JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SG-JDC-3715/2012 Y ACUMULADOS

ACTORES: EDUARDO ALMAGUER UREÑA Y OTROS

AUTORIDADES RESPONSABLES: REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE DIVERSAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS

MAGISTRADO: NOÉ CORZO CORRAL

SECRETARIO: ERNESTO SANTANA BRACAMONTES

Guadalajara, Jalisco, trece de julio de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos SG-JDC-3715/2012 y sus acumulados, promovidos por  Eduardo Almaguer Ureña y otros, a fin de impugnar de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral a través de diversas Juntas Distritales, actos que consideran violatorios de sus derechos político electorales en virtud de que se les impide ejercer el derecho a votar en la elección federal del primero de julio del año en curso, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende:

1.    Que los actores de los presentes juicios, acudieron ante la autoridad responsable, días previos a la jornada electoral, a solicitar la reposición de su credencial para votar, por haber sufrido pérdida, robo o deterioro de la misma.

2.    Que las autoridades responsables negaron la reposición del documento antes mencionado en virtud de no haber agotado las instancias previas a la obtención de la misma, así como haber realizado extemporáneamente su solicitud.

3.    Como consecuencia de la negativa, descrita en párrafo que antecede, los actores interpusieron los presentes juicios.

II. Acto impugnado. La violación a su derecho político electoral de voto activo de la elección federal y en los supuestos de las entidades federativas de Jalisco y Sonora, a la elección local, acaecidas el pasado primero de julio del año en curso.

III. Turno. Por lo que, las autoridades responsables, remitieron a esta Sala diversas demandas de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, entre las que se encuentran las que fueron registradas y turnadas a la ponencia del Magistrado Noé Corzo Corral para su sustanciación, en los siguientes términos:

IV. Radicación. En el momento procesal oportuno, se dictaron los respectivos acuerdos de radicación, y en algunos expedientes se tuvieron por recibidas diversas constancias que remitió en alcance las responsables, como se desprenden en cada uno de ellos; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, con sede en Guadalajara, Jalisco, tiene competencia para conocer y resolver el presente juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 2, base VI, 94, párrafo primero y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero y 195, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 209, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, párrafos 1, inciso a) y 2, inciso c), 79, párrafo 1, 80 párrafo 1, inciso a), y 83, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en lo dispuesto en el acuerdo CG-404/2008, en relación con el diverso CG-268/2011, emitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establecen el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicados, el primero, el veinte de octubre de dos mil ocho y, el segundo, el dos de noviembre de la presente anualidad, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior por tratarse de doscientos ochenta y nueve juicios para la protección de los derechos político-electorales, promovidos por ciudadanos, por derecho propio, para impugnar la violación a su derecho político electoral al voto activo de la elección federal y las respectivas locales, el pasado primero de julio del año en curso, en entidades federativas donde ésta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Esta Sala advierte que existe conexidad entre los juicios que se analizan, en virtud de que en todos ellos se señala como órgano responsable a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a través de diversas Juntas Distritales en diversas entidades federativas; además, los actos impugnados que reclaman son los mismos, esto es, la violación a su derecho político electoral de voto activo de la elección federal y las respectivas locales, el pasado primero de julio del año en curso, actos que estiman violatorios del artículo 35 de la Constitución Federal, así como 176 y 179 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación; 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y del criterio jurisprudencial 11/99 emitido por la Sala Superior de este Tribunal, cuyo rubro a la letra dice: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR, con el propósito de privilegiar su resolución expedita y congruente, esta Sala estima conveniente acumular los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano señalados en el punto III de los resultandos de esta sentencia, al diverso juicio SG-JDC-3715/2012, por ser éste último el más antiguo.

TERCERO. Improcedencia por preclusión. Por lo que hace al juicio SG-JDC-4024/2012, debe desecharse porque se actualiza la causa de improcedencia de preclusión con fundamento en los artículos 9, párrafo 3, y 11, párrafo 1, inciso c) de la Ley Procesal de la materia en relación con los diversos 41, fracción IV, 60 y 99 de la Constitución Federal de la República.

Ello es así, puesto que en la demanda que dio origen al medio de impugnación precisado se controvierte el mismo acto que en la relativa al expediente SG-JDC-3714/2012, esto es, se solicita de la Dirección Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la reposición de la credencial para votar del impugnante.

Entonces, esta Sala considera que el derecho de impugnación del incoante se agotó con el primer medio de defensa, por lo que no es posible atender el segundo ya que el derecho a combatir se encuentra sujeto a un plazo y serie de reglas procesales en la que se denota la intensión del legislador de que el proceso contencioso se desarrolle en un orden determinado, mediante el establecimiento de diversas secciones o períodos, dedicados cada uno de ellos al desenvolvimiento de determinadas actividades, por lo que, concluido uno de los períodos o agotado un acto, no es posible regresar a una sección anterior o volver a efectuar el acto.

Así, esta intención sólo se consigue impidiendo que las partes ejerciten de nueva cuenta y sobre un mismo asunto sus facultades procesales –dentro de las cuales se encuentra el derecho de acción- a su libre arbitrio, sin sujetarse a principio temporal alguno, ya que, de no ser así, podrían causarse serios trastornos que hicieran nugatoria la voluntad del legislador por implantar procesos contencioso electorales prontos y expeditos, lo que, a su vez, podría incidir en la falta de cumplimiento del principio constitucional de definitividad que impera en la materia.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis Relevante CXI/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PRECLUSIÓN. SE ACTUALIZA SI DE MANERA INDIVIDUAL LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE INTEGRAN UNA COALICIÓN IMPUGNAN EL MISMO ACTO QUE ÉSTA COMBATIÓ ANTERIORMENTE.

Entonces, si el derecho subjetivo público de acción se ejerció en una demanda que se promovió con anterioridad al juicio SG-JDC-4024/2012 contra el mismo acto reclamado, es inconcuso que esa potestad precluyó al momento de presentar el primero, por tanto, lo conducente es desechar el juicio indicado.

CUARTO. Improcedencia por irreparabilidad. En cuanto a los supuestos de improcedencia previstos por el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala advierte que en el presente juicio y sus acumulados se actualiza una causal de improcedencia, consistente en que los actos reclamados se han consumado de manera irreparable.

Por ello, lo procedente es desechar los juicios ciudadanos que se resuelven con excepción del SG-JDC-3715/2012 y SG-JDC-3838/2012, los cuales deberán sobreseerse, ya que estos fueron previamente admitidos.

El artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la invocada Ley de Medios dispone, entre otras hipótesis, que los medios de impugnación, previstos en ese ordenamiento jurídico, son improcedentes cuando se pretende impugnar un acto o una resolución que se ha consumado de modo irreparable.

El artículo 41, párrafo segundo, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se ha instituido un sistema de medios de impugnación, en los términos señalados en la propia Constitución y en la ley.

Dicho sistema da definitividad a las distintas etapas de los procedimientos electorales y garantiza la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de la propia Constitución.

Por su parte, el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación electoral, que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales.

El requisito de reparabilidad encuentra su justificación en la necesidad de satisfacer, dentro de los plazos previstos en la ley, el objeto del procedimiento electoral, consistente en la elección de los servidores públicos que habrán de ocupar los cargos de elección popular.

Lo anterior explica, a su vez, el principio de definitividad que rige en los procedimientos electorales, pues como estos se conforman de una serie de etapas concatenadas y sucesivas, para que se pueda llegar al fin para el cual son establecidos, que es la renovación periódica de los depositarios del poder público mediante elección popular, es indispensable que cada una de esas etapas pueda ser concluida de manera definitiva, para que sirva de base a la siguiente, sin que exista la posibilidad de volver atrás y reponer alguna de esas etapas.

De estimar lo contrario, esto es, de aceptar la posibilidad de volver hacia las etapas del procedimiento electoral ya concluidas, para reponerlas, se genera el peligro de que el procedimiento electoral se mantenga indefinidamente, con el riesgo de no poder renovar a los depositarios del poder público, en las fechas expresamente previstas en la ley para ese efecto, porque el desajuste de una sola de las distintas etapas del procedimiento afectaría a las subsecuentes.

Por ello, es explicable que en la ley se establezca expresamente que los medios de impugnación son improcedentes, cuando no exista posibilidad jurídica de reparar las conculcaciones aducidas, al haberse consumado el acto reclamado de manera irreparable.

En el caso concreto, los actores interpusieron las demandas de los juicios que nos ocupan con la finalidad de que esta Sala los restituyera en lo que aducen una violación a su derecho político electoral a votar en las elecciones del pasado primero de julio; por lo que, al ser actos consumados de modo irreparable, es decir que han surtido sus efectos y consecuencias, física y jurídicamente, ya no es posible restituirlos al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues aun cuando les asistiera la razón a los actores, no se podrían retrotraer sus efectos, ya que no es factible reparar esos actos, a pesar de que fuera en otro tiempo, de ahí la irreparabilidad de los actos reclamados.

En consecuencia, al resultar improcedentes los medios de impugnación interpuestos por los respectivos actores, en virtud de que a la fecha ya se llevó a cabo la jornada electoral del primero de julio del año en curso, lo conducente es desechar de plano los presentes medios de impugnación y en su caso sobreseer la causa.

No obstante lo anterior, los ciudadanos actores se encuentran en aptitud de acudir a las oficinas correspondientes del Instituto Federal Electoral para realizar el trámite administrativo correspondiente para solicitar la reposición de sus respectivas credenciales para votar.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 19, párrafo 1, inciso b), 22 y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los juicios mencionados en el apartado segundo de la argumentación jurídica de esta sentencia al SG-JDC-3715/2012, por ser éste el más antiguo; en consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los respectivos expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se desecha de plano el presente juicio y sus acumulados, con excepción de los juicios ciudadanos SG-JDC-3715/2012 y SG-JDC-3838/2012, los cuales se sobreseen.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción en la Primera Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

NOÉ CORZO CORRAL

 MAGISTRADO MAGISTRADO

 JOSÉ DE JESÚS JACINTO SILVA

 COVARRUBIAS DUEÑAS RODRÍGUEZ

EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

El suscrito, Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 204 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de las instrucciones del Magistrado Noé Corzo Corral, Presidente de este órgano jurisdiccional, CERTIFICA: Que el presente folio quince, forma parte de la resolución dictada en esta fecha en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SG-JDC-3715/2012 y sus acumulados.- DOY FE.-------

Guadalajara, Jalisco, a trece de julio de dos mil doce.------------------------------------------------------

EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS