JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SG-JIN-81/2021 Y SG-JIN-82/2021

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO Y PARTIDO FUERZA POR MÉXICO

RESPONSABLE: 04 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE SINALOA

MAGISTRADA PONENTE: GABRIELA DEL VALLE PÉREZ

SECRETARIO: MARIO ALBERTO GUZMÁN RAMÍREZ

Guadalajara, Jalisco, veintidós de julio de dos mil veintiuno.

El Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve los presentes Juicios de Inconformidad en el sentido de modificar el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, realizado por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, y confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, así como el cómputo de representación proporcional.

A N T E C E D E N T E S

De los escritos de demanda y de las constancias que integran los expedientes en que se actúa, se advierte:

1. Jornada electoral. El pasado seis de junio de dos mil veintiuno[1], se llevó a cabo, entre otras, la elección de diputados federales por el principio de mayoría correspondiente al 04 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sinaloa (Consejo responsable).

2. Cómputo distrital. El nueve de junio siguiente, el Consejo responsable realizó el cómputo distrital de la elección señalada mismo que finalizó al día siguiente y cuyos resultados fueron los siguientes.

Resultado total de la votación en el 04 distrito de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.

Distribución final de votos a partidos políticos y candidaturas de diputaciones por el principio de mayoría relativa.

Votación final obtenida por las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa.

Finalizado dicho cómputo, se declaró la validez de la elección, la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos y se expidió la constancia de mayoría y validez en favor de la candidatura postulada por el partido político Morena integrada por CASIMIRO ZAMORA VALDEZ como propietario y BRIAN GILBERTO ROMAN GASTELUM como suplente.

Finalmente, la autoridad señalada como responsable, realizó el cómputo distrital de representación proporcional de la elección federal respectiva.

3. Interposición de los juicios de inconformidad. Inconformes con los actos anteriores, el catorce de junio, tanto el Partido Encuentro Solidario como el partido Fuerza por México, promovieron juicios de inconformidad, aduciendo lo que a su derecho estimaron pertinente.

4. Recepción y turno. El 21 de junio, se recibieron en esta Sala Regional las constancias del Juicio de Inconformidad y por acuerdos de misma fecha el magistrado presidente acordó registrarlos con las claves SG-JIN-81/2021 y SG-JIN-82/2021 respectivamente y turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Gabriela del Valle Pérez, para su sustanciación.

5. Instrucción. En su oportunidad la Magistrada Instructora acordó la radicación de los expedientes mencionados y en su oportunidad, se admitieron y se cerró la instrucción de ambos juicios, quedando los asuntos en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes Juicios de Inconformidad, promovidos durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 04 distrito electoral federal en el estado de Sinaloa; entidad federativa que corresponde a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los siguientes artículos:

        Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución). Artículos 41, párrafo segundo, base VI; 60, párrafo segundo; 99, párrafo cuarto, fracción I.

        Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: Artículos 1 fracción II; 164; 165; 166, fracción III, inciso b); 176, fracción II y 180, fracciones VII.

        Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios). Artículos 3, párrafo 2, inciso b); 12, párrafo 3; 49; 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b), y 79, párrafo 1.

     Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

     Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 4/2020, por el que se emiten los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación a través del sistema de videoconferencias.

     Acuerdo General 8/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se reanuda la resolución de todos los medios de impugnación.

     Acuerdo INE/CG329/2017: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva[2].

SEGUNDA. Acumulación. Este órgano jurisdiccional advierte que existe conexidad de la causa entre el Juicio de Inconformidad SG-JIN-81/2021 y el Juicio de Inconformidad SG-JIN-82/2021 en virtud de que controvierten los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 04 distrito electoral federal en el Estado de Sinaloa.

De manera que existe conexidad al advertirse que los asuntos surgen de la misma causa, esto es en ambos se controvierte los resultados del cómputo distrital correspondientes a la elección de diputaciones federales emitidas por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sinaloa, por lo que resulta relevante que se resuelvan de manera congruente y conjunta por economía procesal.

En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 79 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente decretar la acumulación del Juicio de Inconformidad SG-JIN-82/2021 al Juicio de Inconformidad SG-JIN-81/2021, por ser este último el más antiguo, con la finalidad de que sean decididos en una misma actuación para facilitar su pronta y expedita resolución.

En tales circunstancias, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a las actuaciones del juicio acumulado SG-JIN-82/2021.

TERCERA. Causal de improcedencia invocada por el Consejo Distrital.

La autoridad señalada como responsable, invoca como causal de improcedencia la prevista en el artículo 9, numeral 1, inciso d), en relación con el arábigo 52.1 de la Ley de medios, relativa a que el Partido Encuentro Solidario omitió identificar el acto o resolución impugnada y al responsable del mismo.

Lo anterior, porque considera que no manifiesta expresamente si se objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección federal ni el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, limitándose a solicitar la anulación de la votación de las casillas respectivas.

Este tribunal considera infundada la causal de improcedencia invocada, puesto que el PES presentó su demanda ante el 04 Consejo Distrital Electoral del INE en el estado de Sinaloa, y pretende se anulen casillas instaladas en dicho distrito, las individualiza y señala la causa específica por la que considera se actualiza el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla, previsto en la ley de medios.

Por ello se considera que no hay duda de que la elección impugnada corresponde a la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa del 04 Distrito Electoral Federal en Sinaloa.

CUARTA. Requisitos generales y especiales de procedencia. Los medios de impugnación cumplen con los requisitos previstos en los artículos 9 párrafo 1, 52 párrafo 1, 54 párrafo 1 inciso a y 55 párrafo 1 inciso b de la ley de medios, conforme a lo siguiente:

1. Requisitos generales.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito, en ellas constan los nombres y firmas autógrafas de quienes comparecen como actores, así como los demás requisitos legales exigidos.

b) Oportunidad.  Se estima que ambos Juicios se interpusieron dentro del plazo de 4 días legalmente establecido para ello, toda vez que la práctica del cómputo distrital de la elección que se controvierte finalizó el 10 de junio y ambas demandas se presentaron el 14 siguiente, por ende, la presentación de las demandas fue oportuna.

c) Legitimación. Los actores en ambos juicios tienen legitimación para promover los medios de impugnación, porque se tratan de partidos políticos con registros para participar en las elecciones de diputados federales.

SG-JIN-81/2021

d) Personería.

En términos del artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, se tiene por acreditada la personería de Cornelio Higuera Angulo, en su calidad de representante propietario ante el Consejo Distrital Electoral 04 en Sinaloa del partido político Encuentro Solidario, por así reconocérselo la autoridad señalada como responsable al rendir su informe circunstanciado, además por advertirse de las Actas de Cómputo Distrital de la Elección de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional del distrito electoral 04 en el estado de Sinaloa, en las que aparece su nombre y sus firmas en su calidad de representante del Partido Encuentro Solidario.

Fuerza por México SG-JIN-82/2021

La legitimación procesal de Juan Ernesto Millán Pietsch en representación del partido FXM se encuentra colmada, en términos de la fracción III del invocado artículo 13 de la Ley de Medios, conforme a las siguientes consideraciones:

Conforme a lo establecido en el artículo 125, fracción X de sus estatutos, la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo Estatal tendrá, entre sus facultades y atribuciones, “En el ámbito de su competencia territorial, ser la persona representante legal del partido político ante terceros y toda clase de autoridades; para lo que gozará de todas las facultades generales y especiales de administración, administración laboral, pleitos y cobranzas; para formular querellas en los casos de delitos y denuncias de hechos, así como otorgar el perdón extintivo de la acción penal y para representar al partido político ante toda clase de autoridades, organismos e instituciones…”

2. Requisitos especiales.

Los escritos de demanda satisfacen los requisitos especiales previstos en el artículo 52 párrafo 1 de la Ley de Medios, en tanto que las partes actoras impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa, su declaración de validez; la expedición de la constancia de mayoría respectiva realizados por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sinaloa.

No pasa inadvertido que en el expediente SG-JIN-82/2021 promovido por FXM también se controvierten los resultados del cómputo distrital de representación proporcional, acorde a lo previsto en el numeral 52, párrafo 2 de la Ley de Medios.

Los actores precisan de manera individualizada las casillas cuya votación se solicita sea anulada por irregularidad, así como las razones por las que consideran debe declararse su nulidad.

Definitividad y firmeza. Los actos impugnados son definitivos, dado que fueron emitidos por el Consejo responsable, derivado de los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa y no existe otro medio de defensa para combatirlo.

QUINTA. Estudio de fondo.

En primer término, serán analizados los agravios relativos al SG-JIN-82/2021 planteados por FXM.

Estudio de fondo relativo al SG-JIN-82/2021.

Por lo que se refiere a la demanda interpuesta por el Partido Fuerza por México en el SG-JIN-82/2021, se abordará a continuación su estudio.

Nulidad de elección por difusión de mensajes en periodo de veda. El Partido FXM solicita la nulidad de la elección distrital impugnada por la vulneración grave a los principios constitucionales debido a que, durante el periodo de veda electoral, diversas personas emitieron mensajes de apoyo en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo cual, a su juicio, vulneró el principio de equidad debido a que los demás institutos políticos se ciñeron a las reglas de participación.

Agrega que no es la primera ocasión en que dicho partido recurre a ese tipo de conductas, por lo que se debe estimar que se trata de un acto de gravedad especial ya que dicho instituto nuevamente se promocionó en una época en la que está estrictamente prohibido.

Al respecto, menciona que no solo se debe tomar en cuenta las personas que difundieron este tipo de apoyos, sino que ello trascendió a un número exponencial debido al total de seguidores que tiene cada una de las cuentas de esas personas; por lo que existe una alta probabilidad de que esas publicaciones no quedaron en la emisión del mensaje, sino que trascendió hacia todos aquellos que la hayan retuiteado.

Por otro lado, refiere que la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que existe un riesgo exponencial en mensajes difundidos en una red social por parte de personas que ostentan cierta relevancia pública, por ello, sostiene que los mensajes difundidos revelan una multicidad de elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad y, por el contrario, demuestran que se trató de una estrategia propagandisticas dirigida a beneficiar al PVEM, ello con indepedencia de que estos ciudadanos hubieran recibido un pago.

Por ende, sostiene que la publicación de esos mensajes en periodo de veda, puso en riesgo los prinicipios rectores de la elección que transcurria, tomando en cuenta el universo potencial de destinatarios de estos tweets.

Respuesta.

Los agravios son inoperantes pues no se ofrecen pruebas suficientes para demostrar las afectaciones al principio de equidad en la elección y el grado en que eso pudo influir en los resultados.

Justificación

Este Tribunal Electoral ha sostenido que la declaración de validez o nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer con base en el bloque de constitucionalidad y de legalidad e incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto.[3]

Asimismo, se tiene presente que existen múltiples principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral que son de observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia entre los partidos políticos, y el principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual sólo la ley puede establecer causales de nulidad.

También esta Sala Regional ha sostenido[4] que la restricción a la propaganda el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, específicamente, cuando su ejercicio tenga como propósito la difusión de contenidos electorales en el referido periodo, tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el voto del ciudadano se dé libremente sin recibir ningún tipo de presión.

En este sentido, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia, en tanto persigue que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano.

Por tanto, la vulneración a la prohibición aludida puede afectar la equidad en la contienda, así como al principio de libertad del voto.

Con base en lo expuesto, se ha considerado que los órganos jurisdiccionales, locales y federales, en materia electoral, tienen la atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que los impugnantes hagan valer conceptos de agravio tendentes a demostrar que están plenamente acreditas las causales de nulidad legalmente previstas o, incluso, irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante al procedimiento electoral atinente o a su resultado, podría conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a los principios o preceptos de la Constitución federal, de los tratados internacionales o de la legislación aplicable.

Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son:

a)     La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b)     Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas;

c)     Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional haya producido en el procedimiento electoral, y

d)     Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección.

Así, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o principios constitucionales o convencionales, es necesario que esa violación sea ejecutada, en principio, por los ciudadanos que acuden a sufragar, los integrantes de las mesas directivas de casilla, los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea una irregularidad grave, generalizada o sistemática y, además, determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad.

Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares.

Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano. [5]

En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una elección deriva no sólo de las facultades específicas previstas en la legislación electoral, sino también de los principios y valores constitucionales y de los derechos fundamentales previstos constitucionalmente y en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, entre los que se reconocen los derechos político-electorales de votar y ser votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, llevadas a cabo mediante sufragio directo, universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Caso concreto.

En el caso, el Partido FXM solicita la nulidad de elección debido a que se dio una conducta generalizada consistente en la difusión de mensajes de apoyo en favor del PVEM por parte de diversas personas que denomina “influencers”.

Sin embargo, conforme lo establece el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, existe la carga probatoria sobre quien afirma un determinado hecho.

En el caso, en la demanda no se anexa algún documento o medio de prueba tendiente a demostrar su dicho sobre los mensajes presuntamente difundidos en varias cuentas de redes sociales (Twitter, Instagram, por ejemplo) cuyo cuadro inserta en su escrito.

En todo caso, hace una enunciación de presuntas cuentas de redes sociales, con un número determinado que identifica como seguidores, pero sin aportar un elemento aun indiciario de la vinculación de dichas cuentas, lo que las personas titulares de las mismas “difundieron como influencers”, así como el contenido o contexto.

Por el contrario, se limita a realizar una narrativa en la demanda sin demostrar plenamente el acontecimiento de tales hechos, la existencia generalizada en lugar de ser una participación aislada, sin pruebas adicionales más que su dicho.

Aunque refiere la existencia de los hechos, también lo es que pretende revertir la carga probatoria a esta Sala para que de oficio investigue las manifestaciones que, a su decir, provinieron de las cuentas de las redes sociales, así como corroborar los datos asentados en ellas, incluso allegarse la existencia de posibles quejas o denuncias, omitiendo la mínima obligación procesal prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, sobre el ofrecimiento de pruebas[6].

Si bien la conducta señalada por el partido actor pudiese ser constitutiva de una infracción que amerite alguna sanción a quien resulte responsable, ello no necesariamente implica por sí mismo la generación de un daño automático, real y verificable a los principios constitucionales que rigen los procesos comiciales.

Lo anterior es así, ya que se ha establecido[7] que en este tipo de conductas no se puede saber objetivamente el número de personas que recibieron los mensajes señalados o las posibles repercusiones en la voluntad de los electores que tuvieron conocimiento de los mismos.

Esto es, contrariamente a lo alegado por partido actor, no puede afirmarse que los mensajes señalados hayan trascendido al total de seguidores que tiene cada una de las cuentas de esas personas, pues no aporta prueba alguna ni se advierten elementos objetivos para asegurar que la difusión de los mensajes tuvo repercusiones directas en el resultado de la elección impugnada.

Por lo anterior, debió adicionar elementos mínimos para acreditar la afectación al principio de equidad, pero ante la ausencia de ofrecimiento de ellas (por ejemplo, los mensajes difundidos y las personas a las cuales correspondió esa difusión, el tiempo de la misma o duración del mensaje, entre otros posibles elementos de prueba), incumple su obligación de acreditar sus afirmaciones. 

En el mismo orden de ideas, tampoco es posible desprender el grado de afectación a los principios reclamados para influir en los electores, o en los propios resultados de la elección, para con ello declarar su nulidad.

Lo anterior, porque si bien existió la posibilidad de que los tweets (o publicaciones en redes sociales) denunciados pudieran influir en la preferencia de  alguno o algunos de los electores, lo cierto es que tales mensajes también pudieron ser ignorados por quienes tuvieron conocimiento de ellos o, inclusive, pudieron constituir un factor negativo o perjudicial de cara a la elección, para el partido político mencionado en esos mensajes, ante las críticas adversas que dicha estrategia podría generar entre sus receptores en las propias redes sociales. Por tanto, no podría decirse que existan condiciones para concluir de manera objetiva que ese acto tuvo como efecto beneficiar en forma considerable al PVEM.

Por ende, no podría afirmarse, como lo pretende el partido actor, que ese hecho por sí solo haya puesto en riesgo los prinicipios rectores de la elección o sus resultados, o bien, que con la sola difusión de los mensajes denunciados el Partido Verde Ecologista de México obtuvo una ventaja (representada en un mayor número de votos) frente al resto de las opciones políticas que contendían.

No demerita lo anterior que el partido FXM señale que existió una gravedad especial en los mensajes difundidos debido a que fue una estrategia que se repitió el proceso pasado, no obstante, ese hecho no es un aspecto que pueda ser tomado en cuenta, ya que no corresponde al análisis del presente juicio de inconformidad la valoración de conductas relativas a procesos electorales pasados.

Además de lo expuesto, como se ha indicado, sus afirmaciones carecen de sustento probatorio alguno, incluyendo los supuestos cálculos sobre una posible trascendencia de los mensajes de las personas “influencers” sobre sus “seguidores”, por lo cual son expresiones dogmáticas sobre la presunta distribución de los mensajes en redes sociales, y de que estos alcanzaron a los electores.

Esto es, parte de situaciones hipotéticas[8], sin cumplir con una mínima carga probatoria para sustentar su dicho[9].

Incluso, conforme a la línea jurisprudencial de esta Sala Regional[10], para que dicha irregularidad acarree la nulidad de la elección, es necesario también como se anticipó:

        Que se acrediten plenamente las violaciones sustanciales —en este caso, la comisión de los actos atentatorios de los principios de equidad y libertad del sufragio— en el marco de la elección cuya validez se cuestiona[11];

        Que concurran los factores cualitativo y cuantitativo del carácter determinante de una irregularidad, es decir, que se acredite la vulneración a determinados principios constitucionales y definir si tal vulneración definió el resultado de la elección[12].

Además, deben existir elementos para concluir que los hechos denunciados constituyen violaciones sustanciales al proceso electoral o a los principios constitucionales, al existir una presunción en la licitud de los mensajes reclamados, lo cual implica el análisis de los mensajes difundidos, y argumentos para evidenciar el impacto en el ámbito de la elección.

Todo lo cual, como se expuso, no existe mínimamente en lo planteado por la parte actora, por lo que prevalece un impedimento técnico para abordar lo reseñado en su demanda (ausencia de carga probatoria suficiente), lo cual como se dijo, torna inoperante sus reclamos.

Por ello, tampoco logra demostrar cómo o de qué grado fue la afectación para influir en los resultados, esto es cómo los mensajes a los que alude, alteraron los resultados de la elección controvertida al vulnerar diversos principios e influir sobre los electores, ya que sólo constituye una narrativa sustentada en varias suposiciones sin soporte probatorio, lo que de suyo conlleva a establecer que para analizar un impacto de la presunta vulneración a la veda electoral, debe establecerse primero las pruebas para demostrar la vulneración reclamada (demeritado inicialmente), y en segundo lugar, el grado afectación o influencia en la elección (tampoco demostrado).

En el caso, como se ha señalado, el grado de afectación no queda suficientemente demostrado, precisamente ante la ausencia de elementos de pruebas.

Causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios.

El partido FXM invoca como causal de nulidad la prevista en el inciso a) del artículo 75 de la ley de medios, relativa a las casillas 2052 B, 2152 B, 2159 B y 2154 B.

En términos de lo previsto en el artículo 75.1, inciso a), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

Conforme a lo dispuesto por los artículos 255.1 y 2, 256 y 257 de la LGIPE las casillas deben instalarse en lugares de fácil y libre acceso para los electores, asimismo, los consejos distritales deben dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son:

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 276 de la LEGIPE, con la precisión de que la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

Cabe precisar que, si bien la legislación electoral no determina los locales en los que habrán de realizarse las operaciones del escrutinio y cómputo, de una interpretación sistemática y funcional de la LGIPE[13], se desprende, como regla general, que la instalación de la casilla, la recepción de la votación y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben realizarse en un mismo lugar.

Así, aun cuando no existe precepto legal que contemple expresamente las causas por las que justificadamente se puede cambiar de local para la realización del escrutinio y cómputo de casilla; debido a la estrecha vinculación que existe con el lugar de ubicación e instalación de la casilla y la realización del escrutinio y cómputo, se ha considerado que debe aplicarse de manera análoga lo dispuesto en el artículo 276 de la LGIPE, relativo a las hipótesis que permiten que una casilla se instale válidamente en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital.[14]

En ese tenor, a fin de estudiar las presentes causales de nulidad de votación, se presenta un cuadro comparativo, con las casillas cuya votación se impugna, precisando la ubicación publicada en el Encarte o en el acuerdo del Consejo Distrital por el que hubiere realizado ajustes al número y ubicación de casillas por casusas supervenientes, con relación a la información detallada en el acta de la jornada electoral o de escrutinio y cómputo, así como un apartado de observaciones, de cuya información podrá determinarse si existió algún cambio en la instalación de la casilla, y en ese supuesto si se argumentó alguna justificación para ello.

Con base en la información precisada se tienen las siguientes conclusiones.

En cuanto a las casillas 2052 B y 2159 B contenidas en el cuadro antes inserto el agravio resulta infundado ya que en ellas se demostró que la instalación se realizó en el lugar previamente establecido.

Para arribar a la anterior conclusión es suficiente verificar los datos asentados por los funcionarios de casilla en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo respectivas, con relación al lugar determinado para la instalación por parte del Consejo Distrital responsable.

Así tenemos que respecto a la casilla 2052 Básica, se estableció como lugar para la instalación: “Escuela primaria rural 22 de noviembre, sin nombre, sin número, Joaquín Amaro, 81820, El Fuerte, Sinaloa. A un costado de la cancha de Básquetbol”, mientras que tanto en las actas de la jornada electoral como en la de escrutinio y cómputo, se asentó como lugar de instalación “La primaria”, de dichas actas no se desprende que hubiere existido cambio en la ubicación de la casilla, ni que se presentaron incidentes, incluso la instalación comenzó a las 7:30 horas y la votación inició a las 8:37 horas.

Respecto a la casilla 2159 Básica obra copia certificada en el expediente, del ajuste al listado de ubicación de casillas, en el que consta que se fijó como domicilio de dicha casilla “Álvaro Obregón, 651, centro, 81000, Guasave, Sinaloa, entre Boulevard Central y Calle Revolución”, mientras que tanto en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo respectivas, se asentó “Obregón #651, Col. Centro, Guasave”, es decir en el mismo lugar que estableció la autoridad señalada como responsable.

En atención a ello, a pesar de la diferencia en cuanto a la denominación completa del lugar donde fueron instaladas ambas casillas, no hay duda de que se trata del mismo sitio designado por el Consejo Distrital.

Ello, con fundamento en la jurisprudencia 14/2001 de rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”,[20] en la cual se establece que sucede con frecuencia que muchas personas conozcan plenamente el lugar pero ignoren el nombre de la calle, el de la colonia, y el número con que está marcado un inmueble.

Ahora bien, por lo que respecta a las casillas 2195 Básica y 2154 Básica, existe una diferencia notable en cuanto a la denominación de la dirección asentadas por los funcionarios de las casillas respecto a la señalada en el encarte correspondiente.

Lo anterior no implica por sí solo, que se hubieren instalado en lugar distinto a las señaladas por el Consejo Distrital correspondiente pues deben existir algunos otros elementos de prueba que así lo demuestren.

Por ello es importante verificar la geo referencia o la ubicación de la casilla, para extraer datos que permitan verificar si efectivamente hubo un cambio de domicilio, o simplemente se trata de una denominación distinta con la que comúnmente los habitantes de la sección electoral, conocen algún lugar. 

Una vez que se ingresó a la dirección electrónica https://ubicatucasilla.ine.mx, y se insertaron los datos concernientes a la casilla 2195 Básica, se obtuvo el siguiente resultado:

Como se advierte de las actas de la Jornada Electoral como de Escrutinio y Cómputo de la casilla 2195 B, fue instalada en la “calle 2 Avenida Jambiola y Torocahui”. Por su parte de la imagen del mapa obtenida en el sitio del INE para ubicar la casilla respectiva, se desprende que la calle 2 también es conocida con el nombre “Peñasco”, es decir, la misma calle que fue publicada en el Encarte para la instalación de la casilla.

Además, la geo referencia que automáticamente indica el sitio web, al insertar los datos de la casilla, se ubica entre las calles Jambiola y Torocahui, datos que son coincidentes también con los asentados en el Acta de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, sin que se desprenda de dichas actas, algún cambio de domicilio o incidente suscitado en el transcurso de la jornada electoral.

La calle 2 también es conocida con el nombre “Peñasco”, es decir, la misma calle que fue publicada en el Encarte para la instalación de la casilla.

Además, la geo referencia que automáticamente indica el sitio web, al insertar los datos de la casilla, se ubica entre las calles Jambiola y Torocahui, datos que son coincidentes también con los asentados en el Acta de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, sin que se desprenda de dichas actas, algún cambio de domicilio o incidente suscitado en el transcurso de la jornada electoral.

Ahora bien, por lo que ve a la casilla 2154 Básica y se ingresó a la dirección electrónica https://ubicatucasilla.ine.mx, y se insertaron los datos concernientes a dicha casilla[21], se obtuvo el siguiente resultado:

Se advierte de las actas de la Jornada Electoral como de Escrutinio y Cómputo de la casilla 2154 B, fue instalada en la “calle Juan L. García, Col. Angel Flores, num 397”. Por su parte de la imagen del mapa obtenida en el sitio del INE para ubicar la casilla respectiva inserta, se desprende que las calles Benito Juárez (señalada en el Encarte) y la calle Juan L. García es una intersección.

También se advierte que el “marcador” donde fue ordenada la ubicación de la casilla, ordenada por el Consejo Distrital “Refrigeración Bojórquez”, es un local comercial que aparentemente tiene ingreso por ambas calles de la intersección (Benito Juárez y Juan L. García).

Por ello es de concluirse en ambas casillas, que no hubo cambio de domicilio y se califica como inoperante su agravio pues no se acreditó que existió desorientación o confusión en el electorado para ubicar sus casillas y emitir su sufragio.

Lo anterior, puesto que la votación en las mismas de acuerdo con las respectivas actas de escrutinio y cómputo fue del 59% y 62% por ciento respectivamente, de participación respecto a Los listados nominales de dichas secciones, porcentaje superior al 55% de participación del Distrito Electoral Federal 04 en Sinaloa.[22]

Agravios expuestos en el SG-JIN-81/2021.

El actor PES, manifiesta como agravio que en las 247 casillas que señala en su demanda, no se acredita que los funcionarios de casilla sustitutos se encuentren en la lista nominal de electores.

Por ello y no obstante que refiera que se actualiza el inciso k) del artículo 75 de la ley de medios, dichas casillas serán analizadas al tenor de lo dispuesto en el inciso e) del mismo ordenamiento.

Cabe precisar que, en caso de que se determine la nulidad de la votación en alguna casilla, dicha nulidad solo afectará a la elección cuestionada.

Esto último ya que ha sido criterio de este Tribunal que la sentencia que declare la nulidad de la votación recibida en casilla, dictada en un juicio de inconformidad en el cual se controvierte la elección de diputados de mayoría relativa, sólo debe afectar a la elección impugnada, sin que las consecuencias de dicha resolución se puedan hacer trascender al cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, si éste no fue objeto de controversia, ello en atención al principio de congruencia de las sentencias y al sistema de nulidades establecido en la vigente legislación electoral federal.[23]

Indebida integración de las mesas directivas.

Conforme con el artículo 75.1, inciso e), de la Ley de Medios[24], la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se recibió por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General.

Ahora bien, los ciudadanos que deben integrar las mesas directivas de casilla son designados en la etapa preparatoria de la elección[25]; sin embargo, ante la circunstancia de que éstos no acudan el día de la jornada electoral, se prevé el procedimiento que debe seguirse para sustituir a los funcionarios de casilla ausentes, con el imperativo de que, toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores de esa sección.

Consecuentemente, si se demuestra que la mesa directiva de casilla se integró por personas que no fueron previamente designadas y que no están incluidas en el listado nominal de la sección, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se invoca.

En principio, se debe precisar la inexistencia de la casilla 1782 Especial 1, ya que no es posible identificarla dentro del universo de los centros de votación que fueron instalados, lo que imposibilita el estudio de la causal en este centro de votación.

Ahora bien, en el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, la Sala Superior de este Tribunal interrumpió la vigencia de la jurisprudencia 26/2016[26] —criterio relacionado con la aplicación del artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios—, y sostuvo que ese criterio buscaba evitar que, a través de argumentos genéricos y sin sustento, se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

Lo anterior porque bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

Por ello, en dicho asunto concluyó que la sala responsable contaba con elementos suficientes para analizar su argumento, debido a que contaba con el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.

Así las cosas, el PES refiere que en las siguientes casillas se integraron con personas que no pertenecen a la sección correspondiente, según el o los funcionarios que en cada caso precisa.

Es infundado su agravio respecto a las casillas que se enlistan a continuación.

Para arribar a la anterior conclusión, se procede a constatar en las actas levantadas el día de la jornada electoral, si los cargos señalados en la demanda, respecto a quienes fungieron como funcionarios de casilla y, de ser así, si se encuentran en el listado nominal de la sección correspondiente a la casilla donde actuaron.

De dicho cotejo se advierte que los cargos de los funcionarios referidos por la parte actora, todos ellos pertenecen a la sección donde fungieron.

Para sustentar esta afirmación se cotejó el Acta de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con el listado nominal de esas secciones, tomando como base los nombres de las personas que allí aparecen, puesto que la parte actora sólo proporciona los cargos de los integrantes de casilla, tal como se aprecia a continuación:

Ahora bien, existe un grupo de casillas que el actor también impugna por la misma causa de indebida integración, en donde no se cuenta con actas utilizadas durante la Jornada Electoral, sin embargo se acudió a las actas de escrutinio y cómputo que fueron subidas al sitio del Programa de Resultados Preliminares del INE, para estar en aptitud de verificar si los funcionarios cuestionados, se encontraban o no incluidos en los listados nominales de la sección respectiva, agravios que en todos los casos de igual forma resultan infundados como se advierte a continuación.

En lo atinente a las casillas 1729 S1, 1731 S1 y 2132 S1, si bien señala que, de una revisión en los encartes se advierte que hubo sustituciones de funcionarios, lo cierto es que las casillas especiales operan de forma distinta, pues son instaladas para recibir la votación de personas que cuentan con credencial para votar con fotografía vigente que no sean residentes de la sección donde son instaladas.

Lo anterior ya que estas casillas son destinadas a recabar la votación de personas en tránsito en el lugar donde son instaladas, así tenemos que, cuando algún funcionario designado por el respectivo consejo distrital no se presenta a integrar la casilla, puede ser sustituido por alguien que se encuentre en la fila esperando su turno para votar, y al ser destinadas para personas en tránsito y fuera de la sección electoral donde son instaladas, no existen listados nominales, sino que se van anotando los datos de la credencial de elector de las personas que allí acudieron a emitir su sufragio. Por ello resultan inoperantes sus motivos de inconformidad respecto de estas tres casillas.

Incluso la ley reconoce esta condición y exceptúa incluso del deber de conformarla con personas de la sección, pues acorde con lo que prevé el articulo 258 párrafo 3 de la LGIPE, “en cada distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad poblacional, y a sus característica geográficas y demográficas. La integración de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con ciudadanos que habiten en la sección electoral donde se instalarán, en caso de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados de otras secciones electorales.”