría, les es más alcanzable un escaño de representación proporcional, lo que genera mayor pluralidad en la composición del órgano legislativo.

Establecido lo anterior, en concepto de este Tribunal, para la aplicación de la fórmula de distribución de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional, se deben seguir los pasos siguientes:

1° Verificar que los partidos políticos cumplan con los requisitos previos, previstos en los artículo 37, párrafo quinto, del Estatuto de Gobierno, y 12 del Código Electoral del Distrito Federal.

2° Tener en cuenta que ningún partido político puede contar con mayor número de integrantes de la Asamblea Legislativa del total que determina el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

3° Verificar si ha lugar a aplicar la cláusula de gobernabilidad, en aquellos casos en que un partido político, por sí mismo, obtenga el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, se le deben asignar el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea, es decir, 34 diputados. En el entendido de que si dos partidos cumplieran con esas condiciones, los diputados para obtener la mayoría absoluta en el órgano legislativo se le deben asignar al que tenga mayor votación.

4° Si no se aplica la cláusula de gobernabilidad, se debe proceder a realizar la asignación de las veintiséis diputaciones de representación proporcional, en el entendido de que ningún partido pueden tener un número de diputados por ambos principios, cuyo porcentaje del total de la Asamblea Legislativa exceda en tres puntos a su porcentaje de la votación total emitida, salvo que esto último resulte de sus triunfos de mayoría relativa.

5° Se calculará el cociente natural, dividiendo la votación efectiva (votos válidos para los partidos que participan en la asignación) entre las diputaciones de representación proporcional a distribuir, procediéndose a determinar el número de Diputaciones que corresponderían a cada partido político o coalición con derecho, conforme al número de veces que su votación efectiva se contenga en dicho cociente, aplicando, en su caso, el resto mayor.

6° Se determinará si de acuerdo con la distribución calculada en términos del paso anterior, algún partido excedió el límite de 3% de sobrerrepresentación. Si ninguno rebasó, se asignan las Diputaciones que se hubieren determinado a los partidos políticos o coaliciones con derecho.

7° Si algún partido o coalición sí rebasó el límite del 3% de sobrerrepresentación, se le deben deducir del cálculo realizado (conforme a cociente y resto mayor), el número de Diputados de representación proporcional necesarios (uno a uno) hasta que se ajuste al límite respectivo. Las Diputaciones excedentes (es decir, las que se le dedujeron a ese partido), se deben distribuir entre los demás partidos que no se ubiquen en ese supuesto.

8° Se debe hacer el ajuste de la votación, deduciendo de la votación efectiva los votos emitidos para los partidos políticos a los que ya se les hubieran asignado diputaciones, ya sea en aplicación de la cláusula de gobernabilidad, o porque ya llegaron al límite de sobrerrepresentación.

9° Con base en esa votación ajustada, se debe calcular el cociente de distribución, para lo cual se divide dicha votación entre el número de escaños pendientes por asignar.

10° Se debe realizar la distribución de las diputaciones pendientes de asignar entre los demás partidos políticos, para lo cual se debe calcular cuántas veces cabe el cociente de distribución en la votación efectiva del respectivo partido político y si quedaran diputaciones por asignar, se harán por resto mayor.

Como se ve, la responsable hizo una interpretación distinta a la que se deriva de la normativa electoral para la aplicación de la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, y tampoco acudió completamente a una aplicación literal, ya que al pretender acercarse a una distribución más cercana a la proporcionalidad pura, desatendió otras reglas que debía aplicar, por lo que no motivó adecuadamente su resolución. Dicha finalidad pretendida por la responsable, es materialmente imposible de alcanzar dadas las distorsiones que generan el sistema mixto de elección, la cláusula de gobernabilidad, la barrera legal para participar y el límite a la sobrerrepresentación, que son reglas jurídicas establecidas en la legislación local, de la misma jerarquía, y que deben ser aplicadas y armonizadas.

Como se indicó con anterioridad, actualmente el sistema electoral del Distrito Federal establece una fórmula de proporcionalidad pura que se desarrolla conforme a las reglas que determinan en los incisos a) al d) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno, y en  las fracciones I a X del artículo 14 del Código electoral local; sin embargo, como se indicó, debe ser interpretado como un procedimiento que trata de lograr una mayor proporcionalidad  entre el número de votos obtenidos por un partido político o coalición y el de escaños que obtenga por ambos principios, (lo cual no es lo mismo que proporcionalidad pura), encontrándose en su desarrollo con ciertas excepciones que la propia fórmula determina, como son la “cláusula de gobernabilidad” y la sobrerrepresentación permitida hasta del 3% (tres por ciento), con lo cual es dable deducir que dichas excepciones se encuentran dentro del marco normativo de aplicación del método, propiciando en la mayoría de las veces distorsiones respecto a la pureza de la proporcionalidad.

Tomando en consideración que los partidos políticos que participan en la asignación ya obtuvieron curules por el principio de mayoría a través de la votación que registraron en la elección de diputados, es connatural que en la aplicación de la fórmula de asignación por representación proporcional, existan distorsiones, puesto que ésta utiliza, precisamente, la votación que, en el caso de algunos distritos, sirvió de base para alcanzar los escaños a los institutos políticos, mismas que se traducen en la sobre y/o sub representación de las fuerzas políticas. Cabe señalar que el único concepto legalmente previsto es el de la sobre representación (como un elemento que atempera las distorsiones que genera el sistema de mayoría), mas no así el de su representación, puesto que el legislador, entendió que el propio sistema mixto, necesariamente genera una sub representación que resulta difícil limitar, al no poderse privar de una diputación a un partido político que la hubiera obtenida por mayoría relativa, con el objeto de hacer más proporcional la relación votos-escaños.

Por otro lado, es importante mencionar que los votos emitidos por los ciudadanos para elegir diputados por mayoría relativa, tienen un doble efecto, pues por un lado sirven precisamente para la elección de mayoría y, por el otro, también serán contabilizados para la representación proporcional, por lo que lo razonado por el Partido Verde Ecologista de México en el sentido de que no se cuenten para efectos de otorgar diputados de representación proporcional los recibidos por los partidos Acción Nacional y del Trabajo, resulta infundado.

Ello es así, porque como se precisó, el marco legal que rige la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional, no contempla lo que pretende el Partido Verde Ecologista de México, ya que la votación de mayoría relativa que eventualmente otorgó curules por este principio, tiene también el efecto, por disposición legal, de servir a los partidos políticos como votación efectiva para que le sean asignados diputados de representación proporcional, cuando se reúnan las condiciones legalmente previstas.

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la finalidad de la autoridad administrativa de integrar un procedimiento extraordinario, como lo es el desarrollado en los Considerandos marcados con los numerales 44 a 63 del Acuerdo impugnado, fue la de realizar una interpretación que propiciara una mayor proporcionalidad en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional; sin embargo, debe señalarse que de conformidad con el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la manera más adecuada de interpretar la ley, es atender en primer lugar, a la literalidad de la norma, criterio que fue retomado por el legislador del Distrito Federal en el artículo 2, del Código Electoral local, al establecer que en materia electoral se debe atender, en principio, a una interpretación literal del Código, pudiendo realizar cualquier otro tipo de interpretación sólo en los casos en que fuera necesario suplir una deficiencia, salvar una contradicción o colmar un vacío de la ley, buscando en todo momento que todos los preceptos del ordenamiento surtan sus efectos sin que se admita que para conferir cierto alcance a uno se prive a otro de eficacia, ya sea ésta total o parcial, tal como se demostró con la interpretación literal y funcional que realizó en el presente considerando este Tribunal.

No debe olvidarse que la interpretación electoral tiene como objetivo el control racional de las decisiones de los jueces y de las autoridades, por lo tanto la autoridad administrativa como el juzgador, en su caso, deben basar sus decisiones en forma racional, lo que implica, por un lado, que se encuentran obligados a fundamentar sus decisiones en los preceptos normativos, además de que deben motivar sus resoluciones en las circunstancias particulares del caso, teniendo en cuenta siempre que cada uno de los artículos tienen contenidos y efectos jurídicos particulares, por lo que su interpretación no puede derivar en la conformación de una disposición contraria o diferente a dichos contenidos, como sucedió en el presente caso.

El procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional utilizado por la autoridad electoral administrativa, no está determinado ni desarrollado de esa forma por la legislación electoral, por lo que al sustentarlo, la responsable violentó los principios de legalidad y certeza, ya que la integración normativa hecha por el Instituto Electoral del Distrito Federal, no encuentra sustento jurídico alguno, sino al contrario, se separa de los conceptos y principios que se determinan en la legislación aplicable, lo que corrobora no sólo su falta de fundamentación, sino de motivación, ya que al no existir alguna razón o argumento para haber desvirtuado la fórmula, por el simple hecho de que si bien era necesario que el Partido Acción Nacional estuviera dentro de los límites de la sobre representación, permitido por la norma, sin explicación alguna, de ocho diputados que tenía asignados pasó a cinco, sin seguir paso a paso la propia fórmula, es decir descontando uno a uno los diputados asignados al Partido Acción Nacional, hasta quedar dentro del límite de la sobre representación permitida, que es del 3% tres por ciento, según los artículos 37, párrafo sexto, inciso d), del Estatuto de Gobierno y 14, fracción VII, del Código Electoral, ambos del Distrito Federal.

Es necesario señalar que al tratar de establecer y regular el procedimiento en estudio, la responsable violentó el principio de reserva de ley, ya que conforme a los artículos 122, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal, y 42, fracción X, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el único órgano competente para poder regular el procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, por lo que ninguna otra autoridad puede establecer conceptos y principios respecto de esta materia.

Finalmente, la interpretación que la responsable realiza de la tesis jurisprudencial de rubro: “MATERIA ELECTORAL, EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANOS LEGISLATIVOS”, es inadecuada, ya que dicha tesis dispone en esencia:

I. Que el principio de representación proporcional tiende a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos;

II. Que este sistema permite que los candidatos de los partidos minoritarios puedan formar parte de los órganos legislativos;

III. Que dicho sistema impide que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre representación; y,

IV. Que es necesario atender a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor del pluralismo político.

Por tanto, no es dable para la autoridad responsable, el tratar de integrar un procedimiento que se aparte de las reglas que establece la normatividad electoral, con la finalidad de asignar curules de representación proporcional buscando una proporcionalidad pura -que por supuesto no podría alcanzar-, evitando la sobre y sub representación, ya que dicha garantía está debidamente resguardada a partir de que el propio legislador estableció el límite de sobre representación que consideró conveniente, en los incisos a) y d) del párrafo sexto del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las fracciones I y IV del artículo 14 del Código electoral local.

De lo anterior se colige que, en la especie, el Acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación y motivación, en la materia de la impugnación, en el que la responsable desarrolló su inadecuada interpretación e integración de la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, violentando de esta manera los principios de legalidad y reserva de ley, además de no haber tomado en consideración para obtener la votación total emitida, los votos que fueron emitidos a favor de candidaturas comunes.

Por todo lo anterior, al haber resultado fundados algunos de los agravios expuestos por los partidos políticos, según el caso, debe modificarse el acuerdo impugnado, y en plenitud de jurisdicción, de conformidad con los artículos 176 del Código Electoral del Distrito Federal y 5 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, este tribunal procederá a realizar la asignación de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional, con base en los criterios que se desprenden del presente considerando.

SEXTO. Asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Conforme con lo previsto en el artículo 315, párrafo segundo, fracciones II a la VI, del Código Electoral del Distrito Federal, el cómputo total de circunscripción de la elección de Diputados de representación proporcional constituye el procedimiento por el cual se determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital, la votación total emitida en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional en todo el territorio del Distrito Federal. En esa virtud, el Consejo General del Instituto Electoral local realizó el cómputo total correspondiente a la circunscripción de la elección de Diputados de representación proporcional, cuyos resultados fueron los siguientes:

Tal y como se observa en esta tabla, la autoridad electoral administrativa para determinar cuál era la votación total emitida, no tomó en cuenta los votos que fueron sufragados a favor de candidatos comunes, en clara contravención a lo dispuesto por el artículo 13, fracción I, del Código Electoral local y que como ya quedó señalado con anterioridad debió de tomar en cuenta todos los votos depositados en la urna en la circunscripción respectiva para verificar si algún partido político no alcanzaba el 2% dos por ciento de la votación total emitida, para verificar se era de aplicarse la cláusula de gobernabilidad, o para obtener los porcentajes de votación obtenida por los partidos políticos, a efecto de constatar que no rebasen el límite legal de sobrerrepresentación. Por lo que, sólo para los efectos ya señalados, el cuadro debe quedar modificado de la siguiente manera, incluyendo los votos de candidatos comunes y las modificaciones que este órgano jurisdiccional local realizó en los diversos juicios electorales, en los que se determinó anular la votación recibida en diversas casillas, al resolver las impugnaciones en contra de los cómputos distritales de diputados por el principio de mayoría relativa.

Ahora bien, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 14 del Código comicial local, y de conformidad con los resultados obtenidos en el cómputo total de la circunscripción, se procede al cálculo y obtención de factores que habrán de utilizarse para la determinación de diputados electos por el principio de representación proporcional:

1. Votación total emitida. Suma de todos los votos depositados en las urnas en la circunscripción plurinominal, (votos emitidos a favor de partidos políticos, votos nulos y votos de candidaturas comunes) descontando aquellos votos que por sentencia de este órgano jurisdiccional[12] fueron anulados. Con base en lo anterior, la votación total emitida asciende a 3,048,188 (tres millones cuarenta y ocho mil ciento ochenta y ocho). En ella se incluyen, como se dijo, los 321,498 (trescientos veintiún mil cuatrocientos noventa y ocho) votos nulos y los 5,614 (cinco mil seiscientos catorce) de los candidatos comunes, que también tienen el efecto jurídico de la nulidad, según se razonó con anterioridad.

Con base en los datos señalados, se observa que la votación obtenida por los partidos políticos en la elección para Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional y sus porcentajes respecto de la votación total emitida, son los siguientes:

Conforme a la votación detallada en cuadro que antecede, se colige que todos los partidos políticos contendientes, por sí mismos, obtuvieron más del 2% dos por ciento de la votación total emitida, en consecuencia, dichos institutos políticos tienen derecho a participar en el proceso de asignación de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de representación proporcional.

2. Votación efectiva. Para calcularla, a la votación total emitida, señalada con anterioridad, se le deben restar los votos nulos y los sufragados a favor de candidatos comunes, pues como se razonó, éstos no fueron para partido político alguno, y obviamente los candidatos comunes no pueden participar en la asignación de diputados de representación proporcional, amén de que de acuerdo con el artículo 301, fracción IV, del Código Electoral local, deben ser considerados como nulos. De esta forma la votación efectiva es de 2,721,076 (Dos millones setecientos veintiún mil setenta y seis) votos, conforme al cuadro siguiente:

3. Cláusula de gobernabilidad. De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 14 del código electoral local, es imperativo que al momento de realizar el cálculo de asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, se verifique que ningún Partido político cuente con más de cuarenta Diputados electos por ambos principios, en términos de lo establecido por el artículo 37, párrafo quinto, inciso a), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Conforme al artículo 14, fracciones II y III, del Código electoral local, previo a la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura, debe determinarse si es o no de aplicarse la llamada “cláusula de gobernabilidad” establecida en el artículo 37, párrafo sexto, incisos b) y c), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Según lo previsto en los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo sexto, inciso b) y c), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 14, fracciones II y III, del Código de la materia, la “cláusula de gobernabilidad” sólo puede ser aplicada al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría relativa y por lo menos el 30% de la votación en el Distrito Federal, a efecto de que le sea asignado el número de Diputados de representación proporcional, suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Las constancias de mayoría y porcentajes de votación de los partidos en el Distrito Federal son los siguientes

Después de analizar los resultados electorales obtenidos por los partidos políticos contendientes en la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se observa que no se cumplen las condiciones para la aplicación de dicha cláusula, toda vez que ningún partido político, por sí mismo, alcanzó o rebasó más del 30% treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal (total emitida), por lo que se concluye que no es procedente aplicar lo dispuesto en las fracciones II y III del artículo 14 del Código Electoral del Distrito Federal.

4. Cociente natural. Una vez determinado lo anterior, este Tribunal procede a calcular el cociente natural tomando en cuenta las veintiséis Diputaciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional, en términos de lo establecido por la fracción V del artículo 14 citado. Para obtener el cociente natural, se debe dividir la votación efectiva antes calculada, entre los veintiséis Diputados por el principio de representación proporcional, dando como resultado un cociente natural, según se señala a continuación:

Según el procedimiento de cálculo establecido por la fracción V del artículo 14 del Código de la materia, debe determinarse el número de veces que el cociente natural se encuentra contenido en cada una de las votaciones de los institutos políticos con derecho a esta distribución, lo que es igual a dividir la votación obtenida por cada una de estas fuerzas políticas entre el cociente natural obtenido, operación que arroja el número de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que por el principio de representación proporcional le corresponde a cada Partido político por cociente natural, según se describe en la tabla siguiente:

5. Resto mayor. Una vez obtenido el número de veces enteras que se encuentra contenido el cociente natural en la votación de cada partido político, conforme a la tabla que antecede, se advierte que sólo se asignaron 22 Diputaciones por cociente natural, siendo que se deben distribuir 26, por lo que se debe proceder en términos de lo establecido en el artículo 13, fracción VI, adminiculado con el diverso 14, fracción V, del Código Electoral del Distrito Federal. En consecuencia, para distribuir 4 diputaciones que quedan por asignar se debe aplicar el resto mayor.

Para tales efectos, primeramente se estimará la “votación utilizada”, la cual se obtiene de multiplicar el número de Diputados asignados (mediante el cociente natural), por el cociente natural. Posteriormente, se calcula el remanente de la votación, que se obtiene de restar de la votación obtenida por cada partido político su votación utilizada. Finalmente, se asignarán el resto de las diputaciones de representación proporcional siguiendo el orden decreciente de remanentes de votación entre los Partidos políticos. Estos cálculos se aprecian en el siguiente cuadro:

El principio de representación proporcional procura mantener un equilibrio entre los votos obtenidos por un partido político y el número de diputaciones obtenidas y asignadas al mismo, ya que se edifica sobre una base que consiste en la conversión de votos en escaños. Esto es así, porque los votos utilizados para la asignación de una diputación resultado de la aplicación del cociente natural, no podrán ser utilizados para la obtención de otra diputación. De esta forma se fortalece el principio de proporcionalidad establecido por el legislador, es decir, se van excluyendo los votos de las asignaciones anteriores, y en cada fase de distribución, ya sea por cociente natural o por resto mayor, no se volverán a utilizar dichos votos.

Una vez calculado el remanente de la votación de cada partido político, se continúa con el procedimiento de asignación establecido en los citados artículos 13 y 14 del Código de la materia, de manera que las diputaciones por distribuir se asignarán por resto mayor.

En este sentido, al partido político con el remanente de votos más alto se le asignará un diputado, y así sucesivamente en forma decreciente hasta agotar las diputaciones por repartir, en los términos que se describen en la siguiente tabla:

Para obtener el número total de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional, que le corresponde a cada uno de los Partidos políticos con derecho a la asignación, se sumarán las diputaciones asignadas tanto por cociente natural como por resto mayor, según se detalló, para quedar como sigue:

Luego, se debe verificar que ningún partido tenga, con motivo de la asignación, una sobre representación mayor a 3% tres por ciento, según lo previsto legalmente. Para ello se debe comparar el porcentaje de la votación total emitida que el partido político haya obtenido en relación con el porcentaje que del total de escaños de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, representan los diputados que haya obtenido ese partido por ambos principios. Esto se obtiene con una simple operación aritmética, multiplicando el número de diputaciones que por ambos principios ha alcanzado el partido político por cien, y dividir el resultado entre las sesenta y seis diputaciones que integran la Asamblea. Luego, el resultado de dicha operación se compara con el porcentaje de la votación total emitida que hubiere obtenido el partido político de que se trate, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Con base en los resultados obtenidos en la tabla anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática cuenta con una sobre representación de 27.41% (diferencia que resulta de restar el porcentaje sobre el total de diputaciones de la Asamblea Legislativa y el porcentaje sobre la votación total emitida). Dicho Partido ha superado con sus triunfos electorales uninominales el límite de 3% de sobre representación, razón por la cual, en términos de los artículos 13, fracción IV, y 14, fracción IV, del Código de la materia, no procede asignar alguna diputación de representación proporcional al referido partido, por tanto, se deben restar las 7 (siete) diputaciones de representación proporcional a fin de distribuirlas entre el resto de los partidos políticos, los cuales no se encuentran sobre representados.

En consecuencia, a la votación efectiva debe deducirse la votación del Partido de la Revolución Democrática para obtener una votación ajustada y poder asignar las veintiséis diputaciones plurinominales.

6. Votación ajustada. Con base en lo dispuesto por los artículos 13, fracciones IV y V, y 14, fracción VIII, del Código de la materia, este órgano jurisdiccional procede a calcular la votación ajustada y el cociente de distribución. Para obtener la votación ajustada, es necesario deducir de la votación efectiva los votos a favor del Partido de la Revolución Democrática que supera el límite de sobre representación que establece la Ley, conforme al cuadro siguiente:

7. Cociente de distribución. Una vez ajustada la votación efectiva, se procede a calcular el cociente de distribución con los 26 Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional, en términos de lo establecido por la fracción V del numeral 13 del Código electoral local; para obtener el cociente de distribución, se debe dividir la votación ajustada señalada en el cuadro anterior, entre los 26 Diputados por el principio de representación proporcional por distribuir, según se aprecia en el cuadro siguiente:

Según el procedimiento de cálculo establecido en el artículo 14, fracción VIII, en relación con el 13, fracciones V y VI, del Código electoral local, debe determinarse el número de veces que el cociente de distribución se encuentra contenido en cada una de las votaciones de los institutos políticos con derecho a esta distribución, lo que es igual a dividir la votación obtenida por cada una de estas fuerzas políticas entre el cociente de distribución obtenido, operación de la que se obtiene el número de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que por el principio de representación proporcional le corresponde a cada partido político por cociente de distribución, según se describe en la tabla siguiente:

Una vez obtenido el número de veces que se encuentra contenido el cociente de distribución en la votación de cada partido político con derecho a la asignación, conforme a la tabla que antecede, se advierte que sólo se han asignado 22 diputaciones por cociente de distribución, por lo que se debe proceder a aplicar la fórmula de resto mayor para distribuir 4 diputaciones pendientes por asignar. Esto es, primeramente se estimará la votación utilizada, la cual se obtiene de multiplicar el número de Diputados asignados (mediante el cociente de distribución), por el cociente de distribución. Posteriormente, se calcula el remanente de la votación, que se obtiene de restar de la votación obtenida por cada partido político, su votación utilizada. Finalmente, se asignarán el resto de las diputaciones de representación proporcional siguiendo el orden decreciente de remanentes de votación entre los partidos políticos hasta agotar las diputaciones por asignar. Estos cálculos se aprecian en el cuadro siguiente:

8. Resto mayor. Una vez calculado el remanente de la votación de cada partido político, se continúa con el procedimiento de asignación establecido en los citados artículos 13 y 14 del Código de la materia, de manera que las diputaciones por distribuir se asignarán por resto mayor, de tal forma que el partido político con el remanente de votos más alto se le asignará un Diputado y así sucesivamente en forma decreciente hasta que se agoten las diputaciones por repartir en los términos que se describen en la tabla siguiente:

Para obtener el número total de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional, que le corresponde a cada uno de los Partidos políticos con derecho a la asignación, se sumará a las diputaciones asignadas por cociente de distribución, las correspondientes por resto mayor, para quedar como sigue:

Siguiendo lo dispuesto por el artículo 14, fracción VIII, del Código Electoral del Distrito Federal, al concluir la etapa relativa a la distribución de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional, bajo la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura con las reglas contenidas en la ley aplicable a la materia, mediante el cociente de distribución y resto mayor, debe constatarse que con las diputaciones obtenidas por ambos principios, ningún partido político supere el límite de 3% de sobre representación previsto en el Estatuto y en el Código electoral.

Por tanto, se debe verificar que la sobre representación de diputaciones por ambos principios que tengan los partidos políticos, en su caso, no exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total emitida, de lo contrario se deben deducir las diputaciones de representación proporcional que sean necesarias hasta que se ajuste al límite legal. Dicha verificación puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Como se observa del cuadro anterior, el Partido Acción Nacional se encuentra sobre representado en un 6.02%, excediendo el límite establecido en los artículos 37, párrafo sexto, inciso d), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 14, fracción IV, del Código Electoral local, por lo que se procederá en términos de la fracción VII del referido artículo 14, a “…deducirle del cálculo realizado conforme con lo dispuesto en la fracción V, el número de Diputados de representación proporcional necesarios hasta que se ajuste al límite respectivo…”, asignándose las diputaciones excedentes, es decir, las que se le deduzcan a quien se encontraba sobre representado, a los demás partidos políticos que no se ubiquen en ese supuesto.

Derivado de lo anterior, al Partido Acción Nacional de las ocho diputaciones que le habían sido asignadas por cociente de distribución, al resultar evidente que el partido excede el límite de sobre representación permitido, se le resta una diputación, para verificar si con este ajuste se encuentra dentro del límite de sobre representación que permite la normativa electoral, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

Como se ve en la tabla que antecede, el Partido Acción Nacional, sigue sobre representado con un 4.51%, por lo que será necesario restarle otro diputado más con la finalidad de ajustarlo al límite de sobre representación establecido por la norma.

Con el ajuste hecho al Partido Acción Nacional, si bien éste sigue sobre representado, ya se encuentra dentro del límite permitido por el Código Electoral, es decir tiene una sobrerrepresentación de 2.99%, con lo cual se ajusta al límite de sobrerrepresentación establecido en el artículo 37, párrafo sexto, inciso d), del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 14, fracción VII, del código electoral local, tomando en cuenta que nueve de sus diputados, los obtuvo en triunfos de mayoría relativa.

De esta forma, de acuerdo con el artículo 14, fracciones VII y VIII, del Código Electoral del Distrito Federal, una vez ajustado el partido que se encontraba sobre representado al límite legal establecido, “se realizará nuevamente la distribución de las diputaciones pendientes de asignar entre los demás partidos políticos, con base en el cociente de distribución y, en su caso el resto mayor”. En este caso se asignarán 20 diputaciones, tomando en consideración que de las 26 a asignar, 6 le correspondieron al Partido Acción Nacional.

9. Votación ajustada (2). Con base en lo dispuesto por los artículos 13, fracciones IV y V, y 14, fracción VIII, del Código de la materia, este órgano jurisdiccional procede a calcular la nueva votación ajustada y el nuevo cociente de distribución.

Lo anterior se infiere de lo previsto en la indicada fracción VIII del citado artículo 14, cuando dispone que para los efectos de la fracción VII, una vez hecha la deducción y determinado el número de Diputados a asignar al partido político o coalición correspondiente, se debe realizar nuevamente la distribución con las diputaciones pendientes de asignar entre los demás partidos políticos, con base en el cociente de distribución y, en su caso, el resto mayor.

Para obtener la votación ajustada, es necesario deducir de la votación efectiva los votos a favor del Partido Acción Nacional, conforme al cuadro siguiente:

10. Cociente de distribución (2). Una vez ajustada la votación efectiva, se procede a calcular el cociente de distribución con los 20 Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional pendientes de asignar, en términos de lo establecido por la fracción V del artículo 13 del Código citado. Para obtener el nuevo cociente de distribución, se debe dividir la votación ajustada (2) señalada en el cuadro anterior, entre los 20 Diputados por el principio de representación proporcional por distribuir, dando como resultado un cociente de distribución (2), según se señala a continuación:

Obtenido dicho cálculo, debe determinarse el número de veces que el cociente de distribución (2) se encuentra contenido en cada una de las votaciones de los institutos políticos con derecho a la asignación de diputados de representación proporcional, lo que es igual a dividir la votación obtenida por cada una de estas fuerzas políticas entre el cociente de distribución obtenido, operación de la que se obtiene el número de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que por el principio de representación proporcional le corresponde a cada partido político por cociente de distribución, según se describe en la tabla siguiente:

Una vez obtenido el número de veces que se encuentra contenido el cociente de distribución (2) en la votación de cada partido político con derecho, conforme a la tabla que antecede, se advierte que sólo se han asignado 18 diputaciones por cociente de distribución, por lo que se debe proceder a la aplicación de la fórmula de resto mayor, para distribuir 2 diputaciones que restan por asignar.

Como se ha hecho con anterioridad, para obtener los restos mayores se deduce de la votación de cada partido, los votos utilizados en la asignación por cociente de distribución, para asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional siguiendo el orden decreciente de remanentes de votación entre los partidos políticos hasta agotar las diputaciones por asignar. Estos cálculos se aprecian en el cuadro siguiente:

11. Resto mayor (2). Una vez calculado el remanente de la votación de cada partido político, se continúa con el procedimiento de asignación establecido en los citados artículos 13 y 14 del Código de la materia, de manera que las diputaciones por distribuir se asignarán por resto mayor, de tal forma que el partido político con el remanente de votos más alto se le asignará un Diputado y así sucesivamente en forma decreciente hasta que se agoten las diputaciones por repartir en los términos que se describen en la tabla siguiente:

Para obtener el número total de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de representación proporcional, que le corresponde a cada uno de los partidos políticos con derecho a la asignación, se sumará a las diputaciones asignadas por cociente de distribución, las correspondientes por resto mayor, para quedar como sigue: