JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SG-JIN-62/2015

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN NAYARIT

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADA: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIO: JOSÉ OCTAVIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Guadalajara, Jalisco, a diecisiete de julio de dos mil quince.

VISTOS para resolver, los autos del juicio de inconformidad SG-JIN-62/2015, promovido por el Partido del Trabajo, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría de la fórmula de diputados federales por el principio de mayoría relativa, realizada por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Nayarit, y

R E S U L T A N D O

I. ANTECEDENTES. Del expediente en que se actúa se desprende lo siguiente:

1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la jornada para la elección, entre otros cargos, de diputados federales por el principio de mayoría relativa.

2. Sesión de Cómputo Distrital. El diez de junio siguiente, el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Nayarit (referido en lo sucesivo de manera indistinta como la “Autoridad Responsable” o el “Consejo Distrital”), realizó el cómputo distrital correspondiente a dicha elección, mismo que concluyó el once siguiente y cuyos resultados fueron:

II. JUICIO DE INCONFORMIDAD. El quince de junio de este año, el Partido del Trabajo promovió ante la autoridad administrativa electoral mencionada, un juicio de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría de la fórmula de diputados federales por el principio de mayoría relativa, realizada por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Nayarit.

III. REMISIÓN Y TURNO. El veinticinco de junio siguiente, se recibió en esta Sala Regional, la demanda de mérito, así como los demás documentos atinentes, y el mismo día, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional acordó registrar dicho medio de impugnación con la clave
SG-JIN-62/2015 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

IV. RADICACIÓN Y ADMISIÓN. Mediante acuerdo del veintisiete siguiente, se radicó el juicio de referencia, y el treinta de junio se admitió el presente juicio y se hizo un requerimiento a la autoridad responsable, el cual fue cumplido el dos de julio de este año.

V. CIERRE. Finalmente, el quince de los corrientes, se cerró la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de inconformidad, según lo establecido en los artículos 41 base VI, 94 párrafo primero y 99 párrafos primero, segundo y cuarto fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186 fracción I, 192 párrafo primero y 195 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 párrafos 2 inciso b), 49 y 50 párrafo 1 inciso b) fracción I de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG182/2014 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio pasado, mediante el cual se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad en el que el partido actor impugna los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría de la fórmula de diputados federales por el principio de mayoría relativa, realizada por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Nayarit, entidad federativa en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Tercero Interesado. De las constancias que integran el expediente, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional interpuso escrito de tercero interesado, el cual cumple los requisitos señalados para tal efecto en el artículo 17 párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que fue presentado ante la autoridad señalada como responsable dentro del plazo de setenta y dos horas establecido en el artículo de referencia, pues la cédula de notificación de la interposición de este juicio se publicó en los estrados de la responsable el dieciséis de junio de dos mil quince a las cero horas con cincuenta minutos[2], por lo que el plazo antes señalado venció el diecinueve de junio a las cero horas con cincuenta minutos, de ahí que, al constar que la responsable recibió el escrito del Partido Revolucionario Institucional el dieciocho de junio pasado[3], es evidente que se presentó en tiempo.

Asimismo, en su escrito se hizo constar el nombre del instituto político que lo interponía, se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se precisó la razón del interés jurídico en que se funda, así como sus pretensiones que son opuestas a las de la parte actora, e hizo constar el nombre y firma autógrafa de su representante, cuyo carácter le fue reconocido por la responsable en su informe circunstanciado[4].

TERCERO. Causales de Improcedencia. En su escrito, el tercero interesado hace valer como causal de improcedencia el que la demanda del actor, a su juicio, es frívola pues no se señalan los hechos y agravios en que el demandante fundamenta el supuesto interés jurídico que le fue afectado, y no precisa pruebas que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron las irregularidades que señala en su demanda.

Contrario a lo antes expuesto, el promovente sí señala hechos y agravios en su demanda, según se advierte en las fojas de la 45 a la 100 del expediente en que se actúa, en las cuales constan de manera expresa, dos hechos y cuatro agravios[5], en adición al resto de los hechos que el actor menciona dentro de la formulación de los agravios de referencia de los que se advierten diversos agravios en relación con la votación recibida en casillas.

Por otra parte, en cuanto a las pruebas, en las fojas de la 100 a la 103 del expediente de referencia se advierte que, opuesto a lo indicado por el tercero interesado, el actor ofreció diversas pruebas con las que pretende acreditar las irregularidades que impugna, por lo que se concluye que es infundada la causal de improcedencia aducida por el Partido Revolucionario Institucional.

En adición a lo anterior, el párrafo 2 del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es clara al establecer que la no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero interesado, de donde se colija que la falta de ofrecimiento de medios de convicción en una demanda o escrito de tercero interesado, tampoco pueda tener como consecuencia su desechamiento.

CUARTO. Requisitos de Procedencia. En la especie, se encuentran satisfechos tanto los requisitos generales de procedencia que establecen los artículos 9 y 10 de la ley adjetiva electoral para todos los medios de impugnación, como los especiales que se encuentran regulados en los diversos 52 párrafo 1, 54 párrafo 1 inciso a) y 55 párrafo 1 inciso b), de la ley en cita, como a continuación se expone:

I. Requisitos Generales

a) Forma. La demanda se presentó por escrito, ante la autoridad señalada como responsable; en ella consta el nombre del partido político actor, domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para dichos efectos, además de la indicación de que la personalidad de su representante estaba debidamente acreditada ante la responsable, adjuntando el documento en que consta su designación, se identificó el acto impugnado, se expusieron los hechos y agravios que se estimaron pertinentes y se hizo constar la firma autógrafa del promovente.

b) Definitividad y firmeza. En relación con la definitividad y firmeza del acto reclamado, señalado en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 10 de la ley en cita, en la especie se colma tal requisito, ya que la ley no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado con anterioridad a la tramitación del presente juicio de inconformidad.

II. Requisitos Especiales

a) Requisitos de la demanda. La demanda de mérito cumple los requisitos precisados en el párrafo 1 del artículo 52 de la ley adjetiva electoral pues señala la elección que se impugna, manifestando expresamente que se objetan los resultados del cómputo distrital realizado por la responsable; menciona de manera individual el acta de cómputo distrital que impugna; e indica de manera individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada, así como la causal que invoca para tal efecto.

b) Legitimación y personería. Por otra parte, está acreditado en autos que la parte actora cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad en estudio, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que se trata de un partido político y la demanda está firmada por su representante propietario ante la responsable, quien le reconoció tal carácter en su informe circunstanciado[6].

No obsta a ello el hecho de que el actor haya participado en el proceso electoral cuyos resultados se impugnan en el juicio en estudio y respecto del 02 Distrito Electoral Federal de Nayarit, en coalición con el Partido de la Revolución Democrática, pues tal hecho no implica la imposibilidad de los partidos políticos coaligados, de presentar de manera individual los medios de impugnación que estimen necesarios en contra de los actos que consideren vulneran sus derechos.

Tiene sustento lo anterior en la Jurisprudencia 15/2015 emitida por la Sala Superior de este tribunal de rubro LEGITIMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL[7].

c) Oportunidad. Finalmente, del expediente se desprende que el escrito inicial se presentó de manera oportuna pues fue interpuesto dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que concluyó el cómputo distrital de la elección que se controvierte, de conformidad con el artículo 55 párrafo 1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Efectivamente, de las constancias se advierte que el diez de junio pasado, el Consejo Distrital inició el cómputo distrital de la elección de diputados federales, el cual concluyó el once siguiente, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del doce al quince de junio de la presente anualidad, de ahí que al haberse presentado la demanda precisamente el día quince, es evidente que fue promovido en tiempo.

Consecuentemente, al haberse cumplido los requisitos generales y especiales de procedencia, y considerando que en la especie no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo procedente es realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

QUINTO. Suplencia de la deficiencia en los agravios. Previo al examen de la controversia planteada, se considera oportuno precisar que en términos de lo establecido en el artículo 23 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional debe suplir las deficiencias u omisiones existentes en los agravios planteados por el partido actor, si éstos pueden ser deducidos de los hechos expuestos en su demanda.

Asimismo, en términos del párrafo 3 del numeral en cita, si el demandante omitió señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, citó alguno de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

Lo anterior tiene sustento en las jurisprudencias 3/2000 y 2/98 sustentadas por la Sala Superior de este tribunal, de rubros AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR[8] y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL[9], respectivamente.

SEXTO. Síntesis de agravios

6.1 Precisión de la litis

En atención a lo indicado en el considerando anterior, si bien es cierto que al finalizar su demanda, el actor solicita “… anular el acto o resolución de la responsable consistente en la declaración de validez y por consiguiente la entrega de constancia de mayoría, y en consecuencia declarar nula la elección constitucional por los argumentos de hecho y de derecho expresado (sic)”, no menos cierto es que del estudio de dicho escrito, se desprende que la pretensión final del actor, es conservar su registro como partido político nacional, para lo cual necesita obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral federal 2014-2015, por lo que invoca la nulidad de diversas casillas en el 02 Distrito Electoral Federal en Nayarit, así como -según afirma-, en los restantes doscientos noventa y nueve distritos electorales “… ya que al anular diversas casillas en los diversos distritos electorales en que se van a presentar los juicios de inconformidad para la elección de diputados de mayoría relativa, estimamos que el Partido del Trabajo puede alcanzar el umbral del tres por ciento requerido y obtener (sic) su registro como Partido Político Nacional…”.

6.2 Causal genérica de nulidad de la elección

Así pues, en su demanda, el Partido del Trabajo señala como agravio el hecho de que, a su juicio, existieron en todas las casillas del 2 Distrito Electoral Federal de Nayarit, irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral que actualizan el supuesto indicado en el inciso k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, en atención a la suplencia en la deficiencia de la expresión de los agravios que esta Sala Regional debe realizar según quedó explicado en el considerando anterior, y tomando en cuenta que el demandante aduce que tales irregularidades sucedieron en la totalidad de las casillas de referencia, así como la expresión antes transcrita de la que se desprende que la pretensión del actor es que se anule la elección, se llega a la conclusión de que el agravio antes señalado, más que pretender la anulación individualizada de todas y cada una de las casillas del distrito -las cuales ni siquiera precisa el actor de manera individual-, lo que quiere es la anulación de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa realizada en el 02 Distrito Electoral Federal de Nayarit, en términos del artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

6.3 Causal específica de nulidad de votación en casillas

Por otro lado, el partido actor aduce que la votación recibida en setenta y seis casillas, debe anularse, en atención a que en ellas acontecieron algunas de las causales que para tal efecto señala el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así pues, y tomando en consideración lo indicado en el considerando QUINTO anterior, es preciso mencionar que, una vez realizado el análisis minucioso de la demanda de mérito, esta Sala Regional, convencida de que los argumentos aducidos se refieren en ocasiones a causales distintas a las que se invocan, estudiará las casillas a través de la causal o las causales de nulidad de votación recibida en casilla que efectivamente tengan aplicación al caso concreto y conforme se indica en la siguiente tabla:

Cabe precisar que las casillas respecto de las cuales se modificó la causal de nulidad de votación invocada por el partido actor, son las casillas 676-B, 736-C3, 784-E1 y 941-B pues, a pesar de estar mencionadas en el agravio que el promovente hace valer en contra de las casillas en que a su decir indebidamente se permitió que sufragaran personas que no contaban con credencial para votar o cuyos nombres no aparecían en la lista nominal de electores, de la lectura de las razones aducidas por el actor, es evidente que la causal que, de ser ciertos y determinantes los hechos relatados, se actualizaría, es otra, como se expresa en la siguiente tabla:

6.4 Litis

Así pues, la litis en el presente juicio consiste en determinar si es procedente anular la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa correspondiente al 02 Distrito Electoral Federal en Nayarit con sede en Tepic, o en su caso, la votación de las casillas impugnadas por el actor y, como consecuencia, si debe declararse la nulidad de la elección de mérito, o si deben confirmarse o modificarse los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa de referencia.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los agravios señalados en el considerando SEXTO se estudiarán en el orden ahí indicado, es decir, primero se analizará la causal genérica de la elección, identificada como 6.2 y posteriormente se examinarán las causales específicas de nulidad de votación en casilla aducidas por el actor en su demanda y que fueron descritas en el inciso 6.3.

7.1 Causal genérica de nulidad de la elección

En el considerando anterior se señaló que uno de los agravios hechos valer por el partido actor consistía en la supuesta existencia de irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada; asimismo, se razonó que a pesar de haber sido invocadas por el actor como causal de nulidad de votación en la totalidad de las casillas del distrito de manera individual, se estudiaría como una causal genérica de nulidad de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa realizada en el 2 Distrito Electoral Federal de Nayarit con sede en Tepic, en términos de lo señalado en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que a la letra dice:

Artículo 78

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

(…)

Ahora bien, considerando que la pretensión real del partido actor es que se anule la elección impugnada, deben analizarse los supuestos que establece nuestro sistema jurídico para ello.

En la reforma político-electoral aprobada en dos mil catorce, se incluyó en nuestra Constitución, como causa de nulidad, la existencia de violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Por otro lado, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral reconoce dos mecanismos para declarar la nulidad de la elección de diputados por mayoría relativa:

- Por causas específicas, previstas en el artículo 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que preceptúa como causa de nulidad la inelegibilidad de la fórmula de candidatos electos, así como las irregularidades o no instalación de casillas en por lo menos, el veinte por ciento de las casillas que integran el distrito.

- Por una causal genérica, establecida en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la que se señala que será procedente cuando se acredite la existencia, de manera generalizada, de irregularidades sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o en la entidad de que se trate, que sean determinantes para el resultado de la elección y no imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

En el caso concreto, la parte actora solicita la nulidad de la elección que impugna, en esencia, por dos hechos:

1 LLAMADO EXPRESO AL VOTO: Señala el accionante que el día de la jornada electoral diversas personalidades, actores y figuras públicas, hicieron un llamado expreso y directo a los electores a votar en favor del Partido Verde Ecologista de México mediante la publicación de diversos tuits, lo cual a su parecer vulneró el principio de equidad en la contienda.

2 VIOLACIONES AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA: La parte actora pretende que se declare la nulidad de la elección, aduciendo que se suscitaron irregularidades graves que ponen en duda la equidad en la contienda, la autenticidad y libertad del sufragio y legalidad de las elecciones, señalando como tales, las supuestas conductas sistemáticas, graves e ilegales del Partido Verde Ecologista de México que a su parecer constituyeron una exposición “desmedida” e ilegal que, afirma, influyó inequitativamente con el resto de los partidos políticos que participaron en la contienda electoral.

Tal como se adelantó, esta Sala considera que las irregularidades que alega la parte actora se deben analizar a la luz de la hipótesis de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual, para su actualización, requiere que las irregularidades alegadas reúnan los siguientes requisitos:

a)          Ser sustanciales.

b)          Haberse cometido en forma generalizada.

c)          Haberse cometido durante la jornada electoral.

d)          Haberse cometida en el distrito o entidad en que se hubiere realizado la elección impugnada.

e)          Que se encuentren plenamente acreditadas.

f)          Que sean determinantes para el resultado de la elección.

En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible afirmar que se celebró una elección democrática, en la que la ciudadanía exprese libremente su voluntad acerca de quiénes desea que sean sus representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, consagrados principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre otros, en: el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, como principios rectores de la materia electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.

Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no deben ser irregularidades aisladas, sino violaciones que tengan una repercusión importante en el ámbito que abarca la elección respectiva.

Lo anterior es así, pues si se considera que las irregularidades cometidas se traducen en una merma importante de dichos elementos, se da lugar a considerar que la elección está viciada.

Ahora bien, no cualquier irregularidad generaría la nulidad de una elección, pues la norma indica que solo aquellas que sean determinantes para el resultado de la elección son las que, de suceder, implicarían dicha nulidad, ya que en la medida en que afecten de manera importante los elementos sustanciales de la jornada electoral, se podrá establecer si determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo, y consecuentemente, se ponga en duda la legitimidad de los comicios y del candidato ganador.

En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, esta Sala Regional se ha pronunciado en anteriores resoluciones[10] señalando que si bien dicho enunciado puede entenderse como referido de manera limitativa a aquellos hechos u omisiones ocurridos precisamente el día de la jornada electoral, en realidad se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que siendo violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, repercuten o producen sus efectos principales el día de la jornada electoral.

Por tanto, aquellos hechos, actos u omisiones que sustancialmente violen los principios antes señalados y tengan verificativo de manera física o material antes del día de la elección, durante su preparación, o en ese día, y que produzcan sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, pueden actualizar la causal de nulidad en estudio.

Ello es así, pues en el proceso electoral, algunos de los vicios que se presentan durante la preparación de la elección, en realidad producen sus efectos principales en la jornada electoral, pues al ser vicios son situaciones que potencialmente pueden impedir que se alcance el fin de las elecciones, es decir, que el pueblo elija de manera libre a sus gobernantes mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

No obstante ello, cabe la posibilidad que por las circunstancias en que se verifiquen las elecciones, las implicaciones que pudieron haber tenido tales violaciones, no se produzcan en realidad y la jornada electoral transcurra con apego a los principios y valores sustanciales.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Regional llega a la conclusión de que en algunos casos, es hasta que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, que se puede analizar si se cometieron irregularidades durante el proceso electoral y en qué medida afectaron los bienes jurídicos tutelados, así como los valores y principios que rigen las elecciones, con el fin de determinar si los mismos se respetaron, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron.

Así, queda evidenciado que la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan sucedido precisamente el día de la jornada electoral, sino a todos aquéllos que incidan o surtan efectos ese día y sean violaciones sustanciales que afecten ya sea la imparcialidad, independencia, legalidad, certeza, objetividad, máxima publicidad que deben regir la materia electoral, o la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible de los y las ciudadanas.

Ahora bien, la Sala Superior de este Tribunal, ha considerado que el carácter determinante de la violación supone necesariamente la concurrencia de dos elementos: uno cualitativo y otro cuantitativo.

El aspecto cualitativo atiende a la naturaleza, los carácteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad de que se trate, lo cual conduce a calificarla como grave, esto es, que se está en presencia de una violación sustancial, en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para la realización de una elección libre y auténtica de carácter democrático; como sería el caso de los principios de (máxima publicidad), legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad en la función estatal electoral, así como el sufragio universal, libre, secreto, directo e igual, o bien, el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral.

Por otro lado, ha determinado que el aspecto cuantitativo atiende a una cierta magnitud medible, como puede ser tanto el cúmulo de irregularidades graves o violaciones sustanciales, así como el número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular en la elección respectiva con motivo de tal violación sustancial, ya sea mediante prueba directa o indirecta, a fin de establecer si esa irregularidad grave o violación sustancial definió el resultado de la votación o de la elección, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la misma, de manera que, si la conclusión es afirmativa, se encuentra acreditado el carácter determinante para el resultado de la votación o de la elección.

Tales criterios se encuentran contenidos en la tesis XXI/2004 de rubro “NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD”[11].

Del análisis de los elementos que configuran la causa de nulidad genérica prevista en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral, se puede establecer que tiene como finalidad garantizar que se respeten los principios o elementos fundamentales previstos en la Constitución sobre las elecciones democráticas, ya que si se dañan de modo importante los bienes jurídicos sustanciales de toda elección y los valores y principios que a los mismos corresponden, dicha elección está viciada y, por tanto, debe declararse su nulidad.

Ahora bien, los agravios hechos valer por la parte actora en relación con la nulidad de la elección que se estudian, resultan inoperantes, por las razones que a continuación se expresan.

De la lectura de la demanda se puede advertir que los argumentos esgrimidos por el actor constituyen manifestaciones genéricas y subjetivas, ya que no especifica las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, supuestamente, acontecieron las irregularidades que aduce.

En efecto, como se puede advertir de los motivos de disenso, la parte actora formula afirmaciones vagas e imprecisas, las cuales no refieren uno o varios hechos concretos, ni el momento en el que acontecieron ni la forma en que tales hechos transcendieron al resultado de la elección.

Esto es así, ya que respecto al llamado expreso al voto mediante una red social (tuiter), únicamente señala que durante la jornada electoral diversas personalidades, actores y figuras públicas mediante tuits hicieron un llamado expreso y directo a los electores a votar en favor del Partido Verde Ecologista de México, sin precisar los nombres de quienes supuestamente emitieron tales mensajes, ni el supuesto contenido de los mismos, y tampoco acredita la existencia de los mismos.

En ese sentido, a efecto de que esta Sala Regional estuviera en posibilidades de analizar lo esgrimido por el accionante, y si los hechos indicados constituyen o no una irregularidad, era necesario, en principio la manifestación de quiénes fueron los que emitieron el mensaje, cuál era su contenido, y seguidamente que aportara un medio de prueba que acreditara la existencia de los mismos.

Así, al haber omitido el actor la especificación de tal información, se estima que su agravio es inoperante.

De igual forma, resulta inoperante el motivo de inconformidad relativo a las violaciones al modelo de comunicación política, de las que afirma se tratan de conductas graves, sistemáticas y reiteradas del Partido Verde Ecologista de México, que constituyen una exposición desmedida e ilegal, que influyeron a su parecer de manera inequitativa en relación con el resto de los partidos que participaron en la contienda electoral.

Ha de señalarse que, dada la naturaleza de la causa de nulidad que se analiza, no es suficiente que la parte actora afirme que existieron violaciones a las disposiciones que regulan el desarrollo del proceso electoral en sus distintas etapas, sino que es necesario que las mismas se acrediten y que se demuestre que se cometieron de forma generalizada, es decir, constantemente durante el desarrollo del proceso electoral y que las mismas sean de una gravedad tal, que afecten en su totalidad el resultado de la elección.

No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que la parte actora haya indicado que “las propias sentencias emitidas por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y todas y cada una de las Quejas y Procedimientos Especiales Sancionadores que actualmente se encuentran subjudice” y diversas notas de internet que señaló en su demanda, acreditaban las supuestas irregularidades atribuidas al Partido Verde Ecologista de México.

Ello es así, pues el accionante es omiso en indicar de manera individualizada cuáles sentencias o quejas y procedimientos son las que, a su parecer, guardan relación con la litis planteada.

De igual forma, el Partido del Trabajo omite señalar cómo los hechos que señala como violaciones resultan graves, sistemáticas y determinantes para el resultado obtenido en la elección distrital impugnada, en términos del artículo 78 de la ley adjetiva de la materia, y tampoco señala los aspectos cualitativos y cuantitativos que demostrarían la determinancia de las violaciones aducidas en el resultado de la elección de diputados federales en el 2 Distrito Electoral Federal en Nayarit, por lo que dichos agravios son, como se adelantó, inoperantes.

7.2 Causales específicas de nulidad de votación en casilla

En su demanda, como se señaló en el considerando SEXTO de esta sentencia, el Partido del Trabajo hace valer ciertas causales de nulidad de votación específica en diversas casillas de las que se instalaron el pasado siete de junio en el 02 Distrito Electoral Federal de Nayarit, las cuales se estudiarán a continuación en orden alfabético.

I. Instalación de casillas, sin causa justificada, en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

El partido actor aduce como causal de nulidad de la votación recibida en treinta y siete casillas, según lo señalado en el considerando SEXTO anterior, la señalada en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la instalación de la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, debe tenerse presente que, conforme al artículo en cita,  los elementos que deben acreditarse para actualizar la hipótesis de nulidad en análisis, son los siguientes:

Mediante la hipótesis de nulidad a estudio, el legislador garantiza el respeto al principio de certeza que rige la materia electoral, a fin de que los electores puedan identificar claramente la casilla donde deben ejercer su derecho de sufragio y los partidos políticos puedan contar con representantes para vigilar el desarrollo de la jornada electoral. Para ello, con la debida anticipación se fija y se publica el lugar donde se instalarán las casillas.

Así, el principio de certeza se vulnera cuando la casilla se instala, sin causa alguna que lo justifique, en lugar diferente al autorizado por el Consejo Distrital respectivo, órgano facultado para determinar la ubicación de las casillas, siguiendo el procedimiento que se regula en los artículos 256 al 258 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Conforme a los dispositivos citados, una vez que los Consejos Distritales verifican que los lugares seleccionados reúnen los requisitos que la ley dispone, aprueban la ubicación de casillas y ordenan la publicación, así como su fijación en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. Además, una copia de esta información se entrega a cada uno de los representantes de los partidos políticos.

De esta manera, se hace del conocimiento de la ciudadanía en general, el lugar en que se ubicarán las casillas el día de la jornada electoral, para que puedan acudir a la que les corresponda para emitir su sufragio.

Ahora bien, en el artículo 276 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las causas que justifican que una casilla se instale en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital; al respecto, en dicho precepto se dispone: 

"1. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando:

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley;

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al Presidente de la casilla.

2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.”

Para efectos de lo dispuesto en el inciso e), párrafo 1, del artículo antes transcrito, conviene precisar que por "caso fortuito" debe entenderse el evento o fenómeno sólo atribuible a la naturaleza, y por lo mismo, fuera del dominio de la voluntad del afectado o imprevisible e inevitable, y por "fuerza mayor" como un hecho imputable a personas con autoridad pública, general -salvo caso excepcional-, insuperable e imprevisible, o que previéndose no se puede evitar, que origina que una persona realice una conducta contraria a un deber jurídico.

Evidentemente, cuando acontece una causa que justifique el cambio de ubicación de la casilla, no se actualiza la causal de nulidad en análisis.

Ahora bien, cuando la casilla se ubica en lugar diferente al autorizado por el Consejo Distrital, existiendo una causa que lo justifique, debe evitarse que tal cambio provoque confusión o desorientación en los electores que acuden a sufragar, porque ello violentaría el principio de certeza consagrado en el artículo 41, fracción V, de la Constitución Federal.

Por ende, se establecen determinados requisitos para la reubicación de la casilla el día de la jornada electoral, como serían que se realice dentro de la sección del lugar originalmente autorizado para su instalación y en el lugar adecuado más próximo, además de que en el exterior del sitio previamente autorizado debe dejarse aviso del nuevo lugar de instalación de la casilla, a fin de garantizar que los ciudadanos tengan la certeza del lugar al cual deben acudir a ejercer el sufragio.

En los términos apuntados, se considerará que cuando una casilla se instale el día de la jornada electoral en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital, sin que medie causa justificada para ello, podría actualizar la causal de nulidad de la votación recibida en la misma, atento a lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, siempre y cuando quede demostrado que ello provocó confusión en el electorado respecto al lugar al que deberían acudir para sufragar.

Cabe apuntarse, además, que conforme a lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, y también lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho; de esta manera, la parte accionante tiene la carga de señalar el lugar en el que se ubicó indebidamente la casilla, y posteriormente demostrar su dicho de que se ubicaron en lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital, ya que no basta la simple manifestación en tal sentido para acreditar la irregularidad que pretende hacer valer, sino que es menester  su prueba fehaciente.

En consecuencia, para que se acredite la causa de nulidad en comento, es necesario: que se afirme en la demanda cuál fue el lugar diferente en el que instaló una casilla, que se demuestre que efectivamente se instaló ahí, que no existió una causa que justificara su cambio y, el elemento más importante, es demostrar que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su sufragio.

Asentado lo anterior, las casillas cuya votación el Partido del Trabajo pretende que se anulen conforme a la causal en estudio, son las siguientes:

De las casillas antes señaladas, resultan inoperantes los agravios respecto de las diversas 116 C1, 132 C1, 184 B, 184 C1, 222 B, 396 B, 401 B, 409 B, 410 B, 844 C3 y 873 B, al ser inatendibles los argumentos que sobre dichos centros de votación se esgrimen. Ello, en virtud de que, como se desprende de la lista publicada por el Instituto Nacional Electoral de “ubicación e integración de las mesas directivas de casillas para las elecciones federales del 7 de junio de 2015” (conocido comúnmente encarte, por lo que así será referido en lo sucesivo) no corresponden al Distrito que aquí se controvierte, cuestión que es corroborada por la responsable en su informe circunstanciado, e incluso por la parte actora, que en la tabla en la que asienta sus asertos, en la parte correspondiente al distrito, anotó el número 3, siendo que en la especie, como ha quedado asentado, se controvierte la elección correspondiente al 02 distrito electoral federal de Nayarit, sin que se encuentre esta Sala Regional en condiciones de estudiar, en este juicio, lo ocurrido en dichas casillas.

Igualmente, son inoperantes los agravios respecto de las casillas 607 C3, 610 C1, 616 B, 621 B, 658 C1, 678 C1, 678 C2, 695 C1, 697 B, 763 C2, 765 C3, 768 B, 769 B,
885 B, 913 B, 914 B, 926 C1, 956 B, y 961 B en atención a que la parte accionante no cumplió con la carga de la afirmación al omitir referir hechos relacionados con las irregularidades que reclama.

Efectivamente, del análisis integral de la demanda, quienes aquí resuelven advierten que no se señalaron hechos que les permitan pronunciarse sobre la supuesta actualización de la causa de nulidad invocada respecto de las casillas mencionadas, ya que la parte accionante se limitó, al individualizar la impugnación respectiva, a señalar, de manera genérica, que las casillas se instalaron en lugar diferente al autorizado, reiterando la frase, DOMICILIO DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA NO COINCIDE CON EL REGISTRADO POR EL INE siendo que, al controvertirse la validez de la votación por perfeccionarse la hipótesis en estudio, el actor debe manifestar en el libelo inicial, como un elemento mínimo, en qué domicilio se instaló la casilla.

Tal dato (domicilio en el que se instaló la casilla) es necesario aportarlo en la demanda, puesto la ubicación de la casilla es uno de los elementos que deben acreditarse por el actor, para que esta Sala tenga la posibilidad de comparar el domicilio autorizado con aquél en que se instaló la mesa receptora; pero se insiste, para que ello acontezca, es indispensable que el actor, en primer término, señale cuál es el domicilio en que se instaló la casilla para proceder a analizar si resulta ser distinto de aquél en que debía haberse emplazado.

Así las cosas, esta Sala Regional estima oportuno precisar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el anteriormente mencionado artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la resolución de los medios de impugnación, las Salas del Tribunal Electoral deben suplir la deficiencias u omisiones de los agravios, lo cierto es que esto procede siempre y cuando la parte accionante proporcione hechos por medio de los cuales pueda desprenderse la violación que reclama, lo cual no aconteció en la especie.

En efecto, lo dispuesto por el invocado artículo 23, párrafo 1, no implica que sea posible realizar una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los respectivos medios de defensa, la parte actora debe mencionar, los hechos en que se basa, así como los agravios que causa el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Para la satisfacción de esa obligación, no basta con señalar, de manera vaga, genérica e imprecisa, que en determinadas casillas se actualizó alguna causa de nulidad, pues con esa sola mención no es posible identificar el agravio o hecho concreto que motiva la inconformidad, como requisito indispensable para que esta Sala Regional esté en condiciones de analizar el planteamiento formulado por la parte actora.

La exigencia en análisis también tiene por objeto permitir a la autoridad responsable y a los terceros interesados, exponer y probar lo que estimen pertinente respecto de los hechos concretos que constituyen la causa de pedir de la parte actora y son objeto de controversia.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 9/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA”[12], así como la Tesis CXXXVIII/2002 de rubro “SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”[13].

De ahí lo inoperante de los agravios que hizo valer la parte accionante respecto de las casillas antes señaladas.

Una vez precisado lo anterior, se dará inicio al estudio exclusivamente de las casillas restantes, respecto de las cuales el actor señaló hechos de los que se desprenden agravios.

Para ello, se inserta una tabla que contiene las casillas impugnadas por tal circunstancia, precisándose el domicilio en el cual, de conformidad con el encarte, debía instalarse cada casilla, así como el domicilio en el cual, según las actas de jornada electoral de cada casilla, fueron instaladas; asimismo, se inserta una columna en la que se señalan, de haberlos, los incidentes relacionados con la problemática en cuestión.

Así, conforme al análisis de las constancias que integran el expediente se desprende lo siguiente.

1. Casillas en las que coinciden los datos publicados en el encarte con los asentados en actas.

Los agravios narrados respecto de las casillas 709 B, 709 C1 y 730 B, 744 B y 767 B son infundados en virtud de que, como se aprecia del cuadro inserto, se instalaron en el domicilio establecido en el encarte, de ahí que no se actualice el primero de los elementos requeridos por la causal en estudio, consistente en la ubicación de la casilla en lugar distinto del señalado por el consejo distrital.

Así, de las cinco actas de jornada se desprende que fueron ubicadas en los lugares previamente designados, sin que el actor señale o acredite circunstancia alguna que lleve a pensar que ocurrió lo contrario.

Cabe señalar que resulta evidente que en las actas no quedaron reproducidos de manera exacta los datos contenidos en el encarte, cuestión que es explicable si se toma en cuenta que la finalidad de este documento es precisar con el mayor detalle posible, a fin de facilitar su ubicación por los electores, el sitio en que debe instalarse una casilla, mientras que en el acta se anotan los datos que los funcionarios estiman suficiente para identificarla.

Así, además de la presunción de validez que gozan los actos impugnados, esta Sala advierte que coinciden los datos esenciales del emplazamiento de cada una de las casillas en cuestión, con el contenido en el aludido encarte, de ahí que se concluya que no se instalaron en un domicilio diverso, sino que se ubicaron precisamente en los lugares programados, de tal manera que no existió confusión o desconocimiento por parte del electorado del sitio exacto en el que podían ejercer su derecho a votar.

No pasa desapercibido para quienes integramos esta Sala Regional, que en el caso de la casilla 709 C1 existe una discrepancia en el domicilio, al señalarse en el acta la colonia Menchaca en lugar de fraccionamiento Ciudad del Valle como se indicó en el encarte; sin embargo, conforme a la experiencia se concluye que puede ser un error en la redacción, máxime que coinciden la calle y el número, además de que la casilla 709 B se instaló en el domicilio acordado, persistiendo la presunción, no desvirtuada, de que en este caso ocurrió lo mismo.

Por tanto, se estima infundado el reproche

2. Casillas en las que existió cambio de domicilio con causa justificada.

Igualmente infundado resulta el agravio del actor relativo a las casillas 784 E1 y 941 B, en virtud de que el propio actor reconoce en su escrito de demanda, (foja 99 de actuaciones) que dichas casillas tuvieron que cambiar de domicilio por causa justificada.

Así, respecto de la casilla 784 E1 señala que la casilla tuvo que cambiar de ubicación, con causa justificada porque el lugar que fue aprobado se encontraba cerrado y no les abrieron, por lo que tuvo que instalarse en la cancha de usos múltiples.

A su vez, en lo concerniente a la diversa 941 B, manifiesta que tuvo que cambiar de ubicación, con causa justificada, porque comenzó a llover.

Ambos casos, encuadran en los supuestos que prevé el artículo 276 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya reseñado, sin que de las actas de jornada de dichas casillas se desprenda la existencia de algún escrito de protesta o el reporte de algún incidente en la votación, por lo que al no estar acreditado, el segundo requisito para declarar la nulidad de la votación en ellas presentada, esto es, que el cambio de ubicación sea injustificado, resulta infundado del reproche.

II. Recepción de votación por personas no autorizadas

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, en primer término resulta necesario tener presente lo dispuesto por el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

“1. La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

...”

Consecuentemente, es necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas autorizadas para recibir la votación, atento a lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A fin de llevar a cabo la renovación periódica de los órganos del Estado, a través de elecciones populares, el día de la jornada electoral en el ámbito de las casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la participación ordenada de los electores, ante la presencia de los representantes de partidos políticos y candidatos independientes así como observadores, llevan a cabo el acto más trascendente e importante del proceso electoral, consistente en la recepción de la votación.

Así, el artículo 41 constitucional señala que las mesas directivas de casilla estarán conformadas por ciudadanos; a quienes el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza, objetividad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y legalidad, y son responsables también, de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En la legislación electoral vigente puede reconocerse la intención del legislador de garantizar que las funciones relacionadas con la recepción de la votación se lleven a cabo adecuadamente y que, como consecuencia, se logre la integración de los órganos de representación popular del Estado, en el entendido de que la actuación de quienes integren las mesas directivas de casilla debe estar revestida de las características apuntadas.

Como mecanismos para lograr lo antes referido, la ley señala con precisión dos procedimientos para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, uno que se desarrolla durante la etapa de preparación de la elección, y otro que se utiliza el día de la jornada electoral, cuya finalidad es cubrir las ausencias de los ciudadanos designados, para lograr la recepción de la votación.

De la misma manera, la ley precisa las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla y la sanción de nulidad para la votación recibida por personas u órganos distintos a los señalados por la ley.

En ese sentido, los artículos 83 a 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen los requisitos para ser integrante de las mesas directivas de casilla y las atribuciones de cada funcionario, es decir, de los presidentes, secretarios y escrutadores.

De este modo, llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla que se prevé en el artículo 254 de la ley de la materia, las y los ciudadanos seleccionados por el correspondiente Consejo Distrital, serán las personas autorizadas para recibir la votación.

Asentado lo anterior, debe precisarse que para que se actualice la causal de mérito, se requiere acreditar alguno de los siguientes supuestos:

 a) Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas por el respectivo Consejo Distrital, esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo o que tratándose de funcionarios emergentes, éstos no se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a la casilla que integraron, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios;

b) Que la votación se reciba por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la mesa directiva de casilla, aun cuando sea una autoridad electoral, reciba el voto ciudadano; o

c)                   Que la mesa directiva de casilla no se constituya con la cantidad necesaria de integrantes, de tal manera que no sea posible llevar a cabo adecuadamente las funciones que les corresponden a quienes deben recibir la votación (presidente, secretario y escrutadores).

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas previamente designadas como funcionarios propietarios de casilla deben proceder a su instalación a partir de las 07:30 (siete horas con treinta minutos), en presencia de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que concurran, debiéndose levantar el acta de la jornada electoral, en la que se hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, conforme lo dispone el artículo 273, párrafos 1, 2 y 5 de la ley referida. El acta deberá ser firmada, tanto por los funcionarios como por los representantes de partidos y candidatos que actuaron en la casilla, según lo determina el artículo 275, párrafo 1, del mismo ordenamiento.

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora legalmente establecida, por la ausencia de uno o varios de los funcionarios designados como propietarios, en la propia ley se contempla la forma de sustitución de los funcionarios ausentes.

Así, conforme lo dispone el artículo 274 de la ley en cita, de no instalarse la casilla, a las 08:15 (ocho horas con quince minutos), estando presente el presidente, éste designará a los funcionarios faltantes, primero, recorriendo el orden de los funcionarios presentes y habilitando a los suplentes y, en su caso, con los electores que se encuentren en la casilla, siempre y cuando cuenten con su credencial vigente y se encuentren registrados en esa sección.

En términos del mismo artículo, no encontrándose presente el presidente pero sí el secretario, éste asumirá las funciones de aquél y procederá a la instalación de la casilla.

Estando sólo un escrutador, asumirá las funciones de presidente y hará la designación de los funcionarios faltantes.

Estando solo los suplentes, uno asumirá la función de presidente y los otros de secretario y primer escrutador, debiendo proceder el primero a la instalación de la casilla.

En caso de no asistir los funcionarios previamente designados, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la mesa directiva y designará al personal encargado de ejecutar las labores correspondientes y cerciorarse de ello.

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención del personal del Instituto Nacional Electoral, a las 10:00 (diez horas) del día de la elección, los representantes de los partidos ante las mesas directivas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios de entre los electores que se encuentren presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar. En este último supuesto, se requiere la presencia de un Notario Público o Juez; en ausencia de éstos, bastará la conformidad de los representantes de los partidos políticos. Tales nombramientos nunca podrán recaer en los representantes de los partidos, candidatos o funcionarios públicos.

En esa tesitura, queda patente que la normatividad privilegia la actividad de recepción de la votación, de forma tal, que la ausencia de funcionarios propietarios puede ser cubierta, con la designación de nuevos, según el caso, por parte del presidente de la casilla, o por el secretario, o algún escrutador, o un suplente, o por personal designado por el Consejo Distrital.

Resulta evidente entonces, que para el legislador lo más importante es la realización de la función de recibir la votación y, que en última instancia, la atribución de designar a los integrantes de la mesa directiva de casilla puede recaer en muy distintas personas, y la designación, en cualquier persona que razonablemente garantice objetividad e imparcialidad, lo que se presume ocurre cuando la ley obliga a designar de entre los electores de la sección y prohíbe designar a representantes de partidos políticos.

Ahora bien, hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

Es preciso señalar, que ha sido criterio de este Tribunal Electoral, que cuando existe sustitución de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, no es forzosamente necesario asentar en el acta de la jornada electoral, el motivo de dicha sustitución o el procedimiento que se siguió para sustituir a los ausentes. Por tanto, la omisión de asentar tales datos no implica que se hayan conculcado las reglas de integración de casilla establecidas en la legislación, ni que la sustitución de funcionarios se haya realizado en contravención a la normatividad.

Esa omisión lo único que acreditaría es que los funcionarios de casilla dejaron de asentar en las actas de jornada electoral, el motivo por el cual se llevó a cabo la sustitución de funcionarios y el desarrollo del procedimiento para realizar esa sustitución. Sin embargo, no hay vínculo lógico o jurídico alguno entre dicha omisión y la circunstancia de que se hayan violado o no, las reglas de integración de casillas.

Solo sería indebida la sustitución si con la demás documentación de la casilla se acreditara que no se siguió el procedimiento establecido ni se designó a las personas autorizadas legalmente para sustituir al ausente.

En otras palabras, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Pero cuando en lugar de tales circunstancias se cuenta con el dato preciso de que los funcionarios sustitutos son de la sección respectiva, debe considerarse que las sustituciones se ajustaron a las exigencias de la ley. Máxime si al realizar tales sustituciones, ninguna oposición se manifestó por los representantes partidistas y éstos estuvieron presentes desde la instalación de la casilla e inicio de la recepción de la votación.

Además, que ante las circunstancias prevalecientes en diversos lugares del país, en que los funcionarios de casilla no cuentan necesariamente con experiencia o conocimientos sobre el llenado de las actas de jornada electoral, es natural que en ocasiones resten importancia al asiento de datos sobre actos que están apreciando y que constituyen solo formalismos que en su concepción son intrascendentes, o bien que se haya omitido simplemente por las prisas o por alguna circunstancia ajena a su voluntad.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada. Para ello, habrán de considerarse las copias certificadas que obran en el expediente de: a) el encarte publicado de ubicación e integración de casillas; b) las actas de jornada electoral; c) las actas de escrutinio y cómputo; d) las constancias de clausura y remisión de paquetes y; e) los listados nominales, documentales que merecen valor probatorio pleno, conforme lo señalan los artículos 14 y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto constituyen documentos públicos.

A fin de ilustrar el estudio respectivo, se inserta a continuación, una tabla en que se muestran los nombres de las personas que, de conformidad con el encarte, debían fungir como funcionarios de cada una de las mesas directivas de casilla, así como los nombres de las personas que, de conformidad con las acta de jornada electoral, actuaron realmente como tales el pasado siete de junio.