JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SG-JIN-13/2012

ACTOR:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TERCER CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SONORA

TERCERO COADYUVANTE:

JESÚS EPIFANIO SALIDO PAVLOVICH

MAGISTRADO:

JACINTO SILVA RODRÍGUEZ

SECRETARIOS:

MARJORIE ESTELA JEAN FRANCOIS ALONSO Y LUIS ENRIQUE RIVERO CARRERA

Guadalajara, Jalisco, a veintisiete de julio de dos mil doce.

VISTOS para dictar sentencia los autos del expediente al rubro citado, relativo al Juicio de Inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante propietario Ezequiel Camacho Inzunza, mediante el que impugna los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez, relativa a la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa a la candidata del Partido Acción Nacional, por el Tercer Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora; y,

R E S U L T A N D O

I. El siete de julio de dos mil doce, el Tercer Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, mismo que arrojó los resultados siguientes:

II. Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados y la elegibilidad de la fórmula que obtuvo la mayoría de votos. Por su parte, el presidente del referido Consejo, expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos registrada por el Partido Acción Nacional, integrada por Alejandra López Noriega, como propietario, y Sandra Luz Fimbres Escalante, como suplente.

III. El once de julio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante propietario Ezequiel Camacho Inzunza, quien se ostentó con el carácter de representante del mismo ante el Tercer Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, promovió juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

IV. La autoridad señalada como responsable avisó a este órgano jurisdiccional de la presentación del medio de impugnación y, además, lo hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 17 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. El diecisiete de julio del presente año, a las trece horas con un minuto, la Oficialía de Partes de esta Sala Regional recibió el oficio JD/26/03/12/03-1113 con la documentación que integra el expediente, el cual se registró en el libro de gobierno bajo la clave SG-JIN-13/2012. En esta fecha, por acuerdo de la presidencia, se turnó al Magistrado Jacinto Silva Rodríguez, el expediente de mérito, en términos de los artículos 197 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 77 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VI. El dieciocho de julio del año en curso, el Magistrado Electoral en turno, dictó auto mediante el cual acordó: a) tener por radicado el expediente señalado en el rubro de este fallo; b) requerir diversa documentación necesaria para la sustanciación del presente juicio al Tercer Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora y c) tener por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas designadas en los respectivos escritos de las partes, así como señalado para dichos efectos correo electrónico a la autoridad responsable y no teniéndole por designado al partido actor, por haberlo señalado fuera de la ciudad en que tiene su sede esta Sala Regional.

VII. Por auto de diecinueve de julio del presente año, se acordó requerir a la autoridad responsable diversa documentación necesaria para la sustanciación del presente juicio.

VIII. El veinticuatro de julio del año en curso, se acordó: a) tener a la autoridad responsable dando cumplimiento a los requerimientos de dieciocho y diecinueve de julio pasado; b) requerir a la autoridad responsable diversa documentación necesaria para la sustanciación del presente juicio y c) ordenar abrir un segundo tomo del presente expediente.

IX. El veintiséis de julio del presente año, se acordó: a) tener a la responsable dando cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de julio pasado; b) tener por cumplidas las obligaciones de la autoridad responsable, previstas en los artículos 17 y 18 de la ley general en cita; c) admitir la demanda del juicio de inconformidad; d) tener por admitidas las pruebas ofrecidas por el actor en los anexos números 2, 3, 13, 14, 15, 25 al 696, 698 al 1084, 1085 y 1169; e) tener por presentado el escrito de tercero coadyuvante presentado por Jesús Epifanio Salido Pavlovich, y la propuesta al pleno de de tener por no presentados, a los diversos escritos presentados por el Partido Acción Nacional por conducto de Ricardo Izcoatl Oceguera Martínez y Mario Aníbal Bravo Peregrina; y f) tener por admitidas las pruebas ofrecidas por el tercero coadyuvante, identificadas con los números 2 y 3. Asimismo, una vez agotada la sustanciación, se declaró cerrada la instrucción, con lo que el juicio quedó en estado de dictar sentencia.

PRIMERO. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente Juicio de Inconformidad, por haberse promovido durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de un proceso electoral federal, en contra de actos correspondientes a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizados por el Consejo Distrital del Tercer Distrito Electoral Federal en el Estado de Sonora, autoridad que pertenece a la circunscripción plurinominal sobre la que esta Sala ejerce jurisdicción; lo anterior, con fundamento en los artículos 60 segundo párrafo y 99 párrafo 4 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción II, 186 fracción I, 192 párrafo 1 y 195 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 34 párrafo 2 inciso a), 50 y 53 párrafo 1 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, finalmente, los artículos primero y segundo del acuerdo CG-268/2011 emitido por el Consejo del Instituto Federal Electoral, que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de dos mil once.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia y presupuestos procesales. En el presente caso no se actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en los artículos 9 párrafo 3, 10 párrafo 1 y 11 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que, tanto los presupuestos procesales como los requisitos sustanciales del juicio de mérito, indispensables para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación.

Con relación a los requisitos sustanciales que debe satisfacer la demanda, se advierte que éstos se encuentran cubiertos, ya que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad responsable, y en él consta el nombre del actor.

Asimismo, el promovente hizo constar su nombre y firma, identificó el cómputo y la elección que se impugna; expresó agravios, los hechos en que basa su impugnación, pruebas y mencionó en forma individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada, así como la causal de nulidad que en cada supuesto invoca.

Con base en lo anterior, se debe estimar que la parte accionante dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 párrafo 1 y 52 párrafo 1 de la ley adjetiva de la materia.

Por cuanto hace a la oportunidad en la presentación de la demanda, el artículo 55 párrafo 1 de la ley de la materia, dispone que debe presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo materia de la inconformidad. En el caso, el medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal, pues en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo distrital que se impugna, se hizo constar que dicho cómputo concluyó a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos del siete de julio próximo pasado, y la demanda fue presentada el once siguiente, según consta en el acuse de recepción de la misma, por tanto, se interpuso dentro del término legal para hacerlo.

En cuanto a la legitimación y personería del actor y del tercero interesado que intervienen en el presente juicio, es conveniente precisar lo siguiente:

Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación: el actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de representante, y el tercero interesado que, entre otros, podrá ser un partido político (coalición o candidato), con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor, según lo establece el artículo 12 párrafo 1 incisos a) y c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 párrafo 1 incisos a) y b) de la ley antes citada, el Juicio de Inconformidad sólo podrá ser promovido por los partidos políticos y los candidatos, precisándose que éstos lo podrán hacer, exclusivamente, cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría.

En tal virtud, la legitimación del actor es de reconocerse, en virtud de tratarse de un partido político nacional.

Ahora bien, por lo que se refiere a la personería de Ezequiel Camacho Inzunza, quien presentó escrito de impugnación por el que promueve el presente Juicio de Inconformidad, ostentándose como representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Tercer Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sonora, se tiene por acreditada, toda vez que el órgano responsable en su informe circunstanciado, rendido en los términos del artículo 18 párrafo 2 inciso a) de la citada ley adjetiva, le reconoció su carácter de representante propietario registrado ante esa autoridad.

Respecto a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero coadyuvante, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de la presentación del medio de impugnación, como se deriva de la razón de fijación de la cédula de notificación en estrados, en la que se indica, como hora de fijación, las once horas con treinta minutos del doce de julio del año en curso, y del acuerdo de recepción del escrito del tercero coadyuvante, se observa que fue recibido a las veinte horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil doce.

Igualmente, en el referido escrito se hace constar el nombre del compareciente, así como nombre y firma autógrafa, además de precisarse la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta. Asimismo acompaña el oficio número CD/26/03/12/03-1112.-, de catorce de julio de dos mil doce, emitida por el Secretario del Tercer Consejo Distrital en el Estado de Sonora, mediante el cual acredita que contendió como candidato a diputado federal en el distrito señalado por el Partido Revolucionario Institucional.

Por lo anterior, se considera presentado en tiempo y forma el escrito de Jesús Epifanio Salido Pavlovich en su calidad de tercero coadyuvante, y satisfechos los requisitos sustanciales del mismo.

Respecto del escrito de comparecencia presentado por el Partido Acción Nacional como Tercero interesado por conducto de Ricardo Izcóatl Oceguera Martínez, se advierte que el mismo no acompañó documento para acreditar su personería, asimismo, respecto del diverso escrito del partido político señalado, signado por Mario Aníbal Bravo Peregrina, dicho representante no acreditó haber estado registrado formalmente ante el órgano electoral distrital responsable, por lo cual ambos comparecientes no acreditan plenamente su personería en términos del artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tanto de conformidad con lo previsto por los artículos 17 párrafo 4 inciso d) y 19 párrafo 1 inciso d) de la citada ley, se tiene por no presentados dichos escritos.

En tales condiciones, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Síntesis de agravios. Del escrito de demanda del Juicio de Inconformidad se desprenden en esencia los siguientes agravios:

1. El partido político actor aduce que le causa agravio, la anulación indebida de tres mil seiscientos sesenta y dos votos por la autoridad responsable, en cuyas boletas fueron marcados tanto el emblema del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Verde Ecologista de México, al advertirse la voluntad inequívoca y clara decisión de los votantes de sufragar a favor del candidato Jesús Epifanio Salido Pavlovich, por tanto, solicita que tales votos le sean asignados. Lo anterior, toda vez que dicha anulación supone una violación a sus garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo el impugnante, manifiesta que dicha voluntad soberana de votar, se encuentra tutelada por los artículos 1, 14, 35 fracción I, 36 fracción III, 39, 40, 41 segundo párrafo fracción V, 133 y 136 de la carta magna, además en lo previsto por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por tanto, es obligación del órgano encargado de organizar la elección, interpretar la voluntad popular en la forma como fue planteada. De igual manera, señala que la anulación de tales votos resulta determinante para el resultado de la elección, toda vez que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar es la cantidad de dos mil seiscientos sesenta y ocho votos, por lo que de haber sido considerados como válidos los tres mil seiscientos sesenta y dos sufragios, se revertería el resultado de la elección a favor del candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

2. Por otra parte, manifiesta que el Instituto Federal Electoral resulta responsable de la confusión generada en el electorado, al incorporar nuevos criterios en cuanto a la emisión del voto válido marcando más de un emblema en una misma boleta, sin que la campaña de difusión y propaganda haya sido lo suficientemente enfática y precisa en los supuestos en que no hubiese coalición, y debido a la magnitud de la publicidad de la elección presidencial y no respecto de la elección a diputados y senadores, un sector de los electores asumió que podía emitir su voto marcando más de una opción en la boleta en cualesquiera elecciones de todas en la que concurriría a votar, y que sin duda, el referido instituto contribuyó precisamente a dicha confusión.

3. Finalmente, el partido político promovente hace valer a través del medio de impugnación que nos ocupa, la nulidad de la votación recibida en noventa y nueve casillas por la causal prevista en el inciso e) del artículo 75 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Al respecto, cabe hacer la aclaración en el sentido de que si bien del escrito de demanda del partido político actor se desprende la impugnación de noventa y nueve casillas, también lo es que, del análisis de la misma se advierte que se repiten las casillas 386 Básica y 435 Contigua 1. Por último, respecto de la casilla 606 Básica no será materia de estudio, en virtud que la misma se ubicó en el Quinto Distrito Electoral Federal en el Estado de Sonora, de conformidad con la publicación de veintiséis de junio de dos mil doce de "la integración de las mesas directivas de casilla aprobadas por la Junta Distrital Ejecutiva y los lugares donde se ubicarán para recibir el voto de los ciudadanos en las elecciones federales el 1° de julio de 2012, aprobadas por el Consejo Distrital”, publicación en la que consta el encarte tanto del Tercer Distrito como del Quinto Electoral Federal en el Estado de Sonora, ambos con cabecera en Hermosillo.

A dicha publicación, se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 párrafo 4 inciso a) y 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Determinación de la litis y metodología del estudio de los agravios. La litis en el presente juicio se constriñe a determinar, si atendiendo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los actos reclamados por el inconforme fueron emitidos por la autoridad señalada como responsable, en estricto cumplimiento a los principios de constitucionalidad y legalidad que deben observar las autoridades electorales en el ejercicio de su función, o si por el contrario, se deben modificar o no los resultados asentados en el acta de cómputo distrital impugnada, y en su caso confirmar o revocar la constancia de mayoría y validez respectivas, de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el tercer distrito electoral federal en el Estado de Sonora.

En efecto, el promovente hace valer a través del medio de impugnación que nos ocupa, un agravio relativo a la valoración y calificación como nulos de tres mil seiscientos sesenta y dos votos en la sesión especial del Tercer Consejo Distrital en el Estado de Sonora, de cuatro de julio de dos mil doce y finalizada el siete de julio siguiente, toda vez que a su juicio los mismos debieron considerarse como válidos y asignarse al candidato Jesús Epifanio Salido Pavlovich. Asimismo, invoca la nulidad de la votación recibida en noventa y nueve casillas por la causal prevista en el inciso e) del artículo 75 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales quedaron precisadas en el punto inmediato anterior.

En cuanto a la metodología de estudio de los agravios, cabe precisar que los mismos serán estudiados por esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquellos expresados por la parte demandante en el escrito mediante el cual promovió el Juicio de Inconformidad que nos ocupa, siempre y cuando exprese agravios tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto o resolución que impugne, así como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de demanda o de su presentación, con independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura novit curia (el juez conoce el derecho) y da mihi factum dabo tibi jus (dame los hechos yo te daré el derecho) supla la deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar.

Lo anterior, de acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el criterio jurisprudencial 3/2000, cuyo rubro dice: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”

Resulta oportuno aclarar que, dentro del análisis del supuesto de nulidad de votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, cuyo rubro es: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.”

Por otro lado, en cumplimiento al principio de exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas aportadas o recabadas por este tribunal, examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien, uno por uno, en el orden propuesto por el promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios mencionados en su escrito de demanda, en términos de la tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior 12/2001, cuyo rubro es: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.”

Precisado lo anterior se procede a atender los motivos de disenso expuestos en la demanda.

QUINTO. Estudio del agravio relativo a la indebida anulación de votos. El partido político actor alega que el Tercer Consejo Distrital calificó nulos los votos consignados en las boletas en las que estaban marcados los recuadros correspondientes a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, siendo que debieron considerarse válidos toda vez que, en consideración del impugnante, se advierte indudablemente la voluntad inequívoca y clara decisión de los votantes de sufragar a favor de su candidato Jesús Epifanio Salido Pavlovich. Asimismo, manifiesta que el Instituto Federal Electoral resulta responsable de la confusión generada en el electorado, al incorporar nuevos criterios en cuanto a la emisión del voto válido marcando más de un emblema en una misma boleta, sin que la campaña de difusión y propaganda haya sido lo suficientemente exitosa, enfática y precisa en los supuestos en que no hubiese coalición de partidos políticos.

Por tanto, en esencia, puede destacarse que el actor centró su oposición en dos cuestiones medulares, una que puede circunscribirse a la calificación de votos hecha por la autoridad administrativa electoral y otra que atribuye al Instituto Federal Electoral respecto a la confusión generada a los electores en cuanto a la forma en que debían de sufragar el día de la jornada electoral.

Así, respecto del primero de los motivos de inconformidad expresados, esta Sala Regional lo estima INFUNDADO por las consideraciones siguientes:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo 2 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad deben ser características fundamentales de todos los actos realizados por las autoridades electorales. En este contexto, tienen una especial relevancia todas las actividades relacionadas con la obtención de los resultados de las elecciones.

Así, una vez recibida la votación de los ciudadanos, corresponde a las mesas directivas de casilla escrutar y computar los votos para, posteriormente, hacer constar los resultados en la documentación electoral previamente aprobada para tal efecto por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

El escrutinio y cómputo de los votos en las casillas es, dentro del proceso electoral, un acto de la mayor relevancia, pues a través de éste, se establece con precisión el sentido de la voluntad de los electores expresada en la casilla. Por ello, para salvaguardar esta expresión de voluntad, la legislación electoral establece reglas que tienden a asegurar el correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos, a fin de que sus resultados, auténtica y cabalmente reflejen el sentido de la votación de los electores, y que como acto de autoridad electoral, tengan las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

La normatividad electoral busca lograr que los resultados de las elecciones generen en el electorado confianza de que sus votos fueron contados correctamente y evitar que se produzcan dudas en torno a los mismos, por haber sido posible su alteración durante la realización de las operaciones relativas al escrutinio y cómputo, por un error o por una conducta dolosa, lo que viciaría los resultados consignados en las actas de las casillas, de tal forma, que no podrían ya ser consideradas como los documentos continentes de la expresión pura y auténtica de la voluntad popular.

De esta manera, el código sustantivo electoral señala qué es el escrutinio y cómputo; la autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar su autenticidad; el tiempo y forma para la realización del mismo y para el levantamiento de las actas correspondientes; en tanto que la ley adjetiva de la materia establece la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo o hubiese mediado error o dolo en la computación de los votos.

Así, el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el número de votos nulos; y d) el número de boletas sobrantes de cada elección, en términos de lo dispuesto por el artículo 274 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Asimismo el numeral citado en el párrafo 2 establece los supuestos en que un voto se considera nulo.

Una vez precisado lo anterior, resulta oportuno señalar, que el principio de certeza como tal implica la inexistencia de duda y la clara definición de atribuciones de forma previa a cualquier acto, en el particular los del tipo electoral, es decir, conocer plenamente los alcances que tiene cada acto que se desarrolle, así como las consecuencias que acarrea el incumplimiento de cualquiera de sus supuestos.

En este sentido, según lo señala el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española por certeza debe entenderse lo siguiente:

“Certeza. (De cierto).

1. f. Conocimiento seguro y claro de algo.

2. f. Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar.”

En ese sentido el principio de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades atinentes de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.

Tal criterio ha sido sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 144/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 740, de rubro: “FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO.”

En este tenor, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé de forma general, abstracta e impersonal los supuestos que rigen la elección a nivel federal, las autoridades que participan de ella y las atribuciones con que están investidas, de tal manera que previo al día de la jornada electoral, tanto los partidos políticos como los ciudadanos pueden conocer sus derechos y obligaciones en materia electoral, así como la forma de hacerlos prevalecer ante cualquier circunstancia anómala.

Entonces, puede afirmarse, que tanto la autoridad, los ciudadanos y los institutos políticos sabían de forma anticipada qué hacer y cómo hacerlo, así como los límites a sus atribuciones y derechos conferidos.

Lo anterior resulta importante ya que uno de los motivos de queja, precisamente tiene que ver con ello, esto es, estima que lo realizado por el Consejo Distrital, no se apegó a este canon, pues pese a que la ley sustantiva electoral federal prevé la nulidad de los votos que se hubieran sufragado por dos partidos al mismo tiempo, siempre y cuando no estuvieran coaligados, tal proceder el partido actor lo consideró indebido.

Cabe resaltar, que el recurrente aduce que el recuento de votos que el Consejo Distrital realizó en “trescientas noventa y un casillas”, los cuales fueron reservados y posteriormente calificados por el Pleno de dicho Consejo, perjudicó los derechos de su representado, ello, pues considera que al haberse calificado como nulos una gran cantidad de sufragios —por haberse marcado dos recuadros de dos partidos políticos que no contendían coaligados- se atentó contra los principios constitucionales que rigen el proceso electoral y vulneró la voluntad o verdadera intención de los votantes el día de la jornada electoral.

Además, sostiene que contrario a lo realizado en el proceso antes mencionado, los votos que se estimaron nulos, debían serle adicionados pues tales le fueron emitidos a su favor.

Igualmente refiere que a su parecer, la responsable no atendió la verdadera intención de la ley, al no ponderar la teleología contenida en ella, pues los votos que consideró indebidamente ejercidos, por las razones especiales que aduce revistieron la múltiple elección, le debieron ser asignados a su partido político.

Al efecto de acreditar sus afirmaciones, la parte actora ofreció el testimonio por escrito de seiscientos setenta y dos ciudadanos, quienes manifiestan haber votado a favor del candidato Jesús Epifanio Salido Pavlovich y solicitan que su voto no sea anulado. Los escritos anteriores se encuentran agregados a autos, de las fojas uno a seiscientos ochenta y cuatro del cuaderno accesorio número diez. De dichas documentales privadas, debe decirse que no resultan idóneas ni suficientes para generar convicción y certeza en cuanto a que dichos ciudadanos hubiesen votado por el referido candidato, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia.

En consecuencia, como ya se adelantó, se estima que no le asiste la razón al partido político actor, según se razona a continuación.

De lo previsto por los artículos 93 párrafo 2 y 95 párrafos 1, 2 y 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que los partidos políticos podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de Senadores y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, atendiendo a lo siguiente:

Conforme a lo anterior y de una interpretación sistemática y funcional de dichas disposiciones normativas, se concluye que en aquellos casos en que los partidos políticos no formen coaliciones, por ningún motivo podrán aparecer en la correspondiente boleta electoral con un mismo candidato, debiendo ser, siempre un candidato diferente para cada uno de ellos.

En el entendido anterior, si el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, no participaron coaligados en la elección de diputados federales por el principio de Mayoría Relativa por el Tercer Distrito Electoral de Sonora, resulta evidente que en cada recuadro de la boleta electoral atinente, apareció individualmente el nombre del candidato postulado por cada uno de ellos.

Por tanto, aducir que ante la determinación de un elector que marcó dos o más emblemas de partidos políticos no coaligados entre sí, debe entenderse la intención de éste de seleccionar a sólo uno de los candidatos correspondientes, resulta contradictorio a los principios de certeza y legalidad que debe prevalecer en todo proceso comicial.

Por tanto, el disconforme parte de la premisa falsa de que la autoridad indebidamente anuló los votos que fueron marcados dos veces a distintos partidos, no obstante, contrario a lo referido, ésta actuó conforme lo exige el artículo 274 párrafo 2 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales que dispone lo siguiente:

“Artículo 274

1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

a) El número de electores que votó en la casilla;

b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos;

c) El número de votos nulos; y

d) El número de boletas sobrantes de cada elección.

2. Son votos nulos:

a) …

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados;”

Sin duda, la norma reseñada, es contundente al establecer que al marcar dos o más recuadros en la boleta “sin existir coalición” el voto es nulo, ya que resultaría imposible afirmar cuál es la verdadera intención del votante, máxime cuando esta figura se da cuando se eligen entes antagónicos por naturaleza.

Ello es así, ya que la intención de sufragio de un elector debe ser clara y precisa para conferir su voto a favor del candidato que habrá de ocupar (en caso de resultar victorioso en la contienda electoral) el correspondiente puesto de elección popular, ya que de lo contrario, generaría un estado de incertidumbre que imposibilitaría definir al candidato ganador, ante el evidente escenario de selecciones múltiples de cada elector.

Aunado a lo anterior, contrario a lo aducido por el partido político actor, la marcación múltiple de un elector de candidatos contendientes entre sí, haría nugatorio el conocimiento auténtico de su voluntad, pues resulta imposible interpretar la intención de ese elector que marca DOS o más candidatos diferentes y que en términos de la normatividad aplicable, son opositores en la contienda electoral.

Precisamente, la interpretación sistemática y funcional de los preceptos antes indicados conduce a la convicción de que la validez o nulidad individual de los sufragios radica, fundamentalmente, en la posibilidad de poder determinar, con grado de fiabilidad, el sentido del sufragio, esto es, la opción política, de las propuestas que han sido puestas a consideración de la ciudadanía, por la cual un elector se ha decidido. La forma prevista por el legislador para que, con motivo de la emisión del voto, se exteriorice válidamente la voluntad del sufragante es mediante el marcado o la anotación de sólo uno de los recuadros reservados a los partidos o candidatos en las boletas previamente aprobadas, en términos de los artículos 274 y 277 del código electoral federal, a excepción de las coaliciones en cuyo caso puede marcarse más de dos recuadros, por lo que si no hubiese coalición, el sufragio es único e indivisible, y por tanto, no admite la posibilidad de ser fraccionado o distribuido en porciones del total.

En este sentido, lo concreto de la norma no deja lugar a interpretación alguna sobre el destino de los sufragios que encuadran en la hipótesis —nulos- luego, partiendo del indudable hecho de que la ley establece irremediablemente la nulidad de los votos como los cuestionados, es que debe atenderse lo siguiente:

Erróneamente aduce el actor, que no debieron ser declarados nulos los votos que contaban con la marca en los recuadros de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, pues a su parecer lo que debió acaecer, era que la autoridad debía en todo caso interpretar la norma en su sentido final o teleológico como refiere, esto es, asumir que producto de las diversas coaliciones que tenía su mandante y el citado instituto político, lo que quisieron hacer los votantes en todo caso era emitir su sufragio para el primero de ellos, no obstante que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la nulidad de éstos por haberse expresado de la forma en que se hicieron.

De igual forma, en su particular punto de vista, existió certeza de que los votos calificados como nulos, debieron serle asignados en una proporción de 97.56% y de 2.44% al Partido Verde Ecologista de México atendiendo al porcentaje que cada uno de ellos recibió de la votación total emitida el pasado primero de julio y de la votación histórica en ese distrito.

En este sentido, no es posible determinar que los sufragios controvertidos le corresponden, toda vez que tal cuestión no es factible de dilucidarse, ya que al haberse elegido al mismo tiempo dos entes políticos no coaligados, es decir, al ponerse en duda la certeza de a quien le corresponden los tantos emitidos, no puede o debe afirmarse que los votos doblemente marcados, le corresponden a su mandante exclusivamente ni en porcentaje alguno, pues lo mismo pudiera alegar el diverso partido, siendo tal duda lo que vulnera el principio rector, lo que actualiza la nulidad declarada.

Con base en lo anterior, se concluye que en el presente asunto la emisión de los tres mil seiscientos sesenta y dos votos nulos a que se refiere el partido político actor, de ninguna manera pueden ser considerados como válidos y asignados a su candidato, puesto que, en cada uno de ellos se marcó más de un emblema de partidos políticos que individualmente contenía el nombre de un candidato diferente de partidos políticos no coaligados.

Por tanto, la autoridad administrativa electoral sí garantizó el principio de certeza y legalidad, al apegarse a la normativa sin hacer interpretación donde no había lugar para ella, puesto que lisa y llanamente se ajustó a la exigencia prevista en el artículo 274 párrafo 2 inciso b) del multicitado ordenamiento.

No pasa desapercibido por esta Sala, la inconformidad del partido político actor enderezada contra el Consejo Distrital por la no procedencia de la apertura de paquetes electorales y recuento de cuarenta y cinco casillas, de las que resulta un número indeterminado de votos declarados nulos por los integrantes de las mesas directivas de casilla, que a consideración del impugnante fueron válidamente emitidos a favor de su candidato.

Al respecto, debe decirse que de la copia certificada del acta de la sesión especial del Tercer Consejo Distrital en el Estado de Sonora, de cuatro de julio pasado, documental pública que se le confiere valor probatorio pleno en términos del artículo 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte del cuarto punto del orden del día que se determinó el recuento parcial de trescientas sesenta y dos casillas, sin que hubiese solicitud expresa del representante del partido político actor presente en la sesión de proceder con el recuento total de las casillas instaladas en el distrito por las causas previstas en el artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por tanto, tal pretensión resulta improcedente.

Ahora, por lo que hace al segundo motivo que endereza por la insuficiente asesoría del Instituto Federal Electoral hacia la ciudadanía, debe decirse que el mismo al igual que el anterior es INFUNDADO, por las siguientes consideraciones:

Esencialmente, el quejoso aduce que el Instituto Federal Electoral resulta responsable de la confusión generada en el electorado, al incorporar nuevos criterios en cuanto a la emisión del voto válido marcando más de un emblema de partidos políticos en una misma boleta, sin que la campaña de difusión y propaganda haya sido lo suficientemente enfática y precisa en los supuestos en que no hubiese coalición de partidos.

En este sentido, el actor en su escrito de demanda, asigna calificativos a la difusión realizada como los de, insuficiente, poco exitosa y enfática, que generaron confusión, por citar sólo algunos, ya que a su parecer y con todo el bagaje teórico expuesto, la difusión de las formas en que se debía sufragar hecha por la autoridad federal electoral especializada, no bastó para que los ciudadanos no errasen su voto, ya que desde su particular punto de vista, la omisión imputada condujo a que algunos votantes sufragaran mecánicamente por los dos entes, siendo que en el particular no era correcto hacerlo así pues no había coalición, lo que desencadenó en la nulidad de esos sufragios.

Ante todo, debe destacarse, que las afirmaciones arrojadas en el agravio, resultan injustificadas, pues en todo momento el recurrente, pretende demostrar que la difusión generalizada que hizo el Instituto Federal Electoral sobre las diversas formas de emitir el voto no fue suficiente ni precisa, es decir, atribuye desde su particular punto de vista la falta, o mejor dicho la necesidad de hacer más para lograr recuperar los votos anulados y que estima le pertenecen al haber contendido en otras elecciones de forma coaligada.

En varias ocasiones el agraviado, aduce que el Instituto Federal Electoral no fue lo suficientemente exitoso o capaz de orientar a los posibles votantes de la forma en que debían elegir a dicho partido político actor, aduciendo que la responsable propició una confusión generalizada, que provocó el error colectivo entre los sufragantes, imputándole inclusive, que en su publicada no especificó cómo se debía elegir a diputados federales y senadores.

Ahora bien, el actor, en su escrito de demanda acepta que el Instituto Federal Electoral realizó la propaganda para en la medida de sus posibilidades hacer llegar a la mayor cantidad de votantes las formas de suscribir las boletas, y que no se duda que la hubiese hecho señalando que sólo era válida para los casos de alianza, sin embargo, afirma que no fue exitosa ni enfática, y a su vez, manifiesta que tampoco elude su responsabilidad en cuanto a su deber de hacer una difusión específica de discernimiento respecto a qué elecciones concurriría en coalición y en cuales no, siendo exitosa sólo en un 97.18%, restando un margen de 2.42% que equivale a los electores que marcaron en las boletas respectivas los recuadros de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, lo que ocasionó que fuesen declarados nulos por el Consejo Distrital.

Respecto de la difusión y propaganda realizada por el Instituto Federal Electoral, debe acogerse a lo sucedido en el SUP-RAP-229/2012, donde la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, tuvo por cumplida la sentencia en la que se ordenó al referido órgano divulgar los métodos electivos en los diversos medios de comunicación a su alcance.

En efecto, partiendo de lo proveído en el incidente de inejecución de sentencia de fecha quince de junio del año en curso, la Sala Superior, determinó tener por cumplida la ejecutoria de treinta de mayo pasado, toda vez que el referido instituto utilizó los medios a su alcance y ponderó a través de cuáles hacerlo, incidente que como hecho notorio se invoca con apoyo en la tesis de jurisprudencia XIX. 1º.P.T. J/4 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, de agosto de 2010, de rubro: “HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.”

Por otro lado, de manera ilustrativa considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA", resulta evidente que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen.

Así con apoyo de los anteriores criterios, del recurso de apelación SUP-RAP-229/2012 resuelto el treinta de mayo de dos mil doce, de la resolución incidental de incumplimiento de la sentencia de trece de junio siguiente, así como del incidente de indebido cumplimiento de sentencia, resuelto el quince de junio de dos mil doce, por la Sala Superior de este tribunal se tiene lo siguiente:

En primer término debe precisarse que contrario a lo aducido por el partido político actor, tras sus alegaciones existió una amplia cadena impugnativa en la que se planteó la forma en que el Instituto Federal Electoral debió de informar a la ciudadanía para el ejercicio libre, consiente y razonado de su voto el día de la jornada electoral, esto es, en principio el Partido Verde Ecologista de México, solicitó al Consejo General del Instituto Federal Electoral que aprobara el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos a efecto de que los ciudadanos cuenten con información suficiente y clara para ejercer libre y razonadamente su derecho al voto para el procedimiento electoral federal dos mil once-dos mil doce, a lo que dicho consejo determinó negar tal petición.

En desacuerdo, el referido instituto político promovió recurso de apelación ante la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, en el que se declaró procedente su pretensión y en consecuencia, se ordenó al Consejo General del Instituto Federal Electoral que de inmediato emitiera resolución por escrito respecto a la negativa de aprobar el proyecto de dicho acuerdo propuesto por el partido político inconforme.

En acatamiento a dicha ejecutoria, días más tarde, el Consejo General del referido instituto, aprobó la resolución número CG285/2012, en relación al referido proyecto de acuerdo; inconforme con la referida determinación, el Partido Verde Ecologista de México, interpuso diverso recurso de apelación, en el que la Sala Superior de este Tribunal, en esencia, ordenó revocar la resolución recurrida, considerando que el Instituto Federal Electoral está facultado para realizar la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática de los ciudadanos, a efecto de orientar e informar de manera clara y precisa, sobre las diversas formas de expresar el sufragio en las boletas electorales, por lo que ordenó a la señalada autoridad administrativa electoral, emitir los lineamientos dirigidos a realizar los actos tendentes a informar y orientar sobre las diversas opciones contenidas en las boletas electorales a utilizar en las elecciones federales que se llevaron a cabo el pasado primero de julio.

Inconforme con el cumplimiento dado a dicha ejecutoria por el Instituto Federal Electoral, el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, promovió incidente de incumplimiento de sentencia, en el que la Sala Superior de este órgano jurisdiccional declaró procedente su pretensión y en consecuencia, determinó tener por incumplida la misma.

Acto seguido, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, informó sobre el acatamiento dado a la sentencia incidental referida, precisando que la resolución emitida para tal efecto fue motivo de engrose, por lo que una vez que se realizara el mismo se remitiría la copia respectiva.

Posteriormente, la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, promovió de nueva cuenta, incidente que denominó de defectuoso cumplimiento de sentencia, por actos cometidos por el multicitado Consejo General, argumentando entre otras cosas, que a su juicio se incumplió lo ordenado por la Sala Superior, a lo que la propia Sala en esencia concluyó que el recurrente partió de la premisa equivocada en que la instrucción debió llevarse a cabo, precisamente, con las boletas electorales a utilizar el primero de julio del año en curso.

Por su parte, el Instituto Federal Electoral sí señaló de manera pormenorizada las distintas opciones existentes en las boletas electorales a utilizar en la pasada jornada electoral en comento, y las posibles formas en que el ciudadano podía emitir su voto, difundiendo dicha información en determinados periodos, mediante inserciones en al menos dos diarios de circulación nacional, dos revistas comerciales con mayor tiraje, volantes distribuidos dentro de la Semana Nacional de Promoción del Voto y en internet a través de la página de dicho instituto.

Lo que a juicio del impugnante se consideró defectuoso, ya que desde su óptica, la finalidad de la resolución del tribunal no fue solamente informar por medios convenientes a juicio de la autoridad administrativa electoral, sino informar ampliamente a la totalidad de la ciudadanía o en su defecto a la gran mayoría, debiendo emplear los medios masivos como son la televisión y la radio a fin de propiciar la emisión del voto válido de los ciudadanos.

Motivos de disenso que en el incidente de indebido cumplimiento de la sentencia se calificaron de infundados, en razón que de la resolución controvertida, se advierte que la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, le otorgó la facultad a la autoridad responsable de ponderar en qué medio de comunicación llevaría a cabo la difusión de los actos tendentes a informar y orientar sobre las diversas opciones para la emisión del sufragio, por lo que en la especie, no es dable pretender, como lo hace la parte recurrente, constreñir a la responsable a difundir dichos actos en radio y televisión, pues no fueron esos los lineamientos que se le trazaron en la resolución origen de la incidencia en análisis.

Por lo anterior, se declaró que la autoridad responsable sí llevó a cabo lo ordenado en la ejecutoria de mérito, toda vez que sus efectos fueron debidamente colmados por la autoridad responsable.

Al respecto, el partido político actor para acreditar la responsabilidad del Instituto Federal Electoral por la confusión generada en el electorado, al incorporar nuevos criterios en cuanto a la emisión del voto válido marcando más de un emblema en una misma boleta, sin que la campaña de difusión y propaganda haya sido lo suficientemente exitosa, enfática y precisa en los supuestos en que no hubiese coalición de partidos políticos, lo que devino, en última instancia en la anulación de al menos tres mil seiscientos sesenta y dos votos emitidos a favor su candidato Jesús Epifanio Salido Pavlovich, ofreció diversos escritos de solicitudes de información y documentación presentadas ante a la autoridad responsable, sin que la misma las hubiese remitido a éste órgano jurisdiccional, sin embargo, tales elementos de convicción están dirigidos, a valorar y calificar los efectos y resultados de los medios utilizados por el Instituto Electoral Federal en la propaganda y difusión de la forma de votar, realizados previamente a la jornada electoral. Sin embargo, como se ha expuesto en párrafos precedentes, se tuvo al referido instituto cumpliendo con lo ordenado por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional en el recurso de apelación SUP-RAP-229/2012 en cuanto a que promocionó y difundió las diversas formas de emitir el voto en las elecciones pasadas. Por tanto, al resultar ser un hecho notario el cumplimiendo del Instituto Federal Electoral, resulta innecesario allegarse de dichas probanzas.

Ahora bien, una vez dejado en claro, que para la autoridad judicial electoral, el instituto, producto de lo ordenado y con los medios a su alcance promocionó o difundió las diversas formas de emitir el voto en las elecciones pasadas, no puede o debe desconocerse en perjuicio de la legalidad o certeza tal acto, pues aceptar que aun y cuando se tuvo por cabalmente cumplida la resolución ahora eso no fue cierto o completo.

Es decir, resulta un obstáculo insalvable para el partido político actor, el hecho de que obre prueba que acepte y justifique la forma en que el Instituto Federal Electoral hizo extensiva a la sociedad la forma de votar, por lo que puede concluirse que contrario a lo invocado, el calificativo de insuficiente no es correcto y la pretensión es inviable.

Por tanto, como se adelantó, esta Sala Regional estima INFUNDADOS los motivos de agravio expresados por el instituto político actor, por las consideraciones antes señaladas.

SEXTO. Estudio causal de nulidad de votación recibida en casilla inciso e) del artículo 75 de la Ley Adjetiva Electoral. El promovente, en su escrito de inconformidad hace valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de un total de noventa y siete casillas, tal como ha quedado precisado en el considerando tercero anterior, de las cuales únicamente serán materia de estudio noventa y seis, mismas que a continuación se señalan:

Así, previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los 300 distritos electorales del país.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 155 del mismo ordenamiento, las mesas directivas de casillas se conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 156 párrafo 1 inciso a) de dicho código, deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y ser residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 240 del código que se consulta.

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador federal en el artículo 260 del mismo código, establece el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla.

Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 260 en comento.

De una interpretación armónica de los preceptos señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos los funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y necesarias, que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente:

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas -encarte-, los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo.

En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente: a) original de la publicación de veintiséis de junio de dos mil doce de "la integración de las mesas directivas de casilla aprobadas por la Junta Distrital Ejecutiva y los lugares donde se ubicarán para recibir el voto de los ciudadanos en las elecciones federales el 1° de julio de 2012, aprobadas por el Consejo Distrital”, correspondiente al Tercer Distrito Electoral Federal en el Estado de Sonora, con cabecera en Hermosillo, en lo sucesivo “Encarte”; b) copias certificadas de las listas nominales de electores definitivas con fotografía de las casillas cuya votación se impugna; c) copias certificadas de las actas de la jornada electoral de las casillas cuya votación se impugna, en algunos casos las actas de escrutinio y cómputo; y d) copias certificadas de las hojas de incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral en cuarenta y cinco de las casillas impugnadas. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 párrafo 4 inciso a) y 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya primera columna se identifica el número consecutivo, en la segunda y tercera la casilla de que se trata; en la cuarta y quinta, los cargos y nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla, según la publicación de las listas de integración de mesas directivas de casilla citadas; en la sexta, los nombres de los funcionarios que integraron la casilla, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral o de escrutinio y cómputo; y por último, las observaciones sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre los distintos rubros del propio cuadro.