JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES:

SG-JDC-5123/2015 Y ACUMULADOS

ACTORES: CÉSAR LÓPEZ GONZÁLEZ Y OTROS

ÓRGANOS RESPONSABLES: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN JALISCO, COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL EN TONALÁ, JALISCO, Y REGISTRO NACIONAL DE MILITANTES, TODOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO ELECTORAL:

EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: ENRIQUE BASAURI CAGIDE

Guadalajara, Jalisco, a veintinueve de enero de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por los ciudadanos que se enlistan en la siguiente tabla.

Todos ellos por su propio derecho a fin de impugnar, del Comité Directivo Estatal en Jalisco, del Comité Directivo Municipal en Tonalá (solamente en los juicios 5,982 al 6,016) y del Registro Nacional de Militantes todos del Partido Acción Nacional, la omisión de pronunciarse respecto de sus solicitudes de afiliación a dicho partido político, y en consecuencia, llevar a cabo el alta respectiva en el padrón de militantes, al haberse actualizado lo que consideran afirmativa ficta, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. Del análisis de las demandas y demás constancias que obran en los expedientes, se advierte lo siguiente:

1. Solicitudes de afiliación.  En los meses de noviembre de dos mil trece, así como enero, febrero y marzo de dos mil catorce, los ciudadanos que se enuncian en el proemio, presentaron ante el Comité Directivo Municipal en Tonalá en algunos casos, y ante el Comité Directivo Estatal en Jalisco del Partido Acción Nacional en otros, solicitudes de afiliación como militantes de dicho instituto político.

II. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Los días catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho de enero del presente año, los actores de los juicios SG-JDC-5123/2015 AL  SG-JDC-5534/2015, SG-JDC-6017/2015 AL  SG-JDC-6086/2015, SG-JDC-6157/2015 AL  SG-JDC-6291/2015, y SG-JDC-6447/2015 AL  SG-JDC-6673/2015, presentaron ante el Comité Directivo Estatal en Jalisco del Partido Acción Nacional, demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar, del Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la omisión de pronunciarse respecto de sus solicitudes para ser militantes de ese partido, y en consecuencia, llevar a cabo el alta respectiva en el padrón de militantes, al haberse actualizado lo que consideran afirmativa ficta.

Por lo que ve a las demandas de los juicios SG-JDC-5982/2015 al SG-JDC-6016/2015, fueron presentadas ante el Comité Directivo Municipal de Tonalá, Jalisco.

III. Turno. Mediante acuerdos de veinte, veintiuno y veintidós de enero de dos mil quince, la Magistrada Presidenta acordó integrar los expedientes en que se actúa, y así mismo, turnarlos a la ponencia del Magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dichos acuerdos se cumplimentaron por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal, mediante oficios TEPJF-SG-SGA-5152/2015 TEPJF-SG-SGA-6011/2015 TEPJF-SG-SGA-6046/2015 TEPJF-SG-SGA-6188/2015 y TEPJF-SG-SGA-6478/2015.

IV. Acuerdo Plenario. Por acuerdo plenario de veintiséis de enero del año en curso, el Pleno de esta Sala Regional, al considerar que los presentes medios de impugnación guardan conexidad en la causa, propuso la acumulación de los expedientes que nos ocupan al SG-JDC-5123/2015 por ser éste el más antiguo. En el mismo acuerdo fueron radicados los expedientes en la ponencia del Magistrado Instructor, y finalmente en el acuerdo de cuenta se remitieron las demandas para que el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, les diera el trámite correspondiente.

V. Terceros interesados. Los órganos responsables refieren en sus respectivos informes circunstanciados que dentro del lapso destinado a la publicidad de los medios de impugnación, no se recibieron escritos de terceros interesados.

VI. Recepción de certificación, admisión del juicio y cierre de instrucción. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil quince, el Magistrado Instructor tuvo por recibida la certificación del Secretario General de esta Sala, y por incumplido el trámite ordenado en autos al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, así mismo, se acordó la admisión del presente juicio ciudadano, el cierre de instrucción y se ordenó la formulación del proyecto de resolución que en derecho procediera.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el Acuerdo General 3/2011 emitido por la Sala Superior de este Tribunal, mediante el cual delega su competencia a las Salas Regionales para conocer de asuntos que se promuevan en contra del Partido Acción Nacional por supuestas violaciones al derecho de afiliación.

Además, por tratarse de juicios ciudadanos promovidos en contra de un órgano intrapartidista por presuntas violaciones a su derecho de afiliación, vinculadas con el procedimiento para ser militantes del mismo en el Estado de Jalisco; entidad federativa que pertenece a la circunscripción donde esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

SEGUNDO. Per saltum. Los promoventes en sus escritos de demanda solicitan que este órgano jurisdiccional conozca per saltum del presente juicio.

Al respecto, del análisis de la normativa electoral del Estado de Jalisco, se advierte que contempla diversos medios de impugnación en la materia, incluido el previsto por el artículo 70 fracción IV de la Constitución Política de dicha entidad federativa, que permite la reparación del derecho político-electoral presuntamente violado, al disponer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de ese Estado goza de competencia para conocer y resolver las impugnaciones que se susciten contra actos y resoluciones que vulneren los derechos político-electorales de los ciudadanos a votar, a ser votado, y a la afiliación libre y pacífica.

Sin embargo, no obstante de que en la normativa electoral del Estado de Jalisco, se prevea la existencia de un medio de impugnación idóneo, susceptible de agotarse antes de acudir a esta instancia, a juicio de este órgano jurisdiccional, está justificado el per saltum solicitado para conocer del medio de impugnación que nos ocupa.

Ello es así, en virtud de que actualmente en el Estado de Jalisco se está llevando a cabo la etapa de precampañas, misma que dio inicio el veintiocho de diciembre del año próximo pasado y concluye el cinco de febrero del año en curso y, aunado a que los actores manifiestan su deseo de votar en los procesos internos de selección de candidatos que habrá de postular el Partido Acción Nacional, con motivo del proceso electoral local 2014-2015, los cuales se llevarán a cabo el ocho de febrero del presente año.

En ese contexto, si se impusiera a los promoventes la carga de agotar previamente el juicio ciudadano previsto en la  normatividad electoral estatal, al plazo de tramitación y sustanciación de dicho medio de impugnación, tendrían que sumarse los correspondientes a la eventual interposición de la demanda de juicio ciudadano objeto del conocimiento de este órgano jurisdiccional, lo que se traduciría en una afectación o merma e incluso la privación absoluta del derecho de los actores a participar en los procesos internos aludidos, de ahí que, esta Sala Regional estime dable conocer directamente de los presentes juicios ciudadanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aprobado por la Sala Superior de este tribunal, en la jurisprudencia de rubro: DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO.[1]

TERCERO. Sobreseimiento.

1.    Falta de Legitimación

Respecto del ciudadano César López González, promovente en el expediente SG-JDC-5123/2015, esta Sala considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que consiste en que el promovente carecezca de legitimación en términos de ley.

Lo anterior es así, toda vez que del análisis de las constancias que obran en el expediente JDC-5123/2015, se advierte que el talón de solicitud de afiliación que acompaña el actor a su demanda, corresponde a Óscar López González, es decir a una persona distinta de quien promueve el referido juicio.

Por ello, se arriba a la conclusión de que César López González, carece de legitimación para acudir en la causa que pide, es decir ser registrado como militante del Partido Acción Nacional, pues como ha quedado dicho, no demostró con ningún documento idóneo haber presentado la solicitud de afiliación respectiva ante el partido señalado como responsable.  

2.    Incompetencia

Por lo que ve al expediente SG-JDC-6634/2015, promovido por María Elena Rodríguez Moreno, esta Sala determina que debe sobreseerse en el mismo, toda vez que no se surte la competencia para conocer de la omisión impugnada.

En el caso, conviene precisar que la solicitud presentada por la referida actora, al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Jalisco, tenía como finalidad obtener el registro de afiliación de dicho partido en la entidad referida.

Por su parte, los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, establecen:

Artículo 9

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

Como puede verse, los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional señalan que las solicitudes se presentarán en la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio.

En el presente caso, se advierte que la ciudadana María Elena Rodríguez Moreno, tiene su residencia en el Estado de Coahuila, y de ahí la incompetencia de este órgano para conocer del asunto, pues esta Sala es competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, cuando se aleguen violaciones –incluido el derecho de afiliación- que tienen consecuencias en la entidad a la que pertenecen y que integren la circunscripción en la que esta Sala ejerce jurisdicción. 

Debido a lo anterior, y a efecto de no trastocar los derechos de afiliación de la promovente de mérito, es que se dejan a salvo sus derechos a efecto de que, si es su interés, presente solicitud de afiliación ante el Comité Municipal de su Entidad Federativa correspondiente al domicilio señalado en su credencial para votar con fotografía.

3.    Falta de firma autógrafa

Por otro lado, de igual forma debe sobreseerse respecto de los ciudadanos siguientes:

Lo anterior, puesto que en tales medios de impugnación se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso g) en relación con el artículo 11, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que las demandas carecen de las firmas autógrafas de dichos promoventes.

En la especie, en las demandas presentadas por Sandra Paola García González y María de los Ángeles García González, se advierte de forma indubitable, que las fojas que contienen las firmas de dichas actoras, son copias fotostáticas, sin que en ninguna otra parte de las demandas conste su firma autógrafa, por lo que no pueden considerarse como válidas. 

Así mismo, por lo que ve a la demanda presentada por José Miguel Gutiérrez Romo, la foja donde debía estamparse la firma, no contiene ninguna rúbrica, y de igual forma ninguna otra foja o parte de la demanda se encuentra suscrita por el promovente. 

En estos casos, ha sido criterio reiterado de esta Sala, que la importancia de colmar dicho requisito radica en que la firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra del actor, que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma consiste en dar autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso.

Por tanto, la falta de firma autógrafa en el escrito inicial de impugnación significa la ausencia de la manifestación de la voluntad del suscriptor para promover el medio de impugnación que, como se ha explicado, constituye un requisito esencial de la demanda, cuya carencia trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal.

La consecuencia consiste en el desechamiento o sobreseimiento del medio de impugnación que la norma jurídica invocada prevé ante el incumplimiento de hacer constar la firma autógrafa del actor en el respectivo escrito de demanda, lo cual obedece a la falta del elemento idóneo para acreditar la autenticidad de la voluntad del enjuiciante, en el sentido de querer ejercer el derecho público de acción.

Conforme con lo anterior, es evidente que se actualiza la causa invocada por la cual se debe sobreseer en el presente juicio respecto de los ciudadanos mencionados.

4.    Preclusión

Esta Sala Regional advierte que diversos promoventes, agotaron el derecho a impugnar los actos que controvierten, como consecuencia se deberá sobreseer respecto del segundo de los medios de impugnación interpuesto, toda vez que en misma la fecha instauraron idénticas demandas, en contra del mismo acto impugnado y autoridad responsable, tal como se puede observar en la tabla que se inserta a continuación:

Tal causa de improcedencia deriva de la interpretación de los artículos 17, 41, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 8, 9, párrafo 3 y 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de los principios generales del derecho denominados “preclusión por consumación” y “caducidad procesal”, susceptibles de invocarse en la materia, a la luz del precepto 2, párrafo 1, de la propia ley de medios.

La interpretación de dichos preceptos conduce a estimar que el derecho de acción de los gobernados, dado para poner en movimiento la función jurisdiccional del Estado, mediante la promoción de alguno de los medios de impugnación en materia electoral, con el propósito de que se resuelva un litigio, se agota precisamente cuando se ha ejercido ante el tribunal u órgano jurisdiccional competente respectivo. Por lo que no pueden volver a intentarlo una segunda ocasión al haberse extinguido ese derecho.

Tales figuras jurídicas extintivas del derecho a promover los medios de impugnación en materia electoral han sido reconocidas por este Tribunal, en diversas jurisprudencias y tesis relevantes, en las cuales se ha explicado que una vez presentada una demanda, es decir, hecho valer un medio de defensa, es inadmisible promover una segunda o ampliar el primero, porque al haberse ejercido tal derecho se agotó, o bien, que cuando se ha dejado de formular la impugnación dentro del plazo establecido para tal efecto, no puede plantearse fuera del mismo, por haber caducado el derecho a impugnar.

Estos conceptos se sostienen en las tesis de rubros: “CADUCIDAD. SUS PRINCIPIOS RIGEN PARA LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES”[2] y “DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO”[3].

Sobre estas bases, es válido concluir que la preclusión es uno de los principios que rigen el proceso jurisdiccional y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente, aun cuando medie desistimiento respecto al primero que se haya realizado.

No obsta a la preclusión o agotamiento del derecho a impugnar, que en el primero de los juicios o recursos intentados, la sentencia que lo decida sea de fondo o inhibitoria (cuando no se decide el fondo de la pretensión, por la existencia de alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento, por ejemplo), porque finalmente se ha ejercido el derecho de acción, el cual es autónomo al derecho sustantivo traído a juicio, y lo que se agota es el derecho a impugnar.

En los casos señalados, los actores presentaron dos demandas contra el mismo acto impugnado, es decir, la omisión del Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, de pronunciarse respecto de sus solicitudes de afiliación a dicho partido político, y en consecuencia, llevar a cabo el alta respectiva en el padrón de militantes, al haberse actualizado lo que consideran afirmativa ficta.

En ese sentido, lo procedente es tener por precluído el derecho de impugnación respecto del segundo juicio ciudadano promovido, en virtud de la presentación del primero de los medios de defensa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 3, y 11, párrafo 1, inciso b) de la ley procesal de la materia.

CUARTO. Requisitos de procedencia. En el presente juicio se satisfacen los requisitos generales del artículo 9º, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal y como se precisa a continuación.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante uno de los órganos señalados como responsables en algunos casos, y en otros directamente ante la oficialía de partes de esta Sala Regional[4] y en ella constan los nombres y las firmas autógrafas de los actores, con las salvedades ya relatadas en el considerando anterior; la identificación de la omisión reclamada y los órganos responsables, así como los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que les causa el acto impugnado.

b) Oportunidad. Los juicios ciudadanos acumulados se presentaron dentro del plazo previsto en el artículo 8° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que exige que para que las demandas sean presentadas oportunamente, éstas se interpongan dentro del plazo de cuatro días contados a partir del momento en que lleve a cabo la notificación o se tenga conocimiento del acto reclamado.

Sin embargo, es criterio reiterado de este Tribunal, que en casos como el que nos ocupa, en el cual se controvierte una conducta omisiva, el plazo es de tracto sucesivo, por lo que la demanda puede presentarse en cualquier momento en tanto subsista la obligación a cargo de la responsable de realizar un determinado acto o emitir resolución.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 15/2011[5] de rubro PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES.

c) Legitimación e interés jurídico. Los juicios son promovido por parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, párrafo 1, inciso b); 79, y 80, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que las demandas fueron presentadas por ciudadanos, por propio derecho, aduciendo presuntas violaciones a su derecho de afiliación.

En cuanto al interés jurídico, se tiene por acreditado ya que los promoventes alegan la violación de sus derechos político-electorales, derivado de la supuesta omisión de la responsable de pronunciarse respecto de su aceptación como militantes del Partido Acción Nacional.

d) Definitividad. En la especie, se colma este requisito, ya que, como se señaló en el considerando segundo de esta sentencia, este órgano colegiado determinó procedente conocer per saltum el presente asunto.

Consecuentemente, al estar colmados los requisitos de procedencia del medio de impugnación que se resuelve, en consonancia con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA[6] y toda vez que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es estudiar los conceptos de agravio expresados en los escritos de demanda.

QUINTO. Síntesis de Agravios. En esencia, los actores hacen valer en vía de agravio, destacadamente la omisión del Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, de darlos de alta en el Padrón Nacional de Militantes y en la lista nominal definitiva de electores para la elección de dirigentes y de candidatos a cargos de elección popular.

Ello, pues según sostienen los actores, a la fecha ha operado a su favor la afirmativa ficta establecida en el punto 4, del artículo 10 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, por lo que de acuerdo al dispositivo referido, los actores ya son actualmente militantes del Partido Acción Nacional, y al no reconocérseles tal carácter, el Partido Acción Nacional viola en su perjuicio su derecho de votar en las elecciones internas del propio instituto político.

SEXTO. Estudio de fondo. Con base a la síntesis de agravios realizada en el considerando anterior de esta sentencia, esta Sala determina que la litis en el presente asunto consiste en determinar si ha operado o no la afirmativa ficta en favor de los actores y, por tanto, si ha lugar o no a reconocerles el carácter de militantes del Partido Acción Nacional.

Debido a la estrecha relación que guardan los motivos de inconformidad formulados por los recurrentes, se propone su estudio de manera conjunta.

A.   Normatividad.

En el presente caso, las normas aplicables son las que a continuación se transcriben.

a)    Estatutos Generales del Partido Acción Nacional[7]

Artículo 9.

1. El procedimiento de afiliación se regirá conforme a lo previsto en el Reglamento correspondiente. La solicitud se presentará por escrito y podrá realizarse ante cualquier Comité del Partido de la entidad federativa correspondiente, independientemente donde se encuentre su domicilio. Los mexicanos residentes en el extranjero, se podrán afiliar fuera del territorio nacional.

2. En los casos en que se niegue el registro en la entidad, podrán realizar el procedimiento de afiliación, en el Registro Nacional de Militantes.

Artículo 10

1. Para ser militante, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano.

b) Tener un modo honesto de vivir.

c) Haber participado en la capacitación coordinada o avalada por el área correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional.

d) Suscribir el formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, acompañando copia de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el Instituto Federal Electoral; en el caso de mexicanos que residan en el extranjero, podrán acompañar copia de la matrícula consular. En el formato se expresa la obligación de cumplir y respetar los principios de doctrina y documentos básicos de Acción Nacional y su compromiso de participar en forma activa y permanente en la realización de los fines, objetivos y actividades del Partido.

e) No estar afiliado a otro partido político ya sea nacional o local.

2. En caso de haber sido militante de otro partido político, deberá separarse de manera definitiva de dicho instituto político, por lo menos seis meses antes de solicitar su afiliación como militante.

3. La militancia en el Partido inicia a partir de la aceptación por el Registro Nacional de Militantes, quien verificará el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. En caso de ser aceptado, la fecha de inicio de la militancia será a partir de la recepción de la solicitud de afiliación.

4. El militante se dará como aceptado, si en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la solicitud, no se emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes.

Artículo 49.

1. El Registro Nacional de Militantes, es el órgano del Comité Ejecutivo Nacional encargado de administrar, revisar y certificar el padrón de todos los militantes del Partido Acción Nacional, en términos de lo dispuesto por el Reglamento correspondiente.

2. Para su funcionamiento serán principios rectores la objetividad, certeza y transparencia. Tendrá la obligación de proteger los datos personales en términos de las leyes que sean aplicables.

3. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

a) Recibir y, en su caso, aceptar las solicitudes de afiliación de los militantes del Partido;

b) Mantener actualizado el padrón de militantes y llevar el registro del cumplimiento de las obligaciones, deberes, sanciones y actividades de los militantes del Partido;

c) Informar trimestralmente a los comités del Partido, acerca de los ciudadanos que se hayan incorporado al padrón, de los movimientos, y de los que hayan sido dados de baja;

d) Expedir los listados nominales de electores para los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con lo establecido en los Reglamentos, acuerdos y/o convocatorias correspondientes;

e) Expedir los listados nominales necesarios para la realización de las asambleas y elección de dirigentes partidistas;

f) Llevar el registro de integración de los órganos municipales, estatales y nacionales del Partido;

g) Llevar y mantener actualizada la base de datos de los simpatizantes del Partido;

h) Declarar la baja, a la que se refiere el artículo 13, párrafo 5, de estos Estatutos, previa audiencia. El Comité Ejecutivo Nacional podrá conocer en última instancia. El reglamento correspondiente establecerá los procedimientos respectivos;

i) Participar de la estrategia de afiliación en el Partido; y

j) Las demás que señalen los reglamentos y acuerdos de la Comisión Permanente.

4. La Comisión Permanente designará, a propuesta de su Presidente Nacional, al Director del Registro Nacional de Militantes.

5. Los órganos estatales y municipales actuarán en auxilio del Registro Nacional de Militantes, y están obligados a proporcionar y atender sus requerimientos oportunamente, en los términos señalados por los reglamentos, y proporcionar la información necesaria para su debida y eficiente administración y actualización.

6. El Registro Nacional de Militantes ceñirá su actuación al Reglamento que en materia de afiliación emita la Comisión Permanente.

7. Los funcionarios y órganos sustantivos y auxiliares que no registren o proporcionen la información de manera oportuna sobre el registro y actividades de los militantes, serán sancionados con base en lo establecido por el reglamento respectivo.

Transitorio

Artículo 10º

Con la publicación de estos Estatutos debidamente sancionados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente reforma.

(…)

b)     Reglamento de Miembros de Acción Nacional[8]

Artículo 2. La afiliación a Acción Nacional es un acto personal, libre y voluntario del aspirante, que manifiesta su identificación con los principios y programas del Partido y su deseo de contribuir efectivamente al logro de sus objetivos.

En ningún caso la afiliación podrá ser producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, ni podrá resultar de un acto de adhesión corporativa.

Los órganos competentes del Partido podrán negar cualquier trámite que implique manipulación interesada en la afiliación de aspirantes. Este hecho será considerado como falta grave a la disciplina en los términos de la fracción VI del artículo 13 de los Estatutos, generando responsabilidad para quienes la induzcan.

Artículo 3. La incorporación como militante al Partido comienza con la recepción de la solicitud de afiliación por la instancia competente, y concluye cuando queda asentada en el padrón del Registro Nacional de Miembros, adquiriendo validez jurídica para todos los efectos.

El trámite de afiliación deberá concluir en los plazos y términos establecidos, siempre que cumpla con las disposiciones reglamentarias y de procedimiento. La simple recepción de la solicitud de afiliación sólo garantiza el inicio del trámite y no obliga al Partido a la aceptación automática del solicitante como miembro activo o como adherente.

(…)

Artículo 30. Las instancias que reciban las solicitudes de afiliación, contarán con 15 días para remitirlas a la estructura inmediata superior. El Registro Nacional de Miembros contará con 15 días para otorgar la aceptación y dar de alta los registros en el padrón nacional o, en su caso, rechazar el ingreso.

No se aplicará ningún tipo de requisito para la recepción o su posterior envío que no sean los señalados por las normas y, una vez recibida la solicitud, deberán entregar el comprobante correspondiente al interesado.

El comprobante será la garantía de trámite del solicitante y lo podrá hacer valer en todo momento, respetándose como fecha de alta la señalada en el mismo.

El Registro Nacional de Miembros hará los ajustes que se requieran a lo señalado por el primer párrafo de este artículo en los casos de entidades donde operen sistemas automatizados de afiliación y cuando la solicitud sea presentada en forma directa ante dicha instancia, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 18 y 21 de este Reglamento.

Artículo 31. Los órganos que recibieron las solicitudes deberán publicar semanalmente en sus estrados los nombres de los solicitantes a efectos de hacerlo del conocimiento de los militantes.

Cada publicación deberá permanecer por lo menos 30 días.

El Registro Nacional de Miembros aprobará las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos por los ordenamientos vigentes y que no se encuentren en los supuestos del Artículo 33 de este Reglamento, procediendo a su incorporación al padrón nacional.

Los solicitantes deberán ser notificados del resultado de su trámite a través de un medio idóneo.

Las personas que no hayan sido aprobadas podrán recurrir ante la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros en un plazo no mayor a un año con respecto al llenado de su solicitud.

Si un solicitante no es notificado del resultado de su trámite en un plazo de 60 días, podrá recurrir al órgano directivo inmediato superior al que le extendió el comprobante o al Registro Nacional de Miembros para resolver su situación.

Cabe precisar que toda vez que el Partido Acción Nacional renovó recientemente sus Estatutos, y continúa en el proceso de adecuación de sus normas reglamentarias, la lectura que se haga de las normas reglamentarias aplicables al procedimiento de afiliación deberá ser acorde a la nueva normativa estatutaria, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 10º transitorio (antes citado), cualquier norma que sea contraria a dichas disposiciones se tendrá como tácitamente derogada.

B.   Respecto de la afirmativa ficta.

Esta Sala Regional procede a realizar un estudio sobre los alcances en la interpretación del artículo 10, párrafo 4, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, precepto central para la pretensión de los actores, dicha porción normativa establece: “El militante se dará como aceptado, si en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la solicitud, no emite pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes”.

Esta disposición, aun cuando en su literalidad no lo dice así, establece lo que se refiere comúnmente y sobre todo en el derecho administrativo como una afirmativa ficta; en la especie, una afirmativa ficta que se traduciría en la aceptación de la calidad de militante para aquellos solicitantes que no obtengan respuesta a sus solicitudes de afiliación en un plazo de sesenta días naturales.

Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal ha explicado, al resolver el expediente SUP-JDC-57/2002, que a la falta de cumplimiento de una autoridad (o partido político) de dar respuesta o resolver alguna petición de los gobernados dentro del plazo que determinan las leyes y para superar el estado de incertidumbre que se produce por esa omisión de la autoridad suele atribuirse una respuesta presunta, la cual, en algunos ordenamientos, se establece en sentido negativo y en otros en sentido positivo.

Asimismo, la Sala Superior ha precisado también que esta solución ante las omisiones requiere necesariamente estar contemplada en la ley (o en la normativa del partido político) de manera expresa o que, en su defecto, pueda deducirse de su interpretación jurídica puesto que se trata de una presunción legal y no de una presunción humana, como se advierte de la tesis de jurisprudencia 13/2007[9] sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, cuyo rubro es AFIRMATIVA Y NEGATIVA FICTA. POR SU NATURALEZA DEBEN ESTAR PREVISTAS EN LA LEY.

En el presente caso, como quedó señalado líneas atrás, la pretensión de los recurrentes consiste en que se les reconozca el carácter de militantes del Partido Acción Nacional, y, se ordene al Registro Nacional de Militantes de dicho partido, dé respuesta a sus solicitudes de afiliación.

A su vez, la causa de pedir, la hacen depender de que, en su concepto, se actualiza la afirmativa ficta, que establece el artículo 10, párrafo cuarto, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, además de que, los recurrentes cumplieron los requisitos atinentes.

Esta Sala Regional considera sustancialmente fundados los motivos de disenso, formulados por los recurrentes, por las razones que se precisan a continuación.

En primer lugar, debe resaltarse que, en concepto de esta Sala Regional, les asiste la razón a los promoventes cuando afirman que de acuerdo a lo previsto en el numeral 10, párrafo cuarto, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, les asiste el beneficio de la afirmativa ficta, por lo que acorde a ello, debe tenerse por aceptada la calidad de militante para todo aquel solicitante que no obtenga pronunciamiento alguno por parte del Registro Nacional de Militantes a su solicitud de afiliación en un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrega de la misma.

Se arriba a la anterior determinación, pues ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias de este Tribunal, el que debe privilegiarse el derecho de asociación ciudadana sobre la libertad de autodeterminación y autoorganización del partido político, toda vez que en el caso que se analiza, la afirmativa ficta opera por el simple transcurso del plazo de sesenta días naturales, sin que exista pronunciamiento alguno del Registro Nacional de Militantes a la solicitud presentada por los aspirantes a militar en el Partido Acción Nacional, tal como lo establece la mencionada disposición estatutaria.

Ello es así, porque en términos de esta porción normativa que se analiza, no se exige el cumplimiento de mayores requisitos, salvo el relativo a que en el plazo de sesenta días naturales no haya pronunciamiento alguno del Registro Nacional de Militantes a la correspondiente solicitud formulada por quienes aspiren a militar en el Partido Acción Nacional. Esta misma interpretación le ha dado a este tema la Sala Superior de este Tribunal, al resolver los expedientes SUP-REC-968/2014 y SUP-REC-991/2014.

Ahora bien, en el caso concreto, los ahora recurrentes sostienen que en los meses de noviembre de dos mil trece, así como enero, febrero y marzo de dos mil catorce, presentaron ante el Comité Directivo Municipal en Tonalá en algunos casos, y ante el Comité Directivo Estatal en Jalisco del Partido Acción Nacional en otros, solicitudes de afiliación como militantes de dicho instituto político, lo cual lo acreditan con los originales de los acuses de recibo correspondientes.

Por tanto, resulta inconcuso, que en la especie, se tiene por actualizada la afirmativa ficta, prevista en el artículo 10, párrafo cuarto, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, toda vez que el órgano partidario competente para atender tales solicitudes de afiliación, es decir, el Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del citado partido político no ha emitido pronunciamiento alguno en torno a las mismas y, al momento de resolverse el presente asunto han transcurrido más de sesenta días naturales, desde que presentaron sus correspondientes peticiones de afiliación.

No obsta a lo anterior que el órgano partidista responsable alegue en el informe circunstanciado, que el veintitrés de junio de dos mil catorce la referida funcionaria partidista emitió una disposición por la que se suspenden por 30 días las actividades de afiliación de los comités directivos estatales y municipales del Partido Acción Nacional, pues dicha circunstancia no impide que se hubiera dado una respuesta individual a las solicitudes de afiliación de los actores, máxime que éstas se presentaron con anterioridad a la emisión de dicha disposición.

-         Falta de Fecha o Sello en el Talón de Afiliación

Esta Sala arriba a la determinación de que resultan INFUNDADOS, los agravios expuestos por los ciudadanos que se enlistan a continuación: