JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SG-JIN-11/2009 Y SU ACUMULADO SG-JIN-12/2009

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:   CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 02 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN EL ESTADO DE SONORA.

PONENTE: MAGISTRADO NOÉ CORZO CORRAL.

SECRETARIO: ALEJANDRO TORRES ALBARRÁN.

Guadalajara, Jalisco, a treinta de julio de dos mil nueve.

VISTOS para resolver en sentencia definitiva los autos que integran los expedientes SG-JIN-11/2009 y su acumulado SG-JIN-12/2009, relativos a los juicios de inconformidad promovidos por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, en lo individual,  por conducto de Joaquín Armendáriz Bórquez y Vicente González Terán, quienes se ostentan con el carácter de representante suplente y propietario de los referidos institutos políticos, respectivamente, ante el Consejo Distrital Electoral 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, en contra de los resultados contenidos en el acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa derivada del recuento total de casillas levantada por el citado consejo, el primero de ellos en contra de la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el 02 Distrito Electoral Federal de Sonora y, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva por nulidad de votación recibida en varias casillas, y el segundo, únicamente por la declaración de nulidad de votación recibida en casillas y, en consecuencia, la recomposición del cómputo distrital,

 R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De los escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes relativos, se desprende lo siguiente:

a) El cinco de julio de dos mil nueve se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los diputados de mayoría relativa y representación proporcional que integran el Congreso de la Unión, para el periodo 2009-2012.

b) El ocho de julio del presente año, dio inicio la sesión de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el Consejo Distrital Electoral 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, mismo que fue objeto de recuento total de conformidad con lo establecido en el artículo 295, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual arrojó los resultados siguientes:

c) El propio Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y la elegibilidad de la fórmula que obtuvo la mayoría de votos, siendo ésta la registrada por el Partido Revolucionario Institucional, por su parte, el presidente del referido Consejo, expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos registrada por el mencionado ente político, integrada por Miguel Ernesto Pompa Corella, como propietario, y Mónica Palacio García, como suplente.

d) El catorce de julio de la presente anualidad, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional presentaron demandas de juicio de inconformidad, respectivamente.

e) El quince de julio de dos mil nueve, fueron recibidos vía fax en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional los oficios con números 1674 y 1675 signados por el licenciado Abraham Benítez Serrano, en su carácter de Secretario del Consejo Distrital Electoral 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, mediante los cuales dio aviso de la presentación de las demandas de juicios de inconformidad en cita.

f) El dieciséis de julio de dos mil nueve, el Secretario del Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, notificó a este órgano jurisdiccional vía fax, la certificación de misma fecha, en la cual hizo constar que en el punto petitorio quinto del escrito de demanda de juicio de inconformidad presentado por el Partido Acción Nacional, se solicitó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejerciera su facultad de atracción y, por ende, conociera y resolviera el citado asunto.

g) Mediante acuerdo plenario de fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, la Sala Regional Guadalajara ordenó hacer del conocimiento de la Sala Superior de este tribunal la solicitud de ejercicio de facultad de atracción planteada por el Partido Acción Nacional en el punto anterior.

h) El veinte de julio de dos mil nueve la Sala Superior de este tribunal resolvió el expediente SUP-SFA-25/2009, en el que determinó improcedente la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción planteada por el Partido Acción Nacional en su demanda de juicio de inconformidad y concluyó que su conocimiento corresponde a la Sala Regional Guadalajara correspondiente a la primera circunscripción plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

II. Presentación de los medios de impugnación.  El catorce de julio de dos mil nueve, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, en lo individual,  por conducto de Joaquín Armendáriz Bórquez y Vicente González Terán, quienes se ostentan con el carácter de representante suplente y propietario de los referidos institutos políticos, respectivamente, ante el Consejo Distrital Electoral 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, en contra de los resultados contenidos en el acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa derivada del recuento total de casillas levantada por el citado consejo, el primero de ellos en contra de la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el 02 Distrito Electoral Federal de Sonora y, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva por nulidad de votación recibida en varias casillas, y el segundo, únicamente por la declaración de nulidad de votación recibida en casillas y, en consecuencia, la recomposición del cómputo distrital.

III. Avisos de presentación. El quince posterior, la autoridad señalada como responsable, informó vía fax de la interposición de dichos medios de impugnación, mediante sendos oficios dirigidos al Doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, Magistrado Presidente de esta Sala Regional, por conducto de Abraham Benítez Serrano, Vocal Secretario del 02 Consejo Distrital del Estado de Sonora.

IV. Terceros Interesados. El diecisiete de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Jesús Daniel Tavarez Valenzuela y Vicente González Terán, respectivamente, quienes se ostentaron con el carácter de representantes propietarios de dichos partidos políticos ante el Consejo Distrital Electoral 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, presentaron ante la responsable escrito por el que comparecieron como terceros interesados, a fin de hacer valer su interés en la subsistencia de los actos impugnados.  

V. Remisión a Sala Regional. El dieciocho de julio de los corrientes, se recibió en la oficialía de partes de esta Sala los expedientes formados con motivo de la interposición de los mencionados juicios, el informe circunstanciado y la documentación atinente.

VI. Turno. El dieciocho de julio de la presente anualidad, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, proveyó integrar los expedientes en comento, registrarlos con las claves SG-JIN-11/2009 y SG-JIN-12/2009 y turnarlos a la ponencia del Magistrado Noé Corzo Corral, para los efectos previstos en el artículo 19, párrafo 1, inciso a) de la ley de la materia.

VII. Radicación y requerimientos. Por sendos autos de fecha veinte de julio de los corrientes, el Magistrado Instructor acordó radicar los juicios en la ponencia a su cargo, de igual forma requirió al Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral, en el Estado de Sonora, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, informe y remita constancias originales o copias debidamente certificadas, de diversa documentación, mismas que resultaban necesarias para la resolución de los juicios de inconformidad atinentes.

Asimismo, por lo que ve al juicio de inconformidad identificado con la clave de expediente SG-JIN-11/2009, toda vez que el Partido Acción Nacional justificó haber solicitado previamente a la presentación de la demanda de mérito y por escrito a distintos órganos diversa información y ésta no le fue otorgada en su momento, se requirió a dichas autoridades para que en el término de cuarenta y ocho horas allegaran a esta Sala los informes y las constancias solicitadas por el actor, mismas que son necesarias para la sustanciación de los presentes medios de impugnación.

VIII. Recepción de documentos, admisión, pruebas, propuesta de acumulación y cierre de instrucción. Por autos de fechas veintiocho y veintinueve de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibida diversa documentación que remitieron la autoridad responsable y diversas dependencias de gobierno del Estado de Sonora; asimismo, toda vez que los escritos de demanda cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley se ordenó su admisión, de igual forma se admitieron los medios de convicción que ofrecieron y aportaron las partes; se propuso la acumulación del expediente SG-JIN-12/2009 al diverso SG-JIN-11/2009; y, finalmente, al no existir diligencias pendientes de desahogar, se declaró cerrada la instrucción en los juicios en cita, ordenándose elaborar el proyecto de sentencia atinente.

 C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional con sede en Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer y resolver los presente juicios, en términos de lo dispuesto por los artículos 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción I, y 195, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 1, inciso a), y párrafo 2, inciso b), 49, 50, párrafo 1, inciso b), fracción I, II y III, 53, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del acuerdo CG404/2008, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado el veinte de octubre del año próximo pasado, en el Diario Oficial de la Federación; por tratarse de juicios de inconformidad promovidos por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de un proceso electoral federal, en contra de actos correspondientes a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizados por el Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, autoridad que pertenece a la circunscripción plurinominal sobre la que esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Este órgano jurisdiccional advierte que existe conexidad entre los juicios de inconformidad registrados con las claves SG-JIN-11/2009 y SG-JIN-12/2009, en virtud de que en ambos, la autoridad responsable es la misma, ya que los actores combaten los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa correspondiente al 02 Distrito Electoral del Instituto Federal Electoral en Nogales, Sonora.

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 73, fracción II del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente decretar la acumulación del juicio de inconformidad SG-JIN-12/2009 al diverso SG-JIN-11/2009, por ser éste último el más antiguo, a efecto de que sean decididos de manera conjunta, para facilitar su pronta y expedita resolución.

Por lo anterior, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo al expediente del juicio acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de la controversia planteada, por ser de estudio preferente, se analizan las causas de improcedencia que hacen valer la autoridad responsable y el Partido Revolucionario Institucional, en su carácter de tercero interesado en el juicio de inconformidad identificado con la clave SG-JIN-11/2009 y su acumulado SG-JIN-12/2009.

La autoridad responsable y el Partido Revolucionario Institucional argumentan que el juicio SG-JIN-11/2009 deviene improcedente por las siguientes razones:

1.     El medio de defensa mencionado debe desecharse en virtud de que la parte actora fue omisa en presentar escritos de protesta ante las casillas impugnadas al término del escrutinio y cómputo o ante el Consejo Distrital, previo al inicio de la sesión de cómputo, incumpliendo con el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 51, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2.     Por otra parte, el tercero interesado argumenta que el promovente Joaquín Armendáriz Bórquez no acreditó su personería con el documento que anexó a su demanda, ya que si bien es cierto fue designado como consejero suplente del Partido Acción Nacional ante el 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, en ningún momento se le tomó la protesta constitucional ante el mencionado consejo distrital.

Tales causales de improcedencia devienen infundadas según se expondrá a continuación.

Contrario a lo que aduce la autoridad responsable, el escrito de protesta dejó de ser un requisito de procedibilidad de conformidad con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral vigente.

Dicho ordenamiento legal fue reformado el primero de julio del año pasado, y entre otras cosas, se abrogó el segundo párrafo del numeral 51, que anteriormente establecía lo siguiente:

“Se requerirá de la presentación del escrito de protesta, como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, sólo cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de esta ley, a excepción de la señalada en el inciso b) del párrafo 1 de dicho precepto.”

Consecuentemente, al haberse abrogado dicho arábigo el escrito de protesta dejó de ser un requisito de procedibilidad en los juicios de inconformidad en los que se reclame la nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla; razón por la cual deviene infundada la causal de improcedencia en estudio.

Por otra parte, en relación a la segunda causal de improcedencia enunciada, es importante precisar que el artículo 13, primer párrafo, inciso a) de la ley adjetiva de la materia, prevé que los partidos políticos, a través de sus representantes, están legitimados para presentar los medios de impugnación, entendiéndose por éstos, entre otros supuestos, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable.

Por ende, es evidente que para la promoción de los juicios de inconformidad es suficiente que el promovente esté acreditado como representante del partido político ante la autoridad electoral responsable, para que se tenga por satisfecho el requisito de procedencia en análisis.

En el caso en estudio, Joaquín Armendáriz Bórquez interpuso el presente medio de impugnación, ostentándose como representante suplente del Partido Acción Nacional ante el 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora.

Para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del ocurso suscrito por José Enrique Reina Lizárraga, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en el cual lo designó como representante suplente de dicho ente político.

Asimismo, la autoridad responsable en el oficio JIN/CD02/SON/0001/2009 informó que el promovente sí tiene reconocida la personería que ostenta ante el órgano a su cargo.

Dichas documentales valoradas de conformidad con los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4, y 16 párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, son suficientes para acreditar que el promovente tiene reconocido el carácter de representante suplente ante la autoridad responsable.

Sin que en la legislación citada, se exija la toma de protesta de la representación conferida para incoar el juicio de inconformidad en estudio.

Por ende, los magistrados integrantes de esta Sala Regional consideran que Joaquín Armendáriz Bórquez tiene personería para instaurar el presente medio de defensa de conformidad con lo previsto en la ley de la materia.

Finalmente, en relación al diverso juicio de inconformidad SG-JIN-12/2009, la autoridad responsable arguye qué el promovente no señaló en que se basa, o cuál es la causa para anular la votación recibida en casilla y la declaración de validez de la elección.

Dicha causal deviene infundada, ya que el partido recurrente en su demanda señaló las casillas cuya votación solicitó que se anule, la causal de nulidad que se actualiza, y las razones por las cuales considera que se surte dicho supuesto.

En efecto, el Partido Revolucionario Institucional manifiesta que debe anularse la votación recibida en las casillas 7 contigua 1, 9 contigua 1, 16 básica, 16 contigua 1, 112 básica, 173 contigua 1, 193 contigua 1, 199 contigua 2, 202 básica, 220 básica, 223 contigua 5, 223 contigua 6, 223 contigua 8, 223 contigua 9, 223 especial 5, 224 contigua 1 y 224 contigua 14, al actualizarse las causales previstas en los d) y e) del numeral 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, arguye que dos de las mencionadas casillas se instalaron antes de las 8:00 A.M. y en otras fungieron con ciudadanos que no fueron insaculados y capacitados por el 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, en contravención con lo estatuido en los artículos 259, párrafo 6 y 260 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, este órgano jurisdiccional considera que el promovente sí señaló las casillas que impugna, la causal que se actualiza y los motivos por los cuales debe anularse la votación recibida, razón por la cual se desestima la causa de improcedencia en estudio.

CUARTO. Procedencia del medio de impugnación. El juicio de inconformidad cumple con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 52 y 54 de la ley de la materia, conforme con lo siguiente:

a) Forma. Las demandas en estudio se presentaron por escrito ante la autoridad indicada como responsable; en ellas aparecen los nombres y firmas autógrafas de los accionantes, precisando el acto combatido, la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se exponen argumentos a guisa de agravios.

b) Oportunidad. El presente medio de impugnación se interpuso oportunamente, según se expondrá a continuación:

De conformidad con el artículo 55 de la ley de la materia, los juicios de inconformidad deben presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo materia de la inconformidad.

En el caso, los medios de impugnación fueron presentados dentro del plazo legal, ya que tomando en consideración el recuento total de casillas y cómputo distrital que se llevó a cabo en el Consejo Distrital 02 en Sonora, según la copia certificada de la propia acta circunstanciada, el mismo concluyó el día diez de julio de dos mil nueve,  y las demandas fueron presentadas el día catorce del mismo mes y año, según consta en el acuse de recepción de las mismas; habida cuenta que dicho término inició el once de julio y feneció el catorce de los corrientes, luego entonces el presente medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal conferido para ello.

c) Legitimación y personería. El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, hoy actores, se encuentran legitimados para interponer los medios de impugnación, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se encuentran registrados y reconocidos como partidos políticos nacionales ante el Instituto Federal Electoral.

Asimismo, de los informes circunstanciados enviados por la autoridad responsable, se obtiene que Joaquín Armendáriz Bórquez y Vicente González Terán cuentan con la personería necesaria para promover los juicios de inconformidad, por ser representantes suplente y propietario, respectivamente, de los mencionados partidos políticos ante el Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora.

d) Requisitos especiales. Los escritos de demanda, satisfacen los requisitos especiales del artículo 52, párrafo 1, de la ley adjetiva de la materia, en tanto que los impugnantes enderezan su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 02 Distrito Electoral Federal, en el Estado de Sonora, la declaración de validez de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en dicho distrito y, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, solicitando la declaración de nulidad de votación recibida en varias casillas y, la consecuente recomposición del cómputo distrital.

Al igual, se precisan de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que invocan en cada caso.

QUINTO.- Terceros Interesados.

a) Por una parte el Partido Revolucionario Institucional compareció al juicio SG-JIN-11/2009 como tercero interesado, mediante escrito que satisface los requisitos señalados en el numeral 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según se expondrá a continuación.

El aludido ocurso fue presentado ante la autoridad responsable a las veintiún horas con veinte minutos del día diecisiete de julio de la presente anualidad, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de la presentación del medio de impugnación, ya que dicho lapso inició a las veintidós horas con cincuenta y ocho minutos del día catorce de julio en que se fijó la cédula de notificación en estrados, y feneció el diecisiete del mismo mes y año.

Igualmente, en el referido escrito consta el nombre del compareciente, y la firma autógrafa del respectivo representante, además que precisa la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

El Partido Revolucionario Institucional, se encuentra legitimado para comparecer como tercero interesado al presente medio de impugnación, al tener un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el aquí actor.

Asimismo, de autos se desprende, según acuse de recibo certificado por la autoridad responsable, que Vicente González Terán, cuenta con la personería necesaria para representar el referido instituto político, por ser representante propietario del mencionado partido político ante el Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora.

b) Por la otra, el Partido Acción Nacional compareció al juicio SG-JIN-12/2009 como tercero interesado, mediante escrito, mismo que satisface los requisitos señalados en el numeral 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según se expondrá a continuación.

El aludido ocurso fue presentado ante la autoridad responsable a las trece horas con nueve minutos del día diecisiete de julio del presente año, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de la presentación del medio de impugnación, ya que dicho lapso inició a las veintitrés horas del día catorce de julio en que se fijó la cédula de notificación en estrados, y feneció el diecisiete del mismo mes y año.

Igualmente, en el referido escrito consta el nombre del compareciente, y la firma autógrafa del respectivo representante, además que precisa la razón del interés jurídico en que se funda, y su pretensión concreta.

El Partido Acción Nacional, se encuentra legitimado para comparecer como tercero interesado al presente medio de impugnación, al tener un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el actor.

Asimismo, en el oficio PAN/SON/SEE/0003-09, recibido por la autoridad responsable, certifica que Jesús Daniel Tavarez Valenzuela, cuenta con la personería necesaria para representar el referido instituto político, por ser representante propietario del mencionado partido político ante el Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora.

En virtud de lo anterior, al estar satisfechos los requisitos señalados en los preceptos legales adjetivos invocados al inicio de este considerando, tanto en las demandas, como en los escrito de terceros interesados, resulta procedente el estudio de fondo de la cuestión planteada.

SEXTO. La litis en el presente juicio se constriñe a determinar, si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas cuya votación se ha impugnado a través de los juicios de inconformidad en estudio y como consecuencia, si deben modificarse o no, los resultados asentados en el acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa derivada del recuento total de casillas correspondientes al 02 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sonora, y en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo que ve a los juicios de inconformidad identificados con las claves de expedientes SG-JIN-11/2009 y SG-JIN-12/2009, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, hacen valer a través de los medios de impugnación que nos ocupan, la nulidad de la votación recibida en 37 y 17 casillas, respectivamente; los agravios que procederá a estudiar esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serán los expresados por las partes demandantes en el escrito mediante el cual promovieron los juicios de inconformidad en cita, siempre y cuando expresen agravios tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señalen con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de violación que les cause el acto o resolución que impugnen, así como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección de los escritos de demandas o de su presentación, con independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el derecho) supla la deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar.

Lo anterior, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el criterio de jurisprudencia S3ELJ 03/2000, publicado en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21 y 22 cuyo rubro dice: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”

En consecuencia, se procederá al estudio conforme al cuadro que adelante se presenta y que contiene la relación de las casillas cuya votación se impugna por ambos partidos polítcos y la causal de nulidad por la cual será estudiada.

Finalmente y por cuestión de método, este órgano jurisdiccional procederá al estudio de las casillas cuya votación se impugna, agrupándolas en considerandos, conforme al orden de las causales de nulidad establecido en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SÉPTIMO. La parte actora en el juicio de inconformidad SG-JIN-12/2009 invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso d), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en haber recibido la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, en las casillas 16 básica y 16 contigua 1.

El Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de demanda, en lo que interesa, manifiesta:

“Del artículo anteriormente transcrito se desprende sin lugar a dudas que las casillas que hoy se impugnan la votación recibida en ellas, no fueron instaladas conforme lo establece la ley y por tal motivo no es valida la votación recibida en las mismas, así que en las casillas que hoy se impugnan algunas de ellas se instalaron antes de las 08:00 de la mañana, y el artículo 259 en el punto 6 en forma clara establece EN NINGÚN CASO SE PODRÁN INSTALAR CASILLAS ANTES DE LAS 08:00 HORAS COMO ES EL CASO DE LAS CASILLAS 16B Y 16 C1, ADEMÁS DE QUE LOS FUNCIONARIOS QUE FUNGIERON NO FUERON LOS INSACULADOS, CAPACITADOS Y PUBLICADOS POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORASL (sic) 02, POR LO QUE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN ESTAS CASILLAS DEBERÁ DECLARARSE NULA, ASÍ MISMO TODAS LAS CASILLAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN EN EL CUADRO SIGUIENTE:

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, manifestó los argumentos que consideró pertinentes para sostener la constitucionalidad y legalidad del acto impugnado.

Expuestos los argumentos hechos valer por las partes, es conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de mérito, para lo cual se analizará qué se entiende por recepción de la votación y qué se debe considerar por fecha de la elección.

La "recepción de la votación" es un acto complejo que comprende, básicamente, el procedimiento por el que los electores ejercen su derecho al sufragio, en el orden en que se presentan durante la jornada electoral ante su respectiva mesa directiva de casilla, marcando las boletas electorales en secreto y libremente, para luego depositarlas en la urna correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 264, párrafo 1, y 265, párrafos 1 y 3, del código sustantivo electoral.

La mencionada recepción de la votación, se inicia con el anuncio que hace el presidente de la mesa directiva de casilla, una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, la cual deberá efectuarse el primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, tal y como lo establecen los artículos 259, párrafo 2, y 263, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales.

Ahora bien, la recepción de la votación se retrasará lícitamente, en la medida en que se demore la instalación de la casilla, por ejemplo, en los casos previstos por el artículo 260 del código electoral, en los que se incluye la posibilidad legal de iniciar la instalación de la casilla a partir de las 10:00 horas, cuando se trate de casillas que deban ubicarse en lugares distantes o de difícil acceso y respecto de las cuales no se hubiere presentado ningún integrante de la mesa directiva.

Por otra parte, la recepción de la votación se cierra a las dieciocho horas del día de la elección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, salvo los casos de excepción que el propio precepto establece en los términos siguientes:

 “2. Podrá cerrarse antes de la hora fijada en el párrafo anterior, sólo cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.

 3. Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas, aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar.

 En este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan votado.”

En cuanto al concepto "fecha de elección", es importante definir lo que debe entenderse por fecha.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece que fecha significa "data o indicación de lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa".

Así, de lo preceptuado básicamente en los artículos 259, párrafo 2, 263, párrafo, 1 y 271, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se puede afirmar que fecha de elección es el período preciso que abarca de las 8:00 a las 18:00 horas del primer domingo de julio del año de la elección ordinaria. Lo anterior desde luego, sin perjuicio de considerar los ya referidos casos de excepción, en los que la recepción de la votación puede cerrarse antes o después de las 18:00 horas.

En correspondencia con el marco jurídico referido, la ley adjetiva de la materia establece la sanción de nulidad para la votación que se hubiere recibido en fecha diversa a la determinada para la celebración de la elección, tutelando con ello, el valor de certeza respecto del lapso dentro del cual los funcionarios de casilla recibirán la votación, los electores sufragarán, y los representantes de partidos vigilarán el desarrollo de los comicios.

En tal virtud, en términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite que se recibió la votación antes de que inicie o después de que concluya la fecha señalada para la celebración de la elección.

Establecido lo anterior, para el estudio de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala Regional tomará en cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral siguiente: a) actas de la jornada electoral, b) actas de escrutinio y cómputo, c) escritos de protesta; documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso a), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El instituto político recurrente argumenta que en las casillas 16 básica y 16 contigua 1, se recibió la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, porque tales centros de recepción de sufragios se instalaron a las siete horas con cincuenta minutos.

Los agravios formulados devienen infundados tal como se expondrá a continuación.

Cabe precisar que la hora de instalación de la casilla, no debe confundirse o asemejarse con la hora en que inicie la recepción de la votación; no obstante que, la primera es una importante referencia para establecer la segunda, cuando ésta no conste de manera expresa en las constancias que integran el expediente del propio juicio.

En este orden de ideas, la instalación consiste en todos los actos previos realizados por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, como entre otras cosas el armado de mamparas y el conteo del número de boletas recibidas; por otra parte, la recepción de la votación comienza a partir de la indicación del Presidente de casilla a los votantes para que ejerciten su derecho al sufragio. Por tal motivo el hecho que se asiente en el acta de la jornada electoral que se instaló la casilla antes de la hora señalada por la ley, no acredita que desde ese momento se empezó a recibir la votación, dada la necesidad de realizar el acto previo descrito.

Es importante destacar, que en las actas de la jornada electoral de este proceso, además del apartado relativo a la hora en que se instaló la casilla, existe uno diverso para asentar la hora en que se inicia la recepción de los sufragios.

Así, para que se actualice la causal de nulidad en comento es necesario que se acredite fehacientemente que la votación se recibió antes de las ocho horas del día de la elección.

Ahora bien, en relación a la casilla 16 básica, en el juicio en estudio obra el original del acta de la jornada electoral, en la cual se asentó que dicha casilla se instaló a las ocho horas; documental que valorada de conformidad con los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4 y 16, párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, merece valor probatorio pleno, por consiguiente, este órgano jurisdiccional, contrario a lo que afirma el actor, considera que la casilla se instaló y recibió la votación de los ciudadanos en la fecha señalada por la ley para tal efecto.

En otra tesitura, por lo que ve a la casilla 16 contigua 1, del acta de la jornada electoral se aprecia que se instaló la casilla a las siete horas con cincuenta minutos, lo cual, por sí sólo, no indica que a partir de ese momento se hubiera comenzado la votación, pues, como se mencionó, el acto de instalación conlleva la necesidad de realizar  diversas actividades anteriormente descritas, situación que, de acuerdo a las máximas de experiencia, puede consumir el tiempo indicado, incluso, uno mucho mayor, ya que los funcionarios de casilla no son personas especializadas en la materia.

Además, en el acta de la jornada electoral, en el apartado correspondiente, se asentó que la votación inició a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos, motivo suficiente para considerar que los sufragios se recibieron en la fecha señalada legalmente para tal efecto; sin que el actor aporte mayores elementos que acrediten su afirmación.

En virtud de lo anterior, se desestiman los agravios de las casillas en estudio, porque de acuerdo con el artículo 15, apartado 2, de la ley adjetiva de la materia, el que afirma tiene la carga de acreditar su aseveración, de modo que si en un medio de impugnación el actor aduce la recepción de la votación antes de la hora permitida, éste tiene la carga de probarlo, y esta demostración debe ser contundente, de manera que no deje lugar a duda, en consideración a que los actos de autoridad, como lo es la mesa directiva de una casilla, se presumen realizados conforme a la ley y con apego al principio de buena fe.

En consecuencia, al no acreditarse los elementos que integran la causal de nulidad de votación en estudio, se declara INFUNDADO el agravio esgrimido por el partido político actor.

OCTAVO. Los promoventes, en sus escritos de inconformidad, hacen valer, respectivamente, la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en un total de veinte casillas, mismas que a continuación se señalan: 7 contigua 1, 9 contigua 1, 16 básica, 16 contigua 1, 24 contigua 2, 74 contigua 2, 112 básica, 173 contigua 1, 193 contigua 1, 199 contigua 2, 202 básica, 220 básica, 223 contigua 5, 223 contigua 6, 223 contigua 8, 223 contigua 9, 223 especial 5, 224 contigua 1, 224 contigua 14 y 230 básica.

En el escrito de demanda del juicio de inconformidad registrado con la clave SG-JIN-11/2009, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, manifiesta, en lo que interesa, lo siguiente:

“1. El día de la elección, en las casillas que a continuación se citan, recibieron la votación personas distintas a las facultadas por la legislación electoral, siendo importante señalar que las mismas no pertenecen a la sección electoral de las casillas en las que actuaron como funcionarios de las mismas.

[…]

AGRAVIOS

PRIMERO. Causa agravio al Partido Acción Nacional, la vulneración o violación de los (sic) 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 105, 109, 154, 156, 158 y demás relativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 75 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior en virtud de que en las distintas casillas que se señalan en el capítulo de hechos, durante la jornada electoral del 5 de julio de dos mil nueve, en el 02 Distrito Electoral Federal se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en las indicadas en el numeral 1 del hecho SEGUNDO.

Lo anterior, sin duda alguna configura la causal de nulidad prevista en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que sanciona con la anulación de la votación recibida en la mesa directiva de casilla, cuando, entre otras causales se presenta la de:

“Artículo 75

1. La votación recibida en casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

Al respecto, es importante primero verificar quiénes son las personas o cuáles son los órganos facultados por la ley electoral de la materia para la recepción del sufragio ciudadano, pues partiendo de esa consideración podremos advertir en qué casos los votos fueron recibidos por personas no autorizadas para tales efectos.

En ese sentido es menester acudir al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, específica a lo dispuesto por sus artículos 154 y 155 párrafo 1, que a la letra ordenan que: (se transcriben).

Como se puede advertir de la simple lectura de los dispositivos legales, los órganos facultados para recibir la votación son precisamente las mesas directivas de casilla, a través de tres funcionarios, que son: el Presidente, el Secretario y el Escrutador.

Así pues, tenemos que desde el artículo 41 de la Constitución Federal, se establece que las casillas serán integradas por ciudadanos. En observancia a los principios rectores de la materia electoral, la ley de la materia salvaguarda la imparcialidad, objetividad y certeza de la elección, a través de las disposiciones para integrar la mesa directiva de casilla.

A mayor abundamiento, resulta oportuno hacer notar que la designación de funcionarios de la mesa directiva de casilla inicia con el sorteo de los ciudadanos realizado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral; en suma, la legislación contempla etapas de sorteos, capacitación, selección, y designación, todo lo cual se desarrolla por diversos órganos especializados y en un plazo que concluye en aproximadamente tres meses. En el mismo sentido, la normatividad electoral señala una serie de requisitos que deben de cumplir todos aquellos ciudadanos que vayan a fungir como autoridades en las mesas directivas de casilla. Dichos requisitos se encuentran previstos en el artículo 156 del Código Comicial Federal y textualmente ordena que:

Artículo 156 (se transcribe).

Ahora bien, es claro que el hecho de que a pesar de que los ciudadanos se encuentren previamente seleccionados y capacitados por el Instituto Federal Electoral, para cumplir con la noble tarea de ser funcionarios de las mesas directivas de casilla, ello no obsta para que en caso de que éstos no se presenten a cumplir con sus funciones, puedan ser sustituidos. Es por eso, que el propio código comicial establece con toda claridad, el método que se debe seguir para poder realizar dichas sustituciones, utilizando un método de prelación en la cual intervienen los suplentes generales y caso de que no asistan o no sean suficientes, se tendrá que solicitar a ciudadanos que se encuentren formados en la mesa receptora del voto correspondiente, debiendo cumplir, en todo momento con los requisitos que ordena la normatividad aplicable. Al respecto es importante únicamente hacer dos acotaciones: los funcionarios emergentes deben votar en la sección electoral correspondiente y, no puede recaer el nombramiento en representantes de partidos políticos ni funcionarios públicos.

Para el caso que nos ocupa, como se desprende de los hechos narrados en el hecho correlativo al presente concepto de agravio, se acredita plenamente que en estas casillas actuaron funcionarios no autorizados por la ley para hacerlo; y en consecuencia realizaron las actividades de: Instalar y clausurar la casilla; recibir la votación; efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; y permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura, actualizándose la causal de nulidad prevista en la (sic) citado inciso e) del párrafo 1 del artículo 15 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, dependiendo del cargo que sustituyeron, realizaron las funciones que el código encomienda a los diferentes funcionarios.

En tratándose de los que sustituyeron a Presidentes de las mesas directivas de casilla, realizaron sin fundamento ni motivación legal: presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Electoral a lo largo del desarrollo de la jornada electoral; comprobar que el nombre del actor figure en la lista nominal que corresponda a la sección; identificar a los electores; mantener el orden en la casilla y en sus inmediaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario; suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva; retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa directiva; identificar y admitir en la casilla a los observadores debidamente acreditados; identificar y admitir en la casilla  a los observadores debidamente acreditados; practicar, con auxilio del Secretario y del Escrutador y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo; concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al (sic) Comisión Electoral que corresponda la documentación y los expedientes respectivos en un plazo que no exceda de veinticuatro horas; y fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones.

Respecto de los que sustituyeron a Secretarios de las mesas directivas de casilla, realizaron sin fundamento ni motivación legal: llenar las actas que ordena el Código y distribuirlas en los términos que el mismo establece; contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los representantes de partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas y anotar su número en el acta de jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación; inutilizar las boletas sobrantes en la forma que señala la Ley Electoral; tomar nota de los incidentes ocurridos en la votación; entre otras.

En tratándose de los que sustituyeron a los Escrutadores de las mesas directivas de casilla, realizaron sin fundamento ni motivación legal: contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores anotados en la lista nominal de electores; contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula, o planilla; auxiliar al Presidente o al Secretario en las actividades que les encomienden; entre otras.

A fin de robustecer los argumentos vertidos anteriormente cito textualmente diversas Jurisprudencia del extinto Tribunal Federal Electoral, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Pode Judicial de la Federación:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LO VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe)

Por último, a efecto de demostrar los argumentos desarrollados en el presente numeral, me permito adjuntar al presente medio de impugnación las Actas de la Jornada Electoral de las casillas en las que se presentaron las irregularidades de las que me duelo, en las cuales se puede advertir con toda puntualidad, las personas que no se encontraban autorizadas por el consejo Distrital Electoral correspondiente. Dichos documentos públicos deberán ser cotejados con el encarte y el listado nominal de cada casilla que igualmente me permito proporcionar a ese (sic) H. Sala Regional.

En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente agravio, ese H. Tribunal Electoral deberá declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas que por el presente apartado se combate.”

Por su parte, los agravios que hizo valer el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante, en la demanda del expediente SG-JIN 12/2009, en relación a la causal de nulidad en estudio, son del siguiente tenor:

“Del artículo anteriormente transcrito se desprende sin lugar a dudas que las casillas que hoy se impugnan la votación recibida en ellas, no fueron instaladas conforme lo establece la ley y por tal motivo no es valida la votación recibida en las mismas, así que en las casillas que hoy se impugnan algunas de ellas se instalaron antes de las 08:00 de la mañana, y el artículo 259 en el punto 6 en forma clara establece EN NINGÚN CASO SE PODRÁN INSTALAR CASILLAS ANTES DE LAS 08:00 HORAS COMO ES EL CASO DE LAS CASILLAS 16B Y 16 C1, ADEMÁS DE QUE LOS FUNCIONARIOS QUE FUNGIERON NO FUERON LOS INSACULADOS, CAPACITADOS Y PUBLICADOS POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORASL (sic) 02, POR LO QUE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN ESTAS CASILLAS DEBERÁ DECLARARSE NULA, ASÍ MISMO TODAS LAS CASILLAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN EN EL CUADRO SIGUIENTE:

Como se puede apreciar el artículo 260 establece que si las casillas no se instalaron a las 08:15 horas, con los ciudadanos que fueron Insaculados, Capacitados publicados por el consejo Distrital 02, entonces sin (sic) estuviera el Presidente designara a los Funcionarios necesarios para la instalación de la casilla RECORRIENDO EN PRIMER TÉRMINO Y EN SU CASO EL ORDEN PARA OCUPAR KLOS (sic) CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS AUSENTES CON LOS PROPITARIOS (sic) PRESENTES Y HABILITANDO A LOS SUPLENTES PRESENTES PARA LOS FALTANTES Y EN AUSENCIA DE3 (sic) LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE ENTRE LOS ELECTORES QUE SE ENCUENTREN EN LA CASILLA, hecho este que en la especie no se dio, ya que como se puede apreciar en la tabla de arriba hay casillas que se instalaron a las 08:00 horas si (sic) los funcionarios que había designado el Consejo Distrital Federal 02, pero además en algunos casos ni pertenecen a la Sección como se puede apreciar en la columna de comentarios de la tabla anteriormente plasmada, por lo que tal y como lo establece el artículo anteriormente transcrito en su inciso g) no se integro (sic) conforme a los supuestos del inciso a), al f), y por lo tanto no recibió validamente la votación y en consecuencia debe de declararse Nula la votación recibida en estas casillas y hacer la recomposición del cómputo Distrital.

En otra tesitura, el Consejero Presidente del 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en Sonora, con cabecera en la ciudad de Nogales, en sus informes circunstanciados argumenta:

        Informe rendido en el expediente SG-JIN 11/2009:

“PRIMERO. El inconforme denuncia como violados los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 105, 109, 154, 156 y 158 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 75 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según manifiesta dicha inconforme en virtud de que en distintas casillas que se señalan en el capÍtulo de hechos durante la jornada electoral del 5 de julio de 2009, en el 02 Distrito Electoral Federal se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente en las indicadas en el numeral 1 del hecho segundo.

Después el representante suplente del Partido inconforme hace una serie de argumentos que se tienen aquí por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias.

En relación los argumentos que vierte el inconforme en su escrito, a guisa de agravios, resultan ser totalmente inatendibles por las razones que a continuación me permito exponer:

Por lo que respecta a la nulidad de la votación planteada en relación con las casillas 0024 C2 y 74 C2, quiero señalar a esa H. Sala Regional que de ninguna manera se puede decir que la votación recibida en las mismas esté afectada de nulidad ya que, suponiendo sin conceder, que quienes fungieron como primer escrutador en la casilla 0024 C2 y como segundo escrutador en la casilla 0074 C2, no se encontraran en la lista nominal de electores, ello no es suficiente para anularla (sic) votación, en atención a que la voluntad de (sic) elector al ejercer el sufragio, no puede ni debe estar supeditada a errores menores que se cometan por los funcionarios de casilla, quines (sic) no son personas preparadas adecuadamente para prever todos los supuestos legales que pudieran presentarse el día de la jornada electoral y actuar adecuadamente en la solución cada uno de ellos, con estricta observancia a la ley electoral al pie de la letra, sino que su preparación es en la medida en que quien los capacite tenga la habilidad para prepararlos a enfrentar y resolver cualquier eventualidad de tipo legal que se pudiera presentar el día de los comicios, por ello en los supuestos en que se basa el inconforme para demandar la nulidad de la votación en las casillas de referencia, es y debe de declararse totalmente infundada la causal de nulidad invocada, por el representante suplente del Partido Acción Nacional, establecida por el artículo 75 párrafo 1 fracción e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en base a que lo que esgrime como agravio no lo es tal ya que no le causa un perjuicio personal y directo al Partido que representa.

Por lo que respecta a la nulidad de la votación, que también plantea el inconforme, recibida en la casilla 230 básica, esta resulta ser totalmente infundada ya que las personas que fungieron el día de la Jornada Electoral como presidente, secretario, primer escrutador y segundo escrutador, fueron Yesica Cecilia Vázquez Bojóquez, Margarita Rodríguez Rodríguez, Antonio Álvarez Valenzuela y Enrique Santa María López, respectivamente; dichas personas si son de la sección electoral y están incluidas en la lista nominal de electores, a fojas 1 de 7; 4 de 7; y 5 de 7, lo que es fácilmente comprobable con el solo hecho de consultar el tomo de la lista nominal de electores de la mencionada casilla 0230 básica letras de la A a la V., por lo que en tales condiciones resultan totalmente inatendibles los agravios que expresa el accionante en relación a la nulidad de la votación recibida en la relacionada casilla electoral, la cual deberá de quedar confirmada en todos y cada uno de sus término.”

        Informe rendido en el expediente SG-JIN 12/2009:

“1.- En cuanto el primer agravio que manifiesta el representante del Partido Revolucionario Institucional sigue manifestando el hecho de que el Consejo Distrital Electoral Federal 02 en cesión (sic) de cómputo y calificación de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, manifiesto desde este momento que en este Distrito Electoral celebramos Sesión de Computo y no cesión con c de ceder, manifestando a sí (sic) mismo el recurrente que al computar las casillas 16 básica, 16 contigua 1, 220 básica, 7 contigua 1, 9 contigua 1, 112 básica, 173 contigua 1, 193 contigua 1, 199 contigua 2, 202 básica, 223 contigua 5, 223 contigua 6, 223 contigua 8, 223 contigua 9, 224 contigua 1, 224 contigua 14, y que se haya declarado válida la votación de éstas, sin manifestar en que consisten las violaciones graves y que se debió haber declarado la nulidad de la votación en dichas casillas, manifestando que se violenta lo establecido en el artículo 260 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral cuando esta ley únicamente tiene 108 artículos.

Posteriormente el recurrente transcribe el artículo 260 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual no necesita ninguna explicación ya que esta literalmente transcrito del código electoral, y si bien es cierto que siguen manifestando el recurrente que dicho artículo se desprende que sin lugar a dudas las casillas impugnadas por la votación recibida en ellas no fueron instalados conforme a lo (sic) establece la ley, negando desde este momento tal aseveración ya que dichas casillas fueron debidamente instaladas de acuerdo a lo establecido en la propia Ley Electoral.

Posteriormente transcribe un cuadro de casillas mismas que ya fueron transcritas y manifiesta las causas como se instalaron las multicitadas casillas por lo que el recurrente manifiesta que se debe declarar la nulidad de la votación por las razones manifestadas en cada una de dichas casillas.

Lo anterior es totalmente improcedente ya que todas las casillas fueron instaladas de acuerdo a lo que establece la ley en este 02 Distrito Electoral Federal por lo que debe declararse válida la votación recibida en dichas casillas.”

En otra tesitura, el Partido Revolucionario Institucional, en su carácter de tercero interesado en el juicio identificado con la clave de elector SG-JIN-11/2009 hace referencia a los hechos, indicando lo siguiente:

“1) No es cierto que los hechos denunciados por la recurrente sean fuente de agravio en su perjuicio. La votación recibida en cada una de las mesas directivas de casilla cuya nulidad solicita en este numeral no está afectada de nulidad.

De un análisis que se haga de las casillas cuya votación el actor solicita su nulidad, ESA SALA ADVERTIRÁ QUE NINGUNA DE ELLAS REÚNEN LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA TESIS QUE TRANSCRIBIRÉ PARA LA PROCEDENCIA DE ESA PETICIÓN. 

Al efecto, transcribo la siguiente tesis jurisprudencial:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación de Baja California Sur y similares).

[Se transcribe]

Cito esta tesis –que contiene las reglas básicas para clasificar cuándo la votación recibida en una casilla puede anularse por las causas que invoca el recurrente- para demostrar, a contrario sensu, que la votación recibida en las casillas enumeradas en este agravio debe sostenerse.

Los detonantes de la nulidad, según la tesis, son 2: la no pertenencia de los funcionarios al encarte, y la no pertenencia de los funcionarios a la sección electoral de que se trate.

En el caso que me ocupa, ninguna de las dos condiciones para anulación de votación se cumplió. Los funcionarios que denuncia el actor sí se encontraban en el encarte (término que utilizaré en este escrito para referirme a la lista autorizada de funcionarios de mesas directivas de casillas y a las ubicaciones de las mismas) y además esas personas sí se encontraban en la lista nominal de la sección en la que fungieron como funcionarios el día de la jornada electoral. Por lo tanto, el actor en este procedimiento no probó –por ser de imposible demostración- que dichos funcionarios no se encontraban en la lista nominal de esa sección y, así, no se configura la hipótesis de nulidad prevista en la tesis citada.

El actor pidió, en este agravio, la nulidad de la votación recibida en varias casillas porque “no se integraron conforme al Código”.

Salvo el cuadro de casillas que se lee en la página 4 del escrito que dio inicio a este procedimiento –donde el actor se limita a sostener que algunos funcionarios no son los designados por el Consejo Distrital-, este agravio no contiene una expresión clara de las razones por las cuales la votación recibida debe ser anulada.

Lo que el actor se abstuvo de decir en su agravio es que los funcionarios de casillas, en su gran mayoría, sí estaban en el encarte.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (“Código”) admite claramente la posibilidad que, ante la falta de un funcionario de casilla de los que aparecen en el encarte, lo sustituya otro. Ya sea de los mismos funcionarios previamente designados como propietarios o suplentes, o de la propia fila de electores.”

Por su parte, el Partido Acción Nacional, como tercero interesado en el juicio acumulado SG-JIN-12/2009, señaló:

“CONTESTACIÓN A LOS HECHOS

En cuanto al primero de los hechos de la demanda de Juicio de Inconformidad que se contesta, es cierto lo manifestado por el promovente.

Con lo que respecta al punto segundo párrafo 1 del capítulo de hechos de la Demanda de Juicio de Inconformidad que hoy se contesta es falso lo argumentado por el promovente, ya que la casillas se instalaron de acuerdo a lo que marca el Artículo 260 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el promovente solamente trata de sorprender a este H. Tribunal y con ejemplo cito la casilla señalada como 24c2 donde el promovente pretende sorprender el sano juicio de su Señoría al señalar que el escrutador 1 fue Francisca Ibarra Juárez, cuando del acta que ellos mismos ofrecen como pruebas fehacientemente se desprende que quien fungió como tal fue Francisca Encinas Juárez quien si pertenece a dicha sección.

[…]

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS.

PRIMERO.- Con lo que respecta el primero de los agravios que hoy se contestan además de ser infundados, por otro lado son confusos, ya que de la simple lectura de lo expuesto por el promovente en este agravio se desprende que transcribe algunos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y hace una narración el promovente de la forma en que deberán integrarse las casillas el día de la jornada electoral y en forma detallada plasma las facultades que tiene el presidente de las mesas directivas de casilla, los secretarios y los escrutadores, PERO EN FORMA MUY VAGA TRATA DE ESTABLECER QUE EN ALGUNAS CASILLAS SIN ESPECIFICAR CUALES SE INTEGRO O INTEGRARON CON PERSONAS DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS POR LA LEY, pero insisto no señala en este punto de agravio el promovente la casilla o casillas las cuales se hallan integrado con personas distintas facultadas a la Ley. Por lo que deberá declararse infundado este agravio por ser confuso y no se duele de nada el promovente.”

Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los 300 distritos electorales del país.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 155 del mismo ordenamiento, las mesas directivas de casillas se conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 156, párrafo 1, inciso a), de dicho código, deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y ser residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla; además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de sus integrantes.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 240 del código que se consulta.

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos originalmente designados, en ocasiones incumplen con sus obligaciones y no acuden el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, el legislador federal en el artículo 260 del mismo código, estableció el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla en el supuesto de que ésta no se instale a las ocho horas con quince minutos, con el objeto de asegurar la recepción de la votación.

Toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren formados en la casilla para emitir su voto; sin que en ningún caso puedan ser nombrados los representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto en el párrafo 3, del artículo en comento.

De una interpretación armónica de los preceptos señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley.

Este valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos los funcionarios designados.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas -encarte-, los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo.

En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente:

a)     Original de la publicación de "ubicación e integración de las mesas directivas para las elecciones federales publicado el 5 de julio de dos mil 2009" (encarte), correspondiente al 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, con cabecera en la ciudad de Nogales.

b)    Copia certificada de la lista de "sustituciones de funcionarios" del mencionado distrito electoral federal;

c)     Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria número 20/EXT/07-2009, de cinco de julio del presente año, en cuyo orden del día, se incluyó el informe de las sustituciones por causas supervenientes de funcionarios de mesas directivas de casilla con ciudadanos del listado de insaculados y/o de la lista nominal de electores, realizadas del 30 de junio al 4 de julio de los corrientes;

d)    Copia certificada de las listas nominales de electores definitivas con fotografía de las casillas cuya votación se impugna, así como de las demás casillas correspondientes a la misma sección;

e)     Copias certificadas de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se impugna;

f)      10 hojas de incidentes en copia al carbón, y

g)    tres copias certificadas de escritos de protesta.

Documentales públicas que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1, incisos a) y b), 4, inciso a), 5 y 16 párrafos 1, 2 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, merecen valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya segunda columna se identifica la casilla de que se trata; en la tercera, los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según la publicación de las listas de integración de mesas directivas de casilla citadas; en la cuarta, los nombres de los funcionarios que integraron la casilla y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral o de escrutinio y cómputo; y por último, las observaciones sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre los distintos rubros del propio cuadro.

Del estudio detallado del cuadro que antecede y atendiendo a las características similares que presenta la integración de las mesas directivas de casilla, esta Sala estima lo siguiente:

A) Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro anterior, se desprende que en las casillas 173 contigua 1, 202 básica y 223 contigua 9, los nombres y los cargos de las personas que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados, que fueron originalmente designados y capacitados por la autoridad electoral administrativa para desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de presidente, secretario, primero y segundo escrutadores.

Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resulta INFUNDADO el agravio aducido respecto de las casillas en estudio.

No obsta para arribar a la anterior conclusión, el que de las actas oficiales se aprecie que las referidas sustituciones de funcionarios, se realizaron aparentemente previo a las ocho quince de la mañana como lo marca la legislación sustantiva, toda vez que ello solamente reviste una irregularidad de entidad menor, la cual no resulta ser suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en tales casillas.

Lo anterior, en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, así como la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, máxime que como se expresó anteriormente, las casillas en cita, finalmente se integraron con personas que cumplen los requisitos establecidos en el código de la materia.

B) Con relación a las casillas 7 contigua 1, 112 básica, 193 contigua 1, 223 contigua 8 y 223 especial 5, del cuadro comparativo se aprecia que los funcionarios designados por el Consejo Distrital, son los mismos que fungieron como tales el día de jornada electoral, independientemente de que se trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la originalmente encomendada.

En efecto, la figura de los funcionarios suplentes generales, está prevista en el artículo 155 del código sustantivo, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por los suplentes.

En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral.

Así, en la casilla 7 contigua 1, Bernardo Antonio Franco Rodríguez, quien fue designado por el 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, como primer suplente, actuó como segundo escrutador el día de la jornada electoral.

Asimismo, Alma Elda Salazar Zazueta, quien fungió como presidente, cabe precisar que sí fue designada, capacitada e insaculada por la autoridad electoral, según se advierte de la copia certificada de la lista de sustituciones de funcionarios de casilla, habida cuenta que fue tomada de la lista de reservas para sustituir a José Arturo López Torres, quien había sido nombrado originalmente por la autoridad electoral, como presidente.

En relación con la casilla 112 básica, Ramona Alicia Carranza Alcaraz, designada por el 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, como primera suplente, fungió como segundo escrutador.

Por otra parte, en la casilla 193 contigua 1, Blanca Rosa Camacho Zambrano, nombrada tercera suplente, actuó como primer escrutador.

Asimismo, en la casilla 223 contigua 8, Oscar Rodolfo Zubias Mora y Juan Manuel Armenta Ramos, insaculados como segundo escrutador y primer suplente participaron, respectivamente, como primer y segundo escrutador.

Finalmente, en la casilla 223 especial 5, el primer suplente Manuel Ángel Agüero Lozano, integró la mesa directiva de casilla como segundo escrutador. 

En consecuencia, es evidente que las sustituciones de funcionarios en las casillas 7 contigua 1, 112 básica, 193 contigua 1, 223 contigua 8 y 223 especial 5, no lesionan los intereses del partido político actor, ni vulneran el principio de certeza de la recepción de la votación, ya que las mesas directivas de casilla se integraron por funcionarios designados por el Consejo Distrital; por lo tanto, al no actualizarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, devienen INFUNDADOS los motivos de disenso aducidos por los impugnantes respecto de dichas casillas.

No obsta para arribar a la anterior conclusión, el que de las actas oficiales de las casillas 193 contigua 1 y 223 contigua 8, se aprecie que las referidas sustituciones de funcionarios, se realizaron aparentemente previo a las ocho quince de la mañana como lo marca la legislación sustantiva, toda vez que ello solamente reviste una irregularidad de entidad menor, la cual no resulta ser suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en tales casillas.

Lo anterior, en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, así como la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, máxime que como se expresó anteriormente, las casillas en cita, finalmente se integraron con personas que cumplen los requisitos establecidos en el código de la materia.

C) Respecto de las casillas 24 contigua 2, 220 básica y 224 contigua 14, del análisis comparativo del cuadro esquemático se aprecia que algunos de los funcionarios de la mesa directiva que actuaron el día de la jornada electoral, no fueron designados por el Consejo Distrital respectivo.

Para una mejor compresión se inserta la siguiente tabla en la que se registra el número de casilla, el nombre del ciudadano que actúo en la casilla sin haber sido designado por el Consejo Distrital y la función que desempeñó en la mesa directiva el día de la jornada electoral.

No obstante ello, debe considerarse que cuando no se presenten los ciudadanos que fueron designados por el Consejo Distrital respectivo, para recibir la votación en las mesas directivas de casilla, se faculta al presidente de la misma para que realice las habilitaciones de entre los electores que se encuentren formados en espera de emitir su voto en la casilla correspondiente, debiendo verificar previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, párrafos 1, inciso d), y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La única limitante que establece el propio código electoral, para la sustitución de los funcionarios, consiste en que los nombramientos deberán recaer en ciudadanos que se encuentren en la casilla para emitir su voto, esto es, que sean residentes en la sección electoral que comprenda la casilla y por ende, aparezcan en el listado nominal relativo, y que no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones, en términos del párrafo tercero, del artículo citado.

De lo anterior se aprecia, que el legislador, estimando que en ocasiones no es posible cumplir con las formalidades de designación establecidas por el sistema ordinario, estableció una norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores.

El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis relevante, clave S3EL 019/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 944, cuyo rubro es el siguiente: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”.

Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron designados previamente por el Consejo Distrital, actúen como funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar que la votación se recibió por un órgano o personas distintas a las facultadas por el código sustantivo electoral, pues en todo caso, la sustitución estuvo apegada a la normatividad vigente.

Empero, si se demuestra que las sustituciones se realizaron con personas que no están incluidas en el listado nominal de la sección, o bien son representantes de los partidos políticos o coaliciones, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se invoca, pues con ello se pondría en entredicho el apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del órgano receptor de la votación.

De esta manera, en las casillas en análisis se encuentra que las sustituciones de funcionarios se hicieron con electores de la sección correspondiente, cuyos nombres se encontraban incluidos en el listado de la sección correspondiente a la casilla impugnada, tal como se expondrá a continuación:

No pasa inadvertido que en la demanda del juicio de inconformidad número SG-JIN-11/2009, el promovente arguye que Francisca Ibarra Juárez fungió como primer escrutador en la casilla 24 contigua 2; empero, de las actas de escrutinio y cómputo exhibidas por el partido político recurrente y por la autoridad responsable, se desprende que el nombre asentado es Francisca Encinas Juárez.

En virtud de lo anterior, es evidente que en las casillas impugnadas no se afectó la certeza de la votación recibida, pues la sustitución de los funcionarios se hizo en los términos que señala la ley.

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional considera INFUNDADOS los motivos de queja hechos valer en relación a las casillas cuya votación fue impugnada.

No obsta para arribar a la anterior conclusión, el que de las actas oficiales de la casilla 224 contigua 14 se aprecie que las referidas sustituciones de funcionarios, se realizaron aparentemente previo a las ocho quince de la mañana como lo marca la legislación sustantiva, toda vez que ello solamente reviste una irregularidad de entidad menor, la cual no resulta ser suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en tales casillas.

Lo anterior, en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, así como la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, máxime que como se expresó anteriormente, las casillas en cita, finalmente se integraron con personas que cumplen los requisitos establecidos en el código de la materia.

El mismo criterio deberá regir para el caso de la casilla 220 básica, toda vez que si bien es cierto que en la tabla que presenta el actor en su demanda señaló como hora de instalación las doce horas con siete minutos, también lo es que, dicha circunstancia no debe afectar la validez de la votación recibida en esa casilla, ya que, en la especie no se realizó mayor manifestación, ni se advierte motivo de queja o principio de agravio al respecto por parte del actor.

D) De los datos consignados en el cuadro base del presente estudio, se desprende que las casillas 223 contigua 6 y 224 contigua 1, funcionaron con los ciudadanos previamente designados para otra casilla de la misma sección.

El artículo 156 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que para ser integrante de una mesa directiva de casilla se requiere, entre otros requisitos, pertenecer a la sección electoral que comprenda a la casilla.

De conformidad con el numeral 191 del ordenamiento citado, la sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores.

Cada sección tendrá como mínimo cincuenta electores y como máximo mil quinientos; sin embargo, cuando el crecimiento demográfico lo exija, podrá tener más de mil quinientos electores.

En las secciones electorales se instalará una casilla para recibir votación por cada setecientos cincuenta electores o fracción, la primera se denominará básica y las subsecuentes contigua 1, contigua 2, etcétera. Lo anterior, es un mecanismo para recibir la votación eficientemente en las secciones que tienen una densidad poblacional alta.

En la especie, en la casilla 223 contigua 6, Olga Lidia Félix Félix y Arnulfo Ibarra Castillo, quienes fungieron el día de la jornada electoral como primer y segundo escrutadores, respectivamente, fueron previamente insaculados y capacitados para actuar como segundo y tercer suplente en la casilla 223 contigua 8.

Por otra parte, Juan Aldama Ciriarco, quien fue nombrado por la autoridad electoral como tercer suplente en la casilla 224 C16, actuó como segundo escrutador el día de la jornada electoral en la casilla impugnada número 224 C1.   

Sin embargo, tal situación no se considera una irregularidad que amerite la nulidad de la votación recibida, habida cuenta que los ciudadanos descritos que actuaron como funcionarios el día de la jornada electoral, contrario a lo que afirma el actor, sí fueron previamente insaculados y capacitados para desempeñarse como tales, aunque en una casilla distinta, pero dentro de su sección. Además, de los listados nominales se obtiene que los ciudadanos que recibieron la votación sí pertenecen a la sección de las casillas controvertidas, tal como se ejemplificará en el siguiente cuadro:

En consecuencia, y toda vez que la votación se recibió por personas insaculadas y capacitadas por la autoridad electoral federal, se considera que no se actualizan los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultan INFUNDADOS los agravios vertidos por la actora.

No obsta para arribar a la anterior conclusión, el que de las actas oficiales se aprecie que las referidas sustituciones de funcionarios, se realizaron aparentemente previo a las ocho quince de la mañana como lo marca la legislación sustantiva, toda vez que ello solamente reviste una irregularidad de entidad menor, la cual no resulta ser suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en tales casillas.

Lo anterior, en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, así como la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, máxime que como se expresó anteriormente, las casillas en cita, finalmente se integraron con personas que cumplen los requisitos establecidos en el código de la materia.

E) En relación con las casillas 9 contigua 1, 16 básica, 16 contigua 1, 199 contigua 2, 223 contigua 5 y 230 básica, se surten dos o más de las hipótesis narradas en los incisos “B”, “C” y “D” del presente considerando, tal como se verá a continuación.

En efecto, del cuadro comparativo se advierte que en las casillas mencionadas algunos de los funcionarios designados por el Consejo Distrital actuaron en un cargo diverso al previamente asignado, o en una casilla distinta pero en la misma sección electoral, o fueron tomados de la fila en los términos del artículo 260 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En la casilla 9 contigua 1, Yessenia Francisca Cuevas Martínez y Dolores Peralta Grijalva, quienes fungieron como secretario y primer escrutador el día de la jornada electoral, aparecen en el encarte, como suplentes de las casillas 9, contigua 2 y contigua 1, respectivamente. Asimismo, Lilia Nelia Ortiz Salas, quien actúo como segundo escrutador, no fue designada por la autoridad electoral para ser funcionaria de casilla, empero, según se advierte del cuadro comparativo, fue tomada de la fila en términos del mencionado numeral y está en el listado nominal de la casilla 9 contigua 2, perteneciente a la sección del mencionado centro de votación.

En otra tesitura, en la casilla 16 básica, se obtiene que Claudia Cham y Luz del Rosario Márquez S, que fueron insaculadas por la autoridad electoral como secretario y primer escrutador, participaron como presidente y secretaria, respectivamente. Asimismo, Guillermo Pedrego M. e Imelda Salazar Castillo, quienes actuaron como primer y segundo escrutador, fueron tomados de la fila y de igual forma se encuentran en el listado nominal de la casilla 16 contigua 1 de la referida sección.

En la casilla 16 contigua 1, Francisca Acedo Márquez y Guillermo Montaño Benítez, nombrados como primer escrutador y segundo escrutador, se integraron como secretario y primer escrutador, respectivamente. De igual forma, Adrián Núñez Montaño, quien actuó como segundo escrutador, fue tomado de la fila y aparece en el listado nominal de la casilla cuya votación se impugna. 

En otro orden de ideas, en la casilla 199 contigua 2 las personas designadas originalmente como secretario y primer escrutador, a saber, Ma. Elena Zaragoza Cruz y Marina Camacho Medrano, realizaron labores de presidente y secretario, respectivamente. Asimismo, los escrutadores Guadalupe Buitimea Campas y Manuel Corral Ballesteros, fueron designados originalmente como segundo suplente en las casillas 199 básica y 199 contigua 3, las cuales pertenecen a la sección electoral de la casilla impugnada.

Por otra parte, en la casilla 223 contigua 5, Soledad Aragón López y Rafael Flores Valencia, quienes fungieron como primer y segundo escrutador el día de la jornada electoral, aparecen en el encarte, como suplentes de la casilla referida y de la 223 contigua 9, respectivamente. Asimismo, Luis Daniel Sánchez Pérez, quien actúo como secretario, no fue designado por la autoridad electoral para ser funcionario de casilla, empero, según se advierte del cuadro comparativo, fue tomado de la fila y está en el listado nominal de la casilla 223 contigua 8, perteneciente a la sección del mencionado centro de votación.

Finalmente, por lo que ve a la casilla 230 básica, cabe precisar que el Partido Acción Nacional, parte actora en el juicio de inconformidad SG-JIN-11/2009, ofreció como medio de convicción las copias al carbón de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo (folios 152 y 169), con las que pretende acreditar que diversos ciudadanos a los previamente insaculados actuaron en la mesa directiva de casilla el pasado cinco de julio; sin embargo, obra agregada al expediente el original acta de la jornada electoral de dicha casilla; la cual de conformidad con los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4, y 16 párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, merece valor probatorio pleno; motivo por el cual se realizó el análisis en base a esta última.

Ahora bien, en dicho centro de recepción del sufragio Yéssica Cecilia Vázquez Bojorquez, Antonio Álvarez Valenzuela y Enrique Santamaría López, designados como secretario, tercer y primer suplente, fungieron el día de la jornada electoral como presidente, primer y segundo escrutador. Por su parte Margarita Rodríguez R. quien no fue designada por el multicitado consejo distrital y actuó como secretaria, fue tomada de la fila y sí aparece en el listado nominal de la casilla en estudio.

De lo anterior, es evidente, en primer término, que en las mesas directivas de casillas actuaron personas en una función diversa a la previamente designada por la autoridad electoral, en algunos casos en su casilla y en otros en una diversa, pero pertenecientes a la sección electoral correspondiente a su casilla. En segundo término, algunos de los funcionarios que actuaron no fueron designados por el Consejo Distrital, sin embargo, fueron tomados de la fila y sí aparecen en el listado nominal de la sección correspondiente a la casilla en que actuaron.

Empero, como se mencionó en los incisos “B”, “C” y “D”, ello no es motivo para que se actualice la causal de nulidad en estudio, toda vez que no se lesionan los intereses de los partidos actores, ni se vulnera el principio de certeza de la recepción de la votación recibida, al haberse recepcionado por funcionarios que designó la autoridad electoral, y en su defecto, las sustituciones realizadas se hicieron en los términos que marca el numeral 260 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer en relación a las casillas cuya votación fue impugnada.

No obsta para arribar a la anterior conclusión, el que de las actas oficiales de las casillas 9 contigua 1; 16 básica; 16 contigua 1; 199 contigua 2 y 223 contigua 5, se aprecie que las referidas sustituciones de funcionarios, se realizaron aparentemente previo a las ocho quince de la mañana como lo marca la legislación sustantiva, toda vez que ello solamente reviste una irregularidad de entidad menor, la cual no resulta ser suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en tales casillas.

Lo anterior, en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, así como la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, máxime que como se expresó anteriormente, las casillas en cita, finalmente se integraron con personas que cumplen los requisitos establecidos en el código de la materia.

F) Respecto de la casilla 74 contigua 2, del análisis comparativo del cuadro esquemático, se aprecia que Ignacio Leopoldo Valle quien fungió en el cargo de segundo escrutador no se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente.

En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada electoral, consistentes en que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley, esto es, que hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por el Consejo Distrital, por no encontrarse en la lista de ubicación e integración de casillas, no figurar en el acuerdo de sustitución emitido por la autoridad administrativa electoral, o por no ajustarse al procedimiento de sustitución que prevé el artículo 260 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las sustituciones se realizarán, en principio, con los suplentes, y posteriormente, con los electores que se encuentren en la casilla en espera de votar, y que deberán estar incluidos en la lista nominal de electores y no ostentar el carácter de representantes de partido político o coalición.

Ahora bien, como quedó acreditado en el acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, dicha casilla se integró con todos los funcionarios; sin embargo, de las documentales que se encuentran en autos se desprende que en la casilla 74 contigua 2, el segundo escrutador fue tomado de la fila, sin embargo, se concluye que no pertenece a la sección electoral, porque no se encontró en el listado nominal de la sección correspondiente; por ende, no reúne el requisito que establece el artículo 156, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para ser funcionario de casilla, consistente en ser ciudadano residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

En virtud de lo anterior debe considerarse que la recepción de la votación se hizo por personas distintas a las facultades por la ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia clave S3ELJ 13/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 259-260, cuyo rubro es el siguiente: “RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y similares).”

En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultan FUNDADOS los agravios que hizo valer la actora respecto de dicha casilla.

NOVENO. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en treinta y cuatro casillas, mismas que se señalan a continuación: 10 básica; 10 contigua 1; 10 contigua 3; 19 contigua 2; 20 contigua 5; 24 contigua 3; 28 básica; 31 contigua 4; 72 básica; 72 contigua 2; 74 contigua 1; 75 básica; 75 contigua 1; 75 contigua 2; 82 contigua 2; 83 básica; 125 básica; 125 contigua 1; 128 básica; 128 contigua 2; 130 básica; 130 contigua 2; 131 básica; 131 contigua 1; 159 contigua 1; 160 básica; 167 contigua 1; 176 contigua 1; 177 básica; 188 contigua 2; 208 contigua 2; 211 contigua 2; 215 contigua 3 y 222 contigua 3, toda vez que considera que diversos funcionarios públicos fungieron como representantes del Partido Revolucionario Institucional ante las casilla de mérito, así como que en un caso uno de ellos actuó como funcionario de casilla y, con ello, ejercieron presión sobre los electores y los funcionarios de los referidos centros de votación.

En la demanda, el actor manifiesta en lo que interesa:

“i) La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso y la causal que se invoque para cada una de ellas; a continuación me permitir (sic) insertar un cuadro ilustrativo que especifica cada una de las casillas que se solicita su nulidad y la casual (sic) de nulidad invocada:

…

2. El día de la elección, en las casillas que a continuación se citan, se ejerció presión tanto sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, como sobre los electores:

AGRAVIOS

…

SEGUNDO. Causa agravio al instituto político que me honro en representar, el que en las casillas que se señaló en el numeral 2 del capítulo de hechos, durante la jornada electoral del 5 de julio de dos mil nueve, se ejerció presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla y sobre los electores durante todo el tiempo que duró la jornada electoral, en las casillas que a continuación se señalan:

De igual forma, esta irregularidad se actualizó en las casillas siguientes:

Prueba de lo anterior resulta la relación de funciones que de diversos servidores públicos a continuación se refiere, y que describe de manera más exhaustiva la falta en su conducta derivado de la representación ostentada en la pasada jornada electoral, en perjuicio no solo de mi partido sino de la ciudadanía en general.

JOSÉ ESPINOZA MILLÁN -98- COORDINADOR MÉDICO FORÁNEOS.

En el caso del C. José Espinoza Millán, nos encontramos con una persona que ejerce el puesto de Coordinador de Médicos Foráneos, cargo de nivel superior dentro de la estructura Orgánica de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues sólo tiene como superiores a la Subdirección de servicios Médicos y al Director General.

Obsérvese para estos efectos el Manual de Organización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Sonora, expedido en conformidad con lo establecido en el Art. 26, apartado “b” fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de Junio de 2007, en donde se publica los objetivos de la persona citada: (Se transcribe).

IRMA ESQUER ALVARADO -16- JEFE RECURSOS HUMANOS DE HOSPITAL GENERAL CANANEA

La C. Irma Esquer Alvarado, ejerce el cargo de Jefe del Departamento de recursos Humanos, cargo que depende directamente de la Subdirección de Servicios Administrativos, de acuerdo a lo que dispone el Manual de Organización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Sonora, expedido en conformidad con lo establecido en el Art. 26, apartado “b” fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de Junio de 2007.

(Inserta organigrama analítico, subdirección de servicios administrativos ISSSTESON).

RUBÉN SÁNCHEZ MACIAS -29- DIRECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA

El C. Rubén Sánchez Macías, es una autoridad en materia de transporte, en los términos de la Ley 149, Ley de Transportes para el Estado de Sonora, que en su artículo 7, identifica a las autoridades de transporte:

Artículo 7.- (Se transcribe).

El artículo citado en conjunto con el numeral 14 de la misma ley, constituyen el marco de atribuciones que tiene la persona objeto de este análisis.

Artículo 14.- (Se transcribe).

MARIO DE JESÚS CAMPOS ZAZUETA -25- TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DE CUCURPE

Ley de Gobierno y Administración Municipal

ARTÍCULO 94.- (Se transcribe).

ARTÍCULO 95.- (Se transcribe).

ARTÍCULO 96.- (Se transcribe).

BRECEDA MAGAÑA MARÍA YOLANDA -2-  INSPECTORA LOCAL DEL TRABAJO

LEY QUE REGLAMENTA LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

ARTÍCULO 12.- (Se transcribe).

ARTÍCULO 13.- (Se transcribe).

Como puede apreciarse, del listado anterior se desprende que en diversas casillas, las cuales se identifican de manera clara, funcionarios públicos del Gobierno del Estado o de Gobiernos Municipales durante la Jornada Electoral se desempeñaron en forma indebida como representantes del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, se advierte la indebida actuación del líder del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, como Presidente de Mesa Directiva de Casilla.

Sin duda alguna ello actualiza la hipótesis normativa prevista en el inciso i) del artículo 75 de la Ley de Medios, que establece a la letra lo siguiente: (Se transcribe).

De la simple lectura del dispositivo legal anteriormente citado se desprenden dos elementos que deben presentarse necesariamente para su configuración, a saber:

a. Que se ejerza violencia física o presión en los funcionarios de la mesa directiva de casilla o en los electores.

En el caso de servidores públicos que actúan en la mesa directiva de casilla esta situación se puede presentar por dos vías distintas:

I. En caso de que el servidor público sea funcionario de la mesa directiva de casilla (Presidente, Secretario o Escrutador). Situación en la cual la presión es fundamentalmente sobre los electores, sin que se pueda pasar por alto que se puede entender ejercida también sobre sus compañeros funcionarios de casilla.

II. En el caso de que el servidor público sea representante de alguna fuerza política. Situación en la cual la presión es tanto en los funcionarios de las mesas directivas de casilla, como sobre los electores que acuden a emitir su sufragio.

Lo anterior es plenamente comprobable con las Actas de: Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo, e inclusive de Clausura. Esto en tanto que los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los representantes de partido tienen la obligación y la opción –respectivamente- de firmar cada uno de los documentos anteriormente citados.

b. Que sea determinante para el resultado de la votación.

En el caso que nos ocupa, por tratarse de servidores públicos que actuaron como representantes del Partido Revolucionario Institucional en las mesas directivas de casilla, o bien, de quien su desempeño se llevó a cabo como Presidente de una Mesa Directiva, lo que puede considerarse como determinante, salvo prueba en contrario. Es decir, que por el sólo hecho de haber permanecido durante todo el desarrollo de la jornada comicial en las casillas, se debe entender que ejercieron presión en funcionarios electorales y electores precisamente durante el total de horas en que las mismas permanecieron abiertas a la recepción de la votación el cinco de julio de dos mil nueve.

Así pues, resulta importante sostener que durante toda la jornada electoral del pasado cinco de julio, en las mesas directivas de casilla cuyos números de sección y tipo están precisados en el apartado de hechos, particularmente en el SEGUNDO, numeral 2, estuvieron presentes diversos funcionarios públicos que ejercieron presión tanto sobre los funcionarios de las mesas directivas de casilla, como sobre los electores que acudieron a emitir su sufragio, violando con esto uno de los derechos electorales fundamentales con los que cuenta todo ciudadano, que es el de libertad para emitir el voto, situación que no debe ser permitida en un sistema democrático como el que existe en nuestro país.

Como se ha mencionado a lo largo del correlativo numeral en el capítulo de hechos y en el presente agravio, la presión que se denuncia en el presente medio de impugnación, consistió fundamentalmente en la presencia de funcionarios públicos de la Administración Pública, del Estado de Sonora o de diversos municipios, según se puntualizó, primordialmente en calidad de representantes del Partido Revolucionario Institucional, en las casillas indicadas lo que por sí solo generan la presunción de que dichos servidores públicos realizaron las conductas que sanciona la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 75 numeral 1 inciso i).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante diversos criterios jurisprudenciales ha definido algunos conceptos para que se actualice la causal arriba citada, y así en la tesis bajo el rubro VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA se establece que: (Se transcribe).

Fuente del Agravio.- Lo constituye los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, y precisadas en el numeral 2 del HECHO SEGUNDO de este escrito, y que fue validado posteriormente en la sesión de cómputo distrital, derivado de la serie de hechos y circunstancias ilegales desplegadas en ellas, atentan en contra de los principios fundamentales que rigen el proceso electoral, en efecto, en esas casillas se actualizan los extremos del inciso i) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reza al siguiente tenor:

Artículo 75.-

1. […]

i) (Se transcribe).

Artículos Constitucionales y Legales violados.- los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 105, 109, 156 y demás relativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 75, inciso i) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y demás ordenamientos que se citan en el cuerpo del presente agravio.

Concepto del agravio.- Lo constituye la conducta ilegal desplegada en las casillas impugnadas en el 02 Distrito Electoral Federal con cabecera en Nogales, Sonora, dada la presión ante los electores, ya que todos los trabajos en dicha mesa de casilla fueron atendidos y vigilados por los funcionarios públicos indicados, quienes fungieron el día de la jornada electoral como representantes del Partido Revolucionario Institucional, razón por la cual se encontraron presentes en la casilla durante toda la jornada electoral generando con su sola presencia una influencia en los electores que acudieron, con lo que se actualizan los extremos que contempla la causal de nulidad prevista en el inciso i) del 75 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, dicha conducta afectó la votación recibida en las casillas, por tanto ese hecho en particular causa agravio al Partido Político que represento y a la sociedad en general, y para el conocimiento del mismo debemos tomar en considerar partir de las siguientes premisas legales al siguiente tenor: 

La Carta Magna de nuestro País en el artículo 41 establece:

ARTÍCULO 41.- (Se transcribe).

En efecto, la soberanía popular radica en el pueblo y tal se ejerce mediante una serie de principios de la representación nacional en el pacto federal y una república democrática con principios constitucionales que están sujetos a la celebración de elecciones, periódicas, libres, auténticas, y democráticas. Cierto, el constituyente en la carta fundamental estableció bases elementales para que surtan vigencia tales principios constitucionales, ente (sic) otras primicias se deben estar en apego a los principios rectores de la función electoral, es decir, que la organización de las elecciones esté basada en con (sic) estricta observación a los principios de Legalidad, Imparcialidad, Equidad, Certeza, Objetividad.

Resulta claro entonces que en el ejercicio de la función electoral se deben observar esos principios constitucionales y que tienen como interés general que los procesos electorales tengan una carga de legitimidad, pues de lo contrario dichas (sic) actos carecen de vigencia de los principios que todo proceso electoral debe observar para considerarse democrático.

Ahora bien, el constituyente no sólo previó en la Carta Magna que en los procesos electorales se deban observar dichos principios antes aludidos sino que para el régimen de equidad en la contienda decidió imponer una serie de obligaciones y restricciones generales para los depositarios del poder público en el proceso electoral, efectivamente, en el artículo 134 Constitucional se establece:

ARTÍCULO 134.- (Se transcribe).

Cabe resaltar que el precepto descrito fundamentalmente establece los principios fundamentales de imparcialidad en el actuar de los servidores públicos y en particular para que los mismos no influyan en la contienda electoral, es decir, para que su cargo o envergadura, sus atribuciones o funciones, los recursos del estado a su cargo no sean utilizados para influir en la contienda electoral a favor de una fuerza electoral.

Ahora bien, en cuanto a todo lo anterior y para el caso que nos ocupa tenemos que el proceso electoral es una serie de actos concatenados entre si, los que deben estar circunscritos a los principios ya antes referidos. Efectivamente, en el proceso electoral el órgano electoral administrativo en su preparación de la jornada electoral debe considerar que las normas generales de orden público se cumplan a cabalidad, no sólo para cumplir con su función de órgano de legalidad sino para que los ciudadanos acudan a las mesas directivas de casillas a ejercer el derecho al sufragio, con sus características de libre, secreto y universal.

Así es para el caso que nos ocupa tenemos que el Consejo Distrital Electoral integró las mesas directivas de las secciones del Distrito 02 en Sonora, esto mediante el procedimiento que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 240 establece lo siguiente:

ARTÍCULO 214 (Se transcribe).

Se advierte así, la existencia de un procedimiento establecido y específico en la norma, así como la previsión o requerimiento de ciertos requisitos que deben reunir los ciudadanos que van a ocupar el cargo de funcionario de las mesas directivas de casilla, y que, a saber son los indicados en el artículo 156 del mismo Código en consulta, que para mayor comprensión se transcribe:

Artículo 156 (Se transcribe).

Por su parte, el propio Código Electoral señala el procedimiento para la acreditación de representantes de partido en las casillas como motivo de la jornada electoral.

Artículo 248 (Se transcribe).

El procedimiento antes descrito, implica la obligación que tiene el Instituto Federal Electoral para que a través de sus órganos desconcentrados reciba la documentación entregada por los partidos políticos y lleve a cabo el registro de los mismos, sin embargo resulta claro, que dicha autorización de los partidos a los ciudadanos que solicita sean sus representantes, debe ser concordante con otras disposiciones de carácter legal, tales como su incompatibilidad con otras funciones, o como en este caso, la imposibilidad por responsabilidad administrativa que tienen de desempeñar un cargo que les está literalmente prohibido por la Constitución local del estado de Sonora.

Son claras las funciones, derechos y obligaciones que regirán su actuación, en ese sentido encontramos que de acuerdo al artículo 247 de la normatividad aplicable, los representantes estarán presentes en la casilla durante toda la jornada, desde la fase de la instalación, pasando por la recepción de la votación y hasta la entrega del paquete electoral en el Consejo Distrital.

Artículo 247 (Se transcribe).

Por su parte, en relación a los anterior, y a efecto de garantizar el principio de legalidad rector de la materia, deberá tomarse en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, impone una obligación a cualquier empleado o funcionario de cualquier nivel, y de ambos órdenes de gobierno dentro del Estado, sea estatal o municipal, consistente en abstenerse de fungir como representantes ante las autoridades electorales, la norma a que se hace referencia es el artículo 161, que en seguida (sic) se transcribe:

ARTÍCULO 161.- (Se transcribe).

Adviértase que la disposición constitucional anterior, NO DISTINGUE EL NIVEL DEL FUNCIONARIO, EL ORDEN DE GOBIERNO, NI LA CLASE DE AUTORIDAD PÚBLICA ante la que se prohíbe fungir en calidad de representante, apoderado o abogado, por lo que los funcionarios de cualquier categoría u orden de gobierno, están impedidos para fungir como representantes partidistas ante las mesas directivas de casillas, al ser autoridades públicas electorales, en términos de los artículos 75 y 114 del Código Comicial del Estado.

Así pues, esta disposición debe prevalecer por encima de cualquier otra, para efecto de guardar la constitucionalidad y legalidad de la función pública electoral, y particularmente con relación a la actuación de los funcionarios públicos del gobierno del Estado de Sonora, sus dependencias paraestatales o de los gobiernos municipales o sus entidades paramunicpales, según lo indicado.

La disposición constitucional local cobra relevancia al relacionarla con el principio de equidad en las condiciones de la elección, así como con la garantía que debe otorgarse a los ciudadanos de que en las casillas, durante la jornada electoral no habrán de encontrarse sujetos a presión alguna o posibilidad de vigilancia en el ejercicio de su derecho de participar en la conformación del órgano legislativo federal, o cualquier otra, pues como se ha analizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las tesis relevantes y de jurisprudencia, ello atentaría contra el derecho político fundamental de votar.

Se insiste entonces, que con la presencia de los funcionarios del gobierno estatal  de los respectivos gobiernos municipales en las casillas que se impugnan, se violó lo establecido en el artículo 161 de la Norma Fundamental del Estado, esto es que existiendo disposición expresa que prohíbe que ningún funcionario o empleado que se encuentra en ejercicio de un cargo, es decir cuyo cargo está en vigencia, con el estatus de servidor o empleado público, es decir en la Administración Pública, sea cual sea su nivel, y sea cual sea el orden de gobierno al que se encuentre adscrito (estatal o municipal) participé (sic) en una mesa directiva de casilla en la recepción de la votación.

Con la trasgresión de los funcionarios públicos a la disposición constitucional anterior, además de vulnerar el principio de legalidad que rige al proceso electoral federal, también se trasgredió lo establecido en el artículo 156 del código electoral federal, esto es que existiendo disposición expresa que prohíbe que un ciudadano que ocupa un estatus de servidor de confianza o funcionario público con mando superior participé (sic) en una mesa directiva de casilla en la recepción de la votación, así se hizo en las casillas que se impugnan.

Como se pude (sic) verificar de las documentales públicas que adjunto al presente juicio se advierte que en las casillas impugnadas, fungieron como representantes del Partido Revolucionario Institucional los funcionarios precisados por cada una de aquellas casillas.

Ahora bien, es importante que esa Sala revise la naturaleza legal y funciones de todos y cada uno de los funcionarios que actuaron en las casillas que se impugnan, y que analice cuáles son los servicios que ofrecen a la comunidad, qué funciones tiene otorgados por la ley, cuáles son los recursos que a su cargo tiene, si tiene contacto con los ciudadanos de la comunidad, dichos cuestionamientos se deben observar en forma adjetiva desde el punto de vista legal y social.

Ello para que este en aptitud de determinar si los mismos ejercieron presión sobre el electorado, considerando precisamente dichas circunstancias. Esto porque, en concepto del suscrito, se actualiza y hace aplicable el siguiente criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Colima y similares). (Se transcribe).

En efecto, la presencia de los funcionarios de mando superior de las casillas impugnadas, fue determinante para el resultado de la elección distrital de diputado federal que se impugna, pues como ya lo he referido estos cuentan con una restricción de ley para integrar las mesas directivas de casilla y en términos del código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tampoco deberían ser autorizados para acudir a las casillas con una representación partidista pues un funcionario de mando superior que tiene a su cargo a la comunidad primordial, dadas la naturaleza de sus servicios y funciones que presta ante su comunidad no puede ni debe relacionarse por los electores como vigilante de los intereses de un solo partido político, pues ello lleva a que el ciudadano en su análisis personal concluya que solamente mediante la filiación o simpatía con ese mismo partido o candidato, encontraran asilo a sus pretensiones cotidianas en las que aquel, cuenta con una función decisiva para su otorgamiento.

En ese sentido, los funcionarios ahora objetados no sólo debieron excusarse de realizar su función de representantes partidistas en las casillas, sino que debieron notificar al órgano electoral administrativo del hecho para que tomara las medidas conducentes, máxime por ser servidores públicos que están obligados al conocimiento pleno de sus facultades y obligaciones constitucionales y legales.

Ahora bien, si tomamos en consideración que el valor jurídico tutelado por la norma es que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto de manera libre y secreta, debemos considerar que la votación carece de libertad, pues de la simple investidura de los servidores públicos de las casillas impugnadas con su sola presencia inhibieron el sufragio libre, por represalias a una actitud posterior por parte de los mismos, máxime si tomamos en consideración la circunstancia de que entre el ciudadano y dichos funcionarios exista una relación directa para la prestación de los servicios, de donde es dable afirmar que la votación se afectó de ilegal por presión al electorado, convirtiéndose en determinante dicha irregularidad grave para el resultado final de la elección. En efecto, si tomamos en consideración que el resultado de la votación distrital electoral, para el primer y segundo lugar, es el siguiente:

Derivado de los resultados en el cómputo distrital se tiene una diferencia de 237 votos entre el Partido Revolucionario Institucional y el partido que represento.

Ahora bien, la causa de nulidad que se invoca obliga a que se actualicen dos supuestos o extremos, primero que se ejerza presión al electorado y que siempre que eso sea determinante, en el primer supuesto es importante decir que efectivamente los funcionarios estuvieron en las casillas y que ese hecho, además de vulnerar el principio de legalidad de la materia, fue determinante por la naturaleza de los servicios prestados se debe tomar en consideración que los mismos influyen ante los electores, pues inhibe la libertad de sufragio por el temor a la represalia de que dichos funcionarios les pueden negar un servicio o la atención de asuntos relativos a su vida cotidiana. Efectivamente, como ya es de explorado derecho, tal situación se convierte en determinante para el resultado de la elección dados los resultados del cómputo distrital con independencia del agravio anterior.

En virtud de lo anteriormente expuesto se considera que el agravio esgrimido en el presente ocurso trae como consecuencia la nulidad de las casillas que en el mismo se impugnan razón por la cual se debe realizar la recomposición del cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el distrito federal electoral número 02 del estado de Sonora con cabecera en la ciudad de Nogales.”

Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente formular las precisiones siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 105, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia e imparcialidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 4, párrafos 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, párrafo 1, incisos e) y f), 266, párrafos 1, 2 y 4, y 267, párrafo 1, del código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva.

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 53/2002, visible en la página 312 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro dice: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y Similares).” 

Para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios siguientes:

a)       De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla.

b)       También podrá actualizarse este tercer elemento en base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: a) las actas de la jornada electoral, b) actas de escrutinio y cómputo, c) hojas de incidentes, y d) cualquier otro documento público de donde se desprenda la existencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso a) y 16  párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de audio o video aportadas por las partes, que adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3, de la ley adjetiva de la materia.

A fin de realizar el estudio de la causal de nulidad de votación invocada, toda vez que el Partido Acción Nacional se duele de que diversos funcionarios públicos fungieron como representantes del Partido Revolucionario Institucional ante las mesas directivas de las casillas a las que se hizo referencia en un principio, así como que, en un caso uno de ellos fungió como presidente de dicho órgano comicial, es dable señalar, que de acuerdo con lo previsto en el párrafo 2, del artículo 154 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión del voto y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo; por su parte el párrafo 1, inciso a), del artículo 247 del citado código, dispone que los representantes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla, tienen el derecho de participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura, así como observar y vigilar el desarrollo de la elección.

Asimismo, el artículo 37 del código electoral invocado, dispone que no podrán actuar como representantes ante los órganos del Instituto Federal Electoral, quienes ocupen los siguientes cargos: Ministro, Magistrado y Juez del Poder Judicial Federal; Juez o Magistrado de una entidad federativa; Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral; miembros activos de la fuerza armada o policiaca; y agente del ministerio público federal o local.

Sin embargo, dicha disposición no contempla a otros funcionarios que se desempeñan en otras áreas de la administración pública de los tres niveles de gobierno, no obstante que éstos son los más susceptibles de representar a los partidos políticos ante la mesa directiva de casilla.

Ahora bien, de intervenir un servidor público de mando superior, como representante de un partido político ante la misma, genera la posibilidad de que los ciudadanos no voten con total libertad, porque la presencia de aquél les puede provocar sensación de intimidación, temiendo sufrir algún perjuicio posterior, ante la natural parcialidad del servidor público a favor de los candidatos postulados por el instituto político al que pertenece o representa.

Entonces, ante la posibilidad de que los electores puedan sentirse coaccionados con la sola presencia de algún servidor público de mando superior, ya sea del ámbito municipal, estatal o federal, por el dominio público que de él dependen la prestación de servicios administrativos como pueden ser: el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos, concesiones, para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles, la imposición de sanciones, etcétera; y por temor a futuras represalias por aquél, orille a los ciudadanos a cambiar el sentido de su voto, que si bien, no debería producirse, en la realidad puede darse en su ánimo interno. Esto es, que el elector piense que la presencia del servidor público implica una fiscalización de la actividad electoral para inclinar el resultado de la votación en favor del partido político al que representa. Por lo tanto, la presencia de un funcionario público de mando superior como representante de un partido político  ante una casilla, genera la presunción de que se ejerció presión sobre los electores.

Sustenta tal razonamiento, el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenido en la jurisprudencia S3ELJ 03/2004, publicado en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en las páginas 34-36, cuyo rubro es: “AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación del Estado de Colima y similares).”

No obstante lo anterior, resulta importante precisar también que es posible que se presente el caso en que se acredite que  servidores públicos que no ostentan el nivel de mando superior, actuaron como representantes de un partido político ante las mesas directivas de casilla impugnadas en este apartado.

Cabe considerar que bajo determinadas circunstancias, el supuesto establecido en el párrafo que antecede, pudiera generar  la presunción de que se ejerció presión sobre los electores o sobre los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

En esa tesitura, para que se actualice la nulidad de la votación recibida en casilla, deberá entonces, acreditarse, además de que dicha persona ostenta un cargo de servidor público, que por la naturaleza de sus funciones pueda generar la presunción de la multicitada influencia sobre los electores o los funcionarios de casilla, o bien, que se demuestren las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejerció dicha presión.

Lo anterior es así, en virtud de que no en cualquier caso la sola denominación del cargo de los servidores públicos es suficiente para advertir si deben ser considerados con el estatus de mando superior.

Esto, porque en dichos casos, la jerarquía referida no se ve reflejada en la mera designación nominal, toda vez que la apreciación de la categoría depende más bien de la naturaleza de las funciones realizadas y no de la denominación del cargo.

Empero, cuando lo anterior no acontece por tratarse de funcionarios de un rango distinto, la sola mención del cargo público no es apta para realizar la operación apuntada.

Por tanto, en esos casos, la impugnación deberá realizarse a través de un planteamiento, cuya extensión y alcance tengan como objetivo el evidenciar que el cargo desempeñado por el servidor público tiene el nivel jerárquico antes precisado o, que por la naturaleza de sus funciones, cuenta con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad en que presuntamente se llevó a cabo el acto de presión.

Esto es, no basta con que un partido político exponga afirmaciones en el sentido de que servidores públicos integraron indebidamente mesas directivas de casilla, sino que tales afirmaciones, además de estar soportadas en medios de prueba idóneos, deberán contener elementos atinentes a las funciones que dichas personas desempeñan, que en todo caso permitieran advertir el nivel del cargo público, así como la naturaleza de sus atribuciones.

Respecto a lo anterior, la Sala Superior de este tribunal electoral ha sustentado el criterio de que la presencia en casillas de funcionarios públicos que ostentan ante la comunidad poder material y jurídico produce la presunción humana de que influyen en la libertad de sufragio de los electores.

Dicho criterio está comprendido en la tesis relevante, visible en la página 363 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2005, cuyo rubro es del tenor siguiente: “AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Sinaloa).—

Ahora bien, de acuerdo con el criterio establecido en la tesis citada es de advertirse, que para que opere la presunción humana a la que se hace referencia es menester que se exponga y demuestre, como un elemento esencial, que el funcionario público detente poder material y jurídico frente a la comunidad.

Dicho poder material y jurídico deriva de la naturaleza de las atribuciones del cargo, que la Constitución y la ley otorgan a ciertos funcionarios, de tal suerte que son considerados como autoridades con la calidad de mando superior.

Por las cualidades descritas es que se ha sostenido en el criterio invocado, que se genera incompatibilidad entre el cargo público con la función de actuar como representante de una fuerza política ante la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral.

Así, para que opere la presunción humana en comento, es menester que se expongan y queden acreditados los elementos que anteceden, es decir, que en una mesa directiva de casilla actuó de manera permanente, como representante de un partido político o coalición, un servidor público, y que éste detenta poder material y jurídico dada la naturaleza de las atribuciones que le otorga la ley.

En conclusión, si bien la legislación electoral federal no contempla expresamente la prohibición de que los demás funcionarios públicos puedan desempeñarse como representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, cuando no existe prohibición legal para los funcionarios o empleados del gobierno federal, estatal o municipal, de fungir como representantes de partido político ante las mesas directivas de casilla, pueden presentarse dos situaciones distintas:

a) Respecto de los funcionarios con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, su presencia y permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los electores tocante al ejercicio libre del sufragio. Esto es, cuando por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a determinados funcionarios de mando superior, resulte su incompatibilidad para fungir como representantes de cierto partido político ante la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, puede determinarse que efectivamente se surte la causa de nulidad de la votación consistente en ejercer violencia física o presión respecto de los miembros de la mesa directiva de casilla a los electores;

b) Con relación a los demás cargos no se genera la presunción, ante lo cual la imputación de haber ejercido presión sobre el electorado es objeto de prueba, y la carga recae en el actor.

Criterios los anteriores, bajo los cuales se realizará el análisis de las casillas impugnadas por la causal de nulidad de votación en comento, los cuales se tendrán por reproducidos en cada uno de los casos en obvio de repeticiones, como si a la letra se insertaran.

En ese orden de ideas, se tiene que de la impugnación que realiza el Partido Acción Nacional respecto de la causal en estudio y por cuestión de método, es posible realizar el análisis de las casillas cuya nulidad se solicita, en grupos  compuestos por cinco supuestos principales, tal y como se muestra a continuación:

1.        El primer grupo, lo constituyen las casillas en las cuales la parte actora no logró acreditar con los medios probatorios suficientes, que quienes aduce que ejercieron presión sobre los electores y los miembros de las mesas directivas de casilla, son funcionarios públicos, además de que no justificó haber solicitado los elementos probatorios atinentes de manera oportuna al órgano competente;

2.        El segundo segmento, lo comprenden aquellas casillas en las cuales si bien se aportaron los respectivos acuses de recibo de diversas solicitudes de información y documentación para que esta autoridad las requiriera a diversas dependencias gubernamentales, del resultado de los cumplimientos a dichos requerimientos no se acreditó la calidad de funcionarios públicos de los ciudadanos que supuestamente ejercieron la citada presión;

3.        El tercero, se encuentra formado con aquellas en las que si bien se acreditó que las personas que el partido actor manifestó que fungieron como representantes del Partido Revolucionario Institucional son funcionarios públicos, la parte actora no esgrimió argumentos que puedan ser considerados un principio de agravio o hechos, de los cuales se pudiera desprender el nivel de dichos cargos públicos o la naturaleza de sus atribuciones; así como el poder material y jurídico que puedan ostentar frente a la comunidad;

4.        El cuarto grupo está comprendido por aquellos casos en que una vez acreditado que los representantes del partido en cita, o funcionarios de casilla ostentan la calidad de servidores públicos y, habiendo aportado los argumentos que consideró pertinentes, el partido político inconforme no logró acreditar que el nivel jerárquico que tuviesen y la naturaleza de las funciones de ellos, fueran suficientes para generar convicción de que se haya ejercido presión sobre los electores o en los miembros de la mesa directiva de casilla.

5.        El quinto segmento, está conformado con el caso en que el partido político actor, además de acreditar que un funcionario público fungió como representante de partido político ante casilla o integrante de la mesa directiva de la misma, también logró probar su rango jerárquico de mando superior o la naturaleza de sus funciones, de las cuales fue posible desprender la contravención a la norma, así como el poder material y jurídico que ostente ante la comunidad y, por ende, que ejerció presión sobre el electorado o los funcionarios de casilla y en virtud de ello, se actualizó la causal de nulidad invocada.

1. En esa virtud, por lo que ve a las casillas que se encuentran comprendidas en el primer grupo, son las siguientes: 10 básica; 20 contigua 5; 24 contigua 3; 28 básica; 75 contigua 1; 82 contigua 2; 83 básica; 125 básica; 128 básica; 128 contigua 2; 159 contigua 1; 177 básica; 188 contigua 2; 208 contigua 2, y 211 contigua 2;

A ese respecto, a continuación se presenta una tabla en donde se señala de manera gráfica lo alegado por el partido político actor, respecto de las casillas en lo particular; el nombre de la persona que se dice es un funcionario público que fungió como representante de partido o funcionario de casilla ante las respectivas mesas directivas; el cargo público que supuestamente ostenta; los argumentos que en su caso y de manera particular señaló la parte actora respecto de cada una de las casillas con la finalidad de acreditar en su concepto la existencia del elemento de presión antes mencionado; las pruebas que aportó al sumario; así como la columna correspondiente a las observaciones que este órgano jurisdiccional estima pertinentes.