JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SG-JIN-92/2021 Y SG-JIN-93/2021

ACTORES: FUERZA POR MÉXICO Y PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN SINALOA

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO: JORGE SÁNCHEZ MORALES

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: ANDREA NEPOTE RANGEL

COLABORÓ: ALEJANDRO FLORES MÁRQUEZ

Guadalajara, Jalisco, a veintidós de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos que integran los juicios de inconformidad promovidos por el Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México, a fin de impugnar el cómputo, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez correspondiente a la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa.

A N T E C E D E N T E S

De los escritos de demanda y de las constancias que integran los expedientes en que se actúa, se advierte:

1. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno se llevó a cabo la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 02 Distrito Electoral Federal en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis.

2. Cómputo distrital. El nueve de junio siguiente el 02 Consejo Distrital realizó el cómputo distrital de la elección señalada, cuyos resultados fueron los siguientes.

Total de votos en el distrito

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos

Votación final obtenida por los candidatos

Finalizado dicho cómputo, se declaró la validez de la elección, la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos y se expidió la constancia de mayoría y validez en favor de la candidatura postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por Ana Elizabeth Ayala Leyva como propietaria, y María Yazmin Meza Ayala, como suplente.

3. Interposición de juicios de inconformidad. Inconformes con los actos anteriores, el trece de junio de dos mil veintiuno, los partidos políticos Encuentro Solidario y Fuerza por México promovieron, cada uno, juicio de inconformidad, aduciendo lo que a su derecho estimó pertinente.

4. Tercero interesado. En ambos juicios de inconformidad, compareció como tercero interesado el partido político Morena.

5. Turno a ponencia. Recibidas las constancias respectivas, mediante sendos acuerdos de veintiuno de junio, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar los expedientes SG-JIN-92/2021 y SG-JIN-93/2021, respectivamente, y turnarlos a la Ponencia a su cargo para su sustanciación y, en su oportunidad, formular los proyectos de sentencia correspondientes.

6. Radicación. Mediante proveídos de veintidós de junio, el Magistrado Instructor acordó la radicación de cada expediente.

7. Admisión y apertura de incidente. El veintitrés de junio siguiente, al considerarse que estaban debidamente integrados los expedientes, se dictó auto de admisión en cada juicio. Además, en el caso del expediente SG-JIN-92/2021 se declaró la apertura del incidente de pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, por así haberlo solicitado el partido Fuerza por México; y se requirió diversa información a la responsable, misma que fue cumplimentada en tiempo y forma.

8. Resolución incidental. El veintidós de julio del año en curso, se declaró improcedente la solicitud de incidente de nuevo escrutinio y cómputo solicitado en el expediente SG-JIN-92/2021.

9. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al estar sustanciados los asuntos, se ordenó cerrar la instrucción para formular el proyecto correspondiente, y proponer la acumulación por lo que se refiere al asunto más antiguo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, tiene jurisdicción constitucional y legal para su conocimiento, y es competente para resolver los presentes juicios de inconformidad[1], lo anterior, por tratarse de medios de impugnación presentados por los partidos políticos Encuentro Solidario y Fuerza por México contra actos correspondientes a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el 02 Distrito Electoral Federal ubicado en el estado de Sinaloa, comprendido en el ámbito territorial de esta circunscripción.

SEGUNDO. Acumulación. De la lectura de las demandas atinentes se advierte la existencia de conexidad en la causa, porque en los dos casos, se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa por el 02 Distrito Electoral Federal en el estado de Sinaloa, señalando, por tanto, a la misma autoridad responsable, y además, en ellos se invocan diversas causales de nulidad de votación recibida en casillas, establecidas en el artículo 75 de la Ley de Medios, y en otra de ellas, se aduce una causal para anular la elección del referido distrito electoral.

Por tanto, con fundamento en los artículos 180, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, y 86 del Reglamento Interno de este Tribunal, procede decretar la acumulación del expediente SG-JIN-93/2021 al diverso SG-JIN-92/2021 por ser éste el primero registrado en la Sala Regional, lo anterior, al existir la aludida conexidad y a fin de facilitar la pronta, congruente y conjunta resolución; en consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo a los juicios acumulados.

TERCERO. Tercero interesado.

1. Forma. En los escritos de comparecencia consta el nombre y firma autógrafa del compareciente, así como el carácter de representante propietario del partido político Morena ante la responsable con el que actúa; además, se precisa la razón del interés jurídico en que funda su pretensión y, ofrece las pruebas que considera pertinentes.

2. Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro del plazo de las setenta y dos horas de la publicitación de la cédula que dio a conocer la promoción de cada juicio de inconformidad.

Esto es así, ya que, por lo que ve a la demanda que originó el juicio SG-JIN-92/2021, la cédula respectiva quedó fijada en los estrados de la autoridad responsable a las tres horas del día catorce de junio; mientras que el escrito de tercero interesado de Morena se presentó a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciséis de junio.[2]

Por lo que se refiere a la demanda que derivó en el juicio SG-JIN-93/2021, ésta fue publicada por la responsable a las tres horas con treinta minutos del catorce de junio; y el escrito de comparecencia respectivo se presentó a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis siguiente[3].

3. Legitimación y personería. En ambos juicios, Morena tiene legitimación para comparecer por tratarse de un partido político nacional; asimismo, tiene la personería necesaria por comparecer con el carácter de representante propietario del propio ente político ante el Consejo Distrital, como se advierte de autos[4].

4. Interés jurídico. El compareciente tiene un interés opuesto con el de la parte actora, pues pretende que se confirme el acto reclamado, toda vez que forma parte de la coalición que obtuvo el triunfo en el Distrito Electoral Federal 02 de Sinaloa.

CUARTO. Causales de improcedencia. El Consejo Distrital responsable aduce que la demanda que originó el expediente SG-JIN-92/2021 no reúne los requisitos mínimos de un juicio de inconformidad, al no realizar la mención individualizada de casillas y causal invocada.

Lo anterior se desestima, en virtud de que, si bien el artículo 52 párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios estatuye tal imperativo, se considera que, en el presente caso, la omisión de su cumplimiento no conlleva a la improcedencia. Ello, toda vez que la pretensión del Partido Fuerza por México no es lograr la nulidad de la votación recibida en casillas (como expresamente lo indica en su escrito de demanda), sino la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales.

En estos términos, es que resulta jurídicamente procedente que este órgano jurisdiccional tenga como acto impugnado aquel que menciona el actor, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 52, párrafo 2, en relación al 50, inciso b), fracción II de la Ley de Medios.

Por otra parte, la autoridad responsable en el expediente SG-JIN-93/2021, solicita que el juicio sea desechado, al incumplirse lo dispuesto en el artículo 9, numeral 1 incisos d) y e) de la Ley de Medios, en virtud de que el accionante omitió identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo.

La causal de improcedencia aducida se desestima, debido a que, para colmar dicho requisito de procedencia es suficiente que de las manifestaciones del accionante se desprendan tales elementos, lo que en el caso se cumple.

Ello es así, en virtud de que el Partido Encuentro Solidario presentó su demanda ante la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Sinaloa y dirige su escrito de impugnación al Presidente del Consejo Distrital 02 del instituto y entidad federativa referidos.

Asimismo, de la lectura de su demanda, queda patente que solicita la nulidad de la votación recibida en diversas casillas instaladas en el distrito 02 del Estado de Sinaloa, por encontrarse en uno o varios de los supuestos de nulidad enunciados en la ley. Además, que pretende que una vez declarada la nulidad de dicha votación, “sea remitido al Consejo Electoral parar los efectos legales conducentes”. 

Lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional, evidencia que la pretensión del accionante es impugnar el cómputo de la elección respectiva y, en vía de consecuencia, la declaración de validez y entrega de constancia de mayoría a la fórmula ganadora.

QUINTO. Requisitos generales y especiales. Este órgano jurisdiccional considera que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios para la presentación y procedencia de los juicios de inconformidad que se resuelven, como a continuación se razona.

A. Requisitos generales.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito y en ella constan el nombre y firma autógrafa de cada actor, así como los demás requisitos legales exigidos.

2. Legitimación. Las partes actoras tienen legitimación para promover el medio de impugnación, porque se trata de partidos políticos con registro para participar en las elecciones de diputados federales.

3. Personería. En relación a quien acude en representación del partido Fuerza por México, se tiene por acreditada la personería de Juan Ernesto Millán Pietsch, quien se ostenta como Presidente del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político en Sinaloa; cuya calidad se constata de los registros existentes en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.[5]

Ahora bien, esta Sala considera que el Presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México cuenta con facultades de representación según lo establecen los estatutos de ese partido, colocándolo en el supuesto del artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracciones II y III, de la Ley de Medios.

En efecto, el citado artículo legal dispone que la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos, entre otros, los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales, o sus equivalentes, según corresponda y los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados para ello.

El artículo 125, fracción X, de los Estatutos[6] dispone que las Presidencias de los Comités Directivos Estatales tendrán las facultades y atribuciones, entre otras, en el ámbito de su competencia territorial, ser la persona representante legal del partido político ante terceros y toda clase de autoridades; para lo que gozará de todas las facultades generales y especiales de administración, administración laboral, pleitos y cobranzas; para formular querellas en los casos de delitos y denuncias de hechos, así como otorgar el perdón extintivo de la acción penal.

El mismo dispositivo estatutario prescribe que la presidencia representará al partido político ante toda clase de autoridades, organismos e instituciones, inclusive en los términos de los artículos 11, 875, 876 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, así como para otorgar poderes y para articular y absolver posiciones y promover y desistirse del juicio de amparo. Podrá sustituir, reservándose su ejercicio, el mandato en todo o en parte.

Con base en el artículo señalado, se concluye que las personas titulares de las Presidencias de los Comités Directivos Estatales cuentan con facultades de representación ante las instancias administrativas y jurisdiccionales electorales para la atención y defensa de los asuntos de su partido político en la entidad federativa en que ejercen jurisdicción.

En lo que respecta a quien acude en representación del Partido Encuentro Solidario, se tiene por acreditada la personería de Karla Zulema Cital López, toda vez que la autoridad responsable reconoce que es la representante propietaria del referido partido político ante el Consejo Distrital 02 de Sinaloa; aunado a que así se desprende de las constancias del expediente[7].

4. Oportunidad. Las demandas se presentaron en forma oportuna, en tanto que se interpusieron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección que se controvierte.

En efecto, del acta circunstanciada levantada con motivo del cómputo distrital, se advierte que éste concluyó el nueve de junio, y ambas demandas se presentaron el trece siguiente, por lo que es evidente que su interposición fue dentro del plazo legal estipulado para ello.

B. Requisitos especiales.

Los escritos de demanda satisfacen los requisitos especiales previstos en el artículo 52 párrafo 1 de la Ley de Medios, en tanto que, de conformidad a lo expuesto anteriormente en el estudio de las causales de improcedencia aducidas por la responsable, las partes actoras impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa; declaración de validez; expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sinaloa, ya sea por nulidad de la votación recibida en diversas casillas o por violación a principios constitucionales.

Al encontrarse satisfechos en la especie los requisitos de procedencia de los presentes juicios, lo conducente es avocarse al estudio de fondo de la cuestión planteada.

SEXTO. Estudio del SG-JIN-92/2021. Fuerza por México.

1. Planteamiento del actor sobre la determinancia

En el escrito de demanda presentado por el partido Fuerza por México, se advierte que éste expone que, para el caso de los partidos políticos que se encuentren en posibilidad de perder su registro, la determinancia de la infracción reclamada debe ser considerada no frente al resultado de la votación recibida en casilla ni de los resultados del cómputo distrital de que se trate, sino respecto de la votación total de la elección de diputaciones.

Sustenta lo anterior, refiriendo que al partido Fuerza por México le falta únicamente el 0.42% de la votación para la obtención de su registro, citando al efecto la tesis relevante L/2002 “DETERMINANCIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO NECESARIO PARA CONSERVAR SU REGISTRO, DEBE SER OBJETO DE ESTUDIO AL MOMENTO DE ANALIZAR ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL”[8].

Lo anterior resulta inatendible, al no tener aplicación sus manifestaciones al caso concreto.

En primer término, porque según se expuso previamente en esta sentencia, el partido Fuerza por México controvierte la elección impugnada únicamente por la causal de nulidad de la elección, de suerte que esta Sala Regional no realizará análisis de determinación alguno en el estudio de causales de nulidad de votación recibida en casilla, en tanto que éstas no se hicieron valer por el actor.

A su vez, el planteamiento también resulta inatendible en razón de que el análisis de la determinancia como requisito de procedibilidad al que alude el actor, constituye un estudio correspondiente al Juicio de Revisión Constitucional Electoral, y no al Juicio de Inconformidad.

Por tanto, en el estudio de los agravios expuestos por el partido Fuerza por México, se deberá estar a lo establecido en la jurisprudencia 9/98 de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”[9]; así como en la diversa 39/2002, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”[10].

2. Nulidad de elección por difusión de mensajes en periodo de veda.

a)  Síntesis de agravios.

El partido Fuerza por México solicita la nulidad de la elección distrital impugnada por la vulneración grave a los principios constitucionales debido a que, durante el periodo de veda electoral, diversas personas emitieron mensajes de apoyo en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo cual, a su juicio, vulneró el principio de equidad debido a que los demás institutos políticos se ciñeron a las reglas de participación.

Agrega que no es la primera ocasión en que dicho partido recurre a ese tipo de conductas, por lo que se debe estimar que se trata de un acto de gravedad especial ya que dicho instituto nuevamente se promocionó en una época en la que está estrictamente prohibido.

Al respecto, menciona que no sólo se debe tomar en cuenta las personas que difundieron este tipo de apoyos, sino que ello trascendió a un número exponencial debido al total de seguidores que tiene cada una de las cuentas de esas personas; por lo que existe una alta probabilidad de que esas publicaciones no quedaron en la emisión del mensaje, sino que trascendió hacia todos aquellos que la hayan retuiteado.

Por otro lado, refiere que la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que existe un riesgo exponencial en mensajes difundidos en una red social por parte de personas que ostentan cierta relevancia pública, por ello, sostiene que los mensajes difundidos revelan una multicidad de elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad y, por el contrario, demuestran que se trató de una estrategia propagandistica dirigida a beneficiar al PVEM, ello con indepedencia de que estas personas hubieran recibido un pago.

Por ende, sostiene que la publicación de esos mensajes en periodo de veda, puso en riesgo los principios rectores de la elección que transcurria, tomando en cuenta el universo potencial de destinatarios de estos tweets.

b)  Estudio de los agravios

Los agravios son inoperantes pues no se ofrecen pruebas suficientes para demostrar las afectaciones al principio de equidad en la elección y el grado en que eso pudo influir en los resultados, ello, de conformidad a los razonamientos que enseguida se exponen.

Este Tribunal Electoral ha sostenido que la declaración de validez o nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer con base en el bloque de constitucionalidad y de legalidad e incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto.[11]

Asimismo, se tiene presente que existen múltiples principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral que son de observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia entre los partidos políticos, y el principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual sólo la ley puede establecer causales de nulidad.

También esta Sala Regional ha sostenido[12] que la restricción a la propaganda el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, específicamente, cuando su ejercicio tenga como propósito la difusión de contenidos electorales en el referido periodo, tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el voto de la ciudadanía se dé libremente sin recibir ningún tipo de presión.

En este sentido, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia, en tanto persigue que ninguna de las partes contendientes electorales obtenga sobre las demás candidaturas, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto de la ciudadanía.

Por tanto, la vulneración a la prohibición aludida puede afectar la equidad en la contienda, así como al principio de libertad del voto.

Con base en lo expuesto, se ha considerado que los órganos jurisdiccionales, locales y federales, en materia electoral, tienen la atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que las partes impugnantes hagan valer conceptos de agravio tendentes a demostrar que están plenamente acreditadas las causales de nulidad legalmente previstas o, incluso, irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección.

Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante al procedimiento electoral atinente o a su resultado, podría conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a los principios o preceptos de la Constitución, de los tratados internacionales o de la legislación aplicable.

Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son:

1.      La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

2.      Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas;

3.      Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional haya producido en el procedimiento electoral, y

4.      Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección.

Así, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas o principios constitucionales o convencionales, es necesario que esa violación sea ejecutada, en principio, por la ciudadanía que acude a sufragar, las personas integrantes de las mesas directivas de casilla, los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, u otros sujetos cuya conducta incida en la elección, en la medida en que sus actos conlleven a que sea una irregularidad grave, generalizada o sistemática y, además, determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa o cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad.

Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares.

Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano. [13]

En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una elección deriva no sólo de las facultades específicas previstas en la legislación electoral, sino también de los principios y valores constitucionales y de los derechos fundamentales previstos constitucionalmente y en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, entre los que se reconocen los derechos político-electorales de votar y ser votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, llevadas a cabo mediante sufragio directo, universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad del electorado.

En el caso, el partido Fuerza por México solicita la nulidad de elección debido a que se dio una conducta generalizada consistente en la difusión de mensajes de apoyo en favor del PVEM por parte de diversas personas que denomina “influencer”.

Sin embargo, conforme lo establece el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, existe la carga probatoria sobre quien afirma un determinado hecho.

En el caso, en la demanda no se anexa algún documento o medio de prueba tendiente a demostrar su dicho sobre los mensajes presuntamente difundidos en varias cuentas de redes sociales (Twitter, Instagram, por ejemplo) cuyo cuadro inserta en su escrito.

En todo caso, hace una enunciación de presuntas cuentas de redes sociales, con un número determinado que identifica como seguidores, pero sin aportar un elemento aun indiciario de la vinculación de dichas cuentas, lo que las personas titulares de las mismas “difundieron como influencers”, así como el contenido o contexto.

Por el contrario, se limita a realizar una narrativa en la demanda sin demostrar plenamente el acontecimiento de tales hechos, la existencia generalizada en lugar de ser una participación aislada, sin pruebas adicionales más que su dicho.

Aunque refiere la existencia de los hechos, también lo es que pretende revertir la carga probatoria a esta Sala para que de oficio investigue las manifestaciones que, a su decir, provinieron de las cuentas de las redes sociales, así como corroborar los datos asentados en ellas, incluso allegarse la existencia de posibles quejas o denuncias, omitiendo la mínima obligación procesal prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, sobre el ofrecimiento de pruebas[14].

Si bien la conducta señalada por el partido parte actora pudiese ser constitutiva de una infracción que amerite alguna sanción a quien resulte responsable, ello no necesariamente implica por sí mismo la generación de un daño automático, real y verificable a los principios constitucionales que rigen los procesos comiciales.

Lo anterior es así, ya que se ha establecido[15] que en este tipo de conductas no se puede saber objetivamente el número de personas que recibieron los mensajes señalados o las posibles repercusiones en la voluntad del electorado que tuvieron conocimiento de los mismos.

Esto es, contrariamente a lo alegado por el partido parte actora, no puede afirmarse que los mensajes señalados hayan trascendido al total de seguidores que tiene cada una de las cuentas de esas personas, pues no aporta prueba alguna ni se advierten elementos objetivos para asegurar que la difusión de los mensajes tuvo repercusiones directas en el resultado de la elección impugnada.

Por lo anterior, debió adicionar elementos mínimos para acreditar la afectación al principio de equidad, pero ante la ausencia de ofrecimiento de ellas (por ejemplo, los mensajes difundidos y las personas a las cuales correspondió esa difusión, el tiempo de la misma o duración del mensaje, entre otros posibles elementos de prueba), incumple su obligación de acreditar sus afirmaciones. 

En el mismo orden de ideas, tampoco es posible desprender el grado de afectación a los principios reclamados para influir en el electorado, o en los propios resultados de la elección, para con ello declarar su nulidad.

Lo anterior, porque si bien existió la posibilidad de que los tweets (o publicaciones en redes sociales) denunciados pudieran influir en la preferencia de  alguno o algunos de los electores, lo cierto es que tales mensajes también pudieron ser ignorados por quienes tuvieron conocimiento de ellos o, inclusive, pudieron constituir un factor negativo o perjudicial de cara a la elección, para el partido político mencionado en esos mensajes, ante las críticas adversas que dicha estrategia podría generar entre sus receptores en las propias redes sociales.

Por tanto, no podría decirse que existan condiciones para concluir de manera objetiva que ese acto tuvo como efecto beneficiar en forma considerable al PVEM.

Por ende, no podría afirmarse, como lo pretende el partido parte actora, que ese hecho por sí solo haya puesto en riesgo los principios rectores de la elección o sus resultados, o bien, que con la sola difusión de los mensajes denunciados el PVEM obtuvo una ventaja (representada en un mayor número de votos) frente al resto de las opciones políticas que contendían.

No demerita lo anterior que el partido Fuerza por México señale que existió una gravedad especial en los mensajes difundidos debido a que fue una estrategia que se repitió el proceso pasado, no obstante, ese hecho no es un aspecto que pueda ser tomado en cuenta, ya que no corresponde al análisis del presente juicio de inconformidad la valoración de conductas relativas a procesos electorales pasados.

Además de lo expuesto, como se ha indicado, sus afirmaciones carecen de sustento probatorio alguno, incluyendo los supuestos cálculos sobre una posible trascendencia de los mensajes de las personas “influencers” sobre sus “seguidores”, por lo cual son expresiones dogmáticas sobre la presunta distribución de los mensajes en redes sociales, y de que estos alcanzaron al electorado.

Esto es, parte de situaciones hipotéticas,[16] sin cumplir con una mínima carga probatoria para sustentar su dicho.[17]

Incluso, conforme a la línea jurisprudencial de esta Sala Regional,[18] para que dicha irregularidad acarree la nulidad de la elección, es necesario también como se anticipó:

        Que se acrediten plenamente las violaciones sustanciales —en este caso, la comisión de los actos atentatorios de los principios de equidad y libertad del sufragio— en el marco de la elección cuya validez se cuestiona;[19]

        Que concurran los factores cualitativo y cuantitativo del carácter determinante de una irregularidad, es decir, que se acredite la vulneración a determinados principios constitucionales y definir si tal vulneración definió el resultado de la elección.[20]

Además, deben existir elementos para concluir que los hechos denunciados constituyen violaciones sustanciales al proceso electoral o a los principios constitucionales, al existir una presunción en la licitud de los mensajes reclamados, lo cual implica el análisis de los mensajes difundidos, y argumentos para evidenciar el impacto en el ámbito de la elección.

Todo lo cual, como se expuso, no existe mínimamente en lo planteado por la parte actora, por lo que prevalece un impedimento técnico para abordar lo reseñado en su demanda (ausencia de carga probatoria suficiente), lo cual como se dijo, torna inoperantes sus reclamos.

Por ello, tampoco logra demostrar cómo o de qué grado fue la afectación para influir en los resultados, esto es cómo los mensajes a los que alude, alteraron los resultados de la elección controvertida al vulnerar diversos principios e influir sobre el electorado, ya que sólo constituye una narrativa sustentada en varias suposiciones sin soporte probatorio, lo que de suyo conlleva a establecer que para analizar un impacto de la presunta vulneración a la veda electoral, debe establecerse primero las pruebas para demostrar la vulneración reclamada (demeritado inicialmente) y, en segundo lugar, el grado afectación o influencia en la elección (tampoco demostrado).

En el caso, como se ha señalado, el grado de afectación no queda suficientemente demostrado, precisamente ante la ausencia de elementos de pruebas.

SÉPTIMO. Estudio del SG-JIN-93/2021. Partido Encuentro Solidario.

1. Causales de nulidad de votación recibida en casilla.

a)  Síntesis de agravios

Previo al examen de la controversia planteada, se considera oportuno precisar que en términos de lo establecido en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, esta Sala Regional debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expresados, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Ello no implica que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con lo establecido el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, la parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que basan su impugnación, así como los agravios que les causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis CXXXVIII/2002 de la Sala Superior de rubro SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.[21]

Precisado lo anterior, de la lectura de la demanda promovida por el Partido Encuentro Solidario se advierte que expresamente solicita a este órgano jurisdiccional que declare la nulidad de la votación recibida en las casillas que menciona en su escrito, por encontrarse en uno o varios de los supuestos de nulidad enunciados en la Ley.

Al respecto, el accionante menciona de manera genérica que se violentaron los principios de certeza y legalidad en la votación por existencia de irregularidades, como lo marca el artículo 75, inciso k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A su vez, refiere que en las casillas que detalla no se acreditó que los funcionarios de casilla sustitutos se encontraran en la lista nominal de electores; por lo que solicita a esta Sala Regional que se revise la información de las personas mencionadas en el encarte del Consejo Distrital 02 de Sinaloa, que fueron sustitutas de los funcionarios de casilla, a fin de acreditar que existen en la lista nominal de electores.

Para tal efecto, el partido actor plasma en su demanda un listado de doscientas veintinueve diferentes casillas, en las cuales, en todas refiere que “el día 12 de junio de 2021 se hace una revisión en los encartes publicados en los estrados del Consejo Distrital 02 y se encuentra que en la casilla hubo sustitución” y enseguida en cada una menciona el o los cargos de integrantes de mesa directiva de casilla que, a su decir, fueron sustituidos.

Advirtiéndose también que, en algunas de las casillas impugnadas, la parte actora menciona, además, la existencia de algunas irregularidades ocurridas, como la falta de firma y/o nombre de funcionarios en las actas y la existencia de violencia.

En atención a lo expuesto y en ejercicio de la suplencia de la expresión de los agravios, conforme lo establece el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, esta Sala considera que la pretensión del Partido Encuentro Solidario es:

a)  Por una parte, acreditar en la totalidad de las casillas que menciona, la causal de nulidad identificada en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley de Medios, consistente en haberse recibido la votación por personas u órganos distintos a los facultados, específicamente por no encontrarse en el listado nominal de la sección electoral correspondiente;

b)  Por otra parte, acreditar en las casillas que así lo menciona, que se ejerció violencia física o presión sobre las personas integrantes de la mesa directiva de casilla o sobre el electorado, en términos de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso i) de la Ley de Medios; y

c)   Además, acreditar en las casillas que así lo precisa, la existencia de la causal de nulidad identificada en el artículo 75, párrafo 1, inciso k) de la Ley de Medios, relativa a la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Con base en lo anterior, se procederá al estudio respectivo.

Finalmente, es dable precisar que en el análisis de los supuestos relativos a las tres causales de nulidad de votación recibida en casilla antes señaladas, esta Sala Regional tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados[22], lo cual se traduce en que, las irregularidades menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta que no sean determinantes para el resultado de la votación o la elección, no deben viciar el voto emitido por la mayoría del electorado de una casilla.

Asimismo, se tendrá presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante sólo que, en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera expresa, en tanto que en otras causales dicho requisito está implícito.

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en los incisos i) y k), del artículo 75 de la Ley de Medios, para declarar la nulidad de la votación recibida, se deben acreditar los supuestos normativos que las integran, pero, además será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son determinantes para el resultado de la votación.

En el caso de la regulada en el inciso e) del artículo 75 en cita, existe una presunción de que la causa que provoca la sanción anulatoria es determinante para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario, por lo que, la irregularidad que se presente no será determinante cuando se acredite que no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.[23]

b)  Estudio de los agravios

En principio, debe decirse que resulta inatendible el agravio hecho valer por el partido actor respecto de la casilla 356 C2, porque la misma no pertenece al distrito electoral que se controvierte.

Se llega a la anterior conclusión, dado que, tanto de la revisión del encarte remitido por la autoridad responsable[24], así como del portal “UBICA TU CASILLA ELECCIONES 2021” consultable en la dirección electrónica: https://ubicatucasilla.ine.mex, no se advierte dicha casilla.

En consecuencia, al no desprenderse constancia alguna para hacer patente la existencia de la casilla 356 C2 dentro del 02 Distrito Electoral Federal en Sinaloa, esta Sala Regional llega a la conclusión que su motivo de disenso resulta inatendible. 

Recepción de la votación por personas distintas. Causal e), artículo 75 de la Ley de Medios.

Marco normativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanas y ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el diverso 82, del señalado ordenamiento, establece que las casillas se integran por una presidencia, una secretaría, dos escrutadores y tres suplentes generales. Y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con una secretaría y un escrutador adicionales. Las y los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del ordenamiento precitado.[25]

Asimismo, el artículo 257 de la LGIPE, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas (conocido como “encarte”) se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto Nacional Electoral, y que el secretario del Consejo Distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada representante de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Atento a lo preceptuado en la norma, es de concluir que los órganos electorales facultados por ley para recibir los sufragios son las mesas directivas de casilla.

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Ahora bien, se precisa que independientemente de que la autoridad electoral responsable haya realizado el proceso de insaculación de ciudadanas y ciudadanos señalado en la norma, capacitándolos para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla, y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la jornada electiva, esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, puedan fungir como funcionarios del órgano electoral aludido.

Lo anterior es así porque el artículo 274 numeral 1 de la Ley en cita, prevé un procedimiento a seguir (coloquialmente denominado “corrimiento”) el día de la jornada electoral para sustituir a las y los funcionarios de casilla, en el supuesto de que ésta no se instale a las ocho horas con quince minutos, esto es, si a la hora referida los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan el día de la elección, entonces actuarán en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse como funcionarios a ciudadanos y ciudadanas que se encuentren formadas en la fila para emitir su voto, siempre y cuando pertenezcan a la sección electoral respectiva.

Por tanto, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución o “corrimiento” regulado en el referido artículo 274 numeral 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

No obstante, es igualmente importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios previamente designados, deben estar inscritos en la lista nominal del electorado de la casilla o sección correspondiente, como ya se ha mencionado.

De esta manera, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no fueron sustituídas de conformidad al procedimiento establecido en ella.

Establecido lo anterior, a efecto de verificar lo referido por la parte actora en su demanda, a saber, que los cargos de las mesas directivas de casilla que indica fueron sustituidos por personas que no pertenecían a la respectiva sección electoral, se procede al estudio del cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en:

a) Encarte

b) Actas de jornada electoral

c) Actas de escrutinio y cómputo

d) Listado nominal

e) Hojas de incidentes

A las citadas documentales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo previsto por los artículos 14 numerales 1 inciso a) y 4 inciso a) y 16 numeral 2 de la Ley de Medios, por ser actas oficiales expedidas por las mesas directivas de casilla y ser documentos expedidos formalmente por órganos electorales, en las cuales constan actuaciones relacionadas con el proceso electoral, sin que exista prueba en contrario de su contenido.

Asimismo, constan en el expediente los escritos de incidentes y de protesta relacionados con las casillas en estudio, las que en concordancia con el citado artículo 16, numeral 3 sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado y por la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

En este sentido, para el análisis de las casillas, esta Sala Regional generará un cuadro esquemático en el que se consigna la siguiente información:

a)     En la primera columna, se registrará el número consecutivo de la lista.

b)     En la segunda columna, se anota el número y tipo de casilla impugnada (B es básica, C es contigua y E es extraordinaria).

c)      En la tercera columna se precisa el cargo perteneciente a la mesa directiva de casilla que es cuestionado por el partido actor en cada caso (presidente, secretario o escrutador).

d)     En la cuarta columna se asentará el nombre del funcionario impugnado que integra la Mesa Directiva de Casilla de conformidad a la última publicación del aviso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla (encarte).

e)      En la quinta columna, se consignará el nombre del funcionario de casilla que actuó el día de la elección en el cargo impugnado por el partido actor; cuyo nombre puede obtenerse de las actas de jornada electoral y/o escrutinio y cómputo de la casilla y/o incidentes.

f)         En la sexta columna, se contempla un espacio para incluir observaciones con los resultados del cotejo correspondiente.