EXPEDIENTE: SG-JDC-774/2021 Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA: SERGIO RAÚL ESQUER PEIRO Y OTROS

RESPONSABLE: 05 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SINALOA

MAGISTRADO ELECTORAL: SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA[1]

Guadalajara, Jalisco, veintidós de julio de dos mil veintiuno.

1.        El Pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, en sesión pública de esta fecha, resuelve acumular de los expedientes SG-JIN-98/2021 y SG-JIN-99/2021, al expediente SG-JDC-774/2021; modificar, en lo que fue materia de impugnación, los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; y, confirmar, la declaración de validez, y la expedición de la constancia de mayoría y validez del distrito electoral federal 05 en el Estado de Sinaloa, realizados por el Consejo Distrital correspondiente, así como los resultados correspondientes del principio de representación proporcional.

1. ANTECEDENTES

2.        De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes antes citados, se desprende lo siguiente:

3.        Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[2] declaró el inicio del Proceso Electoral Federal ordinario 2020-2021, para la renovación de la Cámara de Diputados[3].

4.        Acuerdo INE/CG160/2021[4]. En Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitió el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-21/2021 Y ACUMULADOS, SE MODIFICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, APROBADOS MEDIANTE ACUERDOS INE/CG572/2020 e INE/CG18/2021.

5.        Suscripción de convenios de Coalición. Es un hecho notorio para esta Sala Regional[5], que diversos partidos políticos nacionales, solicitaron al Consejo General del INE, la formación de coaliciones, con la finalidad de postular candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa a elegirse en la jornada electoral federal del seis de junio de dos mil veintiuno, solicitudes que la referida autoridad administrativa declaró procedentes y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación[6], según se ilustra a continuación:

     Va por México. Postula doscientas diecinueve fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para contender como coalición en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobada mediante Resolución identificada con la clave INE/CG20/2021, por el Órgano Superior de Dirección del INE en sesión ordinaria celebrada el quince de enero de dos mil veintiuno y publicada en el DOF el dos de marzo de dos mil veintiuno[7].

     Juntos Hacemos Historia. Postula ciento ochenta y tres fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentado por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y el Partido Político Nacional denominado Morena, para contender como coalición en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobada mediante resolución INE/CG21/2021 por el Órgano Superior de Dirección del INE, en sesión ordinaria celebrada el quince de enero dos mil veintiuno y publicada en el DOF el trece de abril de dos mil veintiuno[8].

6.        Jornada Electoral[9]. El seis de junio de dos mil veintiuno[10] se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal 2020-2021.

7.        Cómputo Distrital. El nueve de junio de este año, inició el cómputo distrital del proceso electoral para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el 05 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sinaloa, arrojando los resultados reflejados en los cuadros que a continuación se insertan[11]:

8.        Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el 05 Consejo Distrital del INE en el Estado de Sinaloa, realizó la asignación de la votación de los partidos coaligados, para quedar de la siguiente forma:

9.        Con base en lo anterior, se determinó que la votación final obtenida por los candidatos contendientes fue:

10.     En cuanto al cómputo distrital de la elección de para las diputaciones federales por representación proporcional, se obtuvieron los siguientes resultados:

11.     Recuento. Durante la sesión de cómputo, el partido Fuerza por México a través de su representante ante el Consejo Distrital, solicitó el recuento total, pues a su decir se acreditaba un supuesto para ello, lo cual le fue negado.

12.     Acto impugnado. Al finalizar el cómputo, el 05 Consejo Distrital del INE en el Estado de Sinaloa, declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y, expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la Coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por Nancy Yadira Santiago Marcos como propietaria y Ana Yolanda Elizalde Gastelo como suplente. 

13.     De igual modo, se realizó el cómputo relativo a la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional.

2. JUICIOS FEDERALES

14.     Presentación. El catorce de junio, Sergio Raúl Esquer Peiro, en su calidad de candidato propietario al cargo de diputado federal por el distrito federal 05 de Culiacán; promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; y Jesús Humberto Laija Liera, quien se ostentó como representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante la responsable; así como Juan Ernesto Millán Pietsch, quien dijo ser Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa de Fuerza por México; promovieron juicio de inconformidad; todos ante el consejo distrital 05 señalado como responsable.

15.     Recepción y turnos de asuntos.  Mediante oficios INE/SIN/CD05/0617/2021, INE/SIN/CD05/0618/2021 y INE/SIN/CD05/0616/202, recibidos el veintiuno de junio en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable remitió los expedientes formados con motivo de la presentación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y los juicios de inconformidad, así como demás documentación que consideró atinente; y en dicha fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, ordenó registrar los medios de impugnación con las claves SG-JDC-774/2021, SG-JIN-98/2021 y SG-JIN-99/2021, respectivamente, y turnarlos a la ponencia a cargo del Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera[12].

16.     Sustanciación. Por acuerdo de veintitrés de junio, el Magistrado Electoral, instructor en el asunto, radicó los juicios federales que se resuelven, y requirió diversa información en todos ellos.

17.     En el momento oportuno, tuvo por cumplido lo anterior, admitió los medios de impugnación, proveyó acerca de las pruebas de las partes; respecto al SG-JIN-99/2021, ordenó la apertura del incidente ahí planteado por la parte actora en su demanda; referente al SG-JDC-774/2021, ordenó el desahogo de diversa prueba admitida, dio vista con el resultado de la diligencia a las partes, contestando únicamente la responsable; y, en el asunto SG-JIN-98/2021, se realizaron diversos requerimientos, los cuales fueron cumplimentados en su oportunidad.

18.     Incidente de nuevo escrutinio y cómputo. El veintidós de junio, se resolvió como improcedente la solicitud de recuento planteada por la parte actora del expediente SG-JIN-99/2021.

19.     Cierre de instrucción. En el momento procesal oportuno, al estar sustanciados los asuntos, desahogados los diversos requerimientos realizados, se ordenó cerrar la instrucción y formular el proyecto correspondiente, en cada asunto, y proponer la acumulación al asunto más antiguo en los que así se consideró.

3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

20.     Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, tiene jurisdicción constitucional y legal para su conocimiento, y es competente para resolver los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y de inconformidad[13], lo anterior por tratarse de medios de impugnación presentados por un ciudadano y dos partidos políticos, contra actos correspondientes a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el 05 Distrito Electoral Federal ubicado en el Estado de Sinaloa, así como los resultados correspondientes del principio de representación proporcional, comprendido en el ámbito territorial de esta circunscripción.

4. ACUMULACIÓN

21.     De la lectura de las demandas atinentes se advierte la existencia de conexidad en la causa, porque en los tres casos, se impugnan actos relativos a la elección diputaciones federales por el principio de mayoría relativa por el 05 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sinaloa, señalando, por tanto, a la misma autoridad responsable, y además, en una de ellas se invocan diversas causales de nulidad de votación recibida en casillas, establecidas en artículo 75 de la Ley de Medios, y en otras dos, diversas causales para nulificar la elección en el referido distrito electoral.

22.     Por tanto, con fundamento en los artículos 180, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, y 86 del Reglamento Interno de este Tribunal, procede decretar la acumulación de los expedientes SG-JIN-98/2021 y SG-JIN-99/2021, al diverso SG-JDC-774/2021 por ser éste el primero registrado en la Sala Regional, lo anterior, al existir la aludida conexidad y a fin de facilitar la pronta, congruente y conjunta resolución; en consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

5. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

23.     La autoridad responsable, en el expediente SG-JDC-774/2021, solicita se declare la improcedencia del medio de impugnación al no aportar pruebas para acreditar sus dichos en el medio de impugnación.

24.     Dicho motivo de improcedencia se desestima debido a que las manifestaciones de referencia guardan estrecha relación con el núcleo esencial de la cuestión litigiosa, por lo que tales menciones involucran el fondo de la controversia planteada, esto es, de analizarlas en este apartado, implicaría prejuzgar respecto del fondo de la impugnación[14].

25.     En cuanto a la improcedencia invocada por la responsable en el asunto SG-JIN-98/2021, sobre el incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 9, párrafo 1, inciso d), y 52 de la Ley de Medios, al omitirse en la demanda la identificación del acto o resolución impugnado y responsable del mismo; esto es, no se señala la elección que se impugna, ni manifiesta la parte actora si se objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección de diputaciones federales y, por consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, limitándose a solicitar la nulidad de la votación recibida en varias casillas, sin ofrecer o aportar pruebas de su dicho; es ineficaz.

26.     Al respecto, se debe señalar que en el juicio de inconformidad opera la suplencia de los agravios en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios.

27.     De igual forma, este Tribunal Electoral ha desarrollado una línea jurisprudencia consistente en que al no identificarse el tipo de elección, el juzgador federal debe establecer la intención del promovente, incluso requiriendo si es necesario, pero en todo caso debe analizarse detenidamente la demanda[15].

28.     En el caso, durante la instrucción del asunto, se requirió a la parte actora para que manifestará que tipo de elección controvertía, indicándole que de no desahogar el mismo se resolvería con las constancias que existieran en el expediente, indicándose una presunción sobre un tipo de elección o el incumplimiento de algún requisito legal[16].

29.     Si bien no se presentó algún escrito[17], este Pleno determina que se valida la existencia de elementos para establecer el tipo de elección controvertida.

30.     Conforme a la Ley de Medios, son actos impugnables en el juicio de inconformidad, entre otros, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas[18].

31.     El numeral 52, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios, señala como requisitos especiales del juicio que ahora nos ocupa, identificar la elección que se impugna, manifestando expresamente si se objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas; y, la mención individualizada del acta de cómputo distrital o de entidad federativa que se impugna; por lo que acorde a lo previsto en los numerales 9, párrafo 1, inciso d), y 19, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, del expediente se puede deducir de los elementos del acto y elección impugnada.

32.     Según se advierte, la parte actora a través de quien se ostenta como su representante ante el 05 Consejo Distrital del INE en Sinaloa, solicita declarar la nulidad de votación recibida en casilla, bajo el supuesto de la causal k), del artículo 75 de la Ley de Medios, invoca el artículo 71 de dicha normativa, cuya previsión es que la nulidad afecta los resultados de la elección impugnada, o de un distrito electoral uninominal para la fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa, teniendo los efectos consecuencias únicamente sobre la elección controvertida.

33.     En ese sentido, se cuentan con elementos mínimos para identificar que se impugna la elección de diputados federales en el distrito electoral federal 05 en Sinaloa (quien acude es el representante del partido ante el consejo distrital respectivo y las casillas se ubican en el mismo), invocándose la nulidad de votación en casilla lo que repercute en los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, por el principio de mayoría relativa.

34.     En consecuencia, se desestima la causal de improcedencia impugnada, pues del escrito respectivo se obtiene que controvierte la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, por nulidad de votación de casillas (resultados) del acta de cómputo de distrito electoral federal 05 en el Estado de Sinaloa de dicho principio, cumpliendo por lo que ve a este tema, los requisitos generales y especiales de procedencia para este juicio de inconformidad.

35.     Referente al medio de impugnación SG-JIN-99/2021, la autoridad responsable señala como improcedente el medio de impugnación porque la parte actora no menciona de manera individualizadas las casillas que está impugnando no las causales que invoca.

36.     Al respecto, dicho motivo debe desestimarse porque en la demanda expresamente señala la parte actora que dicho requisito no se invoca pues dirige sus reclamos sobre dos aspectos diferentes al mismo (recuento de votos y nulidad por violación a principios constitucionales) de tal manera que no estaba obligado a especificar aspectos ajenos a sus agravios, y las causas expuestas como agravios no requieren necesariamente la individualización de casillas, aunado al hecho de que referente al recuento, ya fue analizado dicho aspecto en el incidente SG-JIN-99/2021.

6. REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA Y ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD

37.     Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia así como los especiales de procedibilidad previstos en los artículos 7, 8, 9, párrafo 1, 13, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 79 y 80, de la Ley de Medios[19], tal y como se expondrá a continuación.

6.1. Requisitos generales.

38.     Forma. Las demandas cumplen con los requerimientos que prevé la ley adjetiva electoral, dado que quienes se ostentan como candidato y representantes de los institutos políticos, hacen constar sus nombres, domicilios y los actos impugnados; además, identifican a la autoridad responsable y señalan los hechos y motivos de agravio en que basa su impugnación, así como los preceptos presuntamente violados y las pruebas necesarias que ofrecen para acreditar sus acciones y firman autógrafamente sus demandas.

39.     Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron oportunamente, dado que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital que se controvierte, se advierte que la misma concluyó el diez de junio[20], y dado que las demandas fueron presentadas ante el 05 Consejo Distrital en el Estado de Sinaloa, el catorce de junio siguiente, es que se encuentran dentro del plazo de cuatro días a que se refiere la ley adjetiva de la materia[21].

40.     Legitimación y personería. El juicio JDC-774/2021, fue presentado por un ciudadano mexicanos que se ostenta como candidato postulado por la Coalición “Va por México”, en el distrito electoral federal 05 en el Estado de Sinaloa, lo cual se acredita con la publicación en el Diario Oficial de la Federación[22] de los acuerdos INE/CG337/2021 e INE/CG354/2021, por el que se registran las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, sin que en el informe circunstanciado se le desconozca dicha condición[23].

41.     El juicio SG-JIN-98/2021, fue presentado por el representante propietario del PES, quien se encuentra legitimado para instarlo, pues la ley de la materia señala que el juicio de inconformidad solo podrá ser promovido por los partidos políticos; y en cuanto a la personería, la autoridad responsable se lo reconoce en su informe circunstanciado[24].

42.     Respecto al SG-JIN-99/2021, se reconoce la legitimación de la parte actora, al ser un partido político nacional[25], y quien suscribe la demanda cuenta con la personería suficiente[26] al acreditarse como Presidente del Comité Directivo Estatal en el Estado de Sinaloa[27], del partido FxM.

43.     Definitividad y firmeza. Los actos impugnados son definitivos, pues fueron emitidos por el 05 Consejo Distrital del INE en el Estado de Sinaloa, derivado de los resultados para la elección de diputados federales y no existe otro medio de defensa para combatirlo.

6.2. Requisitos especiales del juicio de inconformidad.

44.     Tipo de elección. Respecto al PES, ya se indicó en el apartado 5, y referente a FxM, el escrito de demanda satisface los requisitos especiales previstos en la propia ley; en virtud de que se plantea contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado, correspondiente al distrito electoral ya referido, así como la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez, por lo que se advierte el principio sobre el cual controvierte los resultados.

45.     Sin que pase inadvertido que también controvierte los resultados del cómputo distrital de representación proporcional; lo cual cumple con la previsión establecida en el artículo 52, párrafo 2, de la Ley de Medios[28].

46.     Casillas. Se precisa de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada por irregularidad, así como las razones por las cuales considera debe declararse su respectiva nulidad, así de la nulidad de elección.

7. METODOLOGÍA

47.     En primer lugar se estudiará la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-774/2021, y después el juicio de inconformidad SG-JIN-99/2021, toda vez que contienen agravios planteados relativos a la nulidad de elección por violación a principios constitucionales.

48.     Después de estudiar dichos agravios, en su caso, se procederá al resto de los disensos contenidos en el juicio SG-JIN-98/2021.

8. ESTUDIO DE FONDO SG-JDC-774/2021

8.1. ¿Qué reclama la parte actora?

49.     Cita a los artículos 75, párrafo 1, inciso k), y 78, de la Ley de Medios, en el sentido de que existirán violaciones graves cuando las irregularidades afecten sustancialmente los principios constitucionales, y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

50.     Refiere el precedente SUP-JRC-165/2008 en el cual una elección no puede ser entendida sino se ajusta a lo que refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citando la tesis X/2001 de rubro: ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.

51.     Cita los principios constitucionales contenidos en dicha tesis, y refiere que en la elección impugnada no se respetaron.

52.     Menciona que se actualizaron tres causales de nulidad de elección: por violación a principios constitucionales, por violación al principio de equidad, y por violación al principio de legalidad.

53.     Señala que se vulneró el principio de libertad del voto derivado de la violencia generalizada, lo que vulneró incluso derechos establecidos a nivel convencional, pues la libertad del sufragio puede ponerse en riesgo cuando la violencia inhibe la voluntad o impide a los ciudadanos elegir libremente.

54.     La parte actora incluye una tabla donde inserta diversos links o ligas de Internet, principalmente noticias, para exponer como en el Estado de Sinaloa, y en concreto, en el distrito electoral 05 con cabecera en Culiacán de Rosales, se presentaron diversos hechos de violencia generalizada desde el inicio del proceso, incluida la jornada electoral, que propiciaron un clima de miedo y zozobra –según expone el actor en su demanda–.

55.     Expone que esto afectaron la libertad y secrecía del voto, por lo que su decir se actualiza adicionalmente la causal contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso i) de la Ley de Medios, a ejercerse violencia o presión, citando diversas jurisprudencias sobre esta causal.

56.     Refiere que los secuestros a militantes y candidatos, asesinatos de familiares de diversos candidatos, tuvieron como finalidad emitir un mensaje de intimidación, constituyendo un atípico del caso con la votación obtenida.

57.     Se ejerció –a su decir–, presión mediática lo que orilló a que el electorado no fuera libre en ejercer libremente su derecho al voto, pues la violencia se realizó de modo generalizado según se constata con los hechos periodísticos, poniéndose en duda la certeza de la votación y siendo determinante para su resultado.

58.     Adiciona como causal de nulidad la prevista en el inciso k) del artículo 75 de la Ley de Medios, pues durante la jornada electoral se presentaron diversos hechos de violencia, afectándose a su decir, diversos principios para la libertad del sufragio, citando diversas tesis sobre la nulidad de elección o de votación recibida en casilla sobre el principio de determinancia.

59.     Cita el precedente SUP-JIN-158/2012 en el cual se consideró irregularidad grave todo acto u omisión calificados de ilícitos, que vulneres principios electorales, lo cual a decir del actor, aconteció por la violencia política generalizada antes y durante la jornada electoral, según reportes del SIJE.

60.     Señala que los resultados de la elección podrían dar la apariencia de una jornada ejemplar, pero el electorado acudió a las urnas con temor, por lo que sucedieron circunstancias atípicas.

8.2. Decisión.

61.     Los agravios son ineficaces pues resultan insuficientes para acreditar los hechos invocados como afectaciones a la elección federal del distrito electoral 05 en el Estado de Sinaloa.

8.3. Precisión de los agravios.

62.     La parte actora aduce cuatro temas dentro de sus agravios:

a)     Violación a principios constitucionales contenida en el criterio SUP-JRC-168/2008 y la tesis relevante X/2001.

b)    Causal de nulidad prevista en el artículo 78 bis de la Ley de Medios por violación al principio de equidad.

c)     Causal de nulidad prevista en el inciso k) del artículo 75 de la Ley de Medios.

d)    Causal de nulidad prevista en el inciso i) del artículo 75 de la Ley de Medios.

63.     Lo anterior lo refiere a las vulneraciones a los principios de libertad del voto, equidad y legalidad.

64.     En ese orden de ideas, atendiendo a la causa de pedir del actor[29], pretende la nulidad de la elección derivado de los hechos de violencia generalizadas acontecidos en el Estado de Sinaloa, y en el caso concreto del distrito electoral federal 05, que propiciaron un clima de miedo que afectaron la libertad del voto, equidad y legalidad, aduciendo los elementos de cómo el factor de la violencia ejerce presión sobre los electores y funcionarios de casilla.

65.     Así, se estudiarán sus disensos bajo la causal prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios[30], la cual guarda similitud con la respectiva de violación de principios constitucionales, como se detallará en el estudio en su caso.

8.4. Marco teórico.

66.     Según se ha sostenido por este Tribunal, la causal genérica de nulidad de elección sanciona irregularidades que vulneran de manera determinante los principios fundamentales o esenciales que la Constitución y la ley federal en la materia prevén para las elecciones democráticas, tales como la libre expresión del voto e irregularidades electorales que ocurrieron en la etapa preparatoria de la elección, durante la jornada electoral o en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones; de ahí que este órgano jurisdiccional considera oportuno establecer el marco normativo que la rige.

67.     Así, el artículo 78 de la Ley de Medios, establece que para llegar a anular una elección, es preciso que se cometan violaciones:

        Sustanciales.

        En forma generalizada.

        En la jornada electoral.

        En el distrito o entidad de que se trate.

        Plenamente acreditadas.

        Determinantes para el resultado de la elección.

68.     Lo anterior, sólo admite como excepción aquellas violaciones que reúnan tales características, que sean imputables a los partidos que las invocan, o a sus candidatos.

69.     En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten elementos necesarios sin los cuales no es posible hablar de la celebración de una elección democrática, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes.

70.     Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como la prevalencia del principio de equidad en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.

71.     Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no se trata de irregularidades aisladas, sino de violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el distrito de que se trate.

72.     Lo anterior, con el fin de que, por irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en un quebranto importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada.

73.     Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que afecten de manera importante sus elementos sustanciales, conducirá a establecer la probabilidad de que determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador.

74.     En cuanto al requisito relativo a que se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, a primera vista da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

75.     Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.

76.     Por tanto, dentro de la jornada electoral, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizaron ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral.

77.     En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se estableció todo un proceso electoral compuesto de diversas etapas, todas ellas destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo desarrollo, a través de las distintas fases, se establecen diversos mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que tales principios fundamentales tengan efectiva realización.

78.     Un procedimiento es el conjunto de hechos concatenados entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin.

79.     En ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u omisiones que corresponda hacer en ellas, deben observarse, en el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro, precisamente porque le sirven de instrumento; al efecto, se establecen las reglas conforme a las que han de realizarse los actos, y los mecanismos adecuados para alcanzar la finalidad última.

80.     Pero cuando no es así, sino que se incurre en vicios o se contravienen los mecanismos o reglas, afectándose los principios o valores que los rigen, se puede llegar al grado de que el producto deseado no se consiga, como cuando dichas violaciones son de tal manera graves que por sí mismas anulan la posibilidad de que se logre el fin, o como cuando se trata de muchas violaciones que se repitieron de manera constante durante el proceso.

81.     La causal genérica de nulidad de elección federal, que se hace valer en un juicio de inconformidad, no sólo se aplicará para irregularidades respecto de las cuales no se pudo plantear una impugnación previa por tratarse de irregularidades cometidas por personas o autoridades distintas a las electorales, sino también a aquéllas que no se encuentren contempladas expresamente en la ley de la materia.

82.     Esta posibilidad de impugnar, en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, irregularidades que ocurrieron, por ejemplo, en la etapa de preparación de la elección, no contradice el principio de definitividad, ya que este solo opera respecto de actos de las autoridades electorales competentes no impugnados oportunamente, siempre y cuando exista la posibilidad legal de hacerlo, y no respecto de actos para los cuales la ley no establece una vía previa para impugnar ante la jurisdicción electoral[31].

83.     En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la jornada electoral, y por tanto, es cuando están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de las elecciones e infringir los valores y principios que las rigen, en tanto constituyen la transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que por las circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron generar tales violaciones se torne inofensivo, es decir, no produce realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalecen los valores sustanciales.

84.     En razón de lo anterior, una vez que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, cuando la autoridad administrativa electoral correspondiente procede -después de realizar un cómputo general- a determinar la validez de la elección; en ese acto, la autoridad analiza si se cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, estima en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron.

85.     En el primer caso, declara válida la elección y en el segundo no, porque en este último, realmente no alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad popular de elegir a las personas que en su representación ejerza su poder soberano.

86.     Es precisamente ese acto en que se válida la elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace valer su nulidad ante la autoridad jurisdiccional electoral; como se desprende, por ejemplo, del artículo 50, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Medios, en el cual se establece que son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones, y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez o de asignación, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección.

87.     Así, queda demostrado que la causal de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley de Medios, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral al afectar el bien jurídico fundamental del voto en todas sus calidades.

88.     En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las transgresiones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que esos fines no se alcanzaron.

89.     Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral y por sus circunstancias, sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados.

90.     Por último, cabe mencionar, respecto al requisito consistente en que las violaciones deben acreditarse plenamente, en la causa de nulidad que se analiza es difícil que se lleguen a demostrar, dadas sus características y propia y especial naturaleza, donde la inobservancia de los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para lograr la exigencia de su plena demostración, puede hacerse a través de la prueba indiciaria.

91.     Todo lo expuesto, constituye el marco conceptual de referencia, con apego al cual, se estudiarán los agravios hechos valer en el presente asunto en relación con la causal genérica de nulidad de elección de que se trata.

92.     Ahora bien, se precisa que para que un hecho sea considerado como notorio[32], debe revestir ciertas características, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación[33], entre las que se encuentran:

        Que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución;

        Que ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación individual con los hechos en el momento en que se producen o se produjeron, sino solo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios; y,

        Que el hecho concreto pueda considerarse que sea un acontecimiento del dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no existe duda ni discusión.

93.     Es oportuno precisar que la presunción es la interpretación lógica de los hechos conocidos que únicamente admite la aplicación de las leyes de la razón, lo cual conlleva a la obtención de un resultado que desde el punto de vista del pensamiento lógico, adquiere un significado o esencia que corresponde o deriva de los hechos conocidos.

94.     Por consiguiente, la presunción no existe por sí, sino que depende de la existencia de datos objetivos aportados al proceso, con los cuales la aplicación lógica de las leyes de la razón pueda tener sentido, y no solo de afirmaciones subjetivas.

95.     Ahora, lo anterior guarda correlación con la protección a los principios constitucionales, pues este Tribunal Electoral ha sostenido que la declaración de validez o nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer con base en el bloque de constitucionalidad y de legalidad e incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto[34].

96.     Asimismo, se tiene presente que existen múltiples principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral que son de observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia entre los partidos políticos, y el principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual sólo la ley puede establecer causales de nulidad.

97.     En este sentido, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia, en tanto persigue que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano.

98.     Por tanto, la vulneración a la prohibición aludida puede afectar la equidad en la contienda, así como al principio de libertad del voto.

99.     Con base en lo expuesto, se ha considerado que los órganos jurisdiccionales, locales y federales, en materia electoral, tienen la atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que los impugnantes hagan valer conceptos de agravio tendentes a demostrar que están plenamente acreditas las causales de nulidad legalmente previstas o, incluso, irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

100.   Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante al procedimiento electoral atinente o a su resultado, podría conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a los principios o preceptos de la Constitución federal, de los tratados internacionales o de la legislación aplicable.

101.   Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son:

a)      La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b)     Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas;

c)      Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional haya producido en el procedimiento electoral, y

d)     Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección.

102.   Así, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o principios constitucionales o convencionales, es necesario que esa violación sea ejecutada, en principio, por los ciudadanos que acuden a sufragar, los integrantes de las mesas directivas de casilla, los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea una irregularidad grave, generalizada o sistemática y, además, determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad.

103.   Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

104.   De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares.

105.   Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano[35].

106.   En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una elección deriva no sólo de las facultades específicas previstas en la legislación electoral, sino también de los principios y valores constitucionales y de los derechos fundamentales previstos constitucionalmente y en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, entre los que se reconocen los derechos político-electorales de votar y ser votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, llevadas a cabo mediante sufragio directo, universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

107.   Lo anterior ha sido recogido, además, en parte de los contenidos de diversas tesis de este Tribunal, para lograr establecer los conceptos integradores del estudio de la causal[36].

8.5. Sobre la prueba ofrecida por la parte actora.

108.   En la demanda únicamente se ofreció la prueba de inspección judicial sobre diversos enlaces de diferentes medios de comunicación que daban noticia de la violencia generalizada reclamada.

109.   Sobre dichas publicaciones, las cuales constituyen notas periodísticas, se ha establecido que sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto[37], debiéndose corroborar con otros medios de prueba, dado que su contenido sólo le es propio del autor de la misma[38].

110.   Ahora, en cuanto a su origen, tal como consta en el acta de inspección judicial, su consulta se realizó a través de diversos enlaces (links) de Internet, por lo cual se dio fe de ingresar a dicha dirección electrónica y se capturo el contenido noticioso de la nota.

111.   Esto implica que su valoración, al provenir de una dirección web, queda sujeto a los demás elementos probatorios para acreditar lo reclamado[39].

8.5.1. Sobre el ámbito territorial de la elección.

112.   La parte actora solicita la nulidad de la elección en el distrito electoral federal 05 en el Estado de Sinaloa.

113.   Dicho distrito está situado en una parte de la ciudad y municipio de Culiacán, como se ilustra a continuación:

CONDENSADO ESTATAL DISTRITAL[40]

PLANO DISTRITAL SECCIONAL[41]

114.   Sobre esto, debe ponderarse que las afectaciones deben tener incidencia en dicho distrito electoral, principalmente, al ser el ámbito sobre el cual se pretende acreditar la afectación reclamada.

8.6. Comprobación.

115.   Refiere la parte actora, que se desataron actos de violencia generalizada en el Estado de Sinaloa, y en específico en el Distrito en cuestión, lo que fue un factor que incidió en la inasistencia o presión sobre de los ciudadanos y funcionarios de casilla en el ejercicio del voto libre, en equidad de condiciones y regido por el principio de legalidad.

116.   Ahora bien, de conformidad a lo previsto en el artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 4, de la Constitución Federal, la autoridad electoral debe instalar los centros de votación y brindar las condiciones necesarias para que los ciudadanos participen de manera activa en el proceso comicial, como funcionarios de casilla, o ejerciendo su derecho al voto.

117.   En el presente caso, se señala que sucedieron actos de violencia en el Estado de Sinaloa, y en específico en el distrito electoral federal por el cual compitió como candidato, sin especificar puntos específicos y focalizados, ni casillas instaladas.

118.   Sin embargo, esas irregularidades no se llevaron a cabo de manera generalizada en el distrito electoral en cuestión; además, se debe tener presente que tales actos no fueron llevados a cabo por alguno de los sujetos que participan directa e inmediatamente en el desarrollo del procedimiento electoral, por lo que no se puede llegar a la conclusión o presunción de que fue una violación generalizada, y que con ello se infundió temor o que fue un factor que incidiera en la inasistencia de los ciudadanos a ejercer su derecho al voto activo.

119.   En efecto, como reconoce el propio actor, los porcentajes de participación y votación o “…resultados de la elección vistos numéricamente podrían dar el mensaje de que se estuvo ante una jornada ejemplar, dada la alta participación de la ciudadanía y el margen amplio entre los resultados de la fórmula vencedora…”, lo cual significa una participación significativa, lo que dista de forma evidente y manifiesta para permitir concluir una afectación evidente, grave y determinante, en el ánimo de la ciudadanía, para ejercer su derecho al voto activo[42].

120.   Ahora, el punto basal de sus argumentos es que la violencia generalizada ocasionó que la ciudadanía acudiera a las urnas con temor, exponiendo como parte de sus agravios el que se ejerció una presión mediática hacia los electores, con motivo de los impactos de violencia hacia actores políticos, sus familiares o simpatizantes, como el secuestro a militantes y candidatos, los asesinatos a familiares de diversos candidatos, que –a decir de la parte actora– tuvieron como finalidad emitir un mensaje de intimidación.

121.   La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, así como en las diversas actas levantadas de sus sesiones con motivo de la jornada electoral[43], no registró algún incidente como los referidos en la demanda, y al constituir documentales públicas las últimas referidas, adquieren valor probatorio pleno[44].

122.   Por su parte, el actor sólo ofreció diversos enlaces o links de Internet en su demanda, con la descripción de diversas notas periodísticas para demostrar su dicho, solicitando la inspección ocular o judicial de las mismas, la cual se verificó el dos de julio de este año.

123.   Del análisis de dichas notas, se puede advertir tres temas.

8.6.1. Descripción cuyos hechos noticiosos son ubicados fuera del distrito electoral federal 05 en el Estado de Sinaloa.

124.   Como se refirió en el marco de estudio, la causal de nulidad de elección tiene que ver con la actualización de diversos elementos dentro del ámbito territorial del tipo de elección a nulificar, por lo que los hechos sucedidos en otro ámbito por regla general, no trascienden al mismo.

125.   En el caso, se tiene que en los enlaces 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21[45], 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 41, 44, 50, 51 y 52, se contienen noticias o entrevistas respecto a localidades o distritos electorales federales diversos al 05 que ahora nos ocupa, por lo cual, las irregularidades reclamadas no se circunscriben al ámbito de elección.

126.   Si bien la parte actora refiere en su demanda que los hechos sucedieron en general en el Estado de Sinaloa, y después especifica que es en el distrito electoral federal 05, lo cierto es que menciona de modo genérico sobre una diversidad de hechos los cuales provocaron irregularidades, como la violencia, y afectaron la libertad del sufragio, pero sin especificar cómo lo sucedido en otros ámbitos territoriales derivaron en dicha situación.

127.   Aun cuando se realizó la inspección solicitada, la parte actora sólo describió parte del contenido de la nota periodística, sin concatenar su contenido con relación a la elección del distrito electoral federal 05.

128.   Quien impugna, debe cumplir con la carga de la afirmación, es decir, que la demanda contenga la narración de hechos y circunstancias en los que descanse la base fáctica de las violaciones que invoque, ya que tales afirmaciones serán las de materia de acreditamiento pleno.

129.   Esto es, para tener algún hecho o circunstancia plenamente acreditada, no debe existir duda sobre su realización, por lo que, para que se pueda arribar a la convicción sobre dicha acreditación, esta debe estar apoyada con los elementos probatorios idóneos; así, para tener plenamente acreditada una irregularidad grave, debe existir en la demanda la afirmación respectiva, y constar en el expediente con los elementos probatorios que demuestren fehacientemente la existencia de dicha irregularidad.

130.   Precisamente estos dos primeros elementos no se acreditan pues los enlaces en cuestión sucedieron en otro ámbito geográfico, sin que la parte actora señalara la incidencia en el distrito en el cual participó, pues aun cuando refiere que todo pudo afectar o generar temor, derivado de lo mediático de los hechos, la misma sólo es una afirmación genérica y subjetiva.

131.   Ello, porque cuando se resuelven los medios impugnativos electorales, aun con la previsión de la suplencia de la expresión de los agravios, dicho deber está íntimamente vinculado con la carga procesal impuesta a los demandantes de explicitar en los escritos iniciales, de manera clara, los hechos en que se basa la impugnación, los agravios ocasionados con el acto o resolución que se reclame y los preceptos presuntamente violados, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento legal, artículo 9, párrafo 1, inciso e).

132.   Así, la suplencia de la queja exige, por un lado, que en la demanda exista la expresión de agravios, aunque la misma sea deficiente o incompleta, y por otro, que igualmente se viertan hechos de los cuales sea posible deducir, en forma clara, algún o algunos agravios.

133.   Ahora bien, en atención a la finalidad tuitiva que reviste la instauración de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el ordenamiento adjetivo electoral, los hechos a partir de los cuales es válido deducir los agravios, no se limitan a aquellos tradicionalmente contenidos en el apartado de la demanda identificados formalmente como tales, sino en general y con independencia del lugar en el cual se encuentren, cualquier expresión de acontecimientos fácticos, el señalamiento de actos o, inclusive, la invocación de preceptos normativos, pues en mayor o menor medida, todas estas locuciones conllevan o refieren hechos, a partir de los cuales, —una vez adminiculados con el resto de los hechos y conceptos de agravio—, permiten al juzgador advertir con claridad, la causa generadora de efectos perjudiciales en contra del promovente.

134.   Por otra parte, este Tribunal ha sostenido en forma reiterada, que la institución de la suplencia en la expresión de agravios sólo conduce a perfeccionar los argumentos deficientes, sin que sea permisible el estudio oficioso de aspectos que el actor omitió señalar en su respectivo escrito de demanda, en razón de que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación en el papel del promovente, circunstancia que, además, sería una violación al principio de congruencia que debe regir en toda resolución judicial.

135.   Esto encuentra sustento en la tesis relevante CXXXVIII/2002, “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”[46], así como en la jurisprudencia 28/2009 de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”[47].

136.   Así, en virtud de que existen deficiencias y omisiones en los planteamientos de la parte actora y los mismos no pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, ya que no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar; así como los mismos no se pueden adminicular con otros medios de prueba para generar algún un indicio de que existieron las mencionadas irregularidades, el análisis de sus agravio respecto a los enlaces en cuestión devienen inoperante en términos de lo previsto en la Ley de Medios, articulo 23, apartado 1.

8.6.2. Descripción cuyos hechos noticiosos son generales sin ubicación específica en Culiacán.

137.   Cómo se indicó en el apartado del marco teórico, el distrito electoral federal 05 abarca parte del municipio y la ciudad de Culiacán, por lo cual la parte actora debió referir las violaciones generalizadas en su ámbito de elección.

138.   Del análisis de los enlaces 1, 3, 4, 5, 9, 11, 15, 25, 28, 37, 38, 43, 48, 49 y 53, se aprecia una descripción de hechos noticiosos, columnas de opinión o entrevistas a diversos personajes del ámbito del Estado, sin ubicación dentro del distrito, con información genérica, y a veces proporcionando algunos lugares ubicables fuera del distrito, sin precisar circunstancias de modo y tiempo en algunos de ellos[48].

139.   Constituyen en su mayoría opiniones sobre lo acontecido antes o durante la jornada electoral, constituyendo apreciaciones personales de quienes emiten o comunican la noticia.

140.   De esta manera, dichas notas periodísticas generen un leve indicio sobre una situación en general sucedida en el Estado de Sinaloa, misma que resulta insuficiente para demostrar las afirmaciones de la parte actora.

141.   Como se indicó en el punto anterior, existe una carga procesal para acreditar su dicho, siendo las notas periodísticas una forma, pero no la única.

142.   Además de ello, nuevamente la parte actora, es omisa en precisar cómo se relacionada cada una de ellas con lo sucedido en el distrito electoral federal 05, de qué manera la opinión expresada por los columnistas o entrevistados, se concatena con los agravios referentes a la generación de un clima de temor hacia el electorado e integrantes de las mesas directivas de casilla, afectando diversos principios constitucionales.

143.   De esta manera, resultan genéricos e imprecisos los hechos descritos en dichas notas, así como las descripciones realizadas por la parte actora de las mismas, ya que la prueba es a su cargo y no de esta Sala, al estar impedida de suplir los agravios a partir de notas periodísticas, sin que se expresen motivos o circunstancias por las cuales se tiene una concatenación con los resultados electorales, la participación ciudadana en las elecciones, y de qué de no haber ocurrido, el resultado de la elección hubiera sido otro.

144.   Dichos aspectos quedan a cargo de quien afirma, según el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios, quien estaba obligada a proporcionar o describir cómo los enlaces o links estaba interrelacionados para llegar a la conclusión de la nulidad de la elección por violaciones graves, generalizadas y no reparables, afectando diversos principios constitucionales.

145.   De ahí que resulten inoperantes los agravios bajo el análisis de estos enlaces.

8.6.3. Descripción cuyos hechos noticiosos tienen ubicación en Culiacán.

146.   Respecto a los enlaces 2, 16, 23, 29, 30, 35 (algunas notas ahí contenidas), 36, 39, 40, 42, 45, 47 y 48, de su contenido se advierten que sucedieron en la ciudad sede del distrito electoral federal 05.

147.   Sin embargo, no se especifica el lugar ocurrido así como la casilla sobre las cuales tuvo afectación.

148.   Ahora, de su análisis, se obtiene que respecto al enlace 29 no pudo corroborarse la afirmación de la parte actora, al omitir señalar la dirección electrónica de Internet de la misma, ante la cual carece de valor probatorio la inserción hecha en la demanda, al incumplir con la carga probatoria de proporcional el enlace para su verificación.

149.   En cuanto al resto, se pueden dividir en dos grupos.

8.6.3.1. Hechos generales de violencia.

150.   En los enlaces 23, 30, 35, 36 y 40, contienen noticias sobre hechos aparentemente de violencia pero sin una relación expresa con el proceso electoral, sino situaciones de la comisión de ilícitos o presuntos actos delictivos.

151.   Esto es, aun cuando refieren lugares como el de un partido político o una casilla, no hay mayores elementos para considerarlos relacionados con aspectos de la jornada electoral.

152.   De esta manera, la parte actora incumple con la carga de la prueba para demostrar cómo del contenido de estos hechos noticiosos se demuestra la violencia generalizada, irregularidades graves, que derivaron la afectación al principio de libertad del voto y otros más, pues únicamente describió parte del contenido del enlace, sin precisar cómo estos generaron violencia sobre la ciudadanía, dieron un mensaje de intimidación, o afectaron a diversas personas relacionadas con militantes o  candidatos, o cómo los hechos violentos tenían como finalidad una cuestión político-electoral.

8.6.3.2. Hechos de violencia específicos.

153.   En los enlaces 2, 16, 35 (sólo la nota del secuestro), 39, 42, 45 y 47, pueden tener relación con una violencia política.

154.   La nota más destacada es la privación y posterior liberación de un dirigente del Partido Revolucionario Institucional acontecido en la ciudad de Culiacán, el posicionamiento de diversos partidos sobre dicha situación, así como su liberación y otra presunta agresión a un integrante de dicho partido.

155.   Aun cuando se puede conceder que lo anterior aconteció en el distrito electoral federal 05, dicha situación aunque condenable, no fue generalizada en la elección de dicho distrito electoral federal, así como tampoco existe prueba proporcionada por la parte actora para acreditar que esto tuvo como finalidad un mensaje de intimidación (afirmación genérica contenida en su demanda, sin especificar un hecho en concreto), pues la última nota sobre su liberación, no aporta elementos para demostrar que tenía una finalidad política.

156.   De igual modo resulta insuficiente una nota más sobre un presunto secuestro de otra persona integrante de un partido político, pues no se aportan mayores detalles (tanto en la referida nota como por la parte actora) para establecer el presunto vínculo con el proceso electoral.

157.   Incluso, las opiniones en otras notas refieren el punto de vista del resto de los participantes políticos, pero no así, la demostración del fin buscado con dicho hecho ilícito.

158.   Es decir, pudiera existir un leve indicio de que se buscaba generar violencia y permear en la libertad del sufragio, pero como se señaló, no aconteció de manera generalizada, sólo hay prueba del hecho en sí pero no de su trascendencia en los resultados y participación electoral, así como tampoco razonamientos y agravios concretos de la parte actora que especifique cómo lo sucedido en la ciudad de Culiacán, tuvo afectación en la elección federal.

159.   Esto es, sólo leves indicios de que ocurrieron algunos actos delictivos ocurridos al parecer en la ciudad de Culiacán, sin que se argumente y menos demuestre como trascendieron para afectar la elección federal.

160.   Se reitera, la suplencia de los agravios no tiende a relevar de la carga probatoria a las partes para serle atribuida a un órgano jurisdiccional, creándolos a partir de las pruebas de las partes o del resultado de las diligencias.

161.   Es necesario proporcionar elementos mínimos, concretos y específicos, de la manera de interrelación entre los hechos a probar y los elementos de convicción tendientes a ese fin, sin necesariamente requerir un formalismo excesivo.

162.   En el caso, la parte actora únicamente describe parte de los enlaces, los enuncia con posterioridad en su demanda como temáticas, y a continuación realiza afirmaciones generales sobre la violencia acontecida, pero sin especificar qué hechos sucedieron en el distrito, cómo afectaron los principios y que dichas situaciones ilícitas tenían como fin ese menoscabo en la libertad de elección y demerito de los principios constitucionales de equidad e igualdad.

163.   En tal orden de ideas, resultan ineficaces dichos elementos de convicción para demostrar su dicho.

8.6.4. Conclusión.

164.   De lo expuesto, no se acredita los agravios y afectaciones expuestas por la parte actora pues, como se ha indicado, sus afirmaciones carecen de sustento probatorio suficiente, por lo cual son expresiones genéricas, dogmáticas y de apreciación subjetiva; esto es, parte de situaciones hipotéticas[49], sin cumplir con una mínima carga probatoria para sustentar su dicho[50].

165.   Incluso, conforme a la línea jurisprudencial de esta Sala Regional[51], para que una irregularidad acarree la nulidad de la elección, además de la configuración de los elementos previstos en el artículo 78 de la Ley de Medios, es necesario también:

        Que se acrediten plenamente las violaciones sustanciales —en este caso, la comisión de los actos atentatorios de los principios de equidad, legalidad y libertad del sufragio— en el marco de la elección cuya validez se cuestiona[52];

        Que concurran los factores cualitativo y cuantitativo del carácter determinante de una irregularidad, es decir, que se acredite la vulneración a determinados principios constitucionales y definir si tal vulneración definió el resultado de la elección[53].

166.   Todo lo cual, como se expuso, es insuficiente en lo planteado por la parte actora, por lo que prevalece un impedimento técnico para abordar lo reseñado en su demanda (ausencia de carga probatoria adecuada), lo cual como se dijo, torna inoperante sus reclamos.

167.   Por ello, tampoco logra demostrar cómo o de qué grado fue la afectación para influir en los resultados, esto es cómo se alteraron los resultados de la elección controvertida al vulnerar diversos principios e influir sobre los electores, ya que sólo constituye una narrativa sustentada en varias suposiciones sin soporte probatorio, lo que de suyo conlleva a establecer que para analizar un impacto de la presunta vulneración a la veda electoral, debe establecerse primero las pruebas para demostrar la vulneración reclamada (demeritado inicialmente), y en segundo lugar, el grado afectación o influencia en la elección (tampoco demostrado).

168.   En el caso, como se ha señalado, el grado de afectación no queda suficientemente demostrado, precisamente ante la ausencia de elementos de pruebas.

169.   En ese sentido, otorgarle eficacia a los hechos que fueron ajenos al desarrollo del procedimiento electoral, focalizados, inidentificables en otros lugares y parcialmente en el distrito electoral federal 05 y llevados a cabo por sujetos diversos a las autoridades administrativas electorales, los integrantes de las mesas directivas de casilla, partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes y electores, sería tanto, como sostuvo la Sala Superior de este Tribunal en el expediente SUP-REC-492/2015, reconocer que la dirección y rectoría del Estado Mexicano, está a merced o bajo la tutela de una hegemonía individual o grupal, desvirtuando el sistema democrático que rige en los Estados Unidos Mexicanos.

170.   Conforme a lo expuesto, los hechos acreditados no son suficientes para tener por actualizada la causal de nulidad invocada, debido a que si bien es cierto que, efectivamente existieron algunos actos de violencia, los mismos fueron ejecutados, en su mayoría, en diversa geografía electoral de la que se solicita la nulidad; además, fueron focalizadas y no generalizadas, por lo que no deviene determinante para el resultado de la elección.

171.   De ahí la precisión que en el caso, no existe algún elemento de prueba por el cual se haya podido acreditar el carácter generalizado, grave y determinante de las violaciones alegadas; por tanto, debe ponderarse con mayor fuerza la validez de la elección considerando que, en la jornada electoral, el valor jurídico más importante y trascendente es el voto universal, libre, secreto y directo, así como personal e intransferible, ya que a través de éste se expresa cuál es la voluntad ciudadana de quienes deben ser sus representantes, por lo que resulta de vital importancia que se respete el sufragio emitido en las casillas, pues es la manifestación externa del interés cívico de las personas por participar e intervenir en la toma de decisiones que afectan la vida nacional.

172.   Por tanto, no es concebible que por ciertas irregularidades o anomalías que se generaran en algunas de las casillas el día de la jornada electoral, se tenga que anular la votación recibida en las mismas; lo anterior, a fin de no afectar el derecho de voto activo de los electores que lo expresaron válidamente y que no está cuestionado; lo que corrobora la conformación del sistema de nulidades en materia electoral y el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que se sustenta en la máxima "lo útil no puede ser viciado por lo inútil"[54], toda vez que, junto a las irregularidades ya referidas, también se debe valorar los votos efectivamente emitidos y contabilizados, pues los ciudadanos que sí ejercieron su derecho al voto, merecen que el mismo sea respetado.

173.   En consecuencia, se debe estar siempre a favor de la validez de la elección y no por la nulidad de la misma, a efecto de preservar el sufragio de los ciudadanos que decidieron ejercer su derecho constitucional de votar en las elecciones populares; además, porque tales actos cuestionados no trascendieron al desarrollo normal de la jornada electoral en ese distrito electoral federal.

9. ESTUDIO DE FONDO SG-JIN-99/2021

9.1. Excepción al principio de determinancia como elemento configurativo de las causales de nulidad de la votación recibida en casilla.

174.   No escapa a esta Sala Regional, el que la parte actora pretenda que al ser estudiados los agravios que hace valer respecto de las casillas impugnadas, la determinancia de la infracción reclamada sea considerada no frente al resultado de la votación recibida en casilla ni de los resultados del cómputo distrital de que se trate, sino respecto de la votación total de la elección de diputados.  

175.   Ello, porque de su pretensión es que la impugnación que hace valer tiene como finalidad que se deduzca de la votación emitida, en los trescientos distritos electorales del país, la votación necesaria para garantizar la permanencia del registro de FxM, pues cada uno de los votos que pueda recuperar el partido se debe considerar útil para la conservación de dicho registro, ocasionando que la determinancia acontezca conforme a su propia situación.

176.   Sin embargo, se debe estar a lo establecido en la Jurisprudencia 9/98, de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[55]; así como en las diversas 39/2002 y 13/2000, cuyos títulos son, respectivamente, “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”[56]; y, “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”[57].

177.   Lo anterior, porque conforme al criterio citado en primer término, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", la nulidad de la votación recibida en alguna casilla solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados, sean determinantes para el resultado de la votación.

178.   Asimismo, establece que la nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por irregularidades e imperfecciones menores, máxime cuando estas no sean determinantes para el resultado de la votación o resulten insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

179.   Entonces, el sólo hecho de que la votación total de la elección de diputados federales le llegará a significar, como señala, la pérdida de su registro —dado el porcentaje de votos emitidos en su favor—, ello no justifica la anulación de la votación total recibida en las casillas que aquí se impugnan, so pretexto de la preservación del registro partidario y en atención al fin que persiguen los partidos políticos como entidades de interés público, máxime si se considera que aceptar dicha postura, significaría contravenir el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados en favor de una de las fuerzas políticas contendientes y en detrimento del resto que obtuvo votos en su favor, así como en perjuicio de los propios ciudadanos que emitieron válidamente su voto el día de la jornada electoral.

180.   Lo anterior, no contraviene la tesis relevante L/2002 que invoca el partido actor, cuyo rubro corresponde a: “DETERMINANCIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO NECESARIO PARA CONSERVAR SU REGISTRO, DEBE SER OBJETO DE ESTUDIO AL MOMENTO DE ANALIZAR ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL”[58], toda vez que al momento de verificar si el juicio de revisión constitucional electoral cumple con el requisito de determinancia contenido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser objeto de análisis el hecho de que la recomposición del resultado final de la votación, pueda afectar sustancialmente el porcentaje de votación necesario para que un partido político conserve o pierda el registro o reconocimiento en la entidad.

181.   Ello, porque el criterio contenido en la tesis relevante sería inaplicable al caso concreto, pues la determinancia a la que se refiere, es la que se exige como requisito de procedibilidad en el juicio de revisión constitucional electoral y no a la determinancia como elemento configurativo de las causales de nulidad de votación recibida en casilla.

182.   Por los motivos y fundamentos expuestos, el análisis de las causales de nulidad y la determinancia, se hará conforme a lo razonado en el presente apartado, y no en la forma propuesta por el partido accionante.

183.   Consecuentemente, este órgano jurisdiccional se avoca al análisis de los motivos de queja esgrimidos por la parte actora, respecto a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, así como el diverso invocado en la parte final de su demanda.

9.2. Solicitud de recuento.

184.   Lo reclamado en su demanda fue objeto de resolución en el incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, resuelto el día de la fecha, en sesión pública, en el sentido de declarar improcedente dicho incidente; determinación que se invoca como un hecho público y notorio[59].

9.3. Nulidad de elección por difusión de mensajes en periodo de veda.

185.   El Partido FxM solicita la nulidad de la elección distrital impugnada por la vulneración grave a los principios constitucionales debido a que, durante el periodo de veda electoral, diversas personas emitieron mensajes de apoyo en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo cual, a su juicio, vulneró el principio de equidad debido a que los demás institutos políticos se ciñeron a las reglas de participación.

186.   Agrega que no es la primera ocasión en que dicho partido recurre a ese tipo de conductas, por lo que se debe estimar que se trata de un acto de gravedad especial ya que dicho instituto nuevamente se promocionó en una época en la que está estrictamente prohibido.

187.   Al respecto, menciona que no sólo se debe tomar en cuenta las personas que difundieron este tipo de apoyos, sino que ello trascendió a un número exponencial debido al total de seguidores que tiene cada una de las cuentas de esas personas; por lo que existe una alta probabilidad de que esas publicaciones no quedaron en la emisión del mensaje, sino que trascendió hacia todos aquellos que la hayan retuiteado.

188.   Por otro lado, refiere que la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que existe un riesgo exponencial en mensajes difundidos en una red social por parte de personas que ostentan cierta relevancia pública, por ello, sostiene que los mensajes difundidos revelan una multicidad de elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad y, por el contrario, demuestran que se trató de una estrategia propagandisticas dirigida a beneficiar al PVEM, ello con indepedencia de que estos ciudadanos hubieran recibido un pago.

189.   Por ende, sostiene que la publicación de esos mensajes en periodo de veda, puso en riesgo los prinicipios rectores de la elección que transcurria, tomando en cuenta el universo potencial de destinatarios de estos tweets.

9.3.1. Decisión.

190.   Los agravios son inoperantes pues no se ofrecen pruebas suficientes para demostrar la existencia de la propaganda base de la acción.

9.3.2. Marco teórico.

191.   Este Tribunal Electoral ha sostenido que la declaración de validez o nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer con base en el bloque de constitucionalidad y de legalidad e incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto[60].

192.   Asimismo, se tiene presente que existen múltiples principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral que son de observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia entre los partidos políticos, y el principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual sólo la ley puede establecer causales de nulidad.

193.   También esta Sala Regional ha sostenido[61] que la restricción a la propaganda el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, específicamente, cuando su ejercicio tenga como propósito la difusión de contenidos electorales en el referido periodo, tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el voto del ciudadano se dé libremente sin recibir ningún tipo de presión.

194.   Por tanto, la vulneración a la prohibición aludida puede afectar la equidad en la contienda, así como al principio de libertad del voto.

195.   Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son:

e)      La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

f)       Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas;

g)      Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional haya producido en el procedimiento electoral, y

h)     Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección.

196.   Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

197.   De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares.

198.   Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano[62].

199.   En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una elección deriva no sólo de las facultades específicas previstas en la legislación electoral, sino también de los principios y valores constitucionales y de los derechos fundamentales previstos constitucionalmente y en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, entre los que se reconocen los derechos político-electorales de votar y ser votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, llevadas a cabo mediante sufragio directo, universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

9.3.3. Comprobación.

200.   En el caso, el Partido FxM solicita la nulidad de elección debido a que se dio una conducta generalizada consistente en la difusión de mensajes de apoyo en favor del PVEM por parte de diversas personas que denomina “influencer”.

201.   Sin embargo, conforme lo establece el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, existe la carga probatoria sobre quien afirma un determinado hecho.

202.   En el caso, en la demanda no se anexa algún documento o medio de prueba tendiente a demostrar su dicho sobre los mensajes presuntamente difundidos en varias cuentas de redes sociales (Twitter, Instagram, por ejemplo) cuyo cuadro inserta en su escrito.

203.   En todo caso, hace una enunciación de presuntas cuentas de redes sociales, con un número determinado que identifica como seguidores, pero sin aportar un elemento aun indiciario de la vinculación de dichas cuentas, lo que las personas titulares de las mismas “difundieron como influencers”, así como el contenido o contexto.

204.   Por el contrario, se limita a realizar una narrativa en la demanda sin acompañar pruebas plenas que permitan demostrar la existencia del acontecimiento de tales hechos.

205.   Aunque refiere la existencia de los hechos, también lo es que esta Sala no tiene elementos para tener por probadas las manifestaciones que, a su decir, provinieron de las cuentas de las redes sociales, así como corroborar los datos asentados en ellas, incluso allegarse la existencia de posibles quejas o denuncias, omitiendo la mínima obligación procesal prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, sobre el ofrecimiento de pruebas[63].

206.   A mayor abundamiento, cabe precisar que, por sí sola, la conducta señalada por el partido actor no necesariamente implica por sí misma la generación de un daño automático, real y verificable a los principios constitucionales que rigen los procesos comiciales.

207.   Lo anterior es así, ya que se ha establecido[64] que en este tipo de conductas no se puede saber objetivamente el número de personas que recibieron los mensajes señalados o las posibles repercusiones en la voluntad de los electores que tuvieron conocimiento de los mismos.

208.   Inclusive, no sería suficiente para declarar la nulidad, la sola existencia de los mensajes, pues además, debería demostrarse que trascendieron al total de seguidores que tiene cada una de las cuentas, ya que solo así podrían cuantificarse las repercusiones directas en el resultado de la elección impugnada.

209.   Por lo anterior, ante la ausencia de pruebas de la existencia de los mensajes y de sus alcances, resulta inatendible la petición de nulidad de la elección. 

210.   No demerita lo anterior que el partido FXM señale que existió una gravedad especial en los mensajes difundidos debido a que fue una estrategia que se repitió el proceso pasado, no obstante, ese hecho no es un aspecto que pueda ser tomado en cuenta, ya que no corresponde al análisis del presente juicio de inconformidad la valoración de conductas relativas a procesos electorales pasados.

211.   Además de lo expuesto, como se ha indicado, sus afirmaciones carecen de sustento probatorio alguno, incluyendo los supuestos cálculos sobre una posible trascendencia de los mensajes de las personas “influencers” sobre sus “seguidores”, por lo cual son expresiones dogmáticas sobre la presunta distribución de los mensajes en redes sociales, y de que estos alcanzaron a los electores.

212.   Esto es, parte de situaciones hipotéticas[65], sin cumplir con una mínima carga probatoria para sustentar su dicho[66].

10. ESTUDIO DE FONDO SG-JIN-98/2021

213.   El PES invoca como causal de nulidad la prevista en el inciso k) del artículo 75 de la Ley de Medios, respecto de ciento cincuenta y seis casillas.

214.   Ahora, este Tribunal ha sostenido una línea jurisprudencial constante en el sentido de que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación[67], exponiendo, desde luego, dichos hechos que la motiva[68].

215.   En el caso, la parte actora señala reitera “El día 12 de junio de 2021, se hace una revisión en los encartes publicados en los estrados del consejo distrital 05 y se encuentra que en la casilla hubo sustitución…”, de los funcionarios cuyos cargos refiere, agregando que no se acredita que los funcionarios sustitutos se encuentren en la lista nominal de electores; por lo cual solicita la revisión de las personas mencionadas en el encarte que fueron sustituidas para efecto de acreditar que existen en la lista nominal de electores.  

216.   De lo anterior se evidencia la causal de nulidad de votación recibida en casilla por la cual se deben estudiar sus agravios es la relativa a la establecida en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, consistente en la integración de las mesas directivas de casilla.

10.1. Casillas inexistentes en el distrito o cuya identificación no corresponde a las publicadas en el Encarte.

217.   La Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, y es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen[69].

218.   De igual modo, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que cuando se resuelven los medios impugnativos electorales, entre los cuales se encuentra el juicio de inconformidad, la Sala Regional debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando de los mismos puedan derivarse claramente de los hechos expuestos en el escrito de demanda, ello atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Medios, en su artículo 23, párrafo 1.

219.   El deber precisado está íntimamente vinculado con la carga procesal impuesta a los demandantes de explicitar en los escritos iniciales, de manera clara, los hechos en que se basa la impugnación, los agravios ocasionados con el acto o resolución que se reclame y los preceptos presuntamente violados, de conformidad con lo previsto en el referido ordenamiento legal, artículo 9, párrafo 1, inciso e).

220.   De los preceptos invocados, es posible concluir que la suplencia de la queja exige, por un lado, que en la demanda exista la expresión de agravios, aunque la misma sea deficiente o incompleta, y por otro, que igualmente se viertan hechos de los cuales sea posible deducir, en forma clara, algún o algunos agravios.

221.   Ahora, en atención a la finalidad tuitiva que reviste la instauración de la figura de la suplencia de la queja deficiente en el ordenamiento adjetivo electoral, los hechos a partir de los cuales es válido deducir los agravios, no se limitan a aquellos tradicionalmente contenidos en el apartado de la demanda identificados formalmente como tales, sino en general y con independencia del lugar en el cual se encuentren, cualquier expresión de acontecimientos fácticos, el señalamiento de actos o, inclusive, la invocación de preceptos normativos, pues en mayor o menor medida, todas estas locuciones conllevan o refieren hechos, a partir de los cuales, —una vez adminiculados con el resto de los hechos y conceptos de agravio—, permiten al juzgador advertir con claridad, la causa generadora de efectos perjudiciales en contra del promovente.

222.   Por otra parte, este Tribunal ha sostenido en forma reiterada, que la institución de la suplencia en la expresión de agravios sólo conduce a perfeccionar los argumentos deficientes, sin que sea permisible el estudio oficioso de aspectos que el actor omitió señalar en su respectivo escrito de demanda, en razón de que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación en el papel del promovente, circunstancia que, además, sería una violación al principio de congruencia que debe regir en toda resolución judicial.

223.   De forma particular, tratándose del juicio de inconformidad, el artículo 52, inciso c), de la Ley de Medios, prevé que un requisito que debe contener el escrito de demanda en los juicios de inconformidad, es hacer mención de las casillas que la parte actora impugna, así como la expresión en forma clara y precisa de cuáles fueron las irregularidades que afirma existieron en cada una de ellas, relativas a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios.

224.   En este orden de ideas, en primer lugar, es necesario señalar las casillas de las cuales se pretenda la nulidad de la votación; además, se debe señalar, la causal de nulidad que en cada caso se invoque, y precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que de esta forma este órgano jurisdiccional pueda avocarse al estudio de éstas y estar en aptitud de determinar si le asiste o no la razón.

225.   En efecto, la Sala Superior ha determinado que es al demandante al que le compete cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan, pues no basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa que el día de la jornada electoral hubieron irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como su contraparte, que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su Derecho convenga.

226.   Por ello, si el demandante es omiso en narrar de forma concreta los puntos específicos sobre los eventos que alude, malamente se permitiría que a través de los medios de convicción que se tienen, se dieran a conocer hechos integradores de causales de nulidad de votación recibida en casilla no hechas valer como lo marca la ley.

227.   Pues como ya se explicó, el hecho de que el actor mencione de manera genérica, las causales de nulidad por las que pretende sean anuladas la votación de las casillas, sin precisar cuáles son las que pretende impugnar deja a este órgano jurisdiccional sin posibilidad de realizar un estudio.

228.   Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se encuentra en la jurisprudencia 9/2002 de rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA"[70].

229.   Incluso la Sala Superior de este Tribunal ha sustentado en el asunto SUP-JDC-1200/2015 y acumulados, que el principio de suplencia en la deficiencia en la expresión de los agravios tiene su límite, por una parte, en las propias facultades discrecionales de la autoridad jurisdiccional para deducirlos de los hechos expuestos y, por otra, en la circunstancia de que los planteamientos del actor sean inviables para atacar el acto impugnado, lo cual actúa cuando son especialmente genéricos, vagos e imprecisos, o se refieren a cuestiones ajenas a la materia de la controversia; es decir, no toda deficiencia de una demanda es susceptible de suplirse por el órgano de control de la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales emisoras de las determinaciones reclamadas, porque si bien la expresión de los agravios de ninguna manera está sujeta a una forma sacramental o inamovible, en tanto que éstos pueden encontrarse en cualquier apartado del libelo inicial, también lo es que los que se hagan valer, deben ser, necesariamente, argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la autoridad responsable.

10.1.1. Caso concreto.

230.   Relacionado con lo anterior, y considerando el oficio INE/SIN/CD05/0625/2021, se desprende que la parte actora invocó la nulidad de casillas en mesas receptoras de votación inexistentes conforme al Encarte, el cual, concatenado con el oficio referido, en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, los elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

231.   De esta forma, no sería dable suplir la deficiencia de los agravios cuando identifica casillas de forma clara y estás no existan en el distrito electoral, pues al sólo mencionar el cargo, esta Sala no está constreñida de manera oficiosa a realizar un estudio de cuál era la casilla realmente controvertida, al ser omiso en aportar elementos identificatorios (domicilio, nombres de funcionarios, por ejemplo), por lo cual, según el marco relatado con antelación a este caso, el órgano jurisdiccional correría el riesgo de sustituirse enteramente en la voluntad impugnativa de una de las partes, rompiendo los principios rectores de la función judicial.

232.   Por lo anterior, son inoperantes los agravios de las casillas referidas a continuación, virtud a su inexistencia en el Encarte y en el Distrito Electoral Federal 05 en el Estado de Sinaloa.

233.   En ese sentido, además de lo indicado con antelación, al no ubicarse las secciones electorales en el distrito electoral, se insiste, existe impedimento legal para efectuar su estudio, pues además de que la documentación es inexistente para la autoridad responsable, conforme a los requisitos previstos para el juicio de inconformidad, la nulidad se efectúa sobre los cómputos distritales específicos, sin extenderse a otros tipos de elección y ámbitos geográficos electorales.

234.   Situación distinta ocurriría en el caso de citarse una casilla contigua sin número (“C”), pues únicamente si en la referida sección se instaló una casilla básica (“B” o “B1”) y una contigua, se entenderá que es la contigua 1; pero si existen más mesas receptoras de votación contiguas, se estaría en el supuesto de inoperancia indicado con antelación, ya que implicaría la sustitución de la Sala en la parte actora para configurar su agravio, al ser imprecisa su identificación.

10.2. Marco teórico.

235.   Procede el análisis de los motivos de queja esgrimidos por la parte actora, sistematizando su estudio, y excluidas las casillas referidas en el cuadro anterior, mediante un agrupamiento sobre la materia de controversia, atendiendo a la causal citada al inicio de este apartado.