EXPEDIENTE: SG-JDC-244/2019

ACTOR: JOSÉ DE JESÚS IBARRA GARCÍA

RESPONSABLES: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN NAYARIT Y OTROS

MAGISTRADO ELECTORAL: SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA[1]

Guadalajara, Jalisco, veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Acuerdo plenario que reencauza el juicio ciudadano, al no agotar el medio de impugnación ante la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional[2].

1. ANTECEDENTES[3]

De las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

1.1. Convocatoria a Asamblea Estatal. Mediante Providencias del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, publicadas el veintinueve de mayo en los estrados físicos y electrónicos de dicho órgano, se autorizó la convocatoria del Comité Directivo Estatal del partido en el Estado de Nayarit, dirigida a los Comités Directivos Municipales, Delegaciones Municipales y a todos los militantes en la entidad, a la Asamblea Estatal que se celebrará el veinticinco de agosto, a partir de las 10:00 horas, a efecto de desahogar el orden del día preestablecido.

En la Asamblea, entre otros aspectos, se explicará el procedimiento para la elección de los integrantes del Consejo Estatal 2019-2022, se leerá la lista de los candidatos para ello, se efectuará la elección respectiva y se tomará protesta a quienes lo integrarán.

1.2. Lineamientos. En la misma publicación, se dieron a conocer los Lineamientos para la Integración y Desarrollo de la Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional en Nayarit[4], en los que bajo los numerales 35 y 36, quedaron establecidos los requisitos que deben cumplir a ser Consejero Estatal, y en los diversos 41 a 45, lo relativo al registro de los candidatos respectivos.

1.3. Convocatorias a Asambleas Municipales. De igual forma, mediante providencias del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, publicadas a su vez, el once de julio en los estrados físicos y electrónicos del Comité Directivo Estatal del PAN en Nayarit, se autorizaron las convocatorias que éste emitió supletoriamente, dirigidas a todos los militantes del partido, para la celebración el once de agosto, de las respectivas Asambleas Municipales del partido, en los diversos municipios de Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcluintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.

1.4. Normas complementarias. En la misma publicación de once de julio, se dieron a conocer las normas complementarias establecidas por el Comité Ejecutivo Nacional del Pan, para regular la integración y desarrollo de cada una de las Asambleas Municipales referidas.

1.5. Acto impugnado. Según el dicho del actor, el quince de julio acudió al Comité Municipal del PAN en Tepic, a solicitar su registro para participar como candidato en el procedimiento de elección de integrantes del Consejo Estatal en Nayarit del instituto político, para el período 2019-2022, y advirtió que las diversas convocatorias a Asambleas Municipales son omisas en convocar a la elección de candidatos del municipio a integrar dicho Consejo Estatal, así como en establecer un procedimiento para ello, por lo que aduce que se le priva de contender en un proceso justo, con reglas definidas y normas claras.

1.6. Demanda. Inconforme con lo anterior, el dieciocho de julio, el actor José de Jesús Ibarra García presentó juicio ciudadano directamente en esta Sala Regional en vía per saltum.

1.7. Turno. En la misma fecha, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, determinó registrar el medio de impugnación con la clave SG-JDC-244/2019 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Electoral Sergio Arturo Guerrero Olvera.

1.8. Radicación y trámite. Al día siguiente, el citado Magistrado Electoral radicó el juicio y ordenó a los órganos señalados como responsables, realizar la tramitación y publicitación del medio de impugnación.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene jurisdicción, y es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, porque en él se impugna la aprobación de diversas convocatorias para la celebración de distintas Asambleas Municipales del PAN en Nayarit, ante su omisión de convocar a la elección de aspirantes del municipio, a integrar dicho Consejo Estatal, así como de establecer un procedimiento para ello, lo cual constituye materia de conocimiento y entidad federativa en la que esta Sala ejerce su jurisdicción.[5]

3. PER SALTUM

El actor solicita que esta Sala conozca de la acción per saltum, porque el once de agosto se celebrarán las diversas Asambleas Municipales del PAN en Nayarit, en la que deberá desahogarse la selección de candidatos a integrar el Consejo Estatal del partido, lo que consumaría los actos impugnados de manera irreparable.

No obstante, lo anterior no constituye un supuesto de excepción al principio de definitividad.

Ello, en virtud de que los actos intrapartidistas no son de naturaleza irreparable o definitiva, tal como lo sostuvo la Sala Superior, en la tesis XII/2001, de rubro “PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES”[6].

Además, atendiendo a que las asambleas se celebrarán el once de agosto, existe tiempo suficiente para que la Comisión de Justicia resuelva la controversia, máxime que dicho órgano debe resolver los asuntos de manera pronta y expedita, sin necesidad de agotar de manera necesaria ciertos plazos.

Funda lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior, en la jurisprudencia 38/2015 de rubro “PARTIDOS POLÍTICOS. EL PLAZO QUE LA NORMATIVA INTERNA LES OTORGA PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU CONOCIMIENTO, NO NECESARIAMENTE DEBE SER AGOTADO”[7], así como en la tesis XXXIV/2013 de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. DEBE PREVALECER ANTE LA AUSENCIA DE PLAZO PARA RESOLVER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO”[8].

Por ende, contrario a lo aseverado por el actor, el agotar la instancia partidista no necesariamente genera una afectación irreparable en los derechos que aduce vulnerados, pues como se mencionó, en los actos intrapartidistas, no opera la irreparabilidad.

En esas circunstancias, aun cuando la parte actora agote la citada instancia, estará en aptitud jurídica de satisfacer su pretensión, sin que se advierta algún hecho que ponga de manifiesto que exista una amenaza seria para sus derechos o las cuestiones sustanciales de la controversia, que justifique el conocimiento de la acción en vía per saltum, por lo que debe privilegiarse la resolución de controversias en las instancias naturales como elemental materialización del derecho de acceso a la justicia.

4. IMPROCEDENCIA Y REENCAUZAMIENTO

El juicio ciudadano al rubro identificado es improcedente en términos de lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[9], así como 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[10], pues como se adelantó, no se agotó el principio de definitividad que rige en los medios de impugnación en materia electoral.

Lo anterior, porque acorde a lo que se expondrá a continuación, el actor fue omiso en agotar la instancia partidista prevista en el numeral 77 de los Lineamientos, conforme a los cuales “Aquel candidato que considere que se han presentado violaciones a estos Lineamientos, podrá presentar su impugnación por escrito ante la Comisión de Justicia, como única instancia …”

Ello es así, porque conforme a lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Federal, un ciudadano puede acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para controvertir los actos y resoluciones que vulneren sus derechos político-electorales de votar, ser votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos públicos del país, y de asociación, en los términos que señale la Constitución Federal y las leyes.

Por su parte, los artículos 79, párrafo 1, y 80, párrafos 1, inciso g) y, 2, de la Ley de Medios, prevén que el juicio ciudadano es el medio de impugnación idóneo mediante el cual se puede controvertir la vulneración a los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, así como los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado, cuando considere que violan alguno de sus derechos político-electorales.

Sin embargo, sólo será procedente cuando el actor haya agotado las instancias previas establecidas por las leyes, federales o locales, o por las normas internas de los partidos políticos, en virtud de las cuales se pudiera modificar, revocar o anular el acto, resolución o determinación respectiva, es decir, cuando se haya cumplido el principio de definitividad, pues no hacerlo, deriva en su improcedencia, conforme a lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios.

De lo anterior, se advierte que un acto o resolución no es definitivo ni firme cuando existe, previo a la promoción de determinado juicio, algún recurso o medio de impugnación apto para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, cuya promoción no sea optativa, sino necesaria, para estar en posibilidad jurídica de agotar los medios extraordinarios de impugnación, como lo es el juicio ciudadano, o cuando la eficacia o validez del acto o resolución controvertido esté sujeta a la ratificación de un órgano superior, que lo pueda o no confirmar.

En ese tenor, el juicio ciudadano es un medio de impugnación extraordinario al que sólo puede acudirse directamente cuando el promovente no tenga al alcance mecanismos ordinarios de defensa, ya sea porque no están previstos legalmente, o los contemplados no resulten idóneos para lograr el efecto pretendido, o bien, cuando los órganos partidistas competentes no se encuentren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos.

Asimismo, es procedente cuando su agotamiento se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, en tanto que los trámites a realizar y el tiempo necesario para ello puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/2001, de rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO".[11]

A su vez, en el artículo 39, numeral 1, inciso j), de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los estatutos de los institutos políticos deben contener las normas, plazos y procedimientos de la justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de las y los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones.

Por su parte, en el artículo 43, numeral 1, inciso e), de la citada Ley General de Partidos Políticos, impone a éstos el deber de que, entre los órganos internos de los partidos políticos, se establezca uno de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual debe ser independiente, imparcial y objetivo.

En ese orden de ideas, se prevé que los partidos políticos deben regular procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual deben prever los supuestos en los que serán procedentes, los plazos y las formalidades del procedimiento.

Una vez que agoten esos medios partidistas de defensa, las y los militantes tendrán derecho de acudir ante la instancia jurisdiccional electoral competente.

Por otra parte, No debe perderse de vista que, a las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, se les impone el deber de observar el principio de definitividad, a fin de respetar la vida interna de los partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones.

En congruencia con lo anterior, en el artículo 2, numeral 3, de la Ley de Medios, se establece que la conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la auto-organización partidaria deberá ser considerada por las autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones relativas a ese tipo de asuntos.

En el caso, el actor promueve juicio contra el Presidente e integrantes del Comité Directivo Estatal en el Estado de Nayarit, así como el Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, todos del Partido Acción Nacional, a fin de impugnar de los dos primeros, la omisión de las convocatorias de prever el procedimiento para las propuestas del municipio para participar en la elección de candidatos a integrar el Consejo Estatal y de los dos últimos, la aprobación de las convocatorias a Asambleas Municipales respectivas.

Al respecto, aunado a lo previsto en los Lineamientos, debe considerarse que el artículo 120, párrafo primero, incisos b) y c), de los Estatutos Generales del PAN[12], señalan respectivamente, que la Comisión de Justicia es el órgano facultado para conocer de las controversias derivadas de actos y resoluciones emitidos, entre otros, por el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Directivos Estatales, así como de las surgidas en relación al proceso de renovación de los órganos de dirección, como es el caso.

Por su parte, el artículo 89, párrafo 4, de los mismos Estatutos, precisa que corresponde a la Comisión de Justicia conocer mediante juicio de inconformidad, de las controversias surgidas con relación al proceso de renovación de los órganos de dirección, como ocurre en la especie.

Conforme a lo anterior, se colige que los lineamientos contemplan de manera específica, que es la Comisión de Justicia, la instancia procedente para conocer de las impugnaciones presentadas con relación a las violaciones a éstos.

Al respecto, se precisa que, en los referidos Lineamientos, se estableció en el numeral 41, que los candidatos a consejeros estatales que se podrán presentar a la asamblea estatal serán quienes resulten electos por las asambleas municipales y quienes sean propuestos por el Comité Directivo Estatal.

Incluso, en el numeral 42 de los mismos se especificó que a más tardar 48 horas posteriores a la celebración de cada asamblea municipal, los Comités Directivos Municipales deberán entregar a la Comisión Organizadora del Proceso, mediante oficio de remisión, las actas de las asambleas en las que se señalen claramente las propuestas de candidatos electos al consejo estatal, así como la lista de delegados numerarios a la asamblea estatal.

De ahí que, dado que el actor sostiene que las convocatorias municipales respectivas son omisas en establecer el procedimiento para la selección de los aspirantes municipales a integrar el Consejo Estatal, en tanto que los Lineamientos prevén que éstos deben ser electos en las asambleas municipales, se actualiza el supuesto previsto en el referido numeral 77 de estos últimos, relativo a la competencia de la Comisión de Justicia para conocer de las violaciones e impugnaciones relacionadas con dichos Lineamientos.

Lo anterior, resulta coincidente con lo previsto en los Estatutos, en los términos precisados.

Por ende, existe posibilidad real y jurídica para que el partido político resuelva la controversia planteada a través de su instancia jurisdiccional.

En las anotadas condiciones y en aras de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, el medio de impugnación debe ser reencauzado a juicio de inconformidad, de la competencia de la Comisión de Justicia del PAN, para que en plenitud de sus atribuciones y dentro del plazo de cuatro días naturales, resuelva lo que en Derecho proceda.

Lo anterior, sin prejuzgar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia, ya que tal decisión la deberá asumir el órgano partidista al analizar la demanda. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 9/2012, de rubro: "REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE”.[13]

Por otra parte, en consideración a que mediante proveído de diecinueve de julio, se ordenó al órgano señalado como responsable que diera el trámite de ley a la demanda presentada por el actor, comuníquese a dicho órgano que el presente medio de impugnación será reencauzado a la Comisión de Justicia del referido instituto político, para que la documentación relativa al trámite se remita directamente a esta última; y en el caso de que llegara a esta Sala Regional, sin mayor trámite, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se envíe al citado órgano partidista.

Consecuentemente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional Guadalajara, remitir el presente asunto a la Comisión de Justicia del PAN, a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda, previo se obtengan las copias certificadas correspondientes y se realicen las anotaciones atinentes.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional:

ACUERDA

PRIMERO. Es improcedente el presente juicio ciudadano.

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en que se actúa a juicio de inconformidad, competencia de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, para los efectos precisados en el presente acuerdo plenario.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano judicial, para que realice los trámites correspondientes, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente. 

NOTIFÍQUESE en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo acordaron por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

La suscrita Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 204, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a las instrucciones del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, CERTIFICA: que el presente folio, con número catorce, forma parte del acuerdo plenario de esta fecha, emitido por esta Sala en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, con la clave SG-JDC-244/2019. DOY FE. ---------------------------------------------------------------------

Guadalajara, Jalisco, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

OLIVIA NAVARRETE NAJERA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS