JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: SG-JDC-11346/2015 Y SG-JDC-11347/2015

ACTORES: JUAN JOSÉ LAM ANGULO Y DAVID SECUNDINO GALVÁN CÁZARES

TERCEROS INTERESADOS: MYRNA LORENA LEYVA PÉREZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: ALEJANDRO TORRES ALBARRÁN

Guadalajara, Jalisco, a dos de septiembre de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-11346/2015 y SG-JDC-11347/2015, promovidos por Juan José Lam Angulo y David Secundino Galván Cázares, en su calidad de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional, postulados por el Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, respectivamente, a fin de impugnar del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, la resolución de veinte de julio del presente año, recaída a los expedientes RQ-PP-28/2015, y sus acumulados RQ-SP-29/2015, JDC-PP-20/2015 y JDC-SP-21/2015, en la que el tribunal responsable determinó, entre otras cuestiones, declarar infundados los motivos de disenso que hicieron valer los accionantes y, por ende, confirmar en sus términos el Acuerdo IEEPC/CG/256/15 de veintinueve de junio anterior, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por el que declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, se asignaron diputados y se otorgaron las constancias respectivas.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la demanda y demás constancias que obran agregadas al expediente se advierte lo siguiente:

1.  Asignación de diputados. Mediante acuerdo IEEPC/CG/256/15 de veintinueve de junio de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, llevó a cabo la declaración de validez de la elección de diputados locales por el principio de representación proporcional; la asignación de diputados y otorgó las constancias correspondientes.

2.  Presentación de los medios de impugnación locales. Con fechas uno y tres de julio de dos mil quince, Selder Guadalupe Gracia Tánori, Alejandro Rodríguez Zapata, Juan José Lam Angulo y David Secundino Galván Cázares, el primero, en su carácter de representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del instituto electoral local; el segundo en su carácter de  Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido Movimiento Ciudadano; y los dos restantes por su propio derecho, en su carácter de candidatos al cargo de diputados locales, propuestos respectivamente por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, interpusieron recursos de queja, los dos primeros, y juicios ciudadanos locales los restantes, en contra del Acuerdo referido en el punto anterior.

3.  Admisión y acumulación de las demandas. Por acuerdos de diecisiete y diecinueve de julio del presente año; se admitieron los recursos interpuestos; y al advertirse la coincidencia en cuanto al acto impugnado en todas  las demandas, se ordenó la acumulación de los expedientes RQ-SP-29/2015, JDC-PP-20/2015 y JDC-SP-21/2015, al RQ-PP- 28/2015 por ser éste el más antiguo.

4.  Resolución impugnada. El veinte de julio de dos mil quince, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora emitió sentencia en la que determinó: sobreseer el recurso de queja interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática; declarar inatendibles los agravios hechos valer por Movimiento Ciudadano, e infundados los propuestos por Juan José Lam Angulo y David Secundino Galván Cázares; por ende, confirmar en sus términos el acuerdo impugnado.

5.  Presentación de medios de impugnación extraordinarios. Inconformes con la referida resolución, con fechas veintitrés y veintisiete de julio pasado, Juan José Lam Angulo y David Secundino Galván Cázares, promovieron sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.   

II. Turno y radicación. Recibidas las demandas y anexos relativos al trámite correspondientes, mediante acuerdos de treinta y uno de julio pasado, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó registrar las demandas como juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con las claves de expedientes SG-JDC-11346/2015 y SG-JDC-11347/2015 respectivamente, asimismo, determinó turnarlos a la ponencia del Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez, donde fueron radicados el cuatro de agosto posterior.

III. Admisión y cierre de instrucción. Mediante acuerdos de once de agosto siguiente, los juicios de referencia fueron admitidos por el Magistrado Instructor y, al no existir diligencia pendiente de desahogar, en dichos procedimientos se cerró la instrucción mediante proveído de dos de septiembre posterior, con lo cual quedaron en estado de resolución, ordenándose formular el respectivo proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver los presentes asuntos;[1] lo anterior, por tratarse de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por ciudadanos, para controvertir la resolución que confirmó en sus términos el Acuerdo IEEPC/CG/256/15 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, por el que declaró la validez de la elección de diputados locales por el principio de representación proporcional, asignó diputados y se otorgó las constancias respectivas; lo cual es materia de conocimiento de las Salas Regionales, y en concreto de este órgano de control constitucional, pues la sentencia impugnada proviene del Tribunal Estatal Electoral de la mencionada entidad federativa, la cual pertenece a la Primera Circunscripción Plurinominal, en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Esta instancia de control constitucional advierte que existe conexidad entre los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-11346/2015 y SG-JDC-11347/2015, ya que sus promotores controvierten la misma sentencia, aducen una misma pretensión —la revocación de dicha sentencia— y similar causa de pedir —ilegalidad de las consideraciones vertidas por la autoridad responsable para conformar el acto controvertido en la instancia primigenia—; asimismo, existe identidad en la autoridad señalada como responsable –Tribunal Estatal Electoral de Sonora—.

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 79 y 80 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente decretar la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-11347/2015 al diverso SG-JDC-11346/2015 por ser este el más antiguo, a efecto de que sean decididos de manera conjunta, para facilitar su pronta y congruente resolución.

Por lo anterior, deberá glosarse copia certificada de este fallo al expediente acumulado.

TERCERO. Terceros interesados. En el trámite de los juicios ciudadanos SG-JDC-11346/2015 y SG-JDC-11347/2015, comparecieron Myrna Lorena Leyva Pérez —quien se ostenta como diputada local electa, postulada por el Partido de la Revolución Democrática— asimismo, los partidos políticos MORENA y Movimiento Ciudadano, a través de sus representantes ante el Consejo General del instituto electoral local, mediante escritos presentados ante la autoridad responsable dentro del plazo de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En sus escritos, hicieron constar el nombre del tercero interesado; domicilio para recibir notificaciones; precisaron la razón e interés jurídico en que fundan sus pretensiones concretas; y contienen la firma autógrafa de los respectivos promoventes. Por lo anterior, se advierte que cumplen con lo especificado en el numeral 17, párrafo 4 del ordenamiento citado.

Asimismo cumplen con lo dispuesto en el artículo 12 párrafo 1 inciso c) de la ley invocada, pues tienen un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor, toda vez que la primera de los promoventes, aparece como diputada de representación proporcional electa al haber sido registrada como propietaria de la segunda fórmula de candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática para la respectiva elección en Sonora; asimismo, a los institutos políticos aludidos, les fue reconocida una y dos diputaciones por el referido principio, sin que tuvieran que ceder en el orden de prelación de candidatos que registró para el mismo fin. Lo anterior, acorde a lo que se desprende del Acuerdo IEEPC/CG/256/15.[2]

Por último, se reconoce la personería de quienes comparecen a nombre de los partidos políticos, por así haberlo acreditado mediante constancias adjuntas a sus respectivos escritos de terceros interesados.[3]

CUARTO. Requisitos de las demandas, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-11346/2015 y SG-JDC-11347/2015. En los juicios en estudio, se surten los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, párrafo 1 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se razona a continuación.

I. Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito ante el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, señalan domicilio para recibir notificaciones —aunque fuera de la ciudad sede de esta sala Regional, como se acordó en su oportunidad— se identifica la resolución impugnada, y se hacen constar los hechos base de las impugnaciones, los agravios y preceptos presuntamente violados; además, contienen los nombres y firmas autógrafas de los demandantes.

II. Oportunidad. Se cumple con el requisito que establece el artículo 8° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la resolución impugnada fue notificada respectivamente a los actores el veintiuno y veintitrés de julio de dos mil quince; y las aludidas demandas se presentaron el veintitrés y veintisiete de julio de este año respectivamente, por lo que es evidente que cumplen con el requisito de oportunidad, en tanto que fueron exhibidas dentro del plazo de cuatro días, a que se refiere el artículo 8° de la ley adjetiva electoral precitada.

III. Legitimación. El juicio es promovido por parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, párrafo 1, inciso b); 79 y 80 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que las demandas fueron presentadas por ciudadanos.

IV. Interés jurídico. Se actualiza porque los impugnantes aparecen en las listas de candidatos postulados respectivamente por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática[4] y argumentan que la determinación de la responsable viola su derecho a ocupar el cargo de elección popular por el que fueron postulados y a la vez hacen ver que la intervención de este órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar la resolución reclamada; lo cual configura el interés jurídico en términos de la jurisprudencia 7/2002 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”.[5]

V. Definitividad. En el caso, la resolución combatida reviste las características de definitividad y firmeza que hacen susceptible la impugnación ante este órgano jurisdiccional federal.

Lo anterior, porque en la normatividad electoral del Estado de Sonora no se prevé algún medio de impugnación eficaz para controvertir las resoluciones relativas a los recursos de queja y juicios ciudadanos locales que pudiera hacer susceptible su revocación o modificación, tal y como se desprende de lo previsto en el artículo 322 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

QUINTO. Cuestión previa. En este apartado se puntualizará la procedencia de los datos que serán utilizados para llevar a cabo el análisis de los conceptos de agravio aducidos por los ciudadanos actores en los juicios ciudadanos acumulados, toda vez que por las razones que más adelante se indicarán, en el presente caso se genera la necesidad de llevar a cabo un nuevo ejercicio de asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional.

Lo anterior es así, pues en términos de lo establecido en el artículo 15, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se tiene como hecho notorio que como resultado de la resolución emitida por esta Sala Regional en el expediente SG-JRC-142/2015 y acumulado SG-JDC-11343/2015, relativa a la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito IV, del Estado de Sonora, se produjo la variación entre los partidos o coaliciones que obtuvieron el primero y segundo lugar en la contienda.

Así, se advierte que en dicha ejecutoria se determinó revocar la expedición de la constancia de mayoría y validez que fuera realizada por el Consejo Distrital local IV, del Estado de Sonora, a favor de la fórmula de candidatos registrada por la Coalición por un Gobierno Honesto y Eficaz, para asignarse a la postulada por el Partido Acción Nacional.

En esas condiciones, se tiene que originalmente el desarrollo de la fórmula de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se hizo tomando en cuenta que el Partido Acción Nacional había obtenido ocho diputaciones por mayoría relativa y el Partido Revolucionario Institucional trece; cuestión que como se observa, ha sido modificada en virtud a la resolución antes indicada.

En razón de lo expuesto, resulta evidente que lo conducente será tomar en consideración en este nuevo escenario, que el Partido Acción Nacional ahora cuenta con nueve curules por el principio de mayoría relativa, mientras que el Partido Revolucionario Institucional con doce, pues dicha cuestión impacta de manera directa en el desarrollo de la fórmula de asignación respectiva, ya que produce una alteración en el resultado de la misma pues los porcentajes de representación que detenta cada opción política se ven afectados por dicha circunstancia, como se verá más adelante.

Finalmente cabe precisar que no pasa inadvertido, que en diversas resoluciones emitidas tanto por el tribunal electoral local como por esta Sala Regional, se ha determinado declarar la nulidad de votación recibida en casillas y en consecuencia la modificación de los cómputos distritales de la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa.

No obstante lo anterior, para análisis del asunto serán utilizados los resultados de los cómputos administrativos tomados en cuenta originalmente por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, pues de las resoluciones señaladas en el párrafo que antecede, no se advierte que la pretensión de los accionantes hubiese sido la impugnación expresa de los resultados de los cómputos correspondientes a la elección de diputados locales por el principio de representación proporcional, por lo que dichas nulidades sólo deben afectar los cómputos por el principio de mayoría relativa.

Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 34/2009 emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. LA SENTENCIA QUE LA DECLARA SÓLO DEBE AFECTAR A LA ELECCIÓN IMPUGNADA.”[6].   

SEXTO. Suplencia de la deficiencia de los agravios, fijación de la litis, síntesis de motivos de disenso y metodología para su estudio. Previo al análisis del  asunto de mérito, cabe señalar que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y en términos de la Jurisprudencia 03/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR",[7] se debe suplir la deficiencia del demandante en la exposición de sus conceptos de agravio, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Consecuentemente, la regla de la suplencia aludida se aplicará en esta sentencia, siempre que se advierta, por parte de quien promueve, la expresión de conceptos de agravio, aunque ésta sea deficiente, y cuando existan afirmaciones sobre hechos, de los cuales se puedan deducir claramente aquellos.

De ahí que, cada acto impugnado debe fijarse a partir de la verdadera intención del actor, lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 04/99, aprobada por la Sala Superior de este tribunal, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR"[8].

Fijación de la litis. Para estar en condiciones de precisar y resolver la controversia sometida a la consideración de esta Sala Regional, se estima necesario hacer una reseña de las determinaciones emitidas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora a través de su Acuerdo IEEPC/CG/256/15 de veintinueve de junio pasado, por el que declaró la validez de la elección de diputados locales por el principio de representación proporcional, se asignaron diputados y se otorgaron las constancias respectivas; así como de las consideraciones sustanciales que hizo valer el tribunal responsable para sobreseer el recurso de queja promovido por el Partido de la Revolución Democrática y declarar infundados los agravios planteados por los ciudadanos demandantes frente al acuerdo entonces impugnado.

Precisado lo anterior, conviene hacer una relación de los disensos que los actores hacen valer ante esta autoridad judicial a fin de fijar con precisión los puntos de controversia que corresponde resolver a esta Sala Regional.

ACUERDO  IEEPC/CG/256/15

Mediante el referido Acuerdo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, realizó en sesión extraordinaria la asignación de las doce diputaciones de representación proporcional para integrar la Legislatura Local.

En el acuerdo se informa que luego de haber recibido los resultados de los cómputos oficiales de parte de los veintiún consejos distritales electorales, se procedió a realizar las operaciones establecidas en los artículos 261 al 264 de la ley electoral local.

Del resultado obtenido, se asignó un diputado de manera directa a cada partido político que obtuvo el 3% o más del total de la votación estatal válida emitida.

El resto de las diputaciones, se asignaron aplicando la fórmula de proporcionalidad establecida en la normativa local, integrada por el cociente natural y resto mayor.

En ese sentido, se precisa que el cociente natural es el resultado de dividir la votación estatal válida emitida entre los diputados de representación proporcional (que resten) por asignar[9]. El resto mayor, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural.

En el acuerdo se indica que al realizar las operaciones matemáticas necesarias, éstas arrojaron las siguientes cantidades por partido político con derecho:

El Consejo General consideró que, en principio, para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional se debía respetar el orden de prelación de las listas registradas por los partidos políticos.

En ese sentido, mediante esta asignación se observaba un total de siete diputados del género masculino y cinco del género femenino, por lo que era evidente que no se lograba el número de mujeres necesarias para alcanzar la integración paritaria del Congreso local, dado que únicamente a cinco mujeres se les asignaría una diputación —cuando debían por lo menos ser seis—.

En consecuencia, el  Consejo General procedió a aplicar la acción afirmativa de género a efecto de alcanzar la integración paritaria, en armonía con los derechos de auto organización de los partidos.

Derivado de lo anterior, para alcanzar el fin perseguido con la aplicación de la medida afirmativa en cuestión de género, el orden de prelación de candidatos fue modificado por el Consejo General en uno de los partidos, siendo precisamente el del Partido de la Revolución Democrática.  

En ese orden de ideas, en el acuerdo se argumenta que en el caso del Partido de la Revolución Democrática se requirió hacer un ajuste a su lista presentada, en virtud de que, para lograr la paridad y alternancia de género, y por contar con una posición para asignar, se debía privilegiar la participación de la primera mujer de la lista propuesta por el partido político, ya que si se propusiera un varón, se estarían asignando dos varones seguidos en el orden de prelación de los partidos, lo que rompería con el principio de alternancia.

Así, al aplicar el ajuste con cargo al referido partido, la integración del Congreso del Estado de Sonora, en lo relativo a las asignaciones de diputados por el principio de representación proporcional, quedó de la siguiente manera:

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL LOCAL:

Como se anticipó en el apartado de antecedentes, el acuerdo reseñado fue impugnado, entre otros, por los promotores de los juicios que aquí nos ocupan, los cuales fueron radicados y resueltos por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, el veinte de julio del presente año, en los expedientes RQ-PP-28/2015, y sus acumulados RQ-SP-29/2015, JDC-PP-20/2015 y JDC-SP-21/2015, en la que dicho tribunal determinó sobreseer el recurso de queja promovido por el Partido de la Revolución Democrática; declarar infundados y en su caso inatendibles los motivos de disenso que hicieron valer los accionantes y, por ende, confirmar en sus términos el Acuerdo IEEPC/CG/256/15.

Los argumentos expuestos por el tribunal responsable para desestimar la demanda y agravios sometidos a su consideración se sintetizan a continuación.

1.  Agravios formulados por Juan José Lam Angulo:

        Contrario a lo argumentado por el actor, del análisis íntegro del acuerdo impugnado se advierte que la responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables así como las razones particulares o las causas inmediatas que la llevaron a determinar lo procedente.

        Es infundado el agravio que controvierte, que la designación de los diputados de representación proporcional se debe ajustar a los resultados del número de diputados (diputadas y diputados) por el principio de mayoría relativa, toda vez que existe un amplio marco jurídico que soporta la aplicación de las llamadas acciones afirmativas que faculta a la autoridad electoral a implementar las acciones necesarias por razón de género para la distribución de las diputaciones por el principio de representación proporcional.

        Es infundado el alegato por el que se afirma que el resultado del número de diputados locales por el principio de mayoría relativa no tiene relación ni impacto alguno en la distribución de las curules, toda vez que se estima que la acción afirmativa aplicada por el Consejo General es necesaria para que el género femenino tenga un real y efectivo acceso a la integración del órgano legislativo ya que dicha finalidad se vería limitada si se tuviera únicamente por cumplida la obligación de los partidos políticos de postular mujeres en igual número de candidaturas de hombres.

        Deviene infundado el agravio consistente en que no se respetó el principio de alternancia ya que en todo caso se debió afectar la prelación doceava correspondiente al Partido MORENA; es así, porque los preceptos invocados por el actor se refieren a la regla de alternancia y paridad de género para la conformación de las listas de candidatos de los partidos políticos.

        Igualmente, se estima infundado el argumento que reclama que en las prelaciones 10 y 11 aparezcan dos diputaciones asignadas al género femenino y que en todo caso debió afectarse la prelación doceava correspondiente a MORENA, en razón de que esa cuestión no genera afectación a la ley ni a la esfera jurídica del actor, ya que esa situación se generó por la aplicación de la acción afirmativa en armonía con el principio de autodeterminación de los partidos políticos.

        Asimismo, se estima infundado el agravio consistente en que se violó el principio de autodeterminación de los partidos al haberse modificado el orden de prelación establecido por el Partido de la Revolución Democrática, que finalmente agravió al actor, al no haber sido declarado diputado local, pues precisamente, en acatamiento al deber de los partidos políticos derivado de sus propios estatutos, respecto de promover la igualdad y paridad de género, es que se implementan acciones afirmativas que hacen necesarios los ajustes a las listas de candidatos de representación proporcional; ajustes que, por sí mismos, no se pueden considerar violatorios del principio de auto organización cuando ese ajuste se realiza para hacer efectivos los señalados principios.

        Finalmente, se determina infundado el argumento conforme al cual se estima que el acuerdo impugnado es contrario a los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en que se estableció que el porcentaje de la votación obtenida por los partidos es uno de los elementos principales para determinar el derecho de los partidos para obtener una curul por el principio de representación proporcional, de ahí que la autoridad responsable actuó en forma ilegal al asignar la diputación a la segunda fórmula registrada por el Partido de la Revolución Democrática, atendiendo a un criterio de antigüedad a partir del cual, se obtiene el resultado de que se duele el actor, pues en todo caso, insiste, quien debió haberse afectado, era el partido que obtuvo la menor votación.

Lo infundado del disenso radica en el hecho de que la responsable no hizo una asignación basada en el criterio de antigüedad —sin dejar de reconocer que realizó dos proyectos para hacer la asignación, uno por el criterio de la antigüedad del registro y otro por el principio de la mayor votación— y que en ambos casos se obtenía que la afectación o alteración en la prelación correspondía al Partido de la Revolución Democrática, criterio que el tribunal responsable dice compartir —refiriéndose al de mayor votación, toda vez que a su decir, ese criterio se justifica porque al asignar la diputación del género femenino a quien reporta un mayor porcentaje de votación (de entre los restos mayores) supone una mayor presencia ante la ciudadanía lo que no ocurriría si la curul le fuera asignada a MORENA pues al tener menos votos, reporta una menor presencia en el colectivo social.     

2.  Agravios formulados por Secundino Galván Cázares.

        Declaró infundado el agravio relativo a que no se aplicaba debidamente la fórmula de proporcionalidad pura contenida en el artículo 263 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues en su perspectiva la responsable al calcular el cociente natural, en lugar de dividir la votación estatal válida emitida entre doce diputados a asignar, lo hace entre seis, justificándose en el argumento de que ya había asignado previamente seis diputaciones en forma directa, lo que acarrea que se aleje del concepto de proporcionalidad pura e interprete erróneamente el citado numeral.

Al efecto, se argumentó que ello era así, toda vez que el actor soslaya que de la lectura del mencionado precepto se advierte que fue voluntad del legislador el excluir de la asignación por cociente natural las diputaciones previamente asignadas en forma directa.

SÍNTESIS DE AGRAVIOS FORMULADOS EN LAS DEMANDAS SOMETIDAS A LA JURISDICCIÓN DE ESTA SALA REGIONAL.

De la lectura de los escritos de demanda, se advierte que los actores hacen valer en esencia como motivos de disenso los siguientes:

SG-JDC-11346/2015: Juan José Lam Angulo.

1.    Reclama el actor que la resolución impugnada dejó de lado la pretensión que hizo valer en la instancia primigenia en el sentido de que, en la asignación de diputados obtenidas por partido, para dar cumplimiento a la acción afirmativa en favor del género femenino, deberían prevalecer los criterios de “alternancia” así como los sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, frente a los de “antigüedad de los Partidos Políticos” y “por el mayor número de votos”, llevando al extremo inadecuado la justificación de género, que en ningún momento se encuentra en la litis central.

2.    Considera que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, violenta los principios de certeza, legalidad y objetividad, cuando concluye que del análisis del acuerdo impugnado se advierte que está debidamente fundado y motivado pues para ese fin se constriñe a realizar una aseveración sobre la simple lectura de la resolución emitida por la autoridad electoral, sin establecer el fundamento legal, que se encuentre comprendido dentro de las normas atingentes a la materia electoral, que le hagan llegar a la conclusión de determinar infundados sus argumentos, relativos a la inaplicabilidad de los criterios “de antigüedad en la constitución de los partidos contendientes” y “mayor votación por partidos”; lo cual ocurrió durante todo el desarrollo de la sentencia en este acto combatido.

3.    En opinión del actor, el criterio aplicado avalado por el tribunal responsable y la negativa de acoger sus alegatos primigenios violenta el sistema electoral mexicano, viola el principio de legalidad al pretender vincular una elección de mayoría relativa con una de representación proporcional, toda vez que ni la autoridad jurisdiccional, ni la autoridad electoral, fundamentan en precepto legal alguno la aplicación de dicho criterio, por lo que se debe tener por inaplicable para iniciar la lista de asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional con el género femenino.

4.    Reclama el actor que le causa agravio la determinación del tribunal responsable, cuando a fojas 31 del acuerdo impugnado establece que es infundado el disenso que hizo valer en contra de la violación al principio de “alternancia” en virtud de que conforme a la distribución de diputados de representación proporcional, las posiciones diez y once fueron asignadas al género femenino, cuando en concepto del recurrente en la instancia primigenia, la asignación de ajuste en favor del género femenino debió hacerse a la prelación doce.

5.    Argumenta que, en el supuesto sin conceder de que este Tribunal considerara la vigencia del criterio “de antigüedad en la constitución de los partidos contendientes” —confirmado por el Tribunal Estatal Electoral—, conforme a los correctos criterios de independencia de las vías de mayoría relativa y representación proporcional, la equidad de género, la alternancia y el respeto a la autodeterminación de los Partidos Políticos, respetando el principio de auto regulación de los Partidos Políticos, la prelación para asignar una diputación de género femenino le habría correspondido a MORENA y no al Partido de la Revolución Democrática; asimismo, que de aplicarse el criterio de —mayor votación por partidos—, hubiera correspondido al PAN aportar la candidatura correspondiente.

6.    En suma, el actor argumenta que el tribunal electoral responsable indebidamente dejó de atender el agravio que hizo valer en la instancia primigenia, en el sentido de que el ajuste para cumplir con el principio de paridad de género, debía aplicarse al partido con menor votación (MORENA) y no al Partido de la Revolución Democrática, pues ese criterio es acorde a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SG-JDC-11347/2015: David Secundino Galván Cázares.

1.    Se duele de que se actualizó el impedimento por incompetencia subjetiva de la Magistrada Rosa Mireya Félix López, por tener parentesco de primer grado con el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral.

2.    Aduce que la responsable se dedica a repetir la interpretación que de la fórmula electoral de asignación de diputados por el principio de representación proporcional llevó a cabo el instituto electoral local en el acuerdo IEEPC/CG/256/15, alejándose, a su decir, del principio establecido por la Constitución Federal que reconoce a la representación proporcional pura y se contiene en el artículo 268 de la ley electoral local como un elemento indispensable para la integración del poder legislativo estatal.

Dicha integración, en su concepto, debe ser lo más próximo a la voluntad popular expresada en las urnas, con respecto a cada fuerza política, sin embargo, el número de curules y su porcentaje de representación en el Congreso de Sonora obtenidas por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, se alejan del porcentaje de la votación obtenida.

3.    Considera que el Tribunal responsable distorsiona el principio de representación proporcional al asignar a través del cociente natural sólo seis diputaciones y no doce, argumentando que en el desarrollo de la fórmula existen momentos distintos, cuando a criterio del actor, es sólo uno, en el que se deben distribuir el total de las diputaciones bajo el principio de “representación proporcional pura”.

Como se ve, bajo el argumento de que las autoridades administrativa y jurisdiccional electorales del Estado de Sonora incurrieron en una indebida interpretación de las normas que integran el sistema de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en especial del artículo 263 de la ley electoral local y, por ende, realizaron y avalaron una incorrecta aplicación de la fórmula de asignación de diputados por dicho principio, por tanto, David Secundino Galván Cázares pretende que se revoquen la sentencia impugnada y el acuerdo de asignación de origen para que se realice de nueva cuenta dicha asignación conforme a las bases que él estima adecuadas.

Por su parte, el referido Juan José Lam Angulo, cuestiona los criterios seguidos por el instituto y avalados por el tribunal responsable para determinar qué lista de candidatos a diputados plurinominales de las registradas por los partidos políticos es la que debería ceder en la prelación establecida en ejercicio del principio de autodeterminación partidaria frente a la necesidad de asignar necesariamente seis de las diputaciones a repartir al género femenino.

En ese tenor, pretende que se respete la prelación registrada por el Partido de la Revolución Democrática encabezada por el actor, y se modifique la presentada por el partido MORENA, por ser dicho instituto político el que menos sufragios obtuvo en la pasada contienda comicial.

Método de estudio:

En el anterior sentido, esta autoridad jurisdiccional determina que primeramente se avocará al estudio de los agravios que hace valer David Secundino Galván Cázares, toda vez que, de resultar fundados, la determinación correspondiente tendría como efecto revocar la sentencia impugnada y por ende, llevar a cabo un nuevo procedimiento de asignación de diputados locales por el principio de representación proporcional, de conformidad a los lineamientos que sugiere el actor.  

En segundo lugar, de así proceder, se realizará el examen de los agravios planteados por Juan José Lam Angulo, a fin de determinar la legalidad o no del procedimiento de distribución por género de las diputaciones de representación proporcional avalada por el tribunal responsable.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Como se anticipó, en el orden precisado en el considerando anterior, en este apartado se atenderán los motivos de disenso que hacen valer los promoventes de los medios de impugnación que nos ocupan, así como las determinaciones que en cada caso se estimen conducentes.

A)   AGRAVIOS FORMULADOS POR DAVID SECUNDINO GALVÁN CÁZARES EN EL SG-JDC-11347/2015.

Los motivos de disenso que hace valer el promovente del juicio ciudadano se estudian a continuación, comenzando con el número 1 relativo a la incompetencia subjetiva de la Magistrada Rosa Mireya Félix López, por tratarse de una cuestión formal, que de resultar fundada, traería como consecuencia el ordenar la emisión de una nueva resolución.

En caso de resultar infundado dicho agravio, se continuará con el análisis de los restantes que se encuentran encaminados a controvertir la incorrecta interpretación de la responsable de las disposiciones que rigen el mecanismo de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en Sonora, iniciando con el cuestionamiento sintetizado como 3, relacionado con el hecho de que la responsable incorrectamente confirmó que la asignación de diputaciones por proporcionalidad se hubiese realizado tomando como referencia seis diputaciones a repartir y no doce como lo señala el impetrante; para finalizar con el argumento reseñado como 2, relativo al supuesto desapego al principio de proporcionalidad en el desarrollo de la fórmula de asignación correspondiente.

Agravio 1. Incompetencia subjetiva de la Magistrada Rosa Mireya Félix López.

Respecto a este particular, el accionante alega que le causa agravio la emisión de la sentencia reclamada, en virtud de la incompetencia subjetiva que, a su decir, aplica en el caso de la Magistrada Rosa Mireya Félix López, titular de la Primera Ponencia del Tribunal Estatal Electoral, por tener parentesco en primer grado con el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, autoridad responsable del acto que originó la demanda que interpuso ante el mencionado Tribunal Electoral.

Agrega que la referida Magistrada, no sólo fue la titular de la ponencia que elaboró el proyecto de sentencia que hoy controvierte “…sino integró pleno y lo votó a favor”.

Asimismo, refiere el actor que basa su agravio en las siguientes “premisas”:

        Que el impedimento que atribuye a la Magistrada Rosa Félix López para conocer sobre la controversia de origen lo conoció hasta después de que fue emitida la sentencia impugnada, por lo que le fue imposible plantearlo en términos del artículo 13 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

Sin embargo, alega que el hecho de desconocer previamente el motivo de impedimento y no haber solicitado la actualización del mismo previo a la emisión de la sentencia, no evita que en esta vía se reconozca su materialización y que tal circunstancia, a su parecer, viola los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que deben regir todos los actos en materia electoral.

        Las partes intervinientes en la controversia electoral de origen son el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y el aquí inconforme —junto con otros en acumulación—.

        Como parte en la controversia que, en opinión del actor, resolvió en su contra, “…el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) tiene nombrado como Secretario Ejecutivo al Lic. Roberto Carlos Félix López”, quien tiene parentesco en línea recta y en primer grado con la Magistrada Rosa Mireya Félix López —lo que se puede verificar con su acta de nacimiento.[10]

        El Secretario Ejecutivo es parte integral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de conformidad a lo previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y que de dicho ordenamiento se advierte lo siguiente:

o       La Secretaría del Consejo General está a cargo del Secretario Ejecutivo (artículo 120);

o       La Presidencia del Instituto puede designar y remover unipersonalmente al Secretario Ejecutivo (artículo 122, fracción VII),

o       Entre las funciones del Secretario Ejecutivo se encuentran las de auxiliar al Consejo General y a su presidente, en el ejercicio de sus atribuciones, recibir y dar trámite a los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos, acuerdos, omisiones o resoluciones del Instituto;

o       Tiene además la función de refrendo, ya que debe firmar, junto con el presidente del Consejo General, todos los acuerdos y resoluciones que emita el Instituto, llevar los libros de registro de los asuntos del mismo, entre otras (artículo 123).

o       Tiene como atribuciones, cumplir los acuerdos del Consejo General, la función de Oficialía Electoral, expedir las certificaciones que en su ámbito de atribuciones se requieran, y las demás que encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva y la ley (artículo 129).

o       Si bien la representación legal del mencionado instituto electoral local recae en el Consejero Presidente, éste puede delegar la representación al Secretario Ejecutivo para actos específicos (artículo 122).

o       El Secretario Ejecutivo tiene adscrita la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (artículo 129). Conforme al artículo 5 del Reglamento Interior del Instituto, esa Dirección se encarga entre otros aspectos, de auxiliar al propio Secretario Ejecutivo, en los trámites para remisión al Tribunal Estatal Electoral.

o       Acorde a lo establecido en el artículo 30 del citado reglamento, la Secretaría Ejecutiva es un órgano central del Instituto y tiene el encargo de coordinar la Junta Ejecutiva, conducir la administración y supervisar el adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivo y técnicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

        Asimismo, indica que las causales de impedimento previstas en el artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son “enumerativas” más no limitativas; a saber:

1. Tener parentesco en línea recta sin limitaciones con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores.

2. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere el punto anterior.

3. Tener interés personal o alguno de sus parientes en términos del punto uno.

4. Cualquier otra análoga.

En el anterior orden de ideas, concluye el actor, que la Magistrada titular de la ponencia del proyecto “que emite sentencia en mi contra” es madre del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, principal funcionario de esa institución, que, al mismo tiempo, tal y como se estableció, puede ser designado y removido por la Consejera Presidenta en forma unipersonal.

Por ello, dice el impetrante, que ve vulnerados en su contra los principios de legalidad, imparcialidad y certeza en la sentencia que ahora impugna, pues básicamente los intereses de la Magistrada ponente estarían del lado de confirmar un acuerdo en el cual su propio hijo es parte importante para su formulación y presentación ante el pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de aquella localidad.

Lo anterior, toda vez que, a decir del actor, es obligación legal y reglamentaria del Secretario Ejecutivo elaborar o supervisar el proyecto de cálculo de las fórmulas para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, mismo que en su momento no mereció para los Consejeros del Instituto, ninguna reforma, y por lo tanto, el acuerdo controvertido en su opinión es copia fiel del diseñado por el hijo de la señora Magistrada Ponente.

La referida circunstancia, a decir del accionante, no hace sino dejarlo en estado de incertidumbre y en justificable duda, sobre la integridad en términos de los principios rectores del derecho electoral que consagra nuestra Carta Magna, de la sentencia que ahora recurre.

Precisados los descritos motivos de disenso, esta autoridad judicial determina que la pretensión del actor, de que se declare fundado el agravio en estudio, y con base en ello, se revoque la resolución impugnada resulta infundada en razón de que contrario a lo que argumenta, no se advierte que, en el caso concreto, se actualice la causal de excusa que atribuye a la Magistrada Rosa Mireya Félix López para intervenir en el conocimiento y resolución de la controversia de origen, ni de manera expresa ni por analogía.

En efecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 316 de la ley electoral local, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral deberán excusarse de conocer cualquier asunto en el que tengan interés personal en términos de la Ley General, correspondiendo al pleno del Tribunal, calificar y resolver de inmediato la excusa.

Al respecto, el artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece las causas de impedimento para que los magistrados locales conozcan de los asuntos; a saber: 

“…a) Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere el inciso anterior;

c) Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa el inciso a) de este artículo;

d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa el inciso a), en contra de alguno de los interesados;

e) Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa el inciso a), un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;

f) Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en el mismo inciso a), en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

g) Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en el inciso a);

h) Tener interés personal en asuntos donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador;

i) Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos;

j) Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;

k) Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;

l) Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados;

m) Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título;

n) Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;

ñ) Ser cónyuge o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados;

o) Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia;

p) Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y

q) Cualquier otra análoga a las anteriores.”

Entre las transcritas causas, el actor atribuye a la Magistrada Rosa Mireya Félix López, las previstas en los incisos a) y q), con relación al c) del párrafo 1 del invocado precepto.

Lo anterior, por una parte, en razón de que la referida funcionaria judicial es madre del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, de nombre Roberto Carlos Félix López y, por otra porque, desde su perspectiva, al haber elaborado o ejercido influencia —el referido Secretario— en la realización del proyecto de acuerdo sometido a la consideración del Consejo General para asignar las diputaciones locales de representación proporcional, a su parecer, la Magistrada tenía una inclinación natural en que se confirmara un asunto en el que, a decir del actor, su hijo tenía interés, al formar parte del Consejo General emisor del acto impugnado ante el Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

Como se ve, el actor pretende sustentar el impedimento de la Magistrada para conocer del asunto y a su vez el interés que atribuye a su descendiente en que se confirmara el acuerdo impugnado en la instancia primigenia por el solo hecho de que éste forma parte del órgano administrativo que aprobó el acuerdo de asignación de diputados locales de representación proporcional y porque a decir del mismo actor, los términos del proyecto los habría elaborado el Secretario Ejecutivo del mismo Consejo o la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos bajo el control del mencionado Secretario Ejecutivo.

Al respecto, es de señalar que, contrario a lo argumentado por el accionante, de la revisión de la normativa aplicable, no se advierte que entre las facultades conferidas al Secretario Ejecutivo —del Instituto y del Consejo General— y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, se incluya la de elaborar el proyecto de acuerdo para la asignación de los diputados locales de representación proporcional en la referida entidad federativa. Al efecto, a continuación se transcriben las facultades legales y reglamentarias que la normativa local asigna a dicha Secretaría y Dirección Ejecutiva.

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SONORA (EN ADELANTE LIPEES):

De la secretaría del consejo general

Artículo 123.- Corresponde al secretario ejecutivo del Consejo General:

I.- Auxiliar al propio Consejo General y a su presidente, en el ejercicio de sus atribuciones;

II.- Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo General, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de los consejeros presentes;

III.- Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General;

IV.- Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones;

V.- Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos, acuerdos, omisiones y resoluciones de los consejos distritales y municipales y preparar el proyecto correspondiente;

VI.- Recibir y dar el trámite previsto en la presente Ley, a los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos, acuerdos, omisiones o resoluciones del Instituto Estatal, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata posterior;

VII.- Informar, al Consejo General, de las resoluciones que le competan dictadas por el Tribunal Estatal y el Tribunal Federal;

VIII.- Llevar el archivo del Instituto Estatal;

IX.- Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y de los representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes;

X.- Firmar, junto con el presidente del Consejo General, todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio Instituto Estatal;

XI.- Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General;

XII.- Integrar los expedientes con las actas de cómputo de los consejos electorales;

XIII.- Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones reciba de los consejos distritales y municipales;

XIV.- Recibir, para efectos de información y estadística electorales, copias de los expedientes de todas las elecciones;

XV.- Cumplir las instrucciones del presidente del Consejo General y auxiliarlo en sus tareas;

XVI.- Informar a los consejos distritales o municipales correspondientes sobre la recepción y resolución de las solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el Instituto Estatal;

XVII.- Llevar los libros de registro de los asuntos del Instituto Estatal;

XVIII.- Coadyuvar con los consejos distritales para la oportuna remisión de la documentación necesaria para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y de Gobernador;

XIX.- Mantener constante comunicación con los consejos distritales y municipales para el mejor desempeño de sus funciones;

XX.- Vigilar que se reciban los paquetes electorales y los expedientes de la elección de Gobernador, remitidos por los consejos distritales, resguardándolos bajo inventario para efecto de que el Consejo General realice el escrutinio y cómputo estatal de dicha elección;

XXI.- Dar trámite a los procedimientos administrativos sancionadores en términos de la presente Ley; y

XXII.- Las demás que le sean conferidas por la presente Ley, el Consejo General y su presidente, así como la reglamentación aplicable.

(…)

Artículo 128.- Son atribuciones del secretario ejecutivo:

I.- Actuar como secretario del Consejo General del Instituto Estatal con voz pero sin voto;

II.- Cumplir los acuerdos del Consejo General;

III.- Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su competencia;

IV.- Ejercer y atender, oportunamente, la función de oficialía electoral, por sí o por conducto de los secretarios técnicos de los consejos electorales u otros servidores públicos del Instituto Estatal en los que delegue dicha función, respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;

V.- Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas del Instituto Estatal, informando permanentemente a su presidente;

VI.- Vigilar que los consejos electorales cuenten con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

VII.- Actuar como secretario de la Junta General Ejecutiva y preparar el orden del día de sus sesiones;

VIII.- Recibir los informes de los consejos distritales y municipales y dar cuenta al presidente del Consejo General sobre los mismos;

IX.- Apoyar la realización de los estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la jornada electoral, cuando así lo ordene el consejero presidente;

X.- Elaborar, anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal para someterlo a la consideración del presidente del Consejo General, con el apoyo de las direcciones ejecutivas correspondientes;

XI.- Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, extraordinarios, que se sujetarán a la convocatoria respectiva;

XII.- Expedir las certificaciones que en el ámbito de sus atribuciones se requieran; y

XIII.- Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta General Ejecutiva y la presente Ley.

(…)

Artículo 129.- La secretaría ejecutiva tendrá adscrita la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, la cual, entre otras atribuciones, será competente para la tramitación del recurso de revisión, en términos de la presente Ley y los reglamentos aplicables.

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA.

Artículo 31.    Para el cumplimiento de las funciones que le atribuye la Ley, corresponde al Secretario Ejecutivo:

I.- Recibir y atender las solicitudes de apoyo técnico e información, así como las consultas que le sean formuladas directamente por los Consejeros Electorales;

II.- Acordar con el Consejero Presidente los asuntos de su competencia;

III.- Dar aviso a las instancias competentes de los partidos políticos de las ausencias a las sesiones del Consejo General que queden acreditadas a cargo de los Representantes de partido;

IV.- Establecer con  los Directores  Ejecutivos y  Titulares  de las Unidades, los mecanismos de coordinación de sus trabajos;

V.- Supervisar y coordinar las actividades de la Oficialía de Partes, del Archivo Electoral, y la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Electoral;

VI.- Convocar a los Directores Ejecutivos y Titulares de las Unidades a reuniones de trabajo para definir las actividades relacionadas con las funciones de la Junta;

VII.- Sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores electorales, en términos de lo dispuesto en el Reglamento correspondiente;

VIII.- Elaborar e integrar el engrose que se determine en las sesiones del Consejo General respecto de los asuntos o acuerdos tratados y aprobados por éste;

IX.- Informar al Consejo General del contenido de las resoluciones que emitan los tribunales electorales, con relación a los asuntos derivados de actos emitidos o resueltos por el Instituto Estatal, asimismo, informar a los demás órganos de dirección y ejecutivos cuando dichas resoluciones sean de su interés;

X.- Autorizar libros de gobierno para el control de recepción de los documentos;

XI.- Proponer al Consejo General las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, conforme a los criterios establecidos por las disposiciones constitucionales y legales aplicables;

XII.- Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto Estatal, de conformidad con la normatividad y criterios establecidos, para someterlo a la consideración de la Presidencia y de la Comisión de Administración;

XIII.- Establecer las acciones conducentes para hacer públicos la conclusión del registro de candidaturas  independientes  y dar a conocer los nombres  de los candidatos y de los aspirantes que no cumplieron los requisitos para ser registrados.

XIV.- Recibir las solicitudes y acuerdos relativos a la participación conjunta de agrupaciones políticas y partidos políticos en procesos electorales, y dar el trámite correspondiente;

XV.- Coordinar el desarrollo de las actividades del programa de resultados preliminares;

XVI.- Integrar el calendario integral de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, de los procesos electorales extraordinarios, que la Junta debe proponer para su aprobación al Consejo General;

XVII.- Coordinar los trabajos de investigación que realice la Junta, en términos de lo dispuesto por el artículo 121, fracción XVIII, de la Ley;

XVIII.- Realizar las acciones conducentes para la realización de las diligencias que le corresponda llevar a cabo en los procedimientos administrativos sancionadores, y formular los proyectos de resolución que deban emitirse en los mismos por el Consejo General;

XIX.- Emitir los acuerdos correspondientes mediante los cuales delegue a los secretarios ejecutivos de los consejos distritales y municipales, a los funcionarios de su adscripción y demás funcionarios que determine, el ejercicio de la funciones de oficialía electoral con fe pública, sin perjuicio de su ejercicio directo;

XX.- Cuidar de la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los consejos distritales y municipales electorales, así como recibir los informes de actividades que rindan dichos órganos y dar cuenta de ellos al Consejo General;

XXI.- Establecer los mecanismos de coordinación con las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas del Instituto para la elaboración de los informes trimestrales y anuales que la Junta, por su conducto, debe rendir al Consejo General;

XXII.- Firmar, junto con el presidente y consejeros electorales, las actas de sesiones del Instituto Estatal;

XXIII.- Colaborar con las Comisiones ordinarias y especiales que se constituyan para el cumplimiento de las funciones de éstas;

XXIV.- Previo acuerdo con el Presidente del Consejo General, convocar a las sesiones de la Junta;

XXV.- Realizar las acciones necesarias para difundir, por los medios que estime necesario, la realización y conclusión de las distintas etapas del proceso electoral o de las actividades trascendentes que durante el mismo que se lleven a cabo;

XXVI.- Recibir, por conducto de la Oficialía de Partes, las solicitudes y documentos que se presenten ante el Instituto Estatal, y dar cuenta de ello al Consejo General o a la Presidencia, según sea el caso, así como remitir a las Comisiones y demás áreas los que sean de su competencia;

XXVII.- Proveer lo necesario para que, cuando proceda, se publiquen los acuerdos y resoluciones del Consejo General;

XXVIII.- Elaborar y expedir las certificaciones que soliciten los partidos políticos, las autoridades, los ciudadanos o cualquier otro interesado;

XXIX.- Llevar el libro de registro de los partidos políticos, sus directivos, sus representantes ante el Consejo General, los Consejos Distritales y Municipales, y de los candidatos;

XXX.- Substanciar con el Presidente los procedimientos correspondientes a los recursos de revisión, hasta ponerlos en estado de resolución, y elaborar el proyecto de resolución respectivo a someterse a la consideración del Consejo General;

XXXI.- Substanciar con el Presidente los recursos de apelación o queja que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo General, así como los medios de impugnación de la competencia federal que se reciban, y remitirlos en los términos de las disposiciones aplicables al Tribunal o instancia respectiva;

XXXII.- Formular y firmar los informes circunstanciados de los medios de impugnación que en contra de los acuerdos y resoluciones del Instituto Estatal interpongan los partidos políticos, asociaciones políticas, coaliciones, y en su caso, los ciudadanos;

XXXIII.- Asignar a las actas, expedientes de denuncias y recursos, los acuerdos y resoluciones del Consejo una clave de control e identificación;

XXXIV.- Las demás que le confiere la Constitución Local, la Ley, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables.

(…)

ARTÍCULO 40.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Proponer al Consejo General, la ampliación o modificación de plazos y términos legales, ante la imposibilidad material para la realización de las actividades previstas y resulte necesario para el cumplimiento de las diversas etapas de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios;

II.- Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación que sean de la competencia del Instituto Estatal, así como de aquellos respecto de los que deba dar trámite para su remisión al Tribunal Estatal o al Tribunal Federal, según corresponda;

III.- Atender y resolver las consultas sobre la aplicación de la Ley, la Ley General y la Ley de Partidos, y demás ordenamientos reglamentarios le formulen los diversos órganos y unidades del Instituto Estatal, así como los partidos políticos, candidatos y ciudadanos;

IV.- Dar seguimiento a las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales electorales, con el fin de conformar criterios de interpretación legal en relación a los asuntos que sean competencia del Instituto Estatal;

V.- Asistir al Secretario en el resguardo e integración de los expedientes de la elección del Gobernador del Estado;

VI.- Proporcionar al Secretario Ejecutivo los documentos que obren en la Dirección Ejecutiva, respecto de los cuales éste deba expedir certificaciones;

VII.- Formular, revisar y dar, en su caso, la opinión jurídica de los proyectos de contratos y demás documentos remitidos por las comisiones, direcciones ejecutivas y demás áreas del Instituto Estatal;

VIII.- Conocer de los actos preparatorios y de las sesiones del Consejo General, así como los acuerdos que en las mismas se tomen;

IX.- Asesorar a los Presidentes y secretarios de los Consejos Distritales y Municipales, en los asuntos jurídicos que le competan;

X.- Coadyuvar con las comisiones, direcciones ejecutivas y demás áreas del Instituto Estatal, cuando así se lo soliciten, en la elaboración de estudios, dictámenes y proyectos de acuerdos que deban realizar en el ámbito de su competencia;