7.        El actor considera que, a pesar de cumplir los requisitos previstos en la convocatoria respectiva, fue excluido de la lista de perfiles idóneos, publicada el veinte de febrero anterior, sin fundamentación ni motivación. Aunado a que en la misma fecha se realizó la insaculación.

8.        Aduce que impugnó los actos previos ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua[10], el cual desechó de plano el medio de impugnación, argumentando que la insaculación era un acto consumado y ya se habían enviado la lista de personas insaculadas al congreso del Estado.

9.        Afirma que la sentencia vulnera su derecho político electoral a ser votado y participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Además, que existen violaciones al procedimiento y atropellos a sus derechos fundamentales.

10.     Señala que, la sentencia es incongruente pues en ella se señala que la inconformidad en el juicio local era la exclusión del listado denominado “Lista de personas que cumplen con los requisitos para continuar a la siguiente etapa del proceso”, sin embargo, el actor se inconformaba respecto de la diversa titulada: “Listado de las personas aspirantes mejor evaluadas para desempeñar el cargo al que se postulan”.

11.     Se consideran infundados los agravios.

12.     El veintiocho de diciembre de dos mil veinticuatro, se instaló el Consejo Estatal del Instituto para dar inicio formal al Proceso Electoral Extraordinario dos mil veinticinco, para la elección de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, así como jueces y juezas locales.

13.     El veintinueve de enero de dos mil veinticinco, se publicó la convocatoria para la evaluación y selección de la elección electoral judicial en la que se establecieron diversas etapas: a) La primera etapa de la convocatoria fue la de registro e inscripción de la documentación de personas aspirantes; b) La segunda etapa de la Convocatoria fue la acreditación de la elegibilidad de los aspirantes; y c) La tercera etapa es la publicación de la lista, publicada el doce de febrero de la anualidad por el Comité de Evaluación.

14.     Tal como lo refiere la parte actora, el veinte de febrero se emitió el dictamen del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, por el que se aprobó el listado de las personas aspirantes mejor evaluadas para desempeñar el cargo al que se postulan.

15.     Ante el tribunal electoral local, el actor controvirtió su exclusión del listado, pues considera que contaba con un perfil académico y profesional idóneo para la candidatura de juez menor en materia penal para el Distrito Judicial Hidalgo.

16.     Tal como se explica, la sentencia debe confirmarse, pues como argumentó el tribunal electoral local, la pretensión de la parte actora es inalcanzable, pues el Comité de Evaluación del Ejecutivo realizó la insaculación[11] prevista para dicha etapa, asimismo, continuó con la aprobación de la lista definitiva de candidaturas postuladas por el poder que representa y ordenó la continuación del proceso previsto en la Convocatoria.

17.     En ese sentido, se precisa que, si bien los Comités de Evaluación se conforman para desahogar una encomienda constitucional y legal específica y delimitada, que implica que una vez desahogada en todas sus fases las etapas previstas en la Convocatoria para participar en la evaluación y selección de la elección electoral judicial, los respectivos órganos se disuelven, una vez que remiten a las autoridades que representan a cada uno de los poderes, los listados de las postulaciones depuradas para cada cargo electivo, sin que sea posible reabrir esa etapa pues, las fases y tiempos para llevar a cabo los actos respectivos están previamente definidos por la Constitución Local en su artículo 101 y los artículos 20, 83, numeral I, fracción I, 84, 86, 87 de la Ley electoral correspondientes al Estado de Chihuahua.

18.     En efecto, el tribunal correctamente estableció que su pretensión es inalcanzable, pues el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ya resolvió respecto del listado de personas que el Comité de Evaluación consideró mejor evaluadas para ocupar el cargo y culminó la etapa relativa a la idoneidad. Finalmente se efectuó la insaculación pública respectiva.

19.     Es decir, tal como lo consideró el tribunal electoral local, su pretensión es jurídicamente inviable,[12]pues aun cuando se le concediera la razón, es jurídicamente imposible que se pueda ordenar a un Comité de Evaluación que ya no se encuentra en funciones que se regrese a una fase previa de una etapa que ha concluido, ya que fenecieron las etapas vinculadas con la pretensión deducida en las demandas.

21.     Por lo anterior, se considera que fue correcta la sentencia emitida por la autoridad responsable en cuanto a que dicha etapa se ha consumado de modo irreparable, por ser excluido de las listas de personas idóneas y del listado final de quienes se postularán para ocupar el cargo referido.

22.     En consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia del tribunal electoral local pues debido a situaciones fácticas y jurídicas, la pretensión del impugnante, relativa a que el Comité de Evaluación y el Pleno del Poder Judicial lo incluyan en una lista correspondiente al cargo en que se inscribió, resulta inviable que se alcance.[14]

23.     Respecto del agravio relativo a la incongruencia externa de la sentencia impugnada al momento de señalar incorrectamente el listado impugnado, resulta inoperante pues a ningún fin práctico llevaría, ya que aun concediéndosele la razón no cambia la situación jurídica del actor, pues su pretensión permanece inalcanzable.

24.     Por lo expuesto, se