JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SG-JIN-8/2012

ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 5 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ DE JESÚS COVARRUBIAS DUEÑAS

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: TERESA MEJÍA CONTRERAS

Guadalajara, Jalisco, veintisiete de julio de dos mil doce.

VISTOS, para resolver en sentencia definitiva, los autos que integran el expediente al rubro indicado, relativo al juicio de inconformidad promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a través de Ricardo Reyes Reyes, quien se ostenta como su representante propietario ante el 5 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California señalado como responsable, en contra del acta de cómputo y declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 5 Distrito Electoral Federal de dicha Entidad con cabecera en Tijuana, así como del otorgamiento de la correspondiente constancia de mayoría y validez, expedida a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional; y

R E S U M E N   D E   H E C H O S

I. Cronología del medio de impugnación. De las constancias que integran el medio de impugnación que se resuelve, se advierte, en síntesis, que los hechos trascendentes en el mismo son los siguientes:

1. Inicio del proceso electoral. El siete de octubre del año inmediato anterior, dio inicio el proceso federal electoral 2011-2012.

2. Sustitución de funcionarios electorales. El veintiuno de junio de dos mil doce, la autoridad señalada como responsable celebró sesión ordinaria, la cual obra en acta identificada con la clave 17/ORD/21-06-12[1], en la que, entre otras cuestiones, se trató lo referente a la sustitución de los funcionarios a las mesas directivas de casilla, anexándose el informe sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral y el listado con la relación de los funcionarios sustituidos, sus suplentes y la causa del reemplazo, identificado como “L.1 Sustitución de funcionarios, Todas las razones, De la sección 868 a la 1331 (Ordenado por: Sección, casilla, cargo y fecha de sustitución”.  

3. Jornada electoral. El uno de julio del año que transcurre, tuvo verificativo en todo el territorio nacional la jornada electoral ordinaria, para elegir al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los integrantes del Congreso de la Unión.

4. Cómputo distrital. El cuatro de julio del año actual, inició la sesión de cómputo distrital en el 5 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, para las elecciones de Presidente de la República, diputados y senadores, en el que respecto a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, se determinó llevar a cabo el recuento total de la elección de Diputados Federales, toda vez que […] la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito  y el que obtuvo el segundo lugar en votación es menor a un punto porcentual […]. Razón por la que se establecieron cuatro grupos de trabajo.

Hecho lo anterior, a las dieciséis horas con cuatro minutos del seis de julio último concluyó el cómputo de la elección de mérito, (fojas 320 a la 322 del expediente principal y 128 del cuaderno accesorio 6), el cual arrojó los resultados siguientes:

Al concluir los cómputos distritales de las elecciones de diputados por ambos principios, el mismo seis de julio pasado, el Consejo Distrital señalado como responsable declaró la validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, y su Presidente, previa constatación de la elegibilidad de la fórmula que obtuvo la mayoría de votos, entregó la correspondiente constancia de mayoría y validez como diputados federales electos, a la fórmula registrada por el Partido Acción Nacional, integrada por los ciudadanos Juan Manuel Gastelum Buenrostro y Juan Andrés Sollano García, como propietario y suplente, respectivamente (folios 168 cuaderno accesorio 6).

II. Juicio de inconformidad. El diez de julio del año en curso, el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de Ricardo Reyes Reyes, ostentándose con el carácter de representante propietario de ese instituto político ante la autoridad señalada como responsable, presentó demanda de juicio de inconformidad.

III. Trámite y sustanciación.

Mediante oficio CD/1633/2012 de trece de julio del año que transcurre, recibido el quince siguiente en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el Presidente del 5 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California, remitió las constancias conducentes relativas al presente medio de impugnación, entre las que se encuentran, los escritos de presentación de demanda; el correspondiente informe circunstanciado; copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital del 5 Distrito Electoral Federal en Baja California con cabecera en Tijuana de la que derivaron los actos aquí impugnados con anexos; así como con las constancias de publicitación del medio de impugnación que se resuelve, de las que se advierte que dentro del plazo de setenta y dos horas previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 17 de la ley procesal de la materia, se apersonó el representante propietario del Partido Acción Nacional ante la autoridad señalada como responsable a formular alegatos.

El quince de julio del año actual, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, acordó integrar el expediente SG-JIN-8/2012, y turnarlo a la Ponencia a cargo del Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas con seis cuadernos accesorios, cuyo accesorio 1 consta de dos tomos, para los efectos establecidos en el artículo 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; dicho acuerdo fue debidamente cumplimentado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional mediante oficio TEPJF/SG/SGA/7289/2012 de esa misma fecha.

En auto del mismo quince de julio del año que transcurre, el Magistrado Instructor tuvo por recibidas las constancias líneas atrás mencionadas, y radicó en la ponencia a su cargo el mencionado juicio de inconformidad con la clave SG-JIN-8/2012; y, en proveído del veinticinco del mes en curso admitió la demanda que dio origen al mismo y el siguiente día veintiséis declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia; y,

A R G U M E N T A C I Ó N   J U R Í D I C A

En este apartado, se estudiarán los presupuestos procesales generales del presente juicio de inconformidad y, de cumplirse tales presupuestos, se analizarán los hechos narrados en la demanda, así como los agravios expresados en la impugnación de mérito o los que se desprendan de ella y, en su caso, se realizará el examen y valoración de las pruebas que obran en autos; y se concluirá con los razonamientos y fundamentos jurídicos de la sentencia[2].

PRIMERO. Presupuestos procesales. Previo al examen de las pretensiones de las partes, resulta oportuno el análisis de los presupuestos procesales[3], por ser su estudio preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce su jurisdicción, y esta Sala Regional Guadalajara es constitucional y es legalmente competente para conocer, analizar y resolver el presente medio de impugnación[4], por tratarse de un juicio de inconformidad promovido por un partido político exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez del proceso electoral federal ordinario que transcurre, en contra del cómputo y la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 5 Distrito Electoral Federal de dicha Entidad con cabecera en Tijuana, así como del otorgamiento de la correspondiente constancia de mayoría y validez, expedida a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, por parte del 5 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California, respecto del cual esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

b. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, resulta oportuno el análisis de las causales de improcedencia, por ser su estudio preferente y de orden público conforme lo dispone la Tesis de Jurisprudencia, identificada con el rubro: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE [5], sustentada por la extinta Sala Central del Tribunal Federal Electoral, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que señala que los criterios de Jurisprudencia sostenidos por la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, según corresponda, continúan siendo aplicables, en tanto no se opongan a las reformas.

Al respecto, la autoridad señalada como responsable dentro del escrito que contiene el informe circunstanciado hace valer como cuestión previa una causal de improcedencia, señalando que

[…] De conformidad con lo establecido en los artículos 9, párrafo 3, y 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación que se promuevan serán desechados de plano, por notoriamente improcedentes, cuando éstos resulten evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia derive de las disposiciones contempladas en la propia ley. O bien cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del actor. Toda vez que como más adelante queda demostrado que no se ha cometido infracción de los derechos sustanciales del actor, por lo que el medio de impugnación motivo del presente informe debe ser desechado toda vez que las irregularidades que señala el actor son falsas, y es notoriamente evidente que el actor se limita en la expresión de los agravios a externar afirmaciones genéricas y subjetivas que en ningún momento prueba.

Es aplicable de manera orientadora la siguiente tesis:

INTERES (sic) JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- (Se transcribe)

[…]

De igual forma, el representante del Partido Acción Nacional, quien en su escrito de comparecencia hace valer cuatro causales de improcedencia, en los términos siguientes:

[…]

A)                    Quien promueve el juicio de inconformidad RICARDO REYES REYES, se dice ser representante del Partido Verde Ecologista de México, carece de Legitimación Activa en la causa de pedir, ya que existe un litisconsorcio activo necesario, porque el candidato PERDEDOR Mariano San Román Flores, fue propuesto por dos partidos políticos que es el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, razón por lo cual no se puede dividir la continencia de la causa, ni los resultados de la elección de computo Distrital de elección de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa. La declaración de validez de la elección de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa. Y el otorgamiento de Constancias de Mayoría otorgada al LIC. JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO candidato vencedor del PAN en la elección de Diputado de Mayoría Relativa. Emitidos todos los actos por el Consejo Distrital 05 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California, IMPACTAN a ambos partidos políticos perdedores por igual (PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y el Partido Verde Ecologista de México) razón por lo cual debieron ambos haber interpuesto el juicio de inconformidad y no sólo uno de ellos, por lo que al no interponerlo el PRI, acepta expresamente el resultado de la elección y sus consecuencias jurídicas, es por ello que se actualiza la causal de sobreseimiento, pues el PRI ha consentido expresamente los resultados (arts. 10.1.b), y 72 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece: Las elecciones cuyos cómputos constancias de validez y mayoría o de asignación que no sean impugnadas en tiempo y forma, se consideran validas, definitivas e inatacables) pues el PRI no interpuso medio de impugnación alguno dentro de los plazos señalados por la ley, y que el candidato perdedor del PRI lo fue el Sr. Mariano San Román Flores, quien supuestamente autoriza al representante del Partido Verde a interponer el presente juicio. Además que no exhibe la constancia expedida por el Consejo de Distrito No. 5, del IFE que le acredite como representante propietario del partido promovente, sino lo que únicamente exhibe es la solicitud que hace el candidato ante el Vocal Ejecutivo de la Junta Local ante el Estado, pero tal documental no prueba que al momento de la representación del juicio de inconformidad, el LIC. RICARDO REYES REYES, haya tenido al representación con la cual se ostentó. (sic)

B)                    También es notoriamente improcedente el juicio de inconformidad, por que el actor a foja 3, en su apartado X. OBJETO DE LA LITIS, pide la NULIDAD DE LA ELECCIÓN, siendo el caso que sólo impugnan 65 casillas electorales, lo que representa sólo el 13.85% del total de las 469 casillas instaladas para la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, contrario a lo establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 76 1.a) que exige el 20% de las casillas en el distrito que se trate, así las cosas al impugnar sólo 13.85% hace imposible la vialidad de ANULAR LA ELECCIÓN. Por ello es que se pide se deseche de plano el juicio planteado. (sic)

C)                    Igualmente, es motivo para desechar de plano el juicio de inconformidad, ya que notoriamente no cumple con los requisitos establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, PUES NO OFRECE PRUEBA ALGUNA, incumple específicamente el artículo que establece Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieran sido entregadas; esto es, sólo se limita a referir el promovente del juicio: “se ofrece como prueba la documental pública consistente en el expediente formado con motivo del computo de la elección de Diputados de Mayoría Relativa, en donde se puede constatar ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL, DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DE CASILLA, CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISION DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL, HOJA DE INCIDENTES, tales supuestos medios de convicción son impertinentes, no los relaciona con algún hecho descrito en su juicio de inconformidad, además que no hay constancia que previamente haya solicitado dichas documentales, pues cabe referir que la ley antes descrita exige: “cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente” y del juicio de inconformidad interpuesto, no se desprende que el actor del mismo las haya solicitado previamente, razón por lo cual se deberá desechar de plano su juicio de inconformidad PUES NO OFRECIO DOCUMENTAL ALGUNA, si bien menciona que ofrece la documental pública, pero no agrega documento alguno, por ello, es suficiente para desecharle de plano tal juicio de inconformidad. (sic)

D)                   También se actualiza la causal de desechamiento de plano, pues no relata hechos donde se deriven irregularidades, sólo menciona a foja 2, IX.- HECHOS 3. Que el día 6 de julio de 2012 se otorgó la constancia de mayoría relativa, no obstante que existieron irregularidades determinantes en la elección y conteo. Pero no describe en que consistieron tales irregularidades. Incumpliendo así el requisito plasmado en el inciso e) del art. 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que requiere que el actor mencione de manera expresa y clara los hechos en que basa su impugnación. Y al no hacerlo, trae la consecuencia de desecharle de plano el mismo. (sic)

A efecto de dar debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 17.4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, correspondiente a los requisitos generales de la contestación a la promoción de todo medio impugnativo, manifiesto y preciso que LA RAZÓN DEL INTERÉS JURÍDICO del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, que el suscrito represento dicho instituto político ante este H. CONSEJO DISTRITAL 05, del IFE, como son: Los resultados de la elección de computo Distrital de elección de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa. Y El otorgamiento de Constancia de Mayoría otorgada al LIC. JUAN MANUEL GASTELUM BUENROSTRO candidato vencedor del PAN en la elección de Diputado de Mayoría Relativa. Emitidos todos los actos por el Consejo Distrital 05 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California. (sic)

[…]

Respecto a las causales de improcedencia que hacen valer, tanto por la autoridad señalada como responsable como el instituto político que comparece como tercero interesado, con excepción de las marcadas con los incisos A) y C) –transcritas en párrafos precedentes–, las restantes deben desestimarse en su totalidad, en virtud de que las mismas tienen íntima relación con el estudio de fondo de la controversia planteada.

Ahora bien, referente a la causal de improcedencia marcada con el inciso A), se desestima en virtud de las consideraciones siguientes.

En esencia, el instituto político compareciente considera que el partido político actor, Partido Verde Ecologista de México, carece de legitimación activa en la causa, además, que el medio de impugnación que nos ocupa debió promoverse por los dos partidos políticos que integran la Coalición –Compromiso por México–, esto es, los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Por legitimación activa en la causa debe considerarse la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa.

Resulta orientadora la Jurisprudencia con número de tesis: I.11o.C. J/12[6], del rubro y texto:

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA.  La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes.

En la especie, como se ha señalado anteriormente, quien promueve la instancia jurisdiccional es el Partido Verde Ecologista de México, que junto con el Partido Revolucionario Institucional conformaron la Coalición Parcial denominada Compromiso por México.

Ahora bien, no obstante que la coalición citada se compone por dos institutos políticos y la presente instancia jurisdiccional es promovida por uno solo de ellos, esto es, por el Partido Verde Ecologista de México, se considera que éste es reconocido como legalmente apto para promover el juicio de inconformidad, virtud de que, como los han sostenido la Sala Superior y esta Sala Regional, basta con que uno solo de los partidos políticos coaligados promueva el medio de impugnación para que se le considere legitimado para tal efecto [7].

Por lo anterior, es innegable que el Partido Verde Ecologista de México cuenta con legitimación para promover el presente juicio de inconformidad.

En el mismo orden de ideas, conducente al reproche del compareciente, consistente en que el representante del Partido Verde Ecologista de México no exhibe constancia que lo acredite como representante del instituto político ante el 5 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en Baja California, con independencia de que se exhiba el documento que lo habilite con el carácter de representante del instituto político, de constancias se advierte que la autoridad administrativa electoral señalada como responsable en su informe circunstanciado le reconoce a Ricardo Reyes Reyes (signante de los escritos de presentación y de demanda que dieron origen al presente medio de impugnación) el carácter con que se ostenta, en términos de lo establecido en el numeral 18, párrafo 2, inciso a), de la ley procesal de la materia (foja 22 del cuaderno principal).

Por último, respecto a la causal de improcedencia consistente en que el presente juicio debe desecharse toda vez que el promovente incumple con los requisitos previstos por la ley debido a que no ofrece pruebas, también debe desestimarse en atención a las consideraciones siguientes.

El artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral [8] señala los requisitos que deben cumplir los medios de impugnación.

De entre las exigencias contenidas se evidencia que la señalada en el inciso f), impone al promovente la obligación de ofrecer pruebas dentro de los plazos legales para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas.

Respecto a los plazos legales para la presentación de los medios de impugnación, el artículo 8 del ordenamiento antes señalado establece el plazo de cuatro días, contados, entre otros, a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado.

Por tanto, el promovente de un medio de impugnación cuenta con dicho plazo para ofrecer pruebas tendentes a acreditar los extremos de sus pretensiones, mencionar las que habrán de aportar en los plazos antes referidos o las que deban requerirse.

Al efecto, del cuerpo del escrito de demanda se advierte que, en su apartado identificado como “XII. MEDIOS DE PRUEBA”, el accionante ofrece como prueba la documental pública consistente en el expediente formado con motivo del cómputo de Diputados por Mayoría Relativa; además, en el punto petitorio segundo solicita se requiera al Consejo Distrital señalado como responsable por los medios de prueba que denomina “conducentes para resolver y demostrar los errores evidentes plasmados en los agravios”.  

No obstante lo anterior, con independencia de que hubiese o no ofrecido medios de prueba dentro de los plazos legales o que se acogiera la solicitud de requerimiento de éstas, tal circunstancia en modo alguno puede traer como consecuencia el desechamiento del presente juicio de inconformidad, debido a que es un requisito intrascendente cuya omisión no actualiza causal de notoria improcedencia alguna.

Es aplicable por analogía la tesis relevante XXIII/2000[9], sustentada por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, del rubro: PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

c. Requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad. La procedencia del juicio de inconformidad que se resuelve, está justificada plenamente de conformidad con lo establecido en los artículos 9, párrafo 1, 49, 50, párrafo 1, inciso b), fracciones I y II, 52, párrafo 1, incisos a) y b), 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se explica a continuación:

I. Forma. La demanda que dio origen al presente medio de impugnación, fue presentada por escrito ante la autoridad administrativa electoral federal señalada como responsable, y en ella consta el nombre del instituto político actor y la firma autógrafa de Ricardo Reyes Reyes, quien se ostenta como su representante legal; se señalan los hechos materia de la impugnación así como los preceptos constitucionales presuntamente violados; se expresan agravios; se ofrecen pruebas, y se identifican los actos reclamados, señalándose expresamente que se impugna el acta de cómputo y la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 5 Distrito Electoral Federal de Baja California, así como el otorgamiento de la correspondiente constancia de mayoría y validez, expedida a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional, contenidos en el acta de la sesión de cómputo distrital del 5 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California con sede en Tijuana; y, menciona en forma individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada.

II. Oportunidad. La promoción del juicio de inconformidad que se resuelve es oportuna, toda vez que el escrito de demanda que dio origen al mismo fue interpuesto ante la responsable dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contados a partir del siguiente al que concluyó el Cómputo Distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 5 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, tal y como se evidencia del acta circunstanciada de la correspondiente sesión de cómputo distrital (fojas 320 a la 322 del cuaderno principal); toda vez que el cómputo de la elección de mérito concluyó a las dieciocho horas con cuatro minutos del seis de julio del año que transcurre, y los escritos de presentación y de demanda líneas atrás referidos fueron interpuestos ante la 5 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Baja California, el diez de julio último (folio 8 del cuaderno principal).

III. Legitimación y personería. Este órgano jurisdiccional estima que el medio de impugnación que se resuelve fue promovido por parte legítima, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que fue promovido por un partido político –Partido Verde Ecologista de México–, a través de su representante legítimo en términos de lo establecido en el numeral 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del propio ordenamiento legal invocado, toda vez que Ricardo Reyes Reyes, tal y como se indicó líneas atrás, en el apartado correspondiente al estudio de las causales de improcedencia, en el cual se abordó el estudio atinente de la personería de éste.

Así mismo, el Partido Acción Nacional se encuentra legitimado para comparecer a la presente instancia como tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la normativa antes citada, a través de Álvaro Acosta Briseño, quien se ostenta como representante propietario del instituto político.

Respecto a la personería de los representantes de los partidos políticos antes mencionados, promovente y compareciente o tercero interesado, en ambos casos, se tiene por acreditado el carácter, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del código adjetivo comicial, además de que la autoridad señalada como responsable al rendir su informe circunstanciado reconoce tal circunstancia (folio 22 del cuaderno principal).

IV. Interés jurídico. El actor acredita su interés jurídico en términos de lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, fracción VI, 60, párrafo segundo, y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 49, 50, párrafo 1, inciso b), y 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que impugna los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en el 5 Consejo Distrital Electoral Federal en el Estado de Baja California, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, por nulidad de la votación recibida en varias casillas y por haber acontecido, en consideración del accionante, irregularidades graves en el desarrollo del proceso electoral, en el cual contendió.

En este sentido, del análisis integral de las documentales que conforman el expediente de mérito, se arriba a la conclusión que en la especie, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 10 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que en el presente medio de impugnación:

a)         No se impugna la no conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de leyes locales o federales;

b)        El acto reclamado sí afecta el interés jurídico del actor y no se ha consumado de un modo irreparable ni ha sido consentido expresamente;

c)         El promovente tiene legitimación para promover el medio de impugnación que nos ocupa;

d)        En el presente caso, la ley no prevé instancias que deban agotarse previamente a la interposición del juicio de inconformidad;

e)         En el escrito de demanda solamente se impugna la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa;

f)          No se está solicitando en forma exclusiva, la no aplicación de una norma general, cuya validez haya sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

g)        No se está impugnando la resolución de alguna de las Salas del Tribunal Electoral.

Consecuentemente, al estar colmados los requisitos de procedencia y de procedibilidad del juicio de inconformidad que se resuelve, y que en la especie no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo conducente es estudiar los agravios expresados en el escrito de demanda por el instituto político actor.

SEGUNDO. Suplencia y agravios. Esta Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el presente medio de impugnación y entrar al estudio de los agravios expresados por el Partido Verde Ecologista de México, atenderá primordialmente a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como la Tesis de Jurisprudencia 3/2000 cuyo rubro señala: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR [10], esto es, en aquellos casos en que el actor omitió señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o los citó de manera equivocada, este órgano jurisdiccional, en ejercicio de la suplencia prevista en el párrafo 3 del numeral arriba invocado, tomará en cuenta los que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto; y en el caso de deficiencias y omisiones en la expresión de agravios, se analizarán los deducidos claramente de los hechos expuestos, con apoyo en lo establecido en el párrafo 1 del referido dispositivo.

Ahora bien, los agravios expresados por el Partido Verde Ecologista de México, incluidos los que se deduzcan claramente de los hechos expuestos en su escrito de demanda, serán estudiados en los subsecuentes considerandos de esta sentencia, atendiendo a la prelación prevista para las causales de nulidad de votación recibida en casilla establecidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El análisis se hará relacionando las afirmaciones de las partes con los hechos y puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente sentencia, así como con el examen y valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos.

Existen cincuenta y nueve casillas cuya votación fue impugnada por el promovente, mismas que serán estudiadas por las causales señaladas con los incisos c), e), f) y k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se muestra en la siguiente tabla:

Esta Sala Regional dará especial relevancia al principio general de derecho relativo a la conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino utile per inutile non vitiatur, lo útil no debe ser viciado por lo inútil, en acatamiento a la Tesis de Jurisprudencia 9/98 cuyo rubro establece: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN [11].

Del contenido del criterio jurisprudencial, se advierte que atiende al principio que solo debe decretarse la nulidad de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación. Luego los efectos de la nulidad respectiva no deben extenderse más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, con el fin de evitar daños a los derechos de terceros, es decir en el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que válidamente expresaron su voto.

Asimismo, el artículo 75, párrafo 1, en sus inciso f), g), i), j), y k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece como requisito para la actualización de la causal de nulidad, el factor determinante. Ahora bien este elemento, se encuentra implícito en las causales contenidas en los incisos a), b), c), d), e) y h), conforme el criterio Jurisprudencial 39/2002: NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO [12], toda vez que de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, párrafo primero, 60, párrafo segundo, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten la certeza en el ejercicio personal, universal, libre y secreto, directo e intransferible del voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los sufragios válidos, en observancia al principio ya señalado de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Por tanto, si en algunas hipótesis de nulidad se menciona expresamente que el vicio o irregularidad debe ser determinante para el resultado de la votación y en otras no, esto no implica que en el último caso, no deba tomarse en cuenta dicho factor, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba, es decir, en cuanto a la primera el actor debe demostrarlo y en lo segundo existe la presunción iuris tantum de lo determinante en el resultado de la votación.

En relación al factor determinante y de conformidad con la misma tesis de jurisprudencia citada, establece que cuando se ha utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos no son los únicos viables, sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas ocasiones, atendiendo a si se han conculcado o no de manera significativa uno o más de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al partido político que en buena medida, por tales irregularidades resultó vencedor en una casilla específica.

Por último, debe señalarse que para la resolución del presente juicio, cuando las pruebas de una de las partes puedan resultar benéficas a los intereses de la contraria de la oferente, esta Sala Regional las examinará y valorará a fin de que las pruebas rendidas por una de las partes, no solo a ella aprovechen, sino también a la contraparte, lo anterior, atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 19/2008, cuyo rubro es: ADQUISICIÓN PROCESAL. OPERA EN MATERIA ELECTORAL [13].

Por otra parte, la actora refiere que el Consejo Distrital responsable, ilegalmente determinó como votos nulos varias boletas correspondientes a las siguientes nueve casillas 822-C1, 958-B, 1053-B, 1067-B, 1069-B, 1082-C1, 1083-C1, 1106-C1 y 1123-C2; al considerar que contienen inconsistencias.

TERCERO. Litis. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si, con base en los agravios y lo expresado por la responsable y en términos por lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, de manera supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles,[14] procede la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y si se deben modificar los resultados asentados en el acta de cómputo distrital impugnada, para generar la confirmación o la revocación de la constancia de mayoría y validez respectivas, o en su caso, la declaración de la nulidad de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en controversia.

CUARTO. Estudio de fondo. Atendiendo a lo anterior, con independencia del orden en que se encuentren enumerados los hechos y agravios en la demanda del juicio de inconformidad, por cuestión de método, esta Sala Regional se avocará primeramente al estudio de los agravios relacionados con nulidad de la votación recibida en casilla, posteriormente los relativos a la calificación de los votos nulos por la responsable, y al final, los relativos a la nulidad de la elección.

En consecuencia, todos y cada uno de los agravios expresados por el partido actor, incluidos los que se deduzcan claramente de los hechos expuestos en su escrito de demanda, serán estudiados y analizados en los subsecuentes considerandos de esta resolución.

El análisis se hará relacionando las afirmaciones de las partes con los hechos y puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente resolución, así como con el examen y la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos.

Respecto a las pruebas documentales, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, conforme a su naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración.

En ellas se consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos representados.

El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado; criterio consultable en la Jurisprudencia 45/2002, de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.[15]

Por otra parte, en relación a la casilla 822-C1, en donde alega como causa de nulidad: se declaró VOTO NULO una boleta que tenía una marca en el partido político PRI y en el cuadro de candidatos no registrados tenía la leyenda Enrique Peña Nieto (foja 17 del cuaderno principal), resulta inatendible lo esgrimido por el actor, habida cuenta que, según se desprende del informe circunstanciado, esta casilla no corresponde al 5 distrito electoral federal (foja 48 de autos), asimismo, en el Acta Circunstanciada que se levanta por motivo del cumplimiento de la actividad prevista en el inciso d) del párrafo 2, del artículo 254, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa al conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales para el proceso electoral federal 2011-2012, y su anexo Agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla, no está registrada la sección 822, ya que inicia en la sección 868 B (fojas 90 a 114 del cuaderno accesorio 5); por otra parte, del Encarte (foja 300 vuelta del cuaderno principal) se advierte que la misma corresponde al Distrito 6 de la referida Entidad Federativa; de suerte que, es inocuo ocuparse de su análisis en tanto que, por un lado, de las constancias se deduce que dicha mesa receptora de votación no existe y, por otro, aun en el supuesto de hacer eficaz lo establecido por el numeral 23 antes indicado, esto es, la suplencia de la deficiencia de la queja, tampoco puede llegarse a la corrección de que se asemeje a una de las casillas componentes del distrito 5 con cabecera en Tijuana, Baja California.

QUINTO. Agravio relativo al lugar donde se efectuó el escrutinio y cómputo. En su demanda la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo primero, inciso c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en la casilla 962 Básica (962-B).

Al respecto, la parte actora señala que …En el acta de inicio señala el domicilio correcto pero en el acta de escrutinio y cómputo, menciona la calle pero omite el número … falta el número y el domicilio donde se estableció (fojas 11 y 14 del cuaderno principal); en cuanto a la responsable, sobre el tema en cuestión, no hace manifestación alguna.

Por tanto, respecto esta casilla, la Sala Guadalajara, en ejercicio de la suplencia prevista en el artículo 23 de la ley de la materia, toma en cuenta los preceptos jurídicos que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto, en los casos de deficiencias u omisiones en la expresión de agravios, se atenderán los que a su juicio pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos y examina si respecto de esta casilla se debe declarar o no la nulidad de la votación recibida, por haberse actualizado la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo primero, inciso c), de la ley de la materia.

La certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad deben ser características de todos los actos realizados por las autoridades electorales y, de manera muy especial, todas las actividades de las autoridades relacionadas con la obtención de los resultados de las elecciones.

Durante la jornada electoral, los votos de los ciudadanos son emitidos en las casillas instaladas para tal efecto, y corresponde a los integrantes de las mesas directivas recibir la votación y realizar su escrutinio y cómputo, para posteriormente, hacer constar los resultados de éste en la documentación electoral previamente aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, particularmente, en las actas de escrutinio y cómputo.

El escrutinio y cómputo de los votos en las casillas es, dentro del proceso electoral, un acto de la mayor relevancia, pues a través de éste se establece con precisión, el sentido de la voluntad de los electores expresada en la casilla.

Para salvaguardar esta expresión de voluntad, la legislación electoral establece reglas que tienden a asegurar el correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos, para que sus resultados, auténtica y cabalmente reflejen el sentido de la votación de los electores, y que como acto de autoridad electoral, tengan las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

La normatividad electoral busca lograr que los resultados de las elecciones generen en el electorado confianza de que sus votos fueron contados correctamente, y evitar que se generen dudas en torno a los resultados por haber sido posible su alteración durante la realización de las operaciones relativas al escrutinio y cómputo, lo que viciaría los resultados consignados en las actas de las casillas, de tal forma, que no podrían ser ya considerados como los documentos continentes de la expresión pura y auténtica de la voluntad popular.

En la legislación electoral se define el escrutinio y cómputo; se señala a la autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar su autenticidad; el tiempo y forma para la realización del mismo y, respecto al levantamiento de las actas correspondientes en cuanto al lugar, establece la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo; además, para dar transparencia y certidumbre a los resultados electorales, establece el derecho de los observadores electorales, de los partidos políticos y coaliciones, a través de sus representantes, para observar y vigilar el desarrollo del procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos recibidos en las casillas.

Así, el artículo 274 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

a) El número de electores que votó en la casilla;

b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos;

c) El número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y

d) el número de boletas sobrantes de cada elección.

Por su parte, el artículo 154 del referido código dispone que son las mesas directivas de casilla, como autoridad electoral, los órganos encargados de recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo y asegurar su autenticidad.

Por lo que, es criterio reiterado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las formalidades de este procedimiento de escrutinio y cómputo dotan de certeza al resultado de la votación, criterio contenido en la Jurisprudencia 44/2002, y cuyo rubro y letra son los siguientes:

PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN[16].—El procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que se llevan a cabo de manera sistemática, y se conforma de etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y otra; en cada etapa intervienen destacadamente uno o varios funcionarios de la mesa directiva de casilla, siempre con la presencia de los representantes de los partidos políticos, y sus actividades concluyen en la obtención de varios datos que se asientan en los distintos rubros del acta de escrutinio y cómputo, cuyo objeto común es obtener y constatar los votos recibidos en la casilla. Lo anterior constituye una forma de control de la actividad de cada uno de los funcionarios de casilla entre sí, así como de la actuación de todos estos por los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, y un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de sus actos, que se ve acreditado con la concordancia de los datos obtenidos en cada fase, una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias; por lo que la armonía entre los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo sirve como prueba preconstituida de que esa actuación electoral se llevó a cabo adecuadamente.

En cuanto al tiempo y forma del escrutinio y del cómputo, el artículo 273 del citado código dispone que, los integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla, debiendo seguir para ello el procedimiento regulado por los artículos 274 al 278 del mismo ordenamiento legal invocado.

Por su parte, el artículo 280 del código electoral dispone que una vez concluido el escrutinio y cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas de escrutinio y cómputo correspondientes de cada elección, en tanto que el artículo 279 del referido ordenamiento establece el contenido mínimo de las actas aludidas.

El derecho de los observadores electorales para vigilar el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla se regula en el artículo 5, párrafo cuarto, inciso i), fracción III del multicitado código, y el de los partidos políticos (a través de sus representantes), en el artículo 247, párrafo primero, incisos a) y b), y en el párrafo segundo, del mismo artículo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, obra el derecho de los representantes a firmar el acta de escrutinio y cómputo bajo protesta, señalando los motivos de la misma.

En lo que se refiere al lugar en el que ha de desarrollarse el escrutinio y cómputo, en términos de lo previsto en el párrafo primero, inciso c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece:

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

… c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo; …

Las normas mencionadas procuran, en su conjunto, asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, que se imponen en la actuación de las autoridades electorales. Las disposiciones referidas protegen específicamente la voluntad popular expresada por los ciudadanos a través de sufragios emitidos en forma libre, secreta y directa, considerando que el sentido de esta voluntad se determina a través del procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace constar en el acta correspondiente.

En consecuencia, la observancia de las reglas legales en la realización del escrutinio y cómputo y en el levantamiento del acta correspondiente son de la más alta importancia, habida cuenta que esta acta constituye el medio fundamental para conocer con precisión el sentido de la voluntad popular expresada en la casilla.

Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en la ley de la materia, la realización del escrutinio y cómputo, sin causa justificada, en local diferente al determinado por el Consejo respectivo, cuando genere dudas sobre la integridad de los datos consignados en el acta de escrutinio y cómputo o incertidumbre por haber sido posible su alteración o manipulación, debe provocar la declaración de la nulidad de la votación recibida en dicha casilla, por no haberse hecho efectivo el principio de certeza del que deben estar revestidas todas las actuaciones de las autoridades electorales, al no contar en la casilla correspondiente con resultados fidedignos y confiables.

Luego, para que se actualice la causal de nulidad establecida en el párrafo primero, inciso c) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es preciso que se acrediten plenamente dos elementos:

a) Que el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la casilla se haya realizado en local distinto al determinado por el Consejo respectivo; y

b) Que la causa aducida por la autoridad electoral, no encuadre en las que conforme a la interpretación legal justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto.

Para que se actualice el primero de los elementos, basta analizar las pruebas aportadas por el actor y los demás elementos de prueba que obren en el expediente, y determinar que son distintos el local en el que se instaló la casilla y aquél en el que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos.

En cuanto al segundo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para sostener que para la realización del escrutinio en local distinto existió una causa justificada; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se acrediten los dos elementos que integran la causal, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado a juicio de este órgano jurisdiccional, que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, en virtud de que no se afectó la voluntad popular expresada por los ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y cómputo de los votos y los resultados consignados en el acta correspondiente son fidedignos y confiables.

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de la ley electoral, se desprende que, en principio y como regla general, la instalación de la casilla, la recepción de la votación y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben realizarse en un mismo lugar.

Por lo que hace a las causas que justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto a aquél en el que se instaló la casilla, debe considerarse que se está ante una de ellas, cuando las condiciones del, o en el local, no permitan la realización del escrutinio y cómputo en forma normal, este criterio encuentra apoyo en la tesis relevante de la Sala Superior de este Tribunal, identificada con la clave XXII/97, cuyo rubro y texto es literalmente el siguiente:

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL DIFERENTE AL AUTORIZADO.[17] La hoja de incidentes que se anexa al acta de escrutinio y cómputo, por estar signada por los funcionarios electorales, es una documental pública y al adminicularse con el acta de escrutinio y cómputo mencionada se da entre ellas una relación lógica que produce convicción para otorgarle valor probatorio pleno. Una vez asentado lo anterior, se debe de analizar el contenido de la hoja de incidentes, específicamente si la causa es porque se realizó el escrutinio y cómputo en local diferente al que originalmente se había instalado la casilla, para de ahí concluir si este cambio fue o no justificado, elemento que configura una causal de nulidad, puesto que para que proceda decretarla, es necesario, no sólo demostrar el cambio, sino que es indispensable probar el segundo supuesto. Al respecto, cabe destacar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no contiene disposición alguna que prevea las causas justificadas por las que los funcionarios de las mesas directivas de casilla puedan realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el consejo distrital respectivo para instalar la casilla, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 2o. in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procederá a integrar la norma conforme al método analógico considerado como principio aceptado para conformar los vacíos de la ley. De la revisión de las disposiciones de la normatividad electoral se puede encontrar una similitud entre esta situación y la prevista por el propio artículo 75, en el párrafo 1, inciso que dice: a) instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Y en cuyo caso sí se encuentra prevista, la justificación para instalar la casilla en lugar distinto al originalmente señalado y que son cuando: Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando: a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas; b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación; c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley; d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y e) El consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se le notifique al presidente de la casilla. 2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar que no reunió los requisitos. En este sentido se considera que existen situaciones análogas entre el supuesto normativo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), y en el inciso c), del propio párrafo y artículo, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ya que entre ambos se presentan elementos comunes: se trata de operaciones que realiza el mismo órgano electoral, y las realiza en la misma etapa de proceso electoral, son tareas que deben realizarse en el local señalado por el consejo distrital y sólo cuando exista falta justificada podrá, en su caso, instalarse la casilla en lugar distinto al legalmente señalado, o podrá realizarse el escrutinio y cómputo en otro local. Al existir situaciones jurídicas análogas, se deben aplicar las causas de justificación que contiene el artículo 215, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, este artículo, en su párrafo 1, inciso d), permite el cambio cuando las condiciones del mismo no permitan la realización de las operaciones en forma normal.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica del actor, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en:

a) Copia certificada del acta de la jornada electoral;

b) Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo relativa a la elección impugnada; y

c) Copia certificada del encarte.

Documentales las anteriores que tienen la naturaleza de públicas, por lo que acorde con lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa a la identificación de la casilla (columna 1); su ubicación según el encarte (columna 2); instalación según el acta de la jornada electoral (columna 3); ubicación de la casilla anotada en el acta de escrutinio y cómputo relativa a la elección que en este juicio se impugna (columna 4); así como la información que, en su caso, hubiere en las hojas de incidentes, los escritos de protesta, o cualquier otra constancia que obre en autos, respecto de las circunstancias que hubiesen motivado, o las condiciones en que se hubiere hecho el cambio de lugar, o bien, la información que permita concluir, que las discrepancias entre los datos de ubicación consignados son producto de imprecisiones al momento de llenar las actas y no producto de un cambio de local (columna 5).

Es inválido o infundado el agravio esgrimido por el actor en relación a la casilla que se estudia por las consideraciones siguientes.

En efecto, del acta de escrutinio y cómputo (foja 712 del expediente principal) se advierte que los datos anotados en la instalación de la casilla, coinciden con los relativos al acta de la jornada electoral en el referido apartado (foja 88 del cuaderno accesorio 3) y con los señalados en el encarte (foja 599 del cuaderno principal), aunque también se advierte que en el acta de escrutinio y cómputo se omitió anotar el número del local, aunque sí son coincidentes con el municipio, la calle, el fraccionamiento y el código postal; además, en el apartado correspondiente, no se registró la recepción de hojas de incidentes y firmaron sin hacer manifestación alguna los representantes de los partidos políticos que se señalan a continuación:

a) Bertha Vargas Quijada por el Partido Acción Nacional.

b) Candelario Molinero Armendariz y Erika Lizeth Rocha Hinojosa por el Partido Revolucionario Institucional.

c) Juan Martín Grajeda Ramírez y Eric Parra Trujillo por el Partido Verde Ecologista de México.

d) Néstor A. Almaraz Monterosa por el Partido Movimiento Ciudadano.  

Así, se estima que una de las posibles razones por la cual hace falta el número del local en el que se celebró el escrutinio y cómputo con aquél señalado en el encarte y en el acta de la jornada electoral, lo es que, el funcionario encargado de asentar los datos del lugar, por descuido, lo haya hecho de manera incompleta, situación que ocurre de forma frecuente al momento del llenado de las actas respectivas.

En tal virtud, si en las actas de escrutinio y cómputo se anotaron en forma incompleta los datos del lugar preciso de su ubicación, respecto de los que aparecen en la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, ello es insuficiente para considerar que el referido centro receptor de voto realizó tal acto en un lugar diverso al autorizado por el correspondiente Consejo Distrital; además, no se cuenta con más elementos probatorios que infieran que tal situación ocurrió, por lo que no se puede acreditar de forma plena la falta que pretende hacer valer el partido político actor, y tal inconsistencia no permite determinar que la casilla se instaló en un sitio diverso, máxime que en las propias actas no se asentó cambio o incidente alguno, sobre todo en los apartados relativos  

Al no existir anotación que indique incidente alguno respecto al cambio de lugar de la casilla para realizar el escrutinio y cómputo a un lugar distinto al autorizado según el encarte, es evidente que la descripción asentada, se debió a un error de los funcionarios encargados de realizar el llenado del acta de jornada y de escrutinio y cómputo, de ahí que no sea motivo para declarar fundado el agravio hechos valer por el recurrente en su demanda.

Por otra parte, se advierte que el acta de escrutinio y cómputo se encuentra firmada por los representantes de los partidos políticos antes referidos sin hacerlo bajo protesta y que éstos no manifestaron su inconformidad respecto del lugar en que se realizó; hechos que generan convicción de que la casilla impugnada no fue cambiada a un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital para realizar el escrutinio y cómputo .

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el principal valor a proteger por el derecho electoral es el sufragio, y siendo indiscutible que si la certeza, libertad y transparencia con que se emitió el voto no están puestas en duda, resulta prioritario para este órgano jurisdiccional su salvaguarda por ser el valor jerárquicamente superior, sin que lo útil pueda ser perjudicado por lo inútil, según el principio sobre la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, razones por las que esta Sala Regional arribe a la convicción de que el escrutinio y cómputo se realizó en el lugar autorizado por el Consejo Distrital, por lo que resulta inválido el agravio aducido por el actor.

SEXTO. Agravios relativos a los funcionarios de la mesa directiva de casilla. En su demanda la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo primero, inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en cincuenta y cuatro casillas, mismas que se señalan a continuación: 872-B, 872-C1, 879-B, 880-C1, 881-B, 881-C1, 882-C1, 884-C1, 884-C2, 886-C1, 887-C1, 928-C3, 928-C4, 931-B, 933-B, 941-B, 970-C1, 973-C3, 1014-B, 1016-C1, 1030-B, 1040-C1, 1042-C1, 1048-C1, 1051-B, 1052-B, 1052-C1, 1065-B, 1065-C1, 1072-B, 1074-B, 1076-C1, 1077-B, 1094-C2, 1095-C1, 1096-C1, 1097-B, 1097-C1, 1097-C2, 1097-C4, 1100-B, 1104-C2, 1105-B, 1106-B, 1113-B, 1116-C1, 1122-C2, 1122-C6, 1139-B, 1140-C2, 1150-C3, 1150-C6, 1314-B y 1327-B.

Por tanto, respecto de las casillas referidas, esta Sala Regional, en ejercicio de la suplencia prevista en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tomaran en cuenta los preceptos jurídicos que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto, en los casos de deficiencias u omisiones en la expresión de agravios, se atenderán los que a su juicio pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, y examinará si respecto de estas casillas se debe declarar o no la nulidad de la votación recibida, por haberse actualizado la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo primero, inciso e) de la ley de la materia.

Cabe aclarar, que por lo que hace a las casillas en comento, el actor manifestó lo siguiente:

Por tanto, respecto de las casillas referidas, esta Sala Regional, en ejercicio de la suplencia prevista en el artículo 23 de la ley de la materia, toma en cuenta los preceptos jurídicos que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto. En los casos de deficiencias u omisiones en la expresión de agravios, se atenderán los que a su juicio pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, y examina si respecto de estas casillas se debe declarar o no la nulidad de la votación recibida, por haberse actualizado la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo primero, inciso e) de la ley de la materia.

Sobre el particular, la autoridad señalada como responsable en su informe circunstanciado señala lo siguiente:

[…] Es de señalarse que el promovente falta a la verdad, toda vez que es falso que existan “imprecisiones” e igualmente es falso que el hoy actor hubiera hecho del conocimiento de esta autoridad alguna imprecisión respecto de lo que se infiere es con relación a la integración de Mesas Directivas de Casilla, al respecto es de señalarse a es H. Tribunal Electoral, lo siguiente:

El 17 de abril de 2012, el Consejo Distrital de este 05 distrito en Baja California, aprobó por unanimidad el acuerdo número A10/BC/CD05/17-04-12, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas especiales, que se instalarán en este distrito electoral el día 1 de julio de 2012.

En fecha 2 de mayo de 2012, el Consejo Distrital del 05 distrito electoral federal, en adelante el Consejo Distrital, aprobó por unanimidad de votos, el acuerdo número A14/BC/CD05/02-05-12, por el cual se aprueba la lista definitiva que contiene el número y los domicilios propuestos para la ubicación de las casillas electorales básicas y contiguas que se instalarán en este distrito electoral el día 1 de julio de 2012.

En fecha 8 de mayo de 2012, en sesión conjunta del Consejo Distrital y de la Junta Distrital Ejecutiva del 05 distrito electoral federal, se realizó la segunda insaculación y la selección de los siete funcionarios propietarios y suplentes de cada una de las casillas aprobadas por el Consejo Distrital en las sesiones extraordinarias celebradas los días diecisiete de abril y dos de mayo de dos mil doce, tal y como se acredita con las copias certificadas de el acta del Consejo Distrital número ACTA: 13/EXT/08-05-12 y el acta de la Junta Distrital Ejecutiva número ACTA: 09/EXT/08-05-12 y el acta de la Junta Distrital Ejecutiva número ACTA: 09/EXT/08-05-12.

En la sesión antes referida se aprobó el acuerdo número A17/BC/CD05/08-05-12, por el que se autoriza a la Junta Distrital Ejecutiva del mismo distrito electoral federal a realizar la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla por causas supervenientes, con ciudadanos de la Lista de Insaculados y/o de la Lista Nominal de Electores, informando oportunamente al Consejo Distrital.

Y mediante acuerdo número A18/BC/CD05/16-05-12, aprobado en fecha 16 de mayo de 2012, se autorizó a la Junta Distrital Ejecutiva del mismo distrito electoral federal a realizar la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla por causas supervenientes, con ciudadanos de la Lista de Insaculados y/o de la Lista Nominal de Electores, informado oportunamente al Consejo Distrital.

En sesión ordinaria del Consejo Distrital, celebrada en fecha 30 de mayo de 2012, en el punto 13 del orden del día, se informó a los integrantes del Consejo Distrital sobre la sustitución por causas supervenientes de funcionarios de mesas directivas de casilla, por ciudadanos tomados de la Lista de insaculados y/o de la Lista Nominal de Electores, al efecto se indicó que se informa que hasta el día 23 de mayo, no ha sido necesario recurrir a dichos listados para realizar sustituciones, tal y como consta en el ACTA: 15/ORD/30-05-12.

En sesión ordinaria celebrada en fecha 21 de junio del año en curso, en el punto 11, del orden del día se informó sobre la segunda publicación debido a los ajustes a la Lista de Ubicación de Casillas, informándose que la segunda publicación se realizaría el día 25 de junio, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. Y que en esta publicación no había cambios en la ubicación de casillas, sólo las modificaciones que se informaron en la sesión extraordinaria del 1 de junio del año en curso; así como los cambios realizados en los nombres de los integrantes de las mesas directivas de casilla. En los cuales ese H. Tribunal Electoral podrá observar que se encuentran enlistados los ciudadanos que fueron designados como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. Se adjunta copia certificada de la Segunda Publicación de la Integración de Mesas Directivas de Casilla (ENCARTE) con base en el cual se imprimió el suplemento que se publicó en los diarios de mayor circulación en la entidad y en el municipio de Tijuana.

En la misma sesión, se rindieron los siguientes informes:

En el punto 15 del orden del día, Informe sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral, en el inciso d) se dio cuenta de las sustituciones efectuadas hasta el día 14 de junio, informando que las sustituciones que se habían realizado en el distrito ascendían a 714 (setecientos catorce), cifra que representa un 21.75% respecto de los funcionarios requeridos, anexando el LISTADO L.1 desglosado por sección, el cual contiene el nombre del ciudadano sustituido, razón de la sustitución, nombre del sustituto, fecha de sustitución y procedencia.

En el punto 16 del orden del día, se informó sobre la sustitución por causas supervenientes de funcionarios de mesas directivas de casilla, con ciudadanos de la Lista de insaculados y/o de la Lista Nominal de Electores, anexándose el LISTADO L.1 desglosado por las secciones correspondientes, el cual contienen el nombre del ciudadano sustituido, razón de la situación, nombre del sustituto, fecha de sustitución y procedencia (listado de sorteados y/o Listado Nominal) de donde se corrobora que los ciudadanos que cumplieron como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, fueron los autorizados y aprobados por el Consejo Distrital, y en su oportunidad se informó a los integrantes del citado órgano electoral sobre las sustituciones realizadas de conformidad a lo aprobado mediante acuerdo número A17/BC/CD05/08-05-12, por el que se autoriza a la Junta Distrital Ejecutiva, del mismo distrito electoral federal a realizar la situación de funcionarios de mesas directivas de casilla por causas supervinientes, con ciudadanos en la Lista de Insaculados y /o de la Lista Nominal de Electores, informando oportunamente al Consejo Distrital.

En aplicación del acuerdo antes referido en sesión extraordinaria del mismo Consejo, celebrada en fecha 26 de junio de 2012, en el punto tres del orden del día, se rindió informe de sustituciones e integración de mesas directivas de casilla, anexando el LISTADO L.1 desglosado por las secciones correspondientes, el cual contiene el nombre del ciudadano sustituido, razón de la sustitución, nombre del sustituto, fecha del sustito y procedencia. Se anexa PROYECTO DE ACTA: 18/EXT/26-06-12.

Y finalmente en sesión extraordinaria celebrada el 1 de julio de 2012, en el punto cuarto del orden del día se informó sobre las sustituciones por causas supervinientes de funcionarios de mesas directivas de casilla, por ciudadanos tomados del listado de insaculados y/o de la lista nominal de electores, adicionalmente dichas sustituciones por ser las últimas y que no alcanzaron a incluir en la segunda publicación, fueron publicadas en el estrado del Consejo Distrital, se anexa cédula de identificación con folio número 001/2012.

De lo anterior se desprende que oportunamente se hizo del conocimiento de los integrantes del Consejo Distrital, incluido el hoy recurrente, desde la designación de Funcionarios de Mesas Directivas De Casilla y la integración de la Lista de Reserva, la información correspondiente a las sustituciones de Funcionarios Directivos de Casilla, efectuadas del durante el periodo que comprende el 9 de mayo al 30 de junio, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo el Consejo General del 25 de junio de 2011, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y sus respectivos anexos.

Como ya se señaló este órgano electoral el día 30 de junio, realizó sustituciones de integrantes de las mesas directivas de casilla, observando el procedimiento previsto por la Estrategia de Capacitación Electoral aprobada por el Consejo General, lo cual fue informado en la sesión extraordinaria de fecha 1 de julio de 2012, así como en las sesiones antes indicadas, en virtud de lo cual algunos ciudadanos designados como funcionarios de casilla sustituyeron a los que se encontraban señalados en el encarte.

Con lo cual no causa agravio alguno al recurrente, por el contrario se garantiza por los órganos distritales, que las mesas directivas de casilla, puedan instalarse con funcionarios debidamente capacitados y designados, como se acredita con las actas en las cuales constan los informes rendidos al Consejo Distrital sobre a situación de funcionarios de mesas directivas de casillas por causas supervinientes en el 05 Distrito Electoral Federal.

Esta situación genera la presunción legal de que dichas personas se encuentran inscritas en la lista nominal de la sección, pues, conforme con el artículo 240, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la integración de las mesas directivas de casilla se hace con ciudadanos insaculados de las listas nominales de electores de la sección correspondiente.

De esta forma, y al no constar en el expediente elementos probatorios que contradigan dicha presunción es válido concluir que dichas personas si se encuentran en la lista nominal de electores pertenecientes a las secciones correspondientes a las casillas impugnadas.

Además, en el expediente no aparecen elementos que constituyan indicios que de irregularidades en el procedimiento, como sería la presentación de algún escrito de incidentes por parte de algún partido contendiente, y alguna anotación ene se sentido en el acta de la jornada o constancia de la presentación de algunos de los ciudadanos designados por la autoridad electoral y que s ele hubiere rechazado.

En el siguiente cuadro se podrá constatar que los ciudadanos designados funcionarios de mesas directivas de casilla, en las casillas que ahora impugna el recurrente, fueron los designados por la Junta Distrital Ejecutiva y el Consejo Distrital del 05 distrito electoral federal, y en el caso de aquellos que conforme a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron electores que se encontraban en la casilla correspondiente, quienes asumieron las funciones de los funcionarios que no estuvieron presentes: […]

Ahora bien, en todo sistema democrático, resulta indispensable la renovación periódica de los órganos del Estado a través de elecciones populares; con este fin, el día de la jornada electoral en el ámbito de las casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la participación ordenada de los electores, ante la presencia de los representantes de partidos políticos y observadores, llevan a cabo el acto más trascendente e importante del proceso electoral, consistente en la recepción de la votación.

Acorde con nuestras leyes, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, a quienes el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, y son responsables también, de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

El análisis de las diversas legislaciones que han tenido vigencia en nuestro país, desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Carta Magna vigente y el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hacen evidentes ciertas constantes en la regulación del proceso de recepción de la votación.

Así, puede advertirse que la recepción de la votación se ha encomendado a órganos con distintas denominaciones, pero integrados siempre por los propios electores. Asimismo, todas las leyes electorales han previsto mecanismos para lograr la recepción de la votación, estableciendo reglas para la integración de las casillas el propio día de la jornada electoral.

En la legislación electoral vigente puede reconocerse la intención del legislador de garantizar que las funciones relacionadas con la recepción de la votación se lleven a cabo, para que, como consecuencia, se logre la integración de los órganos del Estado de representación popular; y, de garantizar que la actuación de los integrantes de las mesas directivas de casilla esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

Como mecanismos para lograr lo antes referido, la ley señala con precisión dos procedimientos para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, uno para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y otro, que es reiterado en todas nuestras leyes electorales, se utiliza el día de la jornada electoral y tiene como fin cubrir las ausencias de los ciudadanos designados, para lograr la recepción de la votación; las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla; y la sanción de nulidad para la votación recibida por personas u órganos distintos a los señalados por la ley.

Acorde con lo anterior, para dar una mayor transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla y buscando garantizar la actuación imparcial y objetiva de sus integrantes, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 240, establece el método de selección de los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección, deberán satisfacer los requisitos del artículo 156; entre otros, haber tomado cursos de capacitación; haber sido seleccionados en base a sus aptitudes por el personal de las juntas del Instituto; y ser seleccionados mediante procedimientos azarosos que incluyen el sorteo del mes del calendario de su nacimiento y de la letra inicial de su apellido paterno.

Sin embargo, ante la situación lamentable pero reiterada de que los ciudadanos originalmente designados no acuden el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas de casilla, para asegurar las funciones de recepción de la votación, el legislador federal previó mecanismos para la sustitución de los funcionarios ausentes, en el artículo 260 del código antes invocado, el que a la letra señala:

1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas conforme al artículo anterior, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Federal Electoral designado, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

2. En el supuesto previsto en el inciso f) del párrafo anterior, se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

3. Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

En lo referente a las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla, el artículo 158 del referido código señala para los presidentes de las mesas directivas de casilla, entre otras:

-         Presidir los trabajos de la mesa;

-         Recibir del Consejo la documentación electoral;

-         Identificar a los electores; mantener el orden en la casilla;

-         Suspender la votación en caso de alteración;

-         Retirar a las personas que incurran en alteraciones graves del orden;

-         Practicar el escrutinio y cómputo;

-         Turnar al Consejo Distrital la documentación de la casilla; y,

-         Fijar al exterior de la casilla, los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.

Por su parte, acorde con lo dispuesto en el artículo 159 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los secretarios de las mesas directivas de casilla deben:

-         Levantar las actas;

-         Contar las boletas antes del inicio de la votación;

-         Durante ésta, comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;

-         Recibir los escritos de protesta que se presenten; e

-         Inutilizar las boletas sobrantes.

Además, el numeral 160 de la normativa comicial establece que los escrutadores deben:

-         Contar el número de boletas depositadas en cada urna y el número de electores anotados en la lista nominal, y cerciorarse que ambas cifras sean coincidentes,

-         Contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula, o lista regional; y

-         Auxiliar al Presidente o Secretario en las actividades que les encomienden, según dispone el artículo 160 del multicitado código.

Por último, el artículo 75, párrafo primero, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone lo siguiente:

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

Las normas previamente referidas procuran garantizar que la función de recepción de la votación se lleve a cabo, para lograr la integración de los órganos del Estado de representación popular y asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las casillas, y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, que se imponen en la actuación de las autoridades electorales.

Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en la ley, cuando en alguna casilla reciban la votación personas u organismos distintos a los facultados y se generen dudas sobre la imparcialidad u objetividad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, debe decretarse la declaración de nulidad de la votación correspondiente, por no haberse hecho efectivo el principio de certeza del que deben estar revestidas todas las actuaciones de las autoridades electorales.

Ahora bien, para una mayor claridad en torno a la causal en estudio, caben algunas precisiones.

De la interpretación sistemática y funcional de la ley electoral, se hace evidente la intención del legislador de lograr que la función de recibir la votación se lleve a cabo, a pesar de que pudieran presentarse algunas irregularidades el día de la jornada electoral, en la integración de la mesa directiva de casilla.

Así, para dar transparencia, generar confianza y evitar dudas sobre la imparcialidad y objetividad en la actuación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, se estableció en la ley un procedimiento para la designación de los funcionarios de casilla en la etapa preparatoria de la elección, específicamente en los artículos 156 y 240 del código de la materia, mismos a los que ya se hizo alusión.

Sin embargo, ante la irregular pero reiterada circunstancia de que las personas designadas por el Consejo respectivo no acudan a ejercer sus encargos, para lograr la realización de la función de recibir la votación el legislador, en el artículo 260 estableció mecanismos para hacer la sustitución de los funcionarios ausentes, el propio día de la jornada electoral.

En este artículo se privilegia la actividad de recepción de la votación, de forma tal, que la ausencia de funcionarios propietarios puede ser cubierta, con la designación de nuevos, según el caso, por parte del Presidente de la casilla, o por el Secretario, o algún escrutador, o un suplente, o por personal designado por el Consejo Distrital, o por los propios representantes de los partidos políticos.

Resulta evidente entonces, que para el legislador lo más importante es la realización de la función de recibir la votación y, que en última instancia, la atribución de designar a los integrantes de la mesa directiva de casilla puede recaer en muy distintas personas, y la designación, en cualquier persona que razonablemente garantice objetividad e imparcialidad, lo que se presume ocurre cuando la ley obliga a designar de entre los electores de la sección y prohíbe designar a representantes de partidos políticos.

Relacionada con lo anteriormente expresado, esta Sala Regional considera aplicable la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la XIX/97,[18] que a la letra señala:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, que desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente para ocupar el cargo, ya que con esto se garantiza la acreditación de la generalidad de los requisitos que exige el artículo 120 del ordenamiento mencionado, especialmente los precisados en los incisos a), b), c) y d); de manera que no es admisible la designación de personas distintas, que por cualquier circunstancia se encontraran en ese sitio.

Por lo tanto, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Respecto a las casillas especiales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostiene el criterio de que para ser designado funcionario de casilla emergente basta con contar con la credencial para votar con fotografía, esto se puede observar en la tesis relevante III/2007, aprobada por unanimidad por el Tribunal en comento en sesión pública celebrada el doce de septiembre de dos mil siete y cuyo rubro es el siguiente: CASILLAS ESPECIALES. PARA SER DESIGNADO FUNCIONARIO EMERGENTE, BASTA CON QUE CUENTE CON CREDENCIAL PARA VOTAR. (Legislación de Tabasco).[19]

También vale la pena destacar, que de acuerdo con los artículos 158, 159, 160 y 263 a 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cada integrante de la mesa directiva de casilla corresponden distintas funciones y particularmente, la de recibir la votación, sólo se da participación al Presidente y al Secretario, quienes si así lo desean, pueden solicitar el auxilio de los escrutadores.

Esto no significa que la función de los escrutadores sea de menor importancia, ya que para este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la acreditación de la ausencia total durante la fase de recepción de la votación de los dos escrutadores, esto es, con la mitad de los funcionarios que la debieron de integrar, es motivo suficiente para considerar que la mesa directiva de casilla se encuentra integrada ilegalmente, y, consecuentemente, se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo primero, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, criterio sostenido por la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 32/2002, cuyo rubro es: ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.[20]

Respecto a la circunstancia de que en algunas de las actas de jornada electoral de las mesas directivas de las casillas los nombres o apellidos aparecen asentados de forma invertida o abreviados, estas circunstancias no generan por sí solas, la nulidad de la votación recibida en las mismas, por haberse recibido la votación por personas distintas a las autorizadas, porque en la especie se trata de las mismas personas.

En efecto, de la falta de coincidencia de los nombres de los funcionarios de casilla anotados en las actas, no es factible deducir como consecuencia fácil, natural, ordinaria, directa y sencilla, que se trate de ciudadanos distintos, en virtud de que esas inconsistencias pudieron obedecer a diversas causas, siendo una de ellas, que se anote el nombre del elector que actuará en la casilla de manera equivocada.

Debe destacarse que el nombre del funcionario integrante de una mesa directiva de casilla pude variar el orden en el que se hayan asentado el o los nombres al igual de los apellidos asentados en los documentos levantados el día de la jornada electoral, tales como las actas; también puede acontecer que por lo reducido de los espacios en éstas o simplemente por costumbre o comodidad se asienten en forma abreviada.

En este sentido, puede colegirse válidamente que la circunstancia de que se hubiesen invertido los apellidos o los nombres, o más aun que se asienten en forma abreviada deviene de un error de escritura al momento del llenado de las actas, lo que es probable, si se tiene en cuenta, que las mesas directivas se integran por ciudadanos seleccionados que aun cuando reciben capacitación, no se trata de un órgano profesional ni especializado, y que por su falta de experiencia, llegan a cometer errores, lo que resulta insuficiente para declarar la nulidad de la casilla, tal como lo pretende el impugnante; por tanto; esta Sala Regional estima que en los supuestos en los que se haya asentado de forma invertida los apellidos o nombres, o en forma incompleta, del funcionario de que se trata, no implica, indefectiblemente, que se trate de distinta persona, y por ende se decrete la nulidad de la votación recibida en esa casilla.[21]

Por otra parte, el hecho de que en las actas de jornada electoral, no se hayan asentado las razones que motivaron la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla, por sí solo no es motivo suficiente para actualizar la causal que nos ocupa, porque el bien jurídico tutelado, como es la debida recepción de la votación por personas legalmente designadas, no se vulnera, toda vez que la votación fue recibida por ciudadanos legalmente designados para ello, al encontrarse registrados en el listado nominal.

Pensar lo contrario, equivaldría a que por una mera formalidad, como es la omisión de asentar en la hoja de incidentes las razones que orillaron a la sustitución de los funcionarios originalmente designados por la autoridad administrativa electoral o el incumplimiento en el corrimiento o prelación de sustitución, se vulneraría la propia finalidad de la norma, que es el bien jurídico de mayor jerarquía, la debida recepción de la votación por los funcionarios legalmente designados. Siendo que el resultado electoral podría depender no de los votos emitidos legalmente para cada partido, coalición o candidato, sino, eventualmente, del incumplimiento de una mera formalidad.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica del partido actor, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en los acuerdos adoptados por el Consejo Distrital, respecto de las personas designadas para actuar como funcionarios en las diversas casillas que se instalaron en el distrito; el último acuerdo asumido por el Consejo Distrital, en relación con las sustituciones de los funcionarios de casilla; actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo, con sus respectivas hojas de incidentes, las que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Asimismo, constan en autos el encarte publicado por el Instituto Federal Electoral, correspondiente al Consejo Distrital 5, con cabecera en Tijuana del Estado de Baja California (fojas 588 a 647 del cuaderno principal) las que en concordancia con el citado artículo 16, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano jurisdiccional y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

Respecto de las cincuenta y cuatro casillas, de acuerdo con los agravios hechos valer y lo manifestado por las partes, esta Sala considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Distrital, con los nombres de las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral como miembros de la mesa directiva, de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las que se reservan espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, tienen otros espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la recepción de la votación, así como, en su caso, la cantidad de hojas de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, debe atenderse también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio.

Ahora bien, del análisis de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio, se presenta un cuadro comparativo, en el que se consigna la información relativa a la identificación de la casilla; los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según los acuerdos adoptados por el Consejo Distrital; los nombres de los funcionarios que recibieron la votación y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral y en algunos casos las de escrutinio y cómputo; las observaciones en relación a las sustituciones; y por último los agravios e incidentes registrados.