JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES:

SDF-JRC-121/2010 Y SDF-JDC-219/2010 ACUMULADOS.

ACTORES:

PARTIDO DEL TRABAJO Y MARIO FRANCO BARBOSA

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

TERCERA INTERESADA:

COALICIÓN “COMPROMISO POR PUEBLA”

MAGISTRADOS PONENTES:

ANGEL ZARAZÚA MARTÍNEZ Y EDUARDO ARANA MIRAVAL

SECRETARIOS:

AMADO ANDRÉS LOZANO BAUTISTA Y GABRIELA FIGUEROA SALMORÁN

México, Distrito Federal, a siete de enero de dos mil once.

VISTOS para resolver los autos de los Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificados con los números de expediente SDF-JRC-121/2010 y SDF-JDC-219/2010, promovidos por el Partido del Trabajo, por conducto de José Alfonso Rodríguez Periañez, en su carácter de representante propietario del citado instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, y por Mario Franco Barbosa respectivamente, en contra de la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el recurso de apelación identificado con el número de expediente TEEP-A-045/2010, y sus acumulados TEEP-A-049/2010, TEEP-A-050/2010 y TEEP-A-051/2010; y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De las manifestaciones realizadas en las demandas, así como de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a) Jornada Electoral. El cuatro de julio del año próximo pasado, se llevó a cabo en el Estado de Puebla la jornada electoral para renovar entre otros a los miembros del Congreso del Estado para el período 2011-2014, mismo que se integra por veintiséis diputados electos por el principio de mayoría relativa y hasta quince por el de representación proporcional.

b) Cómputo. En sesión de once de julio de ese mismo año, el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, mediante Acuerdo CG/AC-146/10 realizó el cómputo, declaró la validez de la elección, la elegibilidad de los candidatos y efectuó la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, misma que quedó en los términos siguientes:

c) Recursos de Apelación locales. El catorce de julio posterior, Mario Franco Barbosa y Julián Isidro Camarillo Mirón, candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa postulados por las Coaliciones “Compromiso por Puebla” y “Alianza Puebla Avanza” en los distritos electorales 15 y 17 respectivamente; así como la primera de las Coaliciones mencionadas; y el Partido del Trabajo, por medio de sus respectivos representantes, presentaron ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, sendos recursos de apelación, en contra del acuerdo mencionado en el inciso anterior.

Dichos medios de impugnación fueron radicados con los números de expediente TEEP-A-045/2010, TEEP-A-049/2010, TEEP-A-050/2010 y TEEP-A-051/2010; y previa su acumulación, fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el veintitrés de diciembre pasado, en los siguientes términos:

“…

QUINTO. Estudio de fondo. Este Tribunal Electoral del Estado de Puebla, previo al análisis de las cuestiones planteadas por los actores, procede a realizar las siguientes puntualizaciones:

…

Una vez precisado lo anterior, se retoma nuevamente el estudio central de la representación proporcional para señalar que doctrinalmente, se han establecido diversas modalidades para la asignación de representación proporcional; sin embargo, la proporcionalidad pura o matemáticamente exacta, es prácticamente imposible de lograr, porque la votación, a veces excede el número de representantes electos, sin que sea posible separar cada representante en fracciones, para darle exactamente a un partido político la proporción que le corresponde, de modo que, todos los sistemas que se establecen para la repartición de los puestos de representación proporcional, tienen como finalidad última otorgar a cada instituto político o coalición con derecho a la representación proporcional, en la medida de lo posible, los puestos que más se acerquen al porcentaje de votación que obtuvo.

Bajo esos lineamientos, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en sesión de once de julio del presente año, aprobó por unanimidad de votos el acuerdo CG/AC-146/10, el cual contiene la explicación del seguimiento que la autoridad administrativa electoral realizó para la asignación de las quince curules por el principio de representación proporcional; tal y como consta en el concentrado de cómputo final de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, como anexo uno; y la fórmula para asignación de diputaciones de representación proporcional definitiva, como anexo dos, que corren agregados al referido acuerdo y que se consideró formaban parte integrante del mismo.

En dichas operaciones se estableció detalladamente el seguimiento que se hizo para tener por válida la asignación de las diputaciones de representación proporcional para quedar finalmente de la siguiente manera:

Dicha asignación se hizo conforme a lo establecido en los artículos 16 A, 318, 320 y 321 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

Lo anterior es considerado así por este Tribunal Electoral, dado que la asignación de las diputaciones obedeció al procedimiento que a continuación se enuncia y que es derivado del análisis y seguimiento que efectuó el propio Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Así, el artículo 320 del código de la materia señala que en el procedimiento para la asignación de Diputados de representación proporcional, se aplicará la fórmula electoral con los elementos y normas de: Porcentaje mínimo, cociente electoral y resto mayor.

Los partidos políticos o coaliciones que hayan obtenido el porcentaje mínimo del cómputo final de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, tendrán derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, lo que actualiza el principio o valor del pluralismo político, para tal efecto:

I.- Se hará la declaratoria de aquellos partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje mínimo;

II.- La primera asignación que corresponda a cada partido político con derecho a participar en la elección por este principio, recaerá en la fórmula de candidatos del propio partido político a Diputados por el principio de mayoría relativa, que no hubiere alcanzado la constancia respectiva conforme a dicho principio por sí misma y haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección; esta asignación consumirá el número de votos equivalente al dos por ciento de la votación total; y

III.- Para las subsecuentes asignaciones de Diputados, se utilizarán los elementos de cociente electoral y resto mayor, en términos del artículo 318 del código comicial.

Una vez señalado lo anterior, se aplicará la fórmula electoral con los elementos y normas siguientes:

a) Porcentaje mínimo;

b) Cociente electoral; y

c) Resto mayor.

De los conceptos anteriormente citados, se advierte que el artículo 318 del código de la materia, los define como:

“Artículo 318.- (Se transcribe).”

Asimismo, este Tribunal Electoral atenderá a las consideraciones vertidas en la sentencia dictada, por este organismo jurisdiccional, en el expediente TEEP-A-013/2007 y su acumulado TEEP-A-014/2007, de veintiséis de diciembre de dos mil siete, la cual fue recurrida en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral radicados con los números SUP-JRC-02/2008 y SUP-JRC-03/2008, resueltos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el once de enero de dos mil ocho, donde se confirmó la ejecutoria emitida por este órgano colegiado.

Sentado lo anterior, se procede a realizar la primera ronda de asignaciones de las curules a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje mínimo del cómputo final de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y en tal sentido, es necesario hacer la declaratoria de los partidos políticos o coaliciones que encuadraron en este supuesto, para lo que inicialmente se toma como referencia el concentrado del cómputo final de la elección por el principio de mayoría relativa elaborado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el cual obra como anexo dos del acuerdo número CG/AC-146/10, aprobado el once de julio del presente año.

Antes de proceder al desarrollo de la formula de asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, resulta conveniente aclarar  que en sesión pública celebrada por este Tribunal Electoral del Estado, el quince de septiembre del año en curso, se resolvió la inconformidad número TEEP-I-096/2010, posteriormente, el diecinueve de noviembre de este año, se resolvieron los expedientes números TEEP-I-074/2010, TEEP-I-075/2010, TEEP-I-076/2010 y TEEP-I-077/2010, relativos a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, con motivo de las elecciones dos mil diez en la entidad.

Por otra parte, el veintitrés y veinticuatro de noviembre de esta anualidad, las resoluciones dictadas en los recursos de inconformidad números TEEP-I-074/2010 y TEEP-I-076/2010, respectivamente, fueron impugnadas mediante Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en el Distrito Federal, mismos que fueron resueltos en sesión pública celebrada el veintiuno de diciembre del año en curso, como consta en las copias certificadas por el Secretario General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional, que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358 y 359 del ordenamiento electoral, relativas a las sentencias dictadas en los expedientes identificados con los números SDF-JRC-105/2010 y SDF-JRC-111/2010, donde se confirmaron las resoluciones emitidas por este organismo jurisdiccional, el diecinueve de noviembre del presente año, en los autos de los recursos de inconformidad números TEEP-I-074/2010 y TEEP-I-076/2010, respectivamente.

Ahora bien, en la copia certificada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, relativa a la sentencia dictada dentro del expediente TEEP-I-096/2010, que cuentan con valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 358 y 359 del código electoral, consta que se desechó por notoriamente improcedente el recurso interpuesto por el ciudadano José Alfonso Rodríguez Periañez, en su calidad de representante propietario del Partido del Trabajo, en contra del cómputo final de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Uninominal 12, con cabecera en Acatlán de Osorio, Puebla, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción III, del artículo 369 del ordenamiento de la materia.

Respecto a la resolución emitida dentro del expediente TEEP-I-074/2010, cuya copia certificada por el Secretario General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional obra en actuaciones, se desprende que se confirmaron los resultados asentados en al acta de cómputo final de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, del Distrito Electoral Uninominal 23, con cabecera en Tetela de Ocampo, Puebla.

Por cuanto hace a las sentencias dictadas en los expedientes TEEP-I-075/2010, TEEP-I-076/2010 y TEEP-I-077/2010, cuyas copias certificas por el Secretario General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional obran en el presente expediente y tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 358 y 359 del código comicial; consta que se modificó el cómputo final de las elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa, en los Distritos Electorales Uninominales 26, 3 y 7, con cabeceras en Xicotepec, Puebla de Zaragoza y San Martín Texmelucan, respectivamente, con motivo de las diligencias de apertura de los paquetes electorales, realizadas el ocho y nueve de noviembre de este año, en los dos expedientes citados en primero y segundo lugar, así como la nulidad de la votación recibida en casillas decretada en el expediente mencionado en tercer lugar. En mérito de lo anterior, se modificó el cómputo final de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

Con base en lo expuesto, este organismo jurisdiccional procede a tomar en cuenta la modificación de los resultados electorales, para la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional.

Así se tiene que, en primer lugar, en el considerando sexto de la resolución dictada dentro del expediente correspondiente al recurso de inconformidad identificado con la clave TEEP-I-075/2010, promovido en contra del cómputo distrital para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Uninominal 26, con cabecera en Xicotepec, Puebla; los resultados consignados después de la modificación del cómputo final quedaron en la forma que se consigna en la tabla siguiente:

Por otra parte, en el considerando noveno de la sentencia emitida en el expediente TEEP-I-076/2010, promovido en contra del cómputo distrital para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Uninominal 3, con cabecera en Puebla de Zaragoza; los resultados consignados después de la modificación del cómputo son:

A su vez, en el considerando séptimo de la ejecutoria pronunciada en el expediente TEEP-I-077/2010, promovido en contra del cómputo distrital para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Uninominal 7, con cabecera en San Martín Texmelucan, Puebla; los resultados consignados después de la recomposición son:

Una vez vistos los anteriores resultados, es procedente realizar la recomposición en el concentrado del cómputo final de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, elaborado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el cual obra como anexo dos del acuerdo número CG/AC-146/10, aprobado el once de julio del presente año, quedando de la siguiente forma:

PORCENTAJE DE LA VOTACIÓN

Al haber obtenido la votación final de mayoría relativa, lo procedente es obtener el nuevo cómputo de la votación de representación proporcional, para tal efecto, se considerará la recomposición de resultados consignados en las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional dentro de los expedientes TEEP-I-075/2010, TEEP-I-076/2010 y TEEP-I-077/2010, precisados con antelación, tomando en consideración que la votación de representación proporcional se conforma con los votos de mayoría relativa y la votación recibida en las casillas especiales; así se tiene lo siguiente:

Una vez realizada la recomposición atinente, el concentrado de cómputo final de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional queda de la manera siguiente:

Aclarado lo anterior, se procede a desarrollar la fórmula de asignación de las quince diputaciones a repartir para conformar el Congreso del Estado, por el principio de representación proporcional, de acuerdo con en el procedimiento que efectuó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, tomando como base los nuevos resultados.

En tal sentido, si la votación total de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa es la cantidad de 2,192,501 (Dos millones ciento noventa y dos mil quinientos uno) votos, el 2% de dicha cifra es la relativa a 43,850 (Cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta) votos, luego entonces, procede identificar qué partidos políticos o coaliciones cuentan con la cantidad que represente ese o mayor porcentaje obtenido en su votación, por el principio de mayoría relativa, siendo éstos resultados los siguientes:

CONCENTRADO DEL CÓMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA.

Los partidos políticos o coaliciones que obtuvieron el porcentaje mínimo del cómputo final de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, que tienen derecho a participar en la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 320 del código de la materia, son:

Establecido lo anterior, se debe proceder a determinar qué partidos políticos o coaliciones obtienen curules por la primera asignación, conforme con lo estipulado en el artículo 320, fracción II del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, que corresponde a cada partido político con derecho a participar en la elección por este principio, recaerá en la fórmula de candidatos del propio partido político a Diputados por el principio de mayoría relativa, que no hubiere alcanzado la constancia respectiva conforme a dicho principio por sí misma y haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección, como se ilustra a continuación:

Por lo tanto, con fundamento en la fracción II, del artículo 320 del código electoral, se asigna una curul, por obtener el mayor porcentaje de votos en la elección, en los Distritos Electorales Uninominales 12, 19 y 7, a la Coalición Compromiso por Puebla, a la Coalición “Alianza Puebla Avanza” y al Partido del Trabajo, respectivamente, para quedar de la siguiente forma:

Una vez realizada la primera asignación, por el principio de representación proporcional, en términos del artículo 320, fracción II del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, debe precisarse que ésta asignación consume el número de votos equivalente al dos por ciento de la votación total en la elección a Diputados por el principio de representación proporcional que fue de 2,200,382 (Dos millones doscientos mil trescientos ochenta y dos) votos; por tanto, debe restarse la cantidad 44,007.64 (Cuarenta y cuatro mil siete punto sesenta y cuatro) votos, por cada participante en la asignación, correspondiente al dos por ciento de la votación total, como a continuación se ilustra en la tabla correspondiente:

Una vez realizada la primera asignación de Diputados por el mencionado principio, quedan pendientes por asignar doce curules, mismas que serán distribuidas, inicialmente, por el cociente electoral y, de quedar curules por asignar, se procederá a utilizar el elemento del resto mayor.

Así también, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 y la fracción III, del artículo 320 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, las asignaciones subsecuentes de las curules a Diputados por el principio de representación proporcional, serán asignadas conforme al sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. Para ello es necesario establecer el cociente electoral, con fundamento en lo dispuesto por el código comicial.

Ahora bien, para obtener dicho elemento, inicialmente hay que observar el contenido del artículo 321 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, que refiere, que la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional que se otorgue, será a aquellos partidos políticos cuya votación emitida, menos los votos utilizados en la asignación de porcentaje mínimo, contenga el cociente electoral, a su vez, establece que en el caso de que alguno de los partidos políticos alcance el límite legal de veintiséis Diputados por ambos principios, se asignarán las diputaciones correspondientes, restando el total de la votación del partido político que se encuentre en este supuesto y la votación utilizada en las asignaciones a otros partidos políticos, por consiguiente se encuentra una vinculación entre los artículos 318 y 321 del código electoral.

Bajo ese contexto, primero se procede a realizar las operaciones para obtener, con base en las reglas anteriores, el cociente electoral y que corresponde a la cantidad de 163,620.59 (Ciento sesenta y tres mil seiscientos veinte punto cincuenta y nueve) votos, que se obtiene realizando las operaciones que se consignan en la siguiente tabla, para quedar en los términos que a continuación se ilustran:

, se procede a veri

Una vez obtenido el cociente electoral, se procede a verificar las curules asignadas entre los partidos políticos y coaliciones que conservan su derecho a la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, lo cual queda consignado en los siguientes cuadros:

De esa forma, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 320 del código comicial, por cociente electoral se asignan cinco curules a la Coalición Compromiso por Puebla, cinco curules a la Coalición “Alianza Puebla Avanza” y una curul al Partido del Trabajo, como enseguida se ilustra:

Vistos los resultados anteriores, en el cuadro siguiente se muestra el remanente de votos que cada partido político o coalición tiene para efectos de la aplicación del “resto mayor”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 318 del ordenamiento comicial.

Bajo ese lineamiento, a la Coalición Compromiso por Puebla se le asigna una curul por resto mayor, debido a que cuenta con el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político o coalición, después de haber aplicado el cociente electoral.

Por tanto, la asignación total de Diputados por el principio de representación proporcional queda de la siguiente forma:

Ahora bien, no obstante que fue modificado el cómputo de la votación obtenido en la elección de Diputados por ambos principios, después del análisis que este Tribunal realizó en el desarrollo de la formula contenida por el artículo 320 del código electoral, los resultados de dicho estudio denotan que los mismos no repercutieron en la asignación de curules en la forma en que originariamente lo realizó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en el acuerdo número CG/AC-146/10, aprobado el once de julio de la presente anualidad; en tal sentido, las quince curules permanecen intocadas en su asignación primaria, para quedar repartidas de la siguiente manera: SIETE a la Coalición Compromiso por Puebla, SEIS a la Coalición “ALIANZA PUEBLA AVANZA” y DOS para el Partido del Trabajo.

De todo lo anteriormente expuesto y de las operaciones aritméticas practicadas, se concluye que la asignación de Diputados por el sistema de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado cumplió estrictamente con lo ordenado en los artículos 320 y 321 del código de la materia.

SEXTO. En este considerando, se realizará el estudio de los agravios planteados, en los escritos recursales, por los apelantes Mario Franco Barbosa, el representante suplente de la Coalición Compromiso por Puebla, el ciudadano Julián Isidro Camarillo Mirón y el representante propietario del Partido del Trabajo.

En primer término, se realizará el análisis del agravio hecho valer por el ciudadano Mario Franco Barbosa, en su carácter de candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral Uninominal 15 de la entidad, postulado por la Coalición Compromiso por Puebla, anotado en el inciso A), del resultando número III, relativo a la solicitud de apertura y recuento de los paquetes electorales correspondientes a los Distritos Electorales Uninominales 12, con cabecera en Acatlán de Osorio y 15, con cabecera en Ajalpan, ambos de este Estado, porque la diferencia entres ambos Distritos es menor al 1% de sus resultados, resulta inoperante e infundado, por las consideraciones legales siguientes.

En atención a que esto ya fue materia de estudio por el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado, mediante acuerdo de dieciocho de octubre del presente año, mismo que no fue recurrido por el impugnante, tal y como se demuestra con la certificación del Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, de nueve de noviembre siguiente, este organismo jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse nuevamente sobre el particular al existir una resolución firme y definitiva que negó la apertura del incidente sobre la pretensión de recuento de los paquetes electorales de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y el recuento de la votación recibida en las casillas instaladas, respectivamente, en los Distritos Electorales Uninominales 12 y 15 con cabeceras en Acatlán de Osorio y Ajalpan, Puebla, evitando con ello, criterios diferentes o hasta contradictorios sobre el hecho en cuestión, al estar estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa.

Resulta aplicable la jurisprudencia S3ELJ 12/2003, de la Sala Superior del citado Tribunal Electoral Federal, consultable a páginas 67-69, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el rubro y texto siguiente:

"COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.” (Se transcribe

En efecto, en el caso resulta inaplicable lo preceptuado por el artículo 314, fracción II, inciso a), en relación con el diverso 312, fracciones XII y XIII del código de la materia, en atención a que en la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, no existen candidatos que ocupen el primero y segundo lugares de la votación, ni la posibilidad de que el representante del partido político o coalición pueda realizar al inicio de cada una de las sesiones de cómputo de las elecciones de Diputados la solicitud de apertura de los paquetes electorales, por lo que, el recurrente indebidamente pretende en la primera asignación sostener una hipótesis que carece de fundamento legal, máxime que se trata de dos distritos electorales y elecciones diferentes.

Como se dijo, en el acuerdo del Pleno antes mencionado, se advierte que el actor no sólo impugnó la sesión de cómputo y asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, de once de julio del presente año, efectuada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, sino adicionalmente pretende la apertura de todos los paquetes electorales y el recuento de votos recibidos en las casillas instaladas en los Distritos Electorales Uninominales 12 y 15 con cabeceras en Acatlán de Osorio y Ajalpan, Puebla, correspondientes a la elección de Diputados de mayoría relativa.

La pretensión aludida, para su concesión debe tener como presupuesto una violación del orden procesal, ya que, la apertura de los paquetes electorales y el consecuente recuento de la votación recibida en las diversas casillas, conformadas el día de la jornada electoral en los Distritos Electorales Uninominales que menciona el apelante, tendría como origen una actuación omisa o ilegal de los Consejos Distritales Electorales mencionados, es decir, que estos no llevaron a cabo la actuación que marca el código electoral de la entidad, por consiguiente, esta actividad o inactividad pudieron incidir en el resultado de los respectivos cómputos.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es claro que conforme a nuestra legislación electoral, la apertura de paquetes electorales y recuento de la votación recibida en casilla tiene que ver con los resultados de la elección de Diputados en un determinado Distrito Electoral Uninominal, de tal manera que, cualquier violación o desconocimiento de un derecho en este estadio del proceso electoral, tendría como medio de defensa el recurso de inconformidad a que se refiere el dispositivo legal 351 del ordenamiento comicial del Estado.

En ese contexto, si la apertura de paquetes electorales y el consecuente recuento de la votación en un Distrito, tiene que ver como se dijo, con la etapa de resultados electorales, entonces, la propia ley electoral local, en sus artículos 347, 351, 355 fracción I y 361, determina quienes son lo sujetos electorales con interés jurídico y legitimación en la causa para realizar tal solicitud o bien interponer el recurso jurisdiccional de inconformidad, supuestos en los cuales únicamente están facultados los partidos políticos o en su caso las coaliciones a través de quien legítimamente los represente.

En ese orden de ideas, si la pretensión principal del recurrente en el medio de impugnación tiene que ver con la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, específicamente la relacionada con la primera asignación, que corresponde a la fórmula de candidatos de mayoría relativa, que no hubieren alcanzado la constancia respectiva conforme a dicho principio por sí misma y haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección, entonces, la solicitud en comento se refiere al procedimiento de asignación que la autoridad administrativa electoral, debe desarrollar concretamente conforme a los lineamientos establecidos en los preceptos legales 319 y 320 inciso a), fracciones I y II del código comicial local y no así con relación a los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, que pudieran dar origen a la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o en su caso a la nulidad de elección en un Distrito, supuestos fácticos que tienen como medio de impugnación el recurso de inconformidad.

Como corolario, debe decirse que en materia de asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, cuya facultad legal compete al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, no procede el incidente sobre la pretensión de apertura de paquetes electorales y el consecuente recuento de la votación recibida en una o varias casillas, ya que dicha diligencia, en el ámbito administrativo está reservada generalmente para los consejos municipales o distritales y excepcionalmente para el Consejo General, en la etapa de resultados consignados en las actas de cómputo municipal o distrital de mayoría relativa, en términos de los artículos 313 y 314 fracción II del código de la materia.

Aunado a lo anterior, el apelante Mario Franco Barbosa carece de legitimación en la causa para solicitar la apertura de paquetes electorales y el recuento de la votación recibida en los Distritos Electorales Uninominales 12 y 15, con cabecera en Acatlán de Osorio y Ajalpan, Puebla, puesto que el autorizado por la ley electoral local para ejercer tal derecho, en todo caso sería el representante del partido que se considerara agraviado en tales Distritos y sólo en relación a los resultados electorales consignados en las actas de cómputo respectivas, esto con fundamento en los artículos 347 y 355, fracción I del código comicial.

…

Con relación al agravio formulado por el representante propietario del Partido del Trabajo, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, señalado en el inciso D) del resultando III, consistente en que existe una sobre-representación por parte de los candidatos a Diputados postulados por la Coalición Compromiso por Puebla y una sub-representación por parte de los candidatos postulados por el Partido del Trabajo, debe decirse que los mismos resultan infundados, en términos del artículo 321 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, dado que el legislador poblano no contempló los supuestos normativos que enuncia como límites legales para la asignación de Diputados, ya que el único que existe es que un partido político o coalición haya alcanzado veintiséis diputaciones por ambos principios, lo que impide que continúe participando en la asignación de mérito, lo cual no acontece en la especie.

En efecto, el actor expone en sus agravios que deben aplicarse los principios de sobre-representación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al sistema de representación proporcional en el Estado de Puebla, para evitar que la Coalición Compromiso por Puebla quede sobre-representada, a decir del apelante, con el 51.21 % del total del Congreso del Estado.

Lo anterior se afirma, porque el actor parte de una concepción falsa sobre el sistema electoral poblano al sostener que, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado no aplicó y no estableció un límite a la sobre-representación, como lo ordena la base general prevista en la fracción V, del artículo 54 de la Constitución Federal, generando una ilegal sobre-representación en la integración del Congreso del Estado, en agravio del Partido del Trabajo.

Cabe establecer que la argumentación del apelante se basa en las consideraciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98, promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del decreto número 138, emitido por la Legislatura del Estado de Quintana Roo, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del código electoral de esa entidad federativa; sobre el particular, resulta pertinente precisar que las consideraciones vertidas por el actor son equivocadas, por las razones siguientes.

Al resolverse la acción de inconstitucionalidad 6/98, la Suprema Corte estableció criterios generales para todos los Estados, precisamente al interpretar el artículo 54 constitucional, pero también emitió consideraciones adjuntas como la siguiente:

“No quiere esto decir que las legislaturas locales deban prever la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en los mismos términos en que lo hace la Constitución Federal, pero si que las disposiciones del artículo 54 constitucional, contiene bases fundamentales que se estiman indispensables en la observancia de dicho precepto”.

Lo anterior, permite arribar a este organismo jurisdiccional al convencimiento de que, pese a que dentro de las siete bases que la Suprema Corte derivó del artículo 54 constitucional, se consigna el relativo al establecimiento de un límite a la sobre-representación, del texto de la precitada acción de inconstitucionalidad, no se desprende pronunciamiento específico respecto a que las legislaturas de los Estados, al regular lo referente a los Diputados por el principio de representación proporcional, debieran sujetarse, en alguna medida, al límite porcentual consignado en la fracción V de esa disposición normativa para la asignación de Diputados de representación proporcional.

La aclaración que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la trascripción que antecede, encuentra sustento en el hecho de que en la integración de la Cámara de Diputados a nivel federal y propiamente de las elecciones a este nivel, prevalecen  circunstancias evidentemente diferentes a las que privan en las elecciones de cada una de las entidades federativas, en donde las legislaturas respectivas pueden tener interés en privilegiar a las minorías sobre los partidos mayoritarios, estableciendo, por ejemplo, un límite inferior de acceso a la asignación de curules de representación proporcional, con barreras menores al 2%, o por el contrario, limitando el acceso de partidos minoritarios, elevándose el umbral a porcentajes mayores al establecido a nivel federal.

También, las legislaturas locales pueden, en uso de su soberanía, establecer límites superiores relativos a la sobre-representación, introduciendo barreras consistentes en un número máximo de Diputados que un partido político puede obtener por ambos principios o bien a través de limitantes de carácter numérico o porcentual, como podría ser no rebasar en ocho, diez, etcétera, puntos su porcentaje de votación con respecto a su representación en el Congreso correspondiente.

De lo anterior, se concluye que un elemento que eventualmente puede introducirse en un sistema de representación en alguna entidad federativa, pudiera ser una limitante a la sobre-representación, pero lo que sí no se puede advertir, es la existencia de algún dispositivo constitucional que imponga como obligación ineludible para las entidades, que deba establecerse una limitante del 8% de sobre-representación, como lo pretende el recurrente; luego, al no haber tal determinación desde el marco constitucional federal, las legislaturas locales cuentan con libertad plena y amplias facultades de limitar esa sobre-representación, en los términos que estimen adecuados, por lo que indebidamente podría fijárseles lo que se pretende, de que un 8% constituya su límite.

Esto, resulta acorde también con lo establecido en el artículo 116, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Federal, que ordena:

“ARTÍCULO 116. (Se transcribe).”

Por otro lado, en el texto del artículo 54 Constitucional no se advierte la intención del legislador de involucrar los principios establecidos respecto de la representación proporcional, con los que deben observar las legislatura locales, pues incluso, se aprecia una marcada diferenciación entre el tratamiento que le da al sistema electoral imperante a nivel federal, en comparación con los lineamientos que deben observar las entidades federativas y en observancia del pacto federal, las legislaturas estatales en el ámbito de su autonomía, son las que deben regular su propia integración con Diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Además, contrario a lo sostenido por el impugnante sí existe un límite a la sobre-representación previsto en los artículos 35, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 321 del código de la materia que establecen:

“ARTÍCULO 35.- (Se transcribe).”

“ARTÍCULO 321.- (Se transcribe).”

Por otra parte, la inclusión de un elemento consistente en el límite del 8% a la sobre-representación de un partido político en la fórmula de asignación de Diputados en nuestra entidad, como lo pretende el partido político actor, conduciría inexorablemente al desconocimiento total no sólo del sistema electoral estatal, sino a desestimar por completo las condiciones particulares que tomó en cuenta el legislador local para establecerlo. Además, de acuerdo con lo sostenido en la citada acción de inconstitucionalidad, dicho límite a la sobre-representación, según se infiere de las bases deducidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no necesaria y únicamente pueden estar expresadas en forma porcentual, ya que el análisis de la constitucionalidad de cierta disposición, debe hacerse atendiendo no sólo al texto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de proporcionalidad atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto, por lo que validamente se puede arribar a la conclusión de que, el legislador local puede limitar la sobre-representación a través de un número máximo de legisladores con que los partidos políticos puedan contar por ambos principios, o bien, excluyendo al partido mayoritario de la posibilidad de participar en la asignación de Diputados por el sistema de representación proporcional, cuando por el de mayoría relativa hubiere obtenido un determinado número de curules.

Además de lo anterior, debe decirse que si el legislador poblano hubiere querido introducir un límite a la sobre-representación establecido en porcentaje como se argumenta, así lo hubiera establecido literalmente, pues sin perder de vista que la normatividad federal es seguida casi a pie juntillas en las legislaciones locales, y la materia electoral no es la excepción, se hubiera establecido dicho límite porcentual como ocurre en la asignación de los Diputados de representación proporcional a nivel federal.

Conviene precisar que el sistema electoral imperante en el Estado de Puebla es el mixto con predominante mayoritario y que la representación proporcional del tipo impuro con barrera legal resulta ser solo su complemento. Dicho en otras palabras, de los cuarenta y un Diputados a elegir para la conformación del Congreso local, veintiséis son electos por el sistema de mayoría relativa, esto es, que el 63.41% de la conformación del Congreso se decide por este sistema, mientras que los quince Diputados por el sistema de representación proporcional equivalen solamente al 36.58%, que es en realidad el único porcentaje del Congreso del Estado a repartir entre todos los partidos políticos o coaliciones con derecho a ello.

Así que, atender a lo argumentado por el apelante sería tanto como desconocer el sistema electoral imperante no solo en la legislación del Estado de Puebla sino en la propia federación, ya que lo que el actor pretende es que los votos obtenidos por el partido mayoritario en la contienda electoral, aproximadamente coincidan con las curules obtenidas, al no poderse exceder según su apreciación del 8% con respecto al número de Diputados que le sean asignados y en consecuencia, que el resto de los Diputados les sean asignados a los demás partidos que no obtuvieron los votos necesarios para alcanzar dicha paridad.

Al efecto resulta aplicable la Jurisprudencia número P./J.77/2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Diciembre de 2003, página 533, cuyo rubro a la letra dice:

“CONGRESOS LOCALES. SOBRERREPRESENTACIÓN. NO ESTÁN OBLIGADOS A CONSIDERAR COMO LÍMITE EL 8% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Se transcribe).”

Por otra parte, el apelante adujo que los artículos 315 fracción III, 316, 318, 319, 320 y 321 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, son contrarios a los artículos 52, 54 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que en la regulación de la fórmula de asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, no establecen de manera expresa un límite a la sobre-representación, como lo ordena la base general prevista en la fracción V del referido artículo 54; como consecuencia, y en la medida que contravienen esas disposiciones constitucionales, procede determinar la inaplicabilidad limitada y circunscrita de los artículos 315, fracción III, 316, 318, 319, 320 y 321 del código electoral, para el sólo efecto de que al desarrollar la formula de asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, se contemple y aplique un límite de sobre-representación y por tanto se deje de asignar a la Coalición Compromiso por Puebla, la curul que se le asignó en la etapa de resto mayor, en cuanto que con ésta, dicha coalición tendría un número de curules por ambos principios que representarían un porcentaje total del Congreso del Estado de Puebla que excede su porcentaje de votación emitida, generándose ilegalmente una sobre-representación en beneficio de la mencionada coalición y en perjuicio del Partido del Trabajo.

En la especie, resulta conveniente establecer que, este Tribunal Electoral del Estado, sólo puede pronunciarse sobre la legalidad de los actos y resoluciones y no sobre cuestiones de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de leyes, ya que dicha función es facultad de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo ordenado por el artículo 99, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 99. (Se transcribe).”

Por tanto, este Tribunal Electoral no tiene las facultades para declarar la inconstitucionalidad ni la inaplicabilidad de los preceptos electorales aludidos por el apelante, ya que su competencia se limita a observar y dar cumplimiento a los principios de legalidad que se establecen en la misma Constitución Política del Estado de Puebla y en el Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Por último, con relación a lo alegado por el recurrente en el sentido de que no debió asignarse a la Coalición Compromiso por Puebla una diputación en la etapa de resto mayor, ya que con ésta dicha coalición tendría un número de curules por ambos principios que representarían un porcentaje total del Congreso del Estado que excede su porcentaje de votación emitida; en el particular conviene señalar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en el acuerdo número CG/AC-146/10, aprobado el once de julio del año en curso, asignó conforme a lo dispuesto en el artículo 318 del ordenamiento de la materia, una curul por resto mayor a la referida colación; como ya fue analizado en líneas precedentes de acuerdo con lo siguiente:

En esa virtud, la autoridad responsable asignó en forma correcta a la Coalición Compromiso por Puebla, una diputación más por concepto de resto mayor.

En consecuencia, se declaran infundados e inoperantes los agravios contenidos en los recursos de apelación interpuestos por los ciudadanos Mario Franco Barbosa, Julián Isidro Camarillo Mirón, la Coalición Compromiso por Puebla y el Partido del Trabajo, a través de sus representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, interpuestos en contra del acuerdo CG/AC-146/10, de once de julio del año en curso; asimismo, se modifica en lo conducente el referido acuerdo y se confirma la declaración de validez, la elegibilidad de los candidatos postulados por el principio de representación proporcional y la asignación de diputaciones por el mencionado principio, en la forma realizada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 325, 338, fracción III, 340, fracción II, 347, 350, 354 párrafo segundo, 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 373, fracción II, 374 y 375 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se RESUELVE:

PRIMERO. Fue procedente la acumulación de los expedientes identificados con los números TEEP-A-049/2010, TEEP-A-050/2010 y TEEP-A-051/2010, al TEEP-A-045/2010, por ser el más antiguo, así como engrosarlos para los efectos precisados en el considerando segundo de esta sentencia.

SEGUNDO: Se declaran infundados e inoperantes los agravios contenidos en los recursos de apelación interpuestos por los ciudadanos Mario Franco Barbosa, Julián Isidro Camarillo Mirón, la Coalición Compromiso por Puebla y el Partido del Trabajo, a través de sus representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, interpuestos en contra del acuerdo CG/AC-146/10, de once de julio del año en curso, emitido por la misma autoridad, con base en lo argumentado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución.

TERCERO. Se modifica en lo conducente el Acuerdo CG/AC-146/10, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de once de julio de dos mil diez y se confirma la declaración de validez, la elegibilidad de los candidatos postulados por el principio de representación proporcional y la asignación de diputaciones por el mencionado principio, en la forma realizada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de acuerdo a los argumentos vertidos en los considerandos quinto y sexto del presente fallo.

…”

La anterior resolución fue notificada a Mario Franco Barbosa y al instituto político accionante, en la misma fecha en que se emitió, tal y como consta en las cédulas y razones de notificación personal y por estrados que obran a fojas mil ciento seis a mil ciento ocho; y mil ciento trece y mil ciento catorce del cuaderno identificado como Anexo II del expediente en que se actúa.

II. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Inconforme con la anterior determinación, el veintisiete de diciembre de dos mil diez, el Partido del Trabajo por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, presentó ante el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, demanda de Juicio de Revisión Constitucional Electoral, haciendo valer los motivos de inconformidad siguientes:

“…

A G R A V I O

FUENTE DEL AGRAVIO.

Resolución del Tribunal electoral del Estado de Puebla recaída en el expediente TEEP-A-045/2010 Y SUS ACUMULADOS TEEP-A-049/2010, TEEP-A-050/2010 y TEEP-A-051/2010.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS:

Al incurrir en la ilegal, inadecuada y errónea aplicación del procedimiento y la fórmula para la asignación de Diputados por el Principio de Representación Proporcional por parte de la autoridad responsable en la resolución que ahora se impugna se violentan los artículos 14, 16, 17, 41 fracción V, 116 fracción IV, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 315 fracción III, 316, 318, 319, 320 y 321 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

CONCEPTOS DEL AGRAVIO.-

Causa agravio al Partido del Trabajo el hecho de que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla haya aplicado de manera errónea e ilegal el procedimiento y la fórmula de asignación de Diputados de Representación Proporcional que integrarán el Congreso del Estado de Puebla. Vulnerando con ellos los artículos 14, 16, 17, 41 fracción V, 116 fracción IV, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 315 fracción III, 316, 318, 319, 320 y 321 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Alejándose de la esencia del principio de Representación Proporcional.

Tomando como base lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Para desvirtuar la errónea conclusión a la que arriba el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el sentido de que el suscrito actor “parte de una concepción falsa sobre el sistema electoral poblano al sostener que, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado no aplicó y no estableció un límite a la sobrerrepresentación, como lo ordena la base general prevista en la fracción V, del artículo 54 de la Constitución Federal, generando una ilegal sobre-representación en la integración del Congreso del Estado, en agravio del Partido del Trabajo”, cabe precisar lo siguiente:

a) Como fundamento del pluralismo político, el principio de representación proporcional tiene como condiciones de existencia y objetivos esenciales: la participación de todos los partidos políticos en la integración del Órgano Legislativo, siempre que tengan cierta representatividad; que cada partido alcance en el seno de la legislatura o congreso, una representación aproximada al porcentaje de su votación total y evitar un alto grado de sobre representación de los partidos dominantes.

b) por consiguiente, la representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido político un número de escaños proporcional al número de votos emitidos a su favor, favoreciendo así el pluralismo democrático y atenuando los efectos de la sobre y subrepresentación.

c) al resolver en definitiva los autos del Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-209/99, la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con claridad meridiana interpretó que del contenido de los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “...se advierte que no obstante que el poder revisor de la Constitución omitió fijar las peculiaridades de un sistema concreto de Representación Proporcional, con la expresión de que los Ayuntamientos y las Legislaturas de los Estados deben conformarse con miembros electos según los Principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, se debe entender que dispuso la formación de un todo, en el que una de las partes surge a través del Sistema de Representación Proporcional, y la otra, por el Sistema de Mayoría Relativa, sin que se advierta en el texto, en las finalidades perseguidas, en el Proceso Legislativo o en cualquiera otra disposición del ordenamiento, la intención o decisión de la preponderancia a uno de estos principios sobre el otro, por lo cual, para que este Sistema Electoral Mixto se cumpla en la legislación local, se debe estimar lógica y jurídicamente necesario que en el sistema positivo que se elija, sea perceptible claramente la presencia de los dos principios en una conjugación de cierto equilibrio aunque no necesariamente igualitario, de manera que no se llegue al extremo de que uno borre, aplaste o haga imperceptible al otro, pues en caso contrario, de admitirse que la presencia de cualquier elemento correspondiente a la representación proporcional, reducido a su mínima expresión, que se incluyera en los sistemas estatales es suficiente para conseguir el respeto a la norma constitucional, esto implicaría en realidad admitir la posibilidad, de que mediante las leyes locales se cometiere fraude a la Carta Magna, lo que no se concibe admisible por ningún Sistema Jurídico Positivo...”.

“Es cierto que en el ámbito doctrinal y del derecho positivo, no existe un modelo único para el sistema electoral regido por el Principio de Representación Proporcional, cuyas características sean siempre e invariablemente las mismas, sino que, no obstante tener como valor común la tendencia a que los Órganos de Representación Proporcional respondan a cierta correlación entre el número o porcentaje de los votos captados por los partidos políticos y el número o porcentaje de escaños asignados a éstos, pueden existir multitud de variantes en los casos particulares, sin que por esto se dejen de identificar con el género de los sistemas electorales con presencia de la Representación Proporcional, mientras se mantenga la citada tendencia.

Debiendo entenderse, en consecuencia, “...que las legislaturas estatales gozan de cierta libertad para moverse dentro del compás de formas de representación proporcional, pero sin llegar en modo alguno al extremo de que la forma acogida minimice el principio y lo coloque en situación meramente simbólica o carente de importancia en la legislatura, como mera figura decorativa, o lo aleje considerablemente del centro de gravedad de la proporcionalidad natural, al permitir, por ejemplo, que con un pequeño número de votos se alcance una cantidad considerable de escaños, o que con gran cantidad de votos sólo se consigan unas cuantas curules. De manera que para cumplir con las disposiciones constitucionales se requiere que los elementos del sistema de representación proporcional que se acojan hagan patente la presencia de tal sistema electoral, de modo claro y perceptible, como uno de los dos integrantes de la formación del cuerpo edilicio y legislativo, con cierto peso específico en los mismos, es decir, una influencia real de representación y no meramente simbólica, por tanto, sólo que dentro del sistema positivo de que se trate se encuentren elementos que lleven claramente a reducir considerablemente la proporcionalidad natural y, por tanto, a desnaturalizar el sistema en cualquiera de sus formas admisibles y conocidas, puede haber conculcación a los principios de la carta magna.

Deduciendo “...Que, en todo caso, es necesario que en los Estados se prevea una limitante atendiendo a las condiciones específicas que rijan en los mismos y al número de diputados que se eligen por cada Principio de Representación y que haga vigente el sistema de Representación Proporcional, permitiendo que exista pluralidad en el Órgano Legislativo e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación...”.

d) En el mismo sentido también lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98 promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Decreto número 138, emitido por la Legislatura local de Quintana Roo, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de esa entidad federativa, llegó a la conclusión de que dentro de la reglamentación del Principio de Representación Proporcional, en las leyes electorales locales debía contemplarse un límite a la sobre-representación, pues era una de las bases fundamentales, indispensables para la observancia del principio, que se derivaba del artículo 54 de la Constitución General.

Nuestro máximo Tribunal para llegar a esa conclusión, se apoyó en que el Principio de Representación Proporcional, como garante de pluralismo político, tiene como objetivos primordiales: la participación de todos los partidos políticos en la integración del Órgano, siempre que tengan cierta representatividad; que cada partido alcance, en el seno del Congreso o la Legislatura correspondiente, una representación aproximada al porcentaje de su votación total; y evitar un alto grado de sobre representación de los partidos dominantes, consideró también, que la abundancia de criterios doctrinarios y de modelos para desarrollar el principio de proporcionalidad, ponían de manifiesto que sería difícil intentar definir la manera precisa en que las legislaturas locales debían desarrollarlo en sus leyes electorales, pero que esa dificultad se allana si se atiende a la finalidad esencial del pluralismo político, y a las disposiciones con que el propio poder revisor de la constitución ha desarrollado ese principio para su aplicación en las Elecciones Federales; que esto no quería decir que las legislaturas debían prever la asignación de Diputados por el Principio de Representación Proporcional en los mismos términos que lo hace la Constitución Federal, pero sí que las disposiciones del artículo 54 Constitucional, contienen bases fundamentales que, a juicio de ese alto Tribunal, son indispensables para la observancia de dicho principio, por parte de las legislaturas estatales, y dentro de ellas consideró que se encontraban la siguientes: “…“las bases generales que tienen que observar las legislaturas de los estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral, tratándose de diputados derivadas del indicado precepto constitucional (artículo 54), son las siguientes: ...sexta.- establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación (fracción V).... séptima.- establecimiento de las reglas para la asignación de los diputados conforme a los resultados de la votación (fracción VI)....”.

Como consecuencia, contra lo que sostuvo el Tribunal Electoral del Estado de Puebla para declarar improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por el Partido del Trabajo, es preciso señalar que si bien es verdad que las legislaturas estatales gozan de cierta libertad para moverse dentro del compás de formas de Representación Proporcional; también es cierto, que en modo alguno están facultadas para llegar al extremo de que la forma acogida minimice el Principio de Representación Proporcional y lo coloque en situación meramente simbólica o carente de importancia en la integración de una Legislatura, como mera figura decorativa, o lo aleje considerablemente del centro de gravedad de la proporcionalidad natural, al permitir, por ejemplo, que con un pequeño número de votos se alcance una cantidad considerable de escaños, o que con gran cantidad de votos sólo se consigan unas cuantas curules.

Cuenta habida que en el artículo 116 fracción II de la Constitución General de la República, el espíritu del constituyente permanente al consagrar y hacer vigente el Principio de Representación Proporcional para integrar las legislaturas locales, es precisamente que en los estados se prevea una limitante atendiendo a las condiciones específicas que rijan en los mismos y al número de diputados que se eligen por cada Principio de Representación, permitiendo que exista pluralidad en el Órgano Legislativo y evitando, sobre todo, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación...”.

De manera que para cumplir con el dispositivo normativo constitucional, contra lo que considera en forma errónea el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla, no basta que la legislatura local del Estado de Puebla haya regulado el principio de Representación Proporcional dentro de su Sistema Electoral respectivo, sino ante todo, es esencial que los elementos del Sistema de Representación Proporcional que se acojan hagan patente la presencia de tal Sistema Electoral, de modo claro y perceptible, como uno de los dos integrantes de la formación del cuerpo legislativo, con peso específico en el mismo para que no lo alejen del centro de gravedad de la proporcionalidad natural, de modo que cada partido alcance en el seno de la Legislatura o Congreso, una representación aproximada al porcentaje de su votación total y evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos predominantes.

Y en el caso concreto, para cumplir con el imperativo de los artículos 54 fracción V y 116 fracción II y actuar conforme a derecho, no puede estimarse suficiente que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla desarrollara en forma pura la fórmula prevista en la Legislación Electoral Local, como indebidamente lo sostiene la autoridad responsable; sino que igualmente era indispensable el establecimiento de un límite de sobrerrepresentación para aplicarlo al seguir la fórmula paso a paso.

De ahí que sin la fijación y aplicación de ese límite de sobrerrepresentación, la fórmula desplegada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla haya reducido en forma considerable la proporcionalidad natural y desnaturalizado el sistema mismo de Representación Proporcional en la conformación de la Legislatura del Estado de Puebla, contraviniendo esos Preceptos Constitucionales en perjuicio del Partido del Trabajo.

En efecto, como se estableció en el Escrito de Apelación, sin la fijación de un límite de sobrerrepresentación en la aplicación de esa fórmula, en forma ilegal, en el impugnado Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla (por el que efectuó el cómputo y declaró la validez de la Elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional y asignó diputaciones por el mencionado principio), no obstante sólo haber obtenido el 44.797 % de la votación emitida y 14 escaños por el Principio de Mayoría Relativa, se asignaron a la Coalición “Compromiso por Puebla” 7 diputaciones extras por el Principio de Representación Proporcional, dando un total de 21 curules, que representan el 51.21% del total del Congreso del Estado de Puebla, generándose una sobrerrepresentación artificial e ilícita que excede al porcentaje de votación emitida en favor de esa coalición.

Efectivamente, de las propias constancias de autos se advierte que la Coalición “Compromiso por Puebla” obtuvo el triunfo de 14 diputaciones electas según el Principio de Mayoría Relativa; por tanto, al haber obtenido sólo el 44.797 % de la votación emitida, en estricta aplicación de un límite de sobrerrepresentación, no debió asignársele a esta Coalición una diputación extra en la etapa de resto mayor, en virtud de que las 20 curules que ya se le habían reconocido superaban el porcentaje de votación emitida a su favor. De ahí que al asignársele 1 diputación extra por esta vía en la etapa de resto mayor, se produzca la ilegal sobrerrepresentación artificial que excede a su porcentaje de votación obtenida.

En cambio, a través del mismo acto impugnado, no obstante haber obtenido el 9.605 % de la votación emitida, el partido del trabajo sólo obtuvo 2 diputaciones por el principio de representación proporcional, que representan el 4.8% del total del congreso del estado de puebla, provocándose una subrepresentación considerablemente desproporcionada en perjuicio del instituto político que represento.

Resulta absolutamente contrario a las más elementales reglas que sustentan cualquier Sistema de Representación Proporcional, que al Partido del Trabajo que representa el 9.605 % de la votación total, sólo se hayan asignado 2 diputados por el Principio de Representación Proporcional.

Al señalar que no deberá de prevalecer la sobrerrepresentacion del 8% para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, al señalar que las legislaturas locales no están obligadas a tal límite de sobrerrepresentacion, y además señala que no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad ni la aplicación de preceptos electorales.

Mas sin embargo la autoridad señalada como responsable hace una errónea interpretación del Recurso de Apelación que se le presentó, porque nunca se le hizo mención a que declarara la inconstitucionalidad de ciertos preceptos legales, más bien se señalo que no se aplicó de manera correcta lo dispuesto por los artículos 315 fracción III, 316, 318, 319, 320 y 321 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en concordancia con el articulo 54 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son de observancia general.

Es en ese sentido que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación presentado por el Partido del Trabajo la autoridad responsable parte de la premisa de criterios diferentes a los planteados en nuestro medio de defensa, dejándonos en un estado de indefensión, al no aplicar la fórmula que se le presentó para la asignación de diputados de representación proporcional y que va encaminada conforme a derecho y a los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación que solicitamos sean tomados en cuenta para la presente resolución.

Es por eso que pedimos entrar al estudio y fondo del presente medio de impugnación tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 54 fracción V de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y que al respecto es importante hacer una reseña sobre los antecedentes de la Representación Proporcional y la importancia de ésta, para el presente asunto.

El principio de proporcionalidad en materia electoral, adquiere vital importancia a partir de su concepción por el Constituyente Permanente al decidir la reforma del numeral 54, de la Carta Fundamental, acontecida en 1977.

Como se mencionó anteriormente, fue en el año de 1977, cuando por primera vez, se contempla la representación proporcional o asignación por lista, cuando antes únicamente podían acceder a escaños representativos, los candidatos que hubieran obtenido la mayoría de votos en una elección.

En este mismo año, se abandona dentro del orden jurídico mexicano el sistema de diputados de partido, instituido en 1963 y se adopta un sistema electoral mixto, en el que el principio de mayoría se complementa con el de representación proporcional.

Este sistema de asignación representó entonces un canal apropiado para la participación política de las minorías; en México, el antecedente más antiguo que en la materia se tiene, se debe al pensamiento del ilustre jurista Mariano Otero, quien pronunció, el 3 de diciembre de 1842, un discurso sobre el artículo 24 del proyecto de Constitución, en donde expuso la teoría de la representación proporcional, y la defensa de las minorías. Otero afirmó entonces que[1]: “Las minorías no deben ser sacrificadas a las mayorías, la Cámara de Diputados tiene en los mejores países constitucionales, un crecido número de individuos, porque sólo así se expresa el elemento democrático, reúne una gran cantidad de luces, representa todos los intereses, todas las opiniones, y no queda expuesta a que sobreponiéndose algunos pocos, el arbitrio de la mayoría pueda gobernar sin dificultad”.

En este caso, con la resolución que ahora se impugna se atenta contra este principio democrático, pues se está privando de un derecho obtenido mediante la voluntad del pueblo al Partido del Trabajo, pues no le fueron asignados el número de Diputados a los que tiene derecho, vulnerando con ello el derecho a la representación equitativa de acuerdo a la votación que el Partido obtuvo en el presente proceso electoral 2010.

Así, la introducción al principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad.

El sistema de representación proporcional buscó imprimir medidas preventivas al escenario político con el fin de legitimar al sistema de gobierno, y distender la enorme conflictividad política, e incluso social, que atravesaba el país en esos años, e incluir en el espacio institucional a las organizaciones marginadas.

Podemos decir que el fortalecimiento de los partidos políticos ha sido el cauce fundamental de la transición democrática de nuestro país, por ello, el resultado de esa democratización es la consecuencia del fortalecimiento de los partidos políticos, mismos que son el factor para el pluralismo político real de México.

Como lo menciona el autor Manuel Aragón: “en el presente no cabe desconocer la función mediadora, articuladora, que cumplen los partidos en la representación política, esa importante función, incluso les está reconocida de manera expresa en casi todas las constituciones latinoamericanas”.[2]

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema de la representación política ha señalado lo siguiente: El término representación tiene diversos significados, diferentes entre sí, aunque políticamente tiene una definición. La representación política, llamada también representación por elección, en tanto fundamento de la democracia representativa propia del Estado moderno, nació como un modelo alternativo a la democracia directa, difícil de cumplirse en las sociedades masificadas. La representación política lleva a su máxima expresión la idea de que los representantes populares o miembros de los órganos de representación popular, son representantes de la nación y del interés general del conjunto de la sociedad. El representante o diputado no es un mandatario en sentido legal, no es el representante particular de un sector social o de un distrito o circunscripción uninominal, es representante político del interés general de una nación, de un Estado.[3]

De esta forma, el Alto Tribunal consideró que una de las consecuencias de la representación política nacional radicaba en la creación de sistemas de representación política (por mayoría, de representación proporcional o mixto) que reflejaran de la mejor manera la voluntad popular y el interés nacional.

En relación con lo antes señalado, Dieter Nohlen menciona que el sistema mayoritario es aquel en que se elige al candidato que obtiene la mayoría, en tanto que el sistema proporcional es aquel en que la representación política refleja, si es posible exactamente, la distribución de los sufragios entre los partidos, a lo cual considera que si bien ambas definiciones son correctas, éstas no se corresponden, pues de una se desprende la regla decisoria a nivel de circunscripción, y de la otra, el resultado electoral a nivel global.[4]

En esta tesitura, puede afirmarse que el principio de representación proporcional garantiza la presencia de grupos minoritarios en los Congresos, para el efecto de que las decisiones que determinen el rumbo de la República sean tomadas por los diversos sectores que representan a la sociedad.

Con la implementación de este sistema se buscaba que la proporcionalidad no se tradujera en inestabilidad, ante la posibilidad de que las minorías se convirtieran en mayorías y así gobernar, pues el derecho de éstas era que sus opiniones fueran sopesadas en la Cámara de Diputados.

Lo anterior hace evidente que es necesario contar con órganos de gobierno en donde se vean reflejadas todas las opiniones o si no la mayoría de éstas que el electorado expresa en las urnas y de sus sectores, pues cada vez que se alcance mayor representación en ese sentido, será en proporción cuando se vea fortalecida la sociedad sobre los propios esquemas autoritarios de los gobiernos impositivos.[5] En este sentido, debemos tomar en cuenta además que lo que sin ser considerado como una prioridad para la implementación y el fortalecimiento de este sistema electoral, y que fue un importante logro que consiguió el gobierno de esa época, es sin duda un aumento considerable en la participación ciudadana, que se ve reflejado en las urnas y en el voto, pues anteriormente los habitantes ya no se veían interesados en emitir un sufragio, pues consideraban que no tenía ningún sentido, puesto que ya sabían quién iba a ganar, esto, al no contar con una pluralidad de opiniones ideológicas traducidas en partidos políticos, que vieran reflejadas realmente sus necesidades y la utilidad de su voto, para ser mejor representados en los distintos niveles de gobierno, es decir, no se sentían representados, hasta antes de la reforma política que implemento la apertura en la creación de partidos políticos, con ideales y bases conceptuales diferentes de las del régimen imperante en ese momento.

En ese orden de ideas es importante mencionar que nuestro sistema electoral ha mostrado una evolución en el transcurso de los últimos años, primero constituido por el sistema de mayoría relativa, después agregando el principio de pluralidad otorgando curules a los partidos minoritarios, posteriormente se incluye el principio de representación proporcional como una forma de atemperar la desproporción entre votos y escaños que provoca el sistema de mayoría relativa.

Una vez reseñado lo anterior se desprende que, la representación proporcional, es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido el número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. El principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se puede producir en un sistema de mayoría simple.

El sistema de representación proporcional tiene por objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y de esta forma facilitar que los partidos políticos que tengan un mínimo de significación ciudadana puedan tener acceso, en su caso, a la Cámara de Diputados lo cual permita reflejar de mejor manera el peso electoral de las diferentes corrientes de opinión.

Las necesidades sociales obligaron a instituir los sistemas de representación política (mayoría, representación proporcional o mixto), que representen la mejor manera de demostrar hacia donde se dirige la voluntad popular, el interés nacional, estatal, o municipal, según sea el caso.

Así, en el sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas las corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. El principio de representación proporcional al ser pues un garante del pluralismo político, se advierte que tiene los objetivos fundamentales siguientes:

1.- La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que cuenten con cierta representatividad.

2.- Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente la representación conforme al porcentaje de su votación total.

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.

En apoyo de los razonamientos que anteceden, ilustra la tesis sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro:

“MATERIA ELECTORAL BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. (Se transcribe).”

Del análisis de lo anterior se llega al convencimiento, de que la representación proporcional en materia electoral más que un principio constituye un sistema compuesto por bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios, e impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Ello explica porqué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías.

En esta línea la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 6 del año 1998, en la que explica las bases generales de la Representación proporcional, establece que la misma tiene como fin supremo la mayor identificación de votos con representación en el Congreso.

Cabe señalar la importancia del Contenido de los considerandos de las acciones de inconstitucionalidad, ya que representan interpretaciones directas de leyes y artículos de las mismas a la luz de la Constitución General de la República, por lo que su aplicación debe ser de acatamiento obligatorio.

Previamente, es conveniente hacer un breve análisis de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues la materia de la litis tiene, como premisa, los principios de mayoría relativa y de proporcionalidad que derivan de la propia Carta Fundamental.

El artículo 52 de la Constitución Federal, que prevé en el ámbito federal los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, tiene como antecedente relevante la reforma hecha en el año de mil novecientos setenta y siete, que fue cuando se realizó la denominada “Reforma política”, año en el que se introdujo el actual sistema electoral mixto que prevalece en nuestros días y que conjunta el sistema de representación mayoritaria y el de representación proporcional, y que también se refleja en el ámbito de las entidades federativas.

En la integración de la representación popular en los órganos del Estado y en particular al Poder Legislativo, existen dos principios o “fórmulas” para proceder a asignar los escaños a los partidos políticos, dentro de las asambleas o cámaras legislativas. El primero de ellos es el principio de mayoría, el cual consiste en asignar cada una de las curules a repartir entre los candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de las circunscripciones o divisiones territoriales electorales en que se divide un país. Este sistema expresa como característica principal el fincar una victoria electoral por una simple diferencia aritmética de votos a favor del candidato más favorecido. El escrutinio mayoritario puede ser uninominal o plurinominal, dependiendo de la extensión territorial que sirva como base para la elección del presunto representante popular; de mayoría absoluta, relativa o calificada.

La representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. La representación proporcional puede ser pura o parcial, dependiendo de que la elección se haga en una o varias circunscripciones (como es el caso de México). La representación proporcional pura es muy difícil de encontrar, la mayor parte de los sistemas que utilizan este tipo de representación lo hacen en forma aproximada y combinándolo con el sistema de mayoría. La introducción del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.

Por otra parte, los sistemas mixtos son aquéllos que aplican los principios de mayoría y de representación proporcional, de distintas formas y en diversas proporciones. El sistema puede ser de dominante mayoritario o proporcional, dependiendo de cuál de los dos principios se utilice con mayor extensión y relevancia.

En México, el sistema original fue el de mayoría, que se utilizó desde las Constituciones de mil ochocientos veinticuatro hasta la de mil novecientos diecisiete. La reforma constitucional de mil novecientos sesenta y tres introdujo una ligera variante llamada de “diputados de partidos”, que consistió en atribuir un número determinado de escaños a todos los partidos que hubieran obtenido un cierto porcentaje mínimo de la votación nacional, aumentando sucesivamente un diputado más según el porcentaje adicional de votos obtenidos a partir del mínimo fijado y hasta un límite máximo. En la reforma de mil novecientos setenta y dos se introdujo una pequeña modificación, que consistió en reducir el mínimo fijado para la acreditación de diputados y aumentar el límite máximo fijado para ello. Sin embargo, el sistema de integración de la Cámara de Diputados siguió siendo de carácter mayoritario.

El artículo original en el texto de la Constitución del diecisiete determinaba la elección de un diputado por cada cien mil habitantes o fracción que excediera de la mitad, estableciendo una representación popular mínima de dos diputados por Estado. Como se puede apreciar, el sistema original en nuestro Texto Supremo era el sistema de mayoría con base poblacional, puesto que el número de representantes dependía de los conjuntos de cien mil habitantes que se pudieran formar, además de conservar un mínimo de representantes populares para cada Estado, que, en este caso, sería una garantía para los Estados menos poblados. Esta última parte se ha conservado en la práctica actual, debido a que aunque esta prescripción ya no está regulada en el texto actual del artículo 52 constitucional, el procedimiento territorial (a diferencia del anterior que era poblacional) para determinar el número de distritos uninominales para cada Estado ha garantizado un mínimo de dos distritos electorales uninominales para los Estados. El sistema mayoritario resulta ser el más claro, que permite la identificación del candidato y que, por una elección por mayoría, se permite un acercamiento entre candidato y elector. La propia identificación establecida entre electores y candidatos puede permitir al votante una elección más informada con respecto de la persona del candidato y menos sujeta a la decisión de un partido.

POR SU PARTE, SE PUEDE DECIR QUE EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL TIENE POR OBJETO PROCURAR QUE LA CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS POR LOS PARTIDOS CORRESPONDA, EN EQUITATIVA PROPORCIÓN. AL NÚMERO DE CURULES A QUE TENGA DERECHO CADA UNO DE ELLOS Y DE ESTA FORMA FACILITAR QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE TENGAN UN MÍNIMO DE SIGNIFICACIÓN CIUDADANA PUEDAN TENER ACCESO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS. QUE PERMITA REFLEJAR DE MEJOR MANERA EL PESO ELECTORAL DE LAS DIFERENTES CORRIENTES DE OPINIÓN.

La decisión del Poder Revisor de la Constitución, de adoptar el sistema mixto con predominante mayoritario a partir de mil novecientos setenta y siete, ha permitido que este sistema mayoritario se complemente con el de representación proporcional, ante lo cual, los partidos deben presentar candidatos tanto en los distritos electorales uninominales, como listas de candidatos en las circunscripciones plurinominales.

El término “uninominal” significa que cada partido político puede postular un solo candidato por cada distrito en el que participe, y el acreedor de la constancia (constancia de mayoría y validez) de diputado será el que obtenga la mayoría relativa de los votos emitidos dentro del distrito electoral de que se trate.

Por su parte, el término de “circunscripción plurinominal” aparece con la citada reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando surge la figura de la representación proporcional mediante un sistema de listas regionales que debía presentar cada uno de los partidos políticos, puesto que en cada una de las circunscripciones se eligen varios candidatos, de ahí que se utilice el término de plurinominal (significando más de uno). Con la reforma del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se determinó que “se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país”, lo que se encuentra vigente en la actualidad.

De la resolución de dicha acción de inconstitucionalidad surgieron las siguientes tesis de jurisprudencia:

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998

Tesis: P./J. 70/98

Página: 191

“MATERIA ELECTORAL EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. (Se transcribe).”

“MATERIA ELECTORAL EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS.- (Se transcribe).”

“MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 229, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE PREVÉ LA ASIGNACIÓN DE UN DIPUTADO AL PARTIDO POLÍTICO QUE CUENTE, CUANDO MENOS, CON UN PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.- (Se transcribe).

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VIII, Noviembre de 1998, Tesis: P./J. 71/98, página 190).”

“MATERIA ELECTORAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL PREVER LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA OBTENIDAS POR EL PARTIDO POLÍTICO Y DE LA OBTENCIÓN DE UN PORCENTAJE DETERMINADO DE LA VOTACIÓN TOTAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.- (Se transcribe).

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VIII, Noviembre de 1998, Tesis: P./J. 72/98, página 192).

“MATERIA ELECTORAL. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE ORDENA DEDUCIR DE LA VOTACIÓN EFECTIVA LA VOTACIÓN DEL PARTIDO QUE OBTUVO LAS DOS TERCERAS PARTES O MÁS DE LAS CONSTANCIAS DE MAYORÍA RELATIVA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL- (Se transcribe).

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo VIII, Noviembre de 1998, Tesis: P./J. 73/98, página 193).”

Por otra parte la Sala Superior al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 486 del año 2000 resolvió:

Como se aprecia, en el desarrollo de la fórmula de proporcionalidad pura, contrario a lo sostenido por el enjuiciante, se busca aprovechar todos y cada uno de los votos de los partidos para la obtención de escaños. En cambio al verificar que no se rebasen los topes establecidos por la Constitución y el Código locales (sic), lo que se busca es evitar la sobrerrepresentación, por ello no hay forma de que les sea permitido excederse a los partidos políticos, ni siquiera una milésima de límite permitido.

En este sentido, esta Sala Superior considera que en tratándose de normas relacionadas con la asignación por representación proporcional que confieran a los partidos políticos un excedente de lo que es en realidad su votación obtenida en la elección de que se trate, la interpretación de tales normas deberá hacerse de manera estricta.

Si como en el caso en estudio el límite de sobrerrepresentación permitido son diez puntos arriba de su porcentaje de votación estatal emitida, señalando expresamente la ley que deberán deducirse los diputados de representación proporcional necesarios hasta ajustarse a los límites establecidos, los partidos deben apegarse a él sin excepción. Lo que se busca a través de este sistema de representación proporcional es que el número de escaños obtenidos por los partidos políticos refleje, lo más aproximado a la realidad, el número de votos obtenidos, limitando la sobrerrepresentación.

Contrario a lo que sostiene el accionante con el ajuste realizado no queda “infrarepresentado”, sino que todavía mantiene una sobrerrepresentación, toda vez que su porcentaje de votación estatal equivale al 44.24% y los dieciséis diputados que le correspondieron por ambos principios equivalen al 51.51% del total de la Cámara.

Sirve de apoyo la siguiente tesis:

“REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EN LA INTERPRETACIÓN DE LA FÓRMULA LEGAL DE ASIGNACIÓN DEBE PREVALECER LA QUE CONDUZCA A LA MAYOR PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA). (Se transcribe).”

En virtud de lo anterior la autoridad señalada como responsable en su resolución priva al Partido del Trabajo de los lugares que constitucional y legalmente le corresponden, de acuerdo con el principio de representación proporcional.

Al respecto el procedimiento para la asignación de Diputados por el Principio de Representación Proporcional que debió de aplicar el Tribunal Electoral, es el siguiente:

El cómputo estatal para la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional, se determina mediante la suma de los resultados anotados en las actas de cómputo distrital, teniéndose los siguientes:

Concentrado de votación

Antes de iniciar la Asignación de diputados por el Principio de Representación Proporcional no debemos dejar de lado los diputados electos de mayoría relativa y de conformidad con lo asentado en las actas de cómputo de las elecciones de diputados por el Principio de Mayoría Relativa, al partido o coalición que le corresponderá en caso de triunfo y ya entregadas las constancias de mayoría y validez expedidas a las fórmulas de diputados correspondientes a cada uno de los distritos electorales uninominales que conforman la geografía política del Estado y que obtuvieron el triunfo son los siguientes en cada distrito electoral:

Inserta cuadro ilustrado por distrito y ganador en cada uno de ellos.

Para iniciar la asignación de diputados por el Principio de Representación Proporcional se debe de tomar en cuenta que partidos o coaliciones que cumplen lo que dice la ley comicial en su artículo 318 la definición de Porcentaje Mínimo que a la letra dice el que representa el dos por ciento de la Votación Total emitida en la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa.

Los partidos y coaliciones que alcanzaron la asignación son los siguientes, por lo que debemos aplicar el artículo 320 en su inciso a):

Por lo tanto se debe de aplicar el Artículo 320, en su fracción II, que a la letra dice:

II.- La primera asignación que corresponda a cada partido político con derecho a participar en la elección por este principio, recaerá en la fórmula de candidatos del propio partido político a Diputados por el principio de mayoría relativa, que no hubiere alcanzado la constancia respectiva conforme a dicho principio por sí misma y haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección; esta asignación consumirá el número de votos equivalente al dos por ciento de la votación total; y

Por lo tanto y aplicado la fracción II los diputados serian los siguientes:

Quedando por asignar 12 diputados de representación Proporcional Debemos de determinar la emitida.

Por lo anterior debemos no dejar de lado que nos encontramos en un sistema de representación mixto (Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional) debemos observar que el de determinar el porcentaje que representa un diputado en el Congreso Estatal:

LO QUE DEBEMOS DE DETERMINAR EN VOTOS LO QUE REPRESENTA UN DIPUTADO EN VOTOS EN EL CONGRESO

EL COSTO DE DIPUTADOS EN EL CONGRESO ES DE 2.43% DE LA VOTACIÓN EMITIDA EQUIVALE A 51,137 VOTOS.

YA DETERMINADO EL COSTO DE UN DIPUTADO EN EL CONGRESO Y TOMANDO EN CUENTA QUE EL ESPÍRITU DEL LEGISLADOR FUE QUE EL PORCENTAJE OBTENIDO DE LA VOTACIÓN EMITIDA SEA IGUAL AL NÚMERO DE DIPUTADOS QUE TENGA EL PARTIDO O COALICIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO ES DECIR ESTABLECE EL LIMITE DE DIPUTADOS AL QUE TIENE DERECHO CADA PARTIDO POLÍTICO.

ANTES DE SEGUIR CON LA ASIGNACIÓN DEBEMOS DE DETERMINAR LOS LÍMITES A QUE TIENEN DERECHO CADA PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN.