Guadalajara, Jalisco, treinta de junio de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de inconformidad SG-JIN-7/2015, promovido por José María Romo Torres, quien se ostenta como representante propietario del Partido del Trabajo, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el Consejo Distrital del 9 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, así como la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de las correspondientes constancias de mayoría y validez expedidas.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias que obran en el expediente SG-JIN-7/2015, se desprende lo siguiente:

a)    Inicio del procedimiento electoral. El siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral federal, para la renovación del Poder Legislativo.

b)    Jornada Electoral.[1] Con fecha siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal 2014-2015.

c)    Cómputo Distrital. El día diez de junio de esta anualidad inició el cómputo distrital del proceso electoral 2014-2015, para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el 9 Distrito Electoral Federal en el Estado de Jalisco, arrojando los resultados reflejados en los cuadros que a continuación se insertan:[2]  

II. Acto impugnado. La elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Federal 9 en el Estado de Jalisco, los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría. 

III. Juicio de Inconformidad. Con fecha catorce de junio de dos mil quince, José María Romo Torres, representante propietario del Partido del Trabajo, promovió demanda de juicio de inconformidad ante la 09 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco.

IV. Turno. El día diecinueve de junio del año que transcurre, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, determinó registrar el medio de impugnación con la clave SG-JIN-7/2015, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez para los efectos previstos por el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[3]

V. Radicación. Por acuerdo de veintiuno de junio de este año, el citado Magistrado Electoral radicó en su ponencia el juicio de inconformidad que se resuelve.

VI. Requerimientos. Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil quince, se formuló requerimiento a la autoridad responsable para que informara y remitiera copia certificada del último encarte emitido por ella con motivo de la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas, requerimiento que fue debidamente cumplimentado ese mismo día.

De igual manera, el veintitrés y veinticuatro de junio pasado, se requirió a la responsable para que remitiera copia certificada u original del listado nominal de electores correspondiente a algunas secciones, mismos que se tuvieron por observados en autos de veinticuatro y veinticinco de los mismos mes y año, respectivamente.

El veintiséis de junio de dos mil quince, se realizó un nuevo requerimiento, teniéndose por cumplido en acuerdo de veintiocho siguiente.

VII. Admisión y pruebas. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil quince, se tuvo por admitida la demanda y se proveyó sobre los medios de convicción ofrecidos por las partes.

VIII. Cierre de instrucción. En virtud de no existir trámite o diligencia pendiente por desahogar, en su momento procesal oportuno, se declaró cerrada la instrucción, quedando el juicio en estado de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, tiene jurisdicción constitucional y legal para su conocimiento, y es competente para resolver el juicio de inconformidad,[4] lo anterior por tratarse de un medio de impugnación interpuesto por un partido  político contra actos correspondientes a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el 9 Distrito Electoral Federal ubicado en el Estado de Jalisco, comprendido en el ámbito territorial de esta circunscripción.

SEGUNDO. Tercero interesado. El partido político Movimiento Ciudadano, por conducto de Héctor Santana Gutiérrez, en su carácter de representante propietario, compareció como tercero interesado, calidad que se le reconoce, toda vez que cumple los extremos enunciados en el numeral 17, párrafo 4, de la ley multirreferida, porque: a) el escrito fue presentado ante la responsable a las doce horas con dieciséis minutos del diecisiete de junio de los corrientes, esto es, dentro de las setenta y dos horas de la publicitación de la cédula que dio a conocer que se promovió el juicio de inconformidad, tomando en consideración que inició a las veintidós horas con treinta minutos del catorce de junio de la presente anualidad; b) en él consta el nombre del compareciente, la firma autógrafa del representante y se precisa la razón del interés jurídico en que funda su pretensión; c) tiene legitimación por contar con un interés en la causa, derivado de un derecho incompatible con el actor; y, d) Héctor Santana Gutiérrez, como se desprende del informe circunstanciado, tiene la personería necesaria por ser representante propietario del ente político ante el consejo distrital supracitado como se advierte de la copia certificada del oficio MC-INE-488/2015 que acompaña a su escrito.[5]

TERCERO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, por ser de estudio preferente, se analizan las causas de improcedencia que hace valer el tercero interesado, consistentes en: la omisión del promovente de señalar la suma de los votos de las casillas impugnadas de tal suerte que al anularlas cambiaría el resultado de la elección; por no aportar los medios probatorios conducentes para impugnar los resultados de una elección de mayoría; y que no presentó el medio de impugnación idóneo para los efectos de la representación proporcional, pues debió promover un medio de impugnación específico para dichos efectos.

Por lo que se refiere a este punto, se desestiman los argumentos que hizo valer.

En primer término, en relación con la falta de señalamiento de cómo cambiaría el resultado de la elección en el caso de anular las casillas impugnadas y si éste le beneficiaría o determinaría el triunfo (o conservar el registro), se estima infundado el planteamiento formulado pues la circunstancia referida no corresponde a  alguna causal de improcedencia[6] del juicio de inconformidad prevista en la legislación aplicable.

Lo anterior, ya que el artículo 52 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone como requisitos especiales independientes de los señalados en el numeral 9 de dicho ordenamiento legal para la procedencia de éste tipo de juicios: a) Señalar la elección que se impugna manifestando expresamente si se objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección, y por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas; b) mención individualizada del acta de cómputo distrital o de la entidad federativa que se impugna; c) la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso y la causal que se invoque para cada una de ellas; d) el señalamiento del error aritmético cuando se impugnen por este motivo los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o de entidad federativa; y e) la conexidad que guarden con otras impugnaciones; siendo el caso que en ninguna parte se advierte como requisito especial que en la demanda se deba indicar el total de la votación correspondiente a las casillas que se pretenden anular y que dicha diferencia implique un cambio en el resultado de la elección que fuere benéfico para el demandante, de ahí lo infundado del planteamiento del tercero interesado.

Por otra parte, respecto a que no se aportaron los medios probatorios conducentes para la impugnación de los resultados de una elección de mayoría, de igual manera, se desestima dicha causal en razón de que las manifestaciones de referencia guardan estrecha relación con el núcleo esencial de la cuestión litigiosa, por lo que tales menciones involucran el fondo de la controversia planteada, esto es, de analizarlas en este apartado, implicaría prejuzgar respecto del fondo de la impugnación.[7]

Respalda lo anterior, por las razones que las informan, los criterios emitidos por la suprema Corte de Justicia de la Nación P./J.92/99, “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”; P./J. 135/2001, “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE”; y, P./J. 36/2004, “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.[8]

Al respecto, vale decir que los criterios jurisprudenciales de marras cobran aplicación en la especie, virtud a que, por un lado, la materia de análisis yace en la posibilidad de abordar en el fondo, el estudio de las causales de improcedencia cuando su objeto se encuentre en estrecha relación con las cuestiones de hecho y de derecho que serán sometidas a examen en aquel apartado de la sentencia.

Y por otro lado, se propone su invocación, por identidad de razones, en función a que en el Derecho Procesal Constitucional Mexicano, se han reconocido a los medios de impugnación en materia electoral como parte integrante de los procesos constitucionales, en sede jurisdiccional, aptos para la tutela de los derechos fundamentales, de suerte que si los criterios expuestos aplican en los diversos medios de control, como el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, es dable concluir que aquellos también lo son para el juicio de inconformidad, como el que se resuelve.   

Finalmente, por lo que ve al planteamiento alusivo a que, en su demanda, el promovente indebidamente impugna dos elecciones pues también controvierte lo relativo a los resultados del cómputo en el distrito, para efectos de la representación plurinominal, y que para ese supuesto debió promover un medio de defensa específico diverso al en que se actúa; dicha causal relativa deviene infundada pues del análisis pormenorizado del escrito de demanda, se advierte que el actor no esgrimió agravio u argumento alguno en el que impugne los resultados de cómputo de mayoría para efectos de los diputados por representación plurinominal.

Aunado a que la propia legislación referida en líneas precedentes, en su artículo 52, párrafo segundo, indica que en el caso que se pretenda impugnar elecciones de diputados de ambos principios, el promovente deberá presentar un sólo escrito con los requisitos de ley sin que deba presentarse mediante escrito diverso o por otro medio de impugnación, como lo alude el tercero interesado.

Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 6/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “IMPUGNACIÓN DE MÁS DE UNA ELECCIÓN EN UN MISMO ESCRITO. NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.”[9]

CUARTO. Requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad. El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia así como los especiales de procedibilidad previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 49 al 55, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal y como se expondrá a continuación.

a. Forma. La demanda cumple con los requerimientos que prevé la ley adjetiva electoral, dado que el representante del instituto político hace constar su nombre, domicilio, señala los actos impugnados, identifica a la autoridad responsable y manifiesta los hechos en que basa su impugnación, los preceptos presuntamente violados, las pruebas ofrecidas y aportadas que estima necesarias para acreditar su acción e imprime su firma autógrafa.

b. Oportunidad. El medio de impugnación se interpuso oportunamente, dado que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital que se controvierte, se advierte que la misma concluyó a las cero horas con treinta y cuatro minutos del día once de junio de dos mil quince,[10] y dado que la demanda fue presentada ante la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco, el día catorce de junio siguiente a las diez horas con diez minutos pasado meridiano, es que se encuentra dentro del plazo de cuatro días marcado por la ley en cita.

Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal, con número 33/2009, cuyo rubro dispone: “CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)”.[11]

c. Legitimación y personería. El presente medio de impugnación fue entablado por el Partido del Trabajo, el que se encuentra legitimado para hacerlo, pues la ley de la materia, señala que el juicio de inconformidad sólo podrá ser promovido por los partidos políticos.

En efecto, el artículo 13, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que la presentación de los medios de impugnación corresponde, entre otros, a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos; por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, en lo conducente, que los partidos políticos, como entidades de interés público, tendrán derecho a participar en las elecciones federales en los términos de ley.

De las disposiciones constitucionales y legales a que se ha hecho mención, se deriva que los partidos políticos tienen el derecho de participar en la contienda electoral federal conforme ciertas modalidades para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 12 y 13, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige el reconocimiento de la legitimación para presentar los recursos y juicios en materia electoral a los partidos políticos nacionales, así como para comparecer como terceros interesados en los mismos.

Por tanto, en el caso concreto, se acredita la legitimación del Partido del Trabajo para presentar el presente juicio.

Por otra parte, José María Romo Torres quien promueve en nombre del partido político demandante, está facultado para instaurar el juicio de inconformidad y cuenta con la personería suficiente para hacerlo, por ser representante propietario del Partido del Trabajo y tener dicho carácter reconocido ante la autoridad responsable, lo que se advierte del informe rendido por ésta en el presente asunto.[12]

d. Definitividad. Los actos impugnados son un acto definitivo, pues son emitidos por el Consejo Distrital del 9 Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, derivado de los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa del mencionado distrito.

e. Requisitos especiales. El escrito de demanda, satisface los requisitos especiales de la propia ley, virtud a que el impugnante plantea el juicio de inconformidad contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito electoral ya referido.

Igualmente, se precisa de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada por irregularidad, así como las razones por las que considera debe declararse la nulidad.

QUINTO. Fijación de la litis. La cuestión a dilucidar se constriñe, por una parte, en determinar si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas con base en la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a través del juicio de inconformidad y, como consecuencia, si deben modificarse o no los resultados asentados en el acta de cómputo en la elección de diputado por el principio de mayoría relativa, correspondientes al 9 Distrito Electoral Federal en el Estado de Jalisco y, en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes; ello, de conformidad con lo estatuido por el artículo 56, incisos a), c), d), e) y f), de la legislación procesal antes señalada.

Esto es, si la recepción de la votación en casilla acorde o no a los principios de constitucionalidad y de legalidad que rigen la materia electoral, o si por el contrario, vulnera dichas bases; todo lo anterior al tenor de los motivos de disenso formulados y observando al efecto el mandato del numeral 23 de la propia legislación, conforme la causa de pedir del partido promovente.

Encuentra soporte el último aserto en los criterios jurisprudenciales 3/2000 y 2/98, cuyos rubros son: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”; y, “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”,[13] respectivamente.

Por otra parte, diverso aspecto de la litis es el que ve al agravio SEGUNDO, donde el partido actor invoca la nulidad específica por el párrafo 1, inciso k), del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, solicitándola genéricamente para todas las casillas del distrito, en ejercicio de la suplencia prevista en la propia norma según se señaló en el punto argumentativo que antecede, toma en cuenta los preceptos jurídicos que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto.

En los casos de deficiencias u omisiones en la expresión de agravios, se atenderán los que a su juicio pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, y examina si respecto de estas casillas se debe declarar o no la nulidad de la votación recibida.

Esta Sala Regional considera pertinente precisar que las causales específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en dicho inciso, y la contenida en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son diferentes, en virtud de que esta última se integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que preceden.

La certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, deben ser las características fundamentales de todos los actos realizados por las autoridades electorales.

Los resultados de las votaciones recibidas en las casillas que se instalan el día de la jornada electoral en todo el territorio nacional, deben reflejar fielmente la expresión de voluntad de los ciudadanos, sin generar dudas por adolecer de alguna de las características ya referidas.

Al respecto, el actor señala que diversas personalidades hicieron un llamado expreso al voto a favor del Partido Verde Ecologista el día de la jornada electoral, lo que vulneró el principio de equidad en la contienda, emisión del sufragio libre y directo, así como el principio de legalidad, lo que motivo que disminuyeran los votos en favor de su partido.

Por ello solicita la declaración de nulidad de la elección pues en el día comicial existió una influencia indebida y coacción a los electores, conductas graves, plenamente acreditadas y que influyeron de modo irreparable en la equidad de la contienda.

También indica que han existido una serie de conductas que han sido sancionadas por la autoridad jurisdiccional electoral en diversos procedimientos especiales sancionadores, con lo cual se evidencia que previo y durante la jornada electoral se actuó como movilizador y promotor del voto a favor del Partido Verde Ecologista de México, poniendo en duda la certeza de la votación.

En ese sentido, aun cuando señala el promovente la configuración de la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso k), del numeral 75, ya citado, refiriendo a un cuadro de casillas, lo cierto es que no se anexó el mismo, ni las identifica, pues el único cuadro inserto corresponde a la causal de nulidad de votación recibida en las casillas referidas en el primer agravio relativa a la prevista en el inciso e), de dicho artículo.

De ahí que en aras de privilegiar el acceso a la justicia, pues al no identificar las casillas motivaría la improcedencia de este agravio, al tenor de los preceptos 9, párrafos 1 y 3, y 52, inciso c), de las legislación procesal electoral federal, así como atendiendo a su causa de pedir, es que se estudiará el agravio que nos ocupa atendiendo al arábigo 78 de dicho ordenamiento que dispone:

“Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.”

Ahora bien, dado los motivos expresados para dicha causal de nulidad, así como su consecuencia jurídica en caso de resultar procedente su pretensión, primero se realizará el estudio del mismo, y en su caso, con posterioridad, el de la causal de nulidad especifica en las casillas invocadas.

SEXTO. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. Según se ha sostenido por este Tribunal, la causal genérica de elección sanciona irregularidades que vulneran de manera determinante los principios fundamentales o esenciales que la constitución y la ley federal prevén para las elecciones democráticas, tales como la libre expresión del voto e irregularidades electorales que ocurran en la etapa preparatoria de la elección, durante la jornada electoral o en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones; de ahí que este órgano jurisdiccional considera oportuno establecer el marco normativo que la rige.

El artículo 78, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece literalmente que:

“Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.”

Para que se anule una elección, conforme a dicho precepto es preciso que se hubieren cometido violaciones:

a) Sustanciales.

b) En forma generalizada.

c) En la jornada electoral.

d) En el distrito o entidad de que se trate.

e) Plenamente acreditadas.

f) Determinantes para el resultado de la elección.

Lo anterior, sólo admite como excepción aquellas violaciones que reúnan tales características, que sean imputables a los partidos que las invocan, o a sus candidatos.

En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quiénes serán sus representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.

Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el distrito de que se trate. Lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en un quebranto importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada.

Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que afecten de manera importante sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador.

En cuanto al requisito de que se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral.

En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se ha establecido todo un proceso electoral compuesto de diversas etapas, todas ellas destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo desarrollo, a través de las distintas fases, se establecen diversos mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que tales principios fundamentales tengan efectiva realización.

Un procedimiento es el conjunto de hechos concatenados entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin.

En ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u omisiones que corresponda hacer en ellas, deben observarse, en el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro, precisamente porque le sirven de instrumento; al efecto, se establecen las reglas conforme a las que han de realizarse los actos, y los mecanismos adecuados para alcanzar la finalidad última.

Pero cuando no es así, sino que se incurre en vicios o se contravienen los mecanismos o reglas, afectándose los principios o valores que los rigen, se puede llegar al grado de que el producto deseado no se consiga, como cuando dichas violaciones son de tal manera graves que por sí mismas anulan la posibilidad de que se logre el fin, o como cuando se trata de muchas violaciones que se repitieron de manera constante durante el proceso.

La causal genérica de nulidad de elección federal, que se hace valer en un juicio de inconformidad, no sólo se aplicará para irregularidades respecto de las cuales no se pudo plantear una impugnación previa por tratarse de irregularidades cometidas por personas o autoridades distintas a las electorales, sino también a aquellas que no se encuentren contempladas expresamente en la ley de la materia.

Esta posibilidad de impugnar, en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, irregularidades que ocurrieron, por ejemplo, en la etapa de preparación de la elección, no contradice el principio de definitividad, ya que éste sólo opera respecto de actos de las autoridades electorales competentes no impugnados oportunamente, pero cuando existió la posibilidad legal de hacerlo, y no respecto de actos para los cuales la ley no establece una vía previa para impugnar ante la jurisdicción electoral; en apoyo a lo cual cabe invocar la tesis relevante XII/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:

"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SÓLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES. El principio de definitividad establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es aplicable a actos y resoluciones de autoridades distintas de las encargadas de organizar las elecciones. En efecto, el derecho sustantivo es el ejercicio del derecho al sufragio, activo y pasivo. El proceso electoral no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para que el referido derecho pueda ser ejercido. Como todo proceso, el proceso electoral se integra con una serie de actos sucesivos para lograr el fin indicado. La manera más eficaz para que el proceso pueda avanzar es que exista definitividad en las distintas etapas para que en el plazo de ley el derecho al sufragio se ejercite. Esto implica que los actos del proceso electoral que adquieren definitividad son los que emiten las autoridades encargadas de organizar los comicios, en cada una de las etapas que integran dicho proceso. Por tanto, no es posible legalmente invocar la definitividad respecto de actos provenientes de autoridades distintas de las que organizan las elecciones, o bien, de actos de partidos políticos, etcétera".[14]

En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la jornada electoral, y por tanto es cuando están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de las elecciones e infringir los valores y principios que lo rigen, en tanto constituyen la transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que por las circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron generar tales violaciones se torne inofensivo, es decir, no produce realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalecen los valores sustanciales.

Es en razón de lo anterior, que, luego de que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la autoridad administrativa electoral correspondiente procede, después de realizar un cómputo general, a determinar la validez de la elección. En ese acto la autoridad analiza si se cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron.

En el primer caso, declara válida la elección y en el segundo, no, porque en este último, significa que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad popular en torno a quienes elige para que en su representación ejerzan su poder soberano.

Es precisamente ese acto en que se válida la elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace valer su nulidad ante la autoridad jurisdiccional electoral, como se desprende, por ejemplo, del artículo 50, párrafo primero inciso d), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el cual se establece que son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad federativa, las declaraciones de validez de las elecciones, y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez o de asignación a la primera minoría respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección.

Así, queda demostrado que la causa de nulidad prevista en el artículo 78, de la ley en comento, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico fundamental del voto en todas sus calidades.

En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron. Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados.

Por último, cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaria.

Todo lo anteriormente expuesto constituye el marco conceptual de referencia, con apego al cual se estudiarán los agravios hechos valer en el presente asunto relacionados con la causal genérica de nulidad de elección de que se habla.

Ahora bien, en la demanda de juicio de inconformidad, el actor señala que diversas personalidades y figuras públicas hicieron un llamado expreso al voto a favor del Partido Verde Ecologista el día de la jornada electoral, a través de sus cuentas “Twiter”, lo que vulneró el principio de equidad en la contienda, emisión del sufragio libre y directa, así como el principio de legalidad, lo que motivo que disminuyeran los votos en favor de su partido.

Por ello solicita la declaración de nulidad de la elección pues en el día comicial existió una influencia indebida y coacción a los electores, conductas graves, plenamente acreditadas y que influyeron de modo irreparable en la equidad de la contienda.

También indica que han existido una serie de conductas que han sido sancionadas por la autoridad jurisdiccional electoral en diversos procedimientos especiales sancionadores, así como las múltiples multas impuestas a ese instituto político, que redundó la reducción de su financiamiento, con lo cual se evidencia que previo y durante la jornada electoral se actuó como movilizador y promotor del voto a favor del Partido Verde Ecologista de México, poniendo en duda la certeza de la votación.

Además, señala que con ello se demuestra una influencia inequitativa en cuanto a la promoción y publicidad de ese partido, con su ilegal campaña “El verde sí cumple”, y los medios para difundirla.

Por lo anterior, considera que se vulneró el bien jurídico tutelado de “certeza, resultado (sic) y legalidad de la elección”, sin que fueran respetadas las formalidades ni el procedimiento de las campañas electorales, aunado a que durante toda la jornada electoral estuvieron en su cuenta “twitter” promocionando diversos artistas al Partido Verde Ecologista de México, siendo esto determinante para la votación.

El actor aporta como medios de prueba para acreditar su dicho algunos “links” de Internet para acreditar las infracciones del Partido Verde Ecologista de México, con lo cual se corrobora el uso de diversos recursos y medios de comunicación para influir en el electorado, siendo un hecho público y notorio, al ser reconocido por los propios consejeros electorales de Instituto Nacional Electoral ante diversos medios de comunicación.

Al respecto, en esencia, son dos los temas sobre la elección que se impugna: A) Llamado expreso al voto (“twett”); y, B) Violaciones al modelo de comunicación política.

Para ello, invoca como hecho notorio los acontecimientos de las infracciones cometidas por el Partido Verde Ecologista de México, así como diversas resoluciones de este Tribunal.

Ahora bien, debe precisarse que para que un hecho sea considerado como notorio, en términos del artículo 15 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe revestir ciertas características, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[15] entre las que se encuentran:

> Que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución;

> Que ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación individual con los hechos en el momento en que se producen o se han producido, sino sólo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios; y,

> Que el hecho concreto pueda considerarse que sea un acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social, respecto del cual no existe duda ni discusión.

Es oportuno precisar que la presunción es la interpretación lógica de los hechos conocidos que únicamente admite la aplicación de las leyes de la razón, lo cual conlleva a la obtención de un resultado razonado y razonable desde el punto de vista del pensamiento lógico, es decir, un significado o esencia que, según la razón, corresponde o deriva de los hechos conocidos.

Por consiguiente, la presunción no existe por sí, sino que depende de la existencia de datos objetivos aportados al proceso, con los cuales la aplicación lógica de las leyes de la razón pueda tener sentido, y no sólo de afirmaciones subjetivas.

En cuanto a las resoluciones que señala, se consideraran hechos notorios atentos a los criterios que se citan a continuación, por las razones en ellas contenidas: P. IX/2004, “HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”;[16] I.10o.C.2 K (10a.), “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)”;[17] I.1o.A.14 K (10a.) “SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO”;[18] XXI.3o. J/7, “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”;[19] y, VI.1o.P. J/25, “HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO”.[20]

A) Llamado expreso al voto (“twett”).

Con relación a la difusión en medios electrónicos –sean los “links indicados o el “twitter”–, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido[21] que el internet, red informática mundial, es un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y que su utilización ha permitido una descentralización extrema de la información, que debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse rápidamente, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras páginas, entre otros) de modo que crean una comunidad de "amigos" virtual e interactiva.

De los señalamientos del actor respecto a diversos “links” de Internet para demostrar las situaciones irregulares cometidas por el Partido Verde Ecologista de México, las mismas se estiman inconducentes pues pareciera por el título que llevan las direcciones electrónicas referidas, se refieren a diversas noticias, que podría equipararse a notas periodísticas, las cuales, en el mejor de los casos pudieran generar un indicio sobre su contenido,[22] pero no así sobre las manifestaciones realizadas por el actor de la influencia de la conducta desplegada por dicho ente político en contravención a los principios rectores de un proceso electoral.

La circunstancia de que el público lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo de su realización.[23]

En ese sentido, el hecho notorio de lo acontecido el día de la jornada por diversos medios de comunicación aducido en la demanda, no quedan acreditados plenamente, por lo cual tampoco es dable presuponer que lo anterior haya trascendido en el día de la elección, ni de qué manera influyo en el ánimo de los electores en perjuicio del Partido del Trabajo, de manera que pudiera entenderse que los receptores de los “twits” respectivos hubieran restado necesariamente votos al referido instituto político.

Tampoco lo son las actividades, a su decir, desplegadas por diversas personalidades –artistas de televisión y un personaje del balompié mexicano– en la redes sociales “twitter”, pues además de ser genéricas y subjetivas esos señalamientos, no es posible establecer la magnitud que señala sobre su difusión y la afectación concreta por ello a la elección que impugna, sobre las casillas del Distrito Electoral Federal 9 o los electores, más aun si no existen bases probatorias objetiva y material para demostrar que esa fue una causa necesaria de reducción de votos para el partido actor; ni tampoco específica las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, supuestamente, acontecieron las irregularidades que aduce.

Además, respecto al llamado expreso al voto mediante una red social (twitter) únicamente señala que durante la jornada electoral se hicieron un llamado expreso y directo a los electores a votar en favor del Partido Verde Ecologista de México, sin precisar los nombres de quienes supuestamente emitieron tales mensajes, ni el supuesto contenido de los mismos, como tampoco acredita su existencia.

En ese sentido, a efecto de que esta Sala Regional estuviere en posibilidades de analizar lo esgrimido por el accionante, y si constituye o no una irregularidad era necesario, en principio la manifestación de quiénes fueron los que emitieron el mensaje, cuál era su contenido, y seguidamente de aportar un medio de prueba que acreditara la existencia de los mismos.

Sobre lo expuesto, son ilustrativos, por el espíritu que las contienen, los criterios de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”;[24] “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO”;[25] “CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES”;[26] y, “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES”.[27]

B) Violaciones al modelo de comunicación política.

Con independencia de la existencia de las resoluciones señaladas por el accionante que se refieren a la propaganda desplegada por el Partido Verde Ecologista de México, y que se invoca como hecho notorio, según se reproducen a continuación:

Con excepción de las que no fueron emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; lo verdaderamente importante radica en que, en el caso, no es posible vincular el sentido de dichos fallos con el resultado de la elección celebrada en el 9 Distrito Electoral Federal en el Estado de Jalisco; habida cuenta que ello no podría generar convicción objetiva y material de que esa circunstancia haya sido la causa por la que el Partido del Trabajo recibiera la votación que obtuvo, ni que haya sido determinante en el resultado de la elección, pues no debe perderse de vista que en el distrito electoral que nos ocupa, obtuvo el triunfo un partido diverso al Partido Verde Ecologista de México, a saber, partido Movimiento Ciudadano.

Ahora bien, atento a la tesis relevante III/2010, emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA ACTUALIZARLA”;[28] los resultados de dichos procedimientos no significan tener por acreditado, de forma indubitable, la inobservancia de las reglas y principios establecidos para un proceso electoral, pues dentro del sistema de nulidades en materia electoral, para que una elección carezca de efectos jurídicos resulta necesario que las conductas acreditadas constituyan violaciones graves, sistemáticas y determinantes para el resultado del proceso electoral respectivo.

En ese sentido, si la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos sancionadores consiste en prevenir y reprimir conductas que transgredan disposiciones legales en la materia, con la finalidad de que el proceso comicial se desarrolle de acuerdo con los principios rectores del estado democrático, consecuentemente, las conductas sancionadas dentro éstos, durante un proceso comicial, no tienen el alcance, por sí mismas, para que se decrete la nulidad de la elección respectiva, pues para tal efecto debe probarse que satisfacen los elementos objetivos referidos.

Por lo anterior, no es dable arribar a la conclusión que pretende la actora, de que dichos procedimientos, así como las notas periodísticas en “links” de Internet sean aptos para acreditar los supuestos establecidos en el numeral 78 de la legislación adjetiva procesal electoral federal, y proceder a declarar la nulidad de la elección.

Ello es así pues, lo aportado resulta insuficiente objetiva y materialmente para arribar a lo pretendido, incluso indiciariamente, y tampoco obra en el expediente material probatorio para acreditar el impacto de esas conductas sancionadas –y su demérito ante aquellas donde fue absuelto dicho ente político–, o de las situaciones señaladas en la demanda de “twiters” de apoyo por artistas de televisión y el director técnico de la selección mexicana del futbol mexicano, en los electores, de manera que haya quebrantado los principios de equidad, legalidad y certeza.

Aunado a lo anterior, omite señalar cómo esas violaciones resultan graves, sistemáticas y sobre todo determinantes para el resultado obtenido en la elección distrital impugnada, en términos del artículo 78 de la ley adjetiva de la materia; ni señala los aspectos cualitativos y cuantitativos por los que estima que las conductas descritas, fueron determinantes para el resultado de la elección en el 9 Distrito Electoral Federal en el Estado de Jalisco; así como la forma en que estos actos incidieron en el mismo, atento a la tesis relevante XXXI/2004, propalada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD”.[29]

Incluso, se reitera, los resultados obtenidos por el Partido Verde Ecologista de México en el distrito electoral federal 09 en el Estado de Jalisco, en el pasado proceso electoral federal 2011-2012, fue de 5,721 votos (y en coalición con el Partido Revolucionario Institucional 11,570 sufragios),[30] mientras que en la presente obtuvo 4,014 votos (y en coalición con el Partido Revolucionario Institucional 823 sufragios), teniéndose una diferencia negativa de 1,707 votos (y en coalición con el Partido Revolucionario Institucional de 10,747 sufragios).

Además, en el presente proceso electoral federal, el partido Movimiento Ciudadano (quien obtuvo más votos en la elección distrital) logró  51,319 sufragios, cantidad que supera por mucho a la lograda por el Partido Verde Ecologista de México.

Bajo la lógica del Partido del Trabajo, dicho ente político debió obtener un porcentaje mayor de votos, pues se los restó al promovente, pero en términos matemáticos no queda acreditada dicha situación, tomando en cuenta que en el presente proceso electoral federal actúo sin coalición, a diferencia del inmediato anterior, que se coaligó con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

Ha de señalarse que, dada la naturaleza de la causa de nulidad que se analiza, no es suficiente que la parte actora afirme que existieron violaciones a las disposiciones que regulan el desarrollo del proceso electoral en sus distintas etapas, sino que es necesario que las mismas se acrediten y que se demuestre que se cometieron de forma generalizada, es decir, constantemente durante el desarrollo del proceso comicial y que las mismas sean de una gravedad tal, que afecten en su totalidad el resultado de la elección.

En tal orden de ideas, al no existir pruebas objetivas y materialmente suficientes para acreditar el dicho del accionante; por tanto, ninguno de los elementos de la causal invocada, se desestima este agravio.

SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL INCISO E), DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, RELATIVA A QUE PERSONAS U ÓRGANOS DISTINTOS DE LOS FACULTADOS POR LA LEY, RECIBAN LA VOTACIÓN. En su demanda, la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en sesenta y siete casillas, mismas que se señalan a continuación: 1187 C2, 1187 C3, 1191 C1, 1192 C1, 1193 B, 1193 C6, 1194 C4, 1195 B, 1196 C1, 1196 C3, 1197 C3, 1200 C1, 1201 C1, 1202 B, 1203 B, 1205 B, 1205 C2, 1207 B, 1208 B, 1208 C2, 1209 C3, 1210 C1, 1216 C1, 1216 C3, 1217 C1, 1218 B, 1218 C1, 1218 C2, 1220 B, 1223 B, 1223 C1, 1224 C1, 1224 C3, 1224 C4, 1224 C5, 1225 B, 1232 B, 1232 C1, 1233 C2, 1234 C1, 1235 B, 1236 C2, 1237 B, 1238 C3, 1239 B, 1241 C1, 1242 C1, 1242 C3, 1242 C4, 1244 C2, 1249 C2, 1251 B, 1255 C2, 1257 C2, 1263 B, 1289 C1, 1293 B, 1294 B, 1298 C1, 1300 B, 1302 B, 1304 C1, 1305 B, 1306 B, 1307 C2, 1369 C1 y 1373 Esp. 1.

Por tanto, respecto de las sesenta y siete casillas referidas, esta Sala Regional, en ejercicio de la suplencia prevista en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tomará en cuenta los preceptos jurídicos que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto, en los casos de deficiencias u omisiones en la expresión de agravios, se atenderán los que a su juicio pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, y examinará si respecto de estas casillas se debe declarar o no la nulidad de la votación recibida, por haberse actualizado la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la ley de la materia.

Cabe aclarar, que el actor insertó un cuadro en su demanda, que corresponde al que a continuación se aprecia:

Sobre el particular, la autoridad señalada como responsable, en su informe circunstanciado que obra en el expediente, aduce los razonamientos para sostener la constitucionalidad y la legalidad de los actos acontencidos en las casillas impugnadas el día de la elección.

Ahora bien, en todo sistema democrático, resulta indispensable la renovación periódica de los órganos del Estado a través de elecciones populares; con este fin, el día de la jornada electoral en el ámbito de las casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la participación ordenada de los electores, ante la presencia de los representantes de partidos políticos y observadores, llevan a cabo el acto más trascendente e importante del proceso electoral, consistente en la recepción de la votación.

Acorde con nuestras leyes, las mesas directivas de casilla, son los órganos electorales formados por ciudadanos, a quienes el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, y son responsables también, de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

El análisis de las diversas legislaciones que han tenido vigencia en nuestro país, desde la Constitución de Cádiz de 1812, hasta la Carta Magna vigente, y la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hacen evidentes ciertas constantes en la regulación del proceso de recepción de la votación.

Así, puede advertirse que la misma se ha encomendado a órganos con distintas denominaciones, pero integrados siempre por los propios electores. Asimismo, todas las leyes electorales han previsto mecanismos para lograr la recepción de la votación, estableciendo reglas para la integración de las casillas el propio día de la jornada electoral.

En la legislación electoral vigente puede reconocerse la intención del legislador de garantizar que las funciones relacionadas con la recepción de la votación se lleven a cabo, para que, como consecuencia, se logre la integración de los órganos del Estado de representación popular; y, de garantizar que la actuación de los integrantes de las mesas directivas de casilla esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

En el caso de la elección de este distrito electoral federal, al existir una elección local en el Estado de Jalisco, se estableció el modelo de casilla única para el caso de procesos electorales concurrentes, en donde los funcionarios que integran la mesa receptora de votación, son habilitados para contabilizar el sufragio en ambas elecciones, según se dispone en los artículos 82, párrafo 2, 253, párrafo 1, 289, párrafo 2, y 290, de la legislación sustantiva que nos ocupa.

Ahora bien, como mecanismos para lograr lo antes referido, la ley señala con precisión dos procedimientos para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, uno para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y otro, que es reiterado en todas nuestras leyes electorales, se utiliza el día de la jornada electoral y tiene como fin cubrir las ausencias de los ciudadanos designados, para lograr la recepción de la votación; las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida por personas u órganos distintos a los señalados por la ley.

Acorde con lo anterior, para dar una mayor transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla y buscando garantizar la actuación imparcial y objetiva de sus integrantes, la legislación sustantiva, en su artículo 254, establece el método de selección de los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección, deberán satisfacer los requisitos del artículo 83; entre otros, haber tomado cursos de capacitación; haber sido seleccionados en base a sus aptitudes por el personal de las juntas del Instituto; y ser seleccionados mediante procedimientos azarosos que incluyen el sorteo del mes del calendario de su nacimiento y de la letra inicial de su apellido paterno.

Sin embargo, ante la situación predecible de que algunos de los ciudadanos originalmente designados no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas de casilla, para asegurar las funciones de recepción de la votación, el legislador federal previó mecanismos para la sustitución de los funcionarios ausentes, en el artículo 274 de la ley antes invocada, el que a la letra señala:

“1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o representantes de los Candidatos Independientes.”

En lo referente a las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla, el artículo 85 de la referida ley señala para los presidentes de ellas, entre otras:

-         Presidir los trabajos de la mesa;

-         Recibir del Consejo la documentación electoral;

-         Identificar a los electores;

-         Mantener el orden en la casilla;

-         Suspender la votación en caso de alteración;

-         Retirar a las personas que incurran en alteraciones graves del orden;

-         Practicar el escrutinio y cómputo;

-         Turnar al Consejo Distrital la documentación de la casilla; y,

-         Fijar al exterior de la casilla, los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.

Por su parte, acorde con lo dispuesto en el artículo 86 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los secretarios de las mesas directivas de casilla deben:

-         Levantar las actas;

-         Contar las boletas antes del inicio de la votación;

-         Durante ésta, comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;

-         Recibir los escritos de protesta que se presenten; e

-         Inutilizar las boletas sobrantes.

Además, el numeral 87 de la normativa comicial establece que los escrutadores deben:

-         Contar el número de boletas depositadas en cada urna y el número de electores anotados en la lista nominal, y cerciorarse que ambas cifras sean coincidentes,

-         Contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula, o lista regional; y

-         Auxiliar al Presidente o Secretario en las actividades que les encomienden.

Relacionado con lo anterior, el artículo 82, párrafo 2, de la propia legislación sustantiva, contiene:

“En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior [Las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo].”

Por último, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone lo siguiente:

“1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

(…)

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales [actualmente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales];…”

Las normas previamente referidas procuran garantizar que la función de recepción de la votación se lleve a cabo, para lograr la integración de los órganos del Estado de representación popular y asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las casillas, y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, que se imponen en la actuación de las autoridades electorales.

Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en la ley, cuando en alguna casilla reciban la votación personas u organismos distintos a los facultados y se generen dudas sobre la imparcialidad u objetividad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, debe decretarse la declaración de nulidad de la votación correspondiente, por no haberse hecho efectivo el principio de certeza del que deben estar revestidas todas las actuaciones de las autoridades electorales.

Ahora bien, para una mayor claridad en torno a la causal en estudio, caben algunas precisiones.

De la interpretación sistemática y funcional de la ley electoral, se hace evidente la intención del legislador de lograr que la función de recibir la votación se lleve a cabo, a pesar de que pudieran presentarse algunas irregularidades el día de la jornada electoral, en la integración de la mesa directiva de casilla.

Así, para dar transparencia, generar confianza y evitar dudas sobre la imparcialidad y objetividad en la actuación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, se estableció en la ley un procedimiento para la designación de los funcionarios de casilla en la etapa preparatoria de la elección, específicamente en los artículos 83 y 254 de la ley de la materia, mismos a los que ya se hizo alusión.

Sin embargo, ante la circunstancia de que alguna o algunas personas designadas por el consejo distrital respectivo no acudan a ejercer sus encargos, para lograr la realización de la función de recibir la votación el legislador, en el artículo 274 estableció mecanismos para hacer la sustitución de los funcionarios ausentes, el propio día de la jornada electoral.

En este artículo se privilegia la actividad de recepción de la votación, de forma tal, que la ausencia de funcionarios propietarios puede ser cubierta, con la designación de nuevos, según el caso, por parte del Presidente de la casilla, o por el Secretario, o algún escrutador, o un suplente, o por personal designado por el consejo distrital respectivo, o por los propios representantes de los partidos políticos en el caso así dispuesto por la propia legislación.

Resulta evidente entonces, que para el legislador lo más importante es la realización de la función de recibir la votación y, que en última instancia, la atribución de designar a los integrantes de la mesa directiva de casilla puede recaer en muy distintas personas, y la designación, en cualquier persona que razonablemente garantice objetividad e imparcialidad, lo que se presume ocurre cuando la ley obliga a designar de entre los electores de la sección y prohíbe designar a representantes de partidos políticos.

Relacionada con lo anteriormente expresado, esta Sala Regional considera aplicable la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la XIX/97, que a la letra señala:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, que desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente para ocupar el cargo, ya que con esto se garantiza la acreditación de la generalidad de los requisitos que exige el artículo 120 del ordenamiento mencionado, especialmente los precisados en los incisos a), b), c) y d); de manera que no es admisible la designación de personas distintas, que por cualquier circunstancia se encontraran en ese sitio.”[31]

Por lo tanto, el hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla y desarrolla las funciones correspondientes cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

También resulta aplicable, por el espíritu que la contiene, la jurisprudencia 13/2002 emitida por la Sala Superior de este tribunal, bajo el rubro: “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)”.[32]

Además de lo anterior, es posible precisar que, aun y cuando en el desempeño de sus funciones, los ciudadanos que fungieron como tales en la mesa directiva receptora de la votación correspondiente, contaban con la capacitación derivada de los órganos administrativos atinentes del Instituto Nacional Electoral, en los casos que hubieran sido designados, ello no los exime de errores o descuidos naturales de personas no expertas en la materia electoral.

En efecto, en la conformación de una casilla el día de la jornada electoral puede suceder, como así lo prevé la ley, que se incluyan en su integración personas que no fueron capacitadas pero que acuden ese día a votar, ante lo cual pasan a formar parte de la mesa de votación, sin menoscabo de las salvedades y restricciones legales correspondientes.

En los anteriores supuestos, como se indicó, son desarrollados en su mayoría por personas que pueden cometer ciertos errores (como no firmar todas las actas y documentación electoral por olvido, dado la cantidad de documentos a firmar, asentar equivocadamente su nombre o de forma incompleta, o tener letra ilegible, etcétera) propios de la inexperiencia o indebida preparación, lo cual no por el sólo hecho de acontecer podría ser considerado como una falta grave de tal magnitud que amerite la anulación de la votación recibida en una casilla.

Luego, debe privilegiarse el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, así como la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, máxime que como se expresó anteriormente, éstas deben de estar integradas con personas que cumplen los requisitos establecidos en el código de la materia.

Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia 9/98 emitida por la Sala Superior de este Tribunal, que previene:

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos validamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron validamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.”[33]

Relacionado con lo anterior se encuentran aquellos casos de ciudadanos cuyos nombres en el encarte aparecen con “XX” en el lugar donde debería ir alguno de sus apellidos. Esta circunstancia es un mecanismo utilizado por la autoridad administrativa electoral para sustituir aquellos espacios en blanco de los apellidos que dejan los ciudadanos al momento de inscribirse en las bases registrales pertenecientes al Registro Federal de Electores; por lo que, si al momento de asentar los nombres y apellidos respectivos en las actas de la jornada electoral, escrutinio y cómputo, y hoja de incidentes, se omite la anotación “XX”, ello no implica una irregularidad o indebida integración, pues lo único realizado es anotar el nombre con el apellido faltante, el cual para cuestiones técnica-administrativas es “XX”, lo que significa en blanco, o sea, no tiene ese apellido (materno o paterno) el ciudadano.

Por otro lado, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica de los partidos actores, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en los acuerdos adoptados por los consejos distritales respectivos, respecto de las personas designadas para actuar como funcionarios en las diversas casillas que se instalaron en los distritos; los últimos acuerdos asumidos por dichos consejos, en relación con las sustituciones de los funcionarios de casilla; actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, y sus respectivas hojas de incidentes, las que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Asimismo, constan en autos copias certificadas de los encartes publicados por el Instituto Nacional Electoral, correspondiente al Distrito Electoral Federal 9 que pertenecen al Estado de Jalisco,[34] y en su caso, las atinentes listas de modificaciones posteriores a dichas publicaciones,[35] las que en concordancia con los citados artículos 14 y 16, son documentales públicas y además de hacer prueba plena por su naturaleza, también lo harán cuando a juicio de este órgano jurisdiccional y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

Respecto de sesenta y siete casillas, de acuerdo con los agravios hechos valer y lo manifestado por las partes, esta Sala considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo, en un primer momento, a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del consejo distrital correspondiente, con los nombres de las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral como miembros de la mesa directiva, de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las que se reservan espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, tienen otros espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la recepción de la votación, así como, en su caso, la cantidad de hojas de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, debe atenderse también al contenido de las diversas constancias relativas a cada una de las casillas en estudio.

Todo lo anterior sin soslayar el multialudido principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Ahora bien, del análisis de la demanda se advierte que, respecto de la casilla 1218 C2, el actor no aporta elemento alguno del que pueda desprenderse un agravio debidamente configurado, y que permita a esta Sala hacer un estudio integral del mismo.

En efecto, el Partido del Trabajo se limita a individualizar la casilla en la tabla que inserta en su demanda, apoyado en los agravios que la preceden sobre que no fue integrada con los funcionarios designados, sin embargo no precisa los motivos o las razones por las cuales considera que se actualiza dicha causal de nulidad.

Por tanto, la inoperancia deriva precisamente del hecho de que en esa casilla no constituye un agravio debidamente configurado, ya que la carga mínima que tiene el actor para el caso de hacer valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es señalar, siquiera mínimamente, por qué considera que puede actualizarse una determinada causal de nulidad.

Por ejemplo, en el caso de la causal de nulidad prevista en el inciso e) de la ley procesal electoral, el actor debe al menos precisar por qué considera que la casilla se integró indebidamente.

Es decir, dado que en la manifestación de voluntad contenida en la demanda, el actor no da elementos para apreciar, por lo menos, la adecuación entre hechos y norma, no existe modo de analizar la legalidad del acto reclamado, para resolver respecto de la nulidad que se pide en el presente juicio.

En ese sentido, la extinta Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, señaló que, ante casos como el presente, la regla de la suplencia presupone los siguientes elementos ineludibles: a) que haya expresión de agravios, aunque ésta sea deficiente; b) que existan hechos; y c) que de los hechos las Salas puedan deducir claramente los agravios.[36]

De forma similar, la entonces Sala Central de este tribunal, señalaba que, aunque se podía suplir la deficiencia en la argumentación de los agravios en los recursos de inconformidad (hoy juicio de inconformidad), esto no así ante la omisión de los mismos, “…considerando los agravios y hechos en que se fundan las impugnaciones del partido recurrente no como meras expresiones abstractas o genéricas, o bien, como simples apreciaciones subjetivas, sino realizando su estudio y análisis, vinculándolos con los hechos que el recurrente invoca como ilegales y con las demás disposiciones jurídicas que igualmente señale como violadas…”.[37]

Así las cosas, este órgano jurisdiccional no está en aptitud de suplir deficiencias en la demanda, porque al no desprenderse los agravios que presuntamente le causan los actos que señala, ni tampoco los motivos o hechos que originaron la presunta afectación, no se actualiza el supuesto contenido en el criterio sustentado por la Sala Superior, en la jurisprudencia 3/2000, citada al inicio de esta resolución, por lo que la parte actora incumplió con los requisitos exigidos por el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la mencionada ley general, relativos a mencionar en el escrito de demanda, en forma expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que cause el acto o resolución impugnado.

Sobre esto último, es ilustrativa, por el espíritu que la contiene, la tesis 1ª./J. 81/2002, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTOS”.[38]

Por lo que ve al resto de las sesenta y seis casillas, de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio, se presenta un cuadro comparativo, en el que se consigna la información relativa a la identificación de la casilla; los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según los acuerdos adoptados por el consejo distrital 09 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco;[39] los nombres de los funcionarios que recibieron la votación y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral[40] y en algunos casos las de escrutinio y cómputo u hoja de incidentes (el resaltado en “negrita” serán los funcionarios que se encuentran en el encarte y ocuparon otros cargos; en “cursiva”, las personas que no aparecen en el encarte respectivo de la sección de la casilla; en "subrayado” los que aparecen, según el encarte, en otra casilla pero en la misma sección; y, en “subrayado y cursiva” los que aparecen como o fueron sustitutos designados por la autoridad responsable); y por último, las observaciones en relación a las sustituciones, y de ser el caso, los agravios e incidentes registrados.

En ese orden de ideas, se formaron grupos generales de supuestos, dentro de los cuales, de ser el caso, se analizarán las casillas en forma individual de contener otro supuesto de estudio, con la finalidad de lograr una mayor eficacia en su análisis.