JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JLI-1/2026

PARTE ACTORA: MA. DEL SOCORRO VARGAS FERNÁNDEZ[1]

PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL[2]

MAGISTRADA PONENTE: REBECA BARRERA AMADOR

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: MARISOL LÓPEZ ORTIZ[3]

Guadalajara, Jalisco, veinticuatro de febrero dos mil veintiséis.[4]

El Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión privada de esta fecha dicta sentencia en el juicio al rubro citado, en el sentido de condenar al INE por el pago de diversas prestaciones, y por otro lado absolverlo respecto de otras.

Palabras clave: reinstalación, salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, ISSSTE, FOVISSSTE, compensación por término de la relación laboral.

A N T E C E D E N T E S

De las afirmaciones que realiza la parte actora, y de las constancias que obran en el expediente, se deduce lo siguiente.

a) Inicio de la relación contractual y conclusión. Las partes señalan, que existió una relación de índole contractual entre la parte actora y el INE; la parte actora afirma que dicha relación inició el uno de octubre de dos mil cuatro, mientras que la parte demandada afirma que inicio el uno de diciembre de dos mil cuatro; ambas partes coinciden en que dicho vínculo concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco,[5] siendo su último cargo el de “Técnico de Órgano Electoral” de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Nayarit.

b) Juicio laboral SG-JLI-1/2026. El cinco de enero, la hoy actora promovió juicio laboral en el que reclama la reinstalación, o en su caso el pago de salarios caídos, y diversas prestaciones, así como el reconocimiento de sus derechos laborales. 

j) Recepción y turno. Recibidas las constancias, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo como SG-JLI-1/2026 y de acuerdo al turno aleatorio se remitió a la ponencia a su cargo para su sustanciación.

k) Sustanciación. Se radicó el expediente en la Ponencia de la Magistrada instructora y se realizó una prevención a la parte actora la cual fue desahogada en su oportunidad; se admitió la demanda y se ordenó correr traslado al INE con copia certificada de ésta y sus anexos.

Por último, el diecisiete de febrero se celebró la audiencia de ley con la presencia de ambas partes de manera virtual, y al no quedar diligencias ni pruebas pendientes por desahogar, la Magistrada instructora, previa verificación de la etapa de alegatos, declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de resolución.

R A Z O N E S   Y   F U N D A M E N T O S

PRIMERA. Competencia y jurisdicción.

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el INE y una persona exservidora pública que estuvo adscrita a la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el estado de Nayarit, para reclamar la reinstalación o bien, el pago de salarios caídos y diversas prestaciones de índole laboral; supuesto y entidad federativa en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

        Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución): artículos 41, Base VI, y 99, párrafo 4, fracción VII;

        Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos 251; 261; 263, fracción XI; 267, fracción VIII.

        Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[6]: artículos 94, párrafo 1, inciso b), y 96, párrafo 1.

        Acuerdo INE/CG130/2023. Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

        Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

        Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.

SEGUNDA. Sustitución patronal.

Cabe precisar que conforme al Decreto[7] por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia política-electoral, y en el artículo 41, entonces párrafo segundo, base V, se estableció que el Instituto Federal Electoral fue sustituido por mandato constitucional por un nuevo organismo, el cual tomó posesión de su patrimonio, derechos, obligaciones, así como del estado y responsabilidad de los asuntos pendientes de sustanciación, los cuales quedan subsumidos en el ámbito de competencia de la nueva responsable, en este caso el INE, al que pasaron a formar parte los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la entidad extinta.

Si bien es cierto se ha llegado a señalar que para los trabajadores del Estado no opera dicha figura jurídica,[8] también lo es que, en el caso, la reforma constitucional involucró la modificación e inclusión de funciones del entonces Instituto Federal Electoral, manteniéndose intactas algunas otras como Instituto Nacional Electoral.

En efecto, existe sustitución de patrón cuando haya íntima relación entre dicha fuente de trabajo y el patrono, sin interrupción de las actividades laborales de producción o servicios, esto es, cuando el patrono sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior. En otros términos, el elemento esencial es la continuación.[9]

En tal orden de ideas, esta Sala Regional ha sido consistente en sostener que, en el caso que nos ocupa, se da la sustitución patronal alegada, toda vez que la relación original se estableció entre el Instituto Federal Electoral y la actora, por lo cual el INE debe ser considerado como patrón sustituto.

TERCERA. Causales de improcedencia.

En el escrito de contestación la parte demandada solicita la improcedencia de la pretensión, respecto de:

a)    El reconocimiento de la relación laboral y antigüedad por el periodo del uno de octubre de dos mil cuatro al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

b)    La reinstalación en el puesto que venía desempeñando la parte actora.

c)    El pago de indemnización, el pago de salarios caídos y demás prestaciones, en virtud de que la terminación de la relación contractual concluyó de manera natural.

d)    Pago de compensación por término de la relación laboral.

e)    Pago de vacaciones y prima vacacional, y pago de aguinaldo.

Lo anterior, porque a su decir nunca existió la supuesta relación laboral, ya que el vínculo jurídico que se sostuvo entre las partes fue de naturaleza civil debido a que la quejosa suscribió con el INE contratos de prestación de servicios eventuales y permanentes regulados por la legislación civil.

Ahora, dichos argumentos señalados como causal de improcedencia no pueden ser estudiados en este punto, en virtud de que tales aseveraciones serán motivo de pronunciamiento en el estudio de fondo de la presente sentencia.

Sirve de apoyo la razón esencial del criterio 135/2001, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE”[10].

CUARTA. Prescripción.

La parte demandada refiere que la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establecen la prescripción de las prestaciones reclamadas en un plazo específico de un año, contado a partir del derecho en que pudo ejercerse o gozarse, por lo que opone dicha excepción de prescripción con relación a todas las prestaciones accesorias que reclama la actora (aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, vales de fin de año, prima quinquenal, prestaciones de despensa oficial y apoyo para despensa, y ayuda para alimentos).

Al respecto se tiene que el artículo 96 de la Ley de Medios dispone que el servidor del Instituto que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo, o considere haber sido afectado en sus derechos o prestaciones laborales, podrá inconformarse directamente ante la Sala del Tribunal Electoral competente dentro de los quince días hábiles siguientes en que se le notifique la determinación del INE.

En ese sentido, la disposición normativa es categórica al referir que son quince días hábiles, el plazo con el que cuenta un trabajador del INE para inconformarse respecto de alguna vulneración a sus derechos laborales; lo cual tiene sustento además en la Jurisprudencia 10/98 de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD”.[11]

No obstante, de la interpretación sistemática de los artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios, y 516 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, se concluye que atendiendo a la naturaleza de ciertas prestaciones laborales, existen algunas que no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo laboral ni están supeditadas a que prospere o no la acción principal ya que se generan por la prestación del servicio y el simple transcurso del tiempo, como lo son el pago de aguinaldo, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional; por lo que el plazo para demandarlas es de un año a partir de que sea exigible el derecho de que se trate. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 1/2011-SRI, de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: “DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”.[12]

Así, en el caso concreto se tiene que la actora entre otras cuestiones reclama el reconocimiento de la relación laboral y el pago de diversas prestaciones de índole laboral que no dependen concretamente de la subsistencia de la relación laboral, tales como: cuotas de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE); prima de antigüedad; aguinaldo; vacaciones y prima vacacional proporcional por el año 2025.

Por lo que, en cuanto a estas prestaciones, se considerará el plazo de un año a partir de la fecha en que la actora pudo ejercer su derecho a impugnar, como término legal para efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda.

Mismo plazo se considera aplicable respecto de las prestaciones extralegales adicionales que reclama, tales como vales de fin de año, vales del día del niño y de la niña, vales del día de las madres, prima quinquenal, prestaciones de despensa oficial y apoyo para despensa, y ayuda para alimentos; toda vez que si bien se encuentran supeditadas a que se cumplan ciertas condiciones con motivo del cargo o plaza que ocupaba dentro del INE, por la misma razón no dependen directamente de la subsistencia del vínculo laboral; de manera que el plazo de un año a partir de la fecha en que puede ejercer su derecho a reclamarlas, se considerado como término legal para tal efecto.

Por ende, no operaría la prescripción alegada por la demandada respecto de las prestaciones previamente descritas.

QUINTA. Requisitos de procedencia del juicio laboral.

Previo al estudio de fondo de la controversia, corresponde a esta Sala Regional verificar que se encuentren satisfechos los presupuestos para el ejercicio de la acción pretendida, cuyo examen es preferente.

Sirve como criterio orientador la Tesis L/97 de la Sala Superior, de rubro: “ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE ESTUDIO OFICIOSO”.[13]

Así, del análisis de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente con respecto a los presupuestos de procedencia:

a) Forma. En la demanda se hace constar el nombre y firma de quien promueve; se identifican las prestaciones reclamadas, así como a la parte demandada; se mencionan los hechos en que se basa la acción, así como los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad de la demanda. Respecto a este requisito, se tiene que la separación definitiva de la relación jurídica entre la actora y el Instituto aconteció el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco (como se aprecia del oficio INE/NAY/JDE03/VE/2367/2025 que obra en los autos del expediente).[14]

Por lo que, el reclamo relativo a la solicitud de reinstalación o, en su caso, el pago de salarios caídos se encuentra en tiempo, ya que la presentación de la demanda laboral se llevó a cabo el cinco de enero de dos mil veintiséis, por lo que se encontraba dentro del plazo legal de quince días hábiles que menciona el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para su presentación.

Ahora, respecto a las prestaciones reclamadas de índole laboral (pago de la prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones proporcionales, prima vacacional, aportaciones y cotizaciones de seguridad social de ISSSTE y FOVISSSTE, despensa oficial apoyo para despensa, ayuda para alimentos, vales de fin de año, vales del día del niño, vales del día de las madres, y primas quinquenales) la presentación de la demanda se estima oportuna tal como quedó explicado en el apartado de prescripción de este fallo.

En relación con la compensación por término de la relación laboral, con base en el artículo 584 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE; esta Sala estima que si bien, dicha compensación resulta un símil a la indemnización que refiere el numeral 108 de la Ley de Medios (pues en ambos supuestos se establece el pago de tres meses de salario más doce días por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad), y en consecuencia, le aplica el plazo de quince días hábiles para su impugnación; lo cierto es que, para calcular el monto de la compensación por terminación de la relación laboral, es necesario que primero se determine la naturaleza laboral de la relación contractual, así como la antigüedad genérica de ella; es decir, la prestación que aquí nos ocupa, se encuentra ligada a la determinación de la antigüedad laboral, supuesto que conforme a la Jurisprudencia le resulta aplicable el plazo de un año, por lo que será este último el que se considerará para efectos de la oportunidad en su impugnación.   

Respecto de la contestación a la demanda, se estima que igualmente fue presentada de manera oportuna, pues el auto por el que se corrió traslado con el escrito inicial le fue notificado el quince de enero, comenzando a correr el término respectivo el siguiente dieciséis de enero, y la presentación de la contestación ante esta Sala se llevó a cabo el siguiente veintinueve de enero; esto es dentro del plazo de diez días hábiles que contempla el numeral 100 de la Ley de Medios. Lo anterior, sin tomar en cuenta los sábados y domingos de dicho periodo, al ser inhábiles. 

c) Legitimación e Interés Jurídico. La parte actora se encuentra debidamente autorizada para presentar la demanda, pues corresponde instaurar el juicio a quienes consideren que los actos o resoluciones del INE impliquen un conflicto laboral entre éste y sus personas servidoras públicas, como en la especie sucede, ya que la parte actora alega cuestiones relativas a su situación laboral como persona trabajadora de la parte demandada.

d) Definitividad. Se estima que no procede algún otro medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir al presente juicio laboral; por tanto, la parte actora está en aptitud jurídica de promoverlo.

SEXTA. Pretensiones y prestaciones reclamadas de la parte actora.

En el escrito de demanda, la parte actora expuso lo siguiente:

Refiere que desde en uno de octubre de dos mil cuatro fue contratada por el Jefe de Recursos Humanos del entonces IFE para desempeñarse en el puesto de Técnico de Órgano Electoral, y cuyas funciones consistían en el manejo de Equipo Tecnológico para capturar información del padrón electoral, llevar a cabo la recepción y lectura de la remesas de credenciales y la entrega de credencial, así como llevar el control de seguimiento de las cifras de solicitudes de credencial y atender a la ciudadanía, indicando que el último salario que recibió fue de $4,485.66 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 66/100 MN) de forma quincenal.

Que durante el tiempo en que estuvo laborando nunca tuvo notas desfavorables, y que, a pesar de tener contratos de prestación de servicios profesionales, sus actividades siempre fueron de manera subordinada, jamás realizó funciones de dirección, inspección ni fiscalización, y siempre tuvo un jefe inmediato; además de que sus contratos siempre fueron consecutivos y sin interrupción.

Que el diecinueve de diciembre de dos mil veinticinco, al ingresar a su centro de trabajo, su jefe inmediato y el Encargado de la Vocalía Ejecutiva, le hicieron saber mediante oficio INE/NAY/JDE03/VE/2367/2025, la no continuidad de su contratación para el ejercicio dos mil veintiséis y que su último día de labores sería el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

Ante tal situación solicitó una explicación, a lo que se le indicó, que debía tomarse una decisión de las plazas de honorarios permanentes de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, y dado que la Vocalía del Secretario contaba con mayor personal, debía decidirse dejar congelada una plaza sin posibilidades de contratación para el dos mil veintiséis, reiterándosele que la decisión sobre la plaza y la persona ya había sido tomada. Una vez leído el documento manifiesta que lo firmó de recibido y lo entregó, y posteriormente continuó laborando hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.  

           Prestaciones reclamadas.

1. Reinstalación. En el puesto que venía desempeñando antes del despido (Técnico de Órgano Electoral), o en su defecto indemnización constitucional de tres meses de salario.

2. Salarios caídos. Desde la fecha del despido y hasta que se dé por cumplida la sentencia que declaré el despido injustificado.

3. Prima de antigüedad.

4. Aguinaldo, vacaciones proporcionales, prima vacacional. Correspondientes al año dos mil veinticinco, y las que se generen hasta el día en que se efectúe la reinstalación.

5. Reconocimiento de derechos laborales. Adquiridos conforme al Estatuto de Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

6. Aportaciones y cotizaciones de seguridad social. Aquellas omitidas correspondientes a ISSSTE y FOVISSSTE, por el periodo reclamado, y en el caso de si haberse realizado, se informen los recibos correspondientes.

7. Compensación por término de la relación laboral. Lo anterior en el caso de no proceder la reinstalación, calculada con base en tres meses de su percepción más veinte días por cada año trabajado, incluyendo un reconocimiento especial por antigüedad de setenta días, y vacaciones no disfrutadas.

8. Prestaciones del Título Sexto del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE. Específicamente por lo que refiere a: Despensa oficial, apoyo para despensa, ayuda para alimentos, vales de fin de año, vales de día del niño y de la niña, vales de día de las madres, y primas quinquenales.

SÉPTIMA. Contestación, excepciones y defensas del INE.

El Instituto demandado, al dar contestación a la demanda expuso lo siguiente:

        Contestación a las prestaciones reclamadas.

- Reconocimiento de la relación laboral. Se niega acción y derecho ya que la parte actora fue contratada a partir del uno de diciembre de dos mil cuatro, a través de contratos de prestación de servicio regulados por la legislación civil, tratándose de contrataciones diversas independientes unas de otras, de las cuales pudo haber demandado el reconocimiento una vez concluida cada una de ellas, además de que no ha desempeñado puesto de estructura, plaza presupuestal, ni forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional ni de la Rama Administrativa.

Niega lisa y llanamente que existiera relación entre las partes en los periodos:

Que la simple prestación de servicios no constituye una relación laboral, pues son diversas a los lineamientos laborales aplicables al personal de estructura, por lo que no le asiste razón y derecho para demandar el reconocimiento de la relación laboral.

Señala que la accionante no realizaba sus actividades cumpliendo órdenes específicas, por lo que no existe subordinación; y que en los contratos no se desprenden elementos de subordinación, horario, descripción salario o puesto que determine una relación laboral.

Que, al no existir una relación laboral entre las partes, no puede suponerse la existencia de un despido injustificado, ya que la relación culminó de manera natural por la terminación del contrato.

- Reinstalación. Se niega acción y derecho, pues entre la parte actora y el INE no existió relación de trabajo ya que el vínculo fue de naturaleza civil, además por las actividades que desempeñaba la actora, el vínculo debe ser considerado de confianza y por lo tanto carece de derecho para reclamar la indemnización o reinstalación; asimismo, señala que parte de una premisa inexacta al indicar que no se ubicó en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 167 del Estatuto, toda vez que tales hipótesis solo son aplicables al personal del INE.

- Pago de indemnización constitucional. Es improcedente, ya que el vínculo que existió entre las partes fue de naturaleza civil y no laboral, además de que la propia actora reconoce haber sido contratada de manera eventual, y el reclamo de dicha indemnización constitucional no se encuentra regulada en el ámbito laboral-electoral, ya que no hay precepto legal que la fundamente.

- Pago de salarios vencidos. Es improcedente al no acreditarse la acción de reinstalación, esto por ser una consecuencia directa y accesoria de la reinstalación.

- Pago de prima de antigüedad. Se niega acción y derecho, ya que parte de una premisa equivocada, pues dicha prestación es parte integrante de la indemnización a la que se refiere el artículo 108 de la Ley de Medios consistente en tres meses de salario y el pago de doce días por año, por concepto de prima de antigüedad.

Indica que en todo caso para el cálculo de su importe debe tomarse en consideración lo establecido en el artículo 162, fracción II, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que dicha cantidad no podrá ser inferior al salario mínimo, pero si la percepción del trabajador excede al doble del salario mínimo del área geográfica del lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo.  

- Inscripción retroactiva y pago de cuotas ISSSTE y FOVISSSTE. Niega acción y derecho, pues la promovente prestó sus servicios mediante la celebración de contratos civiles, no obstante, sí se dio de alta una vez que tuvo el derecho a ello, por lo que se opone la excepción de pago.

- Pago de vacaciones y prima vacacional. Niega acción y derecho al haber sido contratada como prestadora de servicios por honorarios bajo el régimen civil, por lo que nunca generó el derecho para que se le otorgara el pago de dichas prestaciones, por lo que opone la excepción de plus petitio dado que sus reclamos carecen de fundamento jurídico.

No obstante, alega que, en todo caso, las vacaciones no se pagan, sino que se disfrutan en términos de la normativa aplicable, y en el caso, conforme a la circular INE/DEA/023/2025 se hizo del conocimiento de los periodos vacacionales de dicho año (del 01 al 12 de septiembre de 2025 y del 22 de diciembre de 2025 al 07 de enero de 2026).

En cuanto a las vacaciones de 2024 son improcedentes porque disfrutó de dos periodos de diez días conforme a la circular INE/DEA/019/2024 (del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2024 y del 23 de diciembre de 2024 al 07 de enero de 2025).

Respecto a la prima vacacional de los años 2024 y 2025, es improcedente ya que no tiene derecho a reclamarla por no encontrarse en el supuesto de los numerales 48 y 49 del Estatuto.

-Pago de aguinaldo. Niega acción y derecho dada la naturaleza civil de la contratación, además que el Estatuto no contempla que, quien haya celebrado un contrato de esa naturaleza tenga derecho a dicha prestación, por lo que opone la excepción de plus petitio; no obstante, refiere que el artículo 618 del Manual otorga a los prestadores de servicio la gratificación de fin de año, la cual fue debidamente entregada a la actora por lo que hace al año 2025, por lo que opone la excepción de pago.

- Pago de la compensación por término de la relación laboral. Niega acción y derecho para reclamarla, ya que es una prestación de carácter extralegal, y solo se concede a personal de plaza presupuestal y prestadores de servicios permanentes, aunado a que la actora no presentó por escrito la solicitud de pago correspondiente.

- Pago de prima quinquenal. Se niega acción y derecho ya que no existió relación laboral, por ende, jamás generó derecho para que se le otorgara el pago de la prima quinquenal.

- Pago de despensa. Niega acción y derecho, en virtud de que el vínculo jurídico es de naturaleza civil, por lo que no contaba con derecho a prestaciones extralegales que refiere el Manual, al no ser trabajadora de plaza presupuestal. No obstante, opone la excepción de pago, al referir que se realizó el pago de la misma a través de la nómina ordinaria como se advierte del formato CFDI.

- Vales de fin de año, día de reyes, día del niño y día de la madre. Por cuanto hace al periodo no prescrito, (año 2025) opone la excepción de pago, lo cual se acredita con la nómina correspondiente.

        Excepciones y defensas.

1.     La de validez de los contratos de prestación de servicios. Ya que los contratos por honorarios fueron firmados por la parte actora de mutuo propio y con los cuales se acredita el régimen civil.

2.     La de Improcedencia de la acción y falta de derecho. Para reclamar el reconocimiento de la relación laboral, toda vez que prestó sus servicios en diferentes etapas mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

3.     La de pago. Ya que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete se dio de alta a la actora ante el ISSSTE y FOVISSSTE, pagando ordinariamente las cuotas y aportaciones que reclama (incluyendo seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez); así como el pago de todos los honorarios y contraprestaciones pactadas en los contratos.

4.     La de prescripción. Con relación a las prestaciones consistentes en pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima quinquenal, despensa oficial, apoyo para despensa, previsión social múltiple, y ayuda para alimentos, que no haya reclamado dentro del plazo de un año a partir de que hipotéticamente se hizo exigible el derecho.

5.     Falta de legitimación de la parte actora. Respecto de las prestaciones extralegales (prima quinquenal, despensa oficial, apoyo para despensa, previsión social múltiple, y ayuda para alimentos), pues conforme al Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos, estas solo se otorgan al personal que obtuvo su nombramiento como trabajador del INE, pero la actora no se sujetó a ninguno de los mecanismos de ingreso para obtener el nombramiento respectivo.

6.     Inexistencia de la relación de trabajo entre la actora y el INE. Tal como se desprende de los contratos de prestación de servicios.

7.     Relaciones contractuales independientes. Ya que existieron diversas relaciones contractuales las cuales tuvieron una fecha de inicio y conclusión, por lo que no puede considerarse la existencia de continuidad.

8.     La de Plus Petitio. Por pretender percibir prestaciones a las que no tiene derecho por no sujetarse a los mecanismos de ingreso previstos en la norma.

9.     La de falsedad. Porque apoya sus reclamaciones en hechos y argumentos falsos.

10.                        Todas las demás, que se deriven de los términos en que se encuentra contestada la demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de que la acción como la excepción procede en juicio sin necesidad de que se indique su nombre.

OCTAVA. Metodología.

En atención al contexto del caso y a las prestaciones de índole laboral y de seguridad social reclamadas, el estudio de fondo se realizará de la siguiente manera:

1. NATURALEZA DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES. En primer término, se analizará si el vínculo entre la parte actora y el Instituto Nacional Electoral corresponde a uno de carácter laboral o a uno de índole civil. Del resultado de este estudio dependerá el análisis del supuesto despido injustificado y la procedencia o exigibilidad de la reinstalación y pago de salarios caídos, como del pago de las demás prestaciones reclamadas.

2. DESPIDO INJUSTIFICADO, PROCEDENCIA DE LA REINSTALACIÓN RECLAMADA Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS. En el caso de demostrarse la relación laboral entre las partes, se analizará si en efecto hubo despido injustificado, y si en su caso es procedente la reinstalación al cargo que venía desempeñando a la fecha del despido y el subsecuente pago de salarios caídos.  

3. PROCEDENCIA DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS A LA LUZ DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS. En el caso de demostrarse la relación laboral entre las partes, con independencia de si hubo o no despido injustificado y la procedencia de la reinstalación y pago de salarios caídos, se analizará el estudio de las prestaciones reclamadas por la parte actora; no sin previamente analizar si en el caso, las excepciones opuestas en la contestación de demanda se actualizan o no.

NOVENA. Estudio de fondo.

1. NATURALEZA DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES

En opinión de esta Sala, con independencia de la denominación del acto que estableció el vínculo jurídico entre la parte actora y el Instituto Nacional Electoral, la relación entre ambas partes fue de carácter laboral, como se demuestra a continuación.

A) Determinación de los periodos en que existió el vínculo contractual.

Previo al análisis del tipo de relación jurídica que unió a las partes en conflicto (civil o laboral), resulta necesario precisar, en un principio, la fecha de inicio y conclusión de tal relación, además de, si ésta se llevó a cabo de manera continua, permanente e ininterrumpida o existieron periodos de interrupción de la relación, lo anterior ante la contradicción de las partes en ese tenor.

La parte actora aduce que existió una relación laboral ininterrumpida entre ella y el INE, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2025, durante el cual desempeñó el cargo de “Técnico de Órgano Electoral”, adscrita a la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Nayarit.

Por su parte, la demandada reconoce un vínculo contractual con el Instituto a partir del 01 de diciembre de 2004 con diversas interrupciones hasta el 31 de diciembre de 2025.

Como se aprecia, existen diferencias entre las fechas de inicio de la relación jurídica; por lo que se procederá a verificar con el material probatorio que obra en autos, las fechas ciertas del inicio de la relación jurídica entre las partes.

Para acreditar su dicho, la parte actora adjuntó entre otras probanzas, las siguientes:

     Copias simples de contratos expedidos por el entonces Instituto Federal Electoral.

     Copia simple del contrato expedido por el Instituto Nacional Electoral.

     Dos copias simples de recibos de pago expedidos por el entonces IFE correspondientes a dos periodos.

     Una copia simple de representación impresa de CFDI expedido por el INE como comprobante de pago de nómina ordinaria correspondiente a un periodo.

     Copia simple del oficio INE/NAY/JDE03/VE/1107/2022, de 18 de julio de 2022, emitido por la Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Nayarit, por el cual informa a la parte promovente sobre cambio de actividades a partir del 08 de agosto de 2022 y que prestará sus servicios en el área Administrativa de la citada Junta Distrital.

     Una copia de Informe de Actividades a nombre de la parte actora con número de código HP001407, con descripción del puesto como Técnico de Órgano Electoral con vigencia de contrato del 01/01/2024 al 30/06/2025.

     Copia simple de un gafete expedido por el IFE y dos por el INE, respectivamente que se describen en la tabla siguiente.

Por su parte, el INE en su escrito de contestación de demanda niega la antigüedad señalada por la actora, argumentando que, durante el periodo del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025, estuvo contratada por el Instituto demandado como prestadora de servicios bajo el régimen de honorarios eventuales y permanentes a través de contratos de naturaleza civil.

De igual manera reconoce que existió un vínculo contractual entre las partes, aunque de naturaleza civil, por diversos periodos comprendidos entre el 01 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2025.

Para demostrar lo anterior, aporta entre otras probanzas las siguientes:

     Copia certificada de avisos de movimientos en el ISSSTE (altas, bajas, modificación de sueldo) con firma digital.

Adjunta además copia certificada digital de:

Asimismo, anexa copia certificada digital de:

Por otra parte, ofrece copia certificada digital de:

De igual manera, proporciona copia certificada digital de:

     Oficio INE/NAY/JDE03/VE/2367/2025 de 19 de diciembre de 2025, por el que se le informa y notifica a la parte enjuiciante el vencimiento de la vigencia de la prestación de servicios o cumplimiento del contrato respectivo con el INE, con acuse de recepción.

     Informe (firmado digitalmente) pormenorizado de los movimientos o las causas que dieron origen a la terminación de la relación jurídica de la ciudadana actora con el INE.

     Informe pormenorizado sobre periodos y tipo de contratación de la promovente con el Instituto demandado.

Finalmente manifiesta que, desde el inicio de la relación contractual hubo interrupciones en las que no existió relación contractual entre las partes, siendo las siguientes: 

De manera que niega relación contractual con la parte actora durante esos periodos.

Tesis de decisión.

De acuerdo con las documentales que obran en autos, se puede advertir que el inicio del vínculo contractual entre las partes, con independencia de si este es laboral o civil, ocurrió el 01 de diciembre de 2004, tal y como lo refiere la parte demandada; ello pues no hay evidencia ni se logra acreditar que comenzara desde el 01 de octubre de 2004 como lo refirió la parte actora.

Lo anterior se corrobora con el contrato de prestación de servicios eventuales y permanentes bajo el régimen de honorarios 18180300002-200423-126279, con vigencia del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2004, en el cargo de Operador de Equipo Tecnológico; sin que pase inadvertido que, dentro del expediente personal se aprecia una solicitud de empleo al entonces IFE con fecha 05 de octubre de 2004, pues la fecha cierta de contratación se acredita con la emisión del contrato respectivo, el cual se aprecia aconteció hasta el 01 de diciembre de 2004. 

Por lo que, para efectos de la presente resolución se tendrá como fecha de inicio de la relación jurídica el 01 de diciembre de 2004.

Comprobación.

Una vez que se conoce la fecha cierta de inicio de la relación jurídica, se corroborará si en la misma hubo continuidad tal y como lo alega la parte actora, pero únicamente respecto del periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025 (esta última fecha reconocida por ambas partes como conclusiva de la relación contractual).

Para ello, esta Sala procederá a verificar en primer término si la continuidad en dicho periodo se observa de los “contratos de prestación de servicio” ofrecidos por ambas partes y que se detallan a continuación.

De lo anterior, se aprecia que, durante el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2005, existieron los siguientes periodos sin documento que acredite continuidad:

Así hasta el momento solo se ha demostrado la interrupción en el vínculo contractual entre las partes en los ocho periodos descritos en el párrafo que antecede.

Sin que pase inadvertido que la demandada en su contestación afirmaba mayores periodos de interrupción, sin embargo, dada la revisión de las anteriores constancias, hasta este punto solo se acreditan las interrupciones ya mencionadas.

A continuación, se verificará si se advierte la continuidad en sendos periodos faltantes (únicamente los relativos a los años 2005, 2006, 2007 y 2009), con el resto del material probatorio que obra en autos, aportado por las partes.

        Recibos de pago.

Cabe destacar que en dichos recibos se aprecia la nomenclatura “INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” y “DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN”, lo cual da certeza a esta Sala que en efecto se trata de documentos expedidos por la demanda en las fechas que los mismos indican.

De la anterior documentación, se puede observar que los periodos que acreditan los recibos de pago aportados por la actora (del 01 al 15 de abril de 2005 y del 16 al 31 de octubre de 2005), no comprueban que la parte actora hubiera prestado algún servicio durante los periodos en que se presumen las interrupciones previamente descritas, por lo menos respecto del año 2005.

Ahora, se aprecia que la parte actora aportó copia de tres gafetes expedidos por el otrora Instituto Federal Electoral como por el Instituto Nacional Electoral, en los cuales se observa fecha de expedición en los años 2005, 2014 y 2023.

Dado que por las anualidades 2014 y 2023 no existe duda de la continuidad en la contratación, únicamente será analizado el gafete correspondiente al año 2005.

En ese sentido, si la fecha de expedición de dicho gafete fue el día 01 de febrero de 2005, y una de las interrupciones de ese año aconteció en el periodo comprendido del 16 de enero al 20 de febrero, resulta dudoso que no hubiese prestado servicios por lo menos en el mes de febrero del año 2005, ya que la expedición del gafete aconteció el día 01 de febrero de 2005.

En ese sentido, es razonable inferir que por lo menos a partir del 01 de febrero de 2005 pudo haber sostenido una relación contractual con el entonces IFE; no obstante, pese a que en dicha documental no se advierte un periodo de vigencia, solo de expedición, es factible deducir que la parte actora prestó sus servicios en dicha mensualidad, es decir, por lo menos del 01 al 28 de febrero de 2005, por lo que, respecto a esta interrupción, la misma deberá considerarse solo del 16 al 31 de enero de 2005.  

Ahora, del resto del material probatorio, no se advierte contraste alguno con el que pudiera inferirse que las interrupciones previamente relatadas no acontecieron, y por ende sí hubo continuidad en las mismas; de tal suerte que, hasta este punto, la relación contractual entre las partes tuvo los siguientes periodos de interrupción:

Al respecto esta Sala considera que, ante la negativa lisa y llana de la demandada de la existencia de la relación contractual entre las partes en los periodos descritos, se revierte la carga de la prueba a la actora sobre la existencia de la relación laboral, toda vez que ese es un supuesto que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo no le exime de tal carga probatoria, y de que es un principio de derecho que quien niega no está obligado a probar sino el que afirma.

En ese orden de ideas, si la parte trabajadora afirma haber laborado ininterrumpidamente pero el empleador niega ese hecho, no opera la carga de la prueba prevista en el numeral 784, sino que se traslada a la trabajadora para que demuestre la subsistencia de la relación laboral durante los intervalos que mediaron entre el fin de una contratación y el inicio subsecuente.

Ahora, toda vez que la parte actora no aportó pruebas suficientes que acrediten la existencia de la relación contractual entre las partes en los periodos de interrupción señalados, se tienen por acreditadas las interrupciones señaladas; sin embargo, no obstante que entre el 01 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2025, se acreditaron ocho periodos de interrupción de la relación contractual, ello no es obstáculo para que se determine la improcedencia de la acción que pretende la parte actora respecto del reconocimiento de la antigüedad laboral vinculada a los derechos de seguridad social.

En efecto, la Sala Superior al resolver diversas controversias, entre ellas la que le fue sometida en el expediente SUP-JLI-018/2022, sostuvo que a partir de una interpretación progresiva de los derechos laborales a la seguridad social y a la jubilación, frente a lo establecido en el Manual de Normas que prevé que solo es posible acceder al pago de beneficios cuando exista un periodo de tiempo efectivamente trabajado, sin interrupción, debe entenderse en el sentido de que, cuando se acredite una interrupción no sustantiva, los años laborados sí son acumulables y efectivos para computar el cálculo de los beneficios, descontando para ello el tiempo en que hubo interrupción.

Lo anterior es así, cuando el tiempo laborado es lo suficientemente mayor frente a las interrupciones, de manera que no haya duda de que los periodos no trabajados con el Instituto son una manifestación para considerar la conclusión definitiva de la relación laboral.

La razón es que las autoridades tienen la obligación de interpretar de forma que se favorezca a las personas, es decir, ante la existencia de posibilidades de solución a un mismo problema, se debe optar por la que proteja en los términos más amplios o la limitación menos restrictiva del derecho (principio pro persona).

En efecto, el citado principio pro persona impone la carga a cualquier autoridad de dar preferencia interpretativa en los supuestos de que existan dos o más interpretaciones válidas y razonables, esto es, se debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental, dentro de la que se comprende también el principio de in dubio pro operario.

Este último principio está comprendido en los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo[15] -de aplicación supletoria en términos del artículo 95 de la Ley de Medios-, toda vez que imponen a los operadores de normas la obligación, por un lado, de aplicar de forma inmediata las normas laborales que benefician al trabajador y, por otro, que en los casos de interpretación de normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades (artículos 2 y 3 de la citada Ley Federal), y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.

De ahí que la interpretación que debe prevalecer es la que maximiza el ejercicio de los derechos fundamentales de seguridad social de manera que puedan ser acumulados todos los periodos efectivamente laborados para el cálculo de la compensación, sin que sean contabilizados para ello los lapsos donde se encuentra acreditado que hubo una interrupción durante la relación de trabajo.

Ahora bien, en el presente caso y sin prejuzgar si la relación contractual entre las partes fue de índole laboral o civil (ya que ello será analizado con posterioridad), se tiene que, en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2025, quedaron acreditadas entre las partes ocho interrupciones de su relación contractual, por los siguientes lapsos:

Las cuales, a juicio de esta Sala Regional, son razonables frente a los más de veinte años que la parte actora ha prestado sus servicios al INE, lo cual, bajo los estándares de interpretación antes citados, no debe causar afectación alguna a los derechos de la parte trabajadora o prestadora de servicios, lo que resulta acorde a los criterios seguidos por el Poder Judicial de la Federación.

Cabe precisar que incluso el lapso de ocho meses y dieciséis días (el de mayor duración) de interrupción que quedó acreditado, en concepto de esta Sala Regional se estima como “no sustantivo” si tomamos en cuenta que durante la vigencia de la relación contractual es imprescriptible la posibilidad de demandar el reconocimiento de la antigüedad laboral; de un año una vez concluida la referida relación; y lo mismo respecto de aquellas prestaciones que no dependen necesariamente de la existencia de la relación laboral, sino que se generan por el transcurso del tiempo de servicios prestados.

En la lógica anterior, si el plazo para demandar, por ejemplo, el reconocimiento de la relación laboral y su antigüedad, el pago de la prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, quinquenios, etcétera, es ordinariamente de un año; entonces, si antes de que transcurra el año, la parte trabajadora no demanda el reconocimiento y pago de ese tipo de derechos y, por el contrario, dentro de ese mismo lapso se reestablece la relación laboral, es evidente la intención inequívoca de las partes para continuar con la relación contractual que las venía uniendo, máxime si el acumulado de esa relación contractual es sustancialmente mayor al periodo o periodos de interrupción.[16]

Lo anterior se considera, pues de este modo se privilegia los años laborales del trabajador o prestador de servicios, y se hace efectivo el reconocimiento de los derechos generados con motivo de todo el tiempo en que efectivamente existió una relación contractual.

Es importante destacar que con la interpretación realizada bajo los principios pro persona e in dubio pro operario en el sentido de que, a pesar de una interrupción de los años laborados, éstos son acumulables y efectivos para computar el cálculo de los beneficios, descontando para ello el tiempo en que hubo interrupciones en el presente caso.

En ese sentido, si bien el Instituto demandado acreditó periodos de interrupción, lo cierto es que ello no resulta suficiente para determinar que se trata de diversos periodos diferentes y conclusivos de la relación contractual entre las partes, es decir, ajenos a la última relación contractual, toda vez que, se insiste, los lapsos de las interrupciones fueron breves en relación con el tiempo laborado y que, en este caso, el periodo que se pretende sea reconocido, está relacionado con la demanda de derechos sociales.[17]

Por virtud de lo anterior, al resultar parcialmente procedente la acción de la actora (por lo que hace a la temporalidad que demanda para el reconocimiento de la relación contractual) por lo que, descontando los lapsos de interrupciones no sustantivas de la relación contractual, se determina que el vínculo jurídico contractual entre la parte actora y el INE aconteció por el periodo comprendido:

        Del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025.

B) Estudio del tipo de la relación jurídica: Laboral o civil.

Ahora, es necesario determinar el tipo del vínculo jurídico existente entre la parte actora y el INE, por lo que hace al periodo de la relación contractual reconocido en este fallo de:

        Del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025.

Ello, toda vez que la actora sustenta su pretensión en la existencia de una relación laboral y el INE manifiesta que la relación que existió entre las partes fue de naturaleza civil, lo cual, de estimarse fundado, impediría a esta Sala se pronunciara sobre el fondo de la cuestión controvertida, ya que escaparía de las atribuciones legales que tiene encomendadas.

A efecto de determinar el vínculo laboral entre las partes, debe considerarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal, subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

De lo anterior se desprenden los elementos siguientes:

Por tanto, se tiene que la relación de trabajo y, en consecuencia, los conflictos laborales entre un servidor público y el INE surgen cuando existe un vínculo de subordinación.

No obstante que la existencia del vínculo laboral se presume, el INE negó que entre él y la parte actora existiese ese tipo de relación por el periodo referido, aduciendo que, en el caso, era una de carácter civil.

Por ende, correspondía al INE acreditar tal aseveración pues tal negativa lleva implícita una afirmación, consistente en que la relación jurídica es de naturaleza civil y, por consiguiente, debe probar cuál es el género de esa relación jurídica[18].

Ahora, derivado del caudal probatorio que obra en el expediente, se tiene que la actora acredita su acción, conforme se explica a continuación.

De la documentación que obra en autos (contratos de prestación de servicios eventuales y permanentes) se advierte que la actora desempeñó los siguientes cargos:

Una vez acreditado que, durante el periodo de la relación contractual reconocido en esta sentencia (del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025), la parte actora se desempeñó en los puestos de Operador de Equipo Tecnológico, Auxiliar de Atención Ciudadana A y Técnico de Órgano Electoral; procede ahora analizar si las funciones realizadas en los mismos son de naturaleza laboral.

Del análisis a los contratos de prestación de servicios, respecto de los puestos de “Operador de Equipo Tecnológico” y “Auxiliar de Atención Ciudadana A”, se reúnen los elementos de una relación laboral, ya que las actividades desarrolladas por la actora se efectuaron con los medios proporcionados por la demandada para su desempeño, que existió subordinación en todo momento, ya que el demandado tenía la facultad plena y permanente de supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades encomendadas (como se desprende de la cláusula QUINTA de los respectivos contratos, al referir que estaba facultado para poder supervisar y vigilar la adecuada prestación de servicios); se verificó que el trabajo era remunerado a cambio del cual se acordó, le sería pagada una suma en retribución de las actividades propias del puesto para el que fue contratado (como se observa de la cláusula SEGUNDA de los respectivos contratos), y con un desempeño continuo e ininterrumpido durante el periodo referido (cláusula SÉPTIMA), lo cual de manera ejemplificativa se transcribe a continuación.

“…SEGUNDA.- “EL INSTITUTO” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS SE OBLIGA A PAGAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LA CANTIDAD DE: $ 3,640.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS OO/100 M.N.)

POR EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL SERA CUBIERTA EN 1.00 MENSUALIDADES DE $ 3,640.00 (TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS OO/100 M.N.)

CADA MENSUALIDAD SE CUBRIRÁ EN DOS PARTES IGUALES, LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES EN EL DOMICILIO DE “EL INSTITUTO”, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ASIGNADO.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LOS HONORARIOS FIJADOS VARIARÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NI “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” TENDRÁ DERECHO A NINGUNA OTRA PERCEPCIÓN DIVERSA A LAS ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL O EN ALGÚN ACUERDO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE DEL INSTITUTO EN EL QUE SE DETERMINE EL DERECHO A ESTE PERSONAL DE PERCIBIR ALGUNA OTRA PRESTACIÓN. EN CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DE POR TERMINADO DE FORMA ANTICIPADA, LA RESPONSABILIDAD DE “EL INSTITUTO” COMPRENDERÁ EXCLUSIVAMENTE LOS HONORARIOS QUE SE HAYAN GENERADO HASTA LA FECHA DE LA TERMINACIÓN Y QUE NO SE HUBIESEN PAGADO PREVIAMENTE A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

…

QUINTA.- “EL INSTITUTO” QUEDA FACULTADO PARA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDA SUPERVISAR Y VIGILAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUGERIR LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LOS MISMOS.

…

SÉPTIMA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 QUEDANDO COMO UNA FACULTAD DISCRECIONAL DE “EL INSTITUTO” EL DETERMINAR SOBRE LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA, YA QUE ESTE INSTRUMENTO EXPIRA EL DÍA DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO, ESTE NOTIFICARÁ POR ESCRITO TAL DECISIÓN A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN AL TERMINO DE LA VIGENCIA PREVIAMENTE PACTADA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO EXISTE TAL COMUNICACIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES CONCLUIRÁ EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004 QUEDANDO EXPRESAMENTE PROHIBIDO A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” VOLVER A PRESTAR SERVICIO ALGUNO A “EL INSTITUTO” CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA…”

Ahora, respecto del cargo de “Técnico de Órgano Electoral”, de igual manera se reúnen los elementos de una relación laboral, ya que las actividades desarrolladas por la actora se efectuaron con los medios proporcionados por la demandada para su desempeño, que existió subordinación en todo momento, ya que el demandado tenía la facultad plena y permanente de supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades encomendadas (como se desprende de la cláusula SÉPTIMA del contrato, al referir que estaba facultado para poder supervisar y vigilar el cumplimiento de las actividades); se verificó que el trabajo era remunerado a cambio del cual se acordó, le sería pagada una suma en retribución de las actividades propias del puesto para el que fue contratada (como se observa de la cláusula SEGUNDA), y con un desempeño continuo e ininterrumpido durante el periodo referido (cláusula TERCERA); lo cual se transcribe de manera ejemplificativa:

“…SEGUNDA.- MONTO Y FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS.

EL “INSTITUTO” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS SE OBLIGA A PAGAR A EL O LA “PRESTADOR(A) DE SERVICIOS” LA CANTIDAD DE $32,574.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE HONORARIOS.

EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZARÁN EN 06.00 QUINCENAS DE $5,429.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.) LOS DÍAS 13 Y 28 DE CADA MES EN EL DOMICILIO DEL “INSTITUTO”.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL MONTO DE LOS HONORARIOS FIJADOS VARIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, NI EL O LA “PRESTADOR(A) DE SERVICIOS” TENDRÁ DERECHO A NINGUNA OTRA PERCEPCIÓN DIVERSA A LA ESTABLECIDA EN ESTE CONTRATO OA LAS QUE EVENTUALMENTE SE DETERMINEN EN OTROS INSTRUMENTOS O ACUERDOS EMITIDOS POR AUTORIDAD COMPETENTE DEL “INSTITUTO”.

LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GRATIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERÁN CUBIERTAS A EL O LA “PRESTADOR(A) DE SERVICIOS” EN EL MES DE OCTUBRE O DICIEMBRE SEGÚN CORRESPONDA.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

QUEDA COMO UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL “INSTITUTO” DETERMINAR SOBRE LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA, YA QUE ESTE INSTRUMENTO EXPIRA EL DÍA DE SU VENCIMIENTO SIN AVISO PREVIO ALGUNO.

EN CASO DE QUE EL “INSTITUTO” DETERMINE LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO, ESTE NOTIFICARÁ POR ESCRITO TAL DECISIÓN A EL O LA “PRESTADOR(A) DE SERVICIOS”, CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA PREVIAMENTE PACTADA, EN EL ENTENDIDO QUE SI NO EXISTE TAL COMUNICACIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES CONCLUIRÁ AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDANDO EXPRESAMENTE PROHIBIDO A EL O LA “PRESTADOR(A) DE SERVICIOS” PRESTAR SERVICIO ALGUNO AL “INSTITUTO” CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA.

…

SÉPTIMA.- ENTREGABLES.

COMO PARTE INTEGRANTE DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL O LA “PRESTADOR(A) DE SERVICIOS” SE OBLIGA A ENTREGAR AL “INSTITUTO” INFORMES QUINCENALES O MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, SEGÚN SEA EL CASO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS (LAS) TITULARES DE LAS ÁREAS DEL “INSTITUTO” O DEL PERSONAL DE MANDO QUE ESTOS DESIGNEN PARA TAL EFECTO, SUPERVISAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL O LA “PRESTADOR(A) DE SERVICIOS…”

Al respecto, se estima que a pesar de que los contratos suscritos se identifican como de prestación de servicios, reúnen en los hechos los elementos de una relación laboral, ya que las actividades desarrolladas por la actora se efectuaron con los medios proporcionados por la demandada, existió la subordinación referida en todo momento, ya que el demandado tenía la facultad plena y permanente de supervisar y vigilar el desarrollo de las actividades encomendadas; se verificó el trabajo remunerado a cambio del cual se acordó, le sería pagada una suma en retribución de las actividades propias de los puestos para los cuales fue contratada, y con un desempeño continuo e ininterrumpido durante el periodo referido en cada caso.

Ahora bien, se estima que tales servicios, de forma alguna podrían considerarse como eventuales de honorarios, sino que se trataba de un trabajo, subordinado y bajo el pago de un salario en los periodos a que se ha hecho referencia, y, por tanto, sujeto a una relación laboral.

Advirtiéndose de este modo que sus servicios ameritaban el uso de medios determinados, lo que a su vez justificaba para el INE la necesidad de informar sobre sus actividades; de ahí que la cláusula que hace referencia a la supervisión y vigilancia del servicio implicara la supervisión y vigilancia de las actividades desempeñadas por la actora, lo que presume la existencia de una relación laboral.

En otro orden de ideas, el INE hizo derivar la naturaleza civil de la relación, en el hecho de que las partes celebraron un contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual no desempeñó cargo o puesto de estructura, plaza presupuestal ni formó parte del servicio Profesional Electoral Nacional ni de la Rama Administrativa.

Sin embargo, ello no es suficiente para acreditar su dicho, ya que el hecho de que no desempeñe un cargo de estructura en modo alguno impone la naturaleza civil de la relación existente. 

En este sentido, esta simple afirmación de la parte demandada en su contestación, es insuficiente para acreditar su defensa; en tanto que, de los medios de prueba antes referidos, se concluye que existió una relación de trabajo con la actora, pues prestó un trabajo personal subordinado al INE, mediante el pago de una contraprestación, que aun cuando se le denominó “honorarios”, en realidad se trataba de la retribución que se le pagaba por su trabajo; es decir, también se acredita el pago de un salario por el trabajo prestado, lo que incluso se especificó con un monto y forma de pago.

Por tanto, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la actora.

Consecuentemente, aun cuando los contratos celebrados entre las partes se denominaron de “prestación de servicios”, lo cierto es que el vínculo laboral se demuestra porque los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo, de ahí que la denominación resulta insuficiente para concluir que la actora tenía la calidad de persona vinculada solo civilmente con el INE.

Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 20/2005, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.[19]

En resumen, queda acreditado que la relación jurídica entre las partes es de carácter laboral, toda vez que existió una relación por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025, descontando a su antigüedad genérica los lapsos de su interrupción.

2. DESPIDO INJUSTIFICADO, PROCEDENCIA DE LA REINSTALACIÓN RECLAMADA Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS.

A)   Despido Injustificado.

En su escrito de demanda, la promovente solicita la reinstalación del cargo que desempeñaba como Técnico de Órgano Electoral adscrita a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nayarit, así como el pago de salarios caídos desde la fecha del despido que considera fue injustificado, hasta que se dé por cumplida la presente sentencia.

Así lo reclama, pues sostiene que el día 19 de diciembre de 2025 se dio por enterada que no continuaría laborando para el demandado, siendo su último día el 31 de diciembre de dicha anualidad; ante lo cual, el Instituto señala que la conclusión se dio en efecto el 31 de diciembre de 2025, derivado de la terminación de la vigencia del último contrato suscrito entre las partes.

Ahora, esta Sala estima en efecto, que se actualiza el despido injustificado hacia la parte actora, toda vez que, el INE a través del oficio INE/NAY/JDE03/VE/2367/2025, de fecha 19 de diciembre de 2025, le informó su deseo de no continuar la relación que tenía por finalizar la vigencia del contrato; no obstante, dicho documento solo se concreta a señalar la terminación de la relación entre las partes pero no justifica su decisión con una razón objetiva, razonable y sustentada en la normativa electoral.

En efecto, del documento allegado a la parte actora, no se advierte que la causa del despido haya sido otra más que la terminación de la vigencia del contrato.

En el caso, se tiene que la parte actora se desempeñaba en el cargo de Técnico de Órgano Electoral, y, de acuerdo con los contratos laborales respectivos, las funciones que desempeñaba en la Junta Distrital 03, eran la de  “… ACOPIO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ELECTORAL PARA SU PROCESAMIENTO, ELABORA REPORTES INFORMATIVOS, Y DE AVANCE EN EL ÁREA ASIGNADA…”.

En ese orden, se aprecia que derivado de las funciones que realizaba, es posible advertir que no eran actividades que pudieran realizarse por programas o proyectos temporales y de obra determinada,[20] es decir, no se realizaban con motivo de la generación de un proyecto especificio determinado, y por el contrario, se encuentran relacionadas con el manejo de información y documentación reservada para el Instituto, de modo que es posible inferir que sus funciones eran más bien de índole permananente.

También se concluye lo anterior, derivado del tiempo en que la parte actora desempeñó tal cargo, esto es del 01 de mayo de 2009 hasta el momento en que acoteció la separación del empleo que fue el 31 de diciembre de 2025.

Es decir, si durante más de dieciseis años se dempeño en el mismo cargo y realizando las mismas funciones, resulta aceptable concluir que dicho cargo constituía una plaza cuyas funciones son de carácter permanente y no eventual o por tiempo determinado.

En ese tenor, el despido resulta injustificado, dado que no debía operar una supuesta vigencia en la contratación cuando se trataba de funciones permanentes, pues en todo caso, debieron existir otras causas atinentes meremante al desempeño de la trabajadora (por ejemplo, faltas de probidad u honradez, insubordinación o desobediencia, violencia o amenazas, revelación de información confidencial), para que en todo caso resultara justificada la separación de su encargo, pero ello no aconteció, dado que no se expresó alguna otra causa de la terminación del vínculo más allá de la vigencia del contrato.

Ahora, no pasa inadvertido que en los autos del presente expediente obra documento denominado “INFORME PORMENORIZADO LOS MOVIMIENTOS O CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA DE LA C. MA. DEL SOCORRO VARGAS FERNÁNDEZ CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”,  en el que, la parte demandada relata que, debido a la solicitud realizada por la Junta Local Ejecutiva del INE en Nayarit y derivado de la insuficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal 2026, era necesario no contar con una de las plazas con las que contaba la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Nayarit, determinándose que precisamente la plaza que desaparecería sería la que ocupaba la hoy actora.

Sin embargo, tales razones no fueron expresadas en el documento por el que se dio por terminado el vínculo laboral entre las partes, ni dicho documento fue informado y debidamente notificado a la parte actora, a fin de que conociera la causa de la separación por la supuesta desaparición de la plaza.

Además, tal documento, fue generado con motivo de la solicitud realizada por el Director de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica de Asuntos Jurídicos del INE, una vez que se había promovido el presente juicio laboral, es decir, su existencia surgió con posterioridad a la presentación de la demanda, por lo que dicho informe no puede constituir la motivación necesaria para sustentar la justificación del despido, pues se insiste, ello no fue hecho del conocimiento de la actora en oportunidad.

Además, del análisis que esta Sala realiza a dicho documento, se observa que se hace referencia a una solicitud de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit para llevar a cabo la desaparición de una plaza con las que contaba la 03 Junta Distrital Ejecutiva, sin embargo, el documento no hace referencia a número de oficio ni fecha de expedición de dicha solicitud, y tampoco la adjunta como anexo a su informe, de tal suerte que no hay evidencia real de su existencia o algo que acredite que en efecto la Junta Local realizó tal petición.

En el mismo informe se indica que, una vez deliberado cual plaza sería la que desaparecería y el nombre de la persona trabajadora que dejaría de prestar sus servicios, se informó de ello a la Junta Local, pero tampoco se menciona número de oficio o documento por el cual aconteció tal cuestión ni se acompaña al presente juicio.

De tal manera, que, para esta Sala, la supuesta desaparición de la plaza que ocupaba la actora en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Nayarit es cuestionable, pues no hay evidencia contundente que demuestre que dicho cargo efectivamente dejó de existir para el ejercicio fiscal 2026.

En ese sentido, a juicio de esta Sala Regional el despido fue injustificado, porque la mera culminación de la vigencia del contrato, no puede ser la causa de la separación del cargo cuando evidentemente se trataban de funciones permanentes, y si bien, hasta esta instancia la demandada evidenció la supuesta desaparición de la plaza, ello no fue comunicado a la parte actora en el oficio que informaba la separación del vínculo laboral.

Ahora bien, una vez establecido que se actualizó el despido injustificado, esta Sala Regional debe analizar la procedencia de la reinstalación y pago de salarios caídos reclamados por la actora en su demanda.

B)   Reinstalación y pago de salarios caídos.

La promovente reclama la reinstalación en el cargo que desempeñaba como Técnico de Órgano Electoral a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Nayarit.

Por su parte, el Instituto negó que tuviera derecho a esa reinstalación, por tratarse de una relación civil que derivó de la celebración de un contrato temporal que concluyó el 31 de diciembre de 2025, y por no haberse actualizado un despido injustificado; situaciones que ya han sido analizadas en el apartado anterior, en donde se determinó que la relación entre las partes fue de carácter laboral y que se actualizaba en el caso un despido injustificado.

Asimismo, el demandado opuso que, la naturaleza de las actividades desarrolladas por la promovente correspondía a las de personas trabajadoras de confianza y que estas no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que no resultaría procedente su reinstalación.

Ahora, es importante señalar que resulta procedente la reinstalación de la parte actora al cargo que venía desempeñando, derivado de que, las razones por las que se actualizó el despido, -por la culminación o vigencia del contrato laboral- resultaron injustificadas, tal como se detalló en líneas precedentes.

No obstante, dado que la parte demandada también indica la improcedencia de la reinstalación porque a su decir, las funciones que desempeñó la actora eran de confianza, es necesario precisar la norma relativa a los derechos que gozan las personas que desempeñan los cargos de confianza conforme con la ley, siempre y cuando no exista duda que las funciones que realizan reúnen dichas características.

Al respecto, el artículo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución prevé que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Por su parte, el artículo 9 de la Ley del Trabajo, de aplicación supletoria al presente procedimiento, dispone que la categoría de persona trabajadora de confianza depende de la naturaleza de las funciones que desempeña y no de la designación que se dé al puesto.

Asimismo, señala que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, así como las que se relacionen con trabajos personales de la empleadora, lo que aplicado al ámbito del derecho burocrático debe entenderse como actividades personales adscritas directamente a las personas titulares de las dependencias o de las diversas áreas administrativas que la integran.

De igual forma, de los artículos 4, 5 fracción II inciso a) y 6 de la Ley Federal de las Personas Trabajadoras al Servicio del Estado, se advierte un catálogo de los puestos que la legislación ha considerado de confianza en las dependencias estatales, y es posible observar que dicho catálogo se encuentra vinculado a funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización.

Por su parte, el artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución.

Así, la denominación del cargo que se establezca en el contrato, nombramiento o incluso, en la normativa, no es razón suficiente para considerar que se trata de este tipo de personas trabajadoras, sino que para ello es necesario analizar la naturaleza de las funciones que se desarrollaron en la prestación del servicio personal y subordinado.

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 36/2006[21], emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.

Al respecto, como se ha analizado en el apartado referente a la naturaleza del vínculo jurídico entre la actora y el demandado, en la cual esta Sala Regional concluyó que se trató de una relación laboral, se evidenció que conforme a los contratos y documentación que obra en el expediente, las funciones que realizó la promovente correspondían a aquellas relacionadas con el manejo de información y documentación reservada para el Instituto.

De esta manera, el cargo de Técnico de Órgano Electoral, que la actora ostentaba al momento del despido, de acuerdo con el contrato respectivo- implica el acopio de documentación e información para su procesamiento, elaboración de reportes informativos y de avance en el área asignada, que en el caso fue a la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Compostela Nayarit.

En ese sentido, con los elementos que constan en el expediente es posible arribar a la convicción de que la actora, hasta antes de su despido, desempeñaba funciones relacionadas con el manejo de información confidencial y en resguardo del Instituto, por lo que, aun cuando no realizaba funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización propiamente, se concluye que, dada la naturaleza del trabajo encomendado, sí desempeñaba funciones que permiten calificar su relación de trabajo como de confianza.

No obstante, la categoría del cargo desempeñado no actualiza la excepción del demandado relativa a que no procede la reinstalación por ser persona trabajadora de confianza, porque tal calidad no implica que sea procedente un despido sin elementos mínimos y objetivos que evidencien de manera razonable su pérdida de la confianza, lo que en el caso no acontece, pues el oficio que materializó el despido únicamente se centró en referir la vigencia del plazo del último contrato, lo cual como se explicó no fueron razones suficientes para justificar el despido dada las funciones de carácter permanente que desempeñó la actora en la Junta.

Se estima que en el caso el Instituto no probó la existencia de una causa racional y justificada que sustentara la causa del despido como aduce en su contestación, pues únicamente centró sus argumentos en la vigencia del contrato celebrado entre las partes.

De esta forma, se considera que el Instituto no acreditó sus excepciones y defensas, en relación con la reinstalación y, en consecuencia, resulta procedente la pretensión de la promovente para ser reinstalada, así como el pago de salarios vencidos -caídos- correspondientes y de las prestaciones inherentes al cargo.

Al respecto, el pago de los salarios caídos deberá computarse a partir del 01 de enero del presente año, hasta la fecha en que se le reinstale formalmente en el puesto que venía desempeñando.[22]

Cabe mencionar que, para el pago de los salarios caídos, deben de integrarse tal y como lo venía recibiendo en el momento de su separación del cargo, con todas las mejoras e incrementos salariales que a dicho puesto hubieran correspondido.

En conclusión, se condena al INE a la reinstalación solicitada y el pago de salarios caídos en los términos precisados.

En virtud de lo anterior, y dado que la parte actora reclama el pago de la indemnización Constitucional consistente en tres meses de salario para el caso de que no procediera la reinstalación solicitada, dígase que, en virtud de lo aquí resuelto, no resulta procedente el pago de la indemnización solicitada.    

3. PROCEDENCIA DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS A LA LUZ DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS.

Una vez realizado el estudio de la relación jurídica de las partes, la actualización del despido injustificado y la subsecuente reinstalación y pago de salarios caídos, se procederá a realizar el análisis de las prestaciones reclamadas a la luz de las excepciones que hace valer la parte demandada y que en su caso pudieren resultar aplicables.

A) Reconocimiento de derechos laborales.

En virtud de lo razonado en líneas precedentes, esta Sala ha reconocido que el vínculo que existió entre las partes durante el periodo reconocido del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025 fue de naturaleza laboral, por ende, la parte actora tiene derecho al pago de ciertas prestaciones que reclama, conforme se explicará en líneas posteriores.

B) Aportaciones y cotizaciones de seguridad social.

La parte actora reclama el pago de prestaciones de seguridad social, específicamente las aportaciones que hubieren sido omitidas correspondientes a ISSSTE y FOVISSSTE por el periodo reclamado, y en el caso de si haberse realizado, se informen los recibos correspondientes.

La actora reclama la retención, entero y pago de cuotas y aportaciones omitidas por la demandada respecto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

Por su parte la demandada niega acción y derecho al pago de dichas prestaciones ya que, durante el periodo reclamado, la relación entre las partes fue mediante la celebración de contratos de prestación de servicios, por lo que no tenía derecho a inscripción ante órganos de seguridad social; igualmente opone la excepción de pago, pues a su decir, ya realizó los pagos correspondientes por los ejercicios fiscales del 2017 al 2025, según se aprecia de los recibos de pago CFDI que aporta.

Al respecto, esta Sala considera en principio, que tal y como se ha indicado a lo largo de esta ejecutoria, el periodo cierto en que, en su caso, pueden ser reclamadas las diversas prestaciones es del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025.

Ahora, se cuenta con los recibos de pago “CFDI” correspondientes a las anualidades de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025;[23] de los cuales es posible advertir que a la actora se le hicieron diversas deducciones relacionadas con la seguridad social, entre otras las de “seguro de invalidez y vida” y “seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez”, tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Primera quincena enero de 2017.

Segunda quincena diciembre 2025.

De igual manera se cuenta con diversos avisos de movimientos de alta, modificación de sueldo y baja al ISSSTE de la trabajadora en las siguientes fechas:

De lo anterior es posible inferir que le asiste parcialmente la razón a la parte actora en cuanto a que la demandada no ha realizado los pagos de las cuotas de seguridad social de ISSSTE y FOVISSSTE reclamadas, respecto de algunos años del periodo reconocido.

Ello es así, pues por una parte se observa un aviso de alta del trabajador al ISSSTE con fecha 01 de enero de 2008, sin embargo, no se tiene alguna otra documental con la que se pueda concatenar para acreditar que, a partir de esa fecha, la demandada en efecto dio de alta a la actora y realizó el pago de las aportaciones de seguridad social hasta la fecha de terminación de la relación laboral.

No obstante, se puede inferir lo contrario -es decir que la demandada sí realizó el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social al ISSSTE en favor de la parte actora- a partir del año 2017 y hasta la terminación del vínculo en diciembre de 2025.

Lo anterior pues de los avisos de movimiento se advierte continuidad en la modificación, baja y alta del trabajador al ISSSTE en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, y 2025.

Lo cual, concatenado con los recibos de pago de CFDI que aportó la demandada respecto de dichas anualidades, se puede concluir en efecto, que realizó los pagos y portaciones correspondientes al ISSSTE.

Ahora, en cuanto al año 2017, si bien no se cuenta con aviso de movimiento al ISSSTE ya sea por alta, modificación de sueldo o baja de la trabajadora, si se tienen los recibos de pago CFDI por toda la anualidad, en los cuales es posible advertir que se realizaron descuentos por los conceptos de “seguro de invalidez y vida” y “seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez”.

En ese tenor, es dable inferir que efectivamente por lo menos respecto del año 2017 la parte demandada también realizó el pago de aportaciones de seguridad social correspondientes al ISSSTE.

No así, por el resto de las anualidades reconocidas como parte del periodo de antigüedad laborado por la actora, es decir desde el 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2016.

Ni tampoco se acredita con tales documentales, que se hubiere realizado el pago de las aportaciones por concepto de FOVISSSTE por todo el periodo reconocido del 01 de diciembre de 2004 al 31 de diciembre de 2025.

En ese orden de ideas, al considerase que el INE no cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad social de forma completa; pues sí tenía la obligación de inscribir a su trabajadora para que gozara de los diversos seguros que prevé el régimen obligatorio, lo mismo que retener y enterar[24] del sueldo de la trabajadora el equivalente a las cuotas, aportaciones y descuentos correspondientes; lo conducente es, excluyendo los periodos que se determinó como suspensiones no sustantivas,[25] condenarlo a la inscripción retroactiva y al pago de cuotas correspondientes a la seguridad social del ISSSTE y FOVISSSTE,[26] en los mismos términos respecto de los periodos siguientes:

Para lo cual deberá cubrir las cuotas tanto de la parte patronal (dependencia) como de la parte trabajadora[27] (servidor público) por los periodos indicados,[28] a fin de completar la cotización respectiva, del total del periodo laborado reconocido por esta Sala como parte de la relación jurídica laboral, y remitiendo la comprobación de su pago, cuestión que deberá realizar dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo; o bien, que ya los hubiera realizado en su caso.

Para ello, el INE deberá realizar los cálculos correspondientes conforme a los salarios devengados por la actora, así como con los lineamientos y directrices contenidas en el Estatuto, de todas y cada una de las cuotas, aportaciones y descuentos en los términos previstos en la Ley del ISSSTE.

Respecto a la solicitud de que se le entreguen los comprobantes de pago de las aportaciones correspondientes al ISSSTE y FOVISSSTE, se ordena al INE a la expedición y entrega a la parte actora, de los comprobantes de pago solicitados una vez que estos hayan sido realizados, lo cual deberá informarlo igualmente a esta Sala una vez que se haya materializado la entrega.

C) Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

La parte actora reclama el pago de vacaciones no disfrutadas, prima vacacional y aguinaldo proporcional, correspondientes al año 2025.

La parte demandada niega acción y derecho en virtud de que no existe el periodo aludido al haber sido contratada como prestadora de servicios bajo el régimen civil; sin embargo, de forma cautelar, refiere que las vacaciones no se pagan, sino que se gozan y que, en el caso, la parte actora disfrutó de dos periodos vacacionales correspondientes al año 2024, comprendidos del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2024, y del 23 de diciembre de 2024 al 07 de enero de 2025.

Lo mismo para el año 2025, en donde señala que gozó de dos periodos vacacionales comprendidos del 01 al 12 de septiembre de 2025 y del 22 de diciembre de 2025 al 07 de enero de 2026.  

Respecto a la prima vacacional refiere que es improcedente pues no tiene derecho a reclamarla por no estar en los supuestos de los artículos 48 y 49 del Estatuto.

Y finalmente, en cuanto al pago de aguinaldo, aduce que en términos del artículo 618 de Manual, se otorgó a la actora el pago de una gratificación de fin de año.

Cabe aclarar que, para el análisis de estas prestaciones, se tomará en cuenta si en el caso se actualiza o no la excepción de prescripción que hizo valer la demandada, por lo que hace al periodo de tiempo en que no hayan sido reclamadas al haber transcurrido un año; ello en términos del criterio contenido en la Jurisprudencia 1/2011-SRI,[29] que refiere como plazo para su presentación el de un año a partir de que sea exigible el derecho de que se trate, y no así, el de quince días hábiles que señala el artículo 96, párrafo 1, de la Ley de Medios; ello porque dichas prestaciones no dependen de forma directa de la subsistencia del vínculo laboral.