JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: Sdf-JRC-173/2012

ACTORA: coalición “guerrero nos une”

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

MAGISTRADO: EDUARDO ARANA MIRAVAL

SECRETARIA: ROSA OLIVIA KAT CANTO

México, Distrito Federal a veintiséis de septiembre de dos mil doce.

Vistos para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral con la clave de expediente SDF-JRC-173/2012, promovido por la coalición “Guerrero nos Une” por conducto de su representante, en contra de la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil doce, emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el recurso de reconsideración identificado con la clave TEE/SSI/REC/030/2012; y

R E S U L T A N D O

I. El primero de julio del año en curso, se llevó a cabo la jornada electoral en el Estado de Guerrero, en la cual se eligieron entre otros cargos de elección popular, a los integrantes del Ayuntamiento, del Municipio de Copala.

II. El cuatro de julio de dos mil doce, el 14 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, llevó a cabo el cómputo de la elección del Ayuntamiento de Copala, y al término de éste, declaró la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría y asignación de regidores postulados por la coalición “Compromiso por Guerrero”.

III. En contra de los resultados obtenidos, el ocho de julio del año en curso, la coalición “Guerrero nos Une” presentó por conducto de su representante juicio de inconformidad, el cual fue radicado en la Segunda Sala Unitaria, con la clave TEE/IISU/JIN/006/2012.

IV. El ocho de agosto de dos mil doce, la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero dictó sentencia en el expediente citado en el numeral tres, en la cual confirmó la declaración de validez y calificación de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Copala, Guerrero.

V. Inconformes con la resolución anterior, el catorce de agosto de dos mil doce, la coalición “Guerrero nos Une” por conducto de su representante interpuso ante el tribunal local, recurso de reconsideración, radicándose en la Sala de Segunda Instancia, bajo el número de expediente TEE/SSI/REC//030/2012.

VI. El cuatro de septiembre del año en curso, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, dictó sentencia en el sentido de declarar infundado el recurso de reconsideración, y en consecuencia, confirmó la resolución de ocho de agosto de dos mil doce, de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal local.

VII. En contra de la resolución anterior, el nueve de septiembre de dos mil doce, la coalición “Guerrero nos Une” por conducto de su representante, interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el presente juicio de revisión constitucional electoral.

VIII. En esa misma fecha, mediante oficio SSI/1711/2012, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero remitió la demanda, el informe circunstanciado respectivo y demás documentos atinentes, los cuales fueron recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el diez de septiembre pasado.

IX. El diez de septiembre de dos mil doce, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente SDF-JRC-173/2012, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Eduardo Arana Miraval, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicha determinación fue cumplida mediante oficio TEPJF-SDF-SGA/5844/12, suscrito por el Secretario General de Acuerdos adscrito a este órgano jurisdiccional.

X. El once de septiembre de dos mil doce, el Magistrado Instructor radicó el juicio mencionado en la ponencia a su cargo.

XI. El doce de septiembre de dos mil doce, la coalición “Compromiso por Guerrero”, presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, escrito mediante el cual comparece, como tercero interesado, el citado ocurso fue recibido en esta Sala Regional el inmediato catorce de septiembre mediante oficio SSI/1748/2012, suscrito por el Magistrado Presidente de la Sala de Segunda Instancia de dicho tribunal local.

XII. En su oportunidad, al no existir diligencia alguna por practicar se admitió a trámite la demanda y declaró cerrada la instrucción, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para conocer y resolver estos asuntos, con fundamento en lo establecido en los artículos  41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 1, inciso a), y párrafo 2, inciso d), 86 y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por el representante de una coalición, en contra de una determinación emitida por una autoridad jurisdiccional electoral local, la cual resuelve un medio de impugnación, respecto de la elección de Presidente, Síndico y Regidores del Municipio de Copala, Guerrero, entidad correspondiente a esta circunscripción plurinominal, donde esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Procedibilidad. Previamente al estudio de fondo, procede analizar si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos generales y especiales de procedibilidad del presente juicio de revisión constitucional electoral, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1. Requisitos Generales.

Requisitos esenciales de la demanda. Se cumplen los requisitos esenciales, porque en la demanda se satisfacen las exigencias formales, a saber, se señala nombre de la actora y domicilio para recibir notificaciones; se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; menciona los hechos y agravios base de su impugnación, así como los preceptos legales presuntamente violados, además de asentarse el nombre y firma autógrafa del representante de la coalición promovente.

Oportunidad. El presente juicio de revisión constitucional electoral fue promovido oportunamente, dado que el acto impugnado fue notificado el cinco de septiembre de dos mil doce, personalmente a Gonzalo Tapia Gutiérrez, autorizado para oír y recibir notificaciones, según se advierte del escrito de la demanda primigenia de la actora, y el presente juicio de revisión constitucional electoral se presentó el nueve de septiembre de dos mil doce, esto es, su promoción ocurrió dentro de los cuatro días posteriores a aquél en que el demandante fue notificado del acto reclamado, de conformidad con el artículo 8 de la citada ley de medios, pues dicho plazo comprende del seis al nueve de septiembre de este año.

Legitimación. El presente juicio fue promovido por la coalición “Guerrero nos Une” integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, y lo hicieron a través de su representante por lo que colman los extremos requeridos por el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, esta Sala ha sostenido el criterio de que, toda vez que una coalición se encuentra integrada por entes de interés público, éstos válidamente se encuentran en aptitud de promover medios de impugnación en materia electoral, tal y como lo dispone el presupuesto procesal en comento.

Lo anterior, se corrobora con el contenido de la Tesis de Jurisprudencia número 21/2002, consultable a páginas 169 y 170 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, Jurisprudencia, volumen 1, identificada con el rubro "COALICIÓN, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL".

Personería. Se tiene por acreditada la personería de Omar Julio Carrera, en términos de lo dispuesto en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la ley adjetiva electoral federal, toda vez que fue quien promovió el medio de impugnación local.

2. Requisitos Especiales.

Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, párrafo 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que en la legislación electoral del Estado de Guerrero no se prevé algún otro medio de impugnación apto para revocar, modificar o anular las resoluciones dictadas en el recurso de reconsideración impugnado. De ahí, que se encuentre satisfecho ese requisito.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de Sala Superior 18/2003, consultable en la Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia volumen 1, tomo I, páginas 381 y 382, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.”.

Violación a preceptos constitucionales. La coalición actora aduce la violación a los preceptos constitucionales 14, 16, 17 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual esta Sala Regional considera tener por satisfecho este requisito.

Lo anterior es así, porque esa exigencia debe entenderse en sentido formal como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por la parte actora, en virtud de que ello implicaría entrar al fondo del juicio.

Lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 2/97, consultable, en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, Jurisprudencia, páginas 380 y 381, con el rubro siguiente: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.

Violación determinante. En el caso se cumple el requisito previsto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la pretensión de la coalición “Guerrero nos Une” es que se anule la votación de la casilla 850 Básica; lo cual podría tener como efecto un cambio de ganador en la elección, pues hipotéticamente de restar la votación que obtuvo en la casilla la coalición “Compromiso por Guerrero” que ganó la elección, y que fue de 237, a la cantidad de 2591 que fue su votación total en el municipio, se quedaría con 2354 votos; y la coalición actora al restarle la votación anulada de la casilla que es de 149, a su votación total que es de 2572, el resultado de su votación total sería de 2423 votos, y pasaría a ocupar el primer lugar, de ahí que dicha violación sea determinante.

Reparación posible. Por último, la reparación solicitada es material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales legal y constitucionalmente previstos, en razón de que el presente medio de impugnación está relacionado con la toma de posesión de presidente, síndico municipal y los regidores de mayoría relativa, en el municipio de Copala, en el Estado de Guerrero.

Al respecto, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos se instalarán el treinta de septiembre de este año, de ahí, que exista tiempo para que la actora obtenga su pretensión.

En razón de estar satisfechos los requisitos de procedibilidad del juicio al rubro indicado, se procede a entrar al estudio de los conceptos de agravio contenidos en la demanda.

CUARTO. En la parte que interesa la resolución impugnada establece lo siguiente:

SEXTO. Estudio de fondo. Cabe señalar que en cumplimiento al principio de exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes, en apoyo a sus pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios mencionados en su escrito recursal, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Asimismo atento a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo segundo de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado, al ser el Recurso de Reconsideración un medio de estricto derecho no es aplicable la suplencia en la expresión de agravios.

Lo anterior en términos de los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados”.

En base a los argumentos vertidos por el actor en su Recurso de Reconsideración, esta Sala de Segunda Instancia determina que no le asiste la razón, en consecuencia se declara INFUNDADO, el presente ocurso por las siguientes consideraciones.

La coalición actora hace valer como premisas fundamentales de su agravio:

PRIMER AGRAVIO.

a) Señala el recurrente, que la resolución que en esta vía se impugna violenta en su perjuicio los principios de legalidad, certeza, congruencia, motivación y exhaustividad, al realizar el estudio de la causal de presión sobre los funcionarios encargados de la Mesa Directiva de Casilla y sobre los electores, misma que afectó la libertad y el secreto del voto, situación que fue determinante para el resultado de la votación en la casilla 850 básica.

b) Que la responsable no observó como se expuso en el juicio de inconformidad que la ciudadana Laura Luviano Cortes en su calidad de presidenta de la mesa directiva de casilla, no pudo ejercer los derechos que contempla el artículo 135 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, precisamente a que fue amenazada a efecto de que no realizara algún acto que evidenciara, denunciara o en su caso suspendiera la votación en la casilla 0850 básica, resultando claro que corría peligro su integridad física y la de su familia, puesto que el señor Gilberto Chona Doroteo alias el “PATO” es vecino de la señora Laura Luviano Cortez y, lo único que separa los terrenos es un corral de alambre de púas, siendo además que la ciudadana de referencia vive sola en su domicilio, circunstancia que en ningún momento tomó en cuenta la sala resolutora.

c) Que contrario a lo sostenido por la responsable, en el juicio de inconformidad se evidenciaron las circunstancias de violencia física y presión que se ejerció en la casilla 850 Básica sobre los funcionarios y los electores, a fin de provocar una conducta que se refleja en el resultado de la votación de manera decisiva asimismo se comprobó que este hecho fue determinante para el resultado de la elección, argumento que en ningún momento fue tomado en cuenta por la sala responsable, evidenciándose la falta de estudio en la sentencia.

d) Que la Segunda Sala Unitaria no valoró en forma correcta las documentales presentadas por el impetrante en el juicio de inconformidad que señalan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron los hechos, toda vez que si bien es cierto tienen valor indiciario, también es cierto que las mismas valoradas de forma concatenada forman la verdad de los hechos denunciados, circunstancia que tampoco fue valorada por la responsable.

e) Que la responsable no valoró los criterios cuantitativo o numérico y cualitativo que señaló para acreditar que la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación.

f) Que por todo ello, la sentencia emitida no cumple con el principio de exhaustividad y se hace evidente la falta de exhaustividad en la investigación, pues no se realizaron todas las diligencias necesarias e idóneas a fin de establecer la existencia de los hechos denunciados.

SEGUNDO AGRAVIO.

a) La responsable indebidamente le restó valor probatorio a la documental pública consistente en la copia certificada de la denuncia realizada por la ciudadana Laura Luviano Cortes, toda vez que fue omisa en analizar dicha documental en la cual se asienta la recepción hecha por un funcionario electoral distrital, con el ocurso original remitido con motivo del juicio de inconformidad que en su momento procesal oportuno fue presentado ante el órgano electoral correspondiente.

b) Que la Segunda Sala Unitaria respecto al informe que rindió el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, solo señala que lo único que se acredita es el cargo que ostentaba el ciudadano Andrés Santiago Barragán, el día de la jornada electoral, sin tomar en cuenta que la presencia de la citada persona al ser comisario municipal ejerció presión sobre el electorado.

TERCER AGRAVIO

a) Que la sala resolutora al momento de dictar el fallo combatido, realizó una indebida valoración del material probatorio consistente en la copia certificada del escrito mediante el cual Laura Luviano Cortés, presentó denuncia el dos de julio del dos mil doce ante el Consejo Distrital Electoral 14, así como de las copias certificadas de las comparecencias ante el Juez de Paz de Marquelia de Laura Luviano Cortés, Rita García Evangelista, Oscar Hernández Mayo, Rubí Nereyda Ávila Mayo, José Inés Ávila Mayo y Rosa Isela Calleja Ventura, al instrumentar un estudio y valoración individual e independiente de cada una de ellas.

b) La falta de fundamentación y motivación de la sentencia, pues cuando la autoridad sí expresa las razones particulares que lo llevaron a tomar la determinación adoptada, estas resultan discordantes con el contenido de la norma legal al caso.

Por cuestión de método el análisis de los agravios hechos valer por el recursante se hará bajo la identificación de los números e incisos en que esta sala resolutora realizó para su estudio.

Atendiendo a la vinculación de los puntos de agravio, el estudio del Segundo agravio, inciso a) consistente en que la autoridad responsable indebidamente le resto valor probatorio a la documental pública consistente en la copia certificada de la denuncia realizada por la ciudadana Laura Luviano Cortés, toda vez que fue omisa en analizar dicha documental en la cual se asienta la recepción hecha por un funcionario electoral distrital, con el ocurso original remitido con motivo del juicio de inconformidad que en su momento procesal oportuno fue presentado ante el órgano electoral correspondiente, será analizado por su estrecha vinculación con el agravio tercero inciso a) consistente en que la sala resolutora al momento de dictar la sentencia combatida realizó una indebida valoración del material probatorio aportado consistente en la copia certificada del escrito mediante el cual Laura Luviano Cortés, presidenta de la mesa directiva de la casilla 850 Básica presentó denuncia a las cero horas con cuarenta y dos minutos del dos de julio del dos mil doce ante el Consejo Distrital electoral 14, así como de las copias certificadas de las comparecencias ante el Juez de Paz de Marquelia de Laura Luviano Cortés, Rita García Evangelista, Oscar Hernández Mayo, Rubí Nereyda Ávila Mayo, José Inés Ávila Mayo y Rosa Isela Calleja Ventura, al instrumentar un estudio y valoración individual e independiente de cada una de ellas, lo cual se encuentra en contraposición de la naturaleza y objeto de las pruebas indirectas, puesto que éstas deben analizarse en su conjunto, tal y como dispone el artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, al señalar que las pruebas indirectas o indiciarias, harán prueba plena siempre y cuando se encuentren en armonía y con una estrecha relación con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Al respecto esta Sala de Segunda Instancia determina que no le asiste la razón al actor, el cual parte de la premisa errónea de que es el día dos el que hace que el escrito presentado por la ciudadana Laura Luviano Cortés adquiera la naturaleza de documental privada y por tanto como lo hizo la segunda sala unitaria a foja 19 de la sentencia combatida le otorgue valor de levísimo indicio en atención a lo establecido en el artículo 20 párrafo tercero de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.

En efecto la autoridad responsable le dio el carácter de documental privada a la denuncia presentada a las cero horas con cuarenta y dos minutos, del dos de julio de dos mil doce, ante el Consejo Distrital Electoral 14, en razón de que la ciudadana Laura Luviano Cortés ya no contaba con el carácter de presidenta de la mesa directiva de casilla 850 Básica sino de simple ciudadana que hace manifestaciones de carácter unilateral varias horas después al órgano electoral.

Por tanto, fue la hora, el indicativo para conocer de acuerdo a sus funciones, si los ciudadanos siguen actuando como funcionarios de casilla, en el caso, las 0:42 horas del día 1 o las 11:30 pm del día 2 que se consignan en el documento en cita como hora de presentación de la denuncia o como la hora de suscripción del documento respectivamente, llevan al mismo resultado al que arribó la sala responsable para considerarla una documental privada con valor de levísimo indicio.

Esto es así en atención a lo dispuesto en los artículos 131, 133, 182 y 264 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, mismos que establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 131.- Las Mesas Directivas de Casilla, por mandato constitucional, son los Órganos Electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividen los 28 Distritos Electorales de Mayoría Relativa. Las Mesas Directivas de Casilla, como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

ARTÍCULO 134.- Son atribuciones de los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla:

I. Instalar y clausurar la Casilla, en los términos de esta Ley;

II. Recibir la votación;

III. Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;

IV. Permanecer en la Casilla desde su instalación hasta su clausura; y

V. Las demás que les confiere esta Ley y las disposiciones relativas.

ARTÍCULO 183.- El proceso electoral ordinario se inicia la primer semana de Enero del año en que deban realizarse elecciones locales y concluye una vez que la autoridad jurisdiccional correspondiente, haya resuelto el último medio de impugnación que se haya interpuesto en contra de los actos relativos a los resultados electorales, calificación de las elecciones, otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de las elecciones respectivas, declaración de elegibilidad de candidatos y asignación de diputados y regidores por ambos principios, así como de presidentes municipales y síndicos.

Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

a) Preparación de la elección;

b) Jornada electoral;

c) Resultados y declaración de validez de las elecciones; y

La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral, celebre la primera semana de Enero, y concluye al iniciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada electoral, se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de Julio y concluye con la clausura de Casilla y la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los respectivos consejos distritales.

La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto respectivos, o las resoluciones, que en su caso, emita en última instancia la autoridad electoral correspondiente.

Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, o a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los Órganos Electorales, el Consejo General del Instituto Electoral, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes.

ARTÍCULO 264.- Una vez clausuradas las Casillas, los Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Distrital que corresponda, los paquetes y los expedientes de Casilla dentro de los plazos siguientes, contados a partir de la hora de clausura:

I. Inmediatamente, cuando se trate de Casillas ubicadas en la cabecera del Distrito;

II. Hasta veinticuatro horas, cuando se trate de Casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del Distrito; y

III. Hasta cuarenta y ocho horas, cuando se trate de Casillas rurales.

Los Consejos Distritales, previamente al día de la elección, podrán determinar la ampliación de los plazos anteriores, para aquellas Casillas que lo justifiquen.

Los Consejos Distritales adoptarán, previamente al día de la elección, las medidas necesarias, para que los paquetes con los expedientes de las elecciones, sean entregados dentro de los plazos establecidos y para que puedan ser recibidos en forma simultánea.

Los Consejos Distritales, podrán acordar que se establezca un mecanismo para la recolección de la documentación de las Casillas, cuando fuere necesario, en los términos de esta Ley. Lo anterior se realizará bajo la vigilancia de los partidos políticos o coaliciones que así desearen hacerlo.

Se considerará que existe causa justificada, para que los paquetes con los expedientes de casilla sean entregados al Consejo Distrital fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.

El Consejo Distrital, hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes a que se refiere el artículo 270 de esta Ley, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los paquetes.

Como se puede advierte de los preceptos legales antes transcritos, las mesas directivas de casilla son organismos electorales integrados por ciudadanos, quienes ejercerán el cargo conferido en la etapa de la jornada electoral, tienen como funciones instalar la casilla electoral, recibir la votación de los electores y realizar el escrutinio y cómputo de la casilla.

Por otra parte y en el mismo contexto la jornada electoral es la etapa del proceso electoral que inicia a las ocho horas del primer domingo de julio y concluye con la clausura de casilla y la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los respectivos consejos distritales, correspondiendo al presidente de la casilla hacer llegar el paquete y los expedientes, salvo cuando los Consejos Distritales por acuerdo y bajo la vigilancia de los partidos políticos y coaliciones, determinen un mecanismo de recolección diversa como es en la práctica la entrega de los paquetes por parte del capacitador-asistente electoral.

De lo anterior se desprende que la ciudadana Laura Luviano Cortés, al recibir su nombramiento como presidente de la mesa directiva de casilla, adquirió su calidad de funcionaria electoral a las ocho horas del día primero de julio del dos mil doce, dejando de ostentar el cargo a las 18:00 horas momento en que remite la documentación y los expedientes electorales al consejo distrital electoral 14, que como se aprecia en el acta de integración de expediente clausura de casilla y remisión al consejo distrital electoral, fue al momento que entregó a la capacitadora asistente electoral el paquete electoral de la casilla 850 Básica a efecto que lo hiciera llegar al Consejo Distrital Electoral 14, hecho que se infiere del acta de integración de expediente clausura de casilla y remisión al consejo distrital electoral, que consigna que el paquete electoral sería entregado por la asistente electoral, lo cual realizó como se acredita con el recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital electoral cuyo contenido señala que el paquete electoral fue entregado a las 00:37 horas del día dos de julio del año en curso por Eslalhy García Mendoza, capacitadora asistente electoral, documentales públicas que en el momento procesal oportuno fueron valoradas por la responsable a las que acertadamente otorgó valor probatorio pleno y eficacia para restar valor al escrito presentado por Laura Luviano Cortés en su carácter de ciudadana.

Por tanto, el escrito presentado por la ciudadana antes citada, no puede considerarse documental pública como lo pretende la actora al no ser una documental de las previstas en el numeral 18 fracción I y párrafo segundo fracciones I y II, recibiendo acertadamente el carácter de documental privada y el valor de levísimo indicio que puede incrementarse o demeritarse como lo fue de acuerdo a otras probanzas ofrecidas.

En este sentido la coalición actora afirma en su escrito recursal, que el escrito de referencia fue elaborado por Laura Luviano Cortés a las veintitrés horas con treinta minutos del día uno de julio del dos mil doce, cuando aún ostentaba la función de presidenta de la mesa directiva de casilla porque ésta cesó cuando entregó el paquete electoral a las 0:37 horas y escasos cinco minutos después entregó el escrito; tal afirmación no se encuentra sustentada y contrario a ello, quedó acreditado con el recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital electoral que el paquete electoral fue entregado a las 00:37 horas del día dos de julio del año en curso por Eslalhy García Mendoza, capacitadora asistente electoral del Instituto Electoral del Estado y no por la ciudadana Laura Luviano Cortés, cuya función cesó cuando hizo entrega del paquete a la capacitadora asistente electoral según consta en el acta de integración de expediente clausura de casilla y remisión al consejo distrital electoral, actas cuyas imágenes se insertan para ilustración:

Se reafirma lo anterior con el acta circunstanciada de recepción del paquete electoral en el consejo distrital, de la cual se advierte que el paquete electoral fue entregado por la capacitadora asistente electoral a las cero horas con treinta y siete minutos, sin que obre en autos probanza alguna que acredite que la ciudadana Laura Luviano Cortés fue la que entregó el paquete electoral de la casilla 850 Básica.

No pasa desapercibido para esta sala resolutora que el recurrente pretende hacer valer que la denuncia en comento fue alterada por el consejo distrital electoral 14 en lo relativo a la leyenda de hora de recepción, señalando que la Segunda Sala Unitaria fue omisa en observar la malicia del órgano electoral distrital.

Al respecto esta sala resolutora determina que lo mencionado por el recurrente resulta ser un hecho novedoso al no haberse pronunciado sobre él en el juicio primigenio, en tal virtud resulta inatendible la pretensión de que esta sala de segunda instancia se aboque a su estudio, toda vez que los artículos 64 y 65 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, en su contenido establecen que el recurso de reconsideración, sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las sala unitarias, en los juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de Diputados y Ayuntamientos y que se haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad previstas por el Titulo Sexto de la citada ley, que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiese podido modificar el resultado de la elección, en consecuencia lo que aduce el recurrente al ser un hecho novedoso por no ser invocado en el juicio de inconformidad del expediente TEE/IISU/JIN/006/2012, que dio origen al recurso que se estudia, no puede ser atendible por este tribunal electoral al estar impedido legalmente a proceder a su estudio, quedando a salvo derechos para hacerlos valer por la vía que corresponda.

Sin que sea óbice señalar que este argumento si fue aducido por la coalición tercera interesada, en su escrito del juicio de inconformidad, la cual objetó la documental en cita, por tanto el agravio en todo caso sobre la falta de pronunciamiento arrogaría perjuicio a la citada, sin que ésta lo haya hecho valer en esta instancia.

Asimismo, no le asiste la razón al impetrante, acerca de la indebida valoración del material probatorio aportado consistente en la copia certificada del escrito mediante el cual Laura Luviano Cortés, presidenta de la mesa directiva de la casilla 850 Básica presentó denuncia a las cero horas con cuarenta y dos minutos del dos de julio del dos mil doce ante el Consejo Distrital Electoral 14, así como de las copias certificadas de las comparecencias ante el Juez de Paz de Marquelia de Laura Luviano Cortés, Rita García Evangelista, Oscar Hernández Mayo, Rubí Nereyda Ávila Mayo, José Inés Ávila Mayo y Rosa Isela Calleja Ventura, al instrumentar un estudio y valoración individual e independiente de cada una de ellas, lo cual se encuentra en contraposición de la naturaleza y objeto de las pruebas indirectas, puesto que éstas deben analizarse en su conjunto, tal y como dispone el artículo 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, al señalar que las pruebas indirectas o indiciarias, harán prueba plena siempre y cuando se encuentren en armonía y con una estrecha relación con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Al respecto, contrario a lo que aduce la coalición actora, la autoridad  responsable si realizó la valoración conjunta de las probanzas expuestas en el juicio de inconformidad y se pronunció en consecuencia señalando que no obstante que la adminiculación de las mismas podía generar un valor probatorio pleno, adquirían solo un levísimo valor indiciario el cual fue demeritándose frente a lo consignado en diversas documentales públicas, señalando la responsable los motivos del porque llegó a tal determinación, como se advierte a fojas 28 a la 30 de la resolución impugnada:

En el caso, las pruebas que se valoran no adquieren la calidad de públicas, en virtud que no fueron expedidas dentro del ámbito de sus facultades, por el Juez Mixto de Paz de Marquelia, Guerrero.

Sin embargo, no obstante su carácter de documentos privados, cada una de las seis actas de comparecencia, merecen que se les asigne  su exacto valor; consecuentemente, en términos del artículo 20 de la Ley Adjetiva de la Materia, dichas probanzas de entrada, alcanzan el grado de leve indicio; sin embargo, cuando a juicio del órgano jurisdiccional, adminiculadas con diverso material probatorio, válidamente pueden incrementar su valor probatorio hasta constituir prueba plena, o en su caso, ver reducido todavía más  su valor, inicialmente  otorgado, cuando haya pruebas en contrario que las demeriten.

Los elementos probatorios en contra, que demeritan el valor asignado de inicio a las comparecencias, se desprende de los elementos siguientes:

a) Las denuncias no fueron presentadas por quienes fungieron como funcionarios de las mesas directivas de casilla, (Laura Luviano Cortes y Rita García Evangelista) en ejercicio de sus atribuciones, es decir, cuando contaban con el carácter de funcionarios de casilla en el desarrollo de la jornada electoral, sino  como  simples  ciudadanos.  En  el   caso  de  Oscar Hernández Mayo, debió presentar los escritos de incidentes y protesta ante el secretario de la casilla.

b) Lo único que consta fehacientemente, es que en las fechas que refieren las comparecencias se presentaron diversos ciudadanos ante la autoridad judicial para declarar de hechos presuntamente ocurridos en la casilla 850 Básica.

c) Las comparecencias en estudio, en el mayor de los casos, sólo demuestran  que  comparecieron Laura  Luviano  Cortes; Rita   García  Evangelista;  Oscar   Hernández  Mayo;  Rubí Nereyda Ávila Mayo; José Inés Ávila Mayo; Rosa Isela Calleja Ventura, ante el Juez de Paz de Marquelia, Guerrero y ante el vertieron declaración de hechos presuntamente ocurridos en la casilla 850 Básica.

d) Sin embargo, es insuficiente para tener por ciertos los hechos narrados en la misma, pues en autos no existen otras pruebas que robustezca la veracidad de los hechos declarados en las comparecencias.

e) Que las declaraciones que vierten  los ciudadanos no  se realizaron en las actas con que cuentan los funcionarios de casilla para consignar los actos y hechos que suceden en la jornada electoral, que de acuerdo a sus atribuciones tienen expeditas los funcionarios de la mesa directiva de casilla

Por si fuera poco, las comparecencias se ven demeritadas con las actas de la jornada electoral; acta final de escrutinio y cómputo de casilla de Ayuntamiento; acta de Integración del expediente de clausura de casilla y remisión al consejo distrital electoral; acta de recepción de copia legible de las actas de casilla por los representantes de partido político o coaliciones, todas de la casilla 850 Básica; acta circunstanciada del desarrollo de la jornada electoral del XIV Consejo Distrital Electoral, y el acta de la séptima sesión ordinaria permanente del mismo Consejo, ambas del primero de julio del año dos mil doce.

CUADRO INSERTADO (sic)

En el mismo sentido apoya el contenido del acta circunstanciada de recepción del paquete electoral en el consejo distrital, de la cual se advierte que el paquete electoral fue entregado por la capacitadora y asistente electoral a las cero horas con treinta y siete minutos.

Las pruebas documentales públicas que se analizan, en términos del artículo 20, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, merecen valor probatorio  pleno, sin que  ese  valor se vea demeritado  por  el caudal probatorio que obra en contrario, al resultar insuficiente para demeritar su autenticidad o la veracidad de su contenido.

Así, las pruebas descritas permiten desprender diversos elementos de prueba en contrario, que reducen todavía más el valor probatorio que inicialmente le fue asignado, por lo siguiente:

a) No  se asentó en  el acta  de jornada electoral  que hayan sucedido  incidentes  durante  el   desarrollo  de  la  jornada electoral en la casilla 850 Básica que fue ubicada en la comunidad de Atrixco municipio de Copala.

b) Igualmente, en  el acta final de escrutinio  y cómputo  no se señala que hayan ocurrido irregularidades en el desarrollo del procedimiento de escrutinio y cómputo.

c) Los funcionarios de casilla  no levantaron acta u hoja de incidentes, donde hicieran constar que se hayan originado irregularidades en el desarrollo de la jornada electoral.

d) Ningún representante de los partidos políticos  o coaliciones presentó escrito de incidentes o de  protesta  al final  del escrutinio y cómputo.

e) Ninguno  de  los  representantes, de los partidos políticos o coaliciones presentes en la casilla, que estamparon su firma, lo hicieron bajo protesta, señalando  la causa de  su inconformidad.

f)  No se levantó acta de suspensión de la votación o de quebranto del orden en la casilla 850 Básica en el desarrollo de la jornada electoral.

Por añadidura, el artículo 18, segundo párrafo, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, dispone que la prueba confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que  consten en acta  levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que éstos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

En el caso, las actas de comparecencia no constituyen prueba testimonial, al no haber sido levantadas ante fedatario público, pues el juez  de paz no reviste esa calidad, en  razón que su actuación no está amparada en facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Para rematar, en razón de lo programado de las comparecencias ante el Juez de Paz de Marquelia, hay elementos para presumir que la asistencia de los ciudadanos Laura Luviano Cortes; Rita García Evangelista; Oscar Hernández Mayo; Rubí Nereyda Ávila Mayo; José Inés Ávila Mayo; Rosa Isela Calleja Ventura, no fue espontánea, sino que pudo ser inducida; pues conforme a la experiencia no es ordinario que los seis comparecientes lleguen precisamente  con   media  hora  de  diferencia  a  rendir  su declaración; así se desprende de las actas de comparecencia y se refleja en el cuadro que se inserta a continuación:

CUADRO INSERTADO (sic)

Además, ante la falta de inmediatez al haberse realizado un día después de la jornada electoral, eso les resta credibilidad a lo asentado en las citadas pruebas privadas.

Además, ante la falta de inmediatez al haberse realizado un día después de la jornada electoral, eso les resta credibilidad a lo asentado en las citadas pruebas privadas.

Por otra parte el recurrente hace valer que contrario a lo sostenido por la responsable el material que obra en el expediente es suficiente para acreditar que existió presión contra los miembros de la mesa directiva de casilla y de los electores, afectando la libertad del voto, conducta que se vio reflejada en el resultado de la votación decisiva.

Asimismo, que el valor conductivo de las testimoniales admitidas en el juicio primigenio se ve reforzado al encontrar concordancia y relación, sin que obre en autos probanza alguna que las desvirtúe.

Tal conclusión de nueva cuenta parte de la premisa errónea de la coalición actora, al considerar que la documental consistente en el escrito signado por la ciudadana Laura Luviano Cortés es una prueba documental pública con valor y eficacia probatoria plena, la cual interpretada en su conjunto con los testimonios de valor indiciario arrojan la acreditación de los hechos.

Acerca del valor probatorio del escrito presentado por la ciudadana Laura Luviano Cortés se ha determinado por esta sala resolutora la correcta valoración realizada por la sala responsable al considerarla documental privada con valor de levísimo indicio; por cuanto a las documentales que contienen los testimonios, la sala primigenia estableció que los mismos no adquieren la calidad de públicas, en virtud que no fueron expedidas dentro del ámbito de sus facultades, por el Juez Mixto de Paz de Marquelia, Guerrero, así como que las mismas no constituyen prueba testimonial, al no haber sido levantadas ante fedatario público, pues el juez mixto de paz no reviste esa calidad, en razón de que su actuación no está amparada en las facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Asimismo, determinó que no obstante su carácter de documentos privados, cada una de las seis actas de comparecencia, alcanzaron el grado de levísimo indicio, sin embargo sobre el valor otorgado fueron demeritadas en razón de que fueron rendidas por simples ciudadanos; que uno de ellos, Oscar Hernández Mayo como representante de la coalición “Guerrero nos Une” ante la casilla debió presentar los escritos de incidentes y protesta ante el secretario de casilla; que lo único que demuestran es que en las fechas que se refieren en las comparecencias se presentaron diversos ciudadanos ante la autoridad judicial para declarar hechos presuntamente ocurridos en la casilla 850 Básica; que las comparecencias son insuficientes para tener por ciertos los hechos narrados en la misma, pues en autos no existen otras pruebas que robustezcan la veracidad de los hechos declarados en las mismas; que las declaraciones que vierten los ciudadanos no se realizaron en las actas con que cuentan los funcionarios de casilla para consignar los actos y hechos que suceden en la jornada electoral, que de acuerdo a sus atribuciones tienen expeditas los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Conclusiones que la coalición actora no controvirtió puntualmente en su escrito recursal.

Bajo esta guisa, contrario a lo que señala la parte actora, los testimonios si se encuentran desvirtuados a partir de la valoración que realiza de las mismas la sala responsable, cuando determinó que las comparecencias que no constituyen prueba testimonial, se ven demeritadas con las actas de la jornada electoral; acta final de escrutinio y cómputo de casilla de Ayuntamiento; acta de Integración del expediente de clausura de casilla y remisión al consejo distrital electoral; acta de recepción de copia legible de las actas de casilla por los representantes de partido político o coaliciones, todas de la casilla 850 Básica; acta circunstanciada del desarrollo de la jornada electoral del XIV Consejo Distrital Electoral, y el acta de la séptima sesión ordinaria permanente del mismo Consejo, ambas del primero de julio del año dos mil doce.

Documentales públicas a las que atinadamente la responsable otorgó valor probatorio pleno, al considerar que no obra caudal probatorio en contrario, resultando el existente insuficiente para demeritar su autenticidad o la veracidad de su contenido.

Siguiendo con su análisis, la responsable demeritó aún más el valor probatorio de las comparecencias inicialmente otorgado cuando concluyó que en las documentales públicas:

a) No se asentó en el acta de jornada electoral que hayan sucedido incidentes durante el desarrollo de la jornada electoral en la casilla 850 Básica que fue ubicada en la comunidad de Atrixco municipio de Copala.

b) Igualmente, en el acta final de escrutinio y cómputo no se señala que hayan ocurrido irregularidades en el desarrollo del procedimiento de escrutinio y cómputo.

c) Los funcionarios de casilla no levantaron acta u hoja de incidentes, donde hicieran constar que se hayan originado irregularidades en el desarrollo de la jornada electoral.

d) Ningún representante de los partidos políticos o coaliciones presentó escrito de incidentes o de protesta al final del escrutinio y cómputo.

e) Ninguno de los representantes, de los partidos políticos o coaliciones presentes en la casilla, que estamparon su firma, lo hicieron bajo protesta, señalando la causa de su inconformidad.

f) No se levantó acta de suspensión de la votación o de quebranto del orden en la casilla 850 Básica en el desarrollo de la jornada electoral.

Por todo lo anterior, la responsable concluyó que de las comparecencias ante el Juez de Paz de Marquelia, hay elementos para presumir que la asistencia de los ciudadanos Laura Luviano Cortes; Rita García Evangelista; Oscar Hernández Mayo; Rubí Nereyda Ávila Mayo; José Inés Ávila Mayo; Rosa Isela Calleja Ventura, no fue espontánea, sino que pudo ser inducida; pues conforme a la experiencia no es ordinario que los seis comparecientes lleguen precisamente con media hora de diferencia a rendir su declaración; así se desprende de las actas de comparecencia y que por último carecen de valor ante la falta de inmediatez al haberse realizado un día después de la jornada electoral, pues ello les resta credibilidad a lo asentado en las citadas pruebas privadas.

De lo anteriormente expuesto se advierte no solamente que la sala primigenia valoró en su conjunto las actas que contienen las comparecencias de los citados ciudadanos sino también que la coalición actora no controvierte los argumentos vertidos, salvo cuando señala que la presión sobre los funcionarios tiene un bien tutelado distinto al que dio la responsable pues los funcionarios actúan a la voluntad del sujeto activo, por ello, si no existe constancia de los actos de presión es porque se ejerció de manera continua desde las once horas hasta la integración del paquete, momento en que el acta de jornada electoral se encontraba en el interior del paquete y por tanto fuera del alcance de los funcionarios, por ende, el presidente elaboró un manuscrito en el que da constancia de las incidencias.

No obstante la afirmación anterior, a juicio de esta sala resolutora se convierte en genérica e imprecisa porque la coalición actora no señala cuál es el bien tutelado que debería darse a la causal en estudio, pretendiendo que por sí mismo el escrito presentado por la ciudadana Laura Viviano Cortés donde vierte manifestaciones unilaterales y sin sustento sean suficiente para anular el voto de 442 ciudadanos que representan el 74.41% de los electores de la casilla.

Razones por las cuales resultan INFUNDADOS los puntos de agravio vertidos por la coalición actora.

Por cuanto hace al agravio segundo inciso b) consistente en que la Segunda Sala Unitaria respecto al informe que rindió el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, señala que lo único que se acredita es el cargo que ostentaba el ciudadano Andrés Santiago Barragán, el día de la jornada electoral, sin tomar en cuenta que la presencia de la citada persona al ser comisario municipal ejerció presión sobre el electorado y provocó una reacción a favor de su partido priísta, que es el mismo del gobierno municipal y que todos lo saben porque al ser Atrixco una comunidad pequeña todos conocen las preferencias partidistas; esta Sala de Segunda Instancia establece que lo aducido por el recurrente es inatendible en razón de que la parte actora pretende en su escrito recursal crear hechos novedosos pues en los autos del expediente primigenio no expuso al juzgador que a través del informe que rindió el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, pretendía comprobar que el ciudadano Andrés Santiago Barragán, al ser comisario municipal de la localidad de Atrixco, municipio de Copala, Guerrero y al estar como dice el recurrente en la casilla con su sola presencia coaccionaba e inhibía al electorado provocando un cambio en las preferencias de la emisión de su voto.

Esto es así porque en su escrito de demanda del juicio de inconformidad, en el único lugar donde hace referencia del informe del Secretario General de Gobierno del Estado es en el apartado de pruebas donde señala lo siguiente:

14.- LA DOCUMENTAL .- Consistente en el informe que rinda la Secretaria General de Gobierno, respecto a que si el c. ANDRES SANTIAGO BARRAGAN, el primero de julio del año en curso fungía como Comisario Municipal de la localidad de Atrixco del Municipio de Cópala Guerrero, información que fue solicitada en tiempo y forma sin que se me haya dado respuesta.

Prueba que se ofrece en el artículo 12 fracción VII, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, al acreditarse con la respectiva solicitud con el sello de recibido, que acredita haberse solicitado sin que el órgano electoral me la haya entregado, por lo que este Tribunal las deberá de requerir en el momento procesal oportuno.

Asimismo por cuanto al único agravio que hace valer en las partes conducentes de su escrito del Juicio de Inconformidad, señala:

“CONCEPTO DE AGRAVIO.- Como consta de los documentos que corren anexas al presente medio de impugnación, se suscitaron irregularidades graves, consistente en que aproximadamente a  las once horas del día primero de julio del año que transcurre, en la casilla identificada bajo el número 850, básica, instalada en la localidad del Atrixco, perteneciente al Municipio de Cópala, Guerrero, llego el señor GILBERTO CHONA DOROTEO, vecino de dicha sección electoral, e inscrito en la lista nominal con clave de elector CHDRGL63020312H100, y numero (sic) de prelación 53, quien es conocido como el “PATO”, en compañía del comisario municipal de dicha localidad el señor ANDRÉS SANTIAGO BARRAGÁN, vecino también vecino  de dicha  sección  electoral, e inscrito en  la  lista nominal con clave de elector SNBRAN 65050912H400, y numero (sic) de prelación 519; personas que se dirigieron a la C. LAURA LUVIANO CORTES, quien en esa casilla ostentaba el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva de la misma, manifestándole que en esa casilla se haría lo que ellos dijeran, así también le externaron a dicha funcionaria electoral que no levantara ningún reporte que afectara a su partido, (Revolucionario Institucional). Cabe señalar también que al momento de hacer dicha advertencia, se levantó la camisa mostrando una pistola que traía fajada en su cinturón del lado  izquierdo, advirtiendo a los electores que se encontraban en ese momento que si no votaban por su partido político el (PRI) que mejor se largaran de ese lugar, conducta que fue desplegada a partir de las 11:00 horas de la mañana.

No omitió señalar a esta autoridad, que los señores GILBERTO CHONA DOROTEO, CONOCIDO COMO EL “PATO”, y ANDRES SANTIAGO BARRAGÁN, comisario municipal de dicha localidad, son conocidos por los CC. LAURA LUVIANO CORTEZ, RITA GARCÍA EVANGELLISTA, JOSÉ INÉS ÁVILA MAYO Y OSCAR HERNÁNDEZ MAYO, toda vez que Atrixco es una localidad pequeña, donde la mayoría de sus habitantes se conocen, en virtud de ello, se sabe entre dichos ciudadanos la preferencia o simpatía con algún partido político, lo que en el caso concreto sucede, teniendo claro que los ciudadanos agresores son militantes activos del Partido Revolucionario Institucional.

De la actitud denunciada, se evidencia fehacientemente la causal de nulidad prevista, en el Artículo 79 fracciones IX y X, y pone en duda evidentemente la certeza de la votación recibida y es determinante para el resultado obtenido en la citada casilla 850 básica, lo anterior es así, toda vez que al termino (sic) de la jornada electoral, el C. OSCAR HERNÁNDEZ MAYO, quien fungió como  representante de la coalición “Guerrero nos Une” solicito al señor JULIO CESAR PETATAN SANTIAGO, quien fungió como secretario en la casilla de merito, le recibiera el escrito de incidentes que había levantado derivado de los hechos suscitados (sic) en el desarrollo de la jornada lectoral, (sic) persona que le manifestó que no quería (sic) tener problemas con el “PATO” toda vez que había (sic) sido claro que no se recibiera ningún (sic) documento que afectara a su partido, el (PRI), no omito señalar que dicho documento fue presentado al final del escrutinio y computo, (sic) ya que el C OSCAR HERNANDEZ MAYO, representante de la Coalición “Guerrero nos Une” al igual que el señor JULIO CESAR PETATAN SANTIAGO, tuvieron (sic) miedo de actuar de manera inmediata, si (sic) embargo dicho documento no pudo integrarse al paquete electoral, toda vez que en todo momento estuvo (sic) presente el señor Gilberto Chona Doroteo reiterando sus amenazas, no omitió señalar también (sic) que el referido ciudadano se retiro minutos antes de la llegada del Ejercito Mexicano a la comunidad (sic) de Atrixco, Guerrero, aunado a ello, la C. LAURA LUVIANO CORTES, manifestó que dicho acto lo denunciara al momento  en que se entregara  el paquete electoral ante el Consejo Distrital.