JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JLI-2/2018

ACTOR: FELIPE LÓPEZ BAUTISTA

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO: JORGE SÁNCHEZ MORALES

SECRETARIO: LUIS RAÚL LÓPEZ GARCÍA

Guadalajara, Jalisco, a trece de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver los autos del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral, promovido por Felipe López Bautista, a fin de controvertir el supuesto despido injustificado del que fue objeto como operador de equipo tecnológico A2.

I. ANTECEDENTES

De las afirmaciones realizadas por el actor en su demanda y demás constancias del expediente se desprenden los siguientes hechos:

1. Inicio de prestación de servicios. De los contratos exhibidos por la parte demandada, se desprende que el actor comenzó a prestar sus servicios en el Instituto Nacional Electoral a partir del uno de enero de dos mil once, como operador de equipo tecnológico.

2. Supuesto despido. El promovente refiere que a las quince horas con cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el módulo 140751, el Ingeniero Juan Carlos Sánchez Sánchez, quien funge como jefe laboral, le informó que a partir de ese momento estaba despedido.

3. Demanda. Por escritos de once y doce de enero de dos mil dieciocho, el actor presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el escrito inicial y diverso aclaratorio, además de ofrecer pruebas.

4. Admisión. El quince de enero, entre otras cosas, el Magistrado Ponente admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado al Instituto Nacional Electoral para que diera contestación a la misma.

5. Contestación. El treinta de enero, la parte demandada por conducto de su apoderado dio contestación a los escritos presentados por el impugnante, ofreció pruebas y opuso las excepciones y defensas que consideró pertinentes.

6. Audiencia. El ocho de febrero, se celebró la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, misma que fue suspendida para el único efecto de perfeccionar una probanza ofrecida por la parte actora.

7. Reanudación. El veintiocho de febrero, se reanudo la citada audiencia, en la que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó dictar la sentencia correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este juicio, mediante el cual el actor controvierte su supuesto despido injustificado como operador de equipo tecnológico A2, adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 07, en Tonalá, Jalisco, pues el caso no se trata de órganos centrales del Instituto Nacional Electoral y sus servidores.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base VI, 94, párrafo primero y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso e), 192, párrafo primero y 195, fracción XII, de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación y 94, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Planteamiento del problema, pretensión y litis.

1. Planteamiento del problema

Como se dijo, el presente juicio se deriva de la demanda formulada por el actor por el supuesto despido injustificado del que fue objeto.

Al caso, sostiene que desde que inició a prestar sus servicios el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho al veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el último cargo que ocupó fue el de operador de equipo tecnológico A2, adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 07, en Tonalá, Jalisco, —a decir del demandante— percibiendo un salario quincenal de $4,015.11 (cuatro mil quince pesos 11/100 M.N.) y un horario de labores de las ocho a las quince horas de lunes a viernes y de las nueve a las quince horas el sábado, descansando los domingos.

Por tal motivo, el actor reclama el pago de las prestaciones siguientes:

•         La reinstalación inmediata en el nombramiento definitivo de operador de equipo tecnológico A2.

•         Los incrementos salariales que se deriven de su categoría.

•         El pago de salarios caídos desde la fecha del cese hasta el dictado del fallo.

•         El congelamiento de su plaza presupuestal.

Asimismo, en caso de negarse la reinstalación, el promovente demanda lo que se detalla a continuación:

•         El pago a que tiene derecho como indemnización constitucional.

•         El pago de salarios caídos desde la fecha del cese hasta el cumplimiento del laudo.

•         El pago del estímulo al servidor público por el tiempo que dure el juicio.

•         El pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por el tiempo de prestación de servicios.

•         El pago correspondiente a las cuotas del ISSSTE hasta la conclusión del presente procedimiento, pues no fueron enteradas a esa institución.

•         El pago correspondiente a las cuotas del FOVISSSTE hasta la conclusión del juicio, pues no fueron enteradas a esa institución.

•         El otorgamiento de la plaza definitiva en el puesto de operador de equipo tecnológico A2.

•         El pago de prestaciones y compensaciones electorales establecidas en el acuerdo INE/JGE08/2015 por el tiempo laborado y hasta la conclusión de este procedimiento.

•         El cómputo del tiempo que dure el presente juicio como antigüedad efectiva laborada.

•         El pago de las prestaciones descontadas de forma quincenal correspondientes a las claves D7400, D7600 y D0600, cuota de seguro de accidente, seguro de vida y seguro de retiro cesantía avanzada y vejez, por el tiempo laborado.

•         La nulidad de cualquier contrato que se contraponga a lo establecido por el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, pues si no se firmaban era despedido.

•         El pago de la prima de antigüedad.

•         El pago de veinte días por año laborado.

En su contestación de demanda, el Instituto Nacional Electoral señaló que el único vínculo existente con el actor fue de carácter civil que concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, en virtud de haber terminado la vigencia del último contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes.

Además, de existir presuntas irregularidades en el desempeño de los servicios prestados por el demandante que impiden continuar con la relación contractual.

Asimismo, los trabajadores del instituto cuentan con carácter de confianza y sólo tienen los derechos de protección al salario y seguridad social, mas no a la estabilidad en el empleo.

De ahí, que el organismo administrativo electoral estime que pueda ejercer su derecho de libre remoción o contratación, sobre todo si estima que no existe la confianza para continuar tal vínculo contractual.

De igual manera, niega derecho alguno al promovente de ejercitar una acción para reclamar las prestaciones principales y accesorias que hace valer.

En este sentido, el Instituto Nacional Electoral hace valer las siguientes excepciones:

a) Inexistencia de relación jurídica de trabajo entre el actor y el Instituto Nacional Electoral, porque la relación jurídica que existió fue de carácter civil.

b) La relación jurídica temporal entre las partes, que deriva de los contratos exhibidos.

c) La válida conclusión de la vigencia del contrato celebrado entre el actor y el Instituto Nacional Electoral, que concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete con la vigencia del último contrato celebrado.

d) No renovación de contrato de prestación de servicios, por las irregularidades en el desempeño de las labores del enjuiciante.

e) Improcedencia de la acción, de la vía y falta de derecho de la parte actora, para demandar el pago de las prestaciones reclamadas, toda vez que no existió despido injustificado y porque la relación que unió a las partes fue de naturaleza civil que corresponde a los Tribunales Federales en materia Civil de la Ciudad de México.

f) Inexistencia del despido, pues la naturaleza del vínculo jurídico es de naturaleza civil mediante la celebración de contratos, los cuales el último ha perdido su vigencia.

g) Falsedad, ya que el demandante apoya sus reclamaciones en hechos falsos.

h) Prescripción, respecto a las reclamaciones que no se encuentren dentro del año anterior a la fecha de presentación de su demanda.

i) La falta de acción y de derecho del actor, para solicitar la reinstalación, al estar catalogado como trabajador de confianza y carecer de estabilidad en el empleo, teniendo derecho al pago de su salario y prestaciones de seguridad social.

j) Obscuridad y defecto legal de la demanda, pues el actor pide el pago de prestaciones sin señalar el monto, término y condiciones de éstas.

2. Pretensión

Con base en los planteamientos anteriores, la pretensión de la parte actora es que el Instituto Nacional Electoral lo reinstale inmediatamente en el nombramiento definitivo de operador de equipo tecnológico A2, así como el pago de las prestaciones reclamadas con motivo del despido injustificado que alude.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral pretende que se le absuelva del pago de las prestaciones exigidas por el demandante, conforme a las excepciones opuestas.

3. Litis

La materia de la controversia se constriñe en determinar si el vínculo entre el actor y el Instituto Nacional Electoral fue de carácter laboral y en su caso, si el actor tiene derecho al pago de las prestaciones reclamadas.

En atención al contexto del caso, el método de estudio de fondo se realizará de la siguiente manera:

I. Naturaleza de la relación jurídica entre las partes. En este rubro, se analizará si el vínculo entre el actor y el Instituto Nacional Electoral, es de naturaleza laboral o civil, ya que de acreditarse este último supuesto no tendrá derecho a reclamar las prestaciones que aduce; es decir, del resultado de este estudio dependerá la procedencia o exigibilidad de las mismas, así como la competencia de este Tribunal Electoral para pronunciarse al respecto.

II. Despido injustificado. En su caso, este ente colegiado determinará si existió el despido injustificado que hace valer el demandante, así como las prestaciones que dependen de la relación que une a las partes y demás a que tuviere derecho el mismo.

TERCERO. Estudio de fondo.

A. Análisis de la relación jurídica entre el actor y el Instituto Nacional Electoral

De la lectura integral de la demanda se advierte que el reclamo de pago de las prestaciones se sustenta en la premisa fundamental de la existencia de una relación laboral entre el actor y el Instituto Nacional Electoral.

En su escrito de contestación de demanda, el Instituto Nacional Electoral negó la existencia de la relación de trabajo señalada por el promovente, ya que el vínculo que tuvo con el actor fue de carácter civil, por la suscripción de treinta y siete contratos de prestación de servicios profesionales, por tal motivo, opuso la excepción de inexistencia de la relación de trabajo.

Sin embargo, en opinión de esta Sala, el hecho de que se haya suscrito contratos de prestación de servicios profesionales no es obstáculo para determinar que el vínculo entre el actor y el Instituto Nacional Electoral fue de naturaleza laboral como se acredita con el material probatorio agregado al expediente.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la materia, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Ahora, de acuerdo con las fracciones IV y VII, del artículo 784, de la citada ley, disponen que cuando exista controversia sobre la naturaleza del contrato de trabajo y su causa de rescisión, corresponde al patrón probar su dicho; de ahí que, ante la afirmación del actor sobre la existencia de una relación laboral con el Instituto Nacional Electoral, el cual en caso de negarlo, tiene la obligación de acreditar su dicho.

Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave 2ª./J.40/99, de rubro y texto siguiente:

“RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO. Cuando el demandado niega la existencia de una relación de trabajo y afirma que es de otro tipo, en principio, está reconociendo la existencia de un hecho, a saber, la relación jurídica que lo vincula al actor, esa negativa también lleva implícita una afirmación, consistente en que dicha relación jurídica es de naturaleza distinta a la que le atribuye su contrario; por consiguiente, debe probar cuál es el género de la relación jurídica que lo une con el actor, verbigracia, un contrato de prestación de servicios profesionales, una comisión mercantil, un contrato de sociedad o cualquier otra, porque en todos esos casos su respuesta forzosamente encierra una afirmación.”

Una vez identificados los elementos de existencia de la relación laboral, se procede a su análisis con base a las pruebas admitidas en la audiencia de ley.

La parte actora ofreció y se admitieron de su parte, entre otras, las pruebas siguientes:

•                La inspección en la cual el Instituto Nacional Electoral exhibió los contratos de prestación de servicios que se enlistan a continuación:

De igual forma, con motivo de la citada prueba de inspección la parte demandada presentó los originales de las nóminas relativas a los años 2011 al 2017.

•           Un recibo de nómina a nombre del promovente de fecha de pago de cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

•           La credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, del periodo de 2018 a 2021.

Por su parte, el Instituto en su contestación de demanda, entre otras, aportó los contratos de prestación de servicios que se enlistaron.

Además, allegó las documentales siguientes:

•                     La circular número INE/DEA/019/2017, emitida por el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral.

•                     Copia certificada de diversas constancias que integran el expediente de investigación INE/DERFE/STN/PROT_DPI/0023/2017.

De igual forma, ofreció y se desahogó la confesional a cargo de Felipe López Bautista, conforme al pliego de posiciones exhibido.

Es pertinente precisar que de acuerdo con el principio de adquisición procesal, los medios de convicción aportados por las partes no favorecen únicamente a quien los ofrece, sino también pueden beneficiar a la pretensión de su contraparte.

Resulta orientadora en este punto la tesis asilada I.3o.T.28 L, de rubro “PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL Y CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE TRABAJO”.

•         Continuidad de la relación jurídica.

En primer término, se debe precisar que no existe coincidencia en cuanto a las fechas señaladas por el actor y el demandado sobre el inicio de la relación jurídica, porque el primero afirma que el vínculo inició el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, en tanto que el segundo indica que conforme a los contratos exhibidos fue a partir del uno de enero de dos mil once.

Para determinar la fecha en que inició la prestación de servicios, se acude al contenido de los contratos y nóminas, por ser los idóneos para acreditar el hecho controvertido.

De la revisión de esas documentales, esta Sala concluye que el actor prestó sus servicios a partir del uno de enero de dos mil once, según consta en la cláusula “OCTAVA” del contrato de número 14140700002-201101-17585, en la que se estipuló una vigencia de un mes, con fecha de terminación el treinta y uno de enero de ese año.

Ahora, se hace notar que a la conclusión de ese contrato ambas partes suscribieron otros de igual naturaleza siendo el último el identificado con la clave 17585-201721-14140700002 por una vigencia del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, como se observa de su cláusula “TERCERA”.

Por otro lado, del análisis de los originales de las nóminas exhibidas se desprende el pago al actor de las todas las quincenas relativas a esas anualidades de manera ininterrumpida.

Exceptuando las nóminas relativas a las quincenas 12 a la 17 y 24, todas del año 2017, toda vez que tales documentales no fueron exhibidas por la parte demandada.

Lo anterior, concuerda con la impresión del recibo de nómina a nombre del promovente de fecha de pago de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, número de empleado 17585, por el periodo comprendido del uno al quince de diciembre del año pasado, como operador de equipo tecnológico A2.

Los contratos de prestación de servicios, nómina y recibo de honorarios merecen valor probatorio pleno en términos del artículo 16, párrafo 2, en relación con el artículo 14, párrafos 1, inciso a) y 4, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de documentales públicas expedidas por órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia, además de que no existe prueba en contrario.

De ahí, que la afirmación del actor de que la relación laboral inicio el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho y concluyó el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, no pueda prosperar, pese a que existió apercibimiento de esta autoridad al respecto en la preparación de la prueba de inspección.

Ello, pues la presunción legal que derivó de los numerales 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la citada ley de medios, en términos del numeral 95 de esa ley adjetiva electoral, se encuentra desvirtuada con tales documentales.

No pasa desapercibido lo indicado por el actor en el desahogo de la probanza, del tenor siguiente:

“Esta autoridad deberá de tener por acreditada la relación laboral toda vez que la prueba idónea para acreditarlo es la prueba de inspección judicial, ya que como se desprende en líneas anteriores y en la actuación presente, el representante realza confesión expresa respecto a los documentos que tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio, mismos documentos que al no ser exhibidos beneficia a mi representado.

En primer término, por lo que se refiere a los contratos exhibidos por la parte demanda solicito a esta autoridad se pronuncie respecto de la nulidad de los mismos, misma que fue demanda.

Y por lo que ve a los pagos exhibidos por la demanda, se tenga tomando en cuenta la confesión expresa respecto a cómo se señala en los mismos es pago de nómina, no de honorarios como supuestamente lo pretende hacer valer la demanda, ya que para que existiera el supuesto pago de honorarios debería de ser adjuntada las facturas o los recibos de honorarios que se requieren para cuando las personas si laboran en dicha situación”

Como se observa, no se objetaron los contratos y nóminas respecto a que estos documentos debieron abarcar un periodo mayor, es decir, desde el año mil novecientos ochenta y ocho, centrándose la parte actora a manifestar la existencia de un vínculo de naturaleza laboral y no civil.

En consecuencia, esta Sala advierte del análisis conjunto de los documentos referidos, que la relación entre el actor y la parte demandada inició el uno de enero de dos mil once y que concluyó el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, día en que término la vigencia del último contrato de prestación de servicios.

•         Naturaleza de la relación

En opinión de esta Sala, con independencia de la denominación del acto que estableció el vínculo jurídico entre el demandante y el Instituto Nacional Electoral, la relación entre ambas partes fue de carácter laboral.

Esto es así, dado que el impugnante realizó un trabajo personal al Instituto Nacional Electoral, ya que durante la vigencia de los contratos fungió como “operador de equipo tecnológico A2”.

En efecto, la cláusula “PRIMERA” del último de los contratos de prestación de servicios denominada “OBJETO”, se asienta que el actor se obligaba a prestar sus servicios al Instituto Nacional Electoral en forma eventual como “OPERADOR DE EQUIPO TECNOLÓGICO A2” ejecutando las actividades siguientes:

“Atender al ciudadano, capturar la información que este proporcione y entregar la credencial para votar a sus titulares, actualizando en la base de datos del SIIRFE_MAC. Realizar el monitoreo y seguimiento de las cifras, así la lectura y retiro de las credenciales no entregables”.

Este hecho —cargo— puede corroborarse de la revisión de los contratos, nóminas, credencial y recibo. Aunado a que se desprende que el actor por el puesto que desempeñaba recibió diversos pagos a partir del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

De igual forma se destaca que el Instituto Nacional Electoral ofreció y aportó la circular número INE/DEA/019/2017 emitida por el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración de ese Instituto, donde se ordena a los titulares de la Contraloría General, Direcciones Ejecutivas, Direcciones y Coordinaciones de la Unidad Técnica, Vocalías Ejecutivas de la Juntas Locales y Distritales, Coordinaciones y Enlaces Administrativos de ese organismo, por los que establece para todo el personal que los periodos vacacionales del año dos mil diecisiete fueron del veinticuatro de julio al cuatro de agosto del año pasado, que en ciertos casos ese periodo debía tomarse de forma escalonada, así que el disfrute de vacaciones conforma a la normatividad era de diez días hábiles por cada seis meses de servicio consecutivo.

Por tanto, de la valoración conjunta de los contratos de prestación de servicios, las nóminas, recibo, credencial y circular número INE/DEA/019/2017, esta Sala concluye que el actor prestó un servicio personal al Instituto Nacional Electoral, como operador de equipo tecnológico A2.

Respecto al pago del servicio como contraprestación por el trabajo prestado, se desprende lo siguiente:

En concepto de este órgano jurisdiccional, las documentales señaladas en este apartado son idóneas para tener por acreditado los pagos quincenales a favor del demandante por los servicios prestados al Instituto a partir del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, por desempeñarse como “operador de equipo tecnológico A2”.

Cabe precisar, que si bien la circunstancia de que a una persona se le cubra una cantidad periódica en forma de honorarios, esto no determina la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, sino en todo caso, lo que determina la existencia de un contrato de esa naturaleza son sus elementos subjetivos y objetivos, a saber: a) que el prestador de servicio sea profesionista, b) el servicio lo preste con sus propios medios y c) que el prestador cuente con libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional, sin que en el presente juicio el Instituto acreditara estos elementos.

Lo expuesto conforme a la jurisprudencia de rubro “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN DE TRABAJO, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUEL Y LA INEXISTENCIA DE ESTA”.

También, debe señalarse que, de las nóminas aportadas como prueba por el Instituto y de los pagos quincenales acordados en los contratos, el pago por concepto de aguinaldo, desvirtúa la supuesta naturaleza civil de la relación entre las partes, evidenciando el carácter laboral de la prestación del servicio.

En efecto, en los contratos firmados entre el actor y el Instituto, se estableció en términos similares que bajo ninguna circunstancia el monto de los honorarios fijados variará durante la vigencia del contrato, ni el “PRESTADOR DE SERVICIOS”, tendrá derecho a ninguna otra percepción diversa a las de este contrato o a las que eventualmente se establezcan a su respecto en otros instrumentos o acuerdos emitidos por autoridad competente del “INSTITUTO”.

Por tanto, se estima que fue el propio Instituto el que varió la naturaleza establecida en los contratos, ya que por definición legal el aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho los trabajadores, por lo que al efectuar este pago al actor y rebasar el monto de honorarios pactados en el contrato, existe un reconocimiento de la naturaleza laboral de la relación de trabajo.

Lo que arroja como resultado, que existió una regularidad en las actividades del enjuiciante respecto de la función que desarrolló en el Instituto, la cual se extendió durante el tiempo antes precisado, por lo que se trató de una función permanente e ininterrumpida, además se otorgó al actor una prestación que únicamente corresponde a los trabajadores, en contravención de las cláusulas de los contratos civiles que dieron origen a la prestación de servicios.

De ahí, que resulte falso lo sustentado por la parte demandada, de que solamente fue por medio de los contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes, el único vínculo que rigió la relación de éstas, pues la nómina en estudio constata que siguió prestando sus servicios ante el Instituto Nacional Electoral aun y cuando supuestamente no se había celebrado convenio alguno.

Asimismo, del análisis de los originales de las nóminas exhibidas se desprende el pago de tres incentivos por jornada electoral en las quincenas 05, 07 y 11, en el año 2015, es decir, prestaciones tampoco contempladas en los contratos de prestación de servicios.

De igual manera, de la citada circular número INE/DEA/019/2017 emitida por el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, se desprende que el accionante realizaba un trabajo subordinado y sujeto a un horario de labores, pues este documento ordena que todo el personal debió gozar de los periodos vacacionales del año dos mil diecisiete —del veinticuatro de julio al cuatro de agosto del año pasado—, que ello era de forma escalonada, así como que el disfrute de vacaciones conforme a la normatividad era de diez días hábiles por cada seis meses de servicio consecutivo.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente por una parte, que las actividades materia del contrato no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por parte del accionante, además, dadas las funciones que desempeñaba a favor del Instituto, puede desprenderse que no prestó el servicio con recursos propios, sino que lo realizó con los medios que le fueron proporcionados por el Instituto, tal como es, en el caso, el equipo tecnológico para poder acceder al SIIRFE.

Así las cosas, las documentales en estudio, robustecen el criterio de que la relación entre las partes fue de carácter laboral, puesto que al actor se le incluyó en la “nómina de aguinaldo”, donde se describió el pago correspondiente; cuestión que es reconocida por el propio Instituto.

En este contexto, queda desvirtuada la premisa fundamental en que sustenta sus excepciones el Instituto demandado, en el sentido de que el actor desarrolló su actividad conforme a un contrato de carácter civil, ya que con base en las pruebas y por las características de la función desempeñada, los servicios prestados por el enjuiciante, en el tiempo antes especificado, deben considerarse de tipo laboral, dada la temporalidad de la prestación de los servicios que llevó a cabo y el hecho evidente de que se le otorgó el pago de una prestación laboral, como es el pago de aguinaldo.

Con base en las consideraciones antes expuestas, esta Sala concluye que de acuerdo con las probanzas aportadas se acredita la existencia de una relación laboral entre el ciudadano Felipe López Bautista y el Instituto Nacional Electoral.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, la prueba confesional a cargo del impugnante, toda vez que de la respuesta del absolvente no perjudican su acción, ni desvirtúan las documentales antes analizadas.

De igual forma, acontece con los alegatos de las partes realizadas durante la audiencia de ley, en atención a que lo dicho por la parte actora trata de evidenciar la relación de naturaleza civil, que a juicio de esta Sala está justificada y el representante de la parte demandada la unión de carácter civil, esto último desvirtuado con el material probatorio antes descrito.

B. Despido injustificado

•         Existencia de una relación laboral de confianza

En virtud de que se tuvo por acreditada la relación laboral entre el actor y el Instituto Nacional Electoral, es necesario establecer si el trabajador era de base o de confianza.

Esta Sala Regional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 206, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y —con sustento en lo resuelto por la Sala Superior de este Tribunal en el juicio SUP-JLI-11/2017, SUP-JLI-61/2016, SUP-JLI-73/2016, entre otros—, determina que la parte actora era un trabajador de confianza.

La Sala Superior argumentó en los referidos precedentes que en el artículo 206 de la ley general, el legislador federal otorgó el carácter de trabajador de confianza a todo el personal que labora en el citado Instituto, dado el carácter de las funciones que desempeñan, a fin de preservar la imparcialidad, especialización y objetividad en el ejercicio de sus atribuciones, al recaer en este organismo del Estado la obligación de velar por la imparcialidad en la organización de las elecciones, cuyas atribuciones consisten en llevar a cabo todas las actividades que integran el desarrollo del proceso electoral.

Que lo anterior, se reiteraba en el propio Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, en sus artículos 6 y 394, fracción VIII.

De tal forma que determinó que no era inconstitucional el artículo 6 del referido Estatuto, toda vez que dicho precepto sólo reiteraba lo previsto en el artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo que se cumplía con lo dispuesto en la fracción XIV, del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza.

Indicó que la previsión del legislador consistente en que la totalidad de los servidores del Instituto Nacional Electoral fueran considerados de confianza, obedecía a la importancia que para el Estado conlleva la función de ese organismo administrativo electoral, de tal manera que todo trabajador debía velar, necesariamente, por los intereses institucionales, independientemente de intereses personales, de ahí la necesidad de que sus servidores tuvieran la calidad de trabajadores de confianza, lo que no era contrario a lo previsto en el apartado “B” del artículo 123 constitucional.

Por otra parte, el referido ente tiene entre sus atribuciones las actividades relacionadas con el padrón electoral y las listas de electores, tal y como lo establece el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la Constitución. En ese sentido, el artículo 30, párrafo 1, inciso c), de la aludida ley general establece como uno de los fines del Instituto, el de integrar el Registro Federal de Electores.

En concordancia con lo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene entre sus atribuciones, la de formar el Padrón Electoral y expedir las credenciales para votar, en términos del artículo 54, párrafo 1, incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al respecto, es importante mencionar que el Registro Federal de Electores es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, así como de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales, conforme a lo establecido en los artículos 126, párrafo 2, y 138, párrafo 2, de la mencionada ley general.

Como se puede advertir, las funciones que fueron encomendadas al actor, por virtud de los contratos celebrados, se vinculan de manera directa con el Registro Federal de Electores al confiársele el manejo del equipo tecnológico para capturar la información que la ciudadanía le proporcione relativa al padrón electoral y entregar la credencial para votar a sus titulares, actualizando en la base de datos del SIIRFE_MAC., así como realizar el monitoreo y seguimiento de las cifras, la lectura y retiro de las credenciales no entregadas.

Por otra parte, se evidencia que la relación laboral era de confianza, toda vez que según lo dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 126, párrafos 1 y 3, los documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto Nacional Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas en la Ley Electoral, la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

En sentido similar se pronunció la Sala Ciudad de México en el expediente SCM-JLI-7/2017.

Una vez que se acreditó la relación laboral de confianza, es necesario analizar si existe o no el supuesto despido injustificado.

La parte actora pretende, entre otras, la reinstalación en su empleo como “Operador de Equipo Tecnológico A2” del Módulo de Atención Ciudadana número 140751, el pago de los salarios caídos con motivo del despido injustificado que aduce fue objeto, desde el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete y el congelamiento de la plaza presupuestal.

Por su parte, el Instituto demandado expresa que nunca existió el despido que señala el actor, ya que la relación jurídica que guardaba con el Instituto era de prestación de servicios bajo el régimen por honorarios sujeta a la legislación civil, por lo que resultan improcedentes las prestaciones referidas, ya que el actor recibió en contraprestación los honorarios convenidos, concluyendo la vigencia del último contrato de prestación de servicios el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, de ahí que a partir de esa fecha, dejó de prestar sus servicios ante dicho organismo.

Esta Sala Regional determina, con sustento en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 364/2013, que el actor, al ser trabajador de confianza y al haber finalizado su contrato, carece de acción para solicitar su reinstalación, el pago de salarios caídos y el congelamiento de la plaza.

En efecto, en dicha resolución, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que del análisis sistemático de las fracciones que integran el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, se desprenden los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas que deben ser aplicables a sus relaciones de trabajo. En el propio precepto, el Constituyente los clasificó en dos sectores, que son: a) De base; y b) De confianza.

En ese sentido, señaló que la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, al establecer expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, está limitando algunos derechos a ese tipo de trabajadores, entre los cuales el más importante es el establecido en la fracción IX, donde se estipula la estabilidad o inamovilidad en el empleo, así como el derecho a sindicalizarse a que se refiere la fracción X, los cuales reserva para los trabajadores de base.

Mencionó que tales estipulaciones se ven reflejadas en los criterios jurisprudenciales que enseguida se transcriben, los cuales en esencia, reiteran que los trabajadores de confianza sólo pueden disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes del aludido apartado B.

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO ‘B’ DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL”.

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.”

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó así que la seguridad jurídica de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, en cuanto a su relación de trabajo, constitucionalmente les excluye del derecho a la estabilidad del empleo, entre otros aspectos (acciones sindicales y de huelga), lo que implica que solamente gozarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social.

Entonces, concluyó que los mencionados trabajadores no pueden demandar, en su caso, la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, pues los empleados de confianza sólo tienen derecho a la protección de sus salarios y a las prestaciones del régimen de seguridad social, y no así para reclamar prestaciones que derivan directamente del derecho a la estabilidad en el empleo, por estar excluidos de tal prerrogativa.

Del mismo modo, sostuvo que tampoco tendrán derecho al pago de salarios vencidos, pues el pago de salarios vencidos es una consecuencia legal que deriva de la in-justificación del despido o separación del trabajador, lo que necesariamente ocurre, cuando se declara procedente la acción que en su caso se intente, como la indemnización constitucional o la reinstalación.

En esas condiciones, señaló que si a los trabajadores de confianza al servicio del Estado, se les excluye del derecho a la estabilidad en el empleo, y por ende, no pueden demandar en caso de despido injustificado, la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo; entonces, tampoco tienen derecho al pago de salarios vencidos, pues tal prestación depende de dichas acciones.

Incluso, estableció que la calificativa de lo justificado o injustificado del despido, resultaba intrascendente, pues aun y cuando se considerara sin justificación el cese, al no gozar los trabajadores de confianza del derecho a la estabilidad en el empleo, el resultado del juicio sería el mismo, es decir, la acción debía declararse improcedente.

Así las cosas, en el caso particular, se tiene que la parte actora era un trabajador de confianza —como ya quedó demostrado en los incisos previos—, de manera que sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social.

Por tanto, no podía demandar su reinstalación o indemnización, ni mucho menos, solicitar el pago de salarios vencidos, pues no gozaba de la estabilidad en el empleo.

En este sentido, la Sala Superior indicó que es claro que el Poder Revisor de la Constitución excluyó del derecho de inamovilidad a los servidores públicos de confianza, de lo contrario así lo habría señalado expresamente, de manera que dicha norma constituía una restricción de rango constitucional que servía de base para dotar de un sentido funcional a la norma prevista en el 108 de la ley de medios, el cual establece que cuando una sentencia deje sin efectos la destitución de un servidor del Instituto Nacional Electoral podrá negarse a reinstalarlo, pagando la indemnización equivalente a tres meses de salario más doce días por cada año trabajado, por concepto de prima de antigüedad.

En efecto, sostuvo que una interpretación literal de la porción destacada, en el sentido de que los trabajadores de confianza de ese organismo tienen derecho a ser reinstalados, conduciría al absurdo de desconocer la prohibición establecida a nivel Constitucional en el sentido de que los servidores públicos de confianza solamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y gozarían de los beneficios de seguridad social, y les concedería el derecho a la estabilidad en el empleo, del cual solamente gozan los trabajadores de base al Servicio del Estado.

De esta manera, concluyó que los servidores públicos de confianza no gozaban del principio de estabilidad en el empleo o inamovilidad; que de estimar lo contrario se desconocería el régimen de este tipo de funcionarios, como ocurre en el caso de los funcionarios al servicio del Instituto Nacional Electoral.

Por tales razones, determinó que si no fue expresa la intención del Constituyente Permanente de otorgar a los servidores públicos de confianza el derecho a la estabilidad en el empleo, a través del postulado contenido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, que les otorga medidas de protección al salario y derecho a la seguridad social, la Sala no podría ordenar su reinstalación.

De ahí, que a juicio de esta Sala Regional es evidente que en el presente caso no es posible reinstalar al actor, ni pagarle los salarios vencidos o congelar su plaza, pues del material probatorio ya analizado, no se desprende un despido injustificado como lo hace valer y sí se acredita la afirmación de la parte demandada de que concluyó la vigencia del último contrato celebrado entre las partes.

Máxime que, —como ya se dijo— con independencia de que la terminación de la relación laboral sea justificada o injustificada, al no gozar como trabajador de confianza del derecho a la estabilidad en el empleo, sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social.

Así, al concluirse que la relación laboral es de confianza, una vez vencido el plazo previamente pactado, el trabajador no tendrá derecho a obtener nombramiento alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVARSE CUANDO EL ACTOR RECLAMA EL RECONOCIMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE Y LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO SE SUSTENTA EN QUE LA RELACIÓN FUE DE CARÁCTER CIVIL”.

Además con sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO,” en la contradicción de tesis que dio origen a esta última jurisprudencia se determinó que cuando el demandado no acredita su excepción principal respecto a que el contrato o nexo que lo unió con el actor, no fue laboral sino civil, las cláusulas en éste contenidas podrán ser tomadas en cuenta a la luz de las normas laborales para acreditar la validez temporal del contrato respectivo.

En consecuencia, determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte que si del clausulado del contrato de prestación de servicios profesionales se obtiene que por la naturaleza del trabajo, el empleado público desempeñó alguna de las plazas consideradas de confianza, una vez que ha vencido el plazo pactado, no tendría derecho a obtener un nombramiento de base ni por tiempo indefinido, ya que para esta categoría de labores los trabajadores carecen de estabilidad en el empleo.

Igualmente resultan aplicables al respecto los criterios que ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los rubros y textos siguientes:

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O HAYAN SIDO CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN DERECHO A LA REINSTALACIÓN, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO”.

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES”..

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA”.

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES APLICABLE LA ÚLTIMA PARTE DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 19 DE OCTUBRE DE 2005 Y, POR TANTO, NO TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN”.

Así como el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:

“TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”.

De lo anterior se desprende que los trabajadores de confianza carecen del derecho a la estabilidad en el empleo, y que sólo tienen derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social.

•         Prestaciones accesorias vinculadas a la acción principal

En el caso, el actor solicita el pago de la indemnización constitucional, nuevamente el pago de salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo, el otorgamiento de la plaza definitiva en el puesto que venía desempeñando, que se compute el tiempo que dure este juicio como antigüedad efectiva laborada, estímulo al servidor público y el pago de veinte días por año laborado.

Sin embrago, tales pretensiones a juico de esta Sala no pueden prosperar pues se reitera que no existió despido injustificado, además, que los trabajadores de confianza no gozan de estabilidad en sus centros de trabajo.

Por otra parte, resulta inconducente la solicitud de nulidad de los contratos de prestación de servicios en estudio, toda vez que se demostró que la naturaleza del vínculo laboral que unió a las partes es laboral y no civil.

•         Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo

El actor reclama el pago de las aludidas prestaciones, en virtud de todo el tiempo que duró la prestación de los servicios.

Por su parte el representante de la parte demandada hizo valer, entre otras, la excepción de prescripción que el actor no hubiere reclamado dentro de un plazo de un año contado, a partir de la fecha en que se generó el derecho a reclamarlas, conforme a los artículos 112 y 516 de la Ley Federal del Trabajo.

Cabe precisar que el artículo 59 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa dispone que:

“El Personal del Instituto por cada seis meses de servicio consecutivo de manera anual, gozará de diez días hábiles de vacaciones, conforme al programa de vacaciones que para tal efecto emita la DEA y con las excepciones que señale el acuerdo en materia de jornada laboral que para efectos apruebe la Junta.”

De lo anterior se desprende que el derecho de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral a disfrutar de vacaciones está sujeto a que cumplan más de seis meses consecutivos de servicios, lo que les permitirá disfrutar de un primer periodo vacacional una vez cumplido el requisito.

Para determinar tales periodos, se tiene como sustento lo considerado por un Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia, en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto es:

"VACACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO PARA DISFRUTARLAS. El artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé el término genérico de un año para que los trabajadores puedan ejercer las acciones que nazcan de dicha ley, del nombramiento que se les haya otorgado y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, pero no establece a partir de qué momento empieza el término para que opere la prescripción. Al respecto, la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 199, intitulada: "VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. MOMENTO APARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.", sostuvo que, tratándose de las vacaciones, el cómputo del término para que opere la prescripción es a partir de que la obligación se hace exigible y no del momento de la conclusión del periodo anual o parte proporcional que se reclame; de igual manera la mencionada Segunda Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2002, visible en el citado medio oficial, Tomo XV, junio de 2002, página 157, de rubro: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOSQUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS.", determinó que cuando se trata de la regla genérica de la prescripción prevista en el numeral 516 a que hace referencia, donde se ubican todos aquellos supuestos que no se encuentran expresamente contemplados en la indicada legislación laboral, concede a quien ejerce la acción respectiva el término de un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, y basta para que opere que quien la oponga señale que sólo procede lo reclamado por el año anterior a la demanda; por otra parte, el artículo 30 de la ley en comento indica que los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, en las fechas que se señalen al efecto, sin que establezca el periodo que se fija en las dependencias de gobierno para su disfrute; por tanto, aun cuando el derecho para ejercitar dicha prestación encuadra en la regla genérica de un año, si la dependencia opone la excepción de prescripción, es necesario que señale y acredite los días que en dicha institución se autorizaron para que sus trabajadores pudieran hacer uso de las vacaciones; y si no se especifica, el término prescriptivo iniciará una vez concluido el periodo para disfrutarlas en cada caso concreto, esto es, a partir de la fecha de inicio de la relación laboral, y es la que servirá de base para establecer cuándo se generó el derecho para gozar de vacaciones, así como para el pago de la prima vacacional”.

Por su parte, el pago de la prima vacacional encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto referido, el cual dispone:

“Artículo 60. El Personal del Instituto que tenga derecho al disfrute de vacaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, recibirá una prima vacacional conforme a la disposición presupuestal vigente.”

Asimismo, en el Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio dos mil diecisiete, se establece en el apartado 5.2.1.2., inciso b), que la prima vacacional es el importe que reciben los servidores públicos, a fin de contar con mayor disponibilidad de recursos durante los periodos vacacionales, y que esa prima vacacional equivale a cinco días de salario, cuando menos, por cada periodo vacacional.

Ahora bien, el aguinaldo es un derecho laboral de todos los servidores públicos que será equivalente a cuarenta días de sueldo tabular, cuando menos, sin deducción alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 fracción VII del Estatuto.

En tales condiciones, el aguinaldo se trata de un derecho del actor como servidor del Instituto Nacional Electoral, cuyo cumplimiento debe acreditar por el demandado.

Ahora bien, en autos se justifica que el actor tuvo derecho a un segundo periodo vacacional en el año dos mil dieciséis, generado del dos de julio al treinta y uno de diciembre de ese año; de ahí que tuvo derecho a disfrutarlo del dos de enero al dos de julio de dos mil diecisiete, en tal virtud el derecho a reclamarlo prescribe hasta el tres de julio del dos mil dieciocho.

En ese orden de ideas, se colige que la acción ejercitada por el promovente resulta vigente para reclamar el pago de vacaciones y la prima vacacional, relativas al segundo periodo vacacional del año dos mil dieciséis y los dos relativos al año dos mil diecisiete, así como el aguinaldo del año pasado.

No así las relativas a los años anteriores, toda vez que como ya ha quedado establecido éstas han prescrito.

a) Vacaciones.

Respecto a las vacaciones de autos se advierte que el accionante tuvo derecho a esos periodos de diez días del segundo semestre del año dos mil dieciséis y veinte días del dos mil diecisiete.

Por tales razones, se considera que debe condenarse al Instituto al pago de las vacaciones correspondientes a los referidos periodos, toda vez que el Instituto Nacional Electoral no acreditó que la parte actora gozara de vacaciones, pues la citada circular sólo establece el lapso vacacional y la comunicación a los distintos entes que lo integran y en específico a la anualidad dos mil diecisiete, pero no que en efecto se hayan tomado las mismas por el promovente.

Por lo expuesto lo procedente es condenar a su pago, tomando como base para su cálculo el último salario integrado percibido de manera ordinaria por la ahora actora.

Luego, si conforme a las disposiciones mencionadas, por cada seis meses de servicios prestados corresponde al trabajador disfrutar de diez días de vacaciones, entonces, al encontrarse demostrado en el expediente que el último salario percibido fue por la cantidad de $3,972.00 (tres mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) quincenales, esto es, $264.80 (doscientos sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) diarios, ello, tomando como base el último de los contratos exhibidos.

Por tanto, el Instituto demandado deberá pagar a la actora por concepto de vacaciones la suma de $7,944.00 (siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones legales conducentes.

En sentido similar a lo aquí resuelto, se pronunció la Sala Superior y esta Sala Regional de este Tribunal en los juicios SG-JLI-14/2017, SG-JLI-16/2017 y SUP-JLI-61/2016.

b) Aguinaldo.

Por otra parte, de las nóminas exhibidas se acredita que la parte demandada realizó el pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil diecisiete, en la quincena veintitrés por la cantidad de $10,592.00 (diez mil quinientos noventa y dos pesos 00/100). En tal virtud, deberá absolverse al Instituto demandado de esa prestación.

c) Prima vacacional.

Sin embargo, de la nómina remitida no se advierte el pago de la prima vacacional correspondiente al segundo semestre del año dos mil dieciséis y las relativas al año dos mil diecisiete, por lo que deberá establecerse el monto que debió corresponderle al promovente por dicha prestación.

Por lo que hace al salario que percibía el demandante, se encuentra demostrado en el expediente que recibía la suma de $3,972.00 (tres mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) quincenales, esto es, $264.80 (doscientos sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) diarios, ello como se dijo, tomando como base el último de los contratos exhibidos.

En ese sentido, si conforme a las disposiciones mencionadas, por cada seis meses de servicios prestados corresponde al trabajador el pago de cinco días de salario, entonces por los periodos señalados le corresponden quince días de salario, esto es, la cantidad de $3,972.00 (tres mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones legales conducentes.

En ese sentido, lo procedente es condenar al instituto demandado al pago de las citadas primas vacacionales, toda vez que en el expediente no se encuentra demostrado que se haya enterado la cantidad correspondiente.

En sentido similar a lo aquí expuesto se pronunció la Sala Superior de este Tribunal en el SUP-JLI-61/2016.

•         Prima de antigüedad

La parte actora demanda el pago de la prima de antigüedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, segundo párrafo, "…las disposiciones de la Ley Electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público".

Al respecto, es necesario precisar en primer lugar que la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 78, fracción XVI, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral como un derecho al personal, es una prestación autónoma, idéntica a la prevista en el artículo 162 la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al Estatuto, ya que el derecho a percibir la prestación en estudio nace con la sola separación del trabajador de su empleo, con independencia de que ella fuese justificada o no.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia con clave de identificación 69/2002 de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro y texto es el siguiente:

"PRIMA DE ANTIGÜEDAD. AUTONOMÍA. La prima de antigüedad a que se refiere el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, que no es otra que la establecida por la Ley Federal del Trabajo, es una prestación autónoma, generada por el solo transcurso del tiempo, y es independiente de la procedencia de las diversas acciones que se hayan intentado en el juicio en que se exija, sin que, por tanto, esté supeditada a que prosperen o no las mismas, pues su ejercicio nace con la separación definitiva del servidor de su empleo, no importando su justificación."

Asimismo, para el pago de esta prestación, cobra aplicación el criterio dispuesto por la Sala Superior en la tesis LVIII/99, bajo el epígrafe y texto siguiente:

“PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL ES DISTINTA A LA QUE SE REFIERE EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. Si bien, ambas prestaciones reciben idéntica nominación, derivan de una relación laboral existente y concluida, y se basan en el tiempo de servicios prestados por los servidores del Instituto Federal Electoral a dicho organismo, la verdad es que las mismas poseen características que las hacen diferir sustancialmente una de la otra. Basta poner de relieve, de entrada, que se reglamentan por ordenamientos jurídicos distintos (los precisados con antelación); en segundo lugar, las causas motivadoras que las generan son diferentes; así, el derecho al otorgamiento a la prima de antigüedad prevista por el artículo 108 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo puede surgir a la vida jurídica, ante la renuencia del Instituto Federal Electoral, de acatar una sentencia que lo ha condenado a reinstalar a un servidor que se ha estimado separado sin justificación alguna, es decir, es una especie de sanción para el organismo que en este tipo de relación se ha asimilado a un patrón, y cuya única voluntad, a la postre, es la que determina la satisfacción de dicha prima; lo que no acontece con la prescrita por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, la cual debe ser cubierta cuando se presenta alguna de las diversas hipótesis que instituye la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo, la muerte del operario, su separación voluntaria, renuncia, incapacidad derivada de enfermedad no profesional o la que tiene su origen en un riesgo de trabajo; habida cuenta que, la prima de antigüedad dispuesta por el artículo 162 de la Ley Laboral a que hace referencia el Estatuto, constituye una prestación de la que pueden resultar beneficiados todos los trabajadores del Instituto Federal Electoral, mientras que la contemplada por el artículo 108, sólo puede satisfacerse al servidor público destituido injustificadamente que obtuvo sentencia reinstalatoria en su favor y cuyo incumplimiento de la condena atinente, en el aspecto de que se trata, motiva su pago; a lo que debe agregarse, que, según lo que ordena el último párrafo del artículo 162 de la citada Ley Laboral, la prima de antigüedad que regula, que es la que prevé el Estatuto, debe pagarse con independencia de cualquier otra prestación que les corresponda, lo que significa que si la patronal, ante la condena reinstalatoria decretada en su contra, prefiere sustituir la reinstalación por el pago de las prestaciones que el indicado artículo 108 permite, este pago, debe entenderse independiente, diverso al de la prima de antigüedad a que hace referencia la Ley Federal del Trabajo, a la que remite el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, sobre todo, porque la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 162, no previene el pago de la prima de antigüedad como una sanción o compensación por el incumplimiento de una sentencia que condena a la reinstalación. Por tanto, aunque sendas primas de antigüedad reciban idéntico nombre y se otorguen tomándose en consideración los años de servicios prestados, así como la ruptura del nexo laboral existente, sus marcadas diferencias muestran que su naturaleza es distinta y, como consecuencia, que su correspondiente pago no implica uno doble por el mismo concepto.

De lo anterior se obtiene que la prima de antigüedad a que se refiere el Estatuto constituye una prestación a la que pueden acceder tanto los trabajadores como ex trabajadores del Instituto Nacional Electoral y que habrá de ser cubierta cuando se presenta alguna de las diversas hipótesis que instituye la Ley Federal del Trabajo.

Para mayor claridad, conviene tener en cuenta lo preceptuado por el comentado precepto legal:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

“Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

•                     La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios;

•                     Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;

•                     La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido;

•                     Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:

•                     Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro.

•                     Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje.

•                     Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores;

•                     En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501; y

•                     La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.”

Del precepto transcrito, es posible advertir que, por derecho, la prima de antigüedad se paga a los trabajadores que se encuentren en alguna de las hipótesis que a continuación se describe:

a) Se separen voluntariamente del empleo y cuenten con quince años de servicios o más.

b) Los que se separen justificadamente.

c) Los que sean separados de su empleo con independencia de la justificación o falta de justificación del despido.

Acorde a lo anterior, es posible aseverar que el plazo de quince años de servicios sólo se exige a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, pero no a los que se separen por causa justificada o injustificada.

Ahora bien, de las constancias del expediente se obtiene que el actor prestó sus servicios desde el uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

En ese sentido, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 78, fracción XVI, del propio Estatuto que establece como un derecho del personal —sin efectuar una diferenciación específica alguna— recibir, entre otras prestaciones, la prima de antigüedad conforme a los lineamientos en la materia, que para tal efecto, diseñe la Junta General Ejecutiva.

Por tanto, el actor tiene derecho al pago de la prima de antigüedad en términos de lo dispuesto por el artículo 162, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 78, fracción XVI del Estatuto.

El anterior criterio fue sostenido por esta Sala Superior al resolver los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores SUP-JLI-73/2016.

En este orden de ideas, para el cómputo de la antigüedad, para el pago de esta prestación, se debe tomar en cuenta el tiempo a partir del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, es decir, siete años.

Para el cálculo del importe que corresponde al demandante por concepto de prima de antigüedad, se debe tomar en consideración que, de conformidad con el artículo 162, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para determinar el monto del salario con base en el cual se debe cubrir esa prestación, hay que atender a lo dispuesto por los artículos 485 y 486 de la propia ley, los cuales disponen que esa cantidad no podrá ser inferior al salario mínimo, pero si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo para realizar la cuantificación correspondiente.

Por lo que hace al salario que percibía el actor, se encuentra demostrado en el expediente —como ya se dijo— que recibía un salario de $3,972.00 (tres mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) quincenales, esto es, $264.80 (doscientos sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) diarios, ello, tomando como base el último de los contratos exhibidos.

Ahora bien, conforme a la “Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2017”, publicada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo general que tuvo vigencia en el año dos mil diecisiete, fue de $80.04 (ochenta pesos 04/100 M.N.).

En este sentido, como el salario diario que percibía la parte actora excede de $160.08 (ciento sesenta pesos 08/100 M.N.), es decir, del doble del salario mínimo general vigente en dos mil diecisiete, por tanto, este último monto se debe tomar como base para el pago de la prima de antigüedad.

Luego, si la antigüedad por la que se cuantifica tal prestación, es de siete años, de conformidad con el artículo 162, fracción I, de la Ley Federal de Trabajo, por cada año de servicios se pagarán doce días de salario, el trabajador tiene derecho a que el Instituto Nacional Electoral le pague 84 (ochenta y cuatro) días de salario que, multiplicados por 160.08 (ciento sesenta pesos 08/100 M.N.), doble del salario mínimo vigente al concluir la relación laboral, da como resultado, un importe de $13,446.72 (trece mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 72/100), por concepto de prima de antigüedad, previas deducciones legales que correspondan.

        Seguros de accidentes y vida

El impugnante demanda el pago de tales seguros que se le han descontado de forma quincenal.

En el último de los contratos celebrado entre las partes, se estableció en la cláusula “QUINTA” denominada “Contratación de seguros de vida y de accidentes personales”, que por la naturaleza de las actividades y servicios objeto de dicho instrumento y durante la vigencia del mismo, la prestadora de servicios contaría con un seguro de vida y accidentes, para lo cual manifestaba su consentimiento para que el instituto lo contratara a su favor.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral niega acción y derecho al actor para ello, toda vez que en términos de lo estipulado en el último párrafo de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios, el Instituto determinó que durante la vigencia del contrato, la prestadora de servicios dispusiera  de seguro de vida y de accidentes personales, mismo que cubriría las posibles contingencias en que se pudiera ver involucrada, por lo que el pago de las aportaciones realizadas no son reembolsables, resultando improcedente su reclamo.

Hace notar que el actor no anexó ningún medio de prueba para sustentar las manifestaciones que realiza y las prestaciones que reclama, así como tampoco acredita las supuestas condiciones que señala en su escrito de demanda.

Ahora bien, del análisis del recibo de nómina exhibido por el promovente se advierten percepciones por concepto de reembolso de seguro de accidentes personales y seguro de vida, así como deducciones por los referidos seguros.

Por tanto, toda vez que dicha prestación derivaba del contrato de prestación de servicios y que del recibo de nómina se advierte que fue cumplida la misma, aunado a que —como ya se demostró— la relación entre el actor y la parte demandada era de índole laboral, deberá absolverse al Instituto demandado del pago de los seguros de vida y accidentes.

•         Pago de las prestaciones y compensaciones electorales derivadas del acuerdo INE/JGE08/2015

Es un hecho notorio para esta autoridad, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la ley de medios, que el veintidós de enero de dos mil quince, se aprobó el acuerdo INE/JGE08/2015 DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “CRITERIOS QUE DEBERÁN APLICAR LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PARA LA OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE HONORARIOS PERMANENTES A FIN DE GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA”.

En ese orden de ideas, del referido documento se desprende lo siguiente:

Tomando en consideración que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo por el cual aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, las cuales derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, resulta pertinente se emitan los criterios que deberán emplear los Órganos Desconcentrados para la designación de las plazas de honorarios permanentes a los prestadores del servicio en los Módulos de Atención Ciudadana.

Lo anterior, con la finalidad de regularizar las 5,609 plazas de trabajadores de los módulos de atención ciudadana adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, lo que representa un monto agregado de 481 millones de pesos que serán incorporados al presupuesto base de la Institución. Esta regularización consiste en incorporar a un esquema contractual de honorarios permanentes a 3,033 trabajadores que estaban adscritos a la cartera institucional de proyectos de esa Dirección Ejecutiva, careciendo del acceso a prestaciones laborales básicas como la incorporación a la seguridad social. Así mismo, abarca a otros 2,576 trabajadores de dichos módulos que ya estaban incorporados al presupuesto base de la Institución pero como honorarios eventuales, mismos que ahora estarán contratados bajo el régimen de honorarios permanentes. Dicho régimen contractual les otorgará certidumbre y estabilidad laboral, permitiendo el acceso a prestaciones adicionales como: i) Derecho a la compensación por cese de relación laboral, ii) Gastos Médicos reembolsables por Enfermedad (hasta 15 mil pesos), y iii) Vales por día de la Madre y Día del Padre.

a) Compensación.

El artículo 80 de los Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, establece que el personal del Instituto podrá recibir el pago de una compensación por término de la relación laboral, de acuerdo con los lineamientos en la materia que para tal efecto apruebe la Junta.

Sin embargo, no procederá el pago de la compensación prevista en el párrafo anterior cuando: I. Haya sido sancionado con destitución impuesta mediante el procedimiento laboral disciplinario regulado en el citado Estatuto o el procedimiento a cargo del Órgano Interno de Control del organismo; II. Esté sujeto a investigación o al referido procedimiento laboral disciplinario, o al procedimiento a cargo del Órgano Interno de Control, hasta en tanto se resuelva la causa iniciada en su contra y no concluya con la destitución o rescisión laboral, y III. Presente su renuncia estando sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o administrativo en curso.

Por su parte, el Manual de normas administrativas en materia de recursos humanos, señala en su numeral 504, que la compensación otorgada al personal de plaza presupuestal y a los prestadores de servicios permanentes, con el objetivo de otorgar un reconocimiento por los servicios prestados en el supuesto en que la relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto se termine, con cargo al fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto”.

Por otro lado, el diverso artículo 508, refiere que el derecho para reclamar el pago de compensación por término de la relación laboral o contractual, prescribirá dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan actualizado los supuestos de separación.

Asimismo los artículos 513 y 515 del aludido manual, indican que para el otorgamiento de la compensación, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos formales en el mismo; y que los requisitos y condiciones para el otorgamiento de la compensación son, entre otros, que en caso de terminación de la relación contractual, vencimiento o cumplimiento del contrato respectivo al haber prestado al Instituto servicios por lo menos dos años de manera ininterrumpida, y recomendación por escrito que respecto al pago de la compensación, formule el titular del Órgano Central, del Órgano Interno de Control o de la Junta Local que realizó la contratación.

Ahora bien, en el caso, de autos no se demuestra que el actor haya realizado conforme a la normativa descrita las gestiones necesarias para acceder a tal prestación, razón por la que esta Sala Regional determina que deberá absolverse al Instituto Nacional Electoral de la misma, dejando a salvo los derechos del promovente para que realice los trámites necesarios para acceder a la aludida compensación.

b) Gastos Médicos reembolsables por Enfermedad y vales por día de la Madre y día del Padre.

Ahora, atendiendo a la finalidad protectora del derecho laboral en favor de la clase trabajadora, los patrones y los empleados pueden celebrar convenios en los que se establezca otro tipo de prestaciones que tiendan a mejorar las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, a las que se les denomina prestaciones extralegales, las cuales normalmente se consiguen a través de los sindicatos, pues los principios del artículo 123 de la Constitución Federal constituyen el mínimo de los beneficios que el Estado ha considerado indispensable otorgar a los trabajadores.[1]

En tal virtud, esta Sala Regional considera que tratándose de una prestación extralegal, quien la invoque a su favor tiene no sólo el deber de probar la existencia de la misma, sino los términos en que fue pactada, debido a que, como se señaló con anterioridad, se trata de una prestación que rebasa los mínimos contenidos en la ley y que deriva lógicamente de un acuerdo de voluntades entre las partes contratantes.

Ahora, de autos no se desprende que el promovente haya generado gastos médicos hasta por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100), a efecto de ordenar su reembolso por parte del Instituto demandado.

Asimismo, del análisis de las nóminas exhibidas y el referido manual, no se acredita que el actor reciba el pago de vales por el día del padre, por lo que debe ser considerada como una prestación extralegal, por tanto, si de las constancias que obran en autos no se desprende el derecho a ésta, es claro que no puede condenarse al Instituto a su pago.

En tal virtud, es claro que las prestaciones reclamadas por el actor no pueden prosperar por lo que se deberá absolver al Instituto Nacional Electoral.

        Comprobación del pago de las aportaciones y enteramiento de las cuotas correspondientes al ISSSTE y FOVISSSTE, y seguro de retiro cesantía avanzada y vejez.

La parte actora reclama el pago de las aportaciones y enteramiento de las cuotas correspondientes ante el ISSSTE y FOVISSSTE, así como del seguro de retiro cesantía avanzada y vejez, por el tiempo que tuvo vigencia la relación laboral.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral negó acción y derecho al enjuiciante para ello, toda vez que su representada realizó el pago de las aportaciones que correspondieran, conforme a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del ISSSTE, una vez que tuvo derecho. Asimismo, afirma que se dio de alta al actor ante el ISSSTE cubriendo el pago de cuotas de los seguros de accidentes, de vida y de retiro cesantía avanzada y vejez, a su favor.

Por otra parte, esta Sala advierte de los contratos de prestación de servicios se estipuló que el Instituto, conforme al citado artículo cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se obligaba a retener y enterar al prestador de servicios las cuotas que por concepto de seguridad social se generaran con motivo de los emolumentos que percibiera por dichos contratos, así también a realizar las aportaciones que por este concepto le correspondieran y a darlo de alta ante la institución de seguridad social, siempre que el prestador se encontrara en los supuestos que para tal efecto establece la ley en cita.

Asimismo, de autos se desprende el recibo de nómina correspondiente al pago del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, aportado por el promovente, en el que se observan deducciones por los conceptos de:

En ese contexto, se considera que el Instituto demandado, es decir, el patrón en el presente caso, se encuentra constreñido a cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social.

Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, párrafo segundo, de la Constitución las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus servidores se regirán por las disposiciones de la Ley Electoral y del Estatuto del Servicio Profesional.

En tal razón, el artículo 206, párrafo 2, de la citada ley general dispone que el personal del Instituto sea incorporado al régimen del ISSSTE.

En el mismo sentido, la Ley del ISSSTE, establece en su artículo 1, fracción VI, que dicha ley es aplicable a los trabajadores de los órganos con autonomía constitucional.

Por su parte, el numeral 2 del mismo ordenamiento señala que existirán dos tipos de regímenes: obligatorio y voluntario.

A ese respecto el siguiente artículo 3, establece que tienen carácter obligatorio los seguros, de salud, riesgos de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez e invalidez y vida.

De igual forma, en el artículo 4 dispone, entre otras, como prestación obligatoria, los préstamos hipotecarios.

Ahora bien, las prestaciones de seguridad social derivan, precisamente, de la existencia de una relación de trabajo; del mismo modo, resultan obligatorias y sus derechos son irrenunciables.

En este sentido, y toda vez que en el caso quedó acreditado que lo que existió entre las partes fue una relación laboral, se considera que el Instituto demandado estaba obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de la relación laboral, por lo que resulta procedente ordenar que se realicen las gestiones necesarias a efecto de que cumpla con las prestaciones de seguridad social reclamadas, desde el uno de enero dedos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

Es así, puesto que el Instituto Nacional Electoral no acreditó haber reportado y enterado las cuotas correspondientes a toda la duración de la relación laboral antes referida.

De ahí que, lo procedente es condenar por dicho concepto a efecto de completar las cuotas y enterar las aportaciones del referido periodo, en caso de no haberlo llevado a cabo o demostrar que se hicieron las aportaciones correspondientes.

En tal virtud, esta Sala Regional concluye que es procedente la condena al Instituto Nacional Electoral a la inscripción retroactiva, reporte y pago de cuotas a su cargo, así como entero de las aportaciones del trabajador que debió retenerle respecto de las cotizaciones al ISSSTE, respecto de la relación laboral con la parte actora, a fin de completar la cotización en el periodo antes señalado.

Apoya el criterio con el que se resuelve, la tesis jurisprudencia con clave de identificación 2a./J. 3/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en materia Laboral, que en lo que aquí interesa señala:

“SEGURO SOCIAL. PROCEDE LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA DE UN TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, AUN CUANDO YA NO EXISTA EL NEXO LABORAL CON EL PATRÓN DEMANDADO. Si en un juicio laboral una persona reclama su inscripción retroactiva al régimen obligatorio del seguro social y en el procedimiento jurisdiccional queda evidenciada la existencia de la relación de trabajo entre el actor y el demandado, que éste no lo inscribió mientras duró ese vínculo jurídico y que a la fecha en que se formuló la reclamación ya no existe el nexo laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje debe condenar al patrón a que inscriba al actor al régimen obligatorio del seguro social y entere las cuotas obrero patronales respectivas al Instituto Mexicano del Seguro Social por el tiempo que duró la relación de trabajo, porque si el acto jurídico que condiciona el derecho a la seguridad social es la existencia de una relación de trabajo, acreditada ésta se hacen exigibles al patrón las obligaciones previstas en el artículo 15, fracciones I y III, de la Ley del Seguro Social (19, fracciones I y III, de la anterior Ley); pues así se reconoce al trabajador la preexistencia del derecho que no le fue otorgado y a partir de ahí puede disfrutar de los beneficios de la seguridad social que legalmente correspondan.”

En ese orden de ideas, el Instituto demandado deberá realizar el cálculo de las aportaciones que debieron, en su caso, descontársele al actor de sus remuneraciones por el período comprendido del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, para que éstas le sean requeridas y, en su caso, una vez pagadas, deberán ser enteradas por ese organismo ante el ISSSTE por el periodo citado, en complemento y alcance a las que se adeuden por el propio Instituto.

Asimismo, se deberá dar vista, con copia certificada del presente fallo, al ISSSTE para que actúe en el ámbito de sus atribuciones.

Similar criterio sustentó esta Sala Superior al resolver el SUP-JLI-10/2017 y SUP-JLI-69/2016.

CUARTO. Efectos.

A. Toda vez que las acciones de la parte actora fueron parcialmente procedentes, se condena al Instituto Nacional Electoral a lo siguiente:

1) Al pago de vacaciones correspondientes al año dos mil diecisiete, por la cantidad de $7,944.00 (siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones legales conducentes.

2) Al pago de las primas vacacionales correspondientes al año dos mil diecisiete, por la cantidad de $3,972.00 (tres mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.), menos las retenciones legales conducentes.

3) Al pago de la prima de antigüedad por el monto de $13,446.72 (trece mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 72/100), menos las retenciones legales conducentes.

4) A la inscripción retroactiva, reporte y pago de cuotas a su cargo, así como entero de las aportaciones del trabajador que debió retenerle respecto de las cotizaciones al ISSSTE, respecto de la relación laboral con el actor, a fin de completar la cotización en el periodo comprendido del uno de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete.

De modo que, se vincula al ISSSTE para el cumplimiento de la presente sentencia.

En las relatadas condiciones, se concede al Instituto demandado el plazo de quince días hábiles para el cumplimiento de la presente ejecutoria; con excepción de la inscripción retroactiva, pago de cuotas y entero de las aportaciones de la trabajador al ISSSTE, para lo cual se conceden treinta días hábiles, ambos plazos contados a partir del día siguiente en que le sea notificada la presente resolución y, realizado lo anterior, en el término de veinticuatro horas informe a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento.

B. Por otra parte, en atención a que el Instituto Nacional Electoral justificó parcialmente sus excepciones y defensas, se le absuelve del resto de las prestaciones reclamadas.

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE:

PRIMERO. La parte actora acreditó parte de su acción y el Instituto Nacional Electoral demostró parcialmente sus excepciones y defensas.

SEGUNDO. Se condena al citado Instituto al pago de las prestaciones que fue condenado conforme al apartado de efectos que rige esta sentencia.

TERCERO. Se absuelve al aludido organismo administrativo electoral del resto de los beneficios solicitados por el demandante.

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. En su oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por mayoría, la Magistrada Gabriela del Valle Pérez y el Magistrado Jorge Sánchez Morales, con el voto particular del Magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

La suscrita Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 204, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a las instrucciones de la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, CERTIFICA: que el presente folio, con número ochenta y tres forma parte de la sentencia de esta fecha, emitida por esta Sala en el Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral con la clave SG-JLI-2/2018. DOY FE. ----------------------------------------------------------------

Guadalajara, Jalisco, a trece de marzo de dos mil dieciocho.

OLIVIA NAVARRETE NAJERA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS