JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SG-JIN-36/2015

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: 16 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN JALISCO

TERCERO INTERESADO: MOVIMIENTO CIUDADANO

MAGISTRADA: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIO: JOSÉ OCTAVIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Guadalajara, Jalisco, a diez de julio de dos mil quince.

VISTOS para resolver, los autos del juicio de inconformidad SG-JIN-36/2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta del cómputo distrital, correspondientes al recuento y cotejo realizado por el 16 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, con sede en San Pedro Tlaquepaque en la sesión especial que inició el pasado diez de junio, así como la declaración de validez y expedición de la constancia de mayoría respectiva, y

R E S U L T A N D O

I. ANTECEDENTES. Del expediente en que se actúa se desprende lo siguiente:

1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada para la elección, entre otros cargos, de diputados federales.

2. Sesión de Cómputo Distrital. El diez de junio siguiente el 16 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque (referido en lo sucesivo de manera indistinta como la “Autoridad Responsable” o el “Consejo Distrital”), realizó el cómputo distrital correspondiente a la elección de diputados federales, mismo que concluyó el once siguiente y cuyos resultados fueron:

II. JUICIO DE INCONFORMIDAD. El quince de junio de este año, el Partido Revolucionario Institucional promovió ante la autoridad administrativa electoral mencionada, un juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta del cómputo distrital, correspondientes al recuento y cotejo realizado por el 16 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, con sede en San Pedro Tlaquepaque en la sesión especial que inició el pasado diez de junio, así como la declaración de validez y expedición de la constancia de mayoría respectiva.

III. REMISIÓN Y TURNO. El veintitrés de junio siguiente, se recibió en esta Sala Regional, la demanda de mérito, así como los demás documentos atinentes, y el mismo día, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional acordó registrar dicho medio de impugnación con la clave SG-JIN-36/2015 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

IV. RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO. Mediante sendos acuerdos del veinticinco siguiente, se radicó el juicio de referencia, y se hizo un requerimiento a la autoridad responsable, el cual fue cumplido el veintisiete ulterior.

V. ADMISIÓN. Ese mismo día se admitió el presente juicio y se realizó pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, se tuvo al Partido Movimiento Ciudadano compareciendo como tercero interesado.

VI. ESCRITO DE TERCERO INTERESADO. El veintiocho de junio pasado, Rubén Érick Arévalo García, ostentándose como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante la responsable, presentó en la oficialía de partes de este tribunal, un escrito de tercero interesado.

VII. CIERRE. Finalmente, el siete de los corrientes, se cerró la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad, según lo establecido en los artículos 41 párrafo segundo base VI, 94 párrafo primero y 99 párrafos primero, segundo y cuarto fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186 fracción I, 192 párrafo primero y 195 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 párrafos 2 inciso b), 49 y 50 párrafo 1 inciso b) fracciones I y II de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG182/2014 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio pasado, mediante el cual se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad en que el partido actor impugna la votación recibida en diversas casillas relativas a la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa del 16 Distrito Electoral Federal de Jalisco, entidad federativa en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción, así como los resultados consignados en el acta del cómputo distrital correspondientes al recuento y cotejo realizado por el Consejo Distrital en la sesión especial del cómputo distrital que inició el pasado diez de junio, y la declaración de validez y expedición de la constancia de mayoría respectiva.

SEGUNDO. Comparecencia de terceros interesados. De autos se advierte que el partido Movimiento Ciudadano comparece en el presente juicio con carácter de tercero interesado, mediante escrito que cumple los requisitos señalados para tal efecto en el artículo 17 párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que fue presentado ante la autoridad señalada como responsable dentro del plazo de setenta y dos horas establecido en el artículo de referencia, en el mismo consta el nombre de dicho partido político, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, precisa la razón del interés jurídico en que se funda, así como sus pretensiones que son opuestas a las de la parte actora, hace constar el nombre y firma autógrafa de su representante, a quien la responsable le reconoció tal carácter y cuya personería se encuentra debidamente acreditada en autos, de ahí que se reconozca el carácter de tercero interesado en el presente juicio.

Por otra parte, se advierte que el pasado veintiocho de junio, Rubén Érick Arévalo García, ostentándose como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante la responsable, presentó, en la Oficialía de Partes de este tribunal, un escrito de tercero interesado.

Al respecto, de autos se desprende que el dieciséis de junio pasado, a las nueve horas con treinta minutos, se publicó en los estrados de la responsable, la cédula en que informaba la interposición del presente medio de impugnación, por lo que el plazo de setenta y dos horas que tuvieron quienes pretendían comparecer como terceros interesados, de conformidad con el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la presentación de los escritos de referencia, concluyó el diecinueve de junio siguiente a las nueve horas con treinta minutos.

Así pues, resulta evidente que el ocurso promovido en estudio fue presentado de manera extemporánea, por lo que no es dable su admisión y consecuentemente, no se reconoce al Partido de la Revolución Democrática el carácter de tercero interesado en el juicio indicado al rubro.

TERCERO. Causales de Improcedencia. En su informe circunstanciado, la autoridad responsable aduce que el partido actor consintió de manera expresa todos y cada uno de los actos que dicho órgano realizó el pasado siete de junio, por lo que a su juicio, se actualiza la causal de improcedencia señalada en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, de la lectura de la demanda se desprende que -como ya se mencionó anteriormente-, los actos impugnados en este juicio, son los resultados consignados en el acta del cómputo distrital correspondientes al recuento y cotejo realizado por el Consejo Distrital en la sesión especial que inició el pasado diez de junio y concluyó el once siguiente, así como la declaración de validez y expedición de la constancia de mayoría respectiva que datan de esta última fecha, por lo que, al ser evidente que la causal aducida por la responsable no se refiere a los actos impugnados, debe continuarse con el estudio del presente juicio.

CUARTO. Requisitos de Procedencia. En la especie, se encuentran satisfechos tanto los requisitos generales de procedencia que establecen los artículos 9 y 10 de la ley adjetiva electoral para todos los medios de impugnación, así como los especiales que se encuentran regulados en los diversos 52 párrafo 1, 54 párrafo 1 inciso a) y 55 párrafo 1 inciso b), de la ley en cita, como a continuación se expone:

I. Requisitos Generales

a) Forma. La demanda se presentó por escrito, ante la autoridad señalada como responsable; en ella se hizo constar el nombre del partido político actor, se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones así como autorizados para dichos efectos, y se señaló que la personalidad de su representante estaba debidamente acreditada ante la responsable, adjuntando el documento en que consta su designación, se identificó el acto impugnado, se expusieron los hechos y agravios que se estimaron pertinentes y se hizo constar la firma autógrafa del promovente.

b) Definitividad y firmeza. En relación con la definitividad y firmeza del acto reclamado, señalado en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 10 de la ley en cita, en la especie se colma tal requisito, ya que la ley no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado con anterioridad a la tramitación del presente juicio de inconformidad.

II. Requisitos Especiales

a) Requisitos de la demanda. La demanda de mérito cumple los requisitos precisados en el párrafo 1 del artículo 52 de la ley adjetiva electoral pues señala la elección que se impugna, manifestando expresamente que se objetan los resultados del cómputo distrital realizado por la responsable; menciona de manera individual el acta de cómputo distrital que impugna; e indica de manera individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada, así como la causal que invoca para tal efecto en cada caso, al igual que la consecuente nulidad de elección.

b) Legitimación y personería. Por otra parte, está acreditado en autos que la parte actora cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad en estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que se trata de un partido político y la demanda está firmada por su representante propietario ante la responsable, quien le reconoció tal carácter en su informe circunstanciado.

c) Oportunidad. Finalmente, del expediente se desprende que el escrito inicial se presentó de manera oportuna pues fue interpuesto dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que concluyó el cómputo distrital de la elección que se controvierte, de conformidad con el artículo 55 párrafo 1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Efectivamente, de las constancias se advierte que el diez de junio pasado, el Consejo Distrital inició la sesión de cómputo distrital de la elección de diputados federales, la cual concluyó el once siguiente, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del doce al quince de junio de la presente anualidad, de ahí que al haberse presentado la demanda precisamente el día quince, es evidente que fue promovido en tiempo.

Consecuentemente, al haberse cumplido los requisitos generales y especiales de procedencia, y considerando que en la especie no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo procedente es realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

QUINTO. Precisión de la litis. Del estudio de la demanda se desprende que la pretensión final del partido actor es que se declare la nulidad de la elección de Diputado Federal por el principio de mayoría relativa en el 16 Distrito Electoral Federal de Jalisco y consecuentemente, se convoque a elecciones extraordinarias, en los términos propuestos por el promovente.

Lo anterior pues a consideración del demandante, se actualiza lo dispuesto en el artículo 76 párrafo 1 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ya que según afirma, en poco más del veinte por ciento de la totalidad de las casillas instaladas para la elección de referencia, se acredita plenamente al menos alguna de las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas en el artículo 75 de la ley en cita.

Así pues, la litis en el presente juicio consiste en determinar si es procedente anular la votación de las casillas impugnadas por el actor y, como consecuencia, si deben confirmarse o modificarse los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 16 Distrito Electoral Federal en Jalisco con sede en San Pedro Tlaquepaque, o en su caso, si lo procedente es anular la elección de mérito y convocar a elecciones extraordinarias.

Ahora bien, para efecto de que se declare la nulidad de dicha elección, el partido actor aduce que la votación recibida en ciento veintisiete casillas del distrito antes mencionado, debe a su vez, anularse, en atención a que sucedieron las causales señaladas en los incisos e), j) y k) del párrafo 1 del mencionado artículo 75, como se expone en el siguiente cuadro:

Consecuentemente, la labor de este órgano jurisdiccional se centrará en analizar si se actualizan las causales de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas, en los términos planteados por el hoy actor, y con ello, el supuesto de nulidad de la elección, prevista en el artículo 76 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al 16 Distrito Electoral Federal en Jalisco con sede en San Pedro Tlaquepaque.

Cabe señalar que el nueve de julio del presente año, fue recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, un escrito mediante el cual, el partido actor ofreció una prueba superveniente relacionada con diversas irregularidades adicionales a las antes descritas, sin que resulte procedente admitirla en virtud de que no acreditó que tuviera tal carácter de conformidad con lo que dispone el párrafo 4 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al relacionarse con hechos acontecidos durante la jornada electoral que estaba en aptitud de conocer, conforme a los artículos 259 y 261 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEXTO. Estudio de Fondo

De conformidad con lo establecido en el considerando anterior, procede el estudio de las presuntas irregularidades a que alude el actor en su escrito de demanda, por las cuales considera que se actualizan las causales de nulidad de la votación recibida en cada una de las casillas antes precisadas, así como de la elección.

I. Nulidad de votación recibida en casilla por la supuesta recepción de votación por personas no autorizadas

El partido actor aduce como causal de nulidad de la votación recibida en quince casillas, según lo señalado anteriormente, la prevista en el inciso e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al efecto, el actor señala en su demanda, las siguientes razones por las que afirma que se actualiza tal causal en las siguientes casillas:

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, en primer término resulta necesario tener presente lo dispuesto por el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

“1. La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

...”

Consecuentemente, es necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas autorizadas para recibir la votación, atento a lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A fin de llevar a cabo la renovación periódica de los órganos del Estado, a través de elecciones populares, el día de la jornada electoral en el ámbito de las casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la participación ordenada de los electores, ante la presencia de los representantes de partidos políticos y observadores, llevan a cabo el acto más trascendente e importante del proceso electoral, consistente en la recepción de la votación.

Así, el artículo 41 constitucional señala que las mesas directivas de casilla estarán conformadas por ciudadanos; a quienes el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, y son responsables también, de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En la legislación electoral vigente puede reconocerse la intención del legislador de garantizar que las funciones relacionadas con la recepción de la votación se lleven a cabo adecuadamente y que, como consecuencia, se logre la integración de los órganos de representación popular del Estado, en el entendido de que la actuación de quienes integren las mesas directivas de casilla debe estar revestida de las características apuntadas.

Como mecanismos para lograr lo antes referido, la ley señala con precisión dos procedimientos para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, uno que se desarrolla durante la etapa de preparación de la elección, y otro que se utiliza el día de la jornada electoral, cuya finalidad es cubrir las ausencias de los ciudadanos designados, para lograr la recepción de la votación.

De la misma manera, la ley precisa las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla y la sanción de nulidad para la votación recibida por personas u órganos distintos a los señalados por la ley.

En ese sentido, los artículos 83 a 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen los requisitos para ser integrante de las mesas directivas de casilla y las atribuciones de cada funcionario, es decir, de los presidentes, secretarios y escrutadores.

De este modo, llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla que se prevé en el artículo 254 de la ley de la materia, las y los ciudadanos seleccionados por el correspondiente Consejo Distrital, serán las personas autorizadas para recibir la votación.

Asentado lo anterior, debe precisarse que para que se actualice la causal de mérito, se requiere acreditar alguno de los siguientes supuestos:

 a) Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas por el respectivo Consejo Distrital, esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo o que tratándose de funcionarios emergentes, éstos no se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a la casilla que integraron, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios;

b) Que la votación se reciba por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la mesa directiva de casilla, aun cuando sea una autoridad electoral, reciba el voto ciudadano; o

c) Que la mesa directiva de casilla no se constituya con la cantidad necesaria de integrantes, de tal manera que no sea posible llevar a cabo adecuadamente las funciones que les corresponden a quienes deben recibir la votación (presidente, secretario y escrutadores).

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas previamente designadas como funcionarios propietarios de casilla deben proceder a su instalación a partir de las 07:30 (siete horas con treinta minutos), en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, debiéndose levantar el acta de la jornada electoral, en la que se hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, conforme lo dispone el artículo 273, párrafos 1, 2 y 5 de la ley referida. El acta deberá ser firmada, tanto por los funcionarios como por los representantes de partidos que actuaron en la casilla, según lo determina el artículo 275, párrafo 1, del mismo ordenamiento.

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora legalmente establecida, por la ausencia de uno o varios de los funcionarios designados como propietarios, en la propia ley se contempla la forma de sustitución de los funcionarios ausentes.

Así, conforme lo dispone el artículo 274 de la ley en cita, de no instalarse la casilla, a las 08:15 (ocho horas con quince minutos), estando presente el presidente, éste designará a los funcionarios faltantes, primero, recorriendo el orden de los funcionarios presentes y habilitando a los suplentes y, en su caso, con los electores que se encuentren en la casilla.

En términos del mismo artículo, no encontrándose presente el presidente pero sí el secretario, éste asumirá las funciones de aquél y procederá a la instalación de la casilla.

Estando sólo un escrutador, él asumirá las funciones de presidente y hará la designación de los funcionarios faltantes.

Estando sólo los suplentes, uno asumirá la función de presidente y los otros de secretario y primer escrutador, debiendo proceder el primero a la instalación de la casilla.

En caso de no asistir los funcionarios previamente designados, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la mesa directiva y designará al personal encargado de ejecutar las labores correspondientes y cerciorarse de ello.

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención del personal del Instituto Nacional Electoral, a las 10:00 (diez horas) del día de la elección, los representantes de los partidos ante las mesas directivas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios de entre los electores que se encuentren presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar. En este último supuesto, se requiere la presencia de un Notario Público o Juez; en ausencia de éstos, bastará la conformidad de los representantes de los partidos políticos. Tales nombramientos nunca podrán recaer en los representantes de los partidos, candidatos o funcionarios públicos.

En esa tesitura, queda patente que la normatividad privilegia la actividad de recepción de la votación, de forma tal, que la ausencia de funcionarios propietarios puede ser cubierta, con la designación de nuevos, según el caso, por parte del presidente de la casilla, o por el secretario, o algún escrutador, o un suplente, o por personal designado por el Consejo Distrital.

Resulta evidente entonces, que para el legislador lo más importante es la realización de la función de recibir la votación y, que en última instancia, la atribución de designar a los integrantes de la mesa directiva de casilla puede recaer en muy distintas personas, y la designación, en cualquier persona que razonablemente garantice objetividad e imparcialidad, lo que se presume ocurre cuando la ley obliga a designar de entre los electores de la sección y prohíbe designar a representantes de partidos políticos.

Ahora bien, hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

Es preciso señalar, que ha sido criterio de este Tribunal Electoral, que cuando existe sustitución de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, no es forzosamente necesario asentar en el acta de la jornada electoral, el motivo de dicha sustitución o el procedimiento que se siguió para sustituir a los ausentes. Por tanto, la omisión de asentar tales datos no implica que se hayan conculcado las reglas de integración de casilla establecidas en la legislación, ni que la sustitución de funcionarios se haya realizado en contravención a la normatividad.

Esa omisión lo único que acreditaría es que los funcionarios de casilla dejaron de asentar en las actas de jornada electoral, el motivo por el cual se llevó a cabo la sustitución de funcionarios y el desarrollo del procedimiento para realizar esa sustitución. Sin embargo, no hay vínculo lógico o jurídico alguno entre dicha omisión y la circunstancia de que se hayan violado o no, las reglas de integración de casillas.

Sólo sería indebida la sustitución si con la demás documentación de la casilla se acreditara que no se siguió el procedimiento establecido ni se designó a las personas autorizadas legalmente para sustituir al ausente.

En otras palabras, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Pero cuando en lugar de tales circunstancias se cuenta con el dato preciso de que los funcionarios sustitutos son de la sección respectiva, debe considerarse que las sustituciones se ajustaron a las exigencias de la ley. Máxime si al realizar tales sustituciones, ninguna oposición se manifestó por los representantes partidistas y éstos estuvieron presentes desde la instalación de la casilla e inicio de la recepción de la votación.

Además, que ante las circunstancias prevalecientes en diversos lugares del país, en que los funcionarios de casilla no cuentan necesariamente con experiencia o conocimientos sobre el llenado de las actas de jornada electoral, es natural que en ocasiones resten importancia al asiento de datos sobre actos que están apreciando y que constituyen sólo formalismos que en su concepción son intrascendentes, o bien que se haya omitido simplemente por las prisas o por alguna circunstancia ajena a su voluntad.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada. Para ello, habrán de considerarse las copias certificadas que obran en el expediente de: a) el encarte publicado de ubicación e integración de casillas; b) las actas de jornada electoral; c) las actas de escrutinio y cómputo; d) las constancias de clausura y remisión de paquetes y; e) los listados nominales, documentales que merecen valor probatorio pleno, conforme lo señalan los artículos 14 y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto constituyen documentos públicos.

A fin de ilustrar el estudio respectivo, se inserta a continuación, una tabla en que se muestran los nombres de las personas que, de conformidad con las listas publicadas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla -comúnmente llamadas encarte-, debían fungir como funcionarios de cada una de las mesas directivas de casilla, así como los nombres de las personas que, de conformidad con las acta de jornada electoral, actuaron realmente como tales el pasado siete de junio.