JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SG-JDC-4037/2018

ACTOR:  JOSÉ BAÑALES CASTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL    ELECTORAL    DEL ESTADO DE JALISCO

TERCERA INTERESADA: MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA

MAGISTRADO: JORGE SÁNCHEZ MORALES

SECRETARIO: JESÚS ESPINOSA MAGALLÓN

COLABORÓ: BIANKA ARYESHA LLAMAS COVARRUBIAS Y SANDRA ISABEL GASPAR GARCÍA

Guadalajara, Jalisco, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC-4037/2018, promovido por José Bañales Castro, contra la resolución del Tribunal Electoral el Estado de Jalisco dictada en el juicio de inconformidad JIN-085/2018, que confirmó la declaración de validez de la elección de munícipes en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en lo que fue materia de impugnación.

RESULTANDO

1. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias del expediente, se advierten los siguientes hechos que corresponden a este año, salvo precisión en contrario:

1.1 Inicio del proceso electoral local. El uno de septiembre de dos mil diecisiete, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco publicó la “convocatoria para la celebración de elecciones constitucionales en el Estado de Jalisco durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018”, en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco[1].

1.2 Acuerdo IEPC-ACG-093/2018. El veinte de abril, el Consejo General del Instituto Electoral Local resolvió las solicitudes de registro de planillas de candidaturas independientes a munícipes de San Pedro Tlaquepaque, incluida a la que pertenece el actor[2].

1.3 Jornada electoral y cómputo municipal. El uno de julio, se celebró la jornada electoral en el estado de Jalisco.

El cuatro de julio, se realizó el cómputo municipal en el Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, que finalizó el seis posterior con los resultados siguientes[3]:

1.4 Declaración de validez de la elección y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. El diez julio, el Consejo General del Instituto Electoral de Jalisco aprobó el acuerdo IEPC-ACG-296/2018, que declaró legalidad y validez de la elección de munícipes al Ayuntamientos de Tlaquepaque, Jalisco y ordenó expedir las respectivas constancias de mayoría relativa y de asignación por el principio de representación proporcional[4].

1.5 Juicio ciudadano local. El veinte de julio, el actor promovió juicio de inconformidad contra de los actos señalados en el punto anterior, el cual fue registrado con el número de expediente JIN-JDC-85/2018.

1.6 Resolución impugnada. El treinta y uno de agosto, el tribunal responsable confirmó en la materia de la controversia, la declaración de validez de la elección municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la asignación de munícipes por el principio de representación proporcional y la expedición de las constancias respectivas.

2. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

2.1 Presentación. Inconforme, el actor promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano el cuatro de septiembre.

2.2. Recepción y tuno. El cinco de septiembre, se recibió en esta Sala la demanda y demás constancias que integran el presente juicio.

En esa fecha, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó registrar la demanda con el número de expediente SG-JDC-4037/2018 y turnarla al Magistrado Jorge Sánchez Morales.

2.3 Sustanciación. El trece de septiembre, el Magistrado Electoral radicó el juicio en su ponencia. En su oportunidad, admitió la demanda y al no existir prueba pendiente por desahogar, cerró la instrucción, pasando los autos para la elaboración del proyecto correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente juicio, por tratarse de un medio de impugnación promovido por un ciudadano en calidad de candidato independiente a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a fin de controvertir la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco dictada en un juicio de inconformidad local, relacionada con la declaración de validez de la elección municipal, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

Lo anterior, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 4, párrafo 1, 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo INE/CG329/2017, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.[5]

SEGUNDO. Procedencia

El presente juicio cumple los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, 8, 13, 79, párrafo 1 y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se explica a continuación.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en ella consta el nombre y la firma autógrafa del actor, el domicilio y autorizado para recibir notificaciones, el acto impugnado, los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa la resolución controvertida, así como los preceptos legales presuntamente violados. 

b) Oportunidad. El juicio fue promovido en el plazo de cuatro días, puesto que la resolución controvertida fue emitida el treinta y uno de agosto y la demanda se presentó el cuatro de septiembre.

c) Legitimación e interés jurídico. El juicio fue promovido por parte legítima, porque se trata de un ciudadano mexicano que por sí mismo y en forma individual, hace valer presuntas violaciones a su derecho de ser votado.

Asimismo, el actor tiene interés jurídico para impugnar, porque la resolución impugnada resulta lesiva a su derecho, pues el tribunal responsable desestimó la solicitud de nulidad de elección municipal en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y confirmó la declaratoria de validez de la elección, la asignación de regiduría de representación proporcional y la entrega de las constancias respectivas.

d) Definitividad. La resolución impugnada es definitiva y firme, ya que en la legislación electoral de Jalisco no se prevé juicio o recurso procedente para modificarla o revocarla.

En consecuencia, toda vez que este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, que se actualice alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, procede realizar el estudio de fondo del asunto.

TERCERO. Tercera interesada

Por acuerdo de trece de septiembre, el Magistrado Instructor admitió el escrito de tercero interesado que presentó María Elena Limón García, al cumplir con los requisitos de formalidad previstos en el artículo 12, párrafo 1, inciso c) y 17, párrafo 4 de la ley adjetiva electoral.

Del escrito de comparecencia, se advierten diversas manifestaciones en el sentido de desvirtuar los agravios hechos valer por el partido político actor.

CUARTO. Estudio de fondo

4.1. Planteamiento del caso

En la instancia local, el tribunal responsable desestimó la solicitud de nulidad de la elección formulada por el actor porque no se acreditó que la falta de impresión de los nombres de los integrantes de la planilla de candidaturas independientes respecto del resto de las demás, haya vulnerado los principios de certeza, legalidad, objetividad y equidad, ni que tal irregularidad fuera provocada dolosamente por la autoridad administrativa electoral.

También, que la falta de aparición de los nombres de las candidaturas a regidurías y síndico de la planilla de candidatos a munícipes encabezada por José Bañales Castro, constituyó un hecho aislado, que no se derivó de ninguna otra circunstancia de inequidad durante el proceso electoral y no se considera que alcance el carácter de determinante, ni sustancial para anular la elección.

Por ello, consideró que la vulneración a los principios de certeza, legalidad, objetividad y equidad, deriva de la falta de impresión de los nombres de los integrantes de la planilla en el reverso de la boleta utilizada para la elección de munícipes de Tlaquepaque, Jalisco, no fue de tal magnitud que haya puesto en duda la autenticidad ni la libertad de la elección y esta circunstancia haya sido determinante para el resultado de la elección.

De ahí que confirmara la declaración de validez de la elección municipal, la asignación de regidurías de representación proporcional y la entrega de las constancias respectivas.

Inconforme con tal determinación, el actor promovió juicio ciudadano federal en el que, en esencia, hace valer los siguientes agravios: 

I. Que la resolución impugnada vulnera y restringe sus derechos fundamentales, específicamente su derecho de acceso a la justicia en materia electoral, relacionados con su prerrogativa de ser votado, toda vez que la cuestión central del juicio ciudadano local consistía en que la autoridad jurisdiccional verificara si las boletas utilizadas durante la jornada electoral  celebrada el uno de julio para la elección de munícipes en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, fueron incorrectamente impresas y si dicha circunstancia se tradujo en una violación a los principios rectores de la materia electoral y en consecuencia, declarar la nulidad de la elección. 

Argumenta que durante la tramitación del juicio ciudadano local logró acreditar que no aparecieron los nombres de los candidatos independientes a regidores y síndico, integrantes de su planilla, en el reverso de la boleta utilizada para la elección del referido municipio.

Sostiene que la autoridad responsable erróneamente señala que la planilla de candidatos independientes a munícipes apareció al frente de la boleta, sin embargo, la falta de impresión de los nombres en el reverso de la boleta, constituyó un trato inequitativo respecto del resto de las planillas, que sí aparecieron completas en dicho documento y que a pesar de estas irregularidades, el tribunal responsable determinó que no eran suficientes para anular la elección.

II. La no inclusión del nombre de sus demás compañeros de planilla en la boleta electoral utilizada en la jornada electoral fue determinante tanto cuantitativa como cualitativamente, toda vez que el error de impresión tuvo lugar en todas y cada una de las boletas utilizadas, así como en todas y cada una de las casillas instaladas en todo el municipio, afectando no solo a quienes conformaron la planilla, sino a todos y cada uno de los electores que ese día acudieron a ejercer su derecho ciudadano.

Señala que aun cuando se vota por una lista cerrada de candidatos, el derecho a ser votados, se materializa única y exclusivamente con la aparición de los nombres de los candidatos en la boleta electoral.

A su juicio, la no aparición de los nombres de los integrantes de la planilla implicó que una condicionante que les obstaculizó el poder materializar el ejercicio del derecho fundamental de ser votado por la vía independiente, situación que se tradujo en una violación sustantiva e irreparable a dicho derecho.

Afirma que al momento de cometer la falta (impresión errónea de boletas), el Instituto Electoral Local contaba con las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales para cumplir eficientemente su obligación establecida en los diversos artículos de la Constitución Federal, la particular de Jalisco, así como el Código Electoral Local, sin que exista una justificación que le imposibilitara cumplir con sus atribuciones.

III. La resolución impugnada presenta las siguientes inconsistencias:

a.     La causal de improcedencia es imprecisa, pues la fecha en que comenzó a correr el plazo para presentar los juicios de inconformidad en contra de cómputo municipal inició desde el ocho de julio de este año, puesto que la declaración formal de validez de dicho cómputo municipal y los resultados fueron aprobados en la fecha indicada, pasando por alto el tribunal local que ya se habían presentado juicio ciudadanos locales.

b.    Es incorrecto el estudio del marco probatorio realizado por la autoridad, pues dejó de analizar diversas pruebas (audios y videos) de las sesiones de la autoridad municipal.

c.     El tribunal responsable fue omiso en señalar que el hecho de que no apareciera en el reverso de las boletas, era del conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral de Jalisco.

d.    Es imprecisa la consideración sobre que la aparición en un recuadro del logotipo y nombre del candidato José Bañales Castro en el frente de la boleta, los electores tuvieron la aptitud de conocer la opción representada por la planilla y emitir el voto por ellos, pues equivaldría a equiparar el derecho de votar y ser votados en el registro de la planilla y no con la aparición en la boleta electoral.

e.     Es incorrecta la interpretación de artículo 276 de la ley electoral, ya que el supuesto se refiere únicamente a la cancelación de registro o sustitución de candidatos, pero no en cuanto al error en la impresión de boletas, lo que equivale a relevar de responsabilidad al organismo electoral.

f.       Es funesta la aseveración de la responsable al declarar inoperantes los agravios en torno a la falta de cumplimiento de la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la restricción de la que fueron objeto.

g.    Es equivocada la consideración de la responsable sobre lo infundado de los agravios sobre la no vulneración al derecho de ser votados, sobre una imprecisa interpretación de que la sola aparición del logo y el nombre de candidato que encabeza la planilla era suficiente para ese derecho, pues serían ocioso los demás trámites para materializar ese derecho.

h.    El supuesto del artículo 267, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales opera cuando las boletas están impresas y diferentes al caso acontecido.

i.       Fue incorrecto que el tribunal responsable declarara infundado el agravio referente al engaño que representó la incorrecta impresión de las boletas, pues no importaba la intención de la conducta omisa, sino que los nombres de los integrantes de la planilla contenían datos imprecisos con lo cual se hizo creer a los electores algo falso y se creó una ilusión óptica al percibir una lista falsa de candidatos a regidores.

j.       Resulta incorrecta la aseveración de la responsable en el sentido de que dicho error no provocó confusión en el electorado, porque se demostró la indebida impresión de las boletas. Además, la inclusión de los nombres de los integrantes de la planilla de manera distinta daba razón a sus agravios.

k.     Al acreditarse plenamente la irregularidad, los votos fueron emitidos de manera ilegal, pues contienen datos inexactos y equívocos.

l.       Debió considerarse como sustancial la gravedad de la irregularidad cometida pues quedó acreditado el elemento cualitativo y cuantitativo.

m.  Contrario a la afirmación de la responsable, es incorrecto el argumento de que con el nombre y logo del candidato independiente se pudo emitir libremente el voto por parte de los ciudadanos, ya que tal hecho incidió de forma negativa e indirecta en la libertad y autenticidad de la elección.

n.    Se acreditó la falta de imparcialidad del organismo local electoral y sus funcionarios ante la incorrecta impresión de las boletas.

o.    Es improcedente la aplicación de principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados pues se acreditaron los extremos de la causal.

p.    Fue incorrecta la aseveración de la finalidad del sistema de nulidades por la responsable, pues lo cierto es que constituye un instrumento de sanción legal al no reunirse los elementos mínimos de validez.

IV. La resolución impugnada es incongruente porque el tribunal local refirió en primer término como grave y determinante la violación a los principios rectores y posteriormente, señaló que dicha vulneración debe ser sustancial

V. La responsable no acumuló ni resolvió un diverso juicio, vulnerando el principio de una justicia pronta y expedita.

VI. El tribunal local vulneró su derecho de acceso a la justicia, al demostrarse la incorrecta impresión de boletas, debiéndose revocar la resolución impugnada y declarar la nulidad de la elección, al constituir faltas de gravedad especial, contraviniendo los valores de todo servidor público contenido en el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Con base en los agravios anteriores, la materia de la controversia a resolver en este juicio se constriñe en determinar si lo resuelto por el tribunal responsable está apegado a los principios de constitucionalidad y legalidad, o bien, contravino lo anterior y deba revocarse el acto controvertido.

Esta Sala analizará los agravios del actor en forma conjunta y diferente en el orden propuesto por el promovente, sin que ello le genere perjuicio alguno pues lo importante es que sean contestados sin que se dejen de estudiar los mismos.

Es aplicable la jurisprudencia 4/2000, de la Sala Superior de este Tribunal[6].

4.2. Agravio respecto a la improcedencia del juicio ciudadano local

Es infundado el agravio relativo a la actualización de la causal de improcedencia declarada por el tribunal responsable en el juicio ciudadano local.

En su resolución, la autoridad responsable razonó que conforme al artículo 558, párrafo 1, fracción III, de Código Electoral de Jalisco, no requieren notificación personal los actos que deban publicitarse por otros medios, como la fijación en lugares públicos, que es el supuesto previsto en el numeral 374 de la legislación, respecto a los resultados de cómputos municipales.

Refirió que según lo establecido en el “Acta de sesión especial con carácter permanente para realizar el cómputo municipal”, identificada con la clave CME-ESP-02-04/07/2018, del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque[7], consta que el cómputo de la elección del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, concluyó el seis de julio de este año, ya que se asentó que se fijaron en el exterior de la sede del consejo, los resultados de la elección y dio por terminada la sesión el día antes referido.

También indicó que el representante del actor asistió y firmó dicha acta, sin que esta Sala advierta alguna manifestación en contrario de lo antes afirmado.

En ese sentido, para este órgano jurisdiccional, el actor se limitó en manifestar que la contabilización del plazo comenzaba a partir del ocho de julio, día en que se aprobaron los resultados y declaración de validez, sin atacar los razonamientos expuestos por la responsable para declarar la improcedencia[8].

Sin embargo, el promovente toma como punto de partida para contabilizar el plazo para impugnar el día ocho de julio cuando se declaró la validez y aprobó el cómputo, toda vez que conforme lo establece la legislación de Jalisco, los consejos municipales tienen como atribución realizar el cómputo municipal, que es la suma de los resultados asentados en el apartado de escrutinio y cómputo del acta de la jornada electoral, de cada una de las casillas en el municipio, para obtener el resultado de la votación total en la elección de munícipes, lo cual se realiza en una sesión especial, y cuyo supuesto es materia de impugnación en el juicio de inconformidad[9].

De esta manera, no se requiere una validación posterior por lo que a cómputos se refiere, al existir una disposición expresa del legislador sobre la autoridad competente para realizarlo.

En todo caso, el día que refiere el actor (domingo ocho de julio) se celebró la sesión del Consejo General primigeniamente responsable para calificar las elecciones de los munícipes y declarar electas a las planillas que obtuvieron mayoría de votos en los cómputos realizados por los consejos municipales electorales, sin que se advierta que valide el cómputo realizado pues únicamente lo toma en cuenta como parte de la función calificadora de la elección municipal[10].

Por ello, es insuficiente la circunstancias de que hayan existido varios juicios ciudadanos, a su decir, con antelación a la fecha señalada por la responsable para declarar la improcedencia, pues en dichos medios de impugnación locales se solicitaba la declaración de nulidad de la elección de munícipes por el error en la impresión de las boletas (expediente JDC-135/2018, por ejemplo), y cuyos agravios reiteró con posterioridad en el juicio de inconformidad, teniendo la improcedencia ahora estudiada.

4.3. Planteamientos sobre el estudio incorrecto del material probatorio

En cuanto a los agravios relativos falta de análisis de los videos y audios de las sesiones de la autoridad municipal y sobre la apreciación del tribunal responsable señaló que la aparición del nombre del actor en el reverso de la boleta, son inoperantes.

Respecto al primero de ellos, se limita a indicar que al dejarse de valorar diversos videos y audios de las sesiones realizadas por las autoridades administrativas electorales, se realizó un incorrecto estudio del marco probatorio. Sin embargo, no específica a cuáles en concreto se refiere (genéricamente señala aquellos de las sesiones especiales)[11] y cómo de haberse realizado su estudio, hubiera fortalecido su pretensión.

Esto, porque es necesario no sólo que la omisión exista, sino que la misma pueda trascender al sentido de la resolución en análisis[12].

Atinente al segundo punto sintetizado, sobre la omisión de la autoridad responsable “...en señalar que el hecho de que no apareciera en el reverso de las boletas electorales utilizadas, fuera hecho de conocimiento de Consejo General del OPLE”, igualmente es ineficaz, porque el mismo resulta ambiguo y subjetivo, ya que dicho consejo fue señalado como responsable en la instancia local, y por lo mismo, objeto de los reclamos sobre la situación contenida en ese agravio (no apareció en las boletas)[13], sin que haya expresado ante esta instancia alguna situación específica que haya sido contraria a la ley[14].

4.4 Son inoperantes los agravios relativos sobre la incorrecta impresión de las boletas por la no inclusión de los nombres de los candidatos de la planilla, al tratarse de reiteraciones hechas valer en la instancia previa

Los agravios relativos sobre la incorrecta impresión de las boletas por la no inclusión de los nombres de los candidatos de la planilla, al tratarse de reiteraciones hechas valer en la instancia previa son inoperantes, porque se trata de reiteraciones hechas valer en la instancia previa, según se desprende de la comparación siguiente[15]:

De la anterior transcripción, se advierte que los agravios son casi idénticos, únicamente difieren en algunos puntos, de lo que se desprende que los motivos de disenso en el juicio ciudadano son repeticiones del juicio de origen.

Luego, si el medio de impugnación, competencia de esta Sala Regional, no es una repetición o renovación de la instancia jurisdiccional electoral estatal, sino sólo una continuación de aquélla que se inicia precisamente con la solicitud del actor legitimado en la forma que exija la ley, y la exposición de los motivos que tiene para no compartir las resoluciones primigenias, estableciéndose así la materia de la decisión entre los fallos combatidos, el actor debió enderezar razones y argumentos tendientes a atacarla, y no como si fuera la pretensión directa frente al acto de la autoridad local responsable.

Es decir, debió controvertir frontalmente con sus agravios las consideraciones expuestas por el tribunal local en su resolución y no sólo reiterar lo manifestado cuando acudió ante él, aun y cuando hayan modificado su redacción o agregado algunos enunciados que abundan sobre lo reproducido[16].

Resultan ilustrativas y orientadoras (la primera mutatis mutandi –cambiando lo que se deba cambiar–, y las restantes por las razones que las contienen) la tesis relevante XXVI/97, de la Sala Superior de este Tribunal[17], y los criterios 1a./J.133/2005 y 2a./J. 62/2008, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[18].

4.5 Planteamientos sobre el derecho a ser votado e identificación del candidato independiente en la boleta e interpretación sobre la imposibilidad de reimprimir dicho documento

Como preámbulo, se debe señalar que el derecho a ser votado está previsto en los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sobre el tema, en la acción de inconstitucionalidad 36/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho a ser votado está sujeto al cumplimiento de los requisitos que se establecen tanto en la Constitución Federal, como en las Constituciones y leyes estatales.

Así, la ciudadanía mexicana como condición necesaria para gozar y ejercer los derechos políticos está prevista directamente en la Constitución Federal; mientras que los requisitos específicos para ser votado para los diversos cargos de elección popular en las entidades federativas cuentan con un marco general previsto en los artículos 115 y 116 de la propia Constitución de la República, complementado con otras disposiciones constitucionales.

Por su parte, este Tribunal Electoral ha sustentado que el derecho a ser votado comprende y tiene por objeto la posibilidad de contender como candidato a un cargo público de elección popular, la contención en una campaña electoral, su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, así como el derecho a ocupar y ejercer el cargo que la propia ciudadanía le encomendó[19], lo cual involucra los trámites y las cargas que tienden a demostrar que el ciudadano reúne las calidades de ley para ejercer el cargo al que aspira[20].

En ese sentido, no le asiste la razón al actor en su síntesis de agravios II cuando afirmar que su derecho a ser votado se materializa con la inclusión del nombre del candidato en la boleta correspondiente, ya que ello representa una de las consecuencias del ejercicio de dicho derecho pasivo del voto.

En efecto, al momento de aprobarse el registro de candidatos se logra uno de los objetivos del derecho a ser votado, el cual se encuentra condicionado al cumplimiento de requisitos de elegibilidad, de fiscalización, y en el caso de los candidatos independientes, de la no renuncia de los propietarios del cargo a elegirse; entre otros[21].

Esto, porque lo anterior puede provocar la cancelación de la fórmula, y como consecuencia necesaria, no aparecer en la boleta electoral; o bien, a pesar de ello, seguir apareciendo aunque ocasionado ante la imposibilidad de reimprimir las boletas electorales por razones de tiempo[22].

Por ello, la materialización aludida se da por una serie de actos contenidos en el derecho a ser votado, y no exclusivamente derivados de un momento o con un documento electoral determinado.

De ahí lo infundado de su agravio.

Relacionado con lo anterior, son infundados los agravios III.d. y III.g., sobre una supuesta imprecisión de la responsable respecto a que, con la aparición del logotipo y nombre del candidato independiente José Bañales Castro, los electores estuvieron en la aptitud de conocer la planilla, pues a su decir, ello no implicó la materialización del derecho a votar y ser votado, aunado al señalamiento de una indebida interpretación sistemática para concluir que la aparición de quien encabeza la planilla era suficiente.

Según se abordó, el registro de una planilla de ciudadanos, encabezada por un candidato independiente a la presidencia municipal, en este caso de San Pedro Tlaquepaque, no configura por sí mismo una materialización para ser elegido pues forma parte del abanico del derecho activo y pasivo del voto constituida por una serie compleja de actos.

La responsable señaló que de una interpretación a diversos artículos del código sustantivo electoral de Jalisco, los nombres de los candidatos debían aparecer en la boleta y se contaban para el que aparecería en el recuadro.

Un punto basal del razonamiento del tribunal responsable parte de la naturaleza propia de la boleta electoral, y su contenido en el anverso, además de tomar en consideración el caso concreto al tratarse de un candidato independiente.

En efecto, con base en lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 49/2014, para este tipo de candidatura a munícipes, en el caso de la planilla del ayuntamiento, son ejercidos de manera conjunta, lo que justifica precisamente que para aspirar a los cargos de Presidente Municipal, Regidor y Síndico, la candidatura independiente sea registrada como una planilla completa (razón jurídica del análisis de un precepto similar al artículo 24, párrafo 3, del código sustantivo electoral jalisciense), y no de manera individual, lo que no riñe con los principios constitucionales, en tanto el legislador local cuenta con libertad de configuración para regular la manera en que las candidaturas independientes podrán acceder a los cargos inherentes al nivel de gobierno municipal, cuyo Presidente lo encabeza, para lo cual debe considerar tanto la naturaleza jurídica de la candidatura independiente, como derecho humano de orden unipersonal, como la que tiene el Municipio.

En sintonía con lo establecido por el Máximo Tribunal del País, no es inconstitucional el que, en el caso de la ausencia del Presidente Municipal o de alguno de los integrantes propietarios de la fórmula, se cancele la planilla completa de ayuntamiento, pues si el apoyo ciudadano se otorgó sobre la base de que determinada persona encabezaría el Gobierno Municipal, acompañado de ciertos candidatos independientes a ocupar los cargos de Síndico y Regidores, carecería de sentido que ante la falta del candidato independiente subsistiera la planilla registrada únicamente por cuanto hace a los candidatos independientes restantes.

Esto abona a la interpretación realizada por el tribunal local e ilustra la aparición del candidato independiente, que encabeza la planilla a munícipes, en el anverso o parte frontal de la boleta, pues si bien actúan en conjunto con la planilla, sólo uno es postulado como presidente municipal, y por lo mismo, dicho candidato aparece únicamente con su suplente, para el caso del Estado de Jalisco.

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 266, párrafo 2, incisos b) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalado por la responsable, así como también en el diverso numeral 160 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.1, y los siguientes acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco:

        IEPC-ACG-006/2018, que aprueba los diseños y modelos de la documentación electoral que será utilizada para el proceso electoral concurrente[23].

Para una mejor ilustración se inserta la siguiente imagen:

        IEPC-ACG-050/2018, que aprueba la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales que se utilizarán para la emisión del voto durante la jornada electoral del proceso electoral concurrente 2017-2018, así como el plazo para solicitarlo[24].

        IEPC-ACG-104/2018, que fija el plazo para la incorporación del nombre de las y los candidatos en la boleta en el proceso electoral concurrente[25].

La boleta electoral constituye un instrumento de la expresión ciudadana sobre la elección política de su preferencia, de quienes previamente han obtenido el registro y no lo hubiera perdido por alguna circunstancia legalmente prevista.

Por ello, insístase, acontecen una serie de actos para llegar a tal fin, como se acaba de mencionar, por lo cual su aparición en la boleta o el registro de la planilla aprobado por la autoridad electoral, en modo alguno constituye una materialización única del derecho a votar y ser votado, sino una parte del todo en el ejercicio efectivo de tales derechos.

De ahí lo válido de la interpretación realizada por la responsable.

Esto en modo alguno implica que la realización de los trámites y procedimientos necesarios para acceder al registro de la planilla no tenga razón de ser, como refiere el actor, pues se reitera, el derecho a ser votado constituye una serie de actos complejos antes, durante y después de la obtención del voto, y los requisitos para registrarse como planilla no implica la aparición de todos en la parte frontal de la boleta, sino por lo menos del titular de ejecutivo municipal, y en el caso de Jalisco, de su suplente, con el logo que identifique visualmente a dicho candidato y a la planilla postulada.

Lo anterior se refuerza con la escritura de la asociación civil, el formato de manifestación de intención para munícipes[26], así como el dictamen del Consejo General del Instituto Electoral Local que aprobó otorgar la calidad de aspirantes a candidatos independientes al cargo de munícipe, entre otros, al ciudadano José Bañales Castro[27]; pues en términos del artículo 694, párrafos 1, 4 y 5, del código electoral estatal, aun cuando la planilla se constituye por varios candidatos independientes a regidores que deben requisar los formatos respectivos, es él quien encabeza y lleva la identificación de la misma al registrarla desde la manifestación de intención de aspirante para la obtención de la candidatura independiente.

Relacionado con lo expuesto, en la síntesis de agravios el actor reclama que dicha aparición (nombre del candidato independiente a presidente municipal y su logo), implicó la vulneración de diversos principios en la materia electoral e incidió en forma negativa en la autenticidad de la elección.

Sin embargo, contrario a lo que expone, dicho error no puede considerarse una afectación a la libertad aludida, pese a la vulneración de algunos principios señalados.

La Sala Superior de este Tribunal ha sostenido en el expediente SUP-REC-748/2016, que en el caso de una incorrecta impresión de boleta, resulta importante el lugar de la inconsistencia: mientras que el reverso de la boleta contiene información complementaria, la parte frontal constituye el elemento principal de la misma; en tanto que previo a los recuadros en donde se encuentran contenidas las opciones políticas con el nombre del candidato que encabeza la candidatura, aparece la leyenda "Marque el recuadro de su preferencia", lo cual hace necesario suponer que es el lugar donde el elector dirige con mayor detenimiento su atención, debido a que es precisamente donde, mediante la marca respectiva, el ciudadano expresará de manera libre, secreta y directa a quién favorecerá con la emisión de su voto.

Esta Sala Regional sostuvo en el expediente SG-JDC-112/2017, que si bien puede existir una irregularidad, también es cierto que si se analiza detenidamente la boleta electoral, con relación al nombre del candidato independiente, su logo y ubicación, siendo impresos de manera correcta, permite al electorado identificar a quién fue postulado; siendo el caso que nos ocupa el nombre de José Bañales Castro, quien encabeza la planilla a munícipe.

En el diverso asunto SM-JRC-104/2016, se indicó que el hecho de que la parte delantera de la boleta electoral mostrara de manera correcta y delimitada los logos de cada una de las ofertas políticas que contendían en la elección, así como los nombres de las personas que encabezaban cada planilla (los candidatos propietarios y suplentes a presidente municipal), proporcionó al electorado los datos básicos que le permitieron distinguir las diferentes alternativas que tuvo a su alcance desde la etapa de registro de candidaturas.

En el caso, la boleta electoral cumplió con lo antes indicado, pues en el anverso o parte frontal de dicha documentación electoral sí apareció claramente identificado el candidato independiente a presidente municipal, como se ilustra a continuación[28]:

En el caso se advierte claramente el logo y nombre del candidato independiente JOSÉ BAÑALES CASTRO “PEPE BAÑALES”, como propietario, quien encabezó la planilla a la cual pertenece el actor.

También se advierte que aparece una planilla diversa a la del promovente, la cual corresponde a otro candidato independiente, situación no sujeta a controversia[29].

De lo anterior, conforme a lo expuesto por este Tribunal Electoral, y contrario al razonamiento de la responsable, no se vio vulnerado el principio de certeza, pues los ciudadanos tuvieron conocimiento de quien era el titular de la planilla, y ante ello, el error no trascendió a un grado de confusión tal que haya imposibilitado identificar a la candidatura independiente a munícipe, encabezada por José Bañales Castro.

De esta manera, no obstante la acreditación de la irregularidad en análisis, se estima que el error no es de la magnitud para contravenir la libertad de los electores y con ello considerar la franca violación al principio constitucional de certeza que hubiera incidido en la autenticidad de la voluntad del elector.

De ahí, la aptitud de los ciudadanos para identificar a la planilla de la cual pertenece el actor, por ser José Bañales Castro quien la presidía para contender al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y tener el logo de dicha planilla.

En otro aspecto, no le asiste la razón al actor relativo a la interpretación del artículo 276 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto, porque la aplicación realizada fue por analogía sobre la consecuencia jurídica de la no aparición de los nombres de los candidatos en la boleta[30].

En efecto, la idea precisa consistió en la imposibilidad de reimpresión de las boletas electorales, pues una vez impresas no es posible realizar modificaciones.

Aun cuando se contemplan en el numeral aludido dos supuestos diferentes al mencionado por el promovente, es la consecuencia jurídica lo coincidente: una vez impresas las boletas no habrá modificación; o dicho de otra manera, ante la imposibilidad de realizar una corrección en la boleta (el nombre de quien fue registrado o suprimir de quien canceló o sustituyó la candidatura) el voto contará para el partido o para los candidatos registrados[31].

Así, la situación ocurrida para la candidatura de José Bañales Castro y el resto de la planilla, dada la imposibilidad de corrección ante el error advertido el día de la jornada electoral, existía una respuesta para la contabilización de votos: se haría para el candidato independiente.

Por ello, este hecho extraordinario encuentra una solución y hacia eso se dirigía el argumento de la responsable.

De esta manera, cuando hay una relación entre un caso previsto expresamente en una norma jurídica (cancelaciones y renuncias) y otro que no se encuentra comprendido en ella (error de impresión), pero que por la similitud con aquél (imposibilidad de reimpresión y consecuencias jurídicas del sufragio), permite igual tratamiento jurídico en beneficio de la administración de la justicia, es válido la interpretación realizada para encontrar una solución jurídica ante la laguna legal acontecida, ya que el legislador no puede contemplar todo una multiplicad de hipótesis ante futuros conflictos jurídicos.

Es orientador el criterio III.T. J/20, de rubro: “LEY, APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA”, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito[32].

De ahí lo infundado el agravio del actor, ya que por analogía más que supletoriedad, dicho numeral subsana una situación semejante ante un problema de impresión: al no poder reimprimirse debe entenderse el sentido del voto a quien encabeza la candidatura o al partido que la postula.

Ello en modo alguno implica relevar de responsabilidad a quien educe el promovente, pues la responsable únicamente planteó la emisión de votos de la opción representada por José Bañales Castro, conforme al sistema electoral, por la totalidad de su planilla, y no sobre el tema antes enunciado.

Por otro lado, es inoperante el agravio relativo a la supuesta aseveración del tribunal responsable sobre la presunta restricción del derecho de ser votado del actor, pues no se apoya en razonamiento alguno de cómo debió ser considerado o cuál era la solución que, a su decir, indebidamente calificó la responsable[33].

Respecto a la alegación de que la incorrecta impresión de las boletas representó un engaño, y el hecho de no presentar el organismo local alguna prueba para relevarlo de ello, haciendo creer a los electores algo falso, es inoperante.

También resulta inoperante el argumento sobre la declaratoria de infundado del agravio en cuanto a la incorrecta impresión de las boletas, se encamina a demostrar que la equivocación provocó a los electores creer en algo falso, a decir del promovente.

Sin embargo, la autoridad responsable razonó que la configuración del engaño involucra una conducta dolosa, situación de la cual carece lo acontecido sobre la impresión de las boletas en la elección municipal.

En ese sentido, las alegaciones del actor persisten en que se votó por una lista falsa, creando una ilusión a los electores, sobre todo óptica, con independencia de si la irregularidad fue voluntaria o no, pues las boletas contenían datos imprecisos; de lo cual se advierte que no ataca las razones expuestas por la responsable para desestimar su agravio, las cuales descansan en la falta del engaño reclamado ante la ausencia del elemento de dolo.

Por el contrario, perfecciona su agravio primigenio al adicionar nuevas razones para complementarlo, desviando el tema principal materia de decisión (engaño desde el punto de vista jurídico) a uno distinto (diversas definiciones de la palabra “engaño” o “engañar”).

De ahí la ineficacia de su disenso[34].

Es inoperante el argumento sobre la aseveración del tribunal responsable de que la incorrecta impresión de las boletas electorales no provocó confusión en el electorado, pues al permitirse sólo la inclusión del nombre de los integrantes de la planilla en la boleta, al existir una incorrecta impresión de estas, en automático se traduce en la confusión pues al buscarse el nombre aparecería otro.

Lo anterior, porque lejos de controvertir el tema de ausencia probatoria para soportar dicha presunción, como lo sostuvo la autoridad responsable, realiza una serie de inferencias para demostrar que sí existió la confusión, dejando firme lo expuesto en la resolución reclamada[35].

Sin que sea óbice lo previsto sobre una posible presunción, pues es necesario elementos probatorios mínimos para arribar al conocimiento del hecho desconocido, y como se acaba de señalar, no confronta la falta de pruebas señalada por la responsable para desestimar su agravio primigenio[36].

4.5 Planteamientos sobre la negativa a declarar la nulidad de la elección

Son infundados los agravios relativos a que se vulneró sus derechos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales y la violación a diversos principios constitucionales, como se explica a continuación.

Los disensos son infundados.

En la acción de inconstitucionalidad 14/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció[37] que la existencia de errores en los nombres o la ausencia del de los candidatos sustitutos en las boletas electorales, no es motivo para demandar la nulidad de la elección, circunstancia que deriva del hecho que en caso de que dicho material electoral ya se encuentre impreso, o sea imposible efectuar la corrección, los sufragios contarán para los partidos políticos o coaliciones y para los candidatos que se encuentren debidamente registrados ante la autoridad electoral, esto es, la propia legislación local regula con claridad las acciones a seguir ante una situación extraordinaria como es la impresión deficiente o errónea de las boletas electorales.

Así, razonó que si el legislador local estimó que el error u omisión en la impresión de las boletas electorales, respecto del nombre de los candidatos sustitutos, no puede dar lugar a demandar la nulidad de la votación, ya que la propia legislación prevé que en esos casos los votos se contarán a favor de los partidos o coaliciones y candidatos que se encuentren debidamente registrados, se concluye que no se limita el acceso de los partidos políticos a la justicia electoral, toda vez que el sistema que regula ese cuerpo normativo no le impide solicitar la nulidad de la elección, sino que únicamente, en atención al propio sistema, no lo podrá hacer argumentando error o ausencia del nombre de los candidatos sustitutos en las boletas electorales, ya que, como se mencionó, la propia legislación establece los mecanismos a seguir en esos casos, lo cual brinda plena certeza a los actores políticos que participan en los procesos electorales.

Por su parte, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido en el expediente SUP-REC-748/2016, que en la práctica suceden errores aparentemente graves y que pueden afectar el proceso electoral e incidir en el resultado de la votación, en ese supuesto, previo al análisis pormenorizado de las circunstancias particulares que rodean el caso concreto, se debe verificar si el error acontecido es tan grave, suficiente y determinante para decretar la nulidad de la elección o por el contrario, evitar que se dañe el ejercicio del voto activo de la mayoría de los electores que expresaron su voluntad en las urnas, lo cual quedaría viciado por las irregularidades e imperfecciones menores cometidas, como en la especie sucede, el error en la impresión de boletas. 

En el caso, si bien es cierto se declararon fundados algunos de los agravios consistentes en la vulneración a diversos principios electorales, ello no configuraba por sí mismo elementos para declarar procedente la nulidad de la elección, pues para esto era necesario acreditar una situación de tal magnitud para proceder en ese sentido, acorde a los criterios narrados con antelación.

Aunado a lo anterior, el tribunal responsable delimitó los elementos necesarios para configurar la nulidad por violación a principios constitucionales previstos en la legislación local, marcando entre ellos los factores cualitativos y cuantitativos de carácter determinante de la irregularidad.

Como se señaló, cada irregularidad o violación al marco legal debe ser analizado atendiendo a estos factores, por lo cual, se reitera, la sola acreditación de algunos de dichos elementos (violación a alguna disposición legal o principio electoral) resulta insuficiente para proceder a dejar sin efectos un proceso electivo.

En ese sentido, no le asiste la razón al actor al afirmar que la totalidad de boletas utilizadas en la elección demostraban una magnitud tal de la irregularidad, pues si bien el tribunal indicó la falta de demostración del impacto real de dicho error, lo cierto es que el elemento cuantitativo resulta insuficiente.

Esto, porque la impresión errónea de todas las boletas no implica necesariamente un resultado en el número de votos emitidos de forma equivocada, afectados supuestamente por dicho error, pues para ello, como se indicó anteriormente, deben existir elementos de convicción suficiente para sostener la presunción sobre la emisión de votos favorables a su planilla[38].

Por ello, la inferencia de deducir del total de la votación emitida los votos recibidos por la planilla para cuantificar el error resulta subjetiva, pues no todos los electores pudieron votar por la opción de la planilla independiente.

En ese sentido, el factor cualitativo debía acreditarse.

Ahora, tal como lo sostuvo la Sala Superior de este Tribunal en el precedente ya citado, existen tres premisas fundamentales, a saber, para este tipo de casos:

- La publicación de los acuerdos emitidos por la autoridad electoral administrativa respecto del registro de coaliciones y candidatos.

- La postulación y propaganda de los candidatos derivado de las campañas electorales, y

- La correcta impresión de la parte frontal de la boleta electoral utilizada en dicha elección.

La reunión de dichos elementos disminuye sustancialmente la posibilidad de que el elector al momento de emitir su sufragio incurriera en la posible confusión, por lo que la inconsistencia alegada no pueda ser determinante para acreditar que en la especie se actualizó la violación al principio constitucional de certeza.

De esta manera, contrario a lo indicado por el tribunal responsable, no se afectó el principio de certeza pues conforme se señaló en el apartado 12, se realizaron publicaciones de forma adecuada para que los interesados tuvieran conocimiento de su contenido sobre la integración de las planillas a munícipes, concretamente la encabezada por José Bañales Castro como candidato independiente para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; pues la publicación en el Periódico Oficial fue el medio idóneo para hacer del conocimiento público los acuerdos atinentes, a efecto de que quien en su momento se encontrara interesado tuviera acceso a su contenido, de manera tal, que quedó a la voluntad del ciudadano conocer previamente cuáles fueron en su momento las opciones políticas contendientes en el proceso electoral, así como los candidatos que postularon, sin que sea una carga extra para el ciudadano, ya que es un derecho del elector, previo a la emisión de su voto, conocer por los medios que tenga a su alcance, a quién o qué ente político favorecerá con la emisión de su sufragio.

En cuanto a la campaña, se estima que, con independencia de la existencia del error previo al momento de ejercer el voto, el elector tuvo la posibilidad de conocer quiénes eran los candidatos por los cuales votaría el día de la jornada electoral. 

En relación con la correcta impresión de la parte frontal de la boleta electoral, como se señaló anteriormente, se proporcionaron al electorado los datos básicos que le permitieron distinguir las diferentes propuestas políticas a elegir en el momento de la emisión de su voto.

Sumado también el hecho que desde la etapa del registro de candidaturas, incluso de la propaganda hecha en las respectivas campañas electorales, el ciudadano interesado, de manera anticipada, tuvo la oportunidad de conocer quiénes eran los candidatos de cada oferta política para fines electivos[39].

Por tanto, se refuerza la ausencia de elementos para determinar una posible confusión en el electorado, y relacionado con ello, una afectación al principio de certeza.

En ese orden de ideas, no le asiste la razón al actor cuando afirma que desafortunadamente bajo el sistema electoral, la boleta sólo permite su nombre, pues acorde a diversos criterios de la Sala Superior de este Tribunal, la misma deben contener, entre otros, apellido paterno, materno y nombre completo del candidato o candidatos, para permitir su plena identificación por parte del elector[40], por lo que sólo deben incluir los elementos previstos en la legislación atinente[41], y si la ley aplicable en el proceso electoral de Jalisco no permite incluir algún otro elemento ello es acorde al principio de equidad, pues de hacer podría implicar un efecto propagandístico[42].

A igual conclusión se llega sobre la afectación al derecho de acceso a la justicia y debido proceso, pues en todo momento tuvo la oportunidad de acceder al tribunal electoral local para inconformarse por la situación motivo de estudio, sin que pueda advertirse alguna vulneración a los contenidos del derecho al debido proceso, ni en concreto lo invoque en su perjuicio, según el contenido del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 11/2014 (10a.), de rubro: “DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO” [43].

Sobre que la impresión constituyó un trato inequitativo o una desigualdad, también es insuficiente para alcanzar su pretensión, pues como él mismo lo afirmó, realizaron campaña en igualdad de condiciones que el resto de las planillas, sus integrantes fueron aprobados por la autoridad administrativa local y publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco[44], y como se señaló, no se acreditó el elemento cuantitativo de forma objetiva, tal como en su momento lo sostuvo la responsable sobre la falta de pruebas en este tópico.

Adicional a lo expuesto, la autoridad administrativa electoral goza de la presunción legal de realizar los actos necesarios para difundir el contenido y modalidades de las boletas electorales, así como informar y orientar a los ciudadanos en relación con las diversas formas de expresar el sufragio[45], con lo cual se disminuye un posible trato inequitativo o desigual planteado por el actor pues, se reitera, el error de impresión no se traduce en automático en una ausencia de votación a favor de la planilla de la cual forma parte.

Por otra parte, es inoperante su manifestación de la supuesta afirmación errónea de la responsable sobre que la planilla de candidatos independientes apareció al frente de la boleta, pues parte de una premisa equivocada[46], ya que la idea completa expuesta por el tribunal responsable fue:

“...la planilla de candidatos independientes a munícipes apareció al frente de la boleta, representada por el candidato que la encabeza y su logotipo, en igualdad de circunstancias con el resto de las planillas que contendieron en dicha elección, y los ciudadanos que acudieron a votar, estuvieron en condiciones de expresar su apoyo a dicha opción”.

Prosiguiendo con el factor cualitativo, es insuficiente arribar a la conclusión expuesta por el actor sobre que dada la naturaleza de la irregularidad cometida y la transgresión a los valores fundamentales, debió ser considerado como sustancial la gravedad de lo ocurrido, al afectar su derecho a ser votado.

Lo infundado deriva en que como se ha expuesto, primero, no ha quedado plenamente acreditado el elemento cuantitativo, tanto por lo aquí razonado como por la insuficiencia de sus agravios para contrarrestar dicha afirmación por la responsable (el error de la impresión no fue definitorio en la elección), y en segundo orden, existieron otra serie de factores que demeritan los efectos de dicho error en términos cualitativos, incluso subsistiendo el principio de certeza, como lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal, pues no se han acreditado mayores elementos para considerar la afectación aludida por el actor.

En efecto, de las constancias del expediente local no pudo demostrarse la falta de imparcialidad de la autoridad administrativa, pues el sólo error es insuficiente para arribar a esa conclusión.

En ese sentido, en la presente demanda únicamente refiere, de modo genérico, que a lo largo de su impugnación local adujo hechos y agravios para deducir dicha vulneración, indicando que era dicha autoridad electoral administrativa quien debió aportar pruebas para relevarse de dicha responsabilidad; sin embargo, atento al artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, concordante con el diverso 523, párrafo 2, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se contiene el principio de la carga de la prueba, consistente en quien afirma está obligado a probar.

Por ello, no bastaba enunciar las irregularidades y posibles afectaciones con la incorrecta impresión de las boletas, sino era necesario aportar elementos de convicción suficientes para demostrar la falta de imparcialidad aducida, cuyo principio entraña el que la autoridad electoral brinde trato igual a todos los partidos políticos y a sus candidatos[47].

Ahora, sobre la falta de valoración de las pruebas aportadas para ese fin, además de lo expuesto sobre la ausencia de especificación de elementos de convicción, resulta ineficaz porque:

a) No basta que el accionante señale que en autos existen pruebas que sustentan su pretensión y no fueron valoradas en la sentencia por el tribunal responsable, sino que, atento a la causa de pedir, tiene la obligación de señalar cuál es, en concreto, ese material probatorio al que se refiere[48]; y,

b) Del apartado respectivo de sus medios de impugnación locales, los elementos de prueba parten del uno de julio de este año, esto es, a partir del momento en el cual advirtieron el error, y no en una etapa anterior a la jornada electoral para constatar de forma sistemática y duradera, la vulneración a dicho principio.

En ese sentido, como lo señaló la responsable, el error en la impresión no se traduce en automático en la conducta infractora indicada, sin que existieran elementos para corroborar la falta de imparcialidad alegada.

En cuanto a la finalidad del sistema de nulidades, el concepto propiciado por el actor se refiere a la nulidad electoral[49] más que al sistema, del cual este Tribunal Electoral ha sustentado que la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado, deben preservarse, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados[50]; lo cual es similar a lo sustentado por el tribunal responsable.

En cuanto a la jurisprudencia 19/98 de la Sala Superior de este Tribunal sobre el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, resulta insuficiente su alegación atiente a su inaplicabilidad al caso, pues ya han sido desestimado varios de sus disensos que soportaban su argumento, y así mismo, la finalidad del criterio en cuestión es decretar la nulidad cuando se hayan acreditado plenamente la causal de nulidad y sea determinante, pues no cualquier infracción debe dar lugar a la nulidad; siendo el caso de que no se ha demostrado plenamente los elementos de la causal de nulidad electiva, ni las irregularidades hicieron nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y el derecho de ser votado de la planilla encabezada por José Bañales Castro.

Por último, se desestima su agravio respecto a la incongruencia alegada de la resolución, en enunciar la responsable como elementos para declarar la nulidad de la elección, que la violación a los principios debe ser de manera grave y determinante, para posteriormente afirmar que dicha vulneración era sustancial.

Lo anterior, porque en el acto reclamado se señaló lo que debe entenderse por violaciones graves (aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados, según el artículo 638, párrafo 3, del código electoral de la materia), para posteriormente explicar lo que se entendía por afectación sustancial, contenida en dicho supuesto legal (aquellas irregularidades que afecten las características esenciales con que debe contar una elección para ser considerada democrática).

De ahí que no se advierta alguna incongruencia, por el contrario existe un orden concatenado de elementos configurativos de la causal de nulidad de elección, analizados en el contexto de los factores cualitativo y cuantitativo del carácter determinante de la violación o irregularidad alegada[51], lo que al final resultó insuficiente para alcanzar su pretensión.

Por tanto, al resultar infundados e inoperantes los agravios aducidos, atento a lo razonado en esta sentencia, no se comparte la conclusión de la responsable en el sentido de la supuesta afectación a los principios de certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda, ya que, como se expuso, en términos de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dichos principios no se vulneraron.

En consecuencia, procede modificar la resolución impugnada porque al respetarse el principio de certeza con la aparición del candidato independiente José Bañales Castro en el anverso de la boleta electoral, quien encabezó la planilla, también derivó en la observancia de otros principios electorales.

Con base en lo anterior, debe confirmarse el acuerdo IEPC-ACG-296/2018, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual declaró la legalidad y validez de la elección de munícipes al Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y ordenó expedir las respectivas constancias de mayoría relativa y de asignación por el principio de representación proporcional.

Por lo expuesto y fundado, esta Sala Regional

RESUELVE

PRIMERO. Se modifica la resolución objeto de controversia, atento a las razones contenidas en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo IEPC-ACG-296/2018, en lo que fue materia de impugnación.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

En su oportunidad, devuélvanse al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco las constancias que integran el expediente y en su momento, archívese el presente medio de impugnación como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

La suscrita Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 204, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a las instrucciones de la Magistrada Presidenta, CERTIFICA: que el presente folio, con el número cincuenta y cuatro, forma parte de la sentencia de esta fecha, emitida por esta Sala en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave SG-JDC-4037/2018. DOY FE.------------------------

Guadalajara, Jalisco, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

OLIVIA NAVARRETE NAJERA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS