JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SG-JIN-54/2015 Y SU ACUMULADO SG-JIN-58/2015

ELECCIÓN IMPUGNADA: DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

ACTORES: PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

03 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN SONORA

TERCERO INTERESADO:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: JULIETA VALLADARES BARRAGÁN

Guadalajara, Jalisco, a treinta de julio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de los expedientes al rubro citados, relativos a los Juicios de Inconformidad promovidos por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el distrito 3 en el Estado de Sonora –con cabecera en Hermosillo–, así como la declaración de validez y la constancia de mayoría expedida a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional, por nulidad de la votación recibida en varias casillas y por nulidad de la elección; y

 R E S U L T A N D O

1. Acuerdo INE/CG02/2015. El catorce de enero de dos mil quince, se aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ACTUALIZA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO INE/CG301/2014”, cuya clave es INE/CG02/2015, estableciendo: “Primero.- Se actualiza el Tope Máximo de Gastos de campaña para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 siendo éste de $1,260,038.34 (Un millón doscientos sesenta mil treinta y ocho pesos 34/100 M.N.).”

2. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 03 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sonora.

3. Cómputo distrital. El diez de junio siguiente, el Consejo responsable realizó el cómputo distrital de la elección señalada,[1]  el cual concluyó el doce de junio de dos mil quince a las doce horas con cuarenta y cinco minutos antes del meridiano;[2] a su vez, se  declaró la validez de la elección, así como la elegibilidad de la fórmula ganadora;[3] y se expidió la constancia de mayoría y validez como diputados federales electos, a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional, integrada por Javier Antonio Neblina Vega, como propietario, y Andrés Ramírez Nenninger como suplente.

La votación final obtenida por los candidatos quedó de la siguiente manera:

Así, se tiene que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue del 1.86%.

4. Interposición de los juicios de inconformidad. Inconformes con los actos anteriores, el quince y dieciséis de junio de dos mil quince, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista promovieron respectivamente los juicios de inconformidad en estudio, aduciendo lo que a su derecho estimaron pertinente.

5. Turno a ponencia. Una vez recibidas las constancias respectivas, mediante sendos acuerdos de veinticinco de junio de dos mil quince, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar los expedientes SG-JIN-54/2015  y SG-JIN-58/2015, así como turnarlos a la Ponencia del Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[4]

6. Radicación. Mediante proveídos de treinta de junio de dos mil quince, el Magistrado Instructor acordó la radicación de los  expedientes en estudio.

7. Requerimientos, cumplimiento, admisión y propuesta de acumulación. Mediante proveídos de treinta de junio del año en curso, seis, nueve, diecisiete y veintiocho de julio posteriores, se realizaron diversos requerimientos en ambos juicios a fin de integrar y sustanciar debidamente los expedientes. El catorce, diecisiete y veintinueve del mismo mes y año, los requerimientos se tuvieron por cumplidos. A su vez, el diecisiete y veintinueve de julio, respectivamente, fueron admitidos los juicios.

8. Propuesta de acumulación y cierre de instrucción. El veintinueve de julio de la presente anualidad se propuso acumular el Juicio de Inconformidad SG-JIN-58/2015 al SG-JIN-54/2015 al advertirse conexidad en la causa, asimismo, al considerarse que estaban debidamente integrados los expedientes, el Magistrado instructor declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que se ordenó poner los expedientes en estado de resolución y formular el proyecto de sentencia; mismo que se hace al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal,[5] es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60, párrafo segundo, 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, 193, 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2 inciso b), 4, 49, 50 párrafo 1 inciso b) y 53, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG182/2014, aprobado el treinta de septiembre de dos mil catorce por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil quince, por el que se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas. Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad promovido durante un proceso electoral federal, en contra de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 03 distrito electoral federal en el Estado de Sonora; entidad federativa que corresponde a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. De la lectura de las demandas atinentes a los juicios de inconformidad SG-JIN-54/2015 y SG-JIN-58/2015, se advierte la existencia de conexidad en la causa, porque en los dos casos se impugna la elección de diputado federal por el distrito 03 en el Estado de Sonora; existe identidad en la autoridad señalada como responsable –el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Sonora–, se aduce una misma pretensión –se declaren nulidades y se revoquen la constancia expedida a favor de la fórmula y la determinación sobre la declaración de validez –; además se esgrime una  misma causa de pedir –causales de nulidad previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral–.

En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con la finalidad de resolverlos de manera conjunta para facilitar su pronta y congruente resolución, procede decretar la acumulación del expediente SG-JIN-58/2015 al SG-JIN-54/2015, por ser este último el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo al expediente acumulado.

TERCERO. Tercero interesado y coadyuvante en el juicio SG-JIN-54/2015, se tienen por no presentados. Mediante escritos de dieciocho de junio de dos mil quince, a las trece horas con diez minutos,[6] comparecieron al presente asunto como terceros interesados Javier Antonio Neblina Vega y el Partido Acción Nacional –por conducto de Héctor Ramírez López en su calidad de representante ante el 03 Consejo Distrital en el Estado de Sonora–.

No se reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Acción Nacional ni de coadyuvante a Javier Antonio Neblina Vega, porque acudieron al juicio fuera del plazo de setenta y dos horas que prevé el artículo 17, párrafos 1, inciso b) y 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que de las constancias del expediente se aprecia que el medio de impugnación se fijó en los estrados de la autoridad responsable el quince de junio de dos mil quince a las doce horas con cuarenta y dos minutos,[7] de modo que las referidas setenta y dos horas vencieron el dieciocho de junio posterior a las doce horas con cuarenta y dos minutos,[8] siendo que los escritos se presentaron el dieciocho de junio a las trece horas con diez minutos, como ya se dijo, en consecuencia se tienen por no presentados los mismos.

CUARTO. Tercero interesado en el juicio SG-JIN-58/2015. El Partido Acción Nacional comparece como tercero interesado en el Juicio de Inconformidad SG-JIN-58/2015, por conducto de Pedro Pablo Chirinos Benítez y Héctor Ramírez López, en su respectivo carácter de representante propietario y suplente, ante el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Sonora.

La personería del tercero interesado se encuentra acreditada, en términos de las copias certificadas que obran en el expediente, relativas a dichos nombramientos.[9]

Además  el escrito fue presentado ante la autoridad responsable dentro del plazo de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 17 párrafos 1, inciso b) y 4 de la Ley de Medios, puesto que la demanda presentada por el actor se publicó el dieciséis de junio del año en curso a las veintitrés horas con diecisiete minutos[10] y se retiró el diecinueve del mismo mes y año a las veintitrés horas con diecisiete minutos,[11] por lo que al haberse presentado el escrito del tercero interesado el diecinueve de junio del presente año a las dieciséis horas,[12] la comparecencia ocurrió dentro del plazo. De igual forma, en el escrito se hizo constar el nombre del tercero interesado, el domicilio, se precisó la razón del interés jurídico en que se fundaba y sus pretensiones concretas, y contiene la firma autógrafa de los representantes. Por lo anterior, se cumplió con lo especificado en el numeral 17 párrafo 4 del ordenamiento en cita.

Asimismo el compareciente cumple con lo dispuesto en el artículo 12 párrafo 1 inciso c) de la ley invocada, pues tiene un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor, toda vez que la fórmula ganadora de diputado federal en el presente distrito es la postulada por el Partido Acción Nacional.

QUINTO. Requisitos generales de procedencia y especiales de procedibilidad de los juicios de inconformidad. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

A. Requisitos generales.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; consta el nombre de los promoventes y la firma autógrafa de sus respectivos representantes legales; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que los actos impugnados les causan, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

2. Legitimación. Las partes actoras cuentan con legitimación para promover los juicios de inconformidad que se resuelven, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, toda vez que se trata de partidos políticos, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Cabe señalar que en el Juicio de inconformidad SG-JIN-58/2015, si bien el Partido Verde Ecologista contendió en la elección en coalición con el Partido Revolucionario Institucional, aun en ese supuesto tiene legitimación para interponer el presente juicio, ello con sustento en la jurisprudencia 15/2015, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “LEGIMITACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL”.[13]

3. Personería. Se tiene por acreditada la personería de los representantes de los partidos políticos enjuiciantes en términos del artículo 13 párrafo 1 inciso a) fracción I de la Ley de Medios:[14]

a) José Haro del Castillo, es representante propietario del Partido del Trabajo ante el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, lo cual consta en copia certificada de dicho nombramiento,[15] además, la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, le reconoce dicha personería.[16]

b) César Adolfo Nieves Lliteras, es representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, lo cual consta en copia certificada de dicho nombramiento,[17] además, la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, le reconoce dicha personería.[18]

4. Oportunidad. Las demandas mediante las cuales se promueven estos juicios de inconformidad se presentaron en forma oportuna, en tanto que se interpusieron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección que se controvierte, conforme con el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

En efecto, del acta circunstanciada levantada con motivo del cómputo distrital, se advierte que éste concluyó el doce de junio de dos mil quince, y las demanda se presentaron el quince y dieciséis posteriores, respectivamente, por lo cual, es evidente que fue dentro del plazo legal estipulado para ello.[19]

B. Requisitos especiales. Los escritos de demanda mediante los cuales el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México promueven los presentes juicios de inconformidad, satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios:

a) Señalan que se impugna la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, en el 03 distrito federal electoral de Sonora, manifiestan expresamente que se objetan la declaración de validez de la elección y por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas, y el Partido del Trabajo además aduce que objeta los resultados del cómputo.

b) Mencionan que se impugna el acta de cómputo del distrito 03 del estado de Sonora;

c) El Partido Verde Ecologista de México menciona que se actualiza la nulidad de la elección por excederse el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado: mientras que el Partido del Trabajo realiza la mención individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas, la prevista en el artículo 75 inciso e) de la  Ley de Medios, consistente en que recibieron la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al encontrarse satisfechos en la especie los requisitos de procedencia y de procedibilidad de estos juicios acumulados, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.

SEXTO. Fijación de la litis. La cuestión planteada en el presente asunto consiste en determinar si, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la elección de diputado federal en el 03 distrito electoral federal en Sonora; o bien, de no resultar fundada dicha petición, si debe declararse nula la votación recibida en las casillas impugnadas por el Partido del Trabajo y, en consecuencia, si se deben modificar o confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección impugnada y, en su caso, confirmar o revocar la constancia de mayoría que se expidió a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional.

SÉPTIMO. Suplencia de la deficiencia de los agravios y metodología para el estudio de los agravios. Previo al examen de la controversia planteada, se considera oportuno precisar que en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta Sala Regional se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Asimismo, en aquellos casos en que el promovente haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales se promueven los medios de impugnación acumulados, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que estos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Lo anterior se sustenta en las jurisprudencias 3/2000 y 2/98 de la Sala Superior de este Tribunal, identificadas con los rubros: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”[20] y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”.[21]

Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley de Medios, en los respectivos medios de defensa, los promoventes deben mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa, así como los agravios que causa el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Encuentra sustento lo anterior en la tesis CXXXVIII/2002 de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”.[22]

Metodología. En cuanto a la metodología para el estudio de los agravios, se estudiarán en primer lugar los disensos expuestos por el Partido Verde Ecologista de México, ya que al solicitar la nulidad de la elección, de resultar fundada su petición, sería innecesario el estudio de la nulidad de la votación recibida en ochenta y cuatro casillas, planteada por el Partido del Trabajo, al encontrarse ésta inmersa en aquella.

En caso de resultar infundada la solicitud de nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña, se procederá al estudio de la causal de nulidad de la votación recibida en casilla invocada por el Partido del Trabajo; y toda vez que en sus agravios este instituto político refiere que no existe coincidencia de algunos funcionarios con los designados en el encarte, en tal caso se analizarán los cargos que expresamente se mencionan.

En otros supuestos, refiere dicho instituto político que sólo coinciden algunos de los funcionarios, en consecuencia, al no estar controvertidos los mismos, esta Sala Regional sólo estudiará los funcionarios de la mesa directiva de casilla restantes, que son los impugnados. 

OCTAVO. Agravios y estudio de fondo del Juicio de Inconformidad SG-JIN-58/2015.

El Partido Verde Ecologista de México, invoca como causal de nulidad de la elección de diputado federal en el 03 distrito electoral federal en Sonora, la prevista en la base VI inciso a) del artículo 41 de la Carta Magna: se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

Se queja de que el candidato panista realizó erogaciones con motivo de su campaña electoral en un monto superior al autorizado por el Instituto Nacional Electoral, con lo cual se colocó en una situación de ventaja por sobre los demás contendientes, como es el caso de Gustavo Adolfo Clausen Iberri, postulado por la coalición conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, lo que a decir del incoante, afectó la equidad en la contienda.

Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Para estar en aptitud de resolver el concepto de nulidad que formula el partido actor con relación a este tema, en primer término,  se debe precisar lo que se entiende por tope de gastos de campaña, pues una erogación sólo puede ser excesiva y contraria a derecho si existe un límite determinado legalmente, así como la obligación de sujetarse al mismo y la consecuencia jurídica de no hacerlo. 

En la generalidad de regulaciones electorales, se ha considerado que el tope de gastos en una campaña constituye un límite a las erogaciones de los partidos políticos durante un procedimiento electoral, y tiene por objeto garantizar que en el desarrollo de la contienda prevalezcan condiciones de equidad, pues si bien es cierto que el sistema de financiamiento de los partidos políticos en México, considera como uno de los elementos para su distribución, la fuerza electoral que cada partido político haya mostrado en elecciones previas, la experiencia demuestra que hay partidos políticos que, precisamente por sus condiciones económicas, ven restringida su capacidad para ejercer gastos de campaña, a diferencia de otros que de manera holgada pueden disponer de grandes cantidades de recursos, y en la práctica, podría llevar a impactar en la penetración de sus propuestas hacia el electorado en forma desmedida, lo que conduce a la necesidad de establecer un límite que atempere esas diferencias consustanciales que tienen los partidos políticos en cuanto a la disposición de recursos económicos, ya que tal tope al gasto de campañas que rige por igual a todos los contendientes en un procedimiento electoral, tiende a materializar un uso racional del dinero destinado a la propaganda electoral lo que implica una aproximación mayor de las propuestas político-electorales a la ciudadanía, favoreciendo un voto consciente, razonado, informado y libre, como la máxima expresión de la soberanía popular.

En materia de financiamiento de los partidos políticos,  de conformidad con el precepto 41, segundo párrafo, base II, de la Carta Magna, la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades; establecerá las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones de los partidos políticos en las campañas electorales; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; y, señalará las sanciones que se deban imponer por el incumplimiento de estas disposiciones.

Corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizar la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de los candidatos.

Para delimitar el ejercicio de gastos de campaña de los partidos políticos, el legislador ordinario, estableció en forma expresa diversas reglas en el artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre las que destacan las siguientes:

Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

b) Gastos operativos de la campaña:

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:

I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

a)…

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

En razón de lo anterior, se aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ACTUALIZA EL TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO INE/CG301/2014”, cuya clave es INE/CG02/2015, estableciendo: “Primero.- Se actualiza el Tope Máximo de Gastos de campaña para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 siendo éste de $1,260,038.34 (Un millón doscientos sesenta mil treinta y ocho pesos 34/100 M.N.).”

La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 79 establece que los partidos políticos deberán presentar informes de campaña en los términos siguientes:

Artículo 79

…

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

Así, al iniciar las campañas el cinco de abril del año en curso, comenzaron los plazos de fiscalización, debiendo rendirse el primero de los informes de gastos de campaña el siete de mayo, y el segundo el seis de junio del año actual.

El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujeta a las siguientes reglas previstas en el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos:

“Artículo 80.

…

d) Informes de Campaña:

I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;

II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica contará con diez días para revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada;

III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un término de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, así como para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;

V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y

VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto de resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a consideración del Consejo General los proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable de seis días.

Artículo 81.

1. Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener como mínimo:

a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;

b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y

c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin.

Una de las novedades de la reforma electoral del año dos mil catorce es la causal de nulidad relacionada con los aspectos financieros de los procesos electorales.

La Constitución establece que será causal de nulidad de la elección:

“Art. 41.

…

VI. [ … ] La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

(Reformado mediante decreto publicado el 7 de julio de 2014)

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. (Adicionado mediante decreto publicado el 10 de febrero de 2014)

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

Por su parte, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone:

“Art. 78 bis:

1. Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

3. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

4. Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

5. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral

(…)”.

Así, se tiene que los elementos que deben acreditarse para actualizar dicha causal son:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

b) Violación grave: aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

c) Violación dolosa: conducta realizada con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

d) Violación determinante: Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

e) Acreditarse de manera objetiva y material. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la acción de inconstitucionalidad 5/99, en el considerando décimo primero, que cuando se establezca que es nula una elección si el partido ganador excedió los topes de gastos de campaña:

“…debe entenderse, primero, la necesidad de demostrar plenamente esa conducta inequitativa y, después, que haya sido determinante en el resultado de la elección, de manera que no todo exceso en los topes de gastos de campaña puede llevar indefectiblemente a la nulidad de la elección. Por tanto, si sólo se acredita que el partido político ganador gastó más de lo autorizado, pero por el monto de la cantidad erogada en exceso, o por diversa circunstancia, no fue suficiente para alterar el resultado de la elección, no se actualiza la causa de nulidad (…)

acreditar las violaciones de manera objetiva y material, deberá aportar dentro del juicio elementos de convicción que en realidad constituyan pruebas fehacientes de la ejecución de tales ilícitos.

Dicho en otras palabras, la causa de nulidad que se comenta se actualiza cuando de manera inequitativa un partido político, al exceder los gastos autorizados por la autoridad, logró deformar la conciencia del votante, de ahí que el sufragio se encuentre viciado de origen, por lo que no debe ser tomado en cuenta, ya que desvirtúa la legalidad del acto electoral en su conjunto.

(…) actitud dolosa de manipular con exceso de recursos la voluntad del electorado, circunstancia que de suyo es contraria a los principios de legalidad y equidad.

Dicho en otras palabras, la causa de nulidad que se comenta se actualiza cuando de manera inequitativa un partido político, al exceder los gastos autorizados por la autoridad, logró deformar la conciencia del votante, de ahí que el sufragio se encuentre viciado de origen, por lo que no debe ser tomado en cuenta, ya que desvirtúa la legalidad del acto electoral en su conjunto”.

De modo que, es necesario acreditar, con pruebas fehacientes, el rebase del tope de gastos de campaña y su efecto en el resultado de la elección.

En cuanto a las pruebas con las cuales se puede acreditar dicha causal de nulidad de la elección, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 estableció que, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sí contiene un conjunto de normas que conforman la parte adjetiva del sistema de nulidades de las elecciones federales por violaciones graves, dolosas y determinantes.

Agregó que con la adición del precepto reclamado, es decir, con el artículo 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció la parte sustantiva del sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, en tanto que con anterioridad existía la posibilidad legal de anulación de las elecciones federales por distintas causas, y a partir de la adición de dicho precepto, ahora también se instituyó esa posibilidad respecto de las elecciones locales.

Ahora, con relación a la parte adjetiva de dicho sistema de nulidades, señaló que tampoco se observa que la incorporación de tal sistema a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral carezca de la integridad procesal que se le atribuye a nivel federal, concretamente por cuanto al procedimiento para el ofrecimiento y admisión de pruebas, ya que para complementar este aspecto, la propia ley controvertida contiene disposiciones que las desarrollan y pormenorizan, específicamente dentro del “TÍTULO SEGUNDO”, denominado “De las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación”, “CAPÍTULO VII”, intitulado “De las pruebas”, conformado de los artículos 14 a 16, cuyos textos son los siguientes:

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

“Artículo 14

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:

a) Documentales públicas;

b) Documentales privadas;

c) Técnicas;

d) Presuncionales legales y humanas; y

e) Instrumental de actuaciones.

2. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

3. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.

4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:

a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;

b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las autoridades federales, estatales y municipales; y

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

7. La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;

b) Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;

c) Especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma; y

d) Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.”

“Artículo 15

1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.”

“Artículo 16

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.”

Añadió que por otra parte, durante el trámite de los recursos previstos en la misma ley, otras de las reglas comunes a ellos están previstas en las siguientes disposiciones en las que igualmente se regula el ofrecimiento de las pruebas en general:

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

“Artículo 17

[…]

4. Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 de este artículo, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes:

[…]

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 de este artículo; mencionar en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas; y

[…]

6. Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso f) del párrafo 4 de este artículo.”

“Artículo 18

1. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al órgano competente del Instituto o a la Sala del Tribunal Electoral, lo siguiente:

a) El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo;

b) La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder;

c) En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y la demás documentación que se haya acompañado a los mismos;

d) En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieren presentado, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley;

e) El informe circunstanciado; y

f) Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 1 DE JULIO DE 2008)

2. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable, por lo menos deberá contener:

a) En su caso, la mención de si el promovente o el compareciente, tienen reconocida su personería;

b) Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado; y

c) La firma del funcionario que lo rinde.”

“Artículo 19

1. Recibida la documentación a que se refiere el artículo anterior, la Sala competente del Tribunal Electoral realizará los actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los expedientes, de acuerdo con lo siguiente:

[…]

(REFORMADO, D.O.F. 1 DE JULIO DE 2008)

c) En cuanto al informe circunstanciado, si la autoridad u órgano partidista no lo envía dentro del plazo señalado en el párrafo 1 del artículo 18 de esta ley, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos y se tendrán como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo prueba en contrario; lo anterior, sin perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad con el presente ordenamiento y las leyes aplicables;

[…]

2. La no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero interesado. En todo caso, la Sala resolverá con los elementos que obren en autos.

3. Para la sustanciación de los recursos de revisión se aplicarán las reglas contenidas en el Capítulo III del Título Segundo del Libro Segundo de esta ley.”

Además que el artículo 21 de la misma ley dispone lo siguiente:

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

“Artículo 21

1. El Secretario del órgano del Instituto o el Presidente de la Sala del Tribunal, en los asuntos de su competencia, podrán requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.”

En ese tenor, esta Sala Regional analizará si se actualiza la causal de nulidad de la elección.

El Partido Verde Ecologista de México aduce en su demanda que el candidato a diputado federal electo en el 03 distrito electoral federal en Sonora, postulado por el Partido Acción Nacional, Javier Antonio Neblina Vega, incurrió en gastos por más de nueve millones de pesos, por lo que, a su decir, se actualiza la causal de nulidad consistente en exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado:

Para establecer la actualización o no de las aludidas irregularidades y la consecuente nulidad de la elección, se procede al análisis de los hechos y los medios de prueba.

1) Gastos de propaganda en diarios.

El instituto político incoante sostiene que en dos diarios hubo  propaganda del candidato del Partido Acción Nacional, Javier Antonio Neblina Vega, alusivas a su campaña a la diputación federal, inserciones pagadas por un monto total de $939,837.00 pesos (novecientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y siete 00/100 M.N.), lo cual pretende acreditar con:

a) Cuarenta y cuatro recortes periodísticos del diario “El Imparcial”, de los meses de abril (días 7, 9, 11, 13, 18, 21, 22, 24, 26, 28 y 30 de abril), mayo (durante los días 1 al 31, excepto el día 9) y junio (días 1 y 2).[23] Propaganda que a decir del actor tuvo un costo de $551,921.64 pesos (quinientos cincuenta y un mil novecientos veintiún pesos 00/100 M.N.):[24]

b) Cincuenta y un recortes periodísticos del diario “Expreso”,[25] de los meses de abril (días 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 30), mayo (días 1, 2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) y junio (1,2 y 3), propaganda que según el impetrante tuvo un costo de $387,915.60 pesos (trescientos ochenta y siete mil novecientos quince pesos 60/100 M.N.).[26]

El justiciable destaca que las notas e inserciones de prensa no están avaladas por reportero alguno, por lo que se deben estimar como propaganda.

Cabe señalar que, el tercero interesado, Partido Acción Nacional, en su escrito de comparecencia reconoce que la publicación del veintinueve de mayo del año en curso en el diario “El Imparcial”,[27] a diferencia del resto de las notas periodísticas reseñadas por el actor, es la única inserción pagada que en forma excepcional se contrató, indicándose claramente en la misma que resultó de una inserción impresa, misma que –sigue diciendo el compareciente–fue debidamente reportada al Instituto Nacional Electoral a través de la operación del veintinueve de mayo de dos mil quince, registrada el treinta y uno del mismo mes y año, en donde se hizo llegar al SIF (Sistema Integral de Fiscalización) la factura SPAA091275 emitida por Impresora y Editorial, S.A. de C.V.[28]

Para corroborar lo anterior anexa copias simples del reporte de tal gasto al Instituto Nacional Electoral realizado el veintinueve de mayo del presente año,[29] de la factura emitida por el Diario “El Imparcial” por concepto de la adquisición de tal publicidad, por un total de $81,853.66 (ochenta y un mil ochocientos cincuenta y tres 66/100 M.N.) y[30] del contrato celebrado.[31]

El monto referido por el tercero interesado, coincide con los gastos reportados en el informe de campaña de Javier Antonio Neblina Vega (Normal y Ajuste), en el segundo periodo, correspondiente al mes de mayo, por concepto de “gastos en diarios, revista y medios impresos”; prueba que fue requerida por este órgano jurisdiccional a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, quien remitió razón y constancia del informe registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF):[32]

Además en atención a diverso requerimiento, dicha Unidad Técnica también informó a esta Sala que el Partido Acción Nacional reportó una factura de veintinueve de mayo de dos mil quince por concepto de inserción en el periódico “El Imparcial” por un monto de $81,853.66 (ochenta y un mil ochocientos cincuenta y tres 66/100 M.N.).[34] Y que  en cuanto a las inserciones publicadas en el diario “Expreso”, no se localizó registro alguno de reporte de gastos.

Cabe señalar que, un documento exhibido en copia fotostática simple, surte efectos probatorios en contra de su oferente al generar convicción respecto de su contenido, ya que su aportación a la controversia lleva implícito el reconocimiento de que tal copia coincide plenamente con su original, puesto que las partes aportan pruebas con la finalidad de que el juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas en sus escritos fijatorios de la litis, ello con fundamento en la jurisprudencia 11/2003 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE”,[35] así que las copias simples aportadas por el actor en cuanto al gasto en prensa, adminiculado además con el informe de gastos de campaña y los datos proporcionados por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, permite arribar a la convicción de tener por demostrado que el Partido Acción Nacional efectuó el gasto de $81,853.66 pesos (ochenta y un mil ochocientos cincuenta y tres 66/100 M.N.) por concepto de propaganda en el diario “El Imparcial”.

Además, conforme al principio de adquisición procesal, los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el citado principio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”.[36]

Así las cosas, este órgano jurisdiccional estima que a excepción de la nota periodística reconocida por el Partido Acción Nacional como inserción pagada y que en efecto, consta en la misma tal leyenda, las restantes son inconducentes para demostrar que el Partido Acción Nacional o su candidato contrataron tal cobertura periodística:

En efecto, con los noventa y cuatro recortes de los diarios, lo más que se podría demostrar son indicios sobre los actos de campaña que ahí se relatan, ello conforme a la jurisprudencia 38/2002 sostenida por la Sala Superior de este Tribunal de rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”.[37]

Es decir, del hecho que se hubiere llevado a cabo cobertura periodística de la campaña de Javier Antonio Neblina Vega, no se sigue que ello se deba a la contratación de propaganda en los referidos medios impresos. Una operación comercial o transacción entre los diarios “El Imparcial” y “Expreso” y el Partido Acción Nacional y su candidato a la diputación federal, no se puede inferir o suponer por el hecho de que existan noticias alusivas a su campaña, ni siquiera porque, como lo sostiene la parte actora, no las firmara reportero alguno.

Ello es así, toda vez que no existe en autos alguna prueba por la cual, así sea como indicio, se desprenda o lleve a suponer la existencia de un acuerdo, contrato o convenio para la contratación de la supuesta propaganda en prensa. Como se puede apreciar, el Partido Verde Ecologista de México no propone, por ejemplo, que del contenido de las notas se desprenda un reconocimiento o afirmaciones de algún sujeto que participa en las mismas que permitan advertir que se contrató, por el contrario, el razonar del promovente es subjetivo y sólo aporta las noticias en prensa, pero no propone o sugiere algún dato que lleve a una conclusión en beneficio de sus afirmaciones, sólo realiza un estimado unilateral de los supuestos gastos efectuados.

La existencia de notas periodísticas en dos diarios de Hermosillo, Sonora, relativas a la campaña de un candidato a diputado federal por el 03 distrito electoral en Sonora, cuya cabecera se encuentra precisamente en Hermosillo, conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, es razonable inferir que no se trata de un evento extraordinario, porque regular u ordinariamente a un candidato a diputado federal y en plena campaña electoral, se le destina cierto espacio en periódicos, si se considera que las elecciones para tal cargo de representación popular son cada tres años y se trata de la renovación de una de las Cámaras del Congreso de la Unión, es razonable que tengan una exposición en los medios de comunicación impresos. La afirmación contraria requiere evidencia, sin embargo, la parte actora no aporta elementos de convicción para sostener sus afirmaciones consistentes en que tales inserciones son pagadas, las cuales precisan de prueba, porque no se trata de un hecho notorio, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por consiguiente, el Partido Verde Ecologista de México incumplió la carga procesal  que es su responsabilidad como actor, pues no acreditó que las restantes noventa y cuatro noticias alusivas al candidato deriven de  la contratación de propaganda en dichos diarios, porque, se insiste, ello no se sigue necesariamente de las notas periodísticas que constan en el expediente, por lo cual no constituyen evidencia suficiente para probar la afirmación de que éstas constituyen gastos de campaña no reportados.

Criterio similar al que aquí se adopta, se aplicó en el Juicio de Inconformidad SUP-JIN-359/2012.

En tales condiciones, en este rubro el único gasto probado es por el monto de $81,853.66 pesos (ochenta y un mil ochocientos cincuenta y tres 66/100 M.N.).

2) Gastos de propaganda.

2.1. Eventos. Sostiene el actor que en cada uno de los eventos realizados en los lugares y fechas que se precisan en la tabla que enseguida se inserta, hubo erogaciones por concepto de sillería, carpas, sonido, agua, refrescos, camisetas, gorras, morrales, banderas, mandiles, chalecos y paraguas, arrojando un total de $1´242,500.00 (un millón doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Además el actor se queja de que hubo gastos en volantes, pancartas, bolsas y rotulación de vehículo.

Todo ello lo pretende acreditar con:

a) Los recortes de notas periodísticas del diario “Expreso”, ya referidas.

b) Veintitrés imágenes de actos y eventos realizados por el candidato del Partido Acción Nacional (contenidas en una USB, en la carpeta denominada promocionales),[63] así como las impresiones de las mismas,[64] y

c) Estimaciones en numerario en dos documentos identificados como anexo A) en el cual se indica una cantidad de $675,450.00 (seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)[65] y en el anexo B) un estimado de $567,050.00 (quinientos sesenta y siete mil cincuenta pesos 00/100 M.N.),[66] por concepto de sillería, carpas, sonido, agua, refrescos, camisetas, gorras, morrales, banderas, mandiles, chalecos y paraguas, en los eventos aludidos. Señala el promovente que en el arranque de campaña y el día de las madres asistieron quinientas personas, en el cierre de campaña mil, y en los restantes eventos hubo doscientos concurrentes.

Por su parte, el tercero interesado, Partido Acción Nacional, en el escrito de comparecencia refiere que fueron reportadas todas las actividades y eventos de la campaña a la Unidad Técnica de Fiscalización, aportando como prueba copias simples de:

a) El contrato celebrado con “Shermo Partnership de México S.A de C.V.” relativo a la elaboración de artículos promocionales para el candidato Javier Neblina Vega, consistentes en mil playeras blancas, trescientas gorras, mil cartulinas circulares informativas, cincuenta banderas PAN, dos mil calcas circulares dos colores, doscientos microperforados, dos camisas bordadas, seiscientos mandiles blancos, azules y negros, dos ventiladores promocionales, veinte pancartas con forma de cara del candidato y veinte pancartas circulares, todo ello por un importe de $69,948.00 (sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.); y copias simples de la factura.[67]  

b) Contrato de compraventa con Signmakers S.A de C.V. cuyo objeto es la impresión y elaboración de los siguientes artículos promocionales para el candidato Javier Neblina Vega: ochenta hectagonales propuesta alarma, cien coroplast, quince sombrillas, cincuenta bolsas ecológicas, cuatro gráficos medida .60x3 mts, doscientas cincuenta pulseras bordadas, doscientos origami tríptico, veinticinco camisetas, cuarenta chalecos sin bolsas y cinco chalecos con bolsas, por un monto total de $22,197.18 pesos (veintidós mil ciento noventa y siete 18/100 M.N.), además copia simple de la factura y del reporte de la misma al Instituto Nacional Electoral, con fecha treinta de mayo de dos mil quince. [68]

c)  Contrato de prestación de servicios con Juan Pablo Muñoz Carretas, consistente en proporcionar el servicio de organización y arrendamiento de equipos para acondicionamiento de evento a realizarse en Hermosillo, Sonora, para el candidato a diputado federal, distrito 3 PAN, Javier Antonio Neblina Vega, el día uno de junio de dos mil quince, en concreto, mobiliario evento y renta de equipo audio/video/lámparas led/escenario con templete/otros, por un monto total de $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos), agrega también copia simple de la factura y del reporte de la misma al Instituto Nacional Electoral, con fecha treinta de mayo de dos mil quince.[69]

Durante la sustanciación del presente juicio, se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización que informara a esta Sala Regional si el candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal, por el distrito electoral 03 en el Estado de Sonora, Javier Antonio Neblina Vega, reportó los gastos de propaganda que adujo en su demanda el Partido Verde Ecologista de México, (anexando al requerimiento las imágenes aportadas por el actor), a lo cual  la referida Unidad respondió que se localizó el registro de la totalidad de la propaganda detallada en el requerimiento, a excepción de la “pantalla iluminación”, realizando la observación consistente en que en la imagen atinente se menciona “Diputado local”.[70]

Ahora bien, del cotejo de las imágenes que se aprecian como producto de los contratos de compraventa de artículos promocionales celebrados por el Partido Acción Nacional,[71] con las imágenes aportadas por el Partido Verde Ecologista de México, se obtiene que la propaganda es coincidente.

Con base en lo expuesto, esta Sala Regional estima que sólo se tiene por probada la contratación de propaganda para la campaña de Javier Antonio Neblina Vega, pero no que el gasto con motivo de ello ascienda a $1´242,500.00 (un millón doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), como lo asevera el actor, toda vez que las pruebas aportadas por éste son insuficientes para demostrarlo.

De las notas periodísticas en el diario “Expreso”, si bien es cierto se desprenden actos de campaña del candidato y su partido en las colonias a que se alude en la tabla que antecede, ello por sí mismo no constituye irregularidad alguna, pues la propia ley permite realizar gastos de campaña y en específico, gastos en propaganda, conforme al artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La anomalía estriba en que sea rebasado el tope establecido.

Conforme a la ya citada jurisprudencia 38/2002 sostenida por la Sala Superior de este Tribunal de rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA,” éstas dada su propia naturaleza, lo único que permiten acreditar indiciariamente, es que el candidato acudió a tales colonias a presentar sus propuestas de campaña, pero no demuestra que se hayan erogado las cantidades que señala el enjuiciante.

Los indicios como tales son medios de prueba aptos para demostrar por vía de inferencias lógicas los hechos que se pretenden demostrar. En la especie, la intención del actor es probar que se rebasó el tope de gastos de campaña, y que a su decir, tan sólo por concepto de artículos promocionales, utilitarios, casi se llegó al límite del gasto de campaña permitido, sin embargo, los hechos indicados en las notas periodísticas no son concluyentes como para inferir por virtud del principio de causalidad, los hechos afirmados como constitutivos de irregularidades en el gasto de campaña.

Lo anterior, ya que las aludidas publicaciones se limitan a una imagen del candidato frente a un grupo de personas, el encabezado de la nota y un breve contenido alusivo a alguna de las propuestas de campaña de Javier Antonio Neblina Vega.

De ahí que no sean conducentes para probar que se pagaron las cantidades que estima el actor por concepto de propaganda, pues en tales noticias no se señala el número de asistentes que toma como base el justiciable, ni mucho menos de ellas puede concluirse que se haya entregado a cada uno de los concurrentes agua, refrescos, camisetas, gorras, morrales, banderas, mandiles, chalecos y paraguas, así como tampoco la contratación onerosa en cada evento de sillerías, carpas y sonido, ni se puede deducir el costo por cada producto que refiere el instituto político incoante en sus anexos, el cual es sólo un estimado unilateral y subjetivo, ya que el Partido Verde Ecologista de México no precisa los contratos, las cotizaciones o el referente de donde obtuvo esos precios, supuestamente pagados por el Partido Acción Nacional.

Ni aun adminiculando las noticias en comento con las imágenes que obran tanto en la USB como impresas en el expediente, es posible arribar a tal convicción, pues en ellas el actor sólo describe la propaganda que se aprecia en las mismas, pero omite identificar a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, con lo cual incumple con la carga que se establece para el aportante de pruebas técnicas en el artículo 14, párrafo 6, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y en la jurisprudencia 36/2014 sustentada por este Tribunal, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”.[72]

Así, el actor sólo indiciariamente prueba la existencia de actos de campaña de Javier Antonio Neblina Vega, pero ello resulta insuficiente para acreditar el costo de cada producto de propaganda electoral estimado por el Partido Verde Ecologista de México, y en modo alguno demuestra el pago de $1´242,500.00 (un millón doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por tal concepto, pues en las pruebas documentales, género al que pertenecen las pruebas técnicas, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 6/2005 sostenida por la Sala Superior de este Tribunal de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”,[73] así como la 45/2002 de rubro: “PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES”.[74]

La impresión de tales imágenes que constan en el expediente no modifica tal valoración del medio de convicción, pues éstas también son documentales, cuyos alcances son los ya referidos.

Así, los gastos que se tienen probados con motivo de la adquisición de artículos promocionales, mobiliario, audio y video para eventos, son los señalados por el tercero interesado, con fundamento en la ya citada jurisprudencia 11/2003 de rubro: “COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE” y en la 19/2008 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”,[75] considerando además que la Unidad Técnica de Fiscalización sí se encontró registro de tales gastos en los informes de campaña.

 2.2. Colocación de anuncios espectaculares y propaganda en bardas:

Se inconforma el impetrante de que el Partido Acción Nacional y su candidato a la diputación federal colocaron espectaculares y propaganda en bardas,[76] con lo cual se erogó la cantidad de $687,249.02 (seiscientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 0.2/100 M.N.):

Lo pretende acreditar con:

a) Veintiún imágenes fotográficas, contenidas en la memoria USB que adjunta a su demanda (en la carpeta denominada promocionales).[77]

b) Copias simples del “Acta administrativa con la que se hace constar el inicio del proceso de monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, respecto del período de campaña, correspondiente al proceso electoral 2014-2015”[78] y “Acta administrativa con la que se hace constar la conclusión del proceso de monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, respecto del período de campaña, correspondiente al proceso electoral 2014-2015.”

Por su parte, el tercero interesado, Partido Acción Nacional, en el escrito de comparecencia refirió que cuatro de los espectaculares no existen y de uno refiere implícitamente que no lo reconoce, y que además el costo señalado por el enjuiciante de éstos es falso, lo cual detalló en la siguiente tabla:

Además, el compareciente anexó copias simples de:

a) Contrato de compraventa con Shermo Partnership de México S.A. de C.V. con el objeto de proporcionar el servicio de pinta, rotulación y diseño de cincuenta y ocho bardas para el candidato Javier Neblina Vega, ello por un precio de $26,912.00 veintiséis mil novecientos doce pesos; copia simple de los formatos de autorización pinta de bardas, imágenes de las bardas con su ubicación, y copia de la factura.[84]

b) Factura 2898 expedida por Signmakers, por concepto de impresión, servicio de renta, impresión, instalación, colocación y desinstalación de exhibición de publicidad en cartelera correspondiente del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por un importe total de $40,600.00 pesos (cuarenta mil seiscientos 00/100M.N.).[85]

c) Contrato con Mass Media Digital S.A. de C.V. cuyo objeto es el servicio de renta, impresión, instalación, colocación y desinstalación de exhibición de publicidad en cartelera correspondiente, del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince y del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por un importe total de $92,800.00 noventa y dos mil ochocientos pesos, además agrega copias simples de la factura y de algunas imágenes de la publicidad contratada.[86] El contenido pormenorizado de los espectaculares contratados a colocar en la vía pública es el siguiente:

d) Contrato con Shermo Partnership S.A. de C.V. cuyo objeto es el servicio de arrendamiento de anuncios espectaculares (incluye impresión e instalación), ubicados en distintos puntos del municipio de Hermosillo, Sonora, del candidato Javier Antonio Neblina Vega, a partir del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince:

Además agrega copia de la factura y de reporte al Instituto Nacional Electoral con fecha veinticinco de mayo de dos mil quince.[87]

e) Contrato con Shermo Partnership S.A. de C.V. cuyo objeto es el servicio de arrendamiento de anuncios espectaculares (incluye impresión e instalación), ubicados en distintos puntos del municipio de Hermosillo, Sonora, del candidato Javier Antonio Neblina Vega, a partir del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince:

Además agrega copia de la factura.[88]

Durante la sustanciación del presente juicio, se requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización que informara a esta Sala Regional si el candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal, por el distrito electoral 03 en el Estado de Sonora, Javier Antonio Neblina Vega, reportó los espectaculares y bardas señalados por el Partido Verde Eclogista en su demanda, a lo cual la referida Unidad respondió que: por lo que respecta a las bardas, se identificó el registro de gastos por dicho concepto que amparan un mayor número de las mencionadas en el requerimiento (veintidós), en el cual no se detallan las direcciones ni presentan las muestras por lo que se consideraron registradas. Respecto de los espectaculares afirmó que se identificaron plenamente ocho, los referidos en el requerimiento con los números 4 (Blvd. Solidaridad Col. Pueblitos), 5 (Blvd. Ignacio Soto y Lomas Altas),7 (Colosio y Quintero Arce), 8 (Periférico Norte esquina Luis Orci), 10 (Calle Reforma y Colosio esquina Unison) , 11 (Morelos y Avenida Palermo residencial), 15 (Simón Bley esquina con Luis Encinas) y 16 (Quiroga esquina con Navojoa). Asimismo refirió que los nueve anuncios restantes no era posible conciliarlos contra los reportados por el PAN, toda vez que en el requerimiento no se señalaba la dirección exacta. Añadió que el Partido Acción Nacional reportó por concepto de “anuncios espectaculares” a favor del candidato en comento un importe de $190,627.69 (ciento noventa mil seiscientos veintisiete pesos 69/100 M.N.)

Así, se tiene que relacionando los contratos referidos en los incisos c), d) y e), con las direcciones de los espectaculares señaladas por el instituto político actor -y precisadas por el tercero interesado, conforme a los contratos respectivos-, adminiculándola además con la respuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización, se arriba a la conclusión de que los ocho espectaculares precisados en el párrafo previo sí fueron reportados como gastos por el Partido Acción Nacional.

Igualmente se tiene por demostrado el reporte de cuatro espectaculares ubicados según el actor en calle Gaspar Luken,  Solidaridad y Camelia, Blvd. Solidaridad casi esquina con Olivares, Simón Bley y finalmente Blvd. Solidaridad esquina con Salazar, pues el compareciente, aceptó haberlos colocado y anexó factura 2898, ya referida en el inciso b) previo. Adicionado esto con el aserto de la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual refiere que el Partido Acción Nacional sí reportó más espectaculares pero no era posible conciliarlos, toda vez que en el requerimiento no se señalaba la dirección exacta; considerando que el tercero interesado admite haber contratado tal propaganda y precisa la dirección correcta, es dable inferir que estos también  corresponden a los gastos de campaña reportados en el informe.

Finalmente por lo que ve a los cinco espectaculares restantes, los ubicados a decir del actor en:

1. Progreso esquina Arizona.

2. Progreso y Morelos.

3. General Piña esquina con Progreso.

4. Lázaro Cárdenas esquina Blvd. Las Torres.

5. Seminario Mayor.

Los cuatro primeros, señala el Partido Acción Nacional que no existen, en cuanto al último, tampoco reconoce haber contratado pues señala que tuvo cero meses de uso, y no refiere costo total ni número de factura relativa al espectacular supuestamente ubicado en “Seminario Mayor”.

El actor tampoco demostró fehacientemente la contratación de los mismos, pues sólo aporta pruebas técnicas consistentes en imágenes en las que se aprecian espectaculares alusivos a la campaña de Javier Antonio Neblina Vega y unos mapas en donde a decir del actor, se encuentran los mismos, sin embargo, no señala la dirección precisa de cada una de ellas, ni las circunstancias que reproduce la prueba, con lo cual incumple con la carga que se establece para el aportante de pruebas técnicas en el artículo 14, párrafo 6, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y en la jurisprudencia 36/2014 sustentada por este Tribunal, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”. Con ello, sólo indiciariamente y de manera probable se pudiera desprender la existencia de dos de los espectaculares, el de la calle General Piña y el de la calle Lázaro Cárdenas, pues de las restantes imágenes no se advierte alguna de la calle Progreso, ni del Seminario Mayor.

Imagen denominada “Cartelera 9”:

Imagen denominada “Cartelera 4”:

Imágenes denominadas “Cartelera 5” y “Cartelera 7”:

Por añadidura, las pruebas técnicas no son suficientes para acreditar por sí solas los hechos que contienen, pues dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.[89]

Las otras pruebas ofrecidas por el actor fueron copias simples del “Acta administrativa con la que se hace constar el inicio del proceso de monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, respecto del período de campaña, correspondiente al proceso electoral 2014-2015” y “Acta administrativa con la que se hace constar la conclusión del proceso de monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, respecto del período de campaña, correspondiente al proceso electoral 2014-2015”, pero de éstas cuyo valor es sólo indiciario al ser copias simples, no se desprenden los espectaculares monitoreados correspondientes al Partido Acción Nacional, su ubicación, ni el costo pagado. Cabe señalar que el actor en su demanda, solicitó que esta Sala requiriera al Instituto Nacional Electoral por la evidencia fotográfica y los originales de las actas, sin embargo, toda vez que el actor no justificó que oportunamente las hubiera solicitado por escrito al órgano competente y éstas no le hubieren sido entregadas, en términos del artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley  General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es que este Tribunal no las requirió.

Así que, ni aun adminiculando las referidas pruebas técnicas con las documentales citadas, se podría demostrar la existencia de los cinco espectaculares controvertidos, y tampoco se prueban los costos que adujo el actor en su demanda por este tipo de propaganda.

En cuanto a las veintidós bardas que el justiciable refiere, se tiene que sí fueron gastos reportados de campaña, según lo informó la Unidad Técnica de Fiscalización, como ya fue expuesto en líneas anteriores, además el propio Partido Acción Nacional reconoció haber celebrado contrato para el servicio de pinta, rotulación y diseño de cincuenta y ocho bardas para el candidato Javier Neblina Vega, como quedó referido en el inciso a) previo.

El actor aduce que la propaganda en veintidós bardas tuvo un costo de sesenta y seis mil pesos, pero no aporta alguna prueba al respecto. Igualmente acontece con el precio de los espectaculares, el actor no demuestra en modo alguno el monto que afirma en su demanda, por lo cual se concluye que es un estimado unilateral y subjetivo.

En consecuencia, por concepto de propaganda, los únicos gastos que se tienen acreditados, son los señalados por el tercero interesado, conforme al principio de adquisición procesal y a la ya citada jurisprudencia 11/2003 de rubro: “COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE” esto es, de la sumatoria de todos las cantidades de las facturas señaladas con antelación (69,948 + 22,197.18 + 46,400 + 26,912 + 40,600 + 92,800 + 11,600 + 11,600), se tiene que se erogó un total de $322,057.18 pesos (trescientos veintidós mil cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.)

Cabe señalar que en el informe de gastos de campaña del candidato Javier Antonio Neblina Vega, que remitió la Unidad Técnica de Fiscalización, se reportó lo siguiente en gastos de propaganda:

Sin embargo, en el presente asunto no es factible considerar que esa es la cantidad que debe tenerse por erogada en virtud de la propaganda cuestionada en el presente juicio, pues el concepto “Gastos de Propaganda” que se informa, incluye no sólo los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, renta de equipos de sonido, propaganda utilitaria, espectaculares en la vía pública, sino también la renta de locales para eventos políticos, salas de cine, páginas de Internet y otros similares, según se desprende del instructivo para el llenado del formato del informe de gastos de campaña, siendo que éste último tipo de gastos no fue controvertido en el presente medio de impugnación.

3. Gastos operativos de la campaña.

Asegura el instituto político actor que Javier Antonio Neblina Vega, en su campaña efectuó gastos operativos por transporte y remuneraciones al personal, por un monto de $460,000.00 (cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) mismos que refleja en el cuadro siguiente:

El Partido Verde Ecologista de México, no aporta prueba alguna para demostrar su aserto, razón por la cual este órgano jurisdiccional tiene por no demostrados tales gastos.

Cabe señalar que en el informe de gastos de campaña del candidato Javier Antonio Neblina Vega, que remitió la Unidad Técnica de Fiscalización, se reportó lo siguiente:

Los “Gastos de Operación de Campaña” que se informan se compone del monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, arrendamientos eventuales de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y similares.

Es decir, de lo anterior se desprende que el candidato sí informó gastos de operación de campaña como los que alude el actor, pero al no ser el único tipo de gastos que integran tal concepto, no es posible definir cuánto corresponde por ello. Sin embargo, incluso en el supuesto de que todo lo reportado en este rubro fuera por lo que señala el actor, no arroja un monto de $460,000.00 (cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), sino de $94,061.83 noventa y cuatro mil sesenta y un pesos 83/100 M.N.

4) Entrega de calzado infantil para niños de escuelas primarias.

Manifiesta el Partido Verde Ecologista de México que el candidato ganador, Javier Antonio Neblina Vega entregó treinta y cuatro mil pares de zapatos, cuyo costo estimado es de $179 pesos (ciento setenta y nueve pesos), lo que equivaldría a una erogación de $6´086,000 pesos (seis millones ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), que a decir del actor deberán sumarse a los gastos de campaña.  Agrega que si bien es cierto, la entrega se inició antes de la campaña, se tiene conocimiento que tanto en precampaña como en campaña continuó con dichas entregas; asegura que independientemente de la temporalidad, su propósito era posicionarse ante el electorado, pues le estuvo dando una amplia difusión para beneficiarse como candidato.[90]

Lo pretende acreditar con:

a) Nota periodística del diario “Expreso”, con la cabeza ¡Le ponen un diez! (impresión de la foja 4A de la sección general del periódico Expreso, la cual no tiene fecha).[91]

b) Cotización de la “Zapatería 3 hermanos”, de la cual se desprende que el calzado barón 901 3/6 tiene un costo de $179.00 ciento setenta y nueve pesos.[92]

Dichas pruebas son insuficientes para acreditar que Javier Antonio Neblina Vega gastó más de seis millones de pesos en campaña con motivo de la entrega de pares de zapatos a escolares.

En primer lugar, la nota periodística aportada por el actor, en la cual se relata que Javier Neblina entregó treinta y cuatro mil pares de zapatos, es de fecha veintidós de junio de dos mil trece, lo cual se puede constatar de la página de Internet oficial del Periódico “Expreso” de Hermosillo, Sonora, en la siguiente dirección electrónica: http://www.yoexpreso.com/ediciondigital/index2.php?cual=4&sdia=22&smes=06&sanio=2013&seccion=1.

Es decir, se refiere a gastos realizados fuera del periodo de campaña, dos años antes de que iniciara ésta.

Es conveniente precisar que la causal de nulidad de la elección de rebase de topes de gastos de campaña se actualiza en un momento del proceso electoral determinado, es decir, durante el periodo de campaña. La causal bajo estudio se actualizará si el límite establecido es rebasado durante el tiempo que duren las campañas electorales.

En efecto, el artículo 242, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto.

De lo anterior, se puede advertir que las campañas electorales se llevan a cabo después de que son electos los candidatos en los procesos internos de los partidos, pues a éstos, en conjunto con los partidos y coaliciones que los postulen es a quienes les corresponde obtener el voto.

A su vez, el artículo 251, párrafos 2 y 3 de la citada ley, prevé que las campañas electorales para diputados, en el año en que sólo se renueve la Cámara respectiva, tendrá una duración de sesenta días; y que las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral.

Por tanto, toda vez que el periodo de campaña es una fase específicamente establecida dentro del proceso electoral, la causa de nulidad consistente en el rebase de topes de gastos de campaña se debe limitar a las irregularidades atinentes que pudieran ocurrir en el tiempo que dura la campaña electoral correspondiente.

Lo anterior, guarda coherencia con el criterio de la Sala Superior en el que ha establecido que los gastos de campaña que los partidos políticos deben reportar en los informes respectivos son aquellos que se hayan efectuado durante el periodo de campaña; con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones federales; con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas por el partido y su respectiva promoción, a fin de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas de acción de los candidatos registrados, así como de la plataforma electoral (SUP-RAP-190/2010).

Así que no es posible sumar como gasto de campaña para la elección de diputado federal en el año dos mil quince, los realizados en el año dos mil trece, por concepto de entrega de zapatos a estudiantes, lo cual según la propia nota periodística que aporta el actor, fue a fin de cumplir el objetivo del Programa Zapato Escolar que implementó Javier Neblina Vega como diputado integrante del Congreso del Estado de Sonora.

Así, toda vez que las supuestas conductas irregulares fueron cometidas en una temporalidad distinta a la requerida, etapa de campañas electorales de la elección federal, pues ésta se dio del cinco de abril al tres de junio del año en curso, y como quedó expuesto, la conducta analizada no se dio en esa temporalidad, por eso, con independencia de otras razones, no pueden ser considerados como gastos de campaña.

Sin que obste, el que el Partido Verde Ecologista de México, aduzca en su demanda que tiene conocimiento de que en campaña se continuó con la entrega de zapatos, pues no aporta algún medio de convicción que acredite su dicho. Igualmente, en nada abona la cotización realizada en la Zapatería 3 Hermanos, pues ello no demuestra la compraventa del calzado por parte del candidato a diputado federal por el  Partido Acción Nacional, ni menos aún que se hubiere entregado el mismo en la temporalidad requerida, esto es, en el periodo de campaña de la elección impugnada.

De todo lo expuesto se evidencia que el actor no acreditó de manera objetiva y material que se excedió el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

Como ya se dijo, el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 fue de $1´260,038.34 (Un millón doscientos sesenta mil treinta y ocho pesos 34/100 M.N.).”

Y los gastos aquí demostrados fueron únicamente:

Incluso, añadiendo el total de gastos de operación de campaña, lejos se está aún de probar que se gastó más de lo permitido:

En consecuencia, resulta INFUNDADO el concepto de nulidad.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con la clave INE/CG468/2015 “DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015”,[93] se determinó que los candidatos del Partido Acción Nacional a diputados federales no rebasaron los topes de campaña para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

“4. Informe de la revisión de Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y Candidatos Independientes

…

4.1 Campaña de Diputado Federal

…

 4.1.1  Partido Acción Nacional

…

Conclusiones Finales de la Revisión a los Informes de Campaña al cargo de Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2014-2015

…

Tope de Gastos

42. Derivado de la verificación a los Informes de Campaña se determinó que los candidatos del PAN no rebasaron los topes de campaña para el Proceso Electoral Federal 2014-2015”.

NOVENO. Agravios y estudio de fondo del Juicio de Inconformidad SG-JIN-54/2015.  El promovente, en su escrito de inconformidad hace valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,[94] respecto de un total de ochenta y cuatro casillas, en las cuales se busca evidenciar que se recibió la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General  de Instituciones y Procedimientos Electorales. Manifiesta que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla, personas que no aparecen en la publicación definitiva (encarte), y que no pertenecen a la sección electoral en la cual se desempeñaron como funcionarios, puesto que no aparecen en la lista nominal de electores correspondiente a la misma. Igualmente aduce que algunas casillas no se integraron con todos los funcionarios designados.

No pasa desapercibido para esta Sala que en un párrafo de la demanda, el actor señala que se actualiza la causal prevista en el artículo 75, párrafo 1 inciso h) de la Ley de Medios,[95] y que en otros refiere que se instalaron las casillas en un lugar distinto,[96] sin embargo, en términos del artículo 23 párrafo 1 del ordenamiento citado, se suple la deficiencia en los agravios, pues de los disensos se advierte que la causal invocada es únicamente la referente al inciso e) del artículo 75 mencionado; además de que si se señalan los preceptos jurídicos de manera equivocada, esta Sala debe tomar en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso.

Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República. Como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo (artículo 81 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 82 del mismo ordenamiento, las mesas directivas de casilla se conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales.

En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador adicionales.

Los integrantes de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 párrafo 1 inciso a) de dicho código, deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y ser residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos originalmente designados en la etapa de preparación de la elección incumplan con sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador federal en el artículo 274 del mismo código, establece el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla:

Empero se advierte que, toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos, atento a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 274 en comento.

De una interpretación armónica de los preceptos señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera:

a)  Cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y,

b) Cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos los funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y necesarias, que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente: que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas -encarte-, o en su caso, en el acuerdo de "sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla, con los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo.

En ese sentido, se analizarán las casillas cuya nulidad fue invocada por el Partido del Trabajo:

A) Inoperancia, por no especificar la casilla. El actor aduce en su demanda que, en una casilla el presidente y el primer secretario no coinciden y no hay escrutadores, sin embargo, no señala a cuál casilla se refiere,[97] razón por la cual se declara INOPERANTE su agravio pues el enjuiciante incumplió en este caso con el requisito especial del Juicio de Inconformidad previsto en el artículo 52 inciso c) de  la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: mencionar de manera individualizada la casilla cuya votación se solicite sea anulada en cada caso. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 9/2002 de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA”.[98]

B) Inoperancia porque el actor es omiso en señalar en qué consiste su disenso respecto de una casilla. El incoante señala en su demanda que impugna la casilla 340 Extraordinaria 1 Contigua 6, sin embargo, no especifica inconformidad alguna, no expone hechos al respecto, es decir, si la mesa directiva de casilla se integró por funcionarios que carecían de las facultades legales para ello, o si la casilla no se integró con todos los funcionarios designados[99] en consecuencia, se declara inoperante su agravio. Igualmente resulta aplicable la citada jurisprudencia 9/2002 “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA”.

C) Agravio infundado porque el promovente señala que existe coincidencia plena de funcionarios. En cuanto a dos casillas, la 341 Extraordinaria 1,[100] y 341 Extraordinaria 1 Contigua 6,[101] el partido político enjuiciante señala que los funcionarios sí coinciden, de manera que al no existir controversia en torno a los integrantes de la mesa directiva de casilla que fungieron el día de la jornada electoral, trae aparejado que se declare sin fundamento, el que en los referidos centros de votación se actualice la causal de nulidad consistente en que se recibió la votación por personas u órganos distintos a los facultados.

D) Agravios infundados porque los funcionarios de casilla que actuaron el día de la Jornada Electoral son los designados en el encarte. En diecinueve casillas, el actor reclama que no existencia coincidencia de algunos funcionarios con los designados en el encarte.

Ahora bien, del cotejo de las actas y del encarte se tiene que:

Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro anterior, se desprende que en las casillas, los nombres y los cargos de las personas que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados, que fueron originalmente designados y capacitados por la autoridad electoral administrativa para desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de presidente, secretario, primero y segundo escrutadores.

Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resulta INFUNDADO el agravio aducido respecto de las casillas en estudio.

E) Agravios infundados porque hubo corrimiento. Con relación a diecisiete casillas, del cuadro comparativo que enseguida se expone, se aprecia que los funcionarios designados por el Consejo Distrital son los mismos que fungieron como tales el día de jornada electoral, independientemente de que se trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la originalmente encomendada: