Guadalajara, Jalisco, a treinta de julio de dos mil nueve.

VISTOS para resolver en sentencia definitiva los autos que integran el expediente SG-JIN-4/2009 formado con motivo del juicio de inconformidad promovido por Ramiro Alberto García Quiñónez, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital del 05 Distrito Electoral del Instituto Federal Electoral en Sinaloa, contra los resultados derivados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa y, como consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos propuesta por el Partido Revolucionario Institucional; asimismo, por la nulidad de la votación recibida en casilla y, en su caso, de la elección en el distrito electoral referido; y,

 R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De las constancias que obran en el sumario, se desprende:

a) El cinco de julio de dos mil nueve se llevó a cabo la jornada electoral.

b) El ocho siguiente, el Consejo Distrital del 05 Distrito Electoral del Instituto Federal Electoral en Sinaloa, con sede en Culiacán, inició el cómputo de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa que culminó el nueve posterior, arrojando los resultados reflejados en los cuadros que a continuación se insertan:

c) Al finalizar el cómputo, el consejo distrital declaró la validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa y la elegibilidad de la fórmula que obtuvo la mayor cantidad de votos. Acto seguido, el presidente del consejo expidió la constancia de mayoría y validez al binomio de candidatos registrado por el Partido Revolucionario Institucional, cuyos integrantes son: Aarón Irizar López, propietario, y Reyna Araceli Tirado Gálvez, suplente.

II. Presentación del medio de impugnación. En desacuerdo, el trece de este mes, el accionante promovió juicio de inconformidad.

III. Aviso de presentación. El mismo día, se tuvo por recibido comunicado vía fax, dirigido al Doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, Magistrado Presidente de esta Sala Regional, remitido por Santos Andrade Torres, vocal secretario del consejo aludido, en el que informó la promoción del juicio.

IV. Remisión a la Sala. El secretario aludido envió el expediente integrado, mediante oficio CD/1033/2009, recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete ulterior.

V. Tercero interesado. Durante el plazo de setenta y dos horas, estipulado por el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, acudió como tercero interesado Jesús Ramón Mendoza Félix, en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital del 05 Distrito Electoral del Instituto Federal Electoral en Sinaloa.

VI. Turno. Por auto de la fecha de recepción, el Magistrado Presidente proveyó integrar el expediente SG-JIN-4/2009; así también, turnarlo a la ponencia del Magistrado Noé Corzo Corral, para los efectos a que se refiere el artículo 19 de la propia legislación.

VII. Radicación y requerimiento. En proveído de veinte posterior, el Magistrado Instructor acordó: tener por recibida la documentación, radicar el medio de impugnación en su ponencia y requerir a la autoridad responsable por cierta documentación que, a su juicio, resultaba necesaria para resolver el asunto.

VIII. Sustanciación. Por auto de veintiséis siguiente, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado, se admitió el juicio de inconformidad y se declaró cerrada la instrucción, ordenándose elaborar el proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, con sede en Guadalajara, tiene competencia para conocer y resolver el juicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, base VI, 60, párrafo 2, y 99, párrafo 4, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción I, y 195, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 49, 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como del acuerdo CG404/2008, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado el veinte de octubre del año próximo pasado, en el Diario Oficial de la Federación; por tratarse de un juicio de inconformidad promovido por un partido político contra actos correspondientes a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en un distrito electoral federal ubicado en el ámbito territorial de este órgano colegiado.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, por ser de estudio preferente, se analizan las causas de improcedencia que hace valer la autoridad responsable.

Cabe precisar, que aun cuando fue el vocal secretario del consejo distrital y no su presidente, quien rindió el informe circunstanciado, ello no inválida los efectos que produce dicho documento, en tanto que aquél puede auxiliar en sus funciones a éste, incluyendo lo atinente a la sustanciación de los medios de impugnación.

Sirve de sustento, la tesis relevante S3EL 027/97, propalada por la Sala Superior, que prescribe:

“INFORME CIRCUNSTANCIADO. QUIÉNES TIENEN ATRIBUCIÓN LEGAL PARA RENDIRLO.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la autoridad responsable del acto o resolución impugnado debe remitir al órgano competente del Instituto Federal Electoral o a la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según corresponda, el informe circunstanciado, mismo que deberá contener la firma del funcionario que lo rinde, entre otros requisitos. Del análisis gramatical del precepto citado, resulta incontrovertible que la intención del legislador fue que solamente un funcionario, y no todos los que conforman el órgano administrativo correspondiente, complementará el referido requisito. Además, de la interpretación sistemática de la norma mencionada y de los artículos 99, párrafos 2 y 3; 107, párrafos 1, inciso h), y 2; 109, párrafos 2 y 3; y 117, párrafos 1, inciso i), y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 17, párrafos 1 al 3, de la ley citada, se colige que, al ser el trámite una cuestión meramente administrativa, la atribución directa de rendir el informe circunstanciado le compete al presidente o vocal ejecutivo del consejo o junta, según sea el caso, empero, en dicha tarea puede ser auxiliado por el secretario del órgano administrativo correspondiente. Máxime que, al derogarse la facultad exclusiva de rendir el informe por parte del secretario, mediante el Decreto que modificó, adicionó y derogó diversas disposiciones de varios ordenamientos jurídicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, de la lectura de la exposición de motivos y de los respectivos dictámenes, no se advierte que la referida supresión hubiera sido con el objeto de otorgarle la atribución a otro funcionario u órgano, sino que, por el contrario, existiera flexibilidad, con el fin de hacer ágiles y expeditos los trámites derivados de la presentación de un medio de impugnación, para que fuera el presidente o secretario del órgano administrativo correspondiente el encargado de rendir el informe circunstanciado y, consecuentemente, signado por cualquiera de ellos.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-065/97.—Partido de la Revolución Democrática.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretaria: Ma. Luisa Cuéllar Steffan.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 642-643.”

De suerte que, merece la pena examinar las causales de improcedencia que enseguida se abordarán.

1) Que las casillas 711 contigua 1, 716 básica, 725 básica, 730 contigua 1, 746 básica, 747 básica, 763 básica, 772 básica, 803 básica, 807 básica, 811 básica, 823 básica, 825 básica, 833 básica (sic), 850 básica, 856 básica, 859 básica, 860 básica, 871 básica, 875 básica, 878 básica, 887 básica y contigua 1, 911 básica, 915 básica, 917 contigua 1, 925 básica, 927 básica, 929 básica, 931 básica, 934 contigua 1, 940 básica, 951 básica, 955 básica, 960 básica, 970 básica, 976 básica, 981 básica, 1019 básica, 1021 básica, 1048 básica, 1050 básica, 1082 básica, 1219 contigua 1, 1239 básica, 1272 básica, 1275 básica y contigua 1, 1295 básica, 1326 básica, 1327 básica, 1350 contigua 1 y 1364 básica, fueron motivo de recuento durante la sesión de cómputo distrital celebrada durante los días ocho y nueve de julio del año en curso; de ahí que, según su dicho, atento al contenido del artículo 295, párrafos 8 y 9 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, éstas no pueden ser impugnadas por la causal de nulidad invocada por el actor, para modificar el cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa.

2) Que en relación al agravio tercero, no se cumple con la obligación impuesta por el artículo 52, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues no se individualiza en cada una de las ciento trece casillas invocadas, la causa de nulidad específica por la cual solicita su anulación.

En torno a lo alegado en el inciso 1), no le asiste razón a la responsable, en tanto que el precepto que alude establece:

“Artículo 295

(…)

8. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.”

Como se ve, el supuesto normativo va dirigido a errores en actas de escrutinio y cómputo que ya fueron corregidos por el consejo distrital, por lo que la prohibición para invocarse como causa de nulidad solamente incluye a las casillas que, siendo objeto de recuento, son impugnadas principalmente por la causal contenida en el inciso f) del artículo 75 de la ley adjetiva electoral (haber mediado dolo o error en la computación de los votos); de suerte que, si no hay casilla alguna en esta hipótesis, no es dable hacer extensiva dicha restricción a las demás que prevé tal norma electoral.

Por cuanto a lo expresado en el inciso 2), opuestamente a lo afirmado por la responsable, de la lectura de la demanda se advierte que se hace una relación clara de las casillas en las que se solicita la nulidad de la votación, identificando la sección y tipo de casilla, se especifica el distrito, la entidad federativa y la causa de nulidad que, desde la perspectiva del accionante, se actualiza en cada una de ellas; se expresan los agravios que, a juicio del actor, le ocasionan los hechos en que funda su pretensión y realiza la agrupación de las casillas impugnadas; de modo que, en lo que al caso atañe, el ocurso relativo sí reúne los requisitos especiales aplicables, contemplados en el precepto 52 de la ley de la materia.

De lo que se sigue que, en oposición a lo afirmado, no son patentes dichas hipótesis de improcedencia.

TERCERO. Presupuestos procesales.

a) Forma. La demanda cumple con los requerimientos que prevé el numeral 9 de la ley adjetiva electoral, dado que el representante del instituto político actor hace constar su nombre, domicilio, señala los actos impugnados, identifica a la autoridad responsable y manifiesta los hechos en que basa su impugnación, los agravios que le causan los actos reclamados, los preceptos presuntamente violados, las pruebas ofrecidas y aportadas que estima necesarias para acreditar su acción e imprime su firma autógrafa.

b) Oportunidad. El medio de impugnación se interpuso oportunamente, dado que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital que se controvierte, aparece que concluyó a las seis horas con treinta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil nueve y la demanda fue presentada a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del trece de los mismos mes y año; por ende, se encuentra dentro del plazo de cuatro días marcado por el dispositivo 55, párrafo 1, inciso b), de la ley en cita.

c) Legitimación y personería. El Partido Acción Nacional está legitimado para promover el juicio de inconformidad y Ramiro Alberto García Quiñónez, cuenta con la personería suficiente para hacerlo, por ser representante propietario del instituto político ante la autoridad responsable (foja 38 del cuaderno principal), según lo manifestó ésta; lo anterior, con fundamento en los artículos 18, párrafo 2, inciso a) y 54, párrafo 1, inciso a), de la legislación citada.

d) Requisitos especiales. El escrito de demanda, satisface los requisitos especiales del artículo 52, párrafo 1, de la propia ley, virtud a que el impugnante plantea el juicio de inconformidad contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 05 distrito electoral federal en Sinaloa; la declaración de validez de la elección y, por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas.

Igualmente, se precisan de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada y las causales que invoca respecto de cada una, así como la razón por la que considera debe declararse la nulidad de la elección efectuada en el distrito; lo cual, por cierto, se reitera en este apartado, pese a que en el considerando precedente se efectúo el examen respectivo.

CUARTO. Tercero interesado. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Jesús Ramón Mendoza Félix, quien se ostenta como su representante, compareció como tercero interesado, calidad que se le reconoce, toda vez que cumple los extremos enunciados en el numeral 17, párrafo 4, de la ley multirreferida, porque: a) el escrito fue presentado ante la responsable a las veintidós horas con quince minutos del dieciséis de los corrientes, esto es, dentro de las setenta y dos horas de la publicitación de la cédula que dio a conocer que se promovió el juicio de inconformidad, tomando en consideración que inició a las veintidós horas con veinte minutos del trece de los mismos mes y año; b) en él consta el nombre del compareciente, la firma autógrafa del representante y se precisa la razón del interés jurídico en que funda su pretensión; c) tiene legitimación por contar con un interés en la causa, derivado de un derecho incompatible con el actor; y, d) Jesús Ramón Mendoza Félix, como se desprende del informe circunstanciado, tiene la personería necesaria por ser representante propietario del ente político ante el consejo distrital supracitado.

QUINTO. Litis. La cuestión a dilucidar se constriñe en determinar si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación recibida en las ciento veinticinco casillas impugnadas a través del juicio de inconformidad y, como consecuencia, si deben modificarse o no los resultados asentados en el acta de cómputo en la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondientes al 05 distrito electoral federal en Sinaloa y, en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes; ello, de conformidad con lo estatuido por el artículo 56, incisos a), c), d) y e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de los motivos de disenso formulados, sin que para ese ejercicio, este tribunal sea rigorista, por el contrario, suplirá la deficiencia del planteamiento en donde deba hacerlo, por mandato del numeral 23 de la propia legislación, atendiendo a la causa de pedir del partido promovente.

Tales razonamientos se abordarán como a continuación se precisa.

Previamente es pertinente destacar, que a lo largo de la demanda, el actor expresa que en las casillas cuya nulidad pretende, se actualizan las hipótesis que para tal efecto precisan los incisos a), c), e), j) y k) del numeral 75 de la ley citada, al margen de las que individualmente puntualiza para cada una de ellas.

Luego, en relación a la casilla 934 contigua 4, en donde alega como causas de nulidad las incluidas en los incisos j) y k), debe desestimarse lo esgrimido por el actor, habida cuenta que, según se desprende del acuerdo del consejo distrital CD/A/25/05/009/09, por el que se aprobó la lista definitiva que contiene el número y domicilios propuestos para la ubicación de las casillas electorales básicas y contiguas (encarte), que se instalaron en el distrito con motivo de los comicios federales, así como del informe circunstanciado, aquélla no aparece en estos documentos; de suerte que, es inocuo ocuparse de su análisis en tanto que, por un lado, de las constancias se deduce que dicha mesa receptora de votación no existe y, por otro, aun en el supuesto de hacer eficaz lo establecido por el numeral 23 antes indicado, esto es, la suplencia de la deficiencia de la queja, tampoco puede llegarse a la corrección de que se asemeje a una de las casillas componentes del distrito 05 con cabecera en Culiacán, Sinaloa, toda vez que ninguna de las existentes arroja los resultados que arguye el promovente.

Consiguientemente, ni siquiera de manera incipiente, es fácil advertir la causa de pedir que haga imprescindible y obligatoria la instrumentación de tal figura de derecho consagrada constitucional y legalmente.

Hechas las acotaciones, se procederá al estudio conforme el cuadro que a continuación se introducirá, el cual contiene la relación de ciento veinticuatro casillas restantes, en donde se identifica con la letra “B” si es de tipo básica y con la letra “C” cuando sea contigua, seguido del número progresivo; asimismo, la causal de nulidad por la cual será analizada.

Resulta oportuno también aclarar, que dentro del examen de los diferentes supuestos de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, este órgano colegiado privilegiará el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", adoptado en la jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 231 a 233, que previene:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDA­MENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con funda­mento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;  184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos validamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídi­cos, caracteri­zándose por los siguientes aspectos funda­men­tales:  a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supues­tos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, incon­sistencias, vicios de procedimiento o irregula­ridades detectados sean determi­nantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron validamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especiali­zado ni profesional, conformado por ciudadanos escogi­dos al azar y que, después de ser capa­citados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxi­me cuando tales irregularidades o imperfec­cio­nes menores, al no ser determinantes para el resulta­do de la votación o elección, efectiva­mente son insufi­cientes para acarrear la san­ción anulatoria correspon­diente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nuga­torio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propi­ciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efecti­va del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.”

Además, únicamente se decretará la nulidad de la votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación; es decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la jornada electoral o incluso después de concluida, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla. Para ello, se tendrá presente que todas las causales están regidas por el elemento “determinancia”, esté o no regulado expresamente; de donde se colige que si la irregularidad no es determinante para el resultado de la votación, cuando de las constancias de autos se desprenda que su actualización no vulnera alguno de los principios de certeza de la elección, no es dable nulificar la votación de la casilla impugnada.

Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Sala Superior S3ELJ 13/2000, visible en las páginas 202 y 203, de la compilación ya citada, que reza:

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares). La declaración de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es determinante para el resultado de la votación. Esta circunstancia constituye un elemento que siempre está presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita. En efecto, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código Electoral del Estado de México, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Constituye una cuestión diferente, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal elemento. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.”

Asimismo, en acatamiento al principio de exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes, este órgano jurisdiccional procederá en consecuencia, ponderando las pruebas aportadas por las partes o recabadas por este tribunal, para dilucidar al final, la pretensión de los contendientes.

Cobra vigencia, la tesis jurisprudencial de la Sala Superior S3ELJ 12/2001, que aparece en la compilación multirreferida, a foja 126, que dice:

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.”

SEXTO. Primeramente, el actor hace valer la causal de nulidad incluida en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en las casillas 811 B, 897 B, 915 B y 1228 B aduciendo los agravios siguientes:

“PRIMERO. Causan agravios al Partido Acción Nacional que represento, el que distintas casillas, que se señalan más adelante, durante la jornada electoral del día cinco del julio del dos mil nueve, en el distrito federal 05 de Sinaloa, con cabecera en Culiacán, Sinaloa (sic), se hayan instalado, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital y, como consecuencia de lo anterior, el escrutinio y cómputo se haya realizado en un local diferente al determinado por el Consejo Distrital, configurándose así las causales de nulidad de la votación recibida en las casillas, previstas en los incisos a) y c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que me permito enlistar las casillas en las cuales existen supuestos de violación a lo marcado por la ley electoral vigente.

La casilla 811 básica fue instalada de manera irregular en domicilio diferente al establecido por el Consejo Distrital referido en el párrafo anterior, ya que se hizo un cambio de ubicación, y donde se instaló fue en Aldama # 191 Norte, siendo que, de conformidad con las publicaciones del Consejo Distrital, se debió de haber instalado en Mariano Escobedo # 191 Norte, colonia Centro. Lo anterior consta en el acta de la jornada electoral de dicha casilla, misma que adjunto al presente ocurso como anexo.

Cabe destacar que en la hoja de incidentes de la casilla antes referida, no se hace constar que el cambio de su lugar de ubicación obedezca a cualesquiera de las razones que señala el artículo 262 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como causas justificadas para el cambio de domicilio de las casillas el día de la jornada electoral, que a la letra dispone: (Se transcribe)

Es el caso que, en el acta de la jornada electoral de la casilla 811 básica, consta fehacientemente que dicha casilla se instaló en Aldama 191 Norte, lo cual es efectivamente un domicilio distinto al ordenado por la autoridad electoral. Es así como al haber una modificación en cuanto al domicilio, por ministerio de ley, se debió haber anotado y hecho constar en el acta respectiva dicha situación en los términos del artículo 262 anteriormente citado y solamente se podría haber cambiado el lugar de ubicación de la casilla de presentarse alguno de los supuestos especificados en el precepto legal antes mencionado. De la lectura del acta de la jornada electoral de la casilla que se impugna por este medio, es claro que en ningún momento se hicieron constar las razones por las que se instaló la casilla de referencia en un domicilio distinto al autorizado por el Consejo Distrital, ni tampoco se manifiesta que se hubiese presentado alguna de las cinco hipótesis normativas previstas como causa justificada para ubicar la casilla en lugar distinto al señalado en la publicación de dicho consejo.

Por tal motivo, resulta claro que al no haber existido causa justificada alguna para que la instalación de la casilla 811 básica y el escrutinio y cómputo de la misma se realizara en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, así como al no haberse asentado en el acta la razón por la cual se llevó a cabo dicho cambio de domicilio, la votación de dicha casilla 811 básica resulta nula, ya que dicho acto vulnera lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el lugar en que se deben de instalar las casillas electorales, con el propósito de que los ciudadanos puedan emitir su voto, actualizándose con ello lo dispuesto por los incisos a) y c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que declara procedente la nulidad de la votación en la casilla donde se haya presentado este supuesto.

Así las cosas, al haberse instalado la casilla 811 básica en un lugar distinto al domicilio publicado por el consejo electoral, se vulnera el principio de certeza que debe prevalecer en cualquier proceso electoral, puesto que se crea confusión en el electorado con respecto al lugar en donde deben ejercer su derecho al sufragio.

Como ya se señaló, el COFIPE establece un procedimiento para la ubicación de las casillas, mismo que va encaminado al cumplimiento del principio de certeza, a fin de que tanto los partidos políticos, como los electores tengan conocimiento previo del lugar en el que deberán ejercer su derecho a sufragar.

Ahora bien, al instalar la mesa directiva de dicha casilla en lugar distinto al autorizado y señalado, así como previamente publicado por el Consejo Distrital electoral correspondiente, sin causa justificada ni facultades para ello, violentó con ese solo hecho, el principio de legalidad, puesto que al no seguir ni acreditar las formas legales, rompió en consecuencia con dos de los principios rectores del proceso electoral, el de certeza y el de legalidad de la recepción de la votación en dicha casilla, tal y como lo prevé la fracción III del artículo 41 constitucional. En cuanto a este punto, cabe decir, adicionalmente, que tanto los principios rectores de los procesos electorales como las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son de orden público y observancia general, agraviando en consecuencia los intereses del partido político que represento, en razón de haberse violado en su perjuicio los artículos previamente señalados.

De igual forma, la casilla 897 básica, fue instalada de manera irregular en domicilio diferente al establecido por el Consejo Distrital, ya que se instaló en Obrero Mundial # 3011, casa 2, colonia Fovissste Diamante, siendo que debió haber sido instalada en Obrero Mundial # 3035, casa 1, colonia Fovissste Diamante, y en dicha casilla no se dejó aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original, como lo contempla el artículo 262 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, configurándose así los supuestos de nulidad previstos en el inciso a) y c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De igual forma, la casilla 915 básica, fue instalada de manera irregular en domicilio diferente al establecido por el Consejo Distrital, ya que del acta no se aprecia el lugar en que se instaló dicha casilla, siendo que debió haber sido instalada en boulevard Diamante # 1612, colonia Stase, y en dicha casilla no se dejó aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original, como lo contempla el artículo 262, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y   Procedimientos Electorales, configurándose así los supuestos de nulidad previstos en el inciso a) y c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De igual forma, la casilla 1228 básica, fue instalada de manera irregular en un domicilio diferente al establecido por el Consejo Distrital, ya que se instaló en el jardín de niños “Pablo de Villavicencio”, Los Bagresitos, siendo que debió haber sido instalada en la escuela primaria “Licenciado Benito Juárez”, domicilio conocido, Bagresitos, y en dicha casilla no se dejó aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original, como lo contempla el artículo 262, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, configurándose así los supuestos de nulidad previstos en el inciso a) y c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, causa agravio al Partido Acción Nacional el que la casilla antes referida no se haya instalado en domicilio señalado por el Consejo Distrital, por los mismos argumentos vertidos en los párrafos anteriores y que, en obvio de repeticiones, solicito atentamente se entiendan por reproducidos como si se insertasen a la letra.

A fin de robustecer mis argumentos cito las siguientes tesis de jurisprudencia emanadas del entonces Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su Primera Época:”

“INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA (ACTUALMENTE CONSEJO) DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD.” (Se transcribe).

“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LOCAL DIFERENTE AL DETERMINADO POR EL CONSEJO DISTRITAL RESPECTIVO. CUANDO SE CONSIDERA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO.” (Se transcribe).

“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL DIFERENTE, AL AUTORIZADO.” (Se transcribe).

Esencialmente, el artículo 241, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula que las casillas deben instalarse en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto; prefiriéndose los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los sufragantes conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 243 y 258 del propio código, establecen que los consejos distritales publicitarán las listas de donde serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y sitios públicos de mayor concurrencia en el distrito.

Así, la instalación de la casilla en un espacio determinado tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer previamente a donde se dirigirán a emitir su sufragio el día de la jornada.

Puede ocurrir, que al momento de su instalación, se presenten diversas circunstancias que conduzcan a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación. Los supuestos que se consideran justificados para el cambio de una casilla a un lugar distinto al predeterminado, se encuentran previstos en el artículo 262 del código sustantivo electoral, el cual, en su párrafo 2, establece que en cualesquiera de los casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el sitio más adecuado y próximo, dejándose aviso de la nueva ubicación en el exterior del local original programado.

De tal suerte que, acorde con lo preceptuado por el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite:

a) Que la casilla se instaló en un lugar distinto al señalado por el consejo distrital correspondiente; y,

b) Que el cambio de ubicación se realizó sin justificación legal para ello.

Para que se demuestre la primera hipótesis, será necesario que el actor compruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que se aprobó y publicó en su oportunidad.

A fin de justificar el segundo supuesto, deberá atenderse a la existencia o no de una causa justificada prevista en el código sustantivo, como quedó expresado; valorando aquellas constancias obrantes. Todo lo cual, además, tiene que ser determinante para el resultado de la elección, según se anticipó.

Necesario resulta, además, para la procedencia de la pretensión del accionante, examinar las constancias que hay en autos, en particular: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla –encarte-; b) actas de la jornada electoral; c) acta de escrutinio y cómputo; y, d) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna. Dichas documentales, al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario sobre su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, gozan de valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la ley adjetiva de la materia; y, de ser el caso, con los diversos medios de convicción que aporten las partes, justipreciados con base en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la misma legislación.

A guisa ilustrativa, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla, la ubicación de las casillas publicadas en el encarte, así como la precisada en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que pueden ser tomadas en cuenta para emprender el estudio atinente. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los siguientes datos:

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a ponderar si en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan y a las particularidades de su ubicación.

Resulta INFUNDADO el agravio formulado con relación a la casilla 811 B.

Del análisis del acta de la jornada electoral, específicamente en el apartado relativo a la instalación, se observa que se asentaron de manera errónea e incompleta los datos correspondientes al sitio en donde fue ubicada la mesa receptora de mérito, como se refleja en el cuadro.

Importa también precisar, que por lugar de ubicación no debe entenderse únicamente una dirección, integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino que los signos externos del espacio en donde se ubique la casilla, garanticen su plena identificación con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado.

Esto es, también pueden proporcionarse diversos elementos referenciales del lugar, que faciliten su plena identificación por los votantes, como pudieran ser: el nombre de una plaza, de un edificio, escuelas, el cruce de determinadas calles, etcétera, mismos que resulten comunes para los habitantes del distrito. Lo anterior es ejemplificativo para demostrar que si en las actas de la jornada electoral o en las de escrutinio y cómputo levantadas por los funcionarios de la mesa directiva de una casilla, no se anotó el lugar preciso de su ubicación en los términos en que apareció publicada en el encarte, ello es insuficiente para considerar que la casilla se armó en sitio diverso al autorizado por el consejo distrital, máxime que, conforme con las reglas de la experiencia y la sana crítica, es del conocimiento de este órgano jurisdiccional que ocasionalmente aquéllos, al asentar el domicilio en que se instaló la casilla, en las actas relativas aluden a los datos más relevantes del lugar físico de ubicación de la mesa receptora y omiten plasmar los concernientes a la dirección del lugar autorizado y publicado por el órgano electoral administrativo, tomando en cuenta, además, que los funcionarios son ciudadanos que, por lo general, no son profesionales ni especialistas en la materia electoral.

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia S3ELJ 14/2001, emitida por la Sala Superior, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 148-150, de la voz: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.”

Sobre el particular, se debe hacer notar, que en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, no se advierten textos que necesariamente deban entenderse como lugares diferentes; por el contrario, siempre se encuentra alguna vinculación entre el contenido del encarte y la anotación en las actas, que hace presumir que los datos precisados se refieren al mismo sitio; es así, porque se desprende del encarte que la calle Mariano Escobedo hace esquina con la calle Aldama, y que el número de la finca es 191, tanto en la de la publicación como la que aparece en las actas.

De lo que se colige, que no existen bases suficientes para llegar a la convicción que la casilla se instaló en lugar diverso al aprobado por el consejo distrital; antes bien, hay coincidencia parcial en las dos formas de aludir a los sitios de que se trata, en virtud de que la diferencia radica únicamente en que, mientras el encarte contiene mayor número de datos, en las actas no se incluyeron todos ellos, y fueron anotados de forma imprecisa, seguramente porque al establecerse en una esquina, se asentó la de una calle en vez de la otra; lo que no es suficiente para demostrar que esa casilla fue instalada en otro lado a aquel al en que debía hacerse; error que, de suyo, no implica la actualización de la causa de nulidad de votación.

También se destaca, que los representantes de los partidos políticos o coaliciones que estuvieron presentes durante la instalación de la casilla, así como en el escrutinio y cómputo, firmaron de conformidad las actas respectivas, sin mayor comentario en los apartados correspondientes ni en la hoja de incidentes.

Por los argumentos vertidos, se arriba a la conclusión de que la casilla se colocó en el lugar determinado por el consejo responsable.

Derivado de lo anterior, en relación a lo que expone el actor en el sentido de que, a su decir, se vulneró el principio de certeza al crear confusión en el electorado con respecto al lugar en donde debía ejercerse su derecho al sufragio a raíz del cambio de la casilla, al no acreditarse que esto ocurrió, se colige que se instaló en el lugar aprobado; entonces, es claro que se torna INOPERANTE el agravio.

En cuanto a las casillas 897 B y 1228 B, de los datos consignados en el cuadro comparativo, así como de lo asentado por los funcionarios de la mesa directiva de casilla en el acta atinente, el apartado relativo a "si la casilla se instaló en lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, explique las causas", se desprende que se ubicaron en sitio distinto al señalado por el consejo distrital, acreditándose el primer elemento que integra la hipótesis de la causal.

Pero, se considera que este hecho, por sí solo, no impactó en grado tal para anular la votación recibida en las casillas anunciadas.

En la primera, se aprecia del contenido de la hoja de incidentes, que los funcionarios de la mesa receptora anotaron: "El espacio asignado por el IFE, estaba pequeño"; lo que se fortalece con lo inscrito en el acta de la jornada electoral: “…por las condiciones desfavorables del espacio asignado por el IFE (…) no había condiciones por ser demasiado pequeño”; de ahí que fue atinada la decisión tomada por los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos acreditados, por estar apegada a derecho, en virtud de que el artículo 262, inciso d), correlacionado con el diverso 241, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé como uno de los motivos justificados para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando las condiciones del local designado no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil acceso de los electores; o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal, de modo que se dio una causa justificada para el cambio a un sitio que reuniera las características necesarias que permitiera llevar a cabo con normalidad la función electoral, en la medida que el originalmente destinado resultó inviable.

Tocante a la segunda de las casillas en examen, en el acta de la jornada se asentó: “no prestaron el lugar”, debe señalarse que a pesar de que en el texto del numeral más recientemente señalado, no se establece como razón legal para la instalación de casilla en sitio diverso que "no presten el lugar", en consonancia con el criterio adoptado por la Sala Superior en la tesis relevante S3EL 120/2001, del rubro: “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.”, que se lee en las páginas 680-681 de la compilación multimencionada, resultó permisible tal actuar, puesto que los funcionarios de la mesa directiva estaban imposibilitados para obligar a la persona encargada del centro escolar a que les permitiera accesar a instalar la casilla.

Cabe hacer hincapié que en los documentos de ambas mesas receptoras de votación, no se advierte la existencia de algún otro incidente durante el desarrollo de la jornada electoral, ni los representantes de los partidos presentaron escritos de protesta o de incidentes relacionados con ellas.

A su vez, el actor expresa que en las dos casillas examinadas no se dejó aviso sobre la nueva ubicación, lo que se corrobora con las constancias del expediente; sin embargo, esta Sala estima que tampoco procede declarar la nulidad de la votación por este supuesto por lo siguiente.

El artículo 262, párrafo 2, ya mencionado al inicio del considerando, establece que en el exterior del sitio donde originalmente estaba asignada la casilla, se deje aviso de la nueva ubicación, teniendo como propósito que los ciudadanos tengan la certeza del nuevo lugar al cual deben acudir a ejercer el sufragio.

Así las cosas, el hecho de que en el sitio autorizado por el consejo distrital no se hubiera dejado dicho aviso, en modo alguno incide en inobservancia al principio de certeza, toda vez que el porcentaje de votación emitida en estas casillas es superior al de participación ciudadana en el distrito, como se muestra a continuación:

Evidente es que no se propició o generó incertidumbre en los votantes respecto del punto al que debían acudir a sufragar, pues se acreditó una afluencia importante de electores, la cual no se habría dado si la reubicación de la casilla hubiera causado desorientación, por lo que es de deducirse que no se vulneró el principio de certeza.

INFUNDADOS, por tanto, se tornan los motivos de queja expuestos para estas casillas.

Por último, en lo que concierne a esta causal, en la casilla 915 B, del análisis de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se desprende que no se anotó el lugar en donde fue instalada.

No obstante, esa omisión no es valedera para constatar que la casilla hubiera funcionado en un sitio distinto al anunciado por el consejo distrital; en todo caso, las actas demuestran la falta de acuciosidad de los funcionarios de casilla en su llenado, mas no que se instaló y funcionó en otro diverso al publicado, tal como lo ha sostenido la Sala Superior en la tesis relevante S3EL 027/2001, apreciable en el compendio de criterios supracitado, páginas 654-655, que se trae a colación analógicamente, del texto:

 “INSTALACIÓN DE CASILLA. SU ASENTAMIENTO FORMAL EN EL ACTA, NO ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA (Legislación del Estado de Jalisco). La obligación de hacer constar en el acta de jornada electoral la instalación de la casilla, contenida en el artículo 275 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, no constituye un requisito de existencia o validez de dicho acto jurídico. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que en el precepto en cita no se le atribuye el de requisito sine qua non del referido acto ni tampoco en algún otro precepto del ordenamiento citado, y en cambio, si se dispone que los actos necesarios para estimar conformada la casilla correspondiente son: a) La asistencia de los funcionarios propietarios o de los que conforme a la ley se encuentran autorizados para recibir la votación, y b) La realización de los actos materiales de instalación de casilla, por parte de los funcionarios que conforman la mesa directiva de casilla, en presencia de los representantes de los partidos debidamente acreditados. En todo caso, el hacer constar en el acta de jornada electoral la instalación de la casilla, forma parte del sistema de formalidades previsto para el llenado de las acta de la jornada electoral, que tiene como propósito preconstituir, en documento público, la prueba de ciertos hechos, con la finalidad de establecer que en los comicios se respetaron los principios fundamentales que para una elección democrática exige la Constitución General de la República, por lo que las formalidades previstas en el llenado de estos documentos, generalmente son ad probationem y no ad solemnitatem. En consecuencia, el que no se haya llenado el acta de instalación de casilla, no lleva a concluir ineludiblemente que ésta no se instaló.”

Es dable añadir, que el cambio de ubicación de una casilla constituye una circunstancia patente y relevante; por tanto, es lógico considerar que si lo aducido por el enjuiciante hubiera ocurrido en realidad, los representantes de los demás partidos lo hubieran manifestado, lo que no aconteció, ya que ninguno de los presentes durante la instalación de la casilla firmó las actas bajo protesta, ni presentó escrito de incidentes relacionados con esa situación, incluyendo el del partido actor.

En esa tesitura, aunado a que el inconforme no ofreció prueba alguna para acreditar que la casilla se instaló en un lugar distinto al autorizado, incumpliendo además con la carga probatoria prevista por el artículo 15, párrafo 2, de la ley adjetiva electoral, deviene INFUNDADO el agravio que hace valer.

Virtud a lo anterior, es INOPERANTE la lesión al principio de certeza que expone el actor, al no dejarse el aviso de la nueva ubicación de la casilla, porque, como se vio, no hay elementos para considerar que ésta se cambió de domicilio, lo que hipotéticamente configuraría su alegación.

No pasa inadvertido que el accionante señala que, como consecuencia de la actualización de la causal ya examinada en las cuatro casillas estudiadas, también se configura la diversa prevista en el inciso c) del numeral 75 de la propia ley, que supone la nulidad de la votación recibida en una casilla cuando se realice sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el consejo respectivo. Empero, la configuración de aquélla, indefectiblemente repercute en ésta, o sea, al haberse estimado infundado que las casillas 811 B, 897 B, 915 B y 1228 B, se instalaron contrariando a la ley, la misma suerte corre la causal invocada en segundo término; de modo que, tampoco asiste razón al accionante para declarar la nulidad de la votación por la hipótesis contemplada en el inciso c) multirreferido.

SÉPTIMO. El promovente también expresa que se configura la causal de nulidad contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en las casillas 719 B, 871 B, 891 B, 898 B, 960 B, 1030 B, 1227 B, 1326 B y 1350 C1. 

El partido político actor manifiesta que:

“SEGUNDO. Causa agravio al Partido Acción Nacional el hecho de que en las casillas 719 BÁSICA, 871 BÁSICA, 891 BÁSICA, 898 BÁSICA, 960 BÁSICA, 1030 BÁSICA, 1227 BÁSICA, 1326 BÁSICA, 1350 CONTIGUA 1, no hayan fungido como funcionarios de casilla las personas expresamente insaculadas por el Consejo Distrital 05, de Culiacán, Sinaloa y señaladas para tales efectos en la publicación respectiva del Consejo Distrital.

Al haberse integrado las mesas directivas de las casillas señaladas, con personas distintas a la expresamente designadas por el Consejo Distrital, se vulnera lo dispuesto por los artículos 152, 155, 156 y 240 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en consecuencia se actualiza lo dispuesto por el inciso e) del artículo 75 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que señala que será nula la votación recibida en una casilla electoral al: (Se transcribe).

De la lectura de las Actas de la Jornada Electoral de las casillas 719 BÁSICA, 871 BÁSICA, 891 BÁSICA, 898 BÁSICA, 960 BÁSICA, 1030 BÁSICA, 1227 BÁSICA, 1326 BÁSICA, 1350 CONTIGUA 1 que se acompañan al presente ocurso como anexo, se desprende que el ciudadano CANDELARIO MORENO OLIVAS fungió como SEGUNDO ESCRUTADOR de la mesa directiva de la casilla 719 BÁSICA; el ciudadano ÁNGEL ERNESTO URREA CAMPEÓN, fungió como primer escrutador de la mesa directiva de la casilla 871 BÁSICA; la ciudadana DAYANA SUSUKY FARRERA, fungió como primer escrutador en la mesa directiva de la casilla 891 BÁSICA; la ciudadana MÓNICA GABRIELA ALVARADO MÉNDEZ, fungió como segundo escrutador de la mesa directiva de la casilla 898 BÁSICA; la ciudadana MARÍA DEL REFUGIO CABANILLAS MADEZA fungió como segundo escrutador de la mesa directiva de casilla 960 BÁSICA; la ciudadana LETICIA DE BORREGO, fungió como secretario de la mesa directiva de la casilla 1030 BÁSICA; el ciudadano SANTOS REYES SOSA, fungió como segundo escrutador de la mesa directiva de la casilla 1227 BÁSICA; el ciudadano EDUARDO BASTIDAS, fungió como primer escrutador de la mesa directiva de la casilla 1326 BÁSICA; el ciudadano MARIO CALDERÓN LEÓN, fungió como presidente de la mesa directiva de la casilla 1350 CONTIGUA 1, antes mencionadas (sic), sin embargo, dichas personas no fue (sic) aquellas expresamente insaculadas por el Consejo Distrital, ya sea como propietarios o como suplentes para ocupar dichos cargos, toda vez que en ningún momento aparecen sus nombres en la publicación del Consejo Distrital, ni tampoco pertenecen a la sección respectiva para tener la facultad de ser funcionarios de la mesa directiva de dicha casilla.

El hecho de que hayan fungido como funcionarios personas que no habían sido designadas por el órgano electoral y que no aparecen en el listado nominal de electores de la sección a la que corresponde la casilla cuya nulidad se invoca por este medio, vulnera los principios de legalidad y certeza que deben prevalecer en cualquier proceso electoral, puesto que el escrutinio y cómputo de la votación se recibe de manos de personas que no han sido previamente designadas y autorizadas por las autoridades competentes. A este respecto cabe señalar que de conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las casillas electorales se integran con ciudadanos; en el precitado cuerpo legal, se establece el mecanismo por el cual en diversas etapas, se designa a los ciudadanos residentes en una sección electoral para fungir como miembros de las mesas directivas de casilla. En estas distintas etapas se insacula, se capacita y se evalúa a los ciudadanos residentes de una sección electoral a fin de integrar las mesas directivas de casilla con funcionarios electorales que den certeza y objetividad a los trabajos a desarrollar por estos órganos durante la jornada electoral.

De la misma forma, el código de la materia establece los mecanismos por medio de los cuales, ante la ausencia de algún miembro de la mesa directiva de casilla durante la jornada electoral y los respectivos suplentes, dicha persona debe ser sustituida por algún otro ciudadano vecino de la sección electoral correspondiente; sin embargo, más allá de esta circunstancia, la finalidad objetiva que persiguen las disposiciones que contiene la ley de la materia, es que sólo podrán participar en la instalación y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, así como en la recepción de la votación, los ciudadanos residentes en la sección electoral que fueron plenamente identificados, capacitados y que sus nombres fueron difundidos ampliamente con anterioridad a la jornada electoral y siendo como lo es, de que en las casillas que he dejado plenamente relacionadas existe constancia fehaciente de que actuaron ilegalmente personas distintas a las que fueron seleccionadas por el órgano electoral, es indudable que nos encontramos en los supuestos de nulidad que establece el inciso e) del precitado artículo 75 de la LGSMIME.

Así las cosas, se acredita plenamente que en estas casillas actuaron funcionarios no autorizados por la ley para hacerlo; y en consecuencia realizaron las actividades de: instalar y clausurar la casilla; recibir la votación; efectuar el escrutinio y el cómputo de la votación; permanecer en la casilla electoral desde su instalación hasta su clausura; integrar la documentación electoral correspondiente a cada elección, para hacerla llegar de inmediato al Consejo Distrital, recibir la documentación necesaria para el buen desarrollo de la jornada electoral, tales como actas aprobadas, boletas y elementos necesarios, para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instalación, presidir los trabajos de la mesa directiva y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del código durante dicha jornada electoral, comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal que corresponda a la sección, identificar a los electores en la forma establecida por los dispositivos legales aplicables, mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones con el auxilio de la fuerza pública si hubiera sido necesario, suspender la votación en caso de alteración del orden o de haber existido circunstancias o condiciones que impidieran la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atentaren contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva e informar de lo anterior al Consejo Distrital, correspondiente para que resolviera lo conducente y, en caso de ser posible, restablecer el orden y reanudar la votación, retirar de la casilla a cualquier persona que incurriera en alteración grave del orden, impidiere la libre emisión del sufragio, violare el secreto del voto, realizare actos que afectasen la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimidare o ejerciera violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva, identificar y admitir en la casilla a los observadores debidamente acreditados, practicar, con auxilio del secretario y del escrutador y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo, concluidas las labores de la casilla, trasladar inmediatamente al Consejo Distrital respectivo, la documentación y los expedientes respectivos en el plazo previsto por la ley, fijar en un lugar visible en el exterior de la casilla los resultados del cómputo de la elección; llenar las actas que ordena la ley de la materia y distribuirlas en los términos del mismo; contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de los partidos políticos presentes, las boletas electorales recibidas y anotar su número en el acta de jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación; recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos; inutilizar las boletas sobrantes en la forma que se prevé; y tomar nota de los incidentes ocurridos en la votación. Lo anterior en detrimento del proceso electoral y en violación a los principios de certeza y objetividad que deben regir en todo proceso electoral.

A fin de robustecer los argumentos vertidos anteriormente, cito textualmente diversa jurisprudencia del extinto Tribunal Federal Electoral, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: